Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-01849-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-01849-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-01849-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-01849-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez
12 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SUBSIDIARIEDAD Y RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / SOLICITUD DE ACUMULACIÓN DE PROCESOS DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA - No se solicitó ante el juez de la causa / PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA - En trámite / SOLICITUDES DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN - En curso
En el sub lite, previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto, la Sala debe verificar si el a quo acertó al declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por no encontrar cumplidos los requisitos de relevancia constitucional y de subsidiariedad. (…) el demandante alega que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto procedimental, por cuando no acumuló los procesos de pérdida de investidura y, por lo tanto, se desconoció el principio de non bis in ídem. Al respecto, la Sala precisa que, de conformidad con el artículo 148 del Código General del Proceso , de oficio o a petición de parte pueden acumularse procesos, siempre que se cumplan los requisitos ahí previstos. Luego, la omisión que aquí se reprocha de la autoridad judicial demandada también puede reprocharse del propio demandante, que tenía pleno conocimiento de los dos procesos y se abstuvo de solicitar la acumulación de los procesos 68001-23-33-000-2019-00916-00 y 68001-23-33-000-2019-00893-00. Como el demandante no ejerció los instrumentos procesales previstos en la ley, no puede corregir esa omisión mediante el ejercicio de la acción de tutela, que, como se sabe, es de naturaleza subsidiaria y residual. De modo que la Sala se abstiene de hacer algún pronunciamiento de fondo al respecto. Por otra parte, el a quo concluyó que no se cumplía el requisito de subsidiariedad porque el proceso de pérdida de investidura no había concluido, por razón de la solicitud de adición y aclaración de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado. (…) [Por otra parte,] [l]a Sala considera que la tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la parte actora se limita a reiterar los argumentos que expuso en los procesos de pérdida de investidura y que fueron resueltos por las autoridades judiciales demandadas. Si bien el demandante alegó la configuración de defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución Política lo cierto es que, en últimas, pretende que se reabra el debate sobre la procedencia o no de la pérdida de investidura. (…) [De la revisión a los supuestos fácticos y jurídicos,] [q]ueda en evidencia que los temas propuestos frente a las providencias dictadas en los procesos de pérdida de investidura ya fueron resueltos por los jueces naturales del asunto, esto es, por el Tribunal Administrativo de Santander y por la Sección Primera del Consejo de Estado. Así, queda demostrado que la tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora se limitó a reiterar los argumentos que expuso en los procesos de pérdida de investidura y no formuló argumentos sólidos para efecto de dudar de la razonabilidad de las providencias objeto de tutela. Conviene recordar que la tutela es un mecanismo residual y subsidiario de defensa y que, por tanto, no puede utilizarse para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01849-01(AC)
Actor: EMEL DARÍO HARNACHE BUSTAMANTE
Demandado: SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 14 de mayo de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que declaró improcedente la tutela.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. El 22 de abril de 2021, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado judicial, Emel Darío Harnache Bustamante pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que estimó vulnerados por la Sección Primera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Santander. En consecuencia, propuso, textualmente, las siguientes pretensiones:
1. Declarar que el Tribunal Administrativo de Santander y la Sección Primera del Consejo de Estado, al proferir las sentencias que aquí acuso incurrieron en violación de los derechos fundamentales de elegir y ser elegido consagrado en el artículo 40, debido proceso del artículo 29 y artículo 83 que consagra el principio de buena fe, así como la regla del precedente horizontal que tenía establecido el respeto de los derechos de quienes actúan al amparo de los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, amparar los derechos fundamentales de Emel Harnache, que resultaron de la forma ya explicada.
3. Dejar sin validez las sentencias proferidas por el Tribunal de Santander (sic) y por la Sección Primera del Consejo de Estado y en su lugar le ordene proferir la que en derecho corresponde, conforme a los parámetros constitucionales, legales y precedentes que el mismo Consejo de Estado, con fuerza vinculante, y especialmente con aplicación de los principios del derecho penal y haciendo la valoración razonable de las pruebas que se dejaron de valorar, en los términos que se determine en la sentencia de tutela.
4. Subsidiariamente solicito, en caso de no prosperar las pretensiones anteriores, se amparen los derechos del accionante Emel Hernache a terminar el período Constitucional de Diputado de Santander, toda vez que su elección en dicha posición, tuvo ocurrencia cuando no se había declarado la pérdida de investidura de Concejal, por lo que su acto de elección se encuentra investido de la presunción de legalidad y corresponde a la voluntad de sus electores.
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. Del proceso de pérdida de investidura con radicado 68001-23-33-000-2019-00916-00
2.1.1. Lida Mercedes Rangel Ramírez promovió proceso de pérdida de investidura contra los concejales Emel Darío Harnache Bustamante, Holman José Jiménez Martínez y Franklin Angarita Becerra, por haber incurrido en la falta prevista en el numeral 3º del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000, referente a la indebida destinación de dineros públicos. La demanda señaló que dichos concejales fueron integrantes de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Barrancabermeja para el año 2016 y de manera indebida dispusieron el pago de una suma de dinero al Sindicato Único de Trabajadores del Estado – SUNET.
2.1.2. Mediante sentencia del 13 de mayo de 2020, el Tribunal Administrativo de Santander declaró probada la causal invocada en la demanda y decretó la pérdida de investidura de los concejales Emel Darío Harnache Bustamante, Holman José Jiménez Martínez y Franklin Angarita Becerra.
2.1.3. Emel Darío Harnache Bustamante, Holman José Jiménez Martínez y Franklin Angarita Becerra apelaron esa decisión, pues, a su juicio, no se configuró la causal de pérdida de investidura.
2.1.4. Por sentencia del 4 de febrero de 2021, la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia, por considerar demostrada la causal invocada.
2.2. Del proceso de pérdida de investidura con radicado 68001-23-33-000-2019-00893-00
2.2.1. Edwin Leandro Sánchez Castaño interpuso demanda de pérdida de investidura contra los concejales Emel Darío Harnache Bustamante, Holman José Jiménez Martínez y Franklin Angarita Becerra, por considerar que incurrieron en la causal prevista en el numeral 3º del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y en el numeral 4º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, esto es, destinación indebida de recursos públicos. En la demanda, el señor Sánchez Castaño alegó que, en condición de miembros de la mesa directiva del Concejo Municipal de Barrancabermeja, dichos concejales autorizaron indebidamente pagos a título de auxilios educativos, becas y donaciones a favor del Sindicato Único de Trabajadores del Estado – SUNET.
2.2.2. Mediante sentencia del 25 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo de Santander declaró probada la causal invocada y decretó la pérdida de investidura de Emel Darío Harnache Bustamante, Holman José Jiménez Martínez y Franklin Angarita Becerra.
2.2.3. Inconformes con la decisión, los señores Emel Darío Harnache Bustamante, Holman José Jiménez Martínez y Franklin Angarita Becerra apelaron, por estimar que no se configuró la causal de pérdida de investidura.
2.2.4. Mediante sentencia del 11 de febrero de 2021, la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la pérdida de investidura.
2.2.5. Emel Darío Harnache Bustamante, Holman José Jiménez Martínez y Franklin Angarita Becerra solicitaron la aclaración, corrección o complementación de la sentencia del 11 de febrero de 2021. Esa solicitud está pendiente de decisión.
2.2.6 Actualmente, el señor Emel Darío Harnache Bustamante es diputado en la Asamblea de Santander.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. La parte actora sostuvo que las sentencias del 25 de febrero y del 13 de mayo de 2020, dictadas por el Tribunal Administrativo de Santander, y del 4 y 11 de febrero de 2021, proferidas por la Sección Primera del Consejo de Estado, incurrieron en defectos sustantivo, fáctico, procedimental, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución Política, por lo siguiente:
3.1.1. Que las autoridades judiciales demandadas aplicaron un régimen de responsabilidad objetivo y no hicieron un estudio del comportamiento del señor Harnache Bustamante. Que, en ese sentido, debió tenerse en cuenta la sentencia del 26 de noviembre de 2015, dictada por la propia Sección Primera del Consejo de Estado, que señala que la pérdida de investidura está condicionada a un estudio subjetivo de responsabilidad.
3.1.2. Que los actos que asignaron recursos al Sindicato Único de Trabajadores del Estado – SUNET fueron proferidos con buena fe y con el convencimiento de contar con respaldo legal. Que, de hecho, existía un acuerdo previo entre el municipio de Barrancabermeja y el SUNET para efecto de la transferencia de recursos.
3.1.3. Que el precedente aplicado en las sentencias cuestionadas no resulta pertinente, por falta de identidad fáctica. Que el precedente se refiere a situaciones derivadas de la entrega de bonos navideños y en este caso se trata del cumplimiento de un acuerdo previamente celebrado entre el municipio de Barrancabermeja y el SUNET.
3.1.4. Que la Sección Primera de esta Corporación valoró indebidamente el testimonio rendido por el señor Vladimir Ariza Cardozo, asesor jurídico del Concejo de Barrancabermeja, pues lo cierto es que se evidencia el actuar correcto de los concejales.
3.1.5. Que las providencias censuradas omitieron referirse al error invencible, como causal de exoneración de la acción disciplinaria, derivado del convencimiento de actuar al amparo de actos administrativos que autorizaban la transferencia de recursos al SUNET.
3.1.6. Que fue vulnerado el principio de non bis in idem, por cuanto no fueron acumulados los procesos de pérdida de investidura y eso determinó que hubiera dos declaratorias de pérdida de investidura.
4. Intervenciones
4.1. La Sección Primera del Consejo de Estado intervino, por conducto de los magistrados sustanciadores de los procesos 68001-23-33-000-2019-00916-00 y 68001-23-33-000-2019-00893-00.
4.1.1. El magistrado sustanciador del proceso 2019-00916-00 manifestó que la tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora se limita a reiterar los argumentos que expuso en el proceso de pérdida de investidura.
4.1.1.1. Que no se efectuó una acumulación de los procesos, toda vez que precluyó la oportunidad procesal correspondiente. Que, en efecto, la acumulación procede con anterioridad a la apertura de la etapa probatoria, según lo señalado en el artículo 16 de la Ley 1881 de 2018.
4.1.2. El magistrado sustanciador del proceso 2019-00893-00 pidió que la tutela fuera declarada improcedente, por no cumplirse el requisito de subsidiariedad, habida cuenta de que el trámite no ha concluido, por razón de las solicitudes de adición y aclaración de la sentencia del 11 de febrero de 2021.
4.2. La señora Lida Mercedes Rangel Ramírez manifestó que la decisión de decretar la pérdida de investidura está debidamente justificada, por cuanto se evidenció que el señor Harnache Bustamante desconoció sus deberes como concejal de Barrancabermeja.
4.3. El señor Edwin Leandro Sánchez Castaño alegó que la tutela es improcedente, puesto que el proceso 2019-00893-00 no ha concluido, por razón de las solicitudes de adición y aclaración de la sentencia del 11 de febrero de 2021.
4.4. Holman José Jiménez Martínez y Franklin Angarita Becerra no intervinieron, pese a que fueron notificados de la admisión de la demanda, mediante correos electrónicos del 27 de abril de 2021.
5. Sentencia impugnada
5.1. Por sentencia del 14 de mayo de 2021, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, declaró improcedente la tutela, por lo siguiente:
5.1.1. Que la tutela carece de relevancia constitucional frente a las sentencias del 13 de mayo de 2020 y del 4 de febrero de 2021, dictadas, en su orden, por el Tribunal Administrativo de Santander y la Sección Primera del Consejo de Estado. Que la parte actora se limita a reiterar los argumentos que expuso en el proceso 68001-23-33-000-2019-00916-00 y pretende reabrir la discusión sobre las decisiones que razonablemente adoptaron las autoridades judiciales demandadas.
5.1.1.1. Que «contrario a lo expuesto en el escrito de tutela, de la lectura de sentencia proferida por la Sección Primera de esta Corporación, se avizora un estudio en el que se abordaron los temas objeto de esta tutela, y a pesar de que la decisión fue contraria a sus intereses, esta no puede ser calificada de caprichosa». Que, de hecho, contra lo alegado por la parte actora, la sentencia del 4 de febrero de 2021 da cuenta de la valoración de las actuaciones desplegadas por el señor Harnache Bustamante desde el punto de vista subjetivo.
5.1.2. Que la tutela no cumple el requisito de subsidiaridad en lo referente a las providencias dictadas en el expediente 68001-23-33-000-2021-00893-00, toda vez que el proceso no ha concluido. Que, una vez revisado el expediente digital, se evidenció que está pendiente el pronunciamiento frente a una solicitud de adición y aclaración de la sentencia del 4 de febrero de 2021. Que dicha sentencia carece de firmeza, en los términos del artículo 302 del Código General del Proceso.
6. Impugnación
6.1. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda de tutela y dijo que «NO es de recibo que, al amparo de posiciones generalizadas sobre la improcedencia de la acción de tutela, se dejen de revisar aspectos tan fundamentales y expuestos con amplia profundidad que obligatoriamente, en virtud del principio de congruencia que rige para las decisiones judiciales, deben responderse uno a uno».
6.1.1. Además, la parte impugnante pidió lo siguiente: «solicitar, que en el evento de no accederse a las pretensiones principales que paso a exponer, subsidiariamente se tenga en cuenta que al amparo del principio de irretroactividad de la ley penal y por consecuencia de la sanción penal, en el evento de mantener las decisiones objeto de impugnación, se deje claro que estos no afectan el acto administrativo de elección como diputado de la Asamblea de Santander para el periodo 2019-2022, que actualmente ocupa mi poderdante, en la medida que dicho acto administrativo no fue demandado y por consecuencia goza de firmeza y en virtud de la naturaleza sancionatoria que tiene la pérdida de investidura, sus efectos se proyectan exclusivamente hacia el futuro».
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. A partir del año 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.
1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de tutela.
1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.
1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional».
2. Planteamiento y solución del problema jurídico
2.1. En el sub lite, previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto, la Sala debe verificar si el a quo acertó al declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por no encontrar cumplidos los requisitos de relevancia constitucional y de subsidiariedad.
2.2. Para efecto de resolver el problema jurídico, la Sala dividirá el estudio frente a cada proceso en el que fueron dictadas las providencias cuestionadas. Frente al proceso 68001-23-33-000-2019-00916-00 será verificado el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Mientras que en el proceso 68001-23-33-000-2021-00893-00 será estudiado el requisito de subsidiariedad. De encontrarse cumplidos dichos requisitos, la Sala abordará el fondo del asunto, en los términos propuestos en la demanda de tutela.
2.3. La Sala también se pronunciará sobre la procedencia de ordenar, en sede de tutela, que el señor Emel Darío Harnache Bustamante mantenga su investidura de diputado de la Asamblea Departamental de Santander.
2.4. Asimismo, resulta necesario definir si la tutela resulta procedente en lo referido al supuesto defecto procedimental, por no acumularse los procesos de pérdida de investidura y por vulnerarse el principio de non bis in ídem. Este asunto será resuelto al verificar el cumplimiento del derecho de subsidiariedad.
3. Del requisito de subsidiariedad frente a las sentencias dictadas en los procesos de pérdida de investidura
3.1. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
3.1.1. No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6 [numeral 1] del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó:
La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales […].
3.1.2. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
3.2. Como se vio en los antecedentes, el demandante alega que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto procedimental, por cuando no acumuló los procesos de pérdida de investidura y, por lo tanto, se desconoció el principio de non bis in ídem.
3.2.1. Al respecto, la Sala precisa que, de conformidad con el artículo 148 del Código General del Proceso, de oficio o a petición de parte pueden acumularse procesos, siempre que se cumplan los requisitos ahí previstos. Luego, la omisión que aquí se reprocha de la autoridad judicial demandada también puede reprocharse del propio demandante, que tenía pleno conocimiento de los dos procesos y se abstuvo de solicitar la acumulación de los procesos 68001-23-33-000-2019-00916-00 y 68001-23-33-000-2019-00893-00.
3.2.2. Como el demandante no ejerció los instrumentos procesales previstos en la ley, no puede corregir esa omisión mediante el ejercicio de la acción de tutela, que, como se sabe, es de naturaleza subsidiaria y residual. De modo que la Sala se abstiene de hacer algún pronunciamiento de fondo al respecto.
3.3. Por otra parte, el a quo concluyó que no se cumplía el requisito de subsidiariedad porque el proceso de pérdida de investidura no había concluido, por razón de la solicitud de adición y aclaración de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado. En concreto, el a quo explicó que no había operado la firmeza de dicha sentencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 302 del Código General del Proceso.
3.3.1. La Sala revisó el sistema Samai y encontró que, por providencia del 29 de abril de 2021, fue resuelta la solicitud de adición y aclaración de la sentencia del 11 de febrero de 2021. Por consiguiente, actualmente, no es posible señalar que la tutela resulta improcedente por el hecho de no estar ejecutoriada la sentencia que concluyó el proceso de pérdida de investidura con radicado 68001-23-33-000-2019-00893-00.
3.3.2. Se debe precisar que, para el momento en que se presentó la tutela (22 de abril de 2021), la sentencia acusada no estaba ejecutoriada y que eso, en principio, impide que se tenga por cumplido el requisito de subsidiariedad. No obstante, como ya fue resuelta la solicitud de adición y aclaración, en el sentido de denegarse y, por lo tanto, la sentencia del 11 de febrero de 2021 no fue modificada, la Sala tendrá por cumplido el requisito de subsidiariedad, en el proceso 68001-23-33-000-2019-00893-00.
3.3.2.1. Con base en esta circunstancia, en criterio de la Sala, el estudio del requisito de relevancia constitucional respecto de los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución Política debe abarcar las sentencias dictadas en los dos procesos de pérdida de investidura.
4. Del requisito de relevancia constitucional frente a las sentencias dictadas en los procesos 68001-23-33-000-2019-00916-00 y 68001-23-33-000-2019-00893-00
4.1. El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.
4.1.1. En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
4.1.2. De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar, mejorar o modificar los argumentos propuestos ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
4.2. La Sala considera que la tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la parte actora se limita a reiterar los argumentos que expuso en los procesos de pérdida de investidura y que fueron resueltos por las autoridades judiciales demandadas. Si bien el demandante alegó la configuración de defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución Política lo cierto es que, en últimas, pretende que se reabra el debate sobre la procedencia o no de la pérdida de investidura.
4.3. La Sala procederá a contrastar los argumentos expuestos en la demanda de tutela y en el recurso de apelación formulado por los demandantes contra las sentencias del 25 de febrero y del 13 de mayo de 2020, dictadas por el Tribunal Administrativo de Santander. Conviene recordar que los demandantes sustentaron la demanda de tutela en las siguientes inconformidades generales: (i) el régimen de responsabilidad aplicable a la pérdida de investidura, desde el punto de vista objetivo y subjetivo; (ii) el precedente aplicado para decidir sobre la pérdida de investidura, y (iii) la buena fe como eximente de responsabilidad y la convicción de actuar conforme a la ley.
4.3.1. Es necesario poner de presente que sólo se transcribirá el recurso de apelación formulado en el proceso 68001-23-33-000-2019-00916-00, toda vez que es idéntico al propuesto en el expediente 68001-23-33-000-2019-00893-00. Asimismo, sólo se transcribirá lo correspondiente a la sentencia del 4 de febrero de 2021, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, por cuanto, en términos generales, coincide con el criterio fijado en la sentencia del 11 de febrero de 2021 dictada por la misma sección.
4.4. En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable a la pérdida de investidura, en la apelación formulada contra la sentencia del 13 de mayo de 2020, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, se lee lo siguiente:
Como se ha expresado renglones arriba, la jurisprudencia del consejo de estado ha sostenido que la pérdida de investidura es un proceso disciplinario especial, esa posición data desde el año de 1999, ello implica que debe aplicarse de manera especial los principios axiológicos de esta clase de procesos sancionatorios, tales como las causales excluyentes de responsabilidad; en esa medida en el desarrollo de la dogmática disciplinaria y ampliamente explicada por el tratadista Dr. Carlos Arturo Gómez Pavajeau, dentro de la imputación subjetiva del derecho disciplinario, la culpabilidad comporta la presencia de la capacidad de culpabilidad (imputabilidad), dolo o culpa, conciencia de la antijuridicidad y exigibilidad de otra conducta.
Ahora, en el análisis de las faltas culposas, ello implica que para que exista culpa basta la cognoscibilidad del deber que se infringe; dentro de este desarrollo dogmático se ha establecido las formas o subtítulos de la culpa, entre ellas la gravísima, la grave y la leve. Esta clasificación se deriva del numeral 1 del artículo 278, y el numeral 2 del artículo 90, ambos de la constitución política; en ese sentido debe entenderse que el legislador con la modificación de la ley 1881 de 2018 a través de la ley 2003 de 2019 buscó una categoría especial de la culpa, que encajara perfectamente con las formas de culpa existentes dogmáticamente dentro del derecho disciplinario, que no es otra distinta a la culpa gravísima, porque de haber querido dejar la culpa grave que ya estaba prevista, no se hubiera molestado con la modificación realizada en el año 2019 mediante la ley 2003; no tiene ningún sentido que se modifique legalmente la forma de culpabilidad para dejar exactamente el mismo subtitulo de culpa.
Las categorías o subtítulos de culpa previstas en el derecho sancionador que se encarga del deber funcional (disciplinario), tal como se prevé como finalidad de la pérdida de investidura, exigen una culpa cualificada y acorde a la dogmática que exige la materia, el espíritu de la ley, lo que busca el legislador es sin duda un mayor plus en la modulación de la culpabilidad que evite en ultimas una responsabilidad objetiva que como se dijo está proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, sin duda debe buscarse que el Congreso de la República realice.
4.4.1. En el mismo sentido, en la demanda de tutela, la parte actora alegó lo siguiente:
Al amparo de la tesis de aplicación del régimen civil, se incurrió en defecto factico al no hacer el análisis de los aspectos subjetivos del derecho sancionador para determinar la culpabilidad, respecto de lo cual no existía prueba alguna que indicara dolo o culpa grave, pero sin embargo se concluyó que era culposo y gravemente culposo, escalonadamente por los juzgadores, incurriendo en un error grave que el Dr. Lafont en sus escritos describió acertadamente, al demostrar que en materia civil el dolo equivale a culpa grave y como en el presente caso se excluyó el dolo y se aplicó la norma del derecho privado, por consecuencia quedó excluida la culpa grave, pero su postura no fue aceptada.
4.4.2. En la sentencia del 4 de febrero de 2021, sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado explicó lo siguiente:
II.5.2. La presencia del elemento subjetivo para la configuración de la causal de pérdida de investidura
123. La Sala, una vez acreditado que en el presente asunto se habían destinado dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos en la Carta Política, en la ley o en los reglamentos, por haberlos aplicados a actividades o propósitos expresamente prohibidos por el artículo 355 de la Carta Política y el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 136 de 1994, procederá al análisis del elemento subjetivo de culpabilidad.
[…]
125. Ahora bien, la Sala, con anterioridad al análisis de la conducta de los concejales acusados, debe aclarar, en primer lugar, que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y esta Sección han resaltado la diferencia entre la figura de la pérdida de investidura y el derecho disciplinario.
[…]
144. A lo expuesto y como muestra de tal negligencia en el ejercicio sus funciones como concejales, se agrega el hecho consistente en que omitieran la revisión de tal acto administrativo por parte del abogado Vladimir Ariza Cardozo, quien insistentemente manifiesta que no elaboró y no revisó tal resolución, cuando tal posibilidad estaba a su alcance.
145. La culpa evidenciada en este proceso es la propia de las personas negligentes o de poca prudencia en el manejo de sus negocios, es una culpa grave, que desconoce normas constitucionales y legales –artículo 355 de la Carta Política y el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 136 de 1994– que los concejales deben conocer, de un lado, porque la ignorancia de la ley no sirve de excusa al tenor del artículo 9° del Código Civil y, por el otro, porque son disposiciones que regulan el ejercicio del cargo que se encuentran ocupando, por lo que se encuentra acreditado el grado de culpabilidad previsto en el artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, modificado por el artículo 4° de la Ley 2003 de 2019.
4.5. Sobre el precedente aplicable para decidir la pérdida de investidura, en el recurso de apelación formulado contra la sentencia del 13 de mayo de 2020, la parte actora manifestó lo siguiente:
El Tribunal Administrativo de Santander para echar de menos la culpabilidad normativa y sus requisitos expresados en sentencia de febrero 19 de 2019, ha recurrido a la sentencia de Noviembre 26 de 2015 del Concejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección primera radicado 6800-1233-3000-2015-00324- 01(PI), donde se desechó el reconocimiento de error de derecho invencible, sin tener en consideración que debe realizarse un análisis riguroso del factor subjetivo, al menos teniendo en cuenta si: i) si el congresista estaba en condiciones de comprender el hecho o circunstancia configurativa de la causa, ii) si le era exigible otra conducta o comportamiento y iii) si el congresista atendió las normas jurídicas, como se expresó en la sentencia de febrero 19 de 2019; olvidó la sala del Tribunal Administrativo de Santander que se hace obligatorio por mandato legal de acuerdo con la ley 2003 de noviembre 19 de 2019, que el análisis del factor subjetivo necesariamente debe recaer sobre el dolo o la conducta gravemente culposa.
[…]
Ahora bien, de acuerdo con todo lo expuesto, la propuesta que desarrollamos en el presente recurso, es que la culpabilidad que se debe verificar es el dolo y la culpa gravísima, aunque la norma exprese una conducta "gravemente culposa", de conformidad con la dogmática aplicable al incumplimiento del deber funcional, y desarrollada ampliamente en el área del derecho disciplinario […]
[…]
En la demanda se solicita la aplicación del precedente jurisprudencial fijado por la • Sección Primera del Consejo de Estado en las siguientes cuatro sentencias:
1. La dictada el 4 de julio de 2013 en el expediente 680012331000-2012-00335- 01 que decretó la pérdida de investidura de los tres Concejales del Municipio de Barrancabermeja miembros de la Mesa Directiva de esa corporación para el año 2008 (LUZ ENA CORTEZ ANGARITA, LUIS EDUARDO VILLAQUIRÁN EUGENIO y ERWIN JIMÉNEZ BECERRA), por considerar el Consejo de Estado que los demandados incurrieron en indebida destinación de dineros públicos cuando, mediante la Resolución 117 de 2008, ordenaron el pago, a favor de determinados servidores, del bono navideño sustentado en lo pactado en el artículo 39 del Acuerdo Laboral 2003-2005, el cual nunca se aportó al proceso.
4.5.1. En la demanda de tutela, sobre el mismo tema, la parte actora adujo lo siguiente:
En el caso en estudio se puede afirmar que la Sala Primera incurrió en defecto sustancial y desconocimiento del precedente, dadas las siguientes consideraciones de orden jurídico:
1.Por aplicación indebida del régimen del derecho civil sobre el aspecto de la culpabilidad, con lo que terminó imponiendo una responsabilidad objetiva a mi representado EMEL HARNACHE
El Tribunal determinó la culpabilidad de mi poderdante, concluyendo que actuó con culpa, acogiendo un precedente de la Corte Constitucional en Sentencia C-501-15, que para ese entonces fijó una regla que admitía que en los procesos de pérdida de investidura bastaba con la demostración de una culpa mínima, precedente en desuso, por cuanto el régimen vigente para la fecha en que se hizo el juicio, era el contenido en la ley 1881 de 2018, conforme al cual, ya era obligación del operador judicial hacer la graduación de la culpabilidad.
[…]
Al haber aplicado un régimen civil, por consecuencia se incurrió en falta de aplicación del régimen sancionatorio, que como lo tiene determinado la jurisprudencia de la Corte y del mismo Consejo de Estado, es de carácter sancionatorio y en su desarrollo deben obligatoriamente aplicarse los principios del derecho penal y no los del derecho civil.
Ello tiene su razón de ser, en cuanto existe una diferencia notoria en el concepto de culpabilidad en materia penal comparado con el que establece el derecho civil.
4.5.2. Al respecto, en la sentencia del 4 de febrero de 2021, la Sección Primera del Consejo de Estado expuso lo siguiente:
120. Asimismo, estima esta Sala que las decisiones judiciales de 4 de julio de 2013 [expediente núm. 68001-23-31-000-2012-00335-01(PI)], 26 de noviembre de 2015 [expediente núm. 68001-23-33-000-2015-00324-01(PI)], 23 de junio de 2016 [expediente núm. 68001-23-33-00-2015-00117-02(PI)] y de 24 de noviembre de 2016 [expediente núm. 68001-23-33-000-2015-01322-01(PI), no juzgan situaciones de hecho análogas a las que se deciden en este proceso, y en nada cambian el análisis anteriormente expuesto y en el cual se encontró que se habían destinado dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos en la Carta Política, en la ley o en los reglamentos, por haberlos aplicados a actividades o propósitos expresamente prohibidos por el artículo 355 de la Carta Política y el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 136 de 1994.
121. En los mencionados procesos judiciales se juzgó el reconocimiento, a través de actos administrativos, de un bono en dinero a los funcionarios del Concejo Municipal de Barrancabermeja como incentivo de navidad, que se sustentaron, principalmente, en las normas nacionales sobre capacitación y estímulos para los empleados del Estado previstas en el Decreto Ley 1567 de 1998 y el Decreto Ley 1227 de 2005.
122. En las decisiones judiciales que pusieron fin a estos, se determinó que el incentivo, en la forma en que fue concebido por el Concejo Municipal de Barrancabermeja, difería totalmente de los incentivos pecuniarios señalados en las normas mencionadas, además de no cumplir la finalidad y objetivo señalados en ellas y, por ello, se entendió que su reconocimiento se dio por la mera liberalidad de esa corporación y con desviación de poder, transgrediéndose el artículo 355 de la Carta Política y el artículo 41 numeral 7º de la Ley 136 de 1994, que proscriben decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.
4.6. Ahora bien, en cuanto a la buena fe como eximente de responsabilidad y la convicción de actuar conforme a la ley, en el recurso de apelación propuesto en el proceso ordinario, la parte actora adujo lo siguiente:
Como ya se ha he expuesto, por tratarse de un proceso sancionatorio o juicio disciplinario, y como lo ha expuesto el Honorable Consejo de Estado", se le aplican los eximentes de responsabilidad previstos en la ley disciplinaria para servidores públicos, previstas en la ley 734 del 2002.
Sin duda se tiene que por lo menos se materializó la causal del error no vencible, en el entendido como la discordia entre la conciencia del sujeto y la realidad (en los casos en que decisiones judiciales en el futuro declaren las nulidades de los acuerdos laborales suscritos con los sindicatos de los empleados públicos y que fueron acogidos a través de acto administrativo).
El tratamiento del error en materia disciplinaria es un problema que atañe directamente a la culpabilidad y se presenta cuando existe una discordancia entre la conciencia del autor y la realidad; se tiene y como se ha probado en el presente medio de control que los concejales HOLMAN JIMENEZ MARTINEZ, FRANKLIN ANGARITA BECERRA y EMER DARÍO HARNACHE BUSTAMENTE, estuvieron en la imposibilidad de salir del error a pesar de sus esfuerzos razonables y de la diligencia debida, no sólo como consecuencia de las asesorías de los distintos profesionales que apoyaron sus decisiones, sino además por la experiencia que se vivía en la propia ciudad de Barrancabermeja donde el Municipio, y tres de sus entidades descentralizadas, ejecutaban de igual forma acuerdos laborales con las mismas condiciones y privilegios, pero adicionalmente, con las amenazas permanentes de los empleados de acudir a la Procuraduría General de la Nación a través de su Procuraduría Provincial con sede en Barrancabermeja; pero también con serias amenazas de acudir al Ministerio del trabajo.
4.6.1. En el mismo sentido, en la demanda de tutela, el actor manifestó lo siguiente:
[…] EMEL HARNACHO actuó amparado en la presunción de legalidad del acuerdo en el que se pactaron los beneficios que se otorgaban en los actos administrativos que suscribió. Es decir que actuó bajo el principio de seguridad jurídica y confianza legítima y en consecuencia, la Sección Primera y el Tribunal, debieron tener en consideración que éste había actuado de buena fe, amparado en tales principios, y en cumplimiento de un acto administrativo con fuerza de ejecutoria, conforme lo disponen los artículos 88 de la ley 1437 de 2014:
[…]
4.Se incurrió en defecto sustancial igualmente, por falta de aplicación de las causales de exclusión de responsabilidad.
Habiéndose planteado por la defensa, por estar contenidas en las normas del régimen sancionatorio de carácter disciplinario, frente al vacío que presenta el régimen de pérdida de investidura, en las que se contempla como tal, obrar en cumplimiento de un deber legal y en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente, como lo era la Mesa Directiva del mismo Concejo de la época en que se suscribió el acuerdo, tal como quedó expuesto en precedente y porque a las voces de la Corte Constitucional, resultaban aplicables los principios del derecho sancionatorio y aquellos que caracterizan sus propios fines, dentro de cuyo marco tenía cabida el derecho sancionatorio de rango administrativo, en el cual se establece
4.6.2. Sobre el particular, la sentencia del 4 de febrero de 2021 señala lo siguiente:
9. Si bien de las pruebas que obran dentro del proceso no es posible establecer que los concejales acusados hayan tenido la intención de destinar indebidamente dineros públicos a favor del Sindicato Unitario de Trabajadores del Estado «SUNET», Subdirectiva Barrancabermeja, lo cierto es que las inconsistencias evidenciadas demuestran que aquellos no emplearon la diligencia requerida en la elaboración y revisión de la Resolución Núm. 042 de 22 de abril de 2016, siguiendo los derroteros fijados por el asesor jurídico del Concejo Municipal de Barrancabermeja, y permitieron que la realización de un pago desconociendo los actos jurídicos mencionados –la Resolución Núm. 082 de 6 de noviembre de 2013 y el acuerdo laboral de 2013– porque lo que se cuestiona aquí no es la legalidad del citado acuerdo laboral ni del acto administrativo que lo acogió, como parece indicarlo el apelante, sino precisamente lo contrario, se reitera, que dichos actos jurídicos no sustentan el pago realizado.
10. A lo expuesto y como muestra de tal negligencia en el ejercicio sus funciones como concejales, se agrega el hecho consistente en que omitieran la revisión de tal acto administrativo por parte del abogado Vladimir Ariza Cardozo, quien insistentemente manifiesta que no elaboró y no revisó tal resolución, cuando tal posibilidad estaba a su alcance.
11. La culpa evidenciada en este proceso es la propia de las personas negligentes o de poca prudencia en el manejo de sus negocios, es una culpa grave, que desconoce normas constitucionales y legales –artículo 355 de la Carta Política y el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 136 de 1994– que los concejales deben conocer, de un lado, porque la ignorancia de la ley no sirve de excusa al tenor del artículo 9° del Código Civil y, por el otro, porque son disposiciones que regulan el ejercicio del cargo que se encuentran ocupando, por lo que se encuentra acreditado el grado de culpabilidad previsto en el artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, modificado por el artículo 4° de la Ley 2003 de 2019.
12. Finalmente, y en lo atinente a la aplicación de los eximentes de responsabilidad previstos en la ley disciplinaria, en particular, del regulado en el numeral 6° del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, esto es «[…] 6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria […]», cabe reiterar lo expuesto líneas atrás en el sentido que las normas disciplinarias no resultan aplicables al proceso sancionatorio de pérdida de investidura y, en todo caso, de las pruebas que obran en el expediente y los argumentos expuestos, se puede evidenciar que el error en que pudieran haber estado los concejales acusados era superable con la simple lectura de la Resolución Núm. 042 de 22 de abril de 2016, de la Resolución Núm. 082 de 6 de noviembre de 2013 y del acuerdo laboral de 2013, para llegar a la conclusión de que el pago no debía realizarse en las condiciones en que fue ordenado en la primera de las resoluciones.
4.7. Queda en evidencia que los temas propuestos frente a las providencias dictadas en los procesos de pérdida de investidura ya fueron resueltos por los jueces naturales del asunto, esto es, por el Tribunal Administrativo de Santander y por la Sección Primera del Consejo de Estado.
4.8. Así, queda demostrado que la tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora se limitó a reiterar los argumentos que expuso en los procesos de pérdida de investidura y no formuló argumentos sólidos para efecto de dudar de la razonabilidad de las providencias objeto de tutela. Conviene recordar que la tutela es un mecanismo residual y subsidiario de defensa y que, por tanto, no puede utilizarse para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios.
4.8.1. Aunque la parte demandante alegó la vulneración de derechos fundamentales, lo cierto es que termina promoviendo indebidamente la tutela para obtener un pronunciamiento que desestime la declaratoria de pérdida de investidura.
4.8.2. La Sala debe precisar que los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela son más estrictos cuando se cuestiona una decisión expedida por un órgano de cierre, como ocurre en este caso, que se acusa una providencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda. Así lo explicó la propia Corte Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017:
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia. Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.
4.9. Siendo así, la Sala concluye que la tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional.
5. Por último, respecto de la pretensión del actor de ordenar su permanencia en el cargo de diputado de la Asamblea Departamental de Santander, la Sala estima que resulta abiertamente improcedente, por cuanto implicaría el desconocimiento de los efectos de la sentencia que declaró la pérdida de investidura del demandante. Como se sabe, la declaratoria de pérdida de investidura conlleva una inhabilidad permanente para efecto de ocupar cargos de elección popular. La pérdida de investidura constituye una limitación legítima y justificada al derecho político fundamental que tiene todo ciudadano de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y la consagra la propia Constitución como sanción disciplinaria dirigida a castigar en forma drástica aquellos comportamientos que atentan contra la alta dignidad que es propia de los cargos de elección popular.
5.1. En sentencia del 9 de mayo de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado explicó que «las conductas que dan origen a la sanción de pérdida de investidura comportan la defraudación del principio de representación, motivo por el cual el Constituyente previó una grave consecuencia jurídica para el ejercicio de los derechos políticos del condenado, que es la separación inmediata de las funciones que venía ejerciendo como integrante de un cuerpo colegiado del que hace parte y la inhabilidad permanente para ser elegido en un cargo de elección popular en el futuro».
6. Siendo así, queda resuelto el problema jurídico: el a quo acertó al declarar la improcedencia de la tutela, por las razones aquí expuestas. Por consiguiente, será confirmada la sentencia impugnada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Confirmar la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Magistrado
o Silva Manjarrez
Elegidos en el municipio de Barrancabermeja, para el periodo 2016-2019.
Expediente: 68001-23-33-000-2015-00324-01.
Ver índice 7 de Samai.
Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
SU-573 de 2017.
Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
Para la acumulación de procesos y demandas se aplicarán las siguientes reglas:1. Acumulación de procesos. De oficio o a petición de parte podrán acumularse dos (2) o más procesos que se encuentren en la misma instancia, aunque no se haya notificado el auto admisorio de la demanda, siempre que deban tramitarse por el mismo procedimiento, en cualquiera de los siguientes casos:
[…]
Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.
Al respecto, ver sentencias C-590 de 2005, T-335 de 2000, T-102 de 2006, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014.
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Ibidem.
Expediente 76001-23-31-000-2011-00744-01.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.