Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-01646-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-01646-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-01646-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-01646-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
16 de julio de 2021
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / TERCERA INSTANCIA - La parte demandante pretende reabrir el debate jurídico y probatorio / DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE - Sanción por extemporaneidad
[L]a parte actora alega que el Consejo de Estado - Sección Cuarta-, al revocar la sentencia proferida (…) por el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Primera de Oralidad-, en la que se condenó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- a devolver a la Sociedad Mineros S.A. los dineros pagados por concepto de sanción por extemporaneidad e intereses de mora en relación con las declaraciones de retención en la fuente por varios periodos de 2010 y 2011, incurrió en una violación directa de la Constitución por desconocimiento de los principios de justicia, equidad y favorabilidad en materia tributaria, tal y como quedó consignado en el acápite de antecedentes de esta providencia. (…) no encuentra esta Sala que el Consejo de Estado -Sección Cuarta- haya transgredido las prerrogativas superiores invocadas por la sociedad demandante, así como tampoco que hubiere incurrido en el defecto específico que se le endilga. Ciertamente, una revisión de los planteamientos expuestos tanto en la demanda como en el escrito impugnativo permite advertir que su finalidad es convertir el recurso de amparo constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de negar las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 1430 DE 2010 / LEY 1437 DE 2011 / LEY 1607 DE 2012 / DECRETO 2591 DE 1991
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01646-01(AC)
Actor: SOCIEDAD MINEROS S.A.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO -SECCIÓN CUARTA-
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el apoderado judicial de la Sociedad Mineros S.A. en contra del fallo del 20 de mayo de 2021, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante el cual se negó el recurso de amparo incoado en contra del Consejo de Estado -Sección Cuarta-.
I. A N T E C E D E N T E S
A. De la demanda y sus fundamentos
1.- El 14 de abril de 2021, el representante legal de la Sociedad Mineros S.A., actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Consejo de Estado -Sección Cuarta-, al revocar, en sede de segunda instancia, dentro de un proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, la sentencia de primer grado dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Primera de Oralidad-, en la que se condenó a la entidad demandada a devolver los dineros pagados por concepto de sanción por extemporaneidad e intereses de mora relacionados con las declaraciones de retención en la fuente por los periodos 10 y 12 de 2010 y 1, 2, 3 de 2011.
2.- Según se ilustra en la acción de tutela, la pretensión en ella contenida se contrae a lo siguiente:
<<(…) TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS y para restablecerlos REVOCAR la sentencia proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo y, en consecuencia, CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, al haber aplicado los cánones constitucionales que la Sección Cuarta violó>> (Negrillas propias del texto).
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada con base en el artículo 86 Superior, la parte actora expuso, que:
3.1.- El 18 de septiembre de 2013, la Sociedad Mineros S.A., entabló proceso contencioso administrativo en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, para que se declarara la nulidad del “oficio No. UAE DIAN 1112434371227 del 20 de mayo de 2013, mediante el cual la División de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos Nacionales de Medellín negó la devolución que con base en el artículo 137 de la Ley 1607 solicitó la sociedad Mineros S.A. de la suma de $815.012.000, correspondiente al pago de sanción por extemporaneidad e intereses por las declaraciones de retención en la fuente por los periodos 12 de 2010 y 1, 2 y 3 de 2011 que la DIAN declaró ineficaces”. De igual forma, requirió, a título de restablecimiento del derecho, que “se ordenara la devolución de las siguientes sumas de dinero: (i) por concepto de sanción por extemporaneidad indebidamente pagada $595.678.000; (ii) por concepto de intereses indebidamente pagados $219.334.000; y (iii) los intereses de mora a la más alta tasa autorizada por la ley, sobre las sumas anteriores, desde la fecha en que la administración decidió no devolver el dinero hasta que se haga el pago efectivo de las mismas”.
Lo anterior, debido a que, “por efecto de la verificación del saldo a favor originado en la declaración del impuesto sobre las ventas por parte de la División de Recaudación en el año 2011, se consideró que de los impuestos descontados en su declaración de IVA por la compañía, la suma de $532.020.141 no sería procedente por no tener relación de causalidad directa con la actividad productora de renta”.
3.2.- Del asunto conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Primera de Oralidad-, cuerpo colegiado que, en sentencia del 22 de julio de 2015, resolvió “declarar la nulidad del oficio No. UAE DIAN 1112434371227 del 20 de mayo de 2013, mediante el cual la División de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos Nacionales de Medellín negó la devolución de saldos a favor solicitada por Mineros de Antioquia con base en el artículo 137 de la Ley 1607” y, como consecuencia de ello, a título de restablecimiento del derecho, condenó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- “a devolver a la Sociedad Mineros de Antioquia los dineros pagados por concepto de sanción por extemporaneidad e intereses de mora en relación con las declaraciones de retención en la fuente por los periodos 10 y 12 de 2010 y 1, 2 y 3 de 2011”, condenándose en costas a la parte demandada y fijándose agencias en derecho por valor de $16.300.240. Ello, teniendo en cuenta que pudo comprobarse que la sociedad no estaba obligada a liquidar y cancelar sanción por extemporaneidad ni intereses moratorios, “puesto que la extemporaneidad de esas declaraciones (presentadas el 9 de agosto de 2011), fue consecuencia de la ineficacia de las declaraciones presentadas sin pago con el convencimiento de que los saldos a favor serían compensados de la manera solicitada y las declaraciones surtirían todos los efectos”, lo que, dicho de otro modo, significa que “los dineros pagados por la sociedad por concepto de sanción e intereses, constituyen un pago de lo no debido y no se encuentra razón jurídica para la negativa de la DIAN en devolver estos dineros”.
3.3.- La decisión en precedencia fue apelada por ambos extremos procesales. Por un lado, la abogada de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín adujo que, al tenor de lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley 1607 de 2012, existen 3 presupuestos puntuales para acceder al beneficio por los agentes retenedores: “(i) que hasta el 31 de julio de 2013 presenten declaraciones de retención en la fuente con pago; (ii) que dichas declaraciones se relacionen con periodos gravables anteriores al 30 de noviembre de 2012; y (iii) que sobre las declaraciones en mención se hubiera configurado la ineficacia”, observándose que, no obstante presentarse los presupuestos 2 y 3 en el caso de la Sociedad Mineros S.A. en relación con los periodos descritos, “el presupuesto 1 no se cumple por cuanto, como se dejó consignado en los antecedentes administrativos y consta en la cuenta corriente de la entidad, la sociedad demandante procedió a presentar sus declaraciones de retención en la fuente por los periodos 2010-12, 2011-1, 2 y 3 el día 9 de agosto de 2011”, entendiéndose jurídicamente que no existieron y solo adquieren el carácter de válidas en el sistema Muisca cuando se presentan con el lleno de los requisitos de ley, es decir, con pago, “sin que tampoco opere la retroactividad de la Ley porque al momento de presentación de las declaraciones el legislador ni siquiera había concebido el beneficio consagrado en el parágrafo transitorio de la Ley 1607 de 2012”. Por otro lado, el apoderado judicial de la parte actora se mostró inconforme con la decisión del Tribunal de ordenar una indexación con fundamento en el incremento del índice de precios al consumidor, cuando expresamente pidió el reconocimiento de los intereses de mora a la tasa legal más alta prevista en los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario.
3.4.- El Consejo de Estado -Sección Cuarta-, en providencia del 19 de noviembre de 2020, revocó el pronunciamiento del juez a-quo para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda. Ello, tras estimar que “la petición de devolución que hizo la sociedad actora pretende revivir una situación de readecuación de su conducta infractora que quedó finiquitada en la fecha en que presentó las declaraciones de retención en la fuente con pago. Dicho de otro modo, para el 09 de agosto de 2011, fecha en que presentó los mencionados denuncios tributarios con los respectivos pagos, el legislador no había introducido un dispositivo normativo que enervara las consecuencias de la ineficacia de las declaraciones de retención sin pago o que, tal conducta se extrajera del ámbito punitivo del artículo 641 del ET, para esos precisos asuntos”. Por consiguiente, cabe concluir que las sumas sufragadas por la Sociedad Mineros S.A. a título de sanciones autoliquidadas e intereses de mora para regularizar su conducta tuvieron ocasión antes de la entrada en vigor de la Ley 1607 de 2012, “cuyo artículo 137 fue la norma que posibilitó el que los agentes retenedores purgaran la ineficacia de las declaraciones de retenciones en la fuente con la ventaja de que no liquidarían sanción por extemporaneidad ni intereses moratorios, pero como se anotó, la ley tendría aplicación respecto de aquellos agentes retenedores que tuvieren la condición de infractor al momento de su entrada en vigor”. Siendo así las cosas, para el caso bajo estudio, “siendo que la actora adecuó su conducta y pagó la sanción de extemporaneidad, resulta evidente que ya no tenía la condición de infractora, sino que se trataba de una pena cumplida al tenor de una disposición anterior a la norma benévola (arts. 580-1 —antes de la modificación de la Ley 1607 de 2012— y 641 del ET)”. De cualquier modo, dejó en claro que lo pretendido por el artículo 137 de la Ley 1607 de 2012 no era nada distinto a “sanear o subsanar las declaraciones ineficaces, circunstancia que ya el contribuyente había superado con la declaración presentada el 09 de agosto de 2011, es decir, antes de la entrada en vigencia la Ley 1607 de 2012”, razón por la cual no resultaba aplicable el beneficio allí consagrado ni mucho menos procedente la pretendida devolución de las sumas pagadas.
4.- Como fundamento de derecho de su solicitud de amparo, la parte actora alegó que, por virtud de la decisión en comento, el Consejo de Estado -Sección Cuarta-
quebrantó sus prerrogativas iusfundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en cuanto incurrió en una “violación directa de la Constitución” al desconocer el contenido de los principios de justicia y equidad tributarias consagrados en los artículos 95 y 363 de la Carta Política.
Para el efecto, sostuvo que el objetivo del artículo 137 de la Ley 1607 de 2012 era que todos los agentes de retención que debían corregir la ineficacia, lo hicieran sin pagar las sanciones por extemporaneidad y por mora, de suerte que el hecho de que la DIAN se negara a devolver lo cancelado por tales conceptos, terminaba por imponer una carga mayor a la establecida por el legislador.
En este sentido, precisó que la tesis de la DIAN prohijada en la providencia cuestionada, consistente en que el artículo 137 de la Ley 1607 de 2012 solo es aplicable a los agentes de retención que nunca subsanaron la situación irregular, no teniendo derecho la Sociedad Mineros S. A. a ello por haberla subsanado antes de la entrada en vigencia de la norma, “resulta violatorio del principio de equidad, ya que una interpretación en ese sentido implicaría que el objetivo de la ley es premiar al moroso, negligente e incurioso al no corregir oportunamente la situación irregular, y castigar con severidad al contribuyente responsable que subsanó en forma oportuna”.
B. Del trámite procesal y la contestación de la demanda
5.- La Sección Quinta del Consejo de Estado, en auto del 20 de abril del año en curso, admitió la acción de tutela y notificó de su presentación a la Sección Cuarta de esta Corporación, al mismo tiempo que vinculó al Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Primera de Oralidad- y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- como terceros interesados en las resultas del proceso, “para que alleguen los documentos que pretendan hacer valer como pruebas”.
Igualmente, allí se requirió al Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Primera de Oralidad- para que remitiera, en calidad de préstamo, el expediente contentivo del proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el número 05001-23-33-000-2013-01510-01.
(i) Consejo de Estado -Sección Cuarta-
6.- El Consejo de Estado -Sección Cuarta- intervino en el trámite de la presente controversia por medio del magistrado que fungió como ponente en la sentencia contra la cual se deprecó la protección constitucional. Dicho servidor, en memorial dirigido al despacho, propuso declarar la improcedencia de la acción de tutela al advertir que “el escrito de tutela revive el mismo debate jurídico ya analizado en el proceso ordinario y, por consiguiente, resulta inadmisible instrumentalizar la acción de tutela como una tercera instancia”.
(ii) Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-
7.- La Subdirectora de Gestión de Representación Externa de la Dirección de Gestión Jurídica de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- instó al juez constitucional para que decretara la improcedencia del recurso de amparo por ausencia de infracción a las prerrogativas superiores invocadas e inexistencia de un perjuicio irremediable, “entendiéndose que lo que se busca en la actualidad a través de esta figura es utilizar la tutela como mecanismo extraordinario de tercera instancia para debatir nuevamente los mismos hechos y eventos previamente examinados, que gozan del carácter prevalente de la figura de cosa juzgada, circunstancias que permiten que la acción de tutela no prospere por expreso mandato constitucional del artículo 86, en concordancia con el Decreto 2591 de 1991”.
(iii) Remisión del expediente contentivo del proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho
7.- El Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Primera de Oralidad- allegó al presente trámite el expediente radicado con el número 05001-23-33-000-2013-01510-01, contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ejercido por el representante legal de la Sociedad Mineros S.A. en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-.
C. De la sentencia de primera instancia
8.- La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de sentencia del 20 de mayo de 2021, negó el amparo constitucional solicitado por la sociedad demandante al estimar que la autoridad judicial censurada no incurrió en una violación directa de la Constitución, pues para adoptar la correspondiente decisión, se tuvo en cuenta que “el beneficio implementado con el artículo 137 de la Ley 1607 de 2012 para el saneamiento de las declaraciones ineficaces, solo podía predicarse respecto de las sanciones que no se hubieran cumplido, por la suficiente razón de que dicha norma no había entrado en vigencia para el 9 de agosto de 2011, cuando fueron presentadas las declaraciones de retenciones en la fuente por parte de Mineros S. A”, sin perjuicio de reconocer que esta decisión desfavorable no implica, en todo caso, “una omisión en el análisis de sus argumentos ni que se hubieran dejado de lado circunstancias fundamentales del asunto”.
D. De la impugnación
9.- La anterior decisión fue impugnada por el apoderado judicial de la parte actora, quien nuevamente trajo a colación varios de los temas ventilados en su escrito inicial, agregando, como respuesta a las consideraciones desplegadas por el fallador de primera instancia, que “la expectativa mínima de justicia no fue satisfecha”, en el sentido de que aquel no expuso con suficiencia las razones que fundamentaron su decisión, siendo su petición de amparo, por el contrario, seria y exhaustiva, respaldada además en la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Primera de Oralidad-, en la que se hizo el debido análisis constitucional y de principialística que exigía el tema.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
E. De la competencia
10.- Es competente esta Sala para conocer de la impugnación presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto-Ley 2591 de 1991.
10.1.- Debe precisarse, además, que en los estrictos términos de los artículos 13 y 25 del Acuerdo 80 de 2019, por medio del cual se expidió el Reglamento Interno del Consejo de Estado, le corresponde a la Sección Tercera resolver las acciones de tutela que sean de su competencia, de acuerdo con la distribución de los procesos entre las secciones y el correspondiente reparto por la Secretaría General de la Corporación.
10.2.- En ese orden, esta Sala determinará en sede de segunda instancia si se confirma, modifica o revoca el fallo de primer grado proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través del cual se denegó la protección tutelar deprecada por la Sociedad Mineros S.A. en contra del Consejo de Estado -Sección Cuarta-.
F. De la acción de tutela contra providencias judiciales
11.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
11.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior.
11.2.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son, los siguientes:
• Que la cuestión sometida a estudio por parte del juez de tutela resulte de evidente relevancia constitucional.
• Que se hayan agotado todos los recursos judiciales -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se advierta la ocurrencia de un perjuicio de carácter irremediable.
• Que la solicitud de amparo tutelar cumpla con el requisito de inmediatez.
• Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de las prerrogativas iusfundamentales.
• Que quien pretende el amparo identifique, de forma razonable, tanto los hechos que generan la violación como los derechos que resultan infringidos y que ello haya sido alegado en el proceso judicial, siempre que esto fuese posible; y,
• Que el fallo impugnado no se trate de una acción de tutela.
11.3.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho de esta naturaleza. En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial infringe derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.
11.4.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito se persiguen al menos tres finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, en ese sentido, evitar que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clara y marcada relevancia desde la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se transmute en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades jurisdiccionales.
11.5.- A su turno, los requisitos específicos de procedibilidad que ha decantado la jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defectos materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos fundamentales: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y, (viii) violación directa de la Constitución.
11.6.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la interpretación del derecho legislado o en la evaluación detenida de las pruebas del caso o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites judiciales”.
11.7.- Igualmente, cabe anotar que cuando se controvierte una providencia judicial dictada por una alta Corporación como la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, como ocurre en el presente caso, la propia Corte Constitucional ha sido enfática en precisar que la procedencia de la acción de tutela es aún mucho más restrictiva, pues supone la acreditación de un requisito adicional “en atención a que los aludidos organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones”. En este sentido, ha puesto de presente que, además de verificarse el cabal cumplimiento de los presupuestos generales y específicos de procedibilidad del recurso de amparo constitucional formulado contra la respectiva providencia judicial, debe evidenciarse “la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”, esto es, “cuando la decisión riña de manera abierta con la Constitución y se torne definitivamente incompatible con el alcance y límites de los derechos fundamentales que han sido desarrollados por la jurisprudencia constitucional”, pues en otras circunstancias, “los principios de autonomía e independencia judicial y, especialmente, la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias, aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.
11.8.- De lo que hasta ahora ha sido reseñado, le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que, una vez superado ese examen formal, pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos específicos arriba mencionados, los cuales también deben ser adecuadamente formulados por el interesado, sin perjuicio, además, de la necesaria comprobación del presupuesto adicional exigido por la jurisprudencia constitucional al tratarse de una acción de tutela incoada en contra de una decisión judicial proferida por una alta Corporación.
G. Del análisis del caso concreto
12.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar el acierto de la decisión impugnada, esto es, si los hechos que se alegan en la presente causa se enmarcan en los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente si cumple con el referido a la relevancia constitucional. Solo en el evento de acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás presupuestos con el objetivo de establecer si el Consejo de Estado -Sección Cuarta- incurrió en el yerro o vicio aducido por la parte actora y si se justifica la adopción de medidas de protección de los derechos fundamentales y principios invocados.
13.- No obstante, debe recordarse que, en lo atinente al trámite de impugnación, la competencia de quien conoce el asunto se ve delimitada, prima facie, por las razones o motivos de inconformidad con la providencia que es objeto de debate, con la circunstancia particular de que estando de por medio derechos y garantías fundamentales, el juez, tribunal o alta Corporación, adquiere mayores facultades para que, llegado el caso, adelante un análisis integral ante la evidencia de la afectación y necesidad de intervenir en la protección de un derecho de la anotada raigambre.
H. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
14.- Sobre el análisis específico de la relevancia constitucional del asunto, es de precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado ha reconocido que para determinar si una acción de tutela satisface dicho requisito es necesario entrar a examinar dos elementos, a saber:
• Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que no basta con enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor frente a los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela, de cara a la definición que ha adoptado el juez, encargado por mandato constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental fórmula de administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.
• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial, aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento anotado, en tanto la acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien con la determinación contenida en la sentencia no se ve favorecido pues, a no dudarlo, de lo que se trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.
15.- En el asunto sub iudice, la parte actora alega que el Consejo de Estado -Sección Cuarta-, al revocar la sentencia proferida el 22 de julio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Primera de Oralidad-, en la que se condenó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- a devolver a la Sociedad Mineros S.A. los dineros pagados por concepto de sanción por extemporaneidad e intereses de mora en relación con las declaraciones de retención en la fuente por varios periodos de 2010 y 2011, incurrió en una violación directa de la Constitución por desconocimiento de los principios de justicia, equidad y favorabilidad en materia tributaria, tal y como quedó consignado en el acápite de antecedentes de esta providencia.
16.- Pues bien, valorados los presupuestos de hecho y de derecho que dieron lugar a que se formulara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las pruebas arrimadas por los extremos procesales y el contenido en sí mismo considerado de la providencia dictada en segunda instancia, no encuentra esta Sala que el Consejo de Estado -Sección Cuarta- haya transgredido las prerrogativas superiores invocadas por la sociedad demandante, así como tampoco que hubiere incurrido en el defecto específico que se le endilga. Ciertamente, una revisión de los planteamientos expuestos tanto en la demanda como en el escrito impugnativo permite advertir que su finalidad es convertir el recurso de amparo constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de negar las pretensiones de la demanda.
16.1.- Con miras a corroborar el anterior acierto, la Sala inicia por señalar que el apoderado judicial de la Sociedad Mineros S.A. no formula cuestionamientos suficientes orientados a poner en tela de juicio la racionabilidad del fallo de segunda instancia pronunciado por el Consejo de Estado -Sección Cuarta-. De su contenido, claramente, no puede deducirse que se siguió un trámite procesal inconducente para abordar el asunto sometido a su competencia, pretermitido alguna etapa sustancial del procedimiento establecido en las Leyes 1607 de 2012, 1430 de 2010 y 1437 de 2011 o pasado por alto la realización del debate probatorio. Tampoco se aprecia que para la solución de la problemática jurídica que se le planteaba en el recurso de apelación, haya dejado de aplicar principios, valores o disposiciones normativas de rango constitucional.
Así mismo, es menester resaltar que la parte actora no cumplió con el deber de indicar con rigor demostrativo el defecto que, en su criterio, se produjo en la sentencia proferida por el Consejo de Estado -Sección Cuarta-, pues aun cuando invocó la existencia de una decisión violatoria de la Constitución, más allá de enunciar el desconocimiento de los principios de justicia y equidad en materia tributaria, en ninguna de sus alegaciones logró identificar los escenarios genéricos de configuración perfilados por la Corte Constitucional para habilitar la intervención excepcional del juez de tutela.
Recuérdese que, por oposición al principio de informalidad que caracteriza a la acción de tutela, cuando esta se formula contra providencias judiciales, es necesario que quien reclama la protección iusfundamental no solo señale los derechos que estima afectados, sino que identifique con cierto nivel de detalle en qué consiste la violación que le atribuye al pronunciamiento judicial y demuestre de qué forma aquel se aparta del ámbito del derecho o incurre en una actuación abusiva contraria al ordenamiento jurídico, no por la materialidad de la decisión y sus implicaciones, sino por las razones y fundamentos que la sustentan, aspecto sobre el que gravita la relevancia constitucional. De no ser así, toda providencia judicial que desestima una demanda o accede a las pretensiones, esto es, por sus consecuencias, sería transgresora de los derechos fundamentales de la parte vencida, asunto que, sin duda alguna, cuestionaría los cimientos del pacto político y social en que se soporta la existencia del Estado, y con este, el establecimiento de autoridades que detentan el poder público bajo las diferentes manifestaciones requeridas para la realización de sus fines, entre ellos, el de la solución de los conflictos y la efectividad de los derechos.
De ahí que la tutela contra providencias judiciales, que se presenta como expresión del poder realizador de valores tales como la convivencia pacífica, la seguridad de las relaciones y los derechos del conglomerado, entre otros, solo puede ser evaluada por el juez constitucional en aquellos eventos en que se logre establecer, a partir de una carga argumentativa seria, coherente y razonada de parte de quien la emplea, que una determinada actuación del juzgador es manifiestamente contraria al orden jurídico y, a su vez, violatoria de derechos fundamentales, en especial, del debido proceso y del acceso a la administración de justicia, que son los ejes medulares sobre los que, tratándose de acciones de tutela contra sentencias judiciales, se proyecta el análisis y la decisión del juez constitucional. Exigencia adicional que resulta razonable, pues sin buscar imprimir a la acción de tutela formalidades que la desnaturalicen, se requiere que su promotor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que de cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
Para el caso concreto, comoquiera que la parte actora no se sirvió estructurar ni caracterizar en debida forma el único cargo que imputó como defecto a la sentencia judicial proferida por el Consejo de Estado -Sección Cuarta-, esta Corporación tampoco puede proceder a ello de forma supletiva, teniendo en cuenta que, como ya se mencionó, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la especial carga de contar con una argumentación coherente y suficiente recae en quien solicita el amparo constitucional y no en quien lo decide, pues están de por medio los principios superiores de los que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica, la garantía de la independencia, la autonomía de los jueces y, a no dudarlo, también los derechos de la parte contradictora que resultó favorecida con la decisión adoptada.
16.2.- Con todo, aun si en gracia de discusión se admitiera que la acusación que fundó la sociedad actora logra corresponderse con la presunta configuración de un defecto por violación directa de la Constitución, esta Sala considera que la providencia sometida a examen en esta oportunidad fue proferida dentro del marco de la autonomía e independencia judicial que le asiste al Consejo de Estado -Sección Cuarta-, respaldado a su turno en disposiciones claramente aplicables al caso concreto, con apoyo en el material probatorio aportado al proceso y ajustado al procedimiento establecido para tramitar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, según las previsiones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para este tipo de asuntos.
Y es que esta causal específica de procedibilidad de la acción de tutela, tal y como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, encuentra claro fundamento de principio en el actual modelo del ordenamiento constitucional colombiano que reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de suerte que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares. De manera que, al ser la propia Constitución una norma directamente aplicable, es decir, al tener sus disposiciones valor normativo vinculante, resulta evidente que una decisión judicial pueda cuestionarse por medio de la acción de tutela, cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente los postulados de índole superior que rigen una materia. Esto último, quiere decir que dicho defecto se configura solo “cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición de carácter ius fundamental a un caso concreto; o bien porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución” (Subrayas y negrillas no originales).
En los citados términos, la Sala advierte que si bien la parte actora adujo que el Consejo de Estado -Sección Cuarta- había incurrido en una decisión que vulneraba directamente la Constitución por cuanto al resolver el recurso de apelación desconoció los principios de justicia, equidad y favorabilidad en materia tributaria, lo cierto es que no explica clara ni suficientemente cómo y en qué medida, para la solución del caso, se dejó de interpretar y aplicar su alcance, si suponen prerrogativas iusfundamentales de aplicación inmediata o si, por ejemplo, era o no necesario aplicar el principio de interpretación conforme con la Constitución.
En esa medida, esta Sala considera que no es factible activar la competencia excepcional del juez de tutela para entrar a examinar el fallo proferido en segunda instancia por el Consejo de Estado -Sección Cuarta-, en cuanto no se evidencia la aplicación incompatible de ninguna disposición normativa, la falta de argumentación decisoria o que esta transmute en un mero acto de voluntad del juez, esto es, en una arbitrariedad. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el pronunciamiento censurado se definió si la sanción por extemporaneidad y los intereses de mora autoliquidados correspondieron a un pago de lo no debido por parte de la Sociedad Mineros S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley 1607 de 2012, en cuyo caso se explicó que, si bien el mencionado artículo introdujo un parágrafo transitorio al artículo 580-1 del Estatuto Tributario, con lo cual las declaraciones ineficaces de retenciones en la fuente podía ser presentadas de forma correcta hasta el 31 de julio de 2013 sin lugar a autoliquidar sanción por extemporaneidad e intereses de mora, para el caso particular dicha disposición entró en vigor el 26 de diciembre de 2012, por lo que para la fecha en que se inició la aplicación del mentado parágrafo, “la Sociedad Minero S.A. no tenía la calidad de infractora, dado que desde el 9 de agosto de 2011 regularizó su conducta presentando las declaraciones de retención en la fuente con los respectivos pagos y autoliquidando la sanción e intereses de mora, con base en el artículo 580-1 del ET, antes de la adición transitoria que hizo la Ley 1607 de 2012”. De ahí que resultara improcedente “dar alcance a una disposición posterior”, aludiendo a la justicia, equidad o favorabilidad en materia tributaria, ya que la sanción había sido cumplida.
17.- Por lo tanto, al margen de que la determinación aquí adoptada no se corresponda precisamente con las expectativas que la sociedad actora cifra como única alternativa para la satisfacción de sus intereses, no es posible predicar que la autoridad judicial censurada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia por haber revocado la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Primera de Oralidad-. Contrario sensu, considera esta Sala que la supuesta deficiencia alegada respecto del escrutinio que se hizo en la sentencia objeto de reproche y que llevó a que se negaran las pretensiones de la demanda dentro del proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho, responde, en realidad, a una mera discrepancia sobre el resultado desfavorable del mismo que no es susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su autonomía e independencia.
18.- Insiste además esta Sala en que los derechos, expectativas e intereses que se llevan al conocimiento de la judicatura, de cara la preexistencia de un conflicto, la mayoría de las veces están desprovistos de una connotación iusfundamental, por lo que solo resulta admisible que se abra paso la acción de tutela cuando la labor del juez se proyecta como afrenta al derecho de acceso a la administración de justicia, que se presenta como emanación directa del derecho al debido proceso, asunto que, como ya se vio, no se reduce a la discrepancia de criterios entre la decisión judicial y la de la parte que no resulta favorecida con ella, pues en esta materia asiste al operador judicial la importante tarea de aplicar y definir el derecho, justamente en aplicación y desarrollo de la anterior premisa.
19.- Así las cosas, contrario a lo señalado por la Sección Quinta del Consejo de Estado que dio por satisfecho el requisito general de relevancia constitucional por la sola razón de haberse controvertido en la demanda la garantía superior del debido proceso, esta Sala estima que la acción de tutela objeto de estudio no acredita su cumplimiento, máxime, si se repara en que su objeto es continuar con un debate que se concluyó en las instancias respectivas, lo que desnaturaliza su finalidad como mecanismo supletivo de protección de los derechos fundamentales. De esta suerte, habrá de revocarse la sentencia del 20 de mayo de 2021 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en cuanto denegó el amparo impetrado por la Sociedad Mineros S.A. al no hallar configurado el defecto específico de procedibilidad invocado para, en su lugar, declarar la improcedencia del recurso formulado por la ausencia del antedicho presupuesto formal.
20.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. F A L L A
PRIMERO. - REVOCAR la sentencia proferida el 20 de mayo de 2021 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en cuanto denegó el amparo impetrado por la Sociedad Mineros S.A. al no hallar configurado el defecto específico de procedibilidad invocado para, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela por la ausencia de relevancia constitucional, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente decisión a las partes e interesados, por el medio más expedito.
TERCERO. - ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Expediente digital, Folio 19 del escrito de demanda. Expediente digital, Folios 2 a 9 del escrito de demanda. Expediente digital, Folios 1 a 126 del proceso contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 05001-23-33-000-2013-01510-01. Expediente digital, Folios 311 a 330 del proceso contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 05001-23-33-000-2013-01510-01. Artículo 137. Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 580-1 del Estatuto Tributario: Parágrafo transitorio. Los agentes retenedores que hasta el 31 de julio de 2013 presenten declaraciones de retención en la fuente con pago en relación con períodos gravables anteriores al 30 de noviembre de 2012, sobre los cuales se haya configurado la ineficacia de que trata este artículo, no estarán obligados a liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad ni los intereses de mora.// Los valores consignados a partir de la vigencia de la Ley 1430 de 2010, sobre las declaraciones de retención en la fuente ineficaces, en virtud de lo previsto en este artículo, se imputarán de manera automática y directa al impuesto y período gravable de la declaración de retención en la fuente que se considera ineficaz, siempre que el agente de retención, presente en debida forma la respectiva declaración de retención en la fuente de conformidad con lo previsto en el inciso anterior y pague la diferencia. // Lo dispuesto en este parágrafo aplica también para los agentes retenedores titulares de saldos a favor igual o superior a ochenta y dos mil (82.000) UVT con solicitudes de compensación radicadas a partir de la vigencia de la Ley 1430 de 2010, cuando el saldo a favor haya sido modificado por la Administración Tributaria o por el contribuyente o responsable. Expediente digital, Folios 336 a 342 y 346 del proceso contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 05001-23-33-000-2013-01510-01. Expediente digital, Folios 457 a 463 del proceso contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 05001-23-33-000-2013-01510-01. Expediente digital, Folio 2 del mencionado proveído. Expediente digital, intervención contenida en 5 folios. Expediente digital, intervención contenida en 7 folios. El referido expediente digital fue remitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Primera de Oralidad- en correo electrónico del 23 de abril de 2021 y se encuentra disponible en el aplicativo web SAMAI.
“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
“DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…) Sección Tercera (…) 14. Las acciones de tutela que sean de competencia del Consejo de Estado (…)”.
“ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACCIONES DE TUTELA, DE CUMPLIMIENTO, POPULARES Y DE GRUPO. Las impugnaciones y demás asuntos relacionados con las acciones de tutela y de cumplimiento, serán resueltos por la Sección o Subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el Consejero a quien haya correspondido el reparto y su trámite se hará por la Secretaría General de la Corporación.// Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto (…)”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC). Sentencia T-079 de 2010 de la Corte Constitucional. Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”. Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional. Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional. Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional. Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional. Sentencia SU-050 de 2018 de la Corte Constitucional. Sentencias SU-917 de 2010, SU-050 de 2017 y SU-573 de 2017 de la Corte Constitucional. Sentencia SU-397 de 2019 de la Corte Constitucional. Sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional. Cfr.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-02568-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de 2016, SU-542 de 2016 y SU-490 de 2016. Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Cfr. Sentencias T-310 de 2009, T-555 de 2009 y SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional. En la Sentencia C-590 de 2002, la Corte Constitucional señaló que se deja de aplicar una disposición iusfundamental en los casos en que, “… si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”. Cabe destacar que en la Sentencia C-590 de 2005, se reconoció autonomía a esta causal de procedibilidad de la acción de tutela y, en consecuencia, se establecieron algunos criterios para su aplicación. VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo web SAMAI del Consejo de Estado, de suerte que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \h http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.