RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-01496-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-01496-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
19 de agosto de 2021
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-01496-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia impugnada del 18 de junio de 2021 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que negó las pretensiones, por las razones señaladas en precedencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-01496-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

19 de agosto de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO /  PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES – Fuerza aérea / ABANDONO DEL CARGO PÚBLICO / NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE / IMPROCEDENCIA DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA

Con base en el análisis de la actuación desplegada en el proceso disciplinario que culminó con la destitución del actor en el cargo que desempeñaba, se estableció que el punto de referencia para iniciar el cómputo del término de la caducidad del medio de control, fue la notificación de la decisión que dispuso la desvinculación del demandante, pues, respecto de dicho trámite se predicó la configuración de los actos fictos que pretendía enjuiciar en sede contenciosa administrativa. (…) la Sala advierte que la autoridad judicial demandada efectuó un estudio minucioso, razonable, ponderado y de acuerdo con las reglas de la sana crítica y bajo el principio de autonomía judicial, respecto de cada uno de los elementos de convicción aportados al expediente, de cuya valoración se determinó que el actor se notificó por conducta concluyente del fallo disciplinario (…) ya que con la petición de revocatoria directa el interesado reveló conocerlo. En esa medida, comoquiera que esa modalidad de notificación cumplió con la garantía del derecho al debido proceso, se determinó que para el momento en que se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el término de caducidad estaba vencido, situación que generó como consecuencia el rechazo de la demanda. (…) Para la Sala es evidente que la parte demandante se encuentra en desacuerdo con las conclusiones a las que arribó el Tribunal Administrativo a quo, pero esta divergencia de criterios no es razón para que el juez constitucional intervenga; aceptar lo contrario implicaría una sustitución arbitraria del juez natural. En esos términos, se niega la ocurrencia del defecto fáctico alegado.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO /  PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES – Fuerza aérea / ABANDONO DEL CARGO PÚBLICO / NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE / IMPROCEDENCIA DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA

[E]l actor centró su censura en la indebida interpretación del artículo 110 de la Ley 200 de 1995, sobre la base de considerar que respecto del fallo disciplinario se debió surtir el grado jurisdiccional de consulta, pues, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la Constitución Política todas las sentencias judiciales podrán ser apeladas o consultadas, salvo las excepciones que consagre la ley. Adujo que la Ley 200 de 1995 no estableció como excepción que los fallos disciplinarios sancionatorios no pueden ser objeto de consulta, como erróneamente lo concluyó la providencia de segunda instancia. (…) [Para la Sala] comoquiera que la norma estableció que solo los fallos absolutorios de primera instancia y los que impusieran la sanción de amonestación escrita, eran susceptibles del grado jurisdiccional de consulta, y en razón a que la sanción de destitución e inhabilidad de un año para ejercer funciones públicas no estaba consagrada como causal para su procedencia, no era válido sostener la ocurrencia de un acto ficto como consecuencia de no haberse resuelto dicho grado y, por ende, afirmar que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no estaba caducado. (…) Así las cosas, la decisión cuestionada no está viciada de defecto sustantivo.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 31 / CONSTITUCION POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 200 DE 1995 - ARTÍCULO 25 - NUMERAL 8 / LEY 200 DE 1995 - ARTÍCULO 109 / LEY 200 DE 1995 - ARTÍCULO 110 / DECRETO 85 DE 1989 – ARTÍCULO 178 / DECRETO 2591 DE 1991

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01496-01(AC)

Actor: LUIS GABRIEL URUETA ROMERÍN

Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A” Y OTRO

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el demandante en contra del fallo del 18 de junio de 2021 proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado que decidió:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela en relación con el defecto por desconocimiento del precedente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela instaurada por el señor Luis Gabriel Urueta Romerín en contra de los autos proferidos el 20 de noviembre de 2019 y el 10 de septiembre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Atlántico y la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, respectivamente, en lo atinente a los derechos fundamentales de acceso efectivo a la administración de justicia y el debido proceso, de conformidad con lo señalado en precedencia.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

El señor Luis Gabriel Urueta Romerín, en nombre propio, ejerció acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los que estimó vulnerados con ocasión de los autos del 20 de noviembre de 2019, dictado por el Tribunal Administrativo del Atlántico, a través del cual se rechazó por caducidad la demanda promovida en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y del 10 de septiembre de 2020 proferido por la Subsección “A”, Sección Segunda del Consejo de Estado, que confirmó la decisión recurrida.

Las providencias cuestionadas fueron dictadas en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 08-001-23-33-000-2019-00663-01, promovido por el hoy accionante en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana, con el fin de que se declarara la existencia de los actos presuntos relacionados con el retiro del servicio del señor Luis Gabriel Urueta Romerín de esa institución, y la nulidad de los actos administrativos que negaron la solicitud de reintegro al servicio y el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir.

En consecuencia, el demandante pidió lo siguiente:

“1. Que se me amparen mis derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
2. Que se dejen sin efectos los autos arriba identificados.
3. Que se le ordene a las autoridades accionadas, que dentro de treinta (30) días siguientes a la notificación del fallo que ampare mis derechos, procedan a proferir una nueva providencia teniendo que entre las partes existe cosa juzgada en el sentido el Fallo Disciplinario de Primera Instancia proferido por el Comando Aéreo de Combate No.3 el día 10 de agosto de 1999 no es objeto de control jurisdiccional porque no se ha estructurado el acto administrativo complejo.
4. Que la presente tutela se tramitada como un mecanismo transitorio de defensa.
5. Que se surtan las notificaciones de rigor”.

2. Hechos

Como sustento fáctico de las pretensiones narró, en síntesis, los siguientes:

Señaló que el 15 de octubre de 2019 interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Fuerza Aérea Colombiana, para obtener la declaración de existencia de los siguientes actos presuntos:

“(…) fallo disciplinario de segunda instancia expedido por el Comando de la Fuerza Aérea en sede de Consulta, que confirmó el retiro del servicio del demandante; ii) se declare la existencia del acto administrativo ficto o presunto, configurado frente a la solicitud de recusación presentada el 29 de julio de 1999 por el demandante, dentro de la investigación disciplinaria No. 013CACOM-3/99, seguida en su contra; iii) se declare la existencia del acto ficto o presunto mediante el cual se ordenó no “tramitar el grado de consulta del fallo disciplinario del 10 de agosto de 1999” proferido por el Comando Aéreo de Combate No.3 en contra del demandante dentro de la acción disciplinaria No.013CACOM-3/99; iv) que se declaren nulos los actos administrativos definitivos contenidos en oficios No. 20194340006343 del 16-01-2019/ MDN-CGFM-FAC-COFAC-CACOM3-SECOM-DEJHD, No. 20194050002991 del 15-02-2019 / MDN-CGFM-FAC-CACOM3-DEJDH y No. 201910600007501 del 18-03-2019 / MDN-COGFM-COFAC—JEMFA-DEAJU, proferidos por el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana, mediante los cuales se negó el reintegro del demandante y el reconocimiento y pago de la indemnización solicitada”.

Adujo que mediante auto del 20 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo del Atlántico rechazó por caducidad la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, decisión que fue confirmada en segunda instancia por auto del 10 de septiembre de 2020, por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado.

3. Sustento de la petición

A juicio de la parte actora, en la providencia objeto de controversia se realizó una interpretación inadecuada de los hechos expuestos en el proceso disciplinario que concluyó con la orden de retiro del servicio, en el sentido de que determinó que el demandante se había notificado por conducta concluyente del fallo disciplinario de primera instancia emitido el 10 de agosto de 1999 por el Comando Aéreo No. 3 de la Fuerza Aérea Colombiana, dentro de la investigación administrativa disciplinaria 013-CACOM-3/99, cuando lo cierto es que dicha decisión fue ejecutada en forma anticipada el 1° de diciembre de esa anualidad.

Arguyó que contra el fallo disciplinario solicitó la revocatoria directa y la nulidad de todo lo actuado por vulneración de los principios de legalidad, contradicción, defensa e imparcialidad y porque no se había surtido el grado jurisdiccional de consulta establecido en las Fuerzas Militares para el trámite de los procesos en los que sea investigado un empleado, ya sea civil o militar, por falta constitutiva de mala conducta, como lo es el abandono injustificado del cargo o del servicio.

Manifestó que como no se resolvió el grado jurisdiccional de consulta no se conformó el acto administrativo complejo, tal como se determinó en la sentencia del 30 de junio de 2004 dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, según la cual, la decisión sancionatoria no era objeto de control judicial, en tanto no se estructuró dicho acto.
Aseguró que no se explicaron en forma razonada los fundamentos por los cuales se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que el cómputo del término de caducidad, según el tribunal, inició con el escrito contentivo de la petición de revocatoria directa del fallo disciplinario de primera instancia del 10 de agosto de 1999, sin tener en cuenta que dicha solicitud “no tiene la entidad suficiente para revivir términos administrativos ni judiciales”.

Afirmó que se desconoció el precedente fijado en las sentencias C-339 de 1996, en la que se declaró la exequibilidad del artículo 72 del Decreto 01 de 1984, y del 15 de agosto de 2013, proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado en el expediente con radicación 25000-23-25-000-2006-00464-01 (2166-07), en el sentido de que la solicitud de revocatoria directa, así como la decisión que la resuelve, no pueden revivir los términos legales.

Indicó que la providencia está viciada de defecto fáctico, por cuanto se tuvo como probada la notificación por conducta concluyente del fallo disciplinario del 10 de agosto de 1999, cuando es claro que no hubo una notificación personal de esa decisión.

Aclaró que, según la institución, se había hecho la notificación en debida forma, pero en realidad, dicha diligencia correspondió al “auto del 10 de agosto de 1999”; además, no le fue entregada la copia de la decisión ni le indicaron los recursos procedentes contra esta, razón por la cual presentó una reclamación por las irregularidades relacionadas con la indebida notificación del fallo disciplinario.

Arguyó que no se estructuró la notificación por conducta concluyente en materia disciplinaria administrativa, porque se requiere que el procesado no reclame y actúe en diligencias posteriores y que interponga los recursos en contra de la decisión sancionatoria; sin embargo, advirtió que presentó una reclamación por las irregularidades en la indebida notificación y no actuó en forma ulterior al fallo.

Puntualizó que se configuró el defecto sustantivo, pues, a pesar de que se reconoció que no se tramitó el grado jurisdiccional de consulta respecto del fallo disciplinario de primera instancia, la autoridad judicial demandada respaldó su decisión en una norma que no era aplicable al caso, esto es, la Ley 200 de 1995, ya que dicho precepto no consagra la excepción referente a que no se surta el grado jurisdiccional, cuando es claro que, por regla general, debe ser resuelto.
Expresó que, de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Política, solo las providencias previstas como excepción en la respectiva regulación, no son susceptibles de consulta.

Aseveró que se debió aplicar el artículo 178 del Decreto 85 de 1989, que regula el grado jurisdiccional de consulta en las Fuerzas Militares en los procesos de doble instancia cuando el fallo disciplinario es por la causal de mala conducta y desfavorable al investigado.

Refirió que, contrario a lo señalado por la autoridad judicial demandada, de lo establecido en el artículo 110 de la Ley 200 de 1995 no se infiere que solo son consultables los fallos absolutorios de primera instancia y los que impongan como sanción una amonestación escrita. Con todo, dicho postulado fue derogado por el parágrafo primero del artículo 112 y por el artículo 210 de la Ley 270 de 1995.

Indicó que el artículo 109 de la Ley 200 de 1995 mantuvo la consulta en materia disciplinaria administrativa, prevista inicialmente en el inciso final del artículo 178 del Decreto 85 de 1989, norma que debió aplicarse en el caso concreto. Adicionalmente, quedó regulada en el artículo 110 de la Ley 270 de 1996, en los eventos de menor gravedad.

4. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto del 14 de abril de 2021, el magistrado ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar esa decisión a los magistrados que integran la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado y a los que conforman el Tribunal Administrativo del Atlántico, en calidad de demandados, y por tener interés en el resultado de la presente tutela, dispuso vincular a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana.

5. Contestaciones e intervenciones

5.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

El magistrado ponente de la decisión de segunda instancia objeto de cuestionamiento, se pronunció en el sentido de indicar que el demandante omitió el deber de recurrir y demandar en tiempo el fallo disciplinario que dispuso su retiro del servicio de la Fuerza Aérea Colombiana.

Adujo que el fallo disciplinario se notificó por conducta concluyente, con fundamento en que el ordenamiento legal prevé dicho mecanismo como válido para dar a conocer esa clase de decisiones, tal como lo ha ratificado esta corporación.

Acotó que en el auto censurado se concluyó que no se configuró causal alguna de suspensión indefinida de la actuación disciplinaria ni que restara fuerza ejecutoria a la decisión sancionatoria, así como tampoco circunstancias que permitieran convalidar la existencia de actos fictos negativos que el actor demandó en sede judicial.

Advirtió que lo evidenciado en el asunto fue que el señor Luis Gabriel Urueta Romerín fue omisivo en el ejercicio oportuno del derecho de acción y, por ende, la demanda debía ser rechazada, pues, el actor esperó diecinueve años para solicitar en sede administrativa y judicial el reintegro al servicio, bajo el argumento de que se le vulneró el derecho al debido proceso dentro del trámite disciplinario que culminó con su desvinculación.

Aseguró que la presente actuación pretende habilitar una nueva oportunidad, para reiterar los argumentos ventilados en sede ordinaria e, inclusive, exponer mejores consideraciones en defensa de los intereses del actor, lo cual desconoce la finalidad de la acción de tutela, el principio de preclusión de las actuaciones judiciales y los derechos al debido proceso, de contradicción y de defensa de las partes.

5.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, a pesar de que fueron notificados vía electrónica del auto admisorio de la demanda, guardaron silencio.

6. Sentencia de primera instancia

La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de junio de 2021, declaró la improcedencia de la tutela respecto del cargo de desconocimiento del precedente y negó las demás pretensiones del mecanismo de amparo.

Advirtió que, en relación con el defecto de desconocimiento del precedente contenido en las sentencias C-339 de 1996 de la Corte Constitucional y del 15 de agosto de 2013 proferida por la Subsección “B”, Sección Segunda del Consejo de Estado, dicho reparo no fue expuesto en el proceso ordinario en los términos aducidos en el mecanismo de amparo, dado que en aquel se hizo referencia a una presunta omisión de la primera de las citadas providencias, pero frente a la omisión de la Fuerza Aérea Colombiana de no tramitar el grado de consulta y no respecto de que la petición de revocatoria directa y la decisión que la resuelva no pueden revivir los términos para promover el medio de control correspondiente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Señaló que la autoridad judicial accionada explicó en forma razonada los motivos por los cuales aludió al artículo 110 de la Ley 200 de 1995, y por consiguiente, por qué no era de recibo el argumento del accionante alusivo a que el fallo disciplinario del 10 de agosto de 1999 no quedó ejecutoriado o que se configuró un acto ficto respecto del grado jurisdiccional de consulta, de manera que la providencia censurada no adolece de defecto sustantivo.

Añadió que tampoco está viciada de defecto fáctico, toda vez que se fundamentó en las pruebas allegadas con la demanda; además, indicó que el hecho de que la parte actora esté inconforme con el análisis que la autoridad judicial accionada adelantó sobre los medios de prueba aportados, no la habilita para que, a través de la acción de tutela, se adopte un criterio diferente al del juez natural por la sola razón de ser una providencia contraria a sus intereses.

7. Impugnación

Por escrito radicado oportunamente el 6 de julio 2021, la parte actora impugnó el proveído de primera instancia en los siguientes términos:

Esbozó que el artículo 110 de la Ley 200 de 1995 no consagró excepciones al grado jurisdiccional de consulta y, por otro lado, tampoco se surtió la notificación por conducta concluyente del fallo disciplinario sancionatorio.

Anotó que no es cierto que la Ley 200 de 1995 consagrara que son consultables los fallos absolutorios de primera instancia y los que imponen amonestación escrita, puesto que dicha norma no establecía las excepciones previstas en el artículo 31 de la Constitución Política, para que no se desatara el grado jurisdiccional de consulta.

Reiteró el argumento alusivo a que el hecho de que la citada disposición normativa no indique que los fallos allí mencionados sean consultables, no significa que los demás no lo sean; por tanto, las providencias que se deben someter al grado jurisdiccional de consulta son todas aquellas respecto de las cuales la ley expresamente no haya contemplado una excepción.

Insistió en que las autoridades judiciales demandadas estructuraron los presupuestos para la notificación por conducta concluyente del fallo disciplinario, sin estar probados en el curso del proceso, máxime si se tiene en cuenta que no se ha producido una decisión disciplinaria sancionatoria definitiva, por el hecho de que no se ha surtido el grado jurisdiccional de consulta.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra de la sentencia de primera instancia proferida el 18 de junio de 2021 por la Subsección Primera de esta corporación, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, modificado por el Decreto 333 de 2021 y con el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si de conformidad con los argumentos planteados en el escrito de impugnación hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo de primera instancia proferido el 18 de junio de 2021 por la Sección Primera del Consejo de Estado, en cuanto negó la petición de amparo.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente” (Negrillas fuera de texto).

Conforme con el anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se deberá verificar que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; iii) inmediatez y iv) relevancia constitucional.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

5. Caso concreto

Con la tutela el accionante busca proteger sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados con los autos del 20 de noviembre de 2019, dictado por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante el cual se rechazó por caducidad la demanda de nulidad y restablecimiento, y del 10 de septiembre de 2020, emitido por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, que confirmó en su integridad la decisión inicialmente adoptada.

La demanda se impetró con el fin de que se declarara la existencia de los actos administrativos fictos relacionados con el retiro del servicio del actor de la Fuerza Aérea Colombiana, como consecuencia del proceso disciplinario adelantado en su contra, el cual se identificó con el radicado 013CACOM-3/99.

Adicionalmente, solicitó que se declarara la nulidad de los actos administrativos contenidos en los Oficios 20194640006343 del 16 de enero de 2019 MDN-CGFM-FAC-COFAC-CACOM3-SECOM-DEJDH y 20194050002991 del 15 de febrero de 2019 MDN-CGFM-FAC-CACOM3-DEJDH, proferidos por el Comando No. 3 de la Fuerza Aérea Colombiana, mediante los cuales se negó el reintegro del demandante y el reconocimiento y pago de la indemnización solicitada.

Advirtió que la providencia objeto de reproche incurrió en desconocimiento del precedente establecido en las sentencias C-339 de 1996, y del 15 de agosto de 2013 proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, en el expediente con radicación 25000-23-25-000-2006-00464-01 (2166-07), en el sentido de que la solicitud de revocatoria directa, así como la decisión que la resuelve, no pueden revivir los términos legales.

Asimismo, esbozó que se configuró el defecto fáctico, ya que se indicó que estaba acreditada, sin estarlo, la notificación por conducta concluyente del fallo disciplinario del 10 de agosto de 1999, puesto que es claro que se debió efectuar una notificación personal.

También sostuvo que el proveído objeto de reproche está viciado de defecto sustantivo por indebida interpretación de los artículos 109 y 110 de la Ley 200 de 1995, 178 del Decreto 85 de 1989 y 31 de la Constitución Política, en la medida en que no se tramitó el grado jurisdiccional de consulta respecto del fallo disciplinario sancionatorio, situación que no fue valorada para determinar la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En la sentencia de primera instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la petición de amparo frente a la configuración del defecto de desconocimiento del precedente, por cuanto en el proceso ordinario dicha censura no fue planteada en términos similares a los expuestos en sede constitucional, lo que generaba una violación del derecho de defensa del demandado.

Por otro lado, negó la acción de tutela frente a los defectos fáctico y sustantivo, en razón a que en la providencia censurada se valoraron todos los elementos probatorios allegados con la demanda, que acreditaron que el actor se notificó por conducta concluyente del fallo disciplinario que dispuso el retiro del servicio de la Fuerza Aérea Colombiana; asimismo, se explicaron con suficiencia los argumentos referentes a la imposibilidad jurídica de que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta respecto del fallo en mención.

Con el escrito de impugnación se reiteraron los argumentos relacionados con la ocurrencia de los yerros fáctico y sustantivo, específicamente, por indebida interpretación del artículo 110 de la Ley 200 de 1995, por cuanto la autoridad accionada tuvo como probada la notificación por conducta concluyente del fallo disciplinario del 10 de agosto de 1999, e interpretó en forma equivocada dicho postulado, que prevé la obligación legal de que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta del fallo disciplinario.

5.1. Generalidades del defecto fáctico

En cuanto a este yerro, en decisión del 12 de noviembre del 2015, la Sala precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, en el sentido de señalar que los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso.

El accionante debe precisar en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.

Asimismo, deben ser cuidadosos los interesados al formular el cargo, en la medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador.

Para efectos de resolver el cargo propuesto, se tiene que en la providencia objeto de reproche, la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado estableció que mediante fallo disciplinario del 10 de agosto de 1999, proferido en primera instancia por el Comando Aéreo de Combate No. 3 de la Fuerza Aérea Colombiana, se impuso al señor Luis Gabriel Urueta Romerín la sanción de destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos por el término de un año, por haber incurrido en la falta disciplinaria de abandono del cargo prevista en el artículo 25, numeral 8 de la Ley 200 de 1995, decisión que fue notificada en forma personal al procesado, el 20 de agosto de 1999.

Se indicó que el 24 de agosto de 1999, el actor afirmó que en la diligencia de notificación personal no se le hizo entrega de la copia íntegra del acto administrativo ni le señalaron los recursos procedentes, por lo cual solicitó la corrección de tales irregularidades.

Posteriormente, la institución profirió una constancia en la que se afirmó que el interesado no interpuso los recursos en contra del fallo disciplinario, razón por la cual quedó ejecutoriado el 31 de agosto de 1999; adicionalmente, se indicó que dentro de la aludida actuación no se surtió el grado jurisdiccional de consulta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley 200 de 1995.

El 2 de septiembre de 1999, el actor solicitó la revocatoria directa del fallo disciplinario, petición que fue negada el 3 de septiembre siguiente por el Comando Aéreo de Combate No. 3 de la Fuerza Aérea Colombiana.
El 20 de diciembre de 2018, el señor Urueta Romerín solicitó a la Fuerza Aérea Colombiana el reintegro al servicio, así como el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir como consecuencia de su desvinculación, petición que fue negada a través del Oficio 201910600007501 del 18 de marzo de 2019, debido a que la situación disciplinaria culminó con el fallo sancionatorio del 10 de agosto de 1999, frente al cual no se interpusieron los recursos procedentes. También le fue informado que la solicitud de revocatoria directa no puede revivir los términos para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Ahora bien, con sustento en los elementos de convicción allegados con la demanda, la autoridad judicial accionada concluyó:

“ii) El accionante sostuvo que no fue notificado en debida forma del fallo sancionatorio que le impuso el correctivo de destitución; sin embargo, en el expediente se encuentra acreditado que solicitó copia de dicha decisión y solicitó su revocatoria directa.

iii) En el presente asunto no se ha integrado el contradictorio con la parte accionada, motivo por el cual se otorgará mérito al dicho del actor en cuanto a la irregularidad en la notificación personal, esto es, que no se perfeccionó ante la omisión de entrega de la copia completa del fallo disciplinario.

En consecuencia, para el caso concreto, se entenderá que la solicitud de revocatoria directa del acto sancionatorio materializó la notificación por conducta concluyente, pues con dicha petición el interesado reveló conocerlo y se dio por suficientemente enterado de la decisión, es decir, que tuvo conocimiento íntegro de su existencia y contenido.

iv) La notificación por conducta concluyente cumplió con la finalidad de publicidad de los actos administrativos, esto es, dotarlos de oponibilidad, garantizar el derecho fundamental al debido proceso y permitir la contradicción de las decisiones en sede administrativa, así como su eventual enjuiciamiento ante la jurisdicción.

v) Una vez el interesado tuvo pleno conocimiento del correctivo sancionatorio, estimó pertinente solicitar su revocatoria directa, en lugar de apelarlo. Adicionalmente, esperó 19 años para solicitar en sede administrativa y judicial el reintegro al servicio bajo el argumento de que se le vulneró el derecho al debido proceso dentro del trámite disciplinario que culminó con su desvinculación; sin embargo, conforme el artículo 114 de la Ley 200 de 1995, bajo la cual se tramitó la actuación administrativa ahora enjuiciada, dicha solicitud no podía revivir los términos legales para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo” (Negrillas de la Sala).

Con base en el análisis de la actuación desplegada en el proceso disciplinario que culminó con la destitución del actor en el cargo que desempeñaba, se estableció que el punto de referencia para iniciar el cómputo del término de la caducidad del medio de control, fue la notificación de la decisión que dispuso la desvinculación del demandante, pues, respecto de dicho trámite se predicó la configuración de los actos fictos que pretendía enjuiciar en sede contenciosa administrativa.

Sobre el extremo temporal inicial para el cómputo del término de caducidad, se expuso lo siguiente:

“En consecuencia, el plazo de caducidad debe contarse a partir del día siguiente a la fecha en que el actor se notificó por conducta concluyente del fallo disciplinario de 10 de agosto de 1999, lo cual se verificó el 2 de septiembre de 1999, es decir, que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho debía radicarse entre el 3 de septiembre de 1999 y el 3 de enero de 2000.

Sin embargo, solo hasta el 12 de julio de 2019, el accionante radicó la solicitud de conciliación extrajudicial, fecha para la cual había caducado el medio de control, por cuanto habían trascurrido casi veinte años contados a partir de la notificación por conducta concluyente del acto sancionatorio.

Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que la autoridad judicial demandada efectuó un estudio minucioso, razonable, ponderado y de acuerdo con las reglas de la sana crítica y bajo el principio de autonomía judicial, respecto de cada uno de los elementos de convicción aportados al expediente, de cuya valoración se determinó que el actor se notificó por conducta concluyente del fallo disciplinario del 10 de agosto de 1999, ya que con la petición de revocatoria directa el interesado reveló conocerlo.

En esa medida, comoquiera que esa modalidad de notificación cumplió con la garantía del derecho al debido proceso, se determinó que para el momento en que se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el término de caducidad estaba vencido, situación que generó como consecuencia el rechazo de la demanda.

Es importante anotar que si bien la decisión judicial objeto de reproche no favoreció las pretensiones del actor, ello no implica una omisión en el análisis de sus argumentos ni que se hubieran dejado de lado circunstancias fundamentales del caso.

Para la Sala es evidente que la parte demandante se encuentra en desacuerdo con las conclusiones a las que arribó el Tribunal Administrativo a quo, pero esta divergencia de criterios no es razón para que el juez constitucional intervenga; aceptar lo contrario implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.

En esos términos, se niega la ocurrencia del defecto fáctico alegado.

5.2. Generalidades del defecto sustantivo

En relación con el defecto sustantivo, se ha considerado que este se configura cuando:

“(…) la actuación controvertida desconoce una ley adaptable al caso o se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable, ya sea porque (i) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley, (ii) es inconstitucional, (iii) o porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los presupuestos del caso. También puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le (sic) reconoce a las autoridades judiciales, se produce (iv) un grave error en la interpretación de la norma, el cual puede darse por desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes o cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación contraria a la Constitución”.

En punto de la ocurrencia de este yerro, el actor centró su censura en la indebida interpretación del artículo 110 de la Ley 200 de 1995, sobre la base de considerar que respecto del fallo disciplinario se debió surtir el grado jurisdiccional de consulta, pues, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la Constitución Política todas las sentencias judiciales podrán ser apeladas o consultadas, salvo las excepciones que consagre la ley.

Adujo que la Ley 200 de 1995 no estableció como excepción que los fallos disciplinarios sancionatorios no pueden ser objeto de consulta, como erróneamente lo concluyó la providencia de segunda instancia.
En cuanto al contenido y alcance del referido artículo 110 de la Ley 200 de 1995, y respecto de una posible configuración de un acto ficto por el hecho de no desatarse el grado de consulta frente al fallo disciplinario, la autoridad judicial demandada expuso la siguiente argumentación:

“vii) El actor también afirmó que en este caso se configuró un acto ficto negativo, toda vez que la entidad demanda omitió el deber de surtir la consulta del fallo disciplinario de primera instancia.

Por su parte, el artículo 110 de la Ley 200 de 1995 dispuso que serían consultables “los fallos absolutorios de primera instancia y los que impongan como sanción amonestación escrita”.

A su turno, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la referida norma, mediante sentencia C – 280 de 1996, por considerar que es respetuosa del debido proceso y no estableció una presunción de culpabilidad en contra del servidor absuelto. Además, “hace parte de la libertad del legislador consagrar estos grados obligatorios de jurisdicción a fin de proteger valores de raigambre constitucional, como el interés público y los propios derechos y garantías fundamentales del investigado.

[…]

En este orden de ideas, la Ley 200 de 1995 previó el grado jurisdiccional de consulta para los fallos absolutorios de primera instancia y los que impongan la sanción de amonestación escrita, es decir, que el correctivo sancionatorio impuesto al demandante no corresponde a los supuestos normativos, ya que se trató de destitución e inhabilidad de 1 año para ejercer funciones públicas.

Bajo este contexto, no puede afirmarse que el fallo disciplinario no quedó ejecutoriado o que se configuró un acto ficto respecto del grado jurisdiccional de consulta, ya que tal etapa no debía agotarse en el sub lite” (Resalta la Sala).

En ese contexto, comoquiera que la norma estableció que solo los fallos absolutorios de primera instancia y los que impusieran la sanción de amonestación escrita, eran susceptibles del grado jurisdiccional de consulta, y en razón a que la sanción de destitución e inhabilidad de un año para ejercer funciones públicas no estaba consagrada como causal para su procedencia, no era válido sostener la ocurrencia de un acto ficto como consecuencia de no haberse resuelto dicho grado y, por ende, afirmar que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no estaba caducado.

Del estudio de los medios de prueba aportados y de los postulados que sustentaron la demanda, la autoridad judicial accionada argumentó, en debida forma, que el término de caducidad inició el día siguiente a la fecha de ejecutoria del fallo disciplinario, luego de quedar acreditada la notificación por conducta concluyente y, por consiguiente, no encontró soporte legal al argumento del demandante referente a que, ante la configuración de un acto ficto por no resolverse el grado jurisdiccional de consulta, no había fenecido el plazo para el ejercicio en tiempo del medio de control promovido.

Así las cosas, la decisión cuestionada no está viciada de defecto sustantivo, por cuanto se aplicó en forma razonada y coherente la normatividad que regula la materia, aunado a que se realizó un estudio minucioso de los elementos de convicción allegados, los que determinaron en forma clara e inequívoca que la demanda fue presentada en forma inoportuna, circunstancia que necesariamente imponía su rechazo.

Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia del 18 de junio de 2021, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por la cual se negó la petición de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia impugnada del 18 de junio de 2021 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que negó las pretensiones, por las razones señaladas en precedencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y envíese copia de aquella al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
El escrito de tutela fue enviado al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el 7 julio de 2021.
El actor no señaló cuál fue la decisión que se adoptó en el auto del 10 de agosto de 1999 ni cuál fue la autoridad que lo profirió.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2020, expediente con radicación 11001-03-27-000-2016-00051-00 (22646).
El fallo de primera instancia fue notificado el 1° de julio de 2021. Así mismo, mediante auto del 13 de julio de 2021 fue concedida la impugnación.
Sala Plena del Consejo de Estado. Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. M.P. María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra de páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
Ibídem.
Entre otras en las T-949 del 16 de octubre de 2003, T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
Derogada por la Ley 734 de 2002. “Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único”.
Corte Constitucional, sentencia T - 464 de 2011, con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
“Artículo 110º.- Fallos consultables. Son consultables los fallos absolutorios de primera instancia y los que impongan como sanción amonestación escrita.
En relación con la consulta dentro de la ejecutoria del fallo absolutorio el disciplinado podrá solicitar mediante petición debidamente fundamentada, su confirmación”.
Artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.
El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.