RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-01798-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-01798-01

Fecha
2 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-01798-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia del 21 de mayo de 2021, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado; y en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Alicia Terril Fuentes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-01798-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

2 de diciembre de 2021

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01798-01
Demandante: Alicia Terril Fuentes

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2021-01798-01
Demandante ALICIA TERRIL FUENTES
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y JUZGADO
TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGENA

Temas Tutela contra providencia judicial. Insubsistencia de cargo de
libre nombramiento y remoción. No cumple requisito general
de relevancia constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Alicia Terril Fuentes
contra la sentencia del 21 de mayo de 2021, proferida por la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado, que dispuso:
“NEGAR el amparo de tutela solicitado por la señora Alicia Terril Fuentes, contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar- Sala de Decisión N° 1, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia”.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 20 de abril de 20211, a través de apoderado, la señora Alicia Terril Fuentes
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Cartagena, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración
de justicia, y el principio de confianza legítima. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:
“PRIMERO. TUTELAR, los derechos fundamentales de la accionante ALICIA TERRIL
FUENTES, identificada con cédula de ciudadanía 45.494.556 de Cartagena, al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, CONFIANZA LEGÍTIMA, ACCESO A LA ADMINSITRACIÓN DE
JUSTICIA, APLICACIÓN DEL DERECHO SUSTANCIAL, de conformidad con los artículos,
13, 29, 83, 86, 228, 229, 230 de la constitución política de Colombia.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior DECRETAR LA NULIDAD, de las sentencias
de PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA, ordenando esta Honorable Corporación una
sentencia de reemplazo que restablezca las garantías fundamentales”.

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 Índice 2 Samai.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01798-01
Demandante: Alicia Terril Fuentes

2.1. La señora Alicia Terril Fuentes ejerció el cargo de Subdirectora
Administrativa y Financiera del Establecimiento Público Ambiental de
Cartagena (EPA), Código 068, Grado 55, y mediante la Resolución Nro. 108
del 2 de junio de 2015 se le declaró insubsistente.

2.2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
demandó ese acto administrativo, para que resultado de su nulidad, a título
de restablecimiento, se ordenara su reintegro y el pago de salarios y
prestaciones dejados de percibir. Alegó desviación de poder, falsa
motivación y expedición irregular, como cargos de nulidad.

2.3. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Cartagena, que mediante sentencia de 16 de diciembre de
2016 negó las pretensiones de la demanda.

2.4. La anterior decisión fue apelada por la parte actora, para lo cual, alegó que el
Juzgado “incurrió en defecto sustantivo por error interpretativo”, ya que la ley
y la jurisprudencia mencionada por ese despacho señalan que en caso de
empleados de libre nombramiento y remoción debe dejarse constancia en la
hoja de vida del motivo del retiro, lo que no hizo la demandada, y que la
discrecionalidad no convalida la arbitrariedad.

2.5. Mediante sentencia del 11 de septiembre de 2020, el Tribunal Administrativo
de Bolívar, Sala de Decisión Nro. 1 confirmó la decisión de primera instancia.

Concluyó que en el caso bajo estudio no se acreditaron los cargos con los
que se pretendió cuestionar la presunción de legalidad que ampara el acto
de insubsistencia. La Decisión del Tribunal se notificó el 23 de octubre de
20202.

3. Fundamentos de la acción

En síntesis, sostiene la parte actora que las autoridades judiciales accionadas
incurren en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, al desconocer
“la Sentencia de Constitucionalidad C-734 del año 2000, no obstante que el Tribunal accionado
hizo una buena disertación sobre este juicio de constitucionalidad”. Para apoyar su
afirmación, transcribe apartes de la disertación hecha por el Tribunal sobre ese
fallo de la Corte y análisis desde su óptica cada uno de los cargos que planteó
para cuestionar la legalidad del acto de insubsistencia. Los apartes del fallo son
los siguientes:
“… Ha dicho la Corte Constitucional al respecto que, “en aras de evitar la arbitrariedad en la
insubsistencia de los cargos de libre nombramiento y remoción, el artículo 26 del Decreto ley
2400 de 1968 “por el cual se modifican las normas que regulan la administración del
personal civil y se dictan otras disposiciones”, consagró la obligación de dejar constancia en
la hoja de vida de los empleados que no pertenecen a la carrera, de las causas que motivan
la insubsistencia”.
De manera pues que, no es de poca monta la obligación contenida en el artículo 26 del
decreto 2400 de 1968, pues de su incumplimiento podría deducirse eventualmente la
arbitrariedad, como bien lo pone de presente la Suprema Guardiana de la Constitución. Es
así que, en la sentencia C-734 del 2000, por medio de la cual se realizó el estudio de
constitucionalidad de la expresión “sin motivar la providencia” contenida en el inciso primero

2 Así obra en el expediente digitalizado del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que allegó el
juzgado (índice 7 Samai).
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01798-01
Demandante: Alicia Terril Fuentes

de ese artículo 26 del decreto 2400 de 1968 (optando por la declaratoria de exequibilidad),
reiterada en la sentencia T-064 del 2007, se decantó:
(…)
Al permitir al empleado conocer los motivos del despido en un cargo de libre nombramiento
y remoción, así lo fuere en la hoja de vida, se “hace efectiva la cláusula de Estado de
Derecho, el principio democrático, el principio de publicidad en las actuaciones de la
administración, al tiempo que permite a los asociados contar con elementos de juicio
suficientes para ejercer su derecho de contradicción y defensa a fin de acudir ante las
instancias gubernativas y autoridades judiciales para controlar los abusos en el ejercicio del
poder”. Por esta razón, encuentra la Corte que “lo normal es que sea concomitante con el
acto administrativo y esté incluida la motivación dentro de aquél para que así sea más claro
el principio de publicidad. Sin embargo, está el caso ya expresado del artículo 26 del
Decreto 2400 de 1968 que exige dejar constancia del hecho y de las causas del retiro en la
respectiva hoja de vida del servidor público de libre nombramiento y remoción a quien se
declara insubsistente. Esta sabia determinación evita el abuso del derecho y la desviación
del poder.”
(…)
“De otra parte, es claro para la Corte que el cumplimiento de este requisito (motivación de la
insubsistencia) no se reduce a la enunciación formal de expresiones genéricas que no
expongan la realidad del sustento de la medida. Como lo ha sostenido esta Corporación, si
bien “en los casos de los empleados de libre remoción existe una mayor discrecionalidad,
no implica que la administración pueda actuar arbitrariamente, invocando razones
abstractas de buen servicio. Una medida de esta índole, debe obedecer a una justificación
mínima en cuanto a la necesidad de atender a la oportuna, eficaz y eficiente prestación del
servicio.”.

Manifiesta que al no haberse aplicado correctamente la sentencia C-734 de 2000,
es claro que ese acto adolece de falsa motivación, desviación de poder y
expedición irregular, por tanto, en su entender, no resulta congruente lo decidido
por el Tribunal con lo señalado por la Corte Constitucional.

Señala que resulta excesivo exigirle a la actora que, mediante prueba testimonial
desvirtuara la presunción de legalidad del acto demandado toda vez que su hoja
de vida obraba en el expediente.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 26 de abril de 2021 se admitió la acción de tutela por el
despacho sustanciador y se ordenó notificar a las partes. Asimismo dispuso
notificar, en calidad de tercero con interés, al Establecimiento Público
Ambiental de Cartagena (EPA), que actuó como demandado en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 13001-33-33-003-2015-
00384-01.

4.2. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión Nro.1, se
pronunció por conducto de uno de los Magistrados que la componen. Dijo
que la decisión cuestionada fue proferida con base en las normas y la
jurisprudencia sobre la materia, aplicables al caso concreto.

4.3. El Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA), intervino por
intermedio de su Director General, quien después de señalar que en el
proceso ordinario la parte actora no demostró ninguno de las cargos por los
cuales cuestionó la legalidad del acto de insubsistencia, dijo que “la acción de
tutela no puede constituirse en una instancia adicional a las del proceso ordinario, siempre
que la parte a quien resulte desfavorable la decisión no comparta la misma o tenga una
interpretación distinta a la del fallador”. Solicitó se declare improcedente la acción.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01798-01
Demandante: Alicia Terril Fuentes

4.4. No obstante haber sido notificado, el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Cartagena, no se pronunció.

5. Providencia impugnada

Mediante providencia del 21 de mayo de 2021, la Sección Segunda, Subsección
B, del Consejo de Estado negó la acción de tutela, al concluir que en la
providencia cuestionada no se vulneró ninguno de los derechos fundamentales
cuyo amparo se invoca, porque “no se evidencia en su contenido, una interpretación
arbitraria, infundada o caprichosa que constituya una vía de hecho por defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente jurisprudencial, que amerite la intervención del juez de tutela”.

Y agregó, que “no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la acción de tutela
como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico y probatorio
que se surtió dentro del proceso ordinario, con el único propósito de obtener un pronunciamiento
favorable a sus intereses”.

6. Impugnación

El actor impugnó, pero no expuso argumento alguno para controvertir la decisión
impugnada (índice 16 Samai).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela contra providencias judiciales procede de manera excepcional,
tal y como lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Y
dada su excepcionalidad, es que la jurisprudencia ha establecido una serie de
requisitos generales4 y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta. Si no

3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de
sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término
prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; y v) que no se trate de
una decisión proferida en sede de tutela.
5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y
viii) defecto por violación directa de la Constitución.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01798-01
Demandante: Alicia Terril Fuentes

se cumplen todos los requisitos generales y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales la acción no será procedente.

Es por lo anterior, que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso. En consecuencia, la procedencia de la acción contra providencias
judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la
sentencia judicial objeto de tutela.

3. Planteamiento del problema jurídico

A pesar de que la parte actora no expuso argumentos en su impugnación, la Sala
asumirá como tales los que esgrimió en su escrito de tutela, por tanto,
corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de tutela de primera
instancia en negar las pretensiones de la acción de tutela.

El análisis de esos argumentos se restringirá a la providencia de segunda
instancia proferida en el curso del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado Nro.13001-33-33-003-2015-00384-01. Esta delimitación del
problema jurídico obedece a que las inconformidades contra la providencia de
primera instancia se deben presentar ante la autoridad competente en ejercicio del
recurso idóneo, para este caso, el de apelación. En esta medida, es en la segunda
instancia donde se define de manera definitiva la controversia y en la que
corresponde al juez de tutela concentrar el análisis de la alegada vulneración
iusfundamental.

No obstante que el a quo consideró que se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad, esta Sala, teniendo en cuenta que se trata de una acción de tutela
contra providencia judicial, de manera preliminar se determinará si se cumplen a
cabalidad esos requisitos, en particular el de relevancia constitucional.

De superar dicho estudio, la Sala establecerá si al proferir la sentencia del 11 de
septiembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión Nro. 1
incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, al concluir que
el acto de insubsistencia de la actora se encontraba ajustado a la legalidad.

4. El requisito de relevancia constitucional y su análisis en el caso
concreto

4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales
vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En
ningún modo aquel puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.

Con base en esta premisa, uno de los requisitos generales para la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales es que el asunto sea
de evidente relevancia constitucional.

Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01798-01
Demandante: Alicia Terril Fuentes

de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa
de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por
los jueces competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan
de importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera
exclusiva al juez natural7.

De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a
consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración
de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido

6 Ibidem
7 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: SU-139 de 2019,
T-422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01798-01
Demandante: Alicia Terril Fuentes

en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para
adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse
ante el juez de la causa.

En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la
presente acción, tiene su justificación en la medida en que “sí es menester que
el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé
cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos”8.

4.2. Del estudio del caso concreto, en relación con el defecto alegado, la Sala
encuentra que no se cumple el requisito de relevancia constitucional, porque
se utiliza la acción tutela, que es un mecanismo excepcional y residual,
como si se tratara de una instancia adicional.

En el escrito de tutela la actora presenta los mismos argumentos que
esgrimió en el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de
primera instancia proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, que negó las pretensiones de su demanda.

En el recurso de apelación (índice 7 Samai)9, de manera expresa se planteó
que el juzgado incurrió en defecto sustantivo por errada interpretación
normativa y jurisprudencial.

Literalmente dijo: “Insiste el apoderado de la demandante que existen méritos
suficientes para que se profiera decisión judicial declarando la nulidad de la
resolución número 108 de fecha 2 de junio de 2015 expedida por el Establecimiento
Publico Ambiental E.P.A. Cartagena, que declaró la insubsistencia de la señora
ALICIA TERRIL FUENTES en el cargo de Subdirectora Administrativa y Financiera,
código 068, grado 55. reprocho que el fallo de primera instancia incurre en un
DEFECTO SUSTANTIVO O MATERIAL, conforme a la tesis ampliamente
desarrollada por la Honorable Corte Constitucional […]”.

Argumentar que no se hizo una correcta aplicación de la sentencia C-734 de
2000 en los términos mencionados por la parte actora, a juicio de la Sala
constituye tan solo una disparidad de criterio respecto del análisis que hizo el
Tribunal de ese fallo de constitucionalidad, más aún, cuando la interesada
afirmó que “el Tribunal accionado hizo una buena disertación”. Y se tiene que la
acción de tutela no está instituida para amparar puntos de vista de las partes
en relación con el análisis que en cada caso realiza el juez natural.

4.3. Para decidir el recurso de apelación, el Tribunal tuvo en cuenta no solo la
norma que consagra la insubsistencia como causal de retiro de empleados
de libre nombramiento y remoción, y la que dispone que debe dejarse
constancia del motivo en la hoja de vida del empleado, sino también la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre el
tema.

8 Sentencia C-590 de 2005.
9 En el índice 7 obra el expediente digitalizado del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01798-01
Demandante: Alicia Terril Fuentes

El Tribunal hizo especial énfasis en la sentencia C-734 de 2000, por medio
de la cual la Corte declaró exequible la expresión “sin motivar la providencia”
del inciso primero del artículo 26 del Decreto 2400 de 1968, como se
evidencia en los apartes que se trascribieron en precedencia en el acápite
fundamentos de la acción.

Sumado a esos apartes trascritos, en los que el Tribunal puso en contexto lo
dicho por la Corte en la sentencia C-734 de 2000, en la argumentación
normativa y jurisprudencial de las consideraciones de la providencia
cuestionada, dijo:
“Facultad Discrecional. Empleo de libre nombramiento y remoción. Límites
constitucionales, racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad.
La Constitución Política de 1.991 en su artículo 125 dispone: (…)”.
La regla general en el ejercicio de la función administrativa la constituye el ingreso
mediante el sistema de la carrera administrativa, tal como lo ha previsto el artículo 125
de la Constitución Política. No obstante lo anterior, hay eventos en los que la
administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus empleados en
atención a la trascendencia de las funciones que desempeñan y el grado de confianza
que se exige para ello.
Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de confianza
que se exige para el desempeño de ese tipo de cargos, lo que le permite al nominador
disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los
motivos que lo llevan adoptar una u otra decisión.
En ese entendimiento, a juicio de la Máxima Corporación de lo Contencioso
Administrativo, es claro que los actos de desvinculación de los funcionarios de libre
nombramiento y remoción no necesitan de motivación, en la medida que la selección
de este tipo de personal supone la escogencia de quien va a ocupar el cargo por
motivos estrictamente personales o de confianza.
Bajo tal perspectiva, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, literal a) y parágrafo 2º,
establece la facultad discrecional de remover libremente a los empleados que ocupen
un cargo de libre nombramiento y remoción en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 41. CAUSALES DE RETIRO DEL SERVICIO. El retiro del servicio de
quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera
administrativa se produce en los siguientes casos:
Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;
PARÁGRAFO 2o. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de
conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá
efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción
es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado”.
Aunque, de acuerdo con la norma, la remoción en empleos de libre nombramiento y
remoción es discrecional y no requiere motivación, cabe precisar que la regla y
medida de la discrecionalidad de un instrumento como la declaratoria de
insubsistencia es la razonabilidad, en otras palabras, la discrecionalidad es un poder
en el derecho y conforme a derecho, que implica el ejercicio de los atributos de
decisión dentro de límites justos y ponderados. El poder jurídico de la competencia
para decidir, equivale a la satisfacción del interés general y por ende, a partir de la
observación de los elementos fácticos se mueve la adopción de la decisión que mejor
convenga a la comunidad.
En concordancia con tal planteamiento, la jurisprudencia constitucional ha indicado
que la discrecionalidad debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de
racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tal sentido, ha identificado como
límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir una norma de
rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente, b) su

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01798-01
Demandante: Alicia Terril Fuentes

ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza, y c) la decisión
debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa. (…)
Lo anterior por cuanto, conviene dejar claro que, sigue siendo regla que el acto
administrativo de insubsistencia de empleados de libre nombramiento y remoción no
requiere motivación, pero no puede hacer carrera que, por una fría interpretación de
esa regla, termine aceptándose que el acto no se sustente en razones jurídicas de
peso. Es decir, aun cuando no requiere motivación el acto, si debe fincarse en motivos
o razones, no puede ser producto del capricho o parecer del nominador, y esas
razones no son otras que, el buen servicio y el interés general.
Quiere decir lo anterior que, aquel acto administrativo que disponga el retiro de un
empleado de libre nombramiento y remoción, sin sustento en razones de buen servicio
e interés general, aun cuando la autoridad esta relevada de exponer las razones
dentro del texto del acto, deviene arbitrario.
De ahí la importancia de dejar constancia de las razones y hechos precisos que
motivaron el retiro en la hoja de vida del funcionario, según lo prescribe el artículo 26
del Decreto 2400 de 1968 (citado supra) pues, aun cuando la jurisprudencia 10 ha
acuñado como regla que ese hecho “no hace parte de la esencia misma del acto, sino
tan solo constituye un antecedente laboral que debe plasmarse en su hoja de vida”, y
que ello, “no vicia la decisión de retiro del servicio de un empleado de esta categoría,
ya que se trata de un elemento ajeno al acto administrativo que no tiene la virtualidad
de afectarlo”, si deviene elemento importante a la hora de valorar cada caso concreto,
pues a la luz de la constitución y la ley no es aceptable una actuación de la
administración que no esté fundada en motivos y razones de derecho. (…)
En la línea con el discernimiento de la Corte, el Consejo de Estado al referirse a casos
en donde las autoridades acuden a “razones del servicio” para justificar decisiones
discrecionales, ha manifestado: cuando la Administración decide declarar
insubsistente a un servidor público de libre nombramiento y remoción, se
presumen que se realizó en procura del buen servicio público, conforme con la
facultad discrecional del nominador para disponer de los cargos cuyos titulares
no están amparados por algún fuero especial de inamovilidad” “hacer uso de la
facultad discrecional cuando no sea evidente la afectación del servicio (…)
deslegitima el sentido de la facultad discrecional y se constituye en una forma
de responsabilidad objetiva proscrita en nuestro ordenamiento jurídico”. Lo
anterior conlleva – se indicó- para la parte actora la labor probatoria de acreditar la
buena prestación del servicio que venía cumpliendo; sus méritos, condiciones
personales y profesionales, capacidades, idoneidad y rectitud en el desarrollo de la
labor, aspecto que resulta determinante para establecer si con su retiro se cumple la
finalidad del poder discrecional, que es la optimización del servicio (…)”.

Luego, el Tribunal destacó que la actora no cumplió con la carga de
demostrar que la insubsistencia no obedeció a razones de buen servicio sino
a otros móviles y, además, con sustento en jurisprudencia del Consejo de
Estado, determinó que el hecho de no haberse dejado constancia en la hoja
de vida del motivo de su retiro, no vicia de nulidad el acto administrativo de
insubsistencia. Razones por las cuales concluyó que no adolecía de ninguno
de los vicios que planteó la actora para cuestionar su legalidad. Textualmente
explicó:
“En el sub examine, aun cuando era relevante para desatar la litis, la parte activa
solicitó la declaración de ningún testigo que pudiera dar fe de las circunstancias que
rodearon la problemática, especialmente sobre las razones de la de decisión de retiro,
siendo que esto es de suma importancia en el caso concreto, dado que se endilga
como cargo de nulidad precisamente la falsa motivación (motivos) y la desviación del
poder (fines), fundadas en que la desvinculación no se dio para mejorar el servicio, y
se sabe que la carga de dicho aspecto radica en cabeza del demandante, pues a la
luz de las reglas jurisprudenciales que anteceden, se presume que el retiro se realizó

10 “Sobre la exposición de razones y motivos en la hoja de vida y sus efectos véase la Sentencia del cinco (5)
de octubre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número 75001-23-31-2007-000336-01 (2310-11)”.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01798-01
Demandante: Alicia Terril Fuentes

en procura del buen servicio público, correspondiéndole al actor acreditar que la
desvinculación no estuvo sustentada en el buen servicio.
Ahora bien, en el expediente administrativo arrimado por la demandada y
particularmente en la hoja de vida de la demandante que allí reposa (fls. 35 a 208 del
primero cuaderno y 209 a 293 del cuaderno No. 2) evidencia que no se incorporó nota,
reseña o constancia de las causas y razones del retiro, siendo esto es una obligación
que debe cumplir el nominador, dada la necesidad de adecuación de su poder
discrecional a los fines de la norma que lo autoriza, que no son otros que el
mejoramiento del servicio, la satisfacción del interés general y la correspondencia con
lo que mejor convenga a la comunidad, pues la medida se debe enmarcar dentro de
límites justos, ponderados, razonables y proporcionales.
No obstante, según como ya se abordó supra, por disposición del Consejo de Estado,
esto no hace parte de la esencia misma del acto, sino que constituye tan solo un
antecedente laboral que debe plasmarse en la hoja de vida, que no vicia la decisión de
retiro del servicio, ya que se trata de un elemento ajeno al acto administrativo que no
tiene la virtualidad de afectarlo, luego de ahí que, ante la carencia de más elementos
de prueba (por eso se remarcaba la importancia de la prueba testimonial), con todo y
que como, en efecto esta Sala en varias oportunidades ha prohijado la relevancia de
la anotaciones en hoja de vida, erigiendo dicho aspecto como un indicio que bien
puede implicar la ilegalidad del acto, en esta oportunidad ello solo no es suficiente
para colegir las causales invocadas (falsa motivación, desviación de poder, expedición
irregular, violación de las normas en que debería fundarse), con todo y lo reprochable
de la omisión en que incurre la administración.
Por demás, no se demostró, es más, ni siquiera se mencionó en la demanda, aspecto
alguno respecto del nombramiento de quien le sucedió a la accionante en el cargo que
ocupaba y del desempeño de ese profesional, que permitiera advertir o evidenciar la
desmejora del servicio, o mejor, que no fue el buen servicio la fuente de la que emanó
el acto demandado.
Es muy común en estas controversias (teniendo en cuenta la carga probatoria que
debe soportar el extremo activo) que se aporten indicadores de gestión y resultados
que permitan establecer diferencias entre el ejercicio del funcionario saliente y su
reemplazo, pues lo que se trata es de determinar que el buen servicio se desmejoró,
no obstante, el extenso acervo documental no contiene la prueba de dicho tópico.
Dicho todo lo anterior, y aun cuando la actitud omisiva de la entidad demandada al no
registrar en la hoja de vida del actor las razones de la decisión es reprochable desde
todo punto de vista y máxime, teniendo en cuenta lo ya dicho respecto a la medida y
límite de la facultad discrecional, dada la particular situación que envuelve el sub lite,
huérfana y desprovista de elementos suasorios en función de lo que correspondía al
actor como carga demostrativa, no es posible con este solo argumento (que bien
puede equivaler a un indicio como en otras oportunidades se ha establecido por la
Sala), tener por desquiciada la presunción establecida vía jurisprudencial según la
cual “cuando la Administración decide declarar insubsistente a un servidor público de
libre nombramiento y remoción, se presume que se realizó en procura del buen
servicio público” y habida cuenta que no se probó que se hizo uso de la facultad
discrecional sin evidencia alguna de afectación al buen servicio y con base en razones
particulares y subjetivas propias del nominador, desviadas de los propósito y fines de
la norma que la autoriza, o por razón de motivos inexistentes”.(Subrayas ajenas al
texto trascrito).

4.4. De acuerdo con lo anterior, concluye la Sala que la parte actora formuló
inconformidades que coinciden con las que expuso en el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, buscando revivir la
discusión jurídica que ya fue estudiada y definida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión Nro. 1, conforme a las pruebas
obrantes en el proceso y con fundamento en las normas y jurisprudencia
aplicables, sin que sea posible, como pretende la actora, que se vuelva sobre
el estudio de un asunto que ya definió el juez natural de manera motivada y
razonable.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01798-01
Demandante: Alicia Terril Fuentes

En este orden de ideas, encuentra la Sala que no se cumple con el requisito
de relevancia constitucional, ya que la parte accionante acude a este
mecanismo constitucional con el fin de exponer su inconformidad con la
decisión judicial cuestionada que le resultó desfavorable; olvidando que el
propósito de la acción tutela no es prolongar la discusión que se presentó y
se definió por el juez natural en el respectivo medio de control, ni tampoco
erigirse como una instancia adicional en la que se vuelvan a presentar
argumentos que en su momento se pusieron en conocimiento del juez natural
y frente a los que tuvo la oportunidad de pronunciarse.

Que la parte actora no comparta el análisis efectuado y el sentido de la
decisión adoptada por el juez de la causa, escapa a la órbita de competencia
del juez constitucional, la cual está dada en clave de derechos
fundamentales y no para dirimir diferencias de juicio o de opinión, pues no
debe olvidarse que la simple disparidad de criterio no constituye per se una
vulneración a los derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela como mecanismo excepcional de
protección de los derechos fundamentales.

Es por este motivo que la jurisprudencia constitucional reiteradamente ha
sostenido que, cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia
del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal relevancia en materia
constitucional que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto.

4.5. Las razones anteriormente expuestas son suficientes para concluir que la
acción de tutela de la referencia no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, en la medida que se reiteran argumentos que ya fueron
expuestos al juez natural y que fueron resueltos por la autoridad judicial,
como se indicó, razón por la que la acción de tutela resulta improcedente.

Por último, precisa la Sala que, tratándose de providencias judiciales
proferidas por altas Cortes - quienes cumplen la función de unificar la
jurisprudencia y actuar como órganos de cierre en sus respectivas
jurisdicciones -, se exige la configuración de un error en la providencia
judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la
Constitución Política y que sea incompatible con la jurisprudencia
constitucional. Lo cual no acontece en el sub examine.

5. Conclusión

En el caso examinado, lo que pretende la actora es hacer de la acción de tutela
una instancia adicional, para que se vuelva a estudiar lo que acertada y
razonadamente analizó y resolvió el Juez natural, lo que la torna improcedente. En
consecuencia, la Sala revocará la decisión impugnada, que negó las pretensiones
de la acción de tutela de la referencia, para en su lugar, declarar su
improcedencia, por no cumplir a cabalidad con los requisitos generales de
procedibilidad de este mecanismo contra providencias judiciales, específicamente
el de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01798-01
Demandante: Alicia Terril Fuentes

FALLA

1. Revocar la sentencia del 21 de mayo de 2021, proferida por la Sección
Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado; y en su lugar, declarar
improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Alicia Terril
Fuentes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.