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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-01628-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
20 de agosto de 2021
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2021-01628-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

20 de agosto de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO – Debida aplicación de las normas pertinentes / RELIQUIDACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / INCLUSIÓN DE LA PRIMA DE ACTIVIDAD / VIGENCIA DE LA PRIMA DE ACTIVIDAD – Inaplicación

[L]a Sala advierte que el Tribunal accionado consideró que al actor no le asistía el derecho para el reconocimiento y pago del reajuste de la asignación de retiro, asociado a la reliquidación de la prima de actividad, conforme a lo establecido en el Decreto 4433 de 2004, porque dicha prestación se causó a partir del 6 de noviembre de 1997, época para la cual no se encontraba vigente la referida norma. (…) En efecto, advirtió que mediante Resolución núm. 3853 de 6 de noviembre de 1997, CASUR reconoció a favor del accionante la asignación de retiro, conforme a la normativa que le era aplicable para ese entonces, incluyendo el valor de la prima de actividad en el porcentaje equivalente al 25% de la asignación básica por haber prestado más de veinte años de servicio, factor que fue incrementado al 37.5% de conformidad con lo establecido en el Decreto 2863 de 2007. (…) Para la Sala el anterior pronunciamiento resulta acertado, en tanto que el Decreto 4433 de 2003 no se encontraba vigente al momento en que se efectuó el retiro del servicio del actor, esto es, el 12 de diciembre de 1997, motivo por el cual no era procedente aplicar retroactivamente los efectos del citado decreto. (…) Así las cosas, la Sala considera que fue precisamente en aplicación del principio de oscilación que se incrementó la prima de actividad del actor, motivo por el cual su asignación de retiro no se ha visto afectada por la pérdida del poder a de la moneda. (…) Lo anterior, permite a la Sala concluir que el Tribunal no incurrió en el defecto alegado comoquiera que profirió una decisión debidamente motivada, sustentada en una interpretación adecuada de las normas que regulan los regímenes especiales de la Fuerza Pública. (…) Lo anterior le permite a la Sala considerar que el desacuerdo del actor con la interpretación y consideraciones efectuadas por el Tribunal no comporta la violación de los derechos fundamentales que invoca, máxime cuando en la providencia censurada se explicaron las razones por las cuales no resultaba procedente aplicar de manera retroactiva las disposiciones establecidas en el Decreto núm. 4433 de 2004 a las asignaciones de retiro reconocidas con anterioridad a la entrada en vigencia de esa norma, razón por la cual debe denegarse el amparo respecto del defecto sustantivo invocado.

FUENTE FORMAL: DECRETO 4433 DE 2004. / DECRETO 2863 DE 2007.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Asuntos de tipo económico

Finalmente, en lo que tiene que ver con los cargos formulados contra la decisión de condena en costas, la Sala señala que, por regla general, la acción de tutela es improcedente en tanto se trata de un asunto meramente económico por lo cual no satisface el requisito de relevancia constitucional, sin que en el asunto bajo estudio exista una circunstancia excepcional que permita proferir una decisión de fondo al respecto.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D. C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01628-01(AC)

Actor: BERNARDO DE JESÚS CARDONA GARCÍA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la sentencia de 11 de junio de 2021, proferida por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO, mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.

ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor BERNARDO DE JESÚS CARDONA GARCÍA, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social consistente en “mantener la pensión su poder adquisitivo constante” y el principio de favorabilidad relacionado con la “irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normar laborales”, los cuales estima vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con ocasión de la sentencia de 5 de octubre de 2020, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 76001-33-33-004-2018-00005-01.

I.2.- Hechos

Afirmó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Policía Nacional – Caja de Sueldos de Retiro, con la finalidad de obtener la declaratoria de nulidad de los oficios núms. 11431/GAG-SDP de 5 de septiembre de 2008 y 11151/GAG-SDP de 31 de mayo de 2016, a través de los cuales se negó la reliquidación de la asignación de retiro con el incremento de la prima de actividad.

Indicó que a título del restablecimiento del derecho solicitó ordenar el reajuste de la asignación de retiro incrementando el porcentaje de la referida prima en un 8% desde el 1o. de enero de 2005 a 30 de junio de 2007, la reliquidación de la prestación a partir del 1o. de enero de 2005 en adelante y el pago del retroactivo debidamente indexado.

Manifestó que la anterior demanda fue identificada con el número único de radicación 76001-33-33-004-2018-00005-00 y conocida en primera instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cali, que, mediante sentencia de 29 de marzo de 2018, denegó las pretensiones.

Inconforme con lo anterior interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal mediante sentencia de 5 de octubre de 2020, confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de derecho

A juicio del actor, el Tribunal al confirmar la decisión de denegar las pretensiones de la demanda incurrió en desconocimiento del precedente judicial establecido en las sentencias de 9 de marzo de 1994, 9 de julio de 2009, 28 de enero de 2010, 15 de abril de 2010, 18 de abril de 2013 y 2 de mayo de 2013, proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, sobre la aplicación del principio de oscilación en asignaciones de retiro y pensiones.

Indicó que son más de 150 los pronunciamientos proferidos por la Sección Segunda de la Corporación sobre esa materia, pero que es antitécnico citarlos todos, razón por la que considera suficientes los relacionados para que el juez de tutela tenga “[…] claridad sobre la justicia de las pretensiones de la solicitud de amparo […]”.

Agregó que también se desconoció el precedente judicial establecido en la sentencia de 24 de enero de 2019, sobre condena en costas sin evidencia de su causación.

Manifestó que el Tribunal también incurrió en defecto sustantivo y violación directa de la Constitución, por no aplicar en debida forma los preceptos establecidos en los artículos: i) 15 del Decreto núm. 1212 de 8 de junio de 1991; 3º, numeral 3.13, de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004; 42 del Decreto núm. 4433 de 31 de diciembre de 2004, en materia de principio de oscilación; y, ii) 365 y 366, numerales 1 y 5, del Código General del Proceso, sobre condena en costas.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como violados y, en consecuencia, pidió dejar sin efecto la sentencia de 5 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 76001-33-33-000-2018-00005-01, en los siguientes términos:

“[…] Ruego de manera respetuosa a los señores Magistrados del Consejo de Estado, amparar los derechos fundamentales del actor violados con la decisión recurrida.

Como consecuencia de ello, dejar sin efectos la sentencia de octubre 5 de 2020 denunciada y, en su lugar, ordenarle al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictar otra sentencia, en la cual se disponga a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional dar aplicación al sistema o principio de oscilación del artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, incrementando la prima de actividad que hace parte de la asignación de retiro del actor en los mismos porcentajes en que se aumentó dicha prima al personal en servicio activo por mandato de los artículo 23 del Decreto 4433 de 2004 y artículo 4 del Decreto 2863 de 2007. Igual se solicita dejar sin efectos la condena en costas […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El Tribunal respondió que en ese despacho judicial cursó en segunda instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se controvierte, que culminó con sentencia confirmatoria de la denegación de las pretensiones de la demanda, pronunciamiento en el que se consignaron los argumentos para no acceder al incremento de la prima de actividad invocada, actuación que se llevó a cabo con las plenas garantías de los derechos del debido proceso y de defensa de las partes.

Concluyó que no comparte las apreciaciones realizadas por el accionante, respecto de quien considera pretende reabrir el debate judicial debidamente concluido.

I.6.- Interviniente

I.6.1.- CASUR, por intermedio de la Oficina Asesora Jurídica, respondió que no se debe acceder a la pretensión invocada por cuanto la decisión objeto de amparo fue proferida en estricto cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al caso concreto.

Agregó que la acción de tutela es improcedente conforme lo establecido en la sentencia de 8 de agosto de 2003, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación que, reiterando lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia, señaló que: “[…] No fue consagrada la tutela para la resolución de las controversias suscitadas por derechos de rango legal, como son eventuales reajustes a la mesada pensional por prima de actualización, pues tal garantía se encuentra prevista en las normas sustantivas de tal naturaleza. De tal manera que el mayor valor pretendido corresponde evidentemente a un derecho de naturaleza legal, por ende escapa a la competencia del Juez constitucional […]”.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 11 de junio de 2021, la Sección Tercera, Subsección “C”, declaró improcedente el amparo solicitado por considerar que, teniendo en cuenta el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial, al juez constitucional no le corresponde revisar ni evaluar la interpretación ni el alcance dado por el juez natural a los preceptos aplicados al resolver la controversia, pues este mecanismo no constituye una instancia adicional al proceso ordinario, máxime si se tiene en cuenta que la decisión controvertida no fue caprichosa ni arbitraria.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El apoderado del actor solicitó revocar la decisión proferida por la Sección Tercera, Subsección “C” y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la acción de tutela.

Sostuvo que el a quo no resolvió el asunto puesto a su consideración y optó por “[...] salir del paso sin tomar partido [...]”, pues no verificó el precedente jurisprudencial puesto a su consideración sobre el principio de oscilación, el cual también “[…] fue consignado en el proceso contencioso pasando desapercibido […]”.

Finalmente, señaló lo siguiente:

“[…] Ruego de manera respetuosa a los Consejeros de Estado, revocar el fallo de tutela proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, amparar los derechos fundamentales del actor violados con la decisión recurrida.

Como consecuencia de ello, dejar sin efectos la sentencia de octubre 5 de 2020 y, en su lugar, ordenarle al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictar otra sentencia, en la cual se disponga a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional dar aplicación al sistema o principio de oscilación del artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, incrementando la prima de actividad que hace parte de la asignación de retiro del actor en los mismos porcentajes en que se aumentó dicha prima al personal en servicio activo por mandato de los artículo 23 del Decreto 4433 de 2004 y artículo 4 del Decreto 2863 de 2007 […]”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero doctor Jorge Octavio Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn4#_ftn4" [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn5#_ftn5" [5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn6#_ftn6" [6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn7#_ftn7" [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn8#_ftn8" [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f.

Que no se trate de sentencias de tutela HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn9#_ftn9" [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn10#_ftn10" [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn11#_ftn11" [11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto)

Análisis del caso concreto

En el presente caso, el actor pretende que se deje sin efecto la sentencia de 5 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal, mediante la cual se confirmó la providencia de 29 de marzo de 2018, dictada por el Juzgado, que denegó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 76001-33-33-004-2018-00005-01, promovido contra la Nación – Policía Nacional - CASUR.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social consistente en “mantener la pensión su poder adquisitivo constante” y al principio de favorabilidad relacionado con la “irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales”, habida cuenta que, a juicio del actor, el Tribunal incurrió en: i) desconocimiento del precedente judicial de la Sección Segunda del Consejo de Estado, establecido en las sentencias de 9 de marzo de 1994, 9 de julio de 2009, 28 de enero de 2010, 15 de abril de 2010, 18 de abril de 2013 y 2 de mayo de 2013, relacionado con aplicación del principio de oscilación en asignaciones de retiro y pensiones, y de 24 de enero de 2019, proferida por la misma Sección, sobre condena en costas sin evidencia de su causación; y, ii) en defecto sustantivo y violación directa de la Constitución, por no aplicar lo establecido en los artículos 15 del Decreto núm. 1212 de 8 de junio de 1991; 3º, numeral 3.13, de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004; 42 del Decreto núm. 4433 de 31 de diciembre de 2004, sobre la misma materia; y 365 y 366, numerales 1 y 5, del Código General del Proceso, sobre condena en costas.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la Sección Tercera, Subsección “B” que, mediante sentencia de 11 de junio de 2021, declaró improcedente el amparo solicitado por considerar que la tutela no constituye una instancia adicional al proceso ordinario.

El apoderado del actor impugnó la referida decisión, aduciendo que el juez de instancia se limitó a proferir un fallo sin examinar el fondo del asunto y sin tener en cuenta el precedente jurisprudencial citado en materia de principio de oscilación, el cual se invocó tanto en la demanda ordinaria como en la de tutela.

La Sala observa que como los argumentos que sustentan el cargo de ”violación directa de la Constitución”, refieren a la inaplicación del principio de oscilación, por cuanto el actor dice que el Tribunal omitió “[…] aplicar el sistema o principio de oscilación, regulado en los artículos 151 del Decreto 1212 de 1990, artículo 3º numeral 3.13 de la Ley Marco 923 de 2004 y 42 del Decreto 4433 de 2004 [...]”, los mismos serán analizados en el cargo de defecto sustantivo.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, respecto de los defectos invocados.

En ese orden, la Sala atenderá en primer lugar los argumentos relacionados con el desconocimiento del precedente y, en segundo lugar, los del defecto sustantivo.

Desconocimiento del precedente

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la Jurisprudencia Constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” []; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad []. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural []; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que el accionante, quien actúa a través de apoderado judicial, no invocó argumentos ni fundamentos de la presunta vulneración de los derechos fundamentales sino que se limitó a transcribir los mismos apartes normativos y jurisprudenciales sobre el principio de oscilación, los cuales fueron puestos a consideración del juez ordinario, tanto en la demanda como en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 29 de marzo de 2018.

Ahora, en la solicitud de tutela el actor cita las mismas sentencias, -9 de marzo de 1994, 9 de julio de 2009, 28 de enero de 2010, 15 de abril de 2010, 18 de abril de 2013 y 2 de mayo de 2013-, y concluye:

[…] El Consejo de Estado – Sección Segunda, con los mismos argumentos traídos a colación en precedencia resolvió por lo menos 150 casos similares, lo que generó precedente pacifico, reiterado y consolidado en la misma línea, es decir, establece la forma y los requisitos para aplicar el principio o sistema de oscilación a los beneficiarios; sería antitécnico traer toda esa cantidad de sentencias al presente asunto, consideramos que con las citadas es suficiente para que el Juez de Tutela tenga claridad sobre la justicia de las pretensiones de la solicitud de amparo […].

En suma, para la Sala, no se advierte la existencia de una cuestión que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la presunta trasgresión de los derechos fundamentales de actor, sino la reiteración de planteamientos que ya fueron estudiados por el juez natural y que obedecen a un debate de mera legalidad, en el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de una tercera instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Adicionalmente, se reitera, el actor no expuso las razones por las cuales, en su criterio, se configura la causal de procedibilidad alegada sino que se limitó a transcribir apartes de las sentencias que, a su juicio, resultaban aplicables al caso concreto, sin identificar las reglas y sub reglas fijadas en esas providencias, las situaciones fácticas alegadas ni los problemas jurídicos análogos o similares, presupuestos necesarios para efectos de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Se destaca que la Sala, en otras oportunidades, ha rechazado acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta ser de verdadera relevancia constitucional, por falta de carga argumentativa. Tal fue el caso de las providencias de 7 de mayo de 2021, en las que se sostuvo:
“[…] 29.2. Como se observa, el apoderado judicial de la accionante para sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento del precedente se limitó a citar las decisiones judiciales que, a su juicio, resultaban aplicables a su caso; sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en reciente pronunciamiento de 19 de abril de 2021, no basta con citar las sentencias que se alegan desconocidas, sino que es necesario que la parte actora indique e identifique: i) las reglas y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las providencias que se aducen desatendidas; ii) las situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o similares; argumentación que en el sub examine claramente no se cumple.

30. En ese contexto, se resalta que la acción de tutela no está instituida como una instancia adicional a las previamente establecidas en el ordenamiento jurídico, por lo tanto, cuando un sujeto promueve este mecanismo constitucional en contra de una providencia judicial, más aún si actúa a través de apoderado judicial como lo es en el presente asunto, tiene el deber de sustentar desde la órbita constitucional los motivos por los cuales considera que sus derechos fundamentales resultaron lesivos con ocasión de la providencia, pues no resulta lógico que haga uso de esta acción por el simple hecho de que la decisión judicial fue adversa a sus intereses.

31. Ello deviene razonable si se tiene en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no busca proporcionar a los sujetos procesales de un juicio ordinario una tercera instancia, sino un mecanismo de protección y garantía de sus derechos fundamentales, eventualmente lesionados por un pronunciamiento judicial. De aquí que su procedencia sea excepcional, toda vez que lo contrario atentaría contra la autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada.

22. En ese orden de ideas, para esta Sala de Decisión es claro que esta falencia argumentativa no puede ser suplida por el juez de tutela, en tanto que si bien la acción de amparo se caracteriza por la flexibilización de formalidades que impidan la garantía de los derechos fundamentales, tratándose del reproche contra providencias judiciales, es exigible un mínimo de argumentación que habilite un examen de fondo sobre actuaciones que han hecho tránsito a cosa juzgada, al ser proferidas por autoridades investidas de competencia en procesos que ofrecen los medios para proteger las garantías constitucionales.

33. Por los anteriores razonamientos, la presente acción de tutela carece de relevancia constitucional frente al defecto por desconocimiento del precedente, motivo por el cual se declarará improcedente por este aspecto, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este fallo.
[…]”.

Por lo precedente, la Sala considera que es improcedente la solicitud de amparo respecto del defecto por desconocimiento del precedente.

Defecto sustantivo
Señala el actor que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo, por cuanto:

“[…] El fallador de instancia en la sentencia que puso fin al asunto niega las pretensiones de la demanda omitiendo aplicar el sistema o principio de oscilación, regulado en los artículos 151 del Decreto 1212 de 1990, artículo 3º numeral 3.13 de la Ley Marco 923 de 2004 y 42 del Decreto 4433 de 2004, los cuales ordenan que a las asignaciones de retiro y pensiones reconocidas al personal retirado con anterioridad al año 2004, se le compute el mismo porcentaje que se decretó en la partida base de prima de actividad a las asignaciones de retiro y pensiones del personal de oficiales y suboficiales en servicio activo, lo que permite establecer que la autoridad toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el Legislador, en la búsqueda de un fin opuesto a la norma que debe someterse.
[…]

En efecto, como quedó visto en los acápites precedentes, es mandato de la Constitución y por demás un derecho irrenunciable, el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda, en tratándose de mesadas pensionales o asignaciones de retiro, pues a través de este principio se pretende precisamente garantizar otros postulados superiores como el derecho al mínimo vital y a la vida digna de los pensionados, y se permite corregir la desvalorización constante y progresiva de la mesada y mantener el poder adquisitivo de esa prestación económica. De ahí que, si una pensión no es reajustada en las condiciones previstas en la ley, se verá reducida o congelada, debido a que pierde su poder adquisitivo, lo que quebranta las garantías fundamentales mencionadas [...]”.

Por su parte, el Tribunal en la sentencia que se controvierte, formuló como problema jurídico establecer si el actor tenía derecho al reajuste y pago de la asignación mensual de retiro incrementando la prima de actividad de conformidad con el 8% desde el 1º de enero de 2005 al 30 de junio de 2007, dando aplicación al Decreto 4433 de 2004, y en un 4% más, a partir del 1º de julio de 2007 en adelante, en aplicación al artículo 2º inciso primero y artículo 4º del Decreto 2863 de 2007, y la reliquidación de la prestación a partir del 1o. de enero de 2005 en adelante, planteamiento que fue resuelto con fundamento en las siguientes consideraciones:

“[…] La prima de actividad fue creada en favor del personal activo de la Fuerza Pública en general, como un incentivo por la prestación de su servicio, que luego se extendió a favor del personal retirado debido al tiempo de servicio prestado.

Posteriormente, el presidente de la Republica en ejercicio de sus facultades expidió el Decreto Ley 089 de 1984 , en cuyo artículo 80 estableció que los Oficiales y Suboficiales en servicio activo tendrían derecho al pago de una prima mensual de actividad equivalente al 33% del respectivo sueldo básico; además el artículo 151 y 152 ibidem instauró el cómputo de la prima de actividad para efectos de la asignación de retiro, pensión y demás prestaciones sociales.

Luego, se expidió el Decreto 095 de 1989, el cual dispuso en su artículo 82 que los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo devengarían prima mensual equivalente al 33% del respectivo sueldo básico. A su vez, los artículos 153 y 154 del mismo Decreto, incluyeron la mencionada prima dentro de la liquidación de las prestaciones sociales y dentro del cómputo de las asignaciones de retiro de quienes fueran separados del servicio activo a partir de la entrada en vigor de dicha norma.

Con posterioridad, se expidió el Decreto 1212 de 1990, el cual dejó incólumes las disposiciones relativas a la prima de actividad tanto para el personal en servicio activo como para el retirado, indicando en su artículo 84 lo siguiente:

“ARTÍCULO 68. PRIMA DE ACTIVIDAD. Los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional en servicio activo, tendrán derecho a una prima mensual de actividad que ser equivalente al treinta y tres por ciento (33%) del respectivo sueldo básico”.

A su turno, el artículo 141 ejusdem estableció la forma en que debía computarse la prima de actividad en las asignaciones de retiro y pensiones del personal de Oficiales y Suboficiales retirados en vigencia de ese Decreto, de acuerdo con el tiempo de servicios que hubiesen prestado a la institución castrense, de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 141. COMPUTO PRIMA DE ACTIVIDAD. A los Oficiales y Suboficiales que se retiren o sean retirados del servicio activo a partir de la vigencia del presente Decreto, para efectos de asignación de retiro, pensión y demás prestaciones sociales, la prima de actividad se les computar de la siguiente forma:

• Para individuos con menos de quince (15) años de servicio, el quince por ciento (15%).

• Para individuos con quince (15) o más de servicio, pero menos de veinte (20), el veinte por ciento (20%).

• Para individuos con veinte (20) o más años de servicio, pero menos de veinticinco (25), el veinticinco por ciento (25%).

• Para individuos con veinticinco (25) o más años de servicio, pero menos de treinta (30), el treinta por ciento (30%).

• Para individuos con treinta (30) o más años de servicio, el treinta y tres por ciento (33%)”.

Posteriormente, se expidió la Ley 923 de 2004 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política”, y en desarrollo de la misma el Gobierno Nacional se expidió el Decreto 4433 de 2004 que modificó el régimen pensional de los miembros de la Fuerza Pública; no obstante, su artículo 2º estableció el respeto por derechos adquiridos, determinando que los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares (entre otros) o sus beneficiarios, que a la fecha de entrada en vigencia de ese Decreto, esto es, 31 de diciembre de 2004, hubieren cumplido todos los requisitos exigidos para acceder a una asignación de retiro o pensión, conservarían todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos, conforme a normas anteriores del cual se destaca lo siguiente:

“Artículo 13. Partidas computables para el personal de las Fuerzas Militares. La asignación de retiro, pensión de invalidez, y de sobrevivencia, se liquidarán según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así:

13.1 Oficiales y Suboficiales:
13.1.1 Sueldo básico.
13.1.2 Prima de actividad.
13.1.3 Prima de antigüedad.
13.1.4 Prima de estado mayor.
13.1.5 Prima de vuelo, en los términos establecidos en el artículo 6° del presente Decreto.
13.1.6 Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.
13.1.7 Subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha de retiro.
13.1.8 Duodécima parte de la Prima de Navidad liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.

13.2 Soldados Profesionales:
13.2.1 Salario mensual en los términos del inciso primero del artículo 1° del Decreto-ley 1794 de 2000.
13.2.2 Prima de antigüedad en los porcentajes previstos en el artículo 18 del presente decreto.

PARÁGRAFO. En adición a las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y compensaciones, serán computables para efectos de asignación de retiro, pensiones y sustituciones pensionales.

(...)” (Resalta la Sala).

Ahora bien, en cuanto a la vigencia de este estatuto y las normas que derogaba, se dispuso en el mismo:

“Artículo 45. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las demás disposiciones que le sean contrarias y, en especial, los artículos 193 del Decreto-ley 1211 de 1990, 167 del Decreto-ley 1212 de 1990, 125 del Decreto 1213 de 1990, Ley 103 de 1912, y los artículos 39 y 40 del Decreto-ley1793 de 2000.”

De la lectura de las normas transliteradas, puede colegirse fácilmente que el Decreto 4433 de 2004 sólo derogó en forma especial, lo que se refería a la muerte con doce años de servicio, y si bien es cierto, el aludido Decreto 4433, en relación con la prima de actividad, no estableció los porcentajes en que se debe reconocer como partida computable, también lo es, que esto no significa que se hayan derogado las disposiciones de la normativa anterior-.

En efecto, el texto del Decreto 4433 de 2004, no contiene norma contraria alguna a los porcentajes computables de la prima de actividad para las asignaciones de retiro, establecidas en la normatividad anterior, esto es, el Decreto 1212 de 1990. Así pues, si el Legislador dejó señalado que se computará la prima de actividad, debe entenderse que ello es, en los términos legales vigentes.

Finalmente, hay que señalar que el porcentaje a tener en cuenta por este factor en la asignación de retiro es el fijado en la norma vigente a la fecha de adquirir el derecho el pensionado, sin embargo, el legislador ha permitido el incremento del mismo en la asignación de retiro como por ejemplo en el Decreto 2863 de 2007.

En este sentido, el Decreto 2863 de 2007, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1515 de 20078 y se dictan otras disposiciones, consagró un incremento de la prima de actividad para los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, así como también para el personal civil de esta entidad y del Ministerio de Defensa, regímenes prestacionales que se encuentran regulados en los Decretos 1211, 1212 y 1214 de 1990 respectivamente. Los artículos 2 y 4 del citado decreto, consagraron puntualmente lo siguiente:

“Artículo 2°. Incrementar en un cincuenta por ciento (50%) a partir del 1° de julio de 2007, el porcentaje de la prima de actividad de que tratan los artículos 84 del Decreto-ley 1211 de 1990, 68 del Decreto-ley 1212 de 1990 y 38 del Decreto-ley 1214 de 1990. Para el cómputo de esta prima en las prestaciones sociales, diferentes a la asignación de retiro o pensión, de que tratan los artículos 159 del Decreto-ley 1211 de 1990 y 141 del Decreto-ley 1212 de 1990, se ajustará el porcentaje a que se tenga derecho según el tiempo de servicio en el cincuenta por ciento (50%).

(…)

Artículo 4°. En virtud del principio de oscilación de la asignación de retiro y pensión dispuesto en el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional con asignación de retiro o pensión de invalidez o a (sic) sus beneficiarios y a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional obtenida antes del 1° de julio de 2007, tendrán derecho a que se les ajuste en el mismo porcentaje en que se haya ajustado el del activo correspondiente, por razón del incremento de que trata el artículo 2° del presente decreto que modifica el artículo 32 del Decreto 1515 de 2007”. (Subraya la Sala)

De lo expuesto en líneas anteriores se concluye, que la prima de actividad ha sido reconocida a los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares desde dos perspectivas: i) como elemento salarial para quienes estén en servicio activo, caso en el cual equivaldrá al 33% del respectivo sueldo básico percibido; y ii) como factor salarial para quienes han sido retirados del servicio, computándose como partida de liquidación de asignación de retiro o pensión bajo porcentajes que oscilan entre el 15% y el 33%, dependiendo del tiempo total de prestación de servicios.

El Consejo de Estado en un asunto similar al aquí analizado realizó la interpretación que debía darse al artículo 4º del Decreto 2863 de la siguiente manera:

“Para la Sala, cuando el artículo 4º del Decreto 2863 del 2007 señala el derecho de ajuste en el mismo porcentaje en que se haya ajustado el del activo correspondiente, al remitirse al artículo 2º del mismo decreto se refiere en concreto al porcentaje del 50% y no al resultado de aplicar el 50% al 33% de que trata el artículo 84 del Decreto 1211 de 1990. No sobra resaltar, que para el cómputo del aumento mencionado, la entidad obligada debía tener en cuenta el tiempo y porcentaje reconocido al momento en que se le reconoció la asignación de retiro, pues conforme a ello, es que se ajusta la prima de actividad equivalente al 50%, en tanto la disposición se refiere al aumento en el valor de una variable, lo cual hace referencia a que el reajuste tiene lugar respecto a la proporción reconocida al demandante al momento en que se consolidó el derecho. Conforme a lo establecido en los artículos 2 y 4 del Decreto 2768 de 2007, en el cual se dispuso que los Oficiales y suboficiales con asignación de retiro reconocida por las Fuerzas Militares, tienen derecho a que se les reajuste la prima de actividad en el mismo porcentaje en que se haya ajustado al del activo correspondiente, lo que significa que se debe aplicar el 50% del incremento del porcentaje de la prima de activada que percibe como retirado, conforme así lo ha venido realizando la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares desde el 1 de julio de 2007, conforme se encontró probado. Así las cosas, estima la Sala que si bien el demandante tiene derecho a que se le reconozca dentro de la asignación de retiro, el aumento de la prima de actividad en el porcentaje establecido en el Decreto 2863 de 2007, también lo es, que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares realizó el reajuste ordenando por dicha disposición normativa, circunstancia por la cual no es procedente acceder a lo solicitado en la demanda. De igual forma, la parte demandante a lo largo del proceso, tampoco logró demostrar que la asignación de retiro haya sido reajustada por debajo del porcentaje de incremento efectuado al personal en actividad, motivo por el cual se hace necesario confirmar la sentencia de primera instancia. III. DECISIÓN Atendiendo la normatividad en cita y el acervo probatorio, la Sala concluye que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ha venido reconociendo la prima de actividad, conforme a los porcentajes establecidos en la ley, dentro de la asignación de retiro que percibe el señor Ramón Salazar Parada; y si bien tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima de actividad en cuantía equivalente al 50%, conforme con lo establecido en el Decreto 2863 de 2007, la entidad demandada incrementó dicho porcentaje en agosto de 2007, pero con retroactividad a partir del 1 de julio de 2007, conforme se logró advertir en las pruebas allegadas al proceso.” (Negrillas de la Sala).

Así mismo, frente a la aplicación del principio de oscilación a las partidas computables de la asignación de retiro, la Alta Corporación ha sostenido lo siguiente:

“Establecido lo anterior, considera la Sala oportuno señalar, a efectos de hacer mayor claridad sobre asunto sometido a consideración, que la asignación de retiro, históricamente, ha tenido una forma de actualización especial diferente a la que ordinariamente se ha establecido para las pensiones que devengan los servidores públicos y trabajadores privados, conocido como el Principio de Oscilación, cuyo objetivo ha radicado en que la asignación del personal en retiro refleje las variaciones que sufren las asignaciones del personal en actividad.

A su turno, debe indicarse que las partidas computables vigentes a la fecha en que se adquirió el derecho son las que legalmente pueden tenerse en cuenta durante todo el tiempo en que la asignación de retiro se devengue; diferente es, que por virtud del principio de oscilación, la asignación de retiro se reajuste en los mismos porcentajes en los que anualmente se incrementa la asignación en actividad. (…)

Así las cosas, resulta razonable la interpretación efectuada por el Tribunal accionado en cuanto manifestó que si bien en virtud del referido principio se reajustaban anualmente las asignaciones de retiro, ello no significaba que por su aplicación pudiera modificarse la base de liquidación de las asignaciones reconocidas, lo anterior para significar que la decisión de no aumentar el porcentaje liquidado por concepto de prima de actividad resulta ajustado a derecho”. (Subraya la Sala).

Principio de favorabilidad

Respecto del principio de favorabilidad en este tipo de asuntos, el Consejo de Estado en reciente providencia precisó:

[...]

De acuerdo con el análisis que precede, en el cual se identificaron las normas que regulan la prima de actividad, se aborda a continuación el análisis del caso en concreto.

CASO CONCRETO

El señor Bernardo de Jesús Cardona García a quien se le reconoció asignación de retiro mediante Resolución No. 3853 del 06 de noviembre de 1997 y de acuerdo a su hoja de servicios presto sus servicios más de 20 años, por lo cual se le tuvo en cuenta como factor una prima de actividad del 25% de acuerdo al folio 79 (cd contentivo de los antecedentes administrativos) y la entidad demandada incremento dicho factor al 37.5% de conformidad con el Decreto 2863 de 2007.

El demandante solicita que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional le reajuste la asignación de retiro con el incremento de la prima de actividad teniendo en cuenta para ello el 8% desde el 1º de enero de 2005 al 30 de junio de 2007, dando aplicación al Decreto 4433 de 2004, y en 4% más, a partir del 1º de julio de 2007 en adelante, en aplicación al artículo 2º inciso primero y artículo 4º del Decreto 2863 de 2007.

Sobre el primer aspecto, la Corte Constitucional ha señalado la improcedencia de la aplicación del Decreto 4433 de 2004 a situaciones consolidadas con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, lo cual no vulnera el derecho a la igualdad de los mismos miembros de la Fuerza Pública, pues es la fecha de retiro del servicio la que determina la normatividad aplicable para el reconocimiento y liquidación de las pensiones y asignaciones de retiro.

Respecto del segundo aspecto, la Sala interpreta que cuanto el artículo 4º del Decreto 2863 de 2007 señala el derecho de ajuste en el mismo porcentaje en que se haya ajustado el del activo correspondiente, al remitirse al artículo 2º del mismo decreto se refiere en concreto al porcentaje del 50% y no al resultado de aplicar el 50% al 33% de que trata el artículo 84 del Decreto 1212 de 1990. No sobra resaltar, que para el cómputo del aumento mencionado, la entidad obligada debía tener en cuenta el tiempo y porcentaje reconocido al momento en que se le reconoció la asignación de retiro, pues conforme a ello, se ajusta la prima de actividad equivalente al 50%, en tanto la disposición se refiere al aumento en el valor de una variable, lo cual hace referencia a que el reajuste tiene lugar respecto a la proporción reconocida al demandante al momento en que se consolidó el derecho. De acuerdo con lo analizado, se confirmará la Sentencia apelada, por lo expuesto en la presente providencia.
[…]”.

De lo transcrito, la Sala advierte que el Tribunal accionado consideró que al actor no le asistía el derecho para el reconocimiento y pago del reajuste de la asignación de retiro, asociado a la reliquidación de la prima de actividad, conforme a lo establecido en el Decreto 4433 de 2004, porque dicha prestación se causó a partir del 6 de noviembre de 1997, época para la cual no se encontraba vigente la referida norma.

En efecto, advirtió que mediante Resolución núm. 3853 de 6 de noviembre de 1997, CASUR reconoció a favor del accionante la asignación de retiro, conforme a la normativa que le era aplicable para ese entonces, incluyendo el valor de la prima de actividad en el porcentaje equivalente al 25% de la asignación básica por haber prestado más de veinte años de servicio, factor que fue incrementado al 37.5% de conformidad con lo establecido en el Decreto 2863 de 2007.

Para la Sala el anterior pronunciamiento resulta acertado, en tanto que el Decreto 4433 de 2003 no se encontraba vigente al momento en que se efectuó el retiro del servicio del actor, esto es, el 12 de diciembre de 1997, motivo por el cual no era procedente aplicar retroactivamente los efectos del citado decreto.

Así las cosas, la Sala considera que fue precisamente en aplicación del principio de oscilación que se incrementó la prima de actividad del actor, motivo por el cual su asignación de retiro no se ha visto afectada por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

Lo anterior, permite a la Sala concluir que el Tribunal no incurrió en el defecto alegado comoquiera que profirió una decisión debidamente motivada, sustentada en una interpretación adecuada de las normas que regulan los regímenes especiales de la Fuerza Pública.
Se destaca que la Sala, en un pronunciamiento reciente, análogo al de la referencia, denegó el amparo de los derechos fundamentales invocados por considerar que: “[…] el pronunciamiento del Tribunal accionado resulta acertado, en razón a que, en efecto, el Decreto 4433 de 2004, no se encontraba vigente al momento en que se efectuó el retiro del servicio -22 de enero de 1986-, motivo por el cual no era procedente aplicar retroactivamente los efectos del citado decreto, más aún cuando la asignación de retiro y, en especial, la prima de actividad que le fue otorgada al accionante fue liquidada de conformidad con lo establecido en la norma vigente para la época en que se causó el derecho a la prestación económica […]”.

Asimismo, en el referido pronunciamiento se reiteró lo sostenido por la Sala en sentencia de 11 marzo de 2021, de la que se destaca:

“[…] la Sala advierte que estuvo acertado el análisis realizado por la autoridad judicial accionada, pues no era procedente el reajuste solicitado según el Decreto 4433 de 2004, por cuanto el mismo no se encontraba vigente al momento del retiro del actor y, además, la situación jurídica del demandante ya se encontraba consolidada, comoquiera que su asignación de retiro y, en especial, la prima de servicios le fue otorgada conforme al Decreto 1213 de 1990.

Por lo precedente, la Sala concluye que la autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto sustantivo alegado, pues su decisión se fundamentó en la normativa aplicable para el caso del actor y conforme a los artículos 30, 100, 101 y 102 del citado Decreto […].

[…]

Ahora, frente al cargo relativo a la presunta disminución del poder adquisitivo de la asignación de retiro y su reajuste, vale la pena aclarar que de igual forma el Decreto núm. 1213 de 1990, estableció en su artículo 110, el principio de oscilación de la siguiente forma:

“[…] ARTICULO 110. Oscilación de asignaciones de retiro y pensiones. Las asignaciones de retiro y pensiones de que trata el presente Decreto, se liquidarán tomando en cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para un Agente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de este Estatuto; en ningún caso aquéllas serán inferiores al salario mínimo legal. Los Agentes o beneficiarios no podrán acogerse a normas que regulen ajustes prestacionales en otros sectores de la Administración Pública, a menos que así lo disponga expresamente la Ley. […]”

En tal sentido es evidente que el principio de oscilación es una respuesta a la pérdida del poder adquisitivo de la asignación de retiro, toda vez que su finalidad es que se reciba el mismo incremento anual de los miembros activos de la fuerza pública, que el actor echa de menos.

Cabe anotar, que de conformidad con los certificados obrantes a folios 37 a 41 del expediente digital del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio, al actor se le realizó el incremento salarial, mediante los decretos 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002 y 3552 de 2003, en un, 9.23%, 9.00%, 5.99988% y 7.00%, respectivamente, y así sucesivamente todos los años, razón por la cual no le asiste razón al indicar que su poder adquisitivo se ha visto comprometido.

Así las cosas, la Sala encuentra que en la actualidad al actor se le está pagando por concepto de prima de actividad el porcentaje ordenado por la ley, de conformidad con el principio de oscilación, razón por la cual ese cargo no está llamado a prosperar […]. (Se destaca)

Lo anterior le permite a la Sala considerar que el desacuerdo del actor con la interpretación y consideraciones efectuadas por el Tribunal no comporta la violación de los derechos fundamentales que invoca, máxime cuando en la providencia censurada se explicaron las razones por las cuales no resultaba procedente aplicar de manera retroactiva las disposiciones establecidas en el Decreto núm. 4433 de 2004 a las asignaciones de retiro reconocidas con anterioridad a la entrada en vigencia de esa norma, razón por la cual debe denegarse el amparo respecto del defecto sustantivo invocado.

Finalmente, en lo que tiene que ver con los cargos formulados contra la decisión de condena en costas, la Sala señala que, por regla general, la acción de tutela es improcedente en tanto se trata de un asunto meramente económico por lo cual no satisface el requisito de relevancia constitucional, sin que en el asunto bajo estudio exista una circunstancia excepcional que permita proferir una decisión de fondo al respecto. Sobre este particular, la Sala en sentencia de 11 de junio de 2021, refirió:

“[…] Ahora, de otra parte, frente el reproche dirigido a cuestionar la condena en costas y agencias en derecho a cargo de los demandantes, la Sala advierte que no tiene vocación de prosperidad, pues además de que la acción de tutela no está instituida para que en ella se ventilen ese tipo de cuestionamientos, es claro que la condena se impuso de conformidad con la norma de procedimiento que resultaba aplicable, por cuanto el proceso de reparación directa se tramitó conforme a las reglas del CPACA, norma que remitía, en lo que atañe a la liquidación y ejecución de la condena en costas, a las reglas del Código de Procedimiento Civil, norma última que fue derogada para dar vigencia al Código General del Proceso, codificación que actualmente rige las actuaciones procesales.
[…]”.

Por lo precedente, la Sala modificará el fallo impugnado en el sentido de denegar el amparo solicitado respecto del defecto sustantivo y, lo confirmará en lo demás, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada, en el sentido de DENEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados respecto del defecto sustantivo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de agosto de 2021.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

En adelante la Sección Tercera -Subsección “C”-. En adelante el Tribunal. En adelante CASUR. En adelante el Juzgado. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de marzo de 1994, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, expediente S-185. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 9 de julio de 2000, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000-23-25-000-2007-00922-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 28 de enero de 2010, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, número único de radicación 25000-23-25-000-2007-00900-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 15 de abril de 2010, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 25000-23-25-000-2008-90149-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 18 de abril de 2013, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000-23-25-000-2011-00414-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 2 de mayo de 2013, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, número único de radicación 25000-23-25-000-2009-00466-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 24 de enero de 2019, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 76001-23-33-000-2013-00668-01.
“Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional”.
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política”.
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública”. En adelante CGP. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 8 de agosto de 2003, C.P. Tarsicio Cáceres Toro, número único de radicación 19001-23-31-000-2003-00513-01. Corte Suprema de Justicia, sentencia de 25 de marzo de 2004, M.P. Carlos Isaac Nader. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de marzo de 1994, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, expediente S-185. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 9 de julio de 2000, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000-23-25-000-2007-00922-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 28 de enero de 2010, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, número único de radicación 25000-23-25-000-2007-00900-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 15 de abril de 2010, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 25000-23-25-000-2008-90149-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 18 de abril de 2013, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000-23-25-000-2011-00414-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 2 de mayo de 2013, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, número único de radicación 25000-23-25-000-2009-00466-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 24 de enero de 2019, C.P.

Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 76001-23-33-000-2013-00668-01.
“Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional”.
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política”.
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública”. En adelante CGP. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
Folios 34 a 54 del proceso ordinario. Folios 94 a 122 ibidem. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de marzo de 1994, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, expediente S-185. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 9 de julio de 2000, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000-23-25-000-2007-00922-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 28 de enero de 2010, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, número único de radicación 25000-23-25-000-2007-00900-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 15 de abril de 2010, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 25000-23-25-000-2008-90149-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 18 de abril de 2013, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000-23-25-000-2011-00414-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 2 de mayo de 2013, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, número único de radicación 25000-23-25-000-2009-00466-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 7 de mayo de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, números únicos de radicación 11001 03 15 000 2021 01622 00 y 11001 03 15 000 2021 01328 00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-00999-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre de 2016, radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala. Artículo 116 del Decreto 2337 de 1971.
“Por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”.
“Por el cual se reforma el estatuto de carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”.
“Por el cual se reforma el estatuto de carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”. Diario Oficial 45778 de diciembre 31 de 2004. C. de E., Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de junio de 2018. Rad. No. 1762-17. C.P. César Palomino Cortés. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 26 de septiembre de 2012, radicado no. 11001-03-15-000-2012-01235-00, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. C. de E., Sección 2a, Subsección B, providencia de agosto 13 de 2012, Rad. Interno No. 2654-14 C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Sentencia C-924 de septiembre de 2006, Corte Constitucional. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de mayo de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 15 000 2021 01328 00, tesis reiterada en providencia de la misma fecha C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 15 000 2021 01622 00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de marzo de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2020-03279-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de marzo de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2020-03279-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secciones: i) Segunda, Subsección “B”, sentencias de sentencia de 17 de octubre de 2018, C. P. César Palomino Cortés, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03286-00, y 18 de mayo de 2021, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-00002-01; y, ii) Cuarta, sentencia de 27 de junio de 2019, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez número único de radicación 1001-03-15-000-2017-03200-01
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2021, C. P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 1001-03-15-000-2021-017760-01.

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