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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-01588-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
5 de agosto de 2021
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-01588-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 4 de junio de 2021 proferida por la Subsección “A” de la Sección Tercera de esta Corporación que declaró la improcedencia de la acción constitucional de la referencia para, en su lugar, NEGAR la solicitud de amparo de los derechos deprecados, por las razones expuestas en este proveído. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-01588-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

5 de agosto de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN NORMATIVA / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN DEL ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Contra el acto que niega parcialmente la sustitución pensional / FALTA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL / TIEMPO DE CONVIVENCIA PARA LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES – No se acreditó la convivencia de 5 años de forma continua y con anterioridad a la muerte del causante de la prestación / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[E]n este caso la demandante considera que no es necesario probar la convivencia con el causante que devengaba la pensión durante los últimos cinco (5) años con el fin de acceder a la sustitución de dicha prestación, toda vez que, a su juicio, ese tiempo se puede acreditar en cualquier momento. (…) En primer lugar, se tiene que la autoridad accionada implementó el marco normativo y antecedente pertinente, ya que, además de citar lo dispuesto por la Sala de decisión en oportunidad anterior, hizo alusión al artículo 48 de la Constitución Política que se refiere a la seguridad social, a los artículos 46 y 47 de la ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la ley 797 de 2003. Ahora, a esta Sala le resulta pertinente aclarar lo que el máximo órgano constitucional consideró en la sentencia C-1094 de 2003 cuando declaró exequible los literales a y b del artículo 13 de la ley 797 de 2003: (…) [L]a Corte en el numeral cuarto de la parte resolutiva decidió, en desarrollo, entre otros aspectos, del artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, que se alude desconocido por la accionante, “Declarar exequibles, por los cargos analizados en esta Sentencia, las expresiones “tenga 30 o más años de edad” y “no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”, contenidas en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003”. De manera que no es cierto, como señala el apoderado de la demandante, que el término mínimo de cinco años de convivencia se puede acreditar en cualquier momento, ya que, la norma es clara en el sentido de que este plazo debe ser continuo y con anterioridad a la muerte del causante de la prestación. Aclarado lo anterior, se analizarán los argumentos expuestos en la providencia controvertida, por medio de la cual se le negó el reconocimiento de la sustitución pensional del señor [L.A.R.M.] a la señora [M.L.C.R.], y sí concedió a favor de la señora [C.P.E.A.]. (…) De los argumentos expuestos se colige que la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación hizo una valoración en conjunto de las pruebas que obraban en el proceso y pudo concluir, válidamente, que en el expediente no se encontraba plenamente acreditada la convivencia de la aquí demandante con el causante, durante los cinco años anteriores a su fallecimiento, según lo establece la normativa para el efecto. (…) [E]sta Colegiatura considera que la autoridad demandada realizó un análisis normativo razonable y ponderado del régimen de sustitución pensional, y determinó con las pruebas aportadas al proceso, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y con fundamento en el principio de autonomía judicial, que no era procedente lo pretendido por la demandante, con fundamento en que no se acreditó la convivencia con el señor [L.A.R.M.] por el tiempo de cinco años continuos inmediatamente anteriores al fallecimiento de éste, de tal suerte que no logró demostrar los supuestos previstos por la norma aplicable para ser beneficiario de la referida prestación. Así, pues, de lo expuesto por la autoridad judicial accionada, la Sala no encuentra que exista algún elemento que vulnere los derechos fundamentales cuya protección invocó la parte actora, toda vez que la decisión se ajustó integralmente a las normas legales vigentes que rigen el punto relacionado con la sustitución pensional e hizo una adecuada valoración e interpretación de las pruebas aportadas al proceso para arribar a la decisión que hoy es objeto de reproche. En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción constitucional y en su lugar se negará la solicitud de tutela, pues no se encuentran vulnerados los derechos fundamentales invocados ni configurados los defectos alegados por la parte actora respecto de la sentencia de la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, que confirmó la dipsuesto en la primera instancia y accedió a la pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA -ARTÍCULO 48 - ARTÍCULO 42 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 46 – ARTÍCULO 47 / LEY 797 DE 2003 - ARTÍCULO 13

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01588-01(AC)

Actor: MARÍA LUZ CRUZ DE ROJAS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “A” Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra providencia judicial - Revoca declaratoria de improcedencia y niega - Defectos: sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución -

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 4 de junio de 2021, por medio del cual la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia.

ANTECEDENTES

1.1. Solicitud

La señora María Luz Cruz de Rojas, por conducto de apoderado, el 12 de abril de 2021 instauró acción de tutela contra la Tribunal Administrativo de Boyacá y el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital, los cuales consideró vulnerados con la expedición de las sentencias de 24 de abril de 2018 y 10 de septiembre de 2020, respectivamente, expedidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado No. 15001-23-33-000-2015-00363-01, interpuesto por la señora Claudia Patricia Espitia Amaya contra el departamento de Boyacá - Secretaría de Hacienda, Fondo Pensional Territorial de Boyacá y la accionante.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

En el escrito de tutela se indicó que la señora María Luz Cruz se casó con Luis Alfredo Rojas Mejía, pero el 15 de julio de 2008 decidieron disolver y liquidar la sociedad conyugal, mediante escritura pública No. 1671 de la Notaría Segunda de Duitama (Boyacá).

Precisó que el señor Luis Alfredo Rojas Mejía tuvo una relación con la señora Claudia Patricia Espitia Amaya desde 1990, con quien convivió durante 21 años aproximadamente.

Informó que el 2 de julio de 2013, falleció el señor Rojas Mejía, por lo que la señora Claudia Patricia Espitia Amaya, junto con su hija Chelsea Nataly, solicitaron al departamento de Boyacá - Secretaría de Hacienda, Fondo Pensional Territorial de Boyacá, el reconocimiento de la sustitución pensional, sin embargo, mediante Resolución 0364 de 25 de noviembre de 2013, se negó parcialmente la solicitud, en el sentido de solo concedérsela a la hija del causante en un 50%, por tener para esa fecha 21 años de edad y ser estudiante de medicina.

La negativa frente a la señora Claudia Patricia Espitia Amaya se fundó en que existía otra reclamación de esta prestación, esto es, por parte de la señora María Luz Cruz de Rojas, por lo cual, se debía esperar a que la justicia ordinaria decidiera a quién le correspondía. Decisión que fue confirmada a través de la Resolución 0215 de 10 de julio de 2014.

Como consecuencia de lo anterior, la señora Claudia Patricia Espitia Amaya, interpuso demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra el departamento de Boyacá - Secretaría de Hacienda, Fondo Pensional Territorial de Boyacá, y la señora María Luz Cruz de Rojas, con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones en cita y, a modo de restablecimiento, entre otros, solicitó que se le reconociera la sustitución de la pensión del señor Luis Alfredo Rojas Mejía.

El asunto en cuestión le correspondió al Tribunal Administrativo de Boyacá, el cual, mediante fallo de 24 de abril de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que no le asistía derecho a la señora María Luz Cruz de Rojas, de una cuota parte de la sustitución de la pensión del señor Rojas Mejía pues no existió convivencia entre ellos durante los últimos 5 años de vida del causante, ni apoyo mutuo y comprensión, tal como lo exige la norma para que la cónyuge supérstite pueda tener ese derecho.

Por el contrario, el proveído en mención resaltó que sí fue posible acreditar la relación de pareja entre el señor Luis Alfredo Rojas Mejía y la señora Claudia Patricia Espitia Amaya, con vocación de permanencia y socorro mutuo, ya que establecieron una vida en común desde el año 1990 hasta la fecha del fallecimiento del pensionado, es decir, por más de 23 años, presupuestos que conllevaron a que se declarara la nulidad parcial de los actos censurados, en lo referente a la negativa del reconocimiento del 50% de la sustitución pensional a favor de la actora de esa demanda contenciosa.

Inconforme con la anterior decisión, la señora María Luz Cruz de Rojas interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”, el cual, mediante providencia de 10 de septiembre de 2020, confirmó lo dispuesto por el a quo. Sentencia que fue objeto de adición el 29 de abril de 2021.

1.3. Fundamentos de la solicitud

La accionante considera que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, así:

Sustantivo: al darle un alcance equivocado al artículo 13 de la Ley 797 de 2003, y exigirle a la señora María Luz Cruz haber convivido con el señor Rojas Mejía durante los últimos 5 años previos a su fallecimiento, cuando dicha ley no hace esa exigencia para quienes en vida crearon un vínculo legal por medio de la figura del matrimonio.

Asimismo, que se desatendió lo dispuesto en el artículo 176 del Código Civil, al señalar que “se infiere que la señora María Luz Cruz de Rojas no tiene derecho al reconocimiento de la sustitución de la pensión del señor Luis Alfredo Rojas Mejía (q.e.p.d.), por cuanto los efectos patrimoniales cesaron una vez se liquidó la sociedad conyugal, configurándose así una causal suficiente para perder dicho derecho”, comoquiera que el hecho de haber disuelto y liquidado la sociedad conyugal de mutuo acuerdo, a su juicio, no impedía el reconocimiento del derecho a ser beneficiaría de la sustitución pensional.

Fáctico: por indebida valoración del acervo probatorio, puesto que se acreditó que el señor Luis Alfredo Rojas Mejía, mantuvo el apoyo y socorro con a la señora María Luz Cruz de Rojas, como se colige de los testimonios de las señoras Libis del Carmen Montoya Abril (min. 2:22:13 - CD f. 427 vto.), y de la señora Rosa Cristina Ávila Guevara (min. 01:53:00 - CD f. 427 vto.), además, de la declaración libre y consciente de Luis Alfredo Rojas Mejía en donde expresó su voluntad de dejarle su pensión a la señora María Luz Cruz de Rojas.

Desconocimiento del precedente: por desatender lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL359-2021, SL42631-2012, SL7299-2015, SL16419-2017, SL6519-2017, SL2335-2019, SL3505-2018, SL3405-2018, SL14498-2017, SL 41637- 2012, SL1399- 2018, SL 5046-2018, SL2010-2019, SL2232- 2019, SL4047-2019 y la Corte Constitucional en los fallos T 278 de 2013 y T 128 de 2016, donde se establece que, en casos en los cuales exista solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes entre la cónyuge supérstite y la compañera permanente, la cónyuge supérstite debe acreditar 5 años de convivencia con el titular de la pensión en cualquier momento antes de su muerte y estar el vínculo conyugal vigente, como ocurre en el presente caso, y no únicamente demostrar la convivencia dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la muerte del titular de la pensión, como lo exigieron las autoridades demandadas.

También precisó que los efectos de la liquidación de la sociedad conyugal tienen un alcance solo frente al régimen económico del matrimonio respecto del patrimonio y los bienes, y por ello no se debe sujetar la pensión de sobrevivientes a la existencia legal de la extinta sociedad, pues el derecho a la sustitución pensional existe para la cónyuge supérstite, siempre que el vínculo matrimonial esté vigente, como sucedió en este asunto, pues indicaron que está probado que la señora María Luz Cruz de Rojas y el fallecido esposo mediante la escritura pública 1671 del 15 de julio de 2008 de la Notaría Segunda de Duitama, no disolvieron el vínculo matrimonial, pues este siempre se conservó, comoquiera que nunca se divorciaron.

Violación directa de la Constitución: por la vulneración del artículo 42 de la Constitución Política que señala que el vínculo matrimonial existe mientras no se divorcie la pareja que se hubiere casado.

1.4. Petición de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
“1. Que se amparen los derechos fundamentales de la señora María Luz Cruz de Rojas a la seguridad social, mínimo vital, debido proceso.

2. Que como consecuencia de lo anterior se proceda a revocar las sentencias de primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso radicado bajo el número 15001-23-33-000-2015-00363-00 y la sentencia de segunda instancia radicado en el Honorable Consejo de Estado, bajo el número 15001-23-33-000-2015-00363-01 (3894-2018), emitida por de la Sección Segunda, Subsección A.

3. Como consecuencia de lo anterior, se dicte sentencia de remplazo y se ordene al Fondo Pensional Territorial de Boyacá – Secretaría de Hacienda – Gobernación de Boyacá el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en el porcentaje que corresponda conforme los más de 24 años que convivio mi representada María Luz Cruz de Rojas con el señor Luis Alfredo Rojas Mejía (QPD), o el reconocimiento de la misma en un 50% conforme el principio de equidad.

4. Como consecuencia de lo anterior, se ordene el pago y consignación de las mesadas pensionales correspondientes de manera retroactiva a partir del día 2 de julio de 2013, fecha en que falleció el señor Rojas Mejía, junto con su respectiva indexación e intereses.”
1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 16 de bril de 2021, el magistrado ponente de la primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la tutelante, y como autoridades accionadas al Tribunal Administrativo de Boyacá y al Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”. Asimismo, como terceros con interés en las resultas del proceso, a la señora Claudia Patricia Espitia Amaya, al departamento de Boyacá - Secretaría de Hacienda y al Fondo Pensional Territorial de Boyacá.

Finalmente, dispuso que, a través de la oficina de sistemas de la Corporación, se publicara en la página web del Consejo de Estado la información correspondiente a la acción de la referencia.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”, el magistrado ponente de la providencia de segunda instancia controvertida señaló que, en aquella se realizó un debido análisis del marco normativo que regula la sustitución pensional, esto es, el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, razón por la cual se estudiaron los requisitos para ser beneficiario de esta prestación, encontrando que la convivencia y el apoyo mutuo no logró demostrarse por la ahora tutelante.

Agregó que en la sentencia sí se valoraron los testimonios que se adujeron como desconocidos y, contrario a lo dicho por la accionante, estos permitieron deducir la falta de convivencia y apoyo mutuo entre la señora María Luz Cruz de Rojas y el causante, lo cual originó que se negaran las pretensiones invocadas; por lo anterior, indicó que su decisión se basó atendiendo a las reglas de la sana crítica.

También adujo que los defectos alegados no se configuran, por ello concluyó que con la solicitud de amparo se pretende una tercera instancia para reabrir el debate probatorio sobre un asunto, ya definido por el juez natural de la causa.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Boyacá, a través del funcionario instructor de la decisión controvertida en primer grado, manifestó que efectuó un detallado estudio de los hechos y el material probatorio aportado al expediente, donde se implementó la normatividad y el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado.

Precisó que la parte actora pretende convertir el amparo constitucional en una instancia adicional, pues los argumentos de la acción son exactamente los mismos que expuso en el escrito de contestación de la demanda ordinaria, los cuales fueron analizados por el tribunal de forma expresa, amplia y sustentada. Además, advirtió que en el caso sub examine, no se prueba la existencia de un perjuicio irremediable y no le es dable al juez suponerlo.

Indicó que se atendió la normativa y jurisprudencia, para lo cual, precisó que la Ley 797 de 2003, modificatoria del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su artículo 13, dispuso la inclusión de los casos en que se presenta simultaneidad de personas con derecho al beneficio pensional, destacando que en el último inciso del literal b) del artículo referido, se presentan dos eventos: i) el primero respecto a la convivencia simultánea entre el cónyuge y la compañera o compañero permanente en los últimos cinco (5) años de vida del causante; y ii) el segundo, relacionado con aquellas situaciones en las cuales el causante se separó de hecho de su cónyuge sin liquidar la sociedad conyugal y conformó una unión marital de hecho, vigente durante los cinco (5) años anteriores a la muerte del pensionado, es decir, que en el caso concreto no era predicable para la convivencia simultánea.

Señaló que el Consejo de Estado, en sentencia de 15 de septiembre de 2016, Rad. Interno No. 1076-15, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, precisó que el derecho de la cónyuge supérstite a una cuota parte de la pensión de sobrevivientes, se pierde cuando hubo liquidación de la sociedad conyugal tal y como ocurrió en el asunto de la referencia, pues se acreditó que la señora María Luz Cruz de Rojas y el señor Luis Alfredo Rojas Mejía , liquidaron y disolvieron la sociedad conyugal el 15 de julio de 2008, además, este conformó una unión marital de hecho a partir del 10 de mayo de 1990 con la señora Claudia Patricia Espitia Amaya, y posteriormente, una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes desde el 16 de julio de 2009 (Escritura Pública No. 4.650 de 27 de diciembre de 2012), por lo que concluyó la Sala que la aquí accionante no tenía derecho al reconocimiento de la sustitución de la pensión de sobreviviente, por cuanto, reiteró, los efectos patrimoniales cesaron una vez se liquidó la sociedad conyugal.

1.6.3. Gobernación de Boyacá

Este ente territorial afirmó que el proceso que dio origen a esta acción constitucional se desarrolló con el respeto al debido proceso y las garantías de la accionante, con una valoración en conjunto de las pruebas; además, expuso que la jurisprudencia aplicable no es pacífica respecto de los requisitos para ser beneficiaria de la sustitución pensional en los casos de separación de hecho y liquidación de la sociedad conyugal.

Finalizó, en el sentido de advertir que la jurisprudencia relacionada por el apoderado de la accionante no excluye la obligación de ayuda y socorro mutuo entre los cónyuges, siendo este el hecho que no fue probado por la accionante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.6.4. Claudia Patricia Espitia Amaya

Indicó que su intervención en el presente trámite constitucional reside en reclamar el respeto a la cosa juzgada y a la autonomía del juez natural, así como velar por el principio de confianza legítima y la exclusión de la acción constitucional de tutela como un mecanismo para rescatar los debates ya decididos en las instancias. Por lo anterior, manifestó que coadyubaba la intervención del Tribunal Administrativo de Boyacá.

Señaló que toda la actuación, tanto en primera como en segunda instancia, dentro del proceso que es objeto de censura constitucional, se surtió con el cumplimiento pleno de las garantías procesales de las partes. En este sentido, arguyó que resulta inaceptable que la señora María Luz Cruz pretenda invocar el derecho al mínimo vital, cuando en el momento de fallecimiento de Luis Alfredo Rojas Mejía registraba en su patrimonio, según documento anexo, que posee varios bienes, entre ellos, dos asignaciones pensionales, una de nivel departamental y otra nacional y dos inmuebles de la ciudad de Duitama.

1.6.5. El Fondo Pensional Territorial de Boyacá, pese a que fue debidamente notificado, no rindió informe.

1.7. Fallo impugnado

La Subsección “A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en fallo de 4 de junio de 2021, declaró la improcedencia de la acción constitucional por falta de relevancia constitucional, tras considerar que la accionante acude a la solicitud de tutela con el propósito de reabrir y continuar el debate del proceso ordinario en el que fue dictado el fallo enjuiciado y, a partir de este, obtener el reconocimiento como beneficiaria de la sustitución de pensión de sobreviviente del señor Rojas Mejía, cuando lo cierto es que el mecanismo judicial de protección de derechos fundamentales no comporta una tercera instancia.

Al respecto, precisó que la parte demandante busca un nuevo análisis de los aspectos definidos por el juez natural de la causa, pues en el presente asunto planteó los mismos argumentos que expuso en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación formulado contra el fallo de 24 de abril de 2018.

Ahora, si bien el a quo constitucional declaró la improcedencia de la acción, procedió a realizar un análisis de fondo del asunto y concluyó que “la decisión cuestionada en esta sede encuentra claro sustento en el principio de libre valoración judicial y, antes de configurar una actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de una interpretación razonable del material probatorio aportado al proceso, a su vez, confrontado con las preceptivas legales que lo delimitan y que resultaban aplicables al caso”.

Agregó, que esta Corporación en diferentes fallos ha señalado que, en caso de controversia entre el cónyuge y el compañero(a) permanente, frente a la sustitución de pensión, se debe determinar: (i) si hubo una vida marital y perduró durante los 5 años anteriores al fallecimiento del pensionado, (ii) si existe sociedad conyugal y si está o no disuelta, (iii) si hubo o no separación de hecho, (iv) el tiempo de convivencia y (v) si esta fue simultánea o sucesiva durante los 5 años anteriores a la muerte; puntos que fueron analizados por la autoridad judicial accionada, lo cual se vislumbra en la lectura del fallo acusado.

Luego, citó la sentencia C-336 de 2014, que declara la exequibilidad del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y precisó:

“15.11.- Conforme a la jurisprudencia referenciada, se observa que para efectos del otorgamiento de la sustitución pensional a favor de la compañera permanente debe demostrarse de forma inequívoca el requisito de temporalidad de la convivencia, esto es, 5 años anteriores al deceso del causante, lo cual no se predica de la cónyuge supérstite quien solo será beneficiaria si no se ha liquidado la sociedad conyugal, y se encuentra separada de hecho, sin que ello implique discriminación o vulneración del principio de igualdad respecto de quien hizo vida marital de hecho con el pensionado.

15.12.- No obstante, en el presente caso, el señor Luis Alfredo y la señora la señora María Luz disolvieron y liquidaron de la sociedad conyugal a través de la Escritura Pública 1671 de 15 de julio de 2008, en la Notaría Segunda de Duitama, por lo que los haberes del matrimonio no siguieron produciendo efectos jurídicos desde aquella época; además, el señor Luis Alfredo posteriormente constituyó una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes desde el 16 de julio de 2009 y unión marital de hecho con la señora Claudia Patricia Espitia Amaya (Escritura Pública No. 4.650 de 27 de diciembre de 2012), con lo cual se puede afirmar, tal como lo indicó la autoridad judicial accionada, que la accionante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por cuanto los efectos patrimoniales cesaron una vez se liquidó la sociedad conyugal.

16.-En ese contexto, se advierte que el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A no incurrió en ningún desacierto interpretativo, al estudiar la tesis de la demanda y acceder las pretensiones en favor de la señora Claudia Patricia.”.

1.8. Impugnación

Mediante escrito enviado el 15 de junio de 2021, la parte actora impugnó la sentencia de primera instancia, con sustento en lo siguiente:

Adujo que sí se cumplió con el requisito de relevancia constitucional, pues se evidencia la configuración de los defectos invocados en la petición de tutela, lo cual quebranta sus derechos fundamentales. Asimismo, reiteró los argumentos del escrito inicial.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de 4 de junio de 2021, proferida por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión de primera instancia de 4 de junio de 2021 de la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) las generalidades de los defectos alegados y; (iv) el caso en concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Lo primero que resulta necesario precisar es que el a quo, pese a resolver los cargos, declaró la improcedencia de la accion de tutela de la referencia, al considerar que no superó el requisito de relevancia constitucional, pues lo pretendido por la parte actora es acudir a esta instancia con el propósito de obtener un nuevo pronunciamiento sobre un asunto que fue definido por el juez de la especialidad dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento, en donde actuó en el extremo pasivo de la controversia.

Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto sí es relevante constitucionalmente pues, conforme con los argumentos esgrimidos en el escrito de tutela, se trata de la presunta lesión de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social y mínimo vital, ante la posible configuración de los defectos sustantivo, fáctico, violacion directa de la Constitución y el desconocimiento del precedente.

En tales condiciones, se observa que existen suficientes motivos para resolver de fondo los reparos expuestos por el tutelante ante la notoria tensión entre los derechos fundamentales invocados y la decisión judicial objeto de reproche, por lo que la Sala superará esta causal, por la cual en primera instancia se declaró improcedente de la solicitud de tutela, y pasará a verificar si se cumplen los demás presupuestos generales de procedibilidad.

2.4.2. Respecto de la subsidiariedad, se tiene que la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarle a sus derechos fundamentales. Esto, toda vez que contra la providencia proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado no procede ningún recurso, y que los cargos alegados no se encuadran en las causales de procedencia de los recursos extraordinarios de revisión, ni de unificación de jurisprudencia.

2.4.3. De igual manera, en el presente asunto se cumple el requisito de inmediatez pues la decisión en cuestión se profirió el 10 de septiembre de 2020, fue notificada por mensaje de datos enviado el 30 de octubre siguiente y quedó ejecutoriada el 17 del junio de 2021, mientras que la acción de tutela se radicó el 12 de abril de 2021, es decir, dentro de los seis meses que esta Sección considera como plazo prudencial para acudir a esta instancia constitucional.

2.4.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la señora Claudia Patricia Espitia Amaya contra el departamento de Boyacá - Secretaría de Hacienda, Fondo Pensional Territorial de Boyacá, y la señora María Luz Cruz de Rojas con radicado No. 15001-23-33-000-2015-00363-01.

Por todo lo anterior, la Sala revocará la declaratoria de improcedencia del a quo constitucional, y procederá a realizar el análisis de fondo los defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente, al encontrar acreditados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.5. De las generalidades de los defectos alegados

En el sub examine, la tutelante censura la sentencia de 10 de septiembre de 2020 proferida por al Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia y se declaró la nulidad parcial de las Resoluciones 0364 de 25 de noviembre de 2013 y 0215 de 10 de julio de 2014, comoquiera que, en su sentir, se incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente, cuyas generalidades se indican a continuación.

2.5.1. Frente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional, ha explicado que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.

Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.

No se hace una interpretación razonable de la norma.

La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.

El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.

La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma .

Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.

2.5.2. Respecto al defecto fáctico, esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015 precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de éste en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión así:

i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento
Características

Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.

De esta manera, se requiere que:

Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea.
Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.

Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes

Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.

Así las cosas, se configura siempre :

Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso
Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.

Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
requiere entonces que:
La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
La razón del porqué, en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.

El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.
Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde señalar:
Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al artículo 29 constitucional.
Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la decisión.

Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.

Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele ocurrir, pues es desacertado.

2.5.3. Respecto al defecto de violación directa a la Constitución, la Corte Constitucional ha señalado que este defecto se configura cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la Constitución en los dos casos que se señalan a continuación.
El primero, tiene lugar cuando el juez “deja de aplicar una disposición fundamental a un caso concreto”. En este caso, procede la tutela contra providencia judicial por el defecto referido cuando: (i) el juez no interpreta y aplica una disposición legal orientado por el precedente constitucional; (ii) la controversia versa sobre un derecho de aplicación inmediata; y (iii) cuando en la providencia se vulnera un derecho fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación conforme a la Constitución.
El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando el juez “aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución”, y se fundamenta en el artículo 4 de la Constitución Política que establece que la Carta es norma de normas y, por tanto, en todo caso que el juez deduzca que una norma es incompatible con la Constitución, es deber del mismo “aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad”.

2.5.4. Por último, en cuanto al desconocimiento del precedente, esta Sección precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta Corte como órgano de cierre en determinada materia para solucionar un conflicto jurídico en particular, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.

Sin embargo, resulta necesario advertir que «…debe aceptarse que no todas las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una actividad creadora del juez.»”

2.6. Caso concreto

Como viene de explicarse, la señora María Luz Cruz de Rojas controvierte la sentencia de 10 de septiembre de 2020, proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado No. 15001-23-33-000-2015-00363-01, interpuesto por la señora Claudia Patricia Espitia Amaya contra el departamento de Boyacá - Secretaría de Hacienda, Fondo Pensional Territorial de Boyacá y María Luz Cruz de Rojas

2.6.1. Ahora bien, en el presente asunto la tutelante adujó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social y mínimo vital, al incurrir en los defectos fáctico, sustantivo, violación directa de la Constitución y por desconocimiento de precedente.

La Sala pone de presente que para resolver los reproches planteados se hará el análisis en forma conjunta de los defectos alegados, por estar estrechamente relacionados con el presupuesto de que, si en los casos de sustitución pensional, se debe acreditar, como requisito, la convivencia durante los últimos 5 años de vida del causante.

En efecto, en este caso la demandante considera que no es necesario probar la convivencia con el causante que devengaba la pensión durante los últimos cinco (5) años con el fin de acceder a la sustitución de dicha prestación, toda vez que, a su juicio, ese tiempo se puede acreditar en cualquier momento. En este orden de ideas manifestó que ir en contravía de este presupuesto implicaría una indebida interpretación del artículo 13 de la ley 797 de 2003, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional, y del artículo 42 de la Carta Magna. Sumado a que, se pudo establecer el socorro y ayuda mutua entre la accionante y el occiso, según los testimonios de Libis del Carmen Montoya Abril (min. 2:22:13 - CD f. 427 vto.), y de la señora Rosa Cristina Ávila Guevara (min. 01:53:00 - CD f. 427 vto.).

Aclarado lo anterior, se analizarán los argumentos expuestos en la providencia controvertida. En primer lugar, se tiene que la autoridad accionada implementó el marco normativo y antecedente pertinente, ya que, además de citar lo dispuesto por la Sala de decisión en oportunidad anterior, hizo alusión al artículo 48 de la Constitución Política que se refiere a la seguridad social, a los artículos 46 y 47 de la ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la ley 797 de 2003.

Ahora, a esta Sala le resulta pertinente aclarar lo que el máximo órgano constitucional consideró en la sentencia C-1094 de 2003 cuando declaró exequible los literales a y b del artículo 13 de la ley 797 de 2003:

“Los literales a) y b) del artículo 13 en referencia consagran las condiciones para que el cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite sea beneficiario de la pensión de sobrevivientes. De ellas, los accionantes impugnan tres aspectos en particular: i) el requisito de convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos con anterioridad a su muerte; ii) el reconocimiento en forma vitalicia o en forma temporal del derecho a la pensión de sobrevivientes, en consideración a la edad del cónyuge o compañero supérstite; y iii) el reconocimiento en forma vitalicia o en forma temporal del derecho a la pensión de sobrevivientes, en consideración al hecho de haber tenido hijos o no con el causante.

En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la norma persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del sistema. En primer lugar, el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija para el caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de disposiciones lo que se pretende es evitar las convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes.

Además, según el desarrollo de la institución dado por el Congreso de la República, la pensión de sobrevivientes es asignada, en las condiciones que fija la ley, a diferentes beneficiarios (hijos, padres y hermanos inválidos). Por ello, al establecer este tipo de exigencias frente a la duración de la convivencia, la norma protege a otros posibles beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual está circunscrito dentro del ámbito de competencia del legislador al regular el derecho a la seguridad social.

El hecho de establecer algunos requisitos de carácter cronológico o temporal para que el cónyuge o compañera o compañero permanente supérstite sea beneficiario de la pensión, no significa que el legislador haya desconocido o modificado la legislación civil sobre derechos y deberes de los cónyuges emitida en desarrollo del artículo 42 de la Constitución, pues la seguridad social representa un área autónoma frente al ordenamiento civil (CP, arts. 42 y 48)”. (Negritas de la Sala).

Con fundamento en tales consideraciones, la Corte en el numeral cuarto de la parte resolutiva decidió, en desarrollo, entre otros aspectos, del artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, que se alude desconocido por la accionante, “Declarar exequibles, por los cargos analizados en esta Sentencia, las expresiones “tenga 30 o más años de edad” y “no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”, contenidas en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003”.

De manera que no es cierto, como señala el apoderado de la demandante, que el término mínimo de cinco años de convivencia se puede acreditar en cualquier momento, ya que, la norma es clara en el sentido de que este plazo debe ser continuo y con anterioridad a la muerte del causante de la prestación.

Aclarado lo anterior, se analizarán los argumentos expuestos en la providencia controvertida, por medio de la cual se le negó el reconocimiento de la sustitución pensional del señor Luis Alfredo Rojas Mejía a la señora María Luz Cruz de Rojas, y sí concedió a favor de la señora Claudia Patricia Espitia Amaya. En efecto se dijo:

“Pues bien, del acervo probatorio allegado al proceso, la Sala denota que al momento del fallecimiento del señor Luis Alfredo Rojas Mejía, esto es, al 03 de julio de 2013, la sociedad conyugal con la señora María Luz Cruz de Rojas se encontraba disuelta y liquidada. Acto que se llevó a cabo mediante Escritura Pública 1671 de 15 de julio de 2008, en la Notaría Segunda de Duitama.

Además, se advierte que el causante, por medio de la Escritura Pública 4650 de 27 de diciembre de 2012, conformó una unión marital de hecho y una sociedad patrimonial con su compañera permanente la señora Claudia Patricia Espitia Amaya.

Así las cosas, se infiere que la señora María Luz Cruz de Rojas no tiene derecho al reconocimiento de la sustitución de la pensión del señor Luis Alfredo Rojas Mejía (q.e.p.d.), por cuanto los efectos patrimoniales cesaron una vez se liquidó la sociedad conyugal, configurándose así una causal suficiente para perder dicho derecho.

Sumado a ello, en armonía con las declaraciones rendidas por las señoras Libis del Carmen Montoya Abril y Rosa Cristina Ávila Guevara, citadas en párrafos precedentes, no puede concluirse que en efecto la señora María Luz Cruz de Rojas convivió con el causante sus últimos 5 años de vida y que se hubiera demostrado el apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la comprensión y la vida en común durante ese tiempo, por tanto, no existe prueba de una convivencia simultánea que le permita a la señora María Luz Cruz de Rojas el reconocimiento de la sustitución pensional, por lo menos en una cuota parte.

Ahora, no puede deducirse que las visitas del causante a la casa de la señora María Luz Cruz de Rojas, indica que se haya tratado de una relación de convivencia, caracterizada por la clara e inequívoca vocación de estabilidad y permanencia.

En ese orden de ideas, la señora María Luz Cruz de Rojas no tiene derecho a la sustitución de la pensión del señor Luis Alfredo Rojas Mejía (q.e.p.d.), comoquiera que no cumple los requisitos previstos en la Ley 797 de 2003.

Ahora, en cuanto a la valoración probatoria expuesta en el proveído en cuestión, se destaca lo siguiente:

“3.5. Caso concreto.

En el proceso se encuentra debidamente probado lo siguiente:

(…)

• La señora María Luz Cruz de Rojas y el causante mediante Escritura Pública 1671 de 15 de julio de 2008, suscrita en la Notaría Segunda de Duitama, disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal.

• La señora Claudia Patricia Espitia Amaya y el señor Luis Alfredo Rojas Mejía (q.e.p.d.) a través de Escritura Pública 4650 de 27 de diciembre de 2012, suscrita ante la Notaría Segunda de Duitama, constituyeron unión marital de hecho por convivencia libre y espontánea bajo un mismo techo desde el 10 de mayo de 199025. Unión de la cual procrearon una hija de nombre Chelsea Nataly Rojas Espitia, actualmente mayor de edad.

• El señor Luis Alfredo Rojas Mejía fue atendido en diferentes entidades de salud, a saber, Clínica Boyacá (Duitama), Clínica Medilaser S.A. (Tunja), Clínica Santa Teresa (Tunja) y el Hospital de San José (Bogotá), toda vez que presentaba una patología de hidrocefalia, hipertensión arterial y gastritis crónica, tal como se desprende de la copia de la Historia Clínica aportada al plenario con fecha a partir del año 2007, en la cual se observa que a la mayoría de las citas médicas y hospitalizaciones, como acompañante del causante asistía la señora Claudia Patricia Espitia Amaya o su hija Chelsea Nataly Rojas Espitia.

• El causante siempre registró como dirección de residencia la manzana c, casa 14 - Barrio Cerro Pino de Duitama, la cual compartía con la actora y quedó registrada en la Escritura Pública de constitución de la unión marital de hecho28. - El causante cotizaba al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de la E.P.S. FAMISANAR LTDA., incluyendo como beneficiarias a la señora Claudia Patricia Espitia Amaya y a su hija Chelsea Nataly Rojas Espitia.

(…)

• Testimonio de la señora Rosa Cristina Ávila Guevara (min. 01:53:00 - CD f. 427 vto.), quien señaló conocer desde el año 1976 a la señora Cruz de Rojas, al igual que a su esposo Luis Alfredo, quienes fueron compañeros de trabajo desde cuando inició como docente. Se resalta del testimonio lo siguiente:

«[...] PREGUNTADO: ¿Llegó usted a tener conocimiento de que el señor LuisAlfredo, en algún momento de su vida, se hubiese separado, se hubiese divorciado y hubiese conformado un nuevo núcleo familiar? CONTESTÓ: Sí tuve conocimiento [...] más o menos en el año 90-91, de que él se había retirado de Luz Mila [...] había compuesto otro núcleo familiar [...] sé que en ese momento la niña con la que estaba (Claudia Espitia) era una persona que trabajaba con él en la oficina, pero no más [...] yo frecuentaba mucho la familia de ellos, como compañeros, como amigos y sí realmente supe que se había ido, pues que estaba conviviendo con otra persona, pero también lo veía permanentemente en la casa, cuando iba de visita. [...]. PREGUNTADO APODERADA DE MARÍA LUZ CRUZ DE ROJAS: ¿Indíquele al despacho si los vínculos de apoyo mutuo y solidaridad existentes entre María Luz Cruz y el señor Luis Alfredo Rojas fueron permanentes o se interrumpieron por alguna causa? CONTESTÓ: Pues la verdad considero que fueron permanentes los vínculos de apoyo, cuando yo iba allá hasta la casa, hablábamos con ella, siempre encontrábamos a Luis Alfredo, me lo encontraba permanentemente allá. PREGUNTADO APODERADA DE MARÍA LUZ CRUZ DE ROJAS: ¿indíquele al Despacho si el señor Luis Alfredo Rojas habitaba permanentemente la vivienda ubicada en la Carrera 15 No. 19-60 del Barrio Solano del Municipio de Duitama, donde residía la señora María Luz Cruz de Rojas? CONTESTÓ: Bueno la verdad es que no puede uno dar una afirmación de esa naturaleza, sencillamente silo veía allá cuando iba a visitar a Luz Mila o nos saludábamos [...] pero el resto no puedo dar constancia si se quedaban o vivían ahí. PREGUNTADO APODERADA DE MARÍA LUZ CRUZ DE ROJAS: ¿Manifiéstele al Despacho si tiene conocimiento quién atendió al señor Luis Alfredo Rojas en la enfermedad que padeció antes de su deceso en el año 2013? CONTESTÓ: Pues ahí no sabría dar respuesta exacta porque la cuestión de mi trabajo, sí íbamos a visitarlos, sabía que él estaba enfermo [...] PREGUNTADO APODERADA DE MARÍA LUZ CRUZ DE ROJAS: Usted manifiesta que lo vio permanentemente en la residencia de la señora María Luz Cruz, ¿qué actividades lo veía desarrollando en la residencia de la señora María Luz Cruz? CONTESTÓ: Pues él llegaba ahí, qué le digo, generalmente lo veía, llegaba, nos invitaba a tomar algunas onces, él tenía su propia llave de entrada, de ingreso a la casa, a veces le llegaba y le decía “están pagos los recibos de la luz, del agua", eso es lo que puedo decir. [...] PREGUNTADO APODERADA PARTE DEMANDANTE: ¿Manifieste al Despacho en qué épocas o con qué constancia usted visitaba la casa de la señora María Luz Cruz de Rojas? CONTESTÓ: Permanentemente, quiere decir en la semana a veces 2-3 días, esa era la visita para tomarnos un tinto, para compartir cuestiones del trabajo [...] generalmente en la tarde, a veces en la mañana [...]».

• Testimonio de la señora Libis del Carmen Montoya Abril (min. 2:22:13 - CD f. 427 vto.), quien indicó no tener parentesco con las partes, solo una amistad con la profesora [María Luz], esposa del profesor Luis Alfredo (q.e.p.d.), con quienes compartió por más de 20 años de trabajo. Se resalta del testimonio lo siguiente:
«[...] PREGUNTADO APODERADA DE MARÍA LUZ CRUZ DE ROJAS: ¿Indíquele al Despacho si los vínculos de apoyo mutuo y solidaridad existentes entre María Luz Cruz y el señor Luis Alfredo Rojas fueron permanentes o se interrumpieron por alguna causa? CONTESTÓ: Que yo sepa, pues, hasta donde yo me daba cuenta por la amistad que teníamos, él siempre mantuvo pues, cercano a su familia, estuvo muy pendiente de su familia, de sus hijos y que yo sepa que haya habido una ruptura así como tan fuerte, pues no la veía, porque yo a él lo veía frecuentar mucho a la familia, en varias ocasiones que yo fui a visitarla, él llegaba, inclusive él tenía llave de la casa, él llegaba, él colaboraba con la cuestión del mercado, creo que compartían el pago de la empleada, eso me daba cuenta. PREGUNTADO APODERADA DE MARÍA LUZ CRUZ DE ROJAS: ¿Manifiéstele al Despacho si el señor Luis Alfredo Rojas habitaba permanentemente e la vivienda ubicada en la Carrera 15 # 19-60 del Barrio Solano del municipio de Duitama, donde residía la señora María Luz Cruz de Rojas? CONTESTÓ: [...] permanentemente no sé, porque yo sí muchas veces lo veía llegar ahí y en muchas ocasiones compartí con ellos muchas cosas [...] a raíz después de la separación pues con Luis Alfredo nos alejamos un poquito pero sí yo veía cuando él iba porque nos invitaba, cualquier celebración que hacían, yo asistía en la familia [...] y así él estaba pendiente de muchas cosas, pero permanentemente que viviera ahí, no lo puedo asegurar, pero sí frecuentaba mucho a la familia, les colaboraba bastante [...] PREGUNTADO APODERADA DE MARÍA LUZ CRUZ DE ROJAS: ¿Manifiéstele al Despacho si tiene conocimiento quién atendió al señor Luis Alfredo Rojas en la enfermedad que padeció antes de su deceso en el año 2013? CONTESTÓ: ¿Quién lo cuidó exactamente?, no sé [...] PREGUNTADO APODERADA DE MARÍA LUZ CRUZ DE ROJAS: ¿Manifiéstele al Despacho si en los últimos años, antes del deceso del señor Luis Alfredo Rojas, él siguió contribuyendo al sostenimiento de la señora María Luz Cruz? CONTESTÓ: Pues como le comenté, de ella exactamente pues, no sé, de la familia sí continuó contribuyendo al sostenimiento [...] PREGUNTADO MINISTERIO PÚBLICO: ¿Usted sabe o le consta si la señora María Luz Cruz acompañaba a citas médicas al señor Luis Alfredo Rojas? CONTESTÓ: [...] citas médicas, pues no sé, pero ella sí al final cuando él ya estuvo muy enfermo, lo frecuentaba, cuando él ya estuvo acá en la Clínica, sé que estuvieron ahí ella y los hijos, pero a citas médicas, nunca pregunté, ni me consta tampoco. [...]»”
De los argumentos expuestos se colige que la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación hizo una valoración en conjunto de las pruebas que obraban en el proceso y pudo concluir, válidamente, que en el expediente no se encontraba plenamente acreditada la convivencia de la aquí demandante con el causante, durante los cinco años anteriores a su fallecimiento, según lo establece la normativa para el efecto, ello, de conformidad con las siguientes pruebas i) “la sociedad conyugal con la señora María Luz Cruz de Rojas se encontraba disuelta y liquidada. Acto que se llevó a cabo mediante Escritura Pública 1671 de 15 de julio de 2008, en la Notaría Segunda de Duitama”, ii) “por medio de la Escritura Pública 4650 de 27 de diciembre de 2012, conformó una unión marital de hecho y una sociedad patrimonial con su compañera permanente la señora Claudia Patricia Espitia Amaya”, y iii) los testimonios practicados.

Finalmente, resulta pertinente aclarar, en lo referente al cargo por desconocimiento del precedente que, como lo ha explicado esta Sección en numerosas oportunidades, el precedente es aquella regla creada por una Alta Corte como órgano de cierre en determinada materia para solucionar un conflicto jurídico en particular, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado, por lo cual, las providencias de tutela (T), o las de la Corte Suprema de Justicia, al no ser proferidas por la Sala Plena del máximo Tribunal Constitucional o Contencioso, o por una Sala de decisión al interior de esta jurisdicción, según los parámetros ya precisados, si bien pueden constituirse como un criterio auxiliar de interpretación, en estricto sentido no constituyen precedente.

Por todo lo anterior, esta Colegiatura considera que la autoridad demandada realizó un análisis normativo razonable y ponderado del régimen de sustitución pensional, y determinó con las pruebas aportadas al proceso, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y con fundamento en el principio de autonomía judicial, que no era procedente lo pretendido por la demandante, con fundamento en que no se acreditó la convivencia con el señor Luis Alfredo Rojas Mejía por el tiempo de cinco años continuos inmediatamente anteriores al fallecimiento de éste, de tal suerte que no logró demostrar los supuestos previstos por la norma aplicable para ser beneficiario de la referida prestación.

Así, pues, de lo expuesto por la autoridad judicial accionada, la Sala no encuentra que exista algún elemento que vulnere los derechos fundamentales cuya protección invocó la parte actora, toda vez que la decisión se ajustó integralmente a las normas legales vigentes que rigen el punto relacionado con la sustitución pensional e hizo una adecuada valoración e interpretación de las pruebas aportadas al proceso para arribar a la decisión que hoy es objeto de reproche.

En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción constitucional y en su lugar se negará la solicitud de tutela, pues no se encuentran vulnerados los derechos fundamentales invocados ni configurados los defectos alegados por la parte actora respecto de la sentencia de la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, que confirmó la dipsuesto en la primera instancia y accedió a la pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento que presentó la señora Claudia Patricia Espitia Amaya.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 4 de junio de 2021 proferida por la Subsección “A” de la Sección Tercera de esta Corporación que declaró la improcedencia de la acción constitucional de la referencia para, en su lugar, NEGAR la solicitud de amparo de los derechos deprecados, por las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficia con el número de radicación en HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081" http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
La decisión de segunda instancia se notificó electrónicamente el 30 de octubre de 2020.
En esta providencia se dispuso: PRIMERO: ADICIONAR la sentencia de 10 de septiembre de 2020 en el sentido de indicar que no tiene vocación de prosperidad el argumento manifestado por el Departamento de Boyacá en su escrito de apelación adhesiva presentado el 22 de junio de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. (…).
Consejo de Estado – Sección Segunda, sentencia de 28 de enero de 2021, exp. 25000-23-42-000-2012-01060-01(1277-19), sentencia de 9 de febrero de 2017, exp. 19001-23-33-000-2013-00030-01 y 19001-23-33-000-2013-00121-00, entre otras.
En igual se ha señalado en las sentencias de 4 de marzo de 2019, exp. 20001-23-31-000-2012-00268-01, sentencia de 20 de febrero de 2020, exp. 05001-23-33-000-2017-02535-01, sentencia de 15 de septiembre de 2016, exp. 25000-23-42-000-2013-04442-01, entre otras.
Radicado oportunamente, pues el fallo se notificó el día anterior, eso es, el 16 de junio de 2020.

Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
La sentencia controvertida fue objeto de adición el 29 de abril de 2021, providencia que se notificó el 11 de junio de 2021.
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
Corte Constitucional, Sentencia SU-198, 11.04.13, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01.
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 9 de noviembre de 2017. Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: (…)
“Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; (…)”.
Se advierte que, en un asunto de similares hechos y fundamentos, esta Colegiatura se pronunció en este sentido, particularmente en la sentencia que se identifica a continuación: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 11 de junio de 2021, expediente con radicado No. 11001-03-15-000-2021-00450-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Ver: CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia de tutela de 28 de marzo de 2019. Rad: 11001-03-15-000-2018-03525-01.

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