Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-01789-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-01789-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-01789-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
27 de agosto de 2021
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Acción de tutela no es una tercera instancia
[S]e observa que lo que pretende el actor es que el juez constitucional determine el régimen de imputación aplicable a los supuestos de hecho expuestos en el proceso de reparación directa, lo que implicaría invadir la órbita jurisdiccional del juez natural de la causa y convertir la acción de tutela en una instancia adicional al proceso ordinario, cuando de por medio no se advierte transgresión alguna de los derechos fundamentales deprecados por el actor. (…) Visto lo anterior, estima esta Sala que las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la providencia objeto de reproche, responden, en realidad, a una mera discrepancia valorativa sobre la responsabilidad estatal por la supuesta privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor [B.S.A.R.], que no es susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de interpretaciones diversas y razonables, se reitera que es el juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate, de acuerdo con los criterios de la sana crítica y en virtud de su autonomía e independencia. (…) Por lo expuesto anteriormente, la acción de tutela que se examina no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, máxime porque su objeto es restablecer un debate tramitado y concluido en las instancias respectivas, lo que desnaturaliza su finalidad como mecanismo supletivo de protección de los derechos fundamentales. (…) En ese sentido, al no cumplirse uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial -relevancia constitucional-, habrá de confirmarse la sentencia de 11 de junio de 2021 dictada por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01789-01(AC)
Actor: LUZ INÉS RESTREPO BUSTAMANTE Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la señora Luz Inés Restrepo Bustamante y otros en contra de la sentencia de 11 de junio de 2021, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió:
<<PRIMERO. DECLÁRASE improcedente la solicitud de tutela Luz Inés Restrepo Bustamante, Brayan Stiven Arango Restrepo y Víctor Armando Arango Restrepo contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO. NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito posible.>> (Negrillas propias del texto).
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 20 de abril de 2021, Luz Inés Restrepo Bustamante, Brayan Stiven y Víctor Armando Arango Restrepo presentaron demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por presuntamente vulnerar sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad, al proferir la sentencia de 10 de marzo de 2021, por medio de la cual revocó el fallo de 15 de diciembre de 2016, dictado por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Medellín, dentro del proceso de reparación directa que promovieron contra la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen a lo siguiente:
<<Primero: Pretendemos Honorables Magistrados del Consejo de Estado, como madre de cabeza de familia de mi núcleo familiar, que la componen mis hijos BRAYAN STIVEN Y VICTOR ARANGO RESTREPO, que se NOS AMPARE los Derechos Constitucionales Fundamentales, como: A LA IGUALDAD; AL DEBIDO PROCESO; Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, vulnerados ostensiblemente por el Tribunal Administrativo de Antioquia-M.P. Álvaro Cruz Riaño, en la Sentencia No 16 proferida el día 10 de marzo de 2021.
Segundo: Que tomen las medidas necesarias y conducentes que estimen pertinentes los Honorable Consejeros de Estado, para que se NOS RESTABLEZCAN nuestros Derechos a la Igualdad (Art.13C C.N.); Debido Proceso (Art. 29 C.N.); y Acceso a la Administración de Justicia (Artículos 228 y 229 C.N.), con el objeto de que nos de igualdad de oportunidades, el derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Tercero: Que, a través de sentencia de tutela se nos restablezcan nuestros derechos constitucionales y legales vulnerados, y se DEJE SIN EFECTOS la Sentencia No 16 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el día 10 de marzo del 2021, dentro del proceso de Reparación Directa, en contra de la Nación, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial.
Cuarto: le ORDENE al Tribunal Administrativo de Antioquia para que proceda a tomar una nueva decisión acorde a lo regulado en el articulo12, 29, 90, 228 y 229 de la Constitución Nacional; artículos 23 y 448 del Código de Procedimiento Penal; Artículo 376 del Código Penal; artículos 65, 66, 67, 68, 69 y 79 de la Ley 270 de 1996; y se tenga en cuenta los elementos materiales de prueba aportados en la demanda administrativa>>. (negrilla propia del texto).
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada, los actores expusieron que:
3.1.- El 28 de agosto de 2012, el señor Brayan Stiven Arango Restrepo fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional con el porte de 228,2 gramos de marihuana, mientras se encontraba departiendo con unos amigos cerca al lugar de su residencia, entre ellos, el señor Jeison Andrés Alarcón Zapata, quien, por medio de entrevista rendida en Formato de Policía Judicial-FPJ-14, lo identificó como expendedor de sustancias alucinógenas.
3.2.- El 29 de agosto de 2012, en audiencia preliminar para la legalización de la captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, el Juzgado Primero Penal Municipal de Itagüí con Función de Control de Garantías le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de venta y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su domicilio.
3.3. Posteriormente, el 17 de octubre de 2012, el señor Jeison Andrés Alarcón Zapata rindió una exposición libre, voluntaria y espontánea sobre los hechos sucedidos el 28 de agosto anterior, mediante la cual manifestó, entre otras cosas, que no le había comprado estupefacientes al señor Brayan Stiven Arango Restrepo; lo cual fue puesto en conocimiento del ente acusador.
3.4.- El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itagüí con Función de Conocimiento, en sentencia del 7 de noviembre de 2013, absolvió al procesado en aplicación del principio in dubio pro reo.
3.5.- En consideración a lo anterior, los accionantes, en ejercicio del medio de control de reparación directa, entablaron proceso contencioso en contra de la Nación- Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios que afirmaron les fueron causados por la privación de la libertad de Brayan Stiven Arango Restrepo.
3.6.- Mediante sentencia del 15 de diciembre de 2016, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Medellín, en aplicación del régimen de responsabilidad objetiva, declaró solidaria y administrativamente responsables a la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Brayan Stiven Arango Restrepo. En desacuerdo con lo anterior, las entidades demandadas presentaron apelación.
3.7.- A través de fallo del 10 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la decisión de primera instancia, al considerar que en el caso sub examine, se configuró la culpa exclusiva de la víctima, teniendo en cuenta que la actuación desplegada por el procesado, al momento de su captura, incidió en la imposición de la medida de aseguramiento, pues fue capturado en flagrancia con el porte de 228,2 gramos de marihuana; por tanto, la medida de detención preventiva domiciliaria fue razonable, justa, legal y proporcional.
4.- Dicha decisión a juicio de los accionantes vulnera sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad, al incurrir en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución Política.
4.1.- Al respecto, manifestaron que el tribunal cuestionado omitió valorar el acervo probatorio obrante en el expediente ordinario, particularmente, la entrevista -FPJ-14 rendida por el señor Jeison Andrés Alarcón Zapata, documento que califica como “falso” y por el cual se privó de la libertad al señor Brayan Stiven Arango Restrepo; desconociendo con ello el artículo 29 de la Constitución, por medio del cual se establece que “(…) Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso (…)”.
4.2.- Por su parte, afirmaron que el tribunal accionado se basó en normas inexistentes o inconstitucionales, pues, a su juicio, “cambió de forma abrupta” los hechos por los cuales estaba siendo investigado el procesado, pues modificó el punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de venta, por la modalidad de porte, sin estar facultado para ello, de conformidad con los artículos 376 del Código Penal, 286 y 448 del Código de Procedimiento Penal.
4.3.- Sumado a lo anterior, señalaron que en la sentencia cuestionada no se hizo un estudio del caso desde la teoría objetiva de la responsabilidad del Estado, por lo cual se desconoció las sentencias del 6, 13 y 28 de febrero de 2020, 11 de agosto siguiente y 9 de octubre posterior proferidas por esta Corporación.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
5.- Mediante auto del 26 de abril de 2021, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dispuso admitir la acción de tutela y notificar de su presentación a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, al tiempo que vincular a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura, como terceros interesados en las resultas del proceso.
(i) Tribunal Administrativo de Antioquia
6.- El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó negar el amparo constitucional al no haber incurrido en los defectos alegados por los actores, comoquiera que: i) se realizó un análisis integral del material probatorio aportado al proceso ordinario, incluso las pruebas que considero relevantes fueron objeto de cita en la providencia cuestionada, además, indicó porque no son suficientes para establecer la responsabilidad de las entidades demandadas, ii) no se cambiaron los supuestos fácticos del delito imputado -tráfico, fabricación o porte de estupefacientes-, de hecho, fue el único punible al que se hizo referencia en el fallo y, iii) la decisión estuvo acorde al ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto y al precedente jurisprudencial sentado sobre la materia.
(ii) Ministerio de Defensa – Policía Nacional
7.- La Policía Nacional pidió negar la solicitud de amparo ante la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados por los accionantes, pues en el escrito de tutela no fue controvertido el procedimiento policial, por medio del cual fue capturado el señor Brayan Stiven Arango Restrepo.
(iii) Fiscalía General de la Nación
8.- La Fiscalía General de la Nación manifestó que la presente acción de tutela deviene improcedente, por cuanto: i) no cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que la parte actora no agotó todos los mecanismos judiciales idóneos para resolver el asunto objeto de debate, así como tampoco acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ii) no se sustentaron las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, iii) la sentencia cuestionada se ajusta a derecho, pues se realizó el respectivo análisis sobre el cumplimiento de los requisitos para imponer la medida de aseguramiento.
(iv) Otras actuaciones procesales
9.- La Rama Judicial guardó silencio.
C. Sentencia de primera instancia
10.- Mediante fallo del 11 de junio de 2021, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado, al no acreditarse el requisito de la relevancia constitucional, pues los actores buscan convertir la acción de tutela de la referencia en una instancia adicional al proceso ordinario, al pretender revivir un debate jurídico zanjado por el juez natural.
D. Impugnación
11.- Los tutelantes interpusieron impugnación contra la anterior decisión; para el efecto, reiteraron los mismos argumentos expuestos en el escrito de tutela.
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
E. Competencia
12.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991. Dado lo anterior, corresponde determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo impugnado, por el cual se resolvió en primera instancia la solicitud de amparo presentada por la parte actora.
F. La acción de tutela contra providencias judiciales
13.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
14.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior.
15.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son, los siguientes:
• Que la cuestión sometida a estudio por parte del juez de tutela resulte de evidente relevancia constitucional.
• Que se hayan agotado todos los recursos judiciales -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se advierta la ocurrencia de un perjuicio de carácter irremediable.
• Que la solicitud de amparo tutelar cumpla con el requisito de inmediatez.
• Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de las prerrogativas iusfundamentales.
• Que quien pretende el amparo identifique, de forma razonable, tanto los hechos que generan la violación como los derechos que resultan infringidos y que ello haya sido alegado en el proceso judicial, siempre que esto fuese posible; y,
• Que el fallo impugnado no se trate de una acción de tutela.
16.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho de esta naturaleza. En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial infringe derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.
16.1.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito se persiguen al menos tres finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, en ese sentido, evitar que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clara y marcada relevancia desde la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se transmute en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades jurisdiccionales.
17.- A su turno, los requisitos específicos de procedibilidad que ha decantado la jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defectos materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos fundamentales: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
18.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la interpretación del derecho legislado o en la evaluación detenida de las pruebas del caso o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites judiciales”.
19.- De lo que hasta ahora ha sido reseñado, le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que, una vez superado ese examen formal, pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales también deben ser adecuadamente formulados por el interesado.
G. Análisis del caso concreto
20.- En los términos precedentes, la Sala se ocupará, en lo que sigue, de verificar si los hechos que se alegan en la presente causa se enmarcan en los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si cumple el requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios jurisprudenciales con el fin de establecer si el Tribunal Administrativo de Antioquia -en la sentencia de 10 de marzo de 2021- incurrió en los yerros o vicios alegados por la parte actora y si se justifica la adopción de medidas de protección de los derechos fundamentales invocados.
21.- Con todo, debe recordarse que, en lo atinente al trámite de impugnación, la competencia de quien conoce el asunto se ve delimitada, prima facie, por las razones o motivos de inconformidad con la providencia que es objeto de debate, con la circunstancia particular de que estando de por medio derechos y garantías de raigambre fundamental, el juez, tribunal o alta Corporación, adquiere mayores facultades para que, llegado el caso, adelante un análisis integral ante la evidencia de la afectación y necesidad de intervenir en la protección de un derecho fundamental.
H. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
22.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una acción de tutela cumple con dicho requisito es necesario entrar a examinar dos elementos, a saber:
• Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que no basta con enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor frente a los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela, de cara a la definición que ha adoptado el juez, encargado por mandato constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental fórmula de administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.
• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial, aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento anotado, en tanto la acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien con la determinación contenida en la sentencia no se ve favorecido, pues sin lugar a dudas de lo que se trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.
23.- En el asunto en cuestión, los actores aducen que el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad al incurrir en un defecto fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, toda vez que: i) no valoró la entrevista -FPJ-14 rendida por el señor Jeison Andrés Alarcón Zapata, la cual, a su juicio, fue determinante para imponer la medida de aseguramiento, ii) cambió el delito por el cual estaba siendo investigado el procesado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de venta, por la modalidad de porte y, iii) no realizó un análisis del caso desde el régimen de responsabilidad objetiva del Estado, desconociendo así el precedente judicial sentado sobre la materia por esta Corporación.
24.- La revisión de los planteamientos expuestos en la demanda de tutela permite advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional o complementaria al proceso contencioso administrativo tramitado, al pretender reabrir un debate ya zanjado por no estar de acuerdo con la decisión sobre la falta de responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad que califica como injusta.
25.- Sobre el presunto defecto fáctico, estima la sala que, contrario a lo indicado en la demanda, el tribunal demandado, en el fallo del 10 de marzo de 2021, realizó un análisis en conjunto del material probatorio obrante en el expediente penal; incluso, fue objeto de estudio la entrevista -FPJ-14 rendida por el señor Jeison Andrés Alarcón Zapata, tal como se evidencia a continuación:
<<1.8. Pruebas relevantes
1.8.1. Documentales
(…)
Copia de formato de entrevista -FPJ-14, rendida por el señor Jeison Andrés Alarcón Zapata.
(...)
En primer lugar, tenemos que de lo manifestado por las partes, se tiene que los miembros de la Policía realizaron, en formato FPJ 14, entrevista al señor Jeison Andrés Alarcón Zapata, en la que manifestó entre otras cosas, que consume marihuana desde los 16, que no le hace daño a nadie, y que algunas veces la compra a Brayan. Documento que contiene una huella digital que no corresponde al declarante.
Por otra parte, el Defensor aportó al proceso penal documento denominado libre, voluntaria y espontánea, en el cual el señor Jeison Andrés Alarcón Zapata, declara que, estando en la Policía lo hicieron firmar unas hojas en blanco, por lo que en ningún momento rindió entrevista o declaración en contra del señor Brayan Stiven Arango Restrepo sobre los hechos acaecidos o sucedidos en día 28 de agosto de 2021. También señala que no le ha comprado al señor Brayan Stiven alucinógenos, ya que su vínculo social se deriva de una amistad de más de 10 años.
El Defensor puso en conocimiento de la Fiscalía, el citado documento, antes de la celebración de la audiencia de acusación, pero el ente acusador no tuvo en cuenta en material probatorio entregado, e hizo entrega del escrito de acusación. El 1 de noviembre de 2012, se celebró la audiencia de acusación.
Solo hasta el 28 de febrero de 2012, fue solicitado ante el Instituto de Medicina legal, el análisis dactiloscópico del documento entrevista en formato PPJ 14 y el documento denominado exposición libre, voluntaria y espontánea, ambos rendidos, supuestamente, por el señor Jeison Andrés Alarcón Zapata.
El 4 de marzo del mismo año, el Instituto, concluyó que “la huella dactilar tenida como del señor Jeison Andrés Alarcón Zapata, en el documento Entrevista FPJ-14, no es la misma impresión dactilar impresa que aparece en el documento Exposición Libre y Espontánea rendida por el señor sesión (SIC) Andrés Alarcón Zapata”.
En atención al resultado, el defensor solicitó audiencia preliminar de revocatoria de medida de seguridad. En la citada diligencia, celebrada el 17 de abril de 2013, el juez de conocimiento, negó lo solicitado, aduciendo para ello que manifestó que los documentos aportados carecían de validez, toda vez que no se acreditó la identificación plena del señor Alarcón Zapata.
Considera esta Sala que, de lo narrado no se desprende ilegalidad en el proceso penal adelantado, por una parte, dado que si bien el abogado defensor consiguió un nuevo pronunciamiento del testigo, para el momento en que se presentó el documento ante la fiscalía, las partes no tenían evidencia de su autenticidad, permitiendo pensar que el declarante simplemente cambio la versión de los hechos, por la otra, si bien con la solicitud de audiencia preliminar, el defensor aportó el resultado del estudio elaborado por el instituto de medicina legal, lo cierto es que los documentos de los cuales se tendían sospechas, no habían sido cotejados con la información contenida en la Registraduría, es decir, no se tenía plena certeza de la identidad del declarante, tal como lo manifestó el Juez Penal.
En consecuencia, es claro que era necesario, al interior de la investigación penal, estudiar el contenido de los documentos a fin de determinar la veracidad de los mismos. En otras palabras, el único momento para esclarecer la veracidad de los documentos que fueron aportados, tanto por la Fiscalía como por el abogado defensor, era al interior de un proceso penal (...) >>
25.1.- Acto seguido, analizó en forma completa las actuaciones desplegadas por las entidades demandadas en la investigación penal a partir del marco normativo establecido en la Ley 906 de 31 de agosto de 2004 .
25.2.- Así, hizo mención al artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, según el cual cuando del material probatorio obtenido legalmente, se logre inferir razonablemente que la persona investigada pueda ser autor o partícipe de la conducta punible, hay lugar a imponer medida de aseguramiento preventiva, si se acreditan una serie de requisitos contenidos en el citado artículo, entre estos, que la persona signifique un peligro para la sociedad.
25.3.- En ese punto, resaltó que el delito por el cual estaba siendo investigado el señor Brayan Stiven Arango Restrepo se encuentra tipificado en el Código Penal en el título XIII “DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA”, por lo cual la conducta objeto de reproche era considerada un peligro para la sociedad.
25.4.- Pasando al asunto objeto de debate, el tribunal cuestionado hizo un análisis de la legalidad de la medida de aseguramiento impuesta, considerando en conjunto el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, el cual fue estudiado por el juez de control de garantías. Al respecto, dijo:
<<De lo obrante en el proceso, tenemos que la imposición de la medida se dio en virtud del material incautado el día de los hechos, esto es, “una bolsa plástica que en su interior contenía un sustancia de color verde con características similares a la marihuana”, por lo que de acuerdo a las normas precitadas había lugar a la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, máxime cuando el acusado fue capturado en flagrancia.
En ese sentido, lo que se quiere dar a entender es que el Fiscal designado para el caso se encontraba frente a un imperativo legal frente al cual, como se sabe, lo que correspondía era su cumplimiento traducido en la solicitud de imposición de la medida preventiva, correspondiéndole por su parte al Juez de control de garantías verificar la configuración de los supuestos para su decreto. Es así como, estando acreditado la actuación penal tuvo su inicio en el porte de estupefacientes antes mencionado que previo a la legalización de la captura, la Fiscalía realizó la prueba preliminar para determinar si la sustancia incautada en efecto correspondía a marihuana, estudio que arrojó como resultado positivo para marihuana en un peso neto 228.2 gramos, superando lo normado por el Legislador en el art. 376 del C.P., se desprende que la medida fue debidamente solicitada y de igual manera, debidamente decretada por el Juez de control de garantías en este aspecto.
Ahora, en lo que tiene que ver con la inferencia razonable de los medios probatorios a fin de estudiar la imposición de la medida, se considera suficiente señalar que los miembros de la Policía Nacional, al momento de la captura incautaron al señor Brayan Stiven, una bolsa plástica que en su interior contenía una sustancia de color verde con características similares a la marihuana, a la que se le realizó prueba preliminar encontrando que en efecto se trataba de la citada sustancia, y que la cantidad contenida superaba los límites establecidos por la norma.
Aunado a lo anterior, se tiene que en el informe de la Policía se narra que, la aquí víctima, al momento de sentirse observado por los agentes, trató de huir del lugar en el que se encontraba subiendo por unas escaleras y posteriormente saltando por un techo, arrojando la bolsa que tenía en la mano, a una zona verde.>>
25.6.- De acuerdo con lo anterior, concluyó que, de acuerdo a los hechos materia de investigación, era razonable inferir que el imputado podía ser el responsable de la conducta punible objeto de reproche y, en consecuencia, la medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria proferida en su contra se ajustó al derecho penal adjetivo, estimando, además, que tal medida se revelaba como razonable, adecuada y proporcional.
26.- Así, al examinar el contenido de la decisión cuestionada, se advierte que, en virtud del principio de la libre apreciación de la prueba que rige en materia procesal, el juez ordinario no incurrió en una falta de valoración probatoria; por el contrario, por medio del estudio en conjunto de las pruebas obrantes en el expediente penal, efectuó el análisis probatorio correspondiente y encontró bajo fundamentos legales que la imposición de la medida de aseguramiento era razonable, adecuada y proporcional y estuvo ajustada a derecho.
26.1.- De esta manera, se advierte que la determinación tomada por el Tribunal Administrativo de Antioquia estuvo fundada en la sana crítica, con una carga argumentativa válida y razonable, propia de la autonomía del operador judicial frente a la apreciación de las pruebas de manera conjunta, los supuestos de hecho y la aplicación e interpretación legal, sin que pueda decirse que la decisión vulnera derechos fundamentales de la parte actora.
27.- Cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no ha considerado factible la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando estas se fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la causa y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley -sustancial y procesal-.
28.- Acorde con lo anterior, se estima que con la interposición de la presente acción de tutela se pretende reabrir el debate jurídico surtido en torno a la supuesta imposición de la injusta medida de aseguramiento en su contra, alegando el desconocimiento probatorio, por lo cual, en relación con la configuración del defecto fáctico dicho asunto carece de relevancia constitucional.
29.- Por otra parte, en relación con el defecto sustantivo alegado, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el mismo se configura cuando la providencia cuestionada se basa en normas inexistentes o inconstitucionales, o en normas que no debían aplicarse al caso concreto o mediante una interpretación indebida de las mismas.
29.1.- Así las cosas, al estudiar el contenido de la providencia cuestionada, esta Sala advierte que el tribunal demandado aplicó de forma debida la normatividad aplicable al caso concreto de acuerdo a los hechos objeto de reproche en el proceso penal, es decir, la conducta por la cual estaba siendo investigado el señor Brayan Stiven Arango Restrepo, esto es, el delito de tráfico, porte o fabricación de estupefacientes.
30.- Frente al supuesto desconocimiento del precedente judicial, se advierte que la autoridad judicial demandada, sustentó la decisión acusada en la jurisprudencia vigente sobre la materia, tal y como se cita a continuación:
<< Atendiendo a lo señalado por el Consejo de Estado en sentencia del 4 de diciembre de 2020, la metodología de estudio del caso se hará de la siguiente forma:
“13. Esta Sala, atendiendo a lo afirmado por la Corte Constitucional en sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018 estima que la metodología adecuada para abordar el estudio de la responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad de la siguiente manera: 1. En primer lugar, se identifica la existencia del daño, esto es, debe estar probada la privación de la libertad de la que en este caso se derivan los perjuicios reclamados por los actores; 2. En segundo lugar, se analiza la legalidad de la medida de privación de la libertad bajo una óptica subjetiva, esto es, se estudia si esta se ajustó o no (falla del servicio) a los parámetros dados por el ordenamiento constitucional y legal para decretar la restricción de la libertad, tanto en sus motivos de derecho como de hecho; 3. En tercer lugar, y solo en el caso de no probarse la existencia de una falla en el servicio, la responsabilidad se analiza bajo un régimen objetivo (daño especial). 4. En cuarto lugar, en el caso de que se considere que hay lugar a declarar la responsabilidad estatal, ya fuere bajo un régimen de falla o uno objetivo, se procede a verificar a qué entidad debe imputarse el daño antijurídico; 5. Aparte de lo anterior, en todos los casos, debe realizarse el análisis de la culpa de la víctima como causal excluyente de responsabilidad; 6. Finalmente, en caso de condena, se procede a liquidar perjuicios”.
(...)
En asunto similar, el Consejo de Estado en sentencia del 23 de octubre de 2020, señaló lo siguiente:
“Así pues, desde la óptica de la responsabilidad del Estado, sólo será objeto de reproche y reparación la falla derivada del incumplimiento o de la omisión de las autoridades respecto de los presupuestos legales necesarios para imponer la medida, evento en el cual la privación de la libertad se tornará arbitraria; o la falta de acatamiento de los términos legales que deben correr una vez se materializa la captura, caso en el cual se configura una prolongación indebida de la libertad.
De manera que, si se limita la libertad de un ciudadano en cumplimiento de una orden de captura debidamente dispuesta o dentro de los eventos de la flagrancia y en acatamiento de los términos legales previstos para tal fin, la detención emerge como una carga que se está en el deber jurídico de soportar y que se justifica en el ejercicio legítimo de la acción penal y del poder coercitivo del Estado, que propende por la investigación de las conductas que revisten las características de delitos y la individualización de los presuntos autores de las mismas.
Por tanto, y a pesar de la existencia de un daño (limitación del derecho a la libertad), este no puede calificarse como antijurídico y, en consecuencia, no surge para el Estado del deber jurídico de repararlo”>>.
30.1.- De lo expuesto se observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia no desconoció el precedente judicial sentado sobre la materia por esta Corporación, por el contrario, en aplicación del mismo, concluyó que en los casos en los que se analiza la responsabilidad del Estado frente a la privación de la libertad no existe un único título de imputación, por lo cual, es necesaria la valoración de los elementos de la imposición de la medida de aseguramiento para determinar el régimen aplicable al caso concreto, tal como lo hizo la autoridad judicial demandada en la decisión que aquí se cuestiona.
30.2.- De la jurisprudencia citada por el tribunal accionado, se advierte que el juez de lo contencioso administrativo al realizar un análisis sobre la responsabilidad del Estado, de acuerdo a las circunstancias específicas de cada caso y en virtud de la autonomía judicial, determinará el régimen imputable, esto es, el subjetivo por falla en el servicio o el objetivo por la existencia de un daño especial, no sin antes haber evaluado la legalidad de la medida de aseguramiento.
30.3.- En ese sentido, la autoridad judicial demandada concluyó que la restricción de la libertad a la que fue sometido el señor Brayan Stiven Arango Restrepo se ajustó a los criterios establecidos en la ley; por tanto, si bien existió un daño, es decir, fue privado de su libertad, lo cierto es que dicho daño no se tornó antijurídico; máxime considerando que fue capturado en flagrancia, configurando con ello la causal de exoneración de responsabilidad estatal consistente en culpa exclusiva de la víctima.
31.- De acuerdo con lo anterior, se observa que lo que pretende el actor es que el juez constitucional determine el régimen de imputación aplicable a los supuestos de hecho expuestos en el proceso de reparación directa, lo que implicaría invadir la órbita jurisdiccional del juez natural de la causa y convertir la acción de tutela en una instancia adicional al proceso ordinario, cuando de por medio no se advierte transgresión alguna de los derechos fundamentales deprecados por el actor.
32.- Visto lo anterior, estima esta Sala que las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la providencia objeto de reproche, responden, en realidad, a una mera discrepancia valorativa sobre la responsabilidad estatal por la supuesta privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Brayan Stiven Arango Restrepo, que no es susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de interpretaciones diversas y razonables, se reitera que es el juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate, de acuerdo con los criterios de la sana crítica y en virtud de su autonomía e independencia.
33.- Por lo expuesto anteriormente, la acción de tutela que se examina no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, máxime porque su objeto es restablecer un debate tramitado y concluido en las instancias respectivas, lo que desnaturaliza su finalidad como mecanismo supletivo de protección de los derechos fundamentales.
34.- En ese sentido, al no cumplirse uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial -relevancia constitucional-, habrá de confirmarse la sentencia de 11 de junio de 2021 dictada por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado.
35.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III.- F A L L A
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de junio de 2021, por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conforme a la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Decisión que fue notificada el 10 de marzo de 2021 mediante correo electrónico. Radicación número: 05001-33-33-008-2014-01182-00/01. Expediente digital, Folio 12 del escrito de demanda. Expediente digital, Folios 1 a 5 del escrito de demanda. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, exp. 20001-23-31-000-2009-00032-01, CP. Martín Bermúdez Muñoz. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, exp. 05001-23-31-000-2006-03426-01, CP. Ramiro Pazos Guerrero. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, exp. 17001-23-31-000-2008-00255-01, CP. Nicolás Yepes Corrales. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, exp. 11001-03-15-000-2019-05256-01, CP. Alberto Montaña Plata. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, exp. 25000-23-26-000-2011-00990-01, CP. Ramiro Pazos Guerrero. Expediente digital, intervención contenida en 4 folios. Expediente digital, intervención contenida en 4 folios. Expediente digital, intervención contenida en 14 folios.
“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html" \l "86" \h 86 de la Constitución Política”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC). Sentencia T-079 de 2010 de la Corte Constitucional. Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”. Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional. Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional. Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional. Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-02568-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de 2016, SU-542 de 2016 y SU-490 de 2016. Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Cita original: “folio 32”. Cita original: “Folios 43-47”. Expediente digital, folio 13, 34, 35 y 36 de la providencia cuestionada.
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. Expediente digital, folio 32 de la providencia cuestionada.
“ARTÍCULO 176. APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.”
Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional. Sentencias SU-447 de 2011 y SU-399 de 2012. Cita original: “Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas”
Cita original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. C. P Ramiro Pazos Guerrero. Radicación número: 08001-23-31-000-2005-02812-01(47386)”. Cita original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. C. P.: José Roberto Sáchica Méndez. Radicación número: 76001-23-31-000-2011-01558-01(52266)”. Expediente digital, folio 39 de la providencia cuestionada. VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace HYPERLINK "https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \h https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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