República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-01491-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
19 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL DICTADA EN OTRO MECANISMO CONSTITUCIONAL - Niega / ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO / DEFECTO SUSTANTIVO - No configuración / DEFECTO FÁCTICO - No configuración
[La Sala deberá] determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca quebrantó los derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso del accionante, al proferir la sentencia del 22 de enero de 2021, dentro del proceso de acción de cumplimiento con radicado 76001 33 33 015 2020 00202 01, que confirmó la decisión proferida por el Juzgado Quince Administrativo de Cali, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda. (…) Esta Sala, una vez analizada la providencia objeto de litis, evidenció que, contrario a la manifestación del señor [T.A.A.M.], el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, lejos de incurrir en la presunta incongruencia entre lo solicitado en la acción de cumplimiento y lo resuelto en ella, efectuó un análisis adecuado producto del razonamiento juicioso y ponderado entre lo pretendido y probado en ella, al concluir que el actor contaba con otros mecanismos judiciales como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para controvertir la cuestión invocada. De tal manera, puede afirmarse que la providencia en estudio se profirió de acuerdo con los argumentos de hecho y de derecho expuestos judicialmente, sin que se observe o deduzca algún tipo de pronunciamiento por fuera o más allá de lo solicitado en la demanda. (…) [Ahora, en lo concerniente al defecto fáctico,] esta Sala considera pertinente destacar que el Tribunal, luego de un recuento normativo y acogiendo la línea jurisprudencial del Consejo de Estado en un caso similar, de manera expresa, justificó su decisión mediante la valoración, no solo de los actos administrativos traídos a colación por el accionante, sino también de otros hechos probados, entre los cuales comprendió el análisis de las decisiones proferidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de la Alcaldía de Cali, de las Empresas Municipales de Cali, EMCALI EICE ESP, así como de otros oficios de fecha reciente (2020), a partir de los cuales obtuvo la certeza de la improcedencia de la acción de cumplimiento que interpuso la accionante, toda vez que omitió acudir a los mecanismos judiciales ordinarios de defensa, como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. (…) En ese orden de ideas, esta Subsección encuentra que no le asiste razón a la parte accionante al afirmar que la providencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico por inapropiada valoración probatoria, pues la decisión proferida en sede ordinaria se encuentra debidamente sustentada con suficientes argumentos explicativos y justificativos, coherentes con la realidad probatoria.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01491-01(AC)
Actor: THELMO AUGUSTO ALFONSO MÉNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia del 3 de junio de 2021, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró improcedente el amparo deprecado.
1. La acción de tutela
El señor Thelmo Augusto Alfonso Méndez promueve acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso.
Pretensiones
En protección de los derechos reclamados, solicita:
PRIMER: Se solicita respetuosamente al juez constitucional ORDENE a EMCALI EICE ESP dar estricto cumplimiento a las normas con fuerza legal y material contenidas en los artículos 6.° de la Ley 732 de 2002, 85 de la Ley 1437 de 2011, 158 de la Ley 142 de 1994, lo ORDENADO en Resolución SSPD 20188000089725 del 9 de Julio de 2018 proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con fundamento en la escritura pública No 162 de fecha 29 de enero de 2020 expedida por la Notaría Novena del Círculo de Notarios de Cali.
En consecuencia, RECONOCER el silencio administrativo positivo invocado por los accionantes y proceder con el CAMBIO DE ESTRATIFICACIÓN DE CINCO (5) AL ESTRATO CUATRO (4) del predio ubicado en la calle 37 AN avenida 2 A – 52, barrio Prados del Norte, comuna 2, ID 0000491344, predial No 1000000109960, con matrícula inmobiliaria No 27796 del municipio Santiago de Cali; identificado con el suscriptor EMCALI EICE ESP No 1140792. La decisión anterior en forma retroactiva al año 2008 primera vez que fue solicitado el reconocimiento del silencio administrativo positivo.
SEGUNDO: Se DECRETE LA NULIDAD MOTIVADA de la sentencia No 06 del 22 de enero de 2021 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, por las razones consignadas en la parte considerativa del presente proveído.
TERCERA: Compulsar copia de la presente Decisión Judicial al Departamento Administrativo de Planeación Municipal y al Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, de la Alcaldía Distrital de Cali, para los efectos a que haya lugar.
1.2. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, el accionante señaló los siguientes:
i) El señor Thelmo Augusto Alfonso Méndez manifiesta que es sujeto de especial protección constitucional, toda vez que es un adulto mayor que sufre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), y es desplazado desde diciembre de 2012 de la finca la Mina ubicada en el corregimiento el Recuerdo del municipio de Cajibío (Cauca).
ii) El señor Thelmo Augusto Alfonso Méndez recibió en virtud de una herencia del abuelo de Camilo Alejandro Alfonso Gómez (su hijo) y María del Mar Alfonso Gómez quien es representada por el señor Thelmo Augusto Alfonso Méndez, un inmueble ubicado en la calle 37 # AN – 2AN -52 barrio Prados del Norte, comuna 2, en el que habitan, y como se encuentran en mora en el pago de los servicios públicos, EMCALI EICE ESP le ha suspendido el servicio de energía en diversas ocasiones.
iii) Desde el año 2013, solicitó a EMCALI reconocerlo como desplazado, sin embargo, no ha obtenido respuesta; también ha requerido, que se declare el silencio administrativo positivo en el que incurrió el municipio de Santiago de Cali, en septiembre de 2008, cuando pidió ubicar el inmueble que habita en estrato 4, con el consecuente reconocimiento y devolución de las diferencias que resultaran de la liquidación del pago de los servicios públicos con la tarifa de dicho estrato.
iv) Ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cursa proceso 2017850390103212E. 5, en virtud de la solicitud presentada el 18 de agosto de 2020 a EMCALI EICE ESP para que fuera ubicado en estrato 4, a lo que la entidad respondió que solo si la dirección de planeación de estratificación enviaba el oficio correspondiente, era procedente realizar el cambio.
v) El señor Thelmo Augusto Alfonso Méndez y Camilo Alejandro Alfonso Gómez formularon acción de cumplimiento contra las Empresas Municipales de Cali (EMCALI EICE ESP), con el objeto de obtener el acatamiento del artículo 42 del CPACA y subsidiariamente de la Resolución Nos. SSP 20188000089725 de julio 9 de 2018, confirmatoria de la SP 20188000037885, emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, así como de los efectos del silencio administrativo positivo, para que el cobro de los servicios públicos domiciliarios se liquide con tarifa de estrato cuatro y no cinco.
vi) El 9 de diciembre de 2020, el Juzgado Quince Administrativo de Cali, negó las pretensiones de la demanda.
vii) El 22 de enero de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, confirmó en todas sus partes la providencia proferida por el juez a quo.
Fundamentos jurídicos del accionante
Señaló que el Comité Permanente de Estratificación del municipio de Santiago de Cali no resolvió el recurso interpuesto, orientado a la revisión del estrato urbano, dentro del término de dos meses previsto en el artículo 6.º de la Ley 732 de 2002, razón por la cual estimó que se configuró el silencio administrativo positivo, que protocolizó en la Notaría Cuarta de Cali.
Manifestó que presentó acción de tutela con el fin de que le fueran amparados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, así como los principios de congruencia, solidaridad, buena fe, pro homine y confianza legítima, presuntamente vulnerados con la decisión que negó las pretensiones del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley y de actos administrativos, que adelantó contra EMCALI EICE ESP con el fin de que acatara el silencio administrativo positivo, tendiente al cambio de estrato del inmueble en el que habita.
Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en exceso ritual manifiesto «porque la decisión contenida en las citadas sentencias NO reconoce la pretensión del silencio administrativo positivo, por cuanto incorporaron un texto normativo extraño a la pretensión, lo cual despoja los efectos útiles de la demanda, con fundamento en lo cual también EXCLUYE SU PRINCIPAL PRETENSIÓN, QUE NO ES OTRA DIFERENTE A LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. La citada sentencia circunscribe la demanda al contenido literal del artículo 42 de la Ley 1448 de 2011 (sic), el cual resulta superfluo para lo substancial de la demanda; en tanto confiere un apoyo innecesario a la parte más fuerte de la presente diferencia jurídica, EMCALI EICE ESP y ALCALDÍA DE CALI, desconociendo el tratamiento tuitivo que debe otorgar al accionante en su condición de sujeto de especial protección constitucional como ADULTO MAYOR».
Indicó que se configuró un defecto fáctico al valorar pruebas aportadas por la parte demandada, que en su criterio son «ilícitas»: i) el acto Administrativo DAPM 0014 de 7 de febrero de 2008, ii) el CPE 008 de 19 de junio de 2008, aportados en la contestación de la demanda, por cuanto fueron «tácitamente derogados por el acto jurisdiccional 011394 de fecha 15 de septiembre de 2008, mediante el cual se realizó el reconocimiento expreso de silencio administrativo positivo a su favor, iii) el DAPM 415 de 20 de octubre y el DAPM 433 del 24 de octubre de 2014, por desconocer un DERECHO ADQUIRIDO mediante SAP del 15 de septiembre de 2008».
Agregó que en el presente asunto se configura un perjuicio irremediable, por cuanto el proceso de cobro coactivo adelantado por EMCALI, conllevaría al embargo y secuestro del inmueble y a la pérdida de la vivienda que habitan, que es propiedad de sus hijos menores, Camilo Alfonso y María del Mar Alfonso; además, el término de cuatro meses para adelantar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ya feneció, y si adelantaran proceso de reparación directa contra la mencionada empresa, en el transcurso de su trámite podría ser rematado el inmueble.
Finalmente, manifestó que la sentencia del 22 de enero de 2021, emanada del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, incurrió en un defecto sustantivo, tras una evidente contradicción entre los fundamentos jurídicos y la decisión adoptada.
Actuación procesal
La tutela de la referencia fue admitida por auto del 12 de abril de 2021, en el que se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como demandados, y, como terceros interesados, al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali, al Distrito Capital de Santiago de Cali y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para que, dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
Intervenciones
1.5.1. El magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Víctor Adolfo Hernández Díaz, ponente de la providencia enjuiciada, solicitó denegar el amparo en consideración a los siguientes argumentos: i) la sentencia se profirió según las pruebas que obraban en el expediente, las cuales se consideraron suficientes para emitir fallo de fondo, y en consideración a que el accionante contaba con otros mecanismos judiciales ordinarios antes de acudir a la acción de cumplimiento, dado su carácter residual; ii) fundamentó su decisión en el artículo 86 de la Constitución, las leyes 1437 de 2011 y 393 de 1997, y de acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 8 de octubre de 2020, con radicación número: 25000 23 41 000 2020 00199 01(ACU).
1.5.2. La coordinadora de Defensa Jurídica de EMCALI EICE ESP, Diana Marcela Contreras Rojas, señaló que la providencia proferida por el Tribunal se enmarcó en el respeto a las garantías procesales del demandante y en la aplicación del orden constitucional y legal, razón por la cual solicitó declarar su improcedencia.
1.5.3. La apoderada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Natalia Inés Idárraga Molina, solicitó declarar la inexistencia de la violación de los derechos fundamentales o la improcedencia del mecanismo constitucional. Al efecto, reseñó que el 12 de octubre de 2017, la Dirección Territorial de la Superintendencia recibió el recurso de apelación 20178500131762, ante la presunta configuración de un silencio administrativo positivo, para lo cual se procedió a proferir el auto de trámite N° 20178500002326 del 22 de diciembre de 2017, mediante el cual se suspendió el trámite del recurso de apelación con el fin de adelantar la investigación administrativa. Sostuvo que, revisada la respectiva solicitud, se inició investigación en contra de la empresa Promoambiental Cali S. A. ESP y se corrió pliego de cargos 20188000003266 del 9 de febrero de 2018, por la presunta violación del artículo 158 de la Ley 142 de 1994.
Señaló que la decisión fue notificada a la prestadora por aviso mediante radicado 20188000187831 del 20 de febrero de 2018, con el propósito de que presentara descargos a la imputación formulada, pero guardó silencio. Luego, en auto de trámite 20188000354581 del 20 de marzo de 2018, la Superintendencia corrió traslado a las partes para formular sus alegatos de conclusión, trámite que culminó con la imposición de sanción, en la modalidad de amonestación, contra la empresa Promoambiental Cali S. A. ESP, mediante la Resolución SSPD 20188000037885 del 16 de abril de 2018, al encontrar probado que había violado el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, el cual fue subrogado por los artículos 123 del Decreto 2150 de 1995, debido a la falta de respuesta a la petición del usuario presentada el 9 de agosto de 2017. Interpuesto recurso de reposición, dicha sanción fue confirmada mediante la Resolución SSPD 20188000037885.
Por consiguiente, consideró que la entidad cumplió a cabalidad con los trámites pertinentes, razón por la cual la acción de tutela se torna improcedente. Finalmente, manifestó que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales alegados no puede ocasionarlos esa Superintendencia, toda vez que el trámite del cambio de estratificación es de exclusiva competencia de la empresa EMCALI EICE ESP.
1.5.4. El subdirector del Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Santiago de Cali, Jean Paul Archer Bernal, pidió declarar la improcedencia de la acción de tutela porque no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales alegados. Advirtió que el actuar del accionante denota un comportamiento temerario, toda vez que estos hechos ya han sido objeto de análisis en anteriores tutelas y acciones constitucionales.
Solicitó investigar si la empresa Sociedad Vallecaucana de Transportes S. A., pertenece a la familia de María del Mar, Camilo Alejandro Alfonso Gómez, Jenny Alba Gómez Montenegro y Thelmo Augusto Alfonso Méndez, con el fin de demostrar si carecen de ingresos mínimos para pagar la factura y el predial del bien inmueble ubicado en la carrera 37 AN 2 A 52, identificado con el código único municipal – CUM 0211021C del Barrio Prados de Norte en estrato cinco.
Indicó que al accionante se le ha brindado respuesta a cada una de las peticiones elevadas, razón por la cual no hay cabida a la configuración del silencio administrativo positivo, pues, de manera expresa, se le resolvió la solicitud tendiente al cambio de estrato 5 a 4, y se probó la firmeza de los actos administrativos mediante los cuales se resolvieron las peticiones del accionante.
Al efecto, enlistó la siguiente información: «[e]n 2008: por la notificación personal el día el 20 de febrero de 2008 respecto del acto administrativo DAPM-0014 del 7 de febrero de 2008, en 2008: por la notificación de la respuesta de la apelación el día 2 de julio de 2008 del acto administrativo MCP-008 fechado el 19 de junio de 2008 con la conformación del nuevo comité mediante Decreto municipal 411.0.20.0303 del 11 de junio de 2008, en 2014: por la notificación personal el día 30 de octubre de 2014 a la señora Jenny Alba Gómez Montenegro del DAPM 415 del 20 de octubre de 2014 en primera instancia del cual no se [presentó] recurso alguno, en 2014: por la notificación personal el día 6 de diciembre de 2014 a la señora Jenny Alba Gómez Montenegro del DAPM 433 del 24 de octubre de 2014 en primera instancia del cual NO se [presentó] recurso alguno».
Indicó que la escritura pública mediante la cual el actor protocolizó el supuesto silencio administrativo positivo, contiene datos que no responden a la realidad, en razón a que la Alcaldía de Cali dio respuesta a cada una de las solicitudes y las notificó en debida forma.
1.6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 3 de junio de 2021, declaró improcedente la solicitud de amparo por estimar incumplido el presupuesto de relevancia constitucional.
Advirtió que los reproches del demandante a la sentencia objetada, se orientan a la supuesta configuración de un defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 42 de la Ley 1437 de 2011, y porque la decisión no se motivó razonablemente al resolver la supuesta vulneración por parte de EMCALI EICE ESP y la Alcaldía de Cali que negó el cambio de estrato 5 al 4 del inmueble de su domicilio, pese a que contaba con un supuesto acto administrativo ficto o presunto de carácter positivo, protocolizado mediante escritura pública.
Sin embargo, evidenció, al verificar los fundamentos fácticos, jurídicos y las pretensiones de la demanda de la acción de cumplimiento, que guardaba similitud respecto de lo planteado en la acción de tutela, debate resuelto por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
1.7. Impugnación
El señor Thelmo Augusto Alfonso Méndez reiteró que acudió al mecanismo de protección constitucional con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales que estima vulnerados con la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 22 de enero de 2021, que confirmó la decisión del a quo denegatoria de las pretensiones de la acción de cumplimiento que adelantó con el fin de que se obligara a EMCALI EICE ESP y a la Alcaldía de Cali a materializar un supuesto silencio administrativo positivo tendiente al cambio de estrato del inmueble donde habita.
Insistió en el argumento relacionado con la indebida valoración de las que considera, pruebas «ilícitas», aportadas por la parte demandada, en tanto que los accionantes sí anexaron prueba concluyente del silencio administrativo positivo, contenido en la Resolución SSPD 20188000089725 del 9 de julio de 2018, proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el cual ordena a la empresa PROMOAMBIENTAL S. A. ESP, filial de EMCALI EICE ESP, a reconocerlo.
Afirmó que en el trámite del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley y de actos administrativos se vinculó a la Alcaldía de Cali; sin embargo, no se dispuso lo pertinente respecto de la entidad PROMOAMBIENTAL S. A., razón por la cual no se cumplió con el deber de vincular a todas las partes que estaban relacionadas con la materialización del silencio administrativo positivo referente al cambio de estratificación del inmueble que habita.
Consideró que el medio suasorio omitido por el Tribunal y por el juez a quo de tutela, lo constituye el acto administrativo 011394 de fecha 15 de septiembre de 2008 proferido por la Alcaldía de Cali, Departamento de Planeación Municipal, mediante el cual «se realizó el reconocimiento expreso del silencio administrativo positivo».
De otra parte, sostuvo que la providencia objeto de litis incurrió en un defecto sustantivo, tras la evidente contradicción de los fundamentos jurídicos con la decisión adoptada, pues «no contiene suficiente fundamentación jurídica que sustente la situación que transgrede el principio de motivación, que garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, deben expresar los fundamentos legales que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, que garantice además un adecuado ejercicio del derecho de defensa de las partes; congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y que por sí misma exprese una razonable y suficiente justificación de la decisión adoptada».
Finalmente, adujo que la acción de cumplimiento se constituye como el mecanismo idóneo para declarar a su favor el silencio administrativo positivo configurado de forma legítima y con plena observancia de los requisitos legales para su reconocimiento, por lo que una conclusión contraria vulneraría sus derechos fundamentales.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el presente asunto, de acuerdo con el numeral 5.º del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».
2.2. Problema jurídico
Se contrae a determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca quebrantó los derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso del accionante, al proferir la sentencia del 22 de enero de 2021, dentro del proceso de acción de cumplimiento con radicado 76001 33 33 015 2020 00202 01, que confirmó la decisión proferida por el Juzgado Quince Administrativo de Cali, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia como un mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40, estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial y las normas de competencia fijadas por la Constitución.
Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad, de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 2005, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo, una vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 2014, acogió un plazo de seis (6) meses, contado a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4. Hechos probados
De conformidad con los elementos de juicio, que obran dentro del expediente, se puede establecer lo siguiente:
2.4.1. El 13 de agosto de 2008, el señor Thelmo Augusto Alfonso Méndez ante la Notaría Cuarta de Cali, efectuó declaración notarial 3931, por medio de la cual protocolizó la constancia del acaecimiento del silencio administrativo positivo, allí se consignó:
Que el día 20 de septiembre de 2007 mediante derecho de petición solicité la revisión del estrato urbano de la vivienda ubicada en la calle 37 AN No. 2 AN -52, barrio Prados del Norte, comuna 2, código único municipal 0102110021000900000009 y matrícula inmobiliaria 27796 al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y remitida a la subdirección administrativa de impuestos de rentas y catastro de Cali, mediante oficio EE 1827 el día 24 de septiembre de 2007.
Que posteriormente el Departamento Administrativo de Planeación mediante oficio 15983 de fecha 31 de diciembre de 2007 y recibido por correo el 15 de enero de 2008, informó numeral 3.° que (sic) “Por lo anterior, acorde a la metodología actual, este Departamento Administrativo adelanta dentro de los términos pertinentes, la investigación en terreno, para proceder a aplicar el método estadístico que permite definir el estrato de la vivienda objeto de su reclamación”.
Que mediante acto administrativo DAPM 0014 del 7 de febrero de 2008 y notificado al interesado el 20 de febrero de 2008, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, ratificó el estrato cinco (5) asignado a dicha vivienda.
Que mediante oficio de fecha 25 de febrero de 2008 radicado en el Comité Permanente de Estratificación el 27 de febrero de 2008, se apeló dicha decisión ante el Comité Permanente de Estatificación del municipio en los términos de conformidad con el artículo sexto de la Ley 732 de 2002 (sic).
Que mediante oficio 004773 de fecha 24 de abril de 2008 y recibido el 5 de mayo de 2008 por el recurrente, el Departamento Administrativo de Planeación informo la “ampliación de práctica de pruebas está siendo atendida”.
Que mediante acto administrativo CPE 008 fechado 19 de junio de 2008 y notificado de manera personal el 2 de julio de 2008, el Comité Permanente de Estratificación Área Urbana determinó que “el estrato cinco asignado a la vivienda objeto de reclamación se ratifica en segunda instancia”.
Que en consecuencia de lo anterior, el suscrito interesado declara haber presentado oportunamente el recurso de apelación ante el “Comité Permanente de Estratificación” de la alcaldía de Cali y que dicha autoridad mediante acto administrativo CPE 008 no dio respuesta a dicho recurso dentro del término señalado por la Ley 732 de 2002, artículo sexto, para ello.
Que en virtud del artículo sexto de la Ley 732 de 2002, el artículo 42 del Código Contencioso Administrativo, el suscriptor o usuario, al que no le han reconocido los efectos del silencio administrativo positivo después de las 72 horas siguientes al cumplimiento del término de dos meses, tiene la potestad de aplicar lo consagrado en el artículo 42 del CCA y protocolizar la constancia o decisión dentro del término previsto. La escritura y sus copias producirán todos los efectos legales de la decisión favorable que se pidió, y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla así. Para efectos de la protocolización de los documentos de que trata el citado artículo se entenderá que ellos carecen de valor económico.
2.4.2. El 15 de septiembre de 2008, mediante Oficio 4132.1.9.10 11394, el director del Departamento Administrativo de Planeación de Santiago de Cali, da respuesta a la petición elevada por el señor Thelmo Augusto Alfonso Méndez «QAP 105507 DAPM 011978 septiembre 10-08». Al efecto, señaló:
-Como usted mismo lo afirma en el escrito del asunto, su petición de revisión de estrato urbano al predio de su propiedad ubicado en la calle 37 AN No. 2 AN -52, barrio Prados del Norte, de esta ciudad, fue atendida en primera instancia por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, mediante pronunciamiento contenido en el oficio DAPM 014 del 7 de febrero de 2008, actuación surtida dentro del término legal.
-Respecto al desarrollo de la segunda instancia, surtida en el Comité Permanente de Estratificación, como órgano competente de responder los recursos de apelación, en lo que a reclamación por revisión de estrato se refiere, fue resuelta por el actual Comité el día 19 de junio de 2008, de lo cual usted se notificó el 2 de julio del presente año. El acto administrativo CPE 008 ratificó el pronunciamiento que había dado el DAPM en su oportunidad. Lo que indica que tanto la respuesta dada en primera instancia como en segunda instancia se ajustó a lo establecido en la metodología dada por el Departamento Nacional de Planeación y que no permite en ningún caso aplicar ni valorar variables diferentes a las dadas por el organismo nacional que nos rige en la materia a nivel regional.
[…]
2.4.3. El 4 de septiembre de 2020, mediante Oficio 6200397332020 la asistente especializada del área funcional de atención escrita de la Dirección de Atención al Cliente de EMCALI EICE ESP, da respuesta a la petición elevada por el señor Thelmo Augusto Alfonso Méndez, relacionada con «silencio administrativo positivo, que se ha implorado mediante reiterados y sucesivos derechos de petición desde septiembre de 2008, es decir 12 (doce) años», en el siguiente sentido:
Una vez realizado el análisis de su petición procedimos a verificar en nuestra base de datos, donde encontramos que a sus solicitudes siempre se le ha dado las respuestas que usted ha solicitado mediante los derechos de petición de una forma clara, concisa y de fondo por lo cual consideramos que en ningún momento hay silencio administrativo positivo, en cuanto a la solicitud de bajar la estratificación económica de 5 (cinco) a 4 (cuatro), esto no se puede realizar sino cuando la Dirección de Planeación Municipal, mediante el área de estratificación nos envía un oficio donde nos hace dicha aclaración, pero en el expediente no encontramos oficio alguno para hacer dicha corrección.
En cuanto a la devolución de dinero desde el año 2008 hasta la fecha esto no es posible debido al artículo 99.9 de la LEY 142 de 1994.
Lo que si observamos es que el contrato 1140792 tiene una cartera morosa, e hizo una financiación, como observamos en el sistema.
Se firma un acuerdo de pago mediante pagaré #11404288 con una Cuota inicial de $149.984 y financiado a 36 Cuotas, de $119.405 y se le explica y firma el señor CAMILO ALFONSO, quien acepta y queda conforme.
[…]
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO opera cuando se den los requisitos exigidos para reclamarlo y en el presente caso ante la respuesta oportuna por parte de EMCALI EICE ESP, esta empresa cumplió con los parámetros jurídicos que regula la contestación del Derecho de Petición como quedó demostrado, este Despacho procede a NO reconocer, ni dar aplicación al SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO por usted solicitado, por no existir mérito para ello.
2.4.4. El 5 de noviembre de 2020, el señor Thelmo Augusto Alfonso Méndez, en representación de su hijo Camilo Alejandro Alfonso Gómez, radicó acción de cumplimiento de normas con fuerza de ley y de actos administrativos contra Empresas Municipales de Cali EMCALI EICE ESP con el propósito de obtener el cumplimiento del artículo 42 del CPACA y, subsidiariamente, de la Resolución SSP 20188000089725 de julio 9 de 2018, confirmatoria de la SP 20188000037885 emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
2.4.5. El 9 de diciembre de 2020, el Juzgado Quince Administrativo de Cali profirió fallo dentro de la acción de cumplimiento con radicación 76001 33 33 015 2020 00202 00, mediante el cual resolvió lo siguiente:
PRIMERO: Denegar por improcedente de la presente acción de cumplimiento, atendiendo a las consideraciones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Advertir a la parte actora que no podrá instaurar nueva acción con la misma finalidad, en los términos del artículo 7 de la Ley 393 de 1997.
TERCERO: Notificar esta sentencia a todas las partes, en los términos del artículo 22 de la Ley 393 de 1997, en armonía con el 9 del Decreto Legislativo 806 de 2020.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia archívese el proceso, previa anotación en el programa “Justicia Siglo XXI”.
2.4.6. El 22 de enero de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, confirmó la anterior decisión.
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
2.5.1. Cuestión previa
Antes de estudiar la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante, la Sala aclara que avocará el análisis del caso únicamente respecto de la decisión adoptada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, órgano de cierre en el presente asunto.
2.5.2. Análisis de la Sala.
Esta Sala, contrario a lo señalado por el juez constitucional a quo, y una vez efectuado el examen del fundamento jurídico base de este mecanismo de amparo y de los argumentos de la impugnación, evidencia que el señor Thelmo Alfonso argumentó la posible configuración de un defecto fáctico, en tanto considera que fueron valoradas indebidamente unas pruebas aportadas por la entidad demandada en el medio de control de cumplimiento que catalogó como «ilícitas». En igual medida, consideró que, el medio suasorio omitido por el Tribunal y por el juez a quo de tutela, constituido por el acto administrativo No 011394 de fecha 15 de septiembre de 2008 proferido por la Alcaldía de Cali, Departamento de Planeación Municipal, mediante el cual «se realizó el reconocimiento expreso del silencio administrativo positivo».
Se debe advertir que si bien la Sección Cuarta de esta corporación al señalar que el señor Thelmo Alfonso Méndez invocó un defecto sustantivo en cuanto la providencia tutelada habría incurrido en indebida aplicación del artículo 42 de la Ley 1437 de 2011, es necesario esclarecer que este reparo lo efectuó respecto de la sentencia dictada por el Juzgado Quince Administrativo de Cali, actuación que no se abordará pues, como se advirtió en líneas precedentes, la materia de la presente acción se remite al estudio de la decisión que puso fin al proceso del medio de control de cumplimiento. Conviene, además, aclarar que la impugnación menciona dicho defecto, circunscribiéndolo a la falta de motivación e incongruencia de la sentencia del Tribunal.
En tal virtud, procede la Sala a estudiar los cargos endilgados contra la providencia del 22 de enero de 2021, a fin de establecer si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca transgredió los derechos fundamentales invocados por el tutelante.
2.5.3. Defecto sustantivo
El accionante aduce que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto sustantivo en la providencia reprochada pues carece de una suficiente fundamentación jurídica que sustente la decisión y transgrede el principio de motivación y congruencia entre lo pedido y lo resuelto.
La Sala precisa que el principio de congruencia procesal se ha definido como, «el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y contencioso- administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas », es decir, que el alcance y contenido de una providencia está delimitado por las pretensiones, existiendo una correspondencia entre estas y los hechos que se esgrimen en la demanda.
Conforme a lo expuesto, el principio de congruencia procesal tiene como finalidad que la providencia se encuentre en concordancia y armonía entre lo probado y lo pedido por las partes garantizando un debido proceso.
Esta Sala, una vez analizada la providencia objeto de litis, evidenció que, contrario a la manifestación del señor Thelmo Augusto Alfonso Méndez, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, lejos de incurrir en la presunta incongruencia entre lo solicitado en la acción de cumplimiento y lo resuelto en ella, efectuó un análisis adecuado producto del razonamiento juicioso y ponderado entre lo pretendido y probado en ella, al concluir que el actor contaba con otros mecanismos judiciales como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para controvertir la cuestión invocada. De tal manera, puede afirmarse que la providencia en estudio se profirió de acuerdo con los argumentos de hecho y de derecho expuestos judicialmente, sin que se observe o deduzca algún tipo de pronunciamiento por fuera o más allá de lo solicitado en la demanda.
2.5.4. Defecto fáctico
El accionante estima que la sentencia del Tribunal valoró indebidamente los actos administrativos aportados por la Alcaldía de Cali con la demanda, en virtud de los cuales dio respuesta al señor Thelmo Augusto Alfonso Méndez a las reclamaciones de cambio de estrato de su predio: i) DAPM 0014 del 7 de febrero de 2008; ii) CPE 008 del 18 de junio de 2008; iii) DAPM 415 del 20 de octubre; y iv) DAPM433 del 24 de octubre de 2014; alegó además la ausencia de apreciación del Oficio 011394 de fecha 15 de septiembre de 2008 por medio del cual, según su parecer, «se realizó el reconocimiento expreso del silencio administrativo positivo».
Conforme al reparo relativo a la omisión de valoración de los documentos referidos, esta Sala considera pertinente destacar que el Tribunal, luego de un recuento normativo y acogiendo la línea jurisprudencial del Consejo de Estado en un caso similar, de manera expresa, justificó su decisión mediante la valoración, no solo de los actos administrativos traídos a colación por el accionante, sino también de otros hechos probados, entre los cuales comprendió el análisis de las decisiones proferidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de la Alcaldía de Cali, de las Empresas Municipales de Cali, EMCALI EICE ESP, así como de otros oficios de fecha reciente (2020), a partir de los cuales obtuvo la certeza de la improcedencia de la acción de cumplimiento que interpuso la accionante, toda vez que omitió acudir a los mecanismos judiciales ordinarios de defensa, como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Al efecto discurrió:
De acuerdo a lo probado, el accionante ha venido desde septiembre de 2008 solicitando a EMCALI una reliquidación en la facturación de servicios públicos del inmueble donde reside cambiando de estrato 5 a estrato 4; así mismo ha protocolizado ante notaria el silencio administrativo positivo de EMCALI EICE ESP. a la petición radicada el 17 de febrero de 2017 mediante la cual solicitaba lo aquí pretendido; de otro lado, a través de las peticiones del 18 de agosto de 2020 y 7 de octubre de 2020 solicitó el reconocimiento del silencio positivo a EMCALI EICE ESP, peticiones que fueron despachadas desfavorablemente a través de acto administrativo 620.5.5 DAC-23728698 de 28 de octubre de 2020 en las cuales le informan los motivos por los cuales no se ha configurado el silencio administrativo positivo y le recuerdan que con anterioridad había suscrito un acuerdo de pago de la deuda que tienen con EMCALI EICE ESP por concepto de servicios públicos.
En este contexto, se observa que en el ordenamiento jurídico existe un pronunciamiento de EMCALI EICE ESP respecto de la petición de reconocimiento del silencio administrativo que ha venido solicitando desde septiembre de 2008 hasta el año 2020, motivo por el cual, y en aplicación a lo dispuesto por el artículo 9 de la ley 393 de 1997 y lo dispuesto por el H. Consejo de Estado en la sentencia en cita, el mecanismo judicial idóneo para cuestionar la legalidad de dicha respuesta y por ende lo pretendido en el asunto, es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no obstante, en el plenario no obra prueba de que se haya agotado dicho trámite judicial, por lo que, no es procedente la acción de cumplimiento.
En igual sentido ocurre con el municipio de Santiago de Cali, quien a través de oficio 4132.1.9.10 11394 del 15 de septiembre de 2008 le informó al accionante todo lo referente al cambio de estrato, le recordó que con anterioridad se había realizado una visita ratificando el estrato del inmueble, y le informó las razones por las cuales no se configuraba el silencio administrativo positivo, por tanto, debía el interesado acudir a las vías judiciales para cuestionar la legalidad de dicha respuesta; de igual forma a través de acto administrativo 4531.010.13.1.953005255 del 31 de julio de 2017 en respuesta a las peticiones radicadas por el accionante con Orfeo 201747730100895462 y 201741730100895462, le indicó al accionante los pasos que debía seguir para obtener los beneficios de la población que hace parte de las víctimas del conflicto armado y tierras despojadas; así mismo reiteró la respuesta referente al reconocimiento del silencio administrativo positivo que pretende desde el año 2008.
Ahora bien, con relación a las resoluciones N° SSPD 20188000089725 del 9 de julio de 2018 y SSPD 20188000037885 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, advierte la Sala que no contiene una obligación, clara, expresa y perentoria en cabeza de la entidad accionada de la cual se pueda exigir su cumplimiento.
Si bien, en la demanda se solicitó como pretensión subsidiaria ordenar a EMCALI EICE ESP. y a PROMOAMBIENTAL S. A. ESP como filial de la primera, el cumplimiento de tales resoluciones, lo cierto es que en el plenario no se aportaron las mismas; solo con la respuesta de la empresa PROMOAMBIENTAL S. A. ESP. allegada con la demanda, se logró evidenciar la parte resolutiva del acto administrativo N° SSP 20188000089725 del 9 de julio de 2018 en la cual se advierte que PROMOAMBIENTAL S. A. ESP hoy PROMOVALLE fue sancionada en la modalidad de amonestación y se ordenó el reconocimiento del silencio administrativo positivo, sin embargo, dicha entidad no hace parte de los extremos de la litis, la demanda en su integridad solo es dirigida en contra de EMCALI EICE ESP. por lo que no fue admitida en su contra; aunado lo anterior, esta corporación desconoce el contexto en que fue proferida.
De este modo, y contrario a las afirmaciones del accionante, la Sala evidencia que no se acreditaron los requisitos para la prosperidad de la acción de cumplimiento, de lo que dan cuenta las normas que la rigen y la jurisprudencia traída a colación por el Tribunal, el que con rigurosidad señala la improcedencia de dicho medio constitucional preferente por haber contado el actor con otro mecanismo de defensa judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o del acto administrativo, tal y como concluyó la providencia objeto de litis.
En este orden de ideas, los argumentos expuestos por el accionante, tal y como lo señaló el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, deben ser conocidos por el juez natural, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 138 del CPACA, para que determine si le asiste razón a la parte actora en sus afirmaciones, pues se trata de una revisión de fondo de toda la actuación administrativa desplegada, circunstancia que no le corresponde al juez de cumplimiento desatar.
Valga mencionar que el señor Thelmo Alfonso Méndez en esta sede cataloga los actos administrativos adosados por la entidad demandada en la acción de cumplimiento como «pruebas ilícitas», calificativo que se genera cuando en su producción, práctica o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, caso en el cual deben ser excluidas de valoración, reparo que debió ser alegado en las instancias procesales pertinentes, pues sobre ellas también efectuó pronunciamiento el juez de lo contencioso-administrativo de primera instancia.
En ese orden de ideas, esta Subsección encuentra que no le asiste razón a la parte accionante al afirmar que la providencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico por inapropiada valoración probatoria, pues la decisión proferida en sede ordinaria se encuentra debidamente sustentada con suficientes argumentos explicativos y justificativos, coherentes con la realidad probatoria.
3. Conclusión
La Sala concluye que la providencia de 22 de enero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no vulneró los derechos fundamentales invocados por el señor Thelmo Augusto Alfonso Méndez, razón por la cual se revocará la decisión de primera instancia de este mecanismo constitucional, que declaró su improcedencia y, en su lugar, se negará el amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Falla:
Revocar la sentencia proferida el 3 de junio de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo por estimar incumplido el presupuesto de relevancia constitucional. En su lugar, se dispone:
Primero. Denegar el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso del señor Thelmo Augusto Alfonso Méndez, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta decisión.
Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Expediente digital de tutela.
Expediente digital de tutela.
Expediente digital de tutela.
Expediente digital de tutela.
En realidad, conforme a lo señalado en el escrito de tutela el reparo del defecto sustantivo lo hace derivar de la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2020 por el Juzgado 15 Administrativo de Cali.
Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
Expediente digital original de acción de cumplimiento.
Expediente digital original de acción de cumplimiento.
Expediente digital original de acción de cumplimiento.
Expediente digital original de acción de cumplimiento.
Devis Echandía, Hernando, Teoría General del Proceso, II (Editorial Universidad, Argentina, 1985), p.533.
Artículo 87 de la Constitución, artículo 145 de la Ley 1437 de 2011, artículos 3.°, 5.°, 6.°, 8.° y 9.° de la Ley 393 de 1997
Consejo de Estado, Sección Quinta, i) sentencia del ocho de octubre de dos mil veinte, expediente radicado núm. 25000 23 41 000 2020 00199-01 (ACU), ii) sentencia del 12 de junio de 2014, expediente radicado núm. 76001 23 33 000 2013 01286 01(ACU).
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