Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-01931-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-01931-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-01931-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
26 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN DE LA NORMA / EMPLEO PÚBLICO – Cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia / AGENTE DE TRÁNSITO / JORNADA DE TRABAJO DEL EMPLEADO PÚBLICO - De doce horas diarias, sin que en la semana excedan un límite de 66 horas / TRABAJO SUPLEMENTARIO – Del material probatorio no se acreditó / NEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE TIEMPO COMPLEMENTARIO / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
Defecto sustantivo. Con relación a este cargo, la parte accionante expresó en el libelo introductorio, que el Tribunal Administrativo del Cauca, pese a que mencionó el Decreto 1042 de 1978, no atendió el criterio dispuesto en aquel para otorgar el reconocimiento y pago del trabajo suplementario desempeñado por los Agentes de Tránsito demandantes. Para el estudio del cargo propuesto es necesario revisar la argumentación expuesta, en la providencia de 4 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, en la que: i) Efectuó un análisis sistemático del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 referente a la jornada ordinaria de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva, la cual corresponde a 44 horas semanales para aquellos que desempeñan funciones discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia, a quienes se les puede fijar una jornada que no exceda de 66 horas semanales, precepto normativo que se hizo extensivo a los empleados públicos del orden territorial según el artículo 2º de la Ley 27 de 1992 y el artículo 87 de la Ley 443 de 1998. ii) Explicó, que el tiempo suplementario se definió como aquel que excede la jornada laboral ordinaria y se presenta cuando se hace necesario realizar labores en horas distintas y ello influye directamente en el salario devengado, porque se reconoce un pago “adicional a la remuneración que normalmente devenga el servidor” conforme a lo establecido en los artículos 34, 35, 36, 37 y 39 del Decreto 1042 de 1978. iii) Estableció que, conforme al cronograma de actividades, aportada al proceso, los demandantes cumplían una jornada ordinaria de 8 horas y media y que, al hacer la operación, aquellas no superaban las 66 horas semanales, en la medida en que la actividad se circunscribe a la vigilancia, intermitente o discontinúa, la legislación habilitó que la jornada fuera máximo de 12 horas diarias sin exceder las 66 horas indicadas. iv) Señaló que, incluso, tomando la jornada establecida en la certificación expedida por el ente territorial, se encontró que no excedía las 10 horas diarias, razón por la que el acto administrativo demandado acogió los parámetros establecidos en el Decreto 1042 de 1978. v) Agregó que reposan en el plenario turnos de disponibilidad diurna y nocturna, que conforme al artículo 39 del Decreto Ley 1042 de 1978 “sistema de turnos” no determina dicha noción, sin embargo, por aplicación de la Ley y en atención a la definición de jornada de trabajo, solo en los eventos en que el trabajador sea llamado a su lugar para desarrollar alguna tarea o función, tendrá derecho a devengar la jornada suplementaria. Descendiendo al caso objeto de debate, el Tribunal que conoció la segunda instancia, encontró que no se acreditó que los accionantes hubieran laborado en dichos turnos. Así las cosas, para la Sala el defecto sustantivo propuesto no tiene vocación de prosperidad, en la medida en que la autoridad judicial accionada sustentó de manera razonada los motivos por los cuales no se desvirtuó la legalidad de los actos administrativos que negaron el reconocimiento y pago de tiempo complementario, comoquiera que analizó sistemáticamente el precepto normativo dispuesto para el asunto, para concluir que los demandantes no acreditaron que prestaron sus servicios en los turnos establecidos, por lo que era necesario que estos aportaran pruebas que permitieran determinar que realizaron tiempo complementario, lo que, se echó de menos en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / TRABAJO COMPLEMENTARIO – Del material probatorio no se logró acreditar el desarrollo de actividades en trabajo suplementario
[L]a Sala advierte que los accionantes se limitaron a argumentar que aportaron el material probatorio que acreditaba el trabajo suplementario, sin embargo, en la valoración de las citadas pruebas, en orden a acreditar que efectivamente prestaron sus servicios, efectuada por la autoridad judicial tutelada, se determinó que las documentales aportadas no precisaban que aquellos hubieran laborado horas extras y las fechas y horas específicas en que ello acaeció, medios de convicción que resultaban necesarios para acceder a las pretensiones de la demanda. En este punto de análisis, esta Sección considera que contrario a lo expuesto por los tutelantes, la autoridad judicial accionada, valoró las pruebas aportadas al plenario, de las cuales no se hizo alusión al dictamen pericial, sin embargo, de las mismas no se logró acreditar que los accionantes desarrollaron actividades en trabajo suplementario.
AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENETO DEL PRECEDENTE / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE – Exige similitud fáctica y jurídica. Incumplimiento / SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA – Expedida por una sala de revisión de la Corte Constitucional no establecen reglas jurisprudenciales vinculantes para las autoridades judiciales / SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO - No constituye un precedente vinculante toda vez que se limitó a resolver el caso concreto sin fijar reglas de decisión / SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO – Alegada como desconocida se acreditó la realización de trabajo complementario lo que no ocurrió en el presente caso
Pese a que la parte accionante incluyó en forma expresa la existencia del defecto por desconocimiento del precedente, lo cierto es que hizo referencia a los “antecedentes jurisprudenciales” que a su juicio no fueron tenidos en cuenta, con los que pretende argumentar su posición relativa al reconocimiento del trabajo suplementario. (…) Sentencia SL 55842017 (43641) dictada por la Corte Suprema de Justicia (…) esta Sala llega a la misma conclusión debido a que el asunto no guarda similitud fáctica ni jurídica, por lo que el cargo no tiene vocación de prosperidad. Adicionalmente, esta sentencia no constituye un precedente en tanto fue dictada en la jurisdicción ordinaria para resolver un caso concreto, sin que fije una regla de decisión ni resulte vinculante para los jueces y tribunales en la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuyo cierre está en cabeza del Consejo de Estado. (…) Sentencias C-570 de 1992 y T-074 de 2018 dictadas por la Corte Constitucional (…) Sobre la sentencia de Constitucionalidad C-570 de 1992, advierte la Sala que no se encontró en el buscador de la Corte Constitucional, ni el extremo actor citó apartes de la misma, para realizar su análisis. Por otro lado respecto de la sentencia T-074 de 2018 alegada como desconocida, cabe precisar que se trata de una sentencia dictada en sede de tutela por una sala de revisión de la Corte Constitucional, por lo tanto, este cargo no tiene vocación de prosperidad, dado que los proveídos dictados en trámites de acciones de tutela no establecen reglas jurisprudenciales vinculantes para las autoridades judiciales, comoquiera que no fueron proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, sino por sus salas de revisión, razón por la cual no se puede predicar un presunto desconocimiento del dicho proveído por parte de la autoridad judicial accionada. Sentencia del 22 de septiembre de 2010 dictada por el Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren Rad. 41001-23-41-000-2001-01486-01 (1070-08). (…) En relación con este proveído referente al trabajo suplementario, es también considerado como desconocido, frente al cual la Sala precisa que no constituye un precedente vinculante toda vez que se limitó a resolver el caso concreto sin fijar reglas de decisión y, adicionalmente, difiere del asunto objeto de debate comoquiera que en aquel se trató de una persona que trabajaba como conductor de grúa del Instituto de Tránsito y Transporte en la Alcaldía municipal de Neiva a y se acreditó que laboraba horas extras, diurnas, nocturnas, dominicales y festivos, según el informe expedido por la Unidad de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía del mismo municipio. (…) Sentencia del 30 de agosto de 2012 dictada por el Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Gerardo Arenas Monsalve Rad. 05001-23-31-000-1999-03941-01. Por otro lado, respecto de esta sentencia, la cual consideran los accionantes que se desconoció, si bien guarda identidad fáctica con el caso bajo estudio porque el asunto que se abordó correspondió a un guarda de tránsito al servicio del municipio de Copacabana. Lo cierto es que allí se logró probar dentro del proceso, con el dictamen pericial y las planillas de control de turnos, la jornada laboral que venía cumpliendo el demandante, quien logró acreditar que desde su vinculación, trabajó turnos de doce (12) horas diarias de servicio por veinticuatro (24) horas de descanso de lunes a domingo, excediendo la jornada máxima legal establecida en el Decreto 1042 de 1978 y posteriormente del 14 de enero de 1997 en adelante, su jornada laboral se redujo a ocho (8) horas diarias.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01931-01(AC)
Actor: ABDUL LASSO MOLINA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – Revocar para negar la solicitud de amparo – Defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C el 18 de junio de 2021, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por no superar el requisito de procedibilidad adjetiva de la relevancia constitucional.
ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado el 25 de abril de 2021 al correo electrónico del Centro de Recepción de Tutelas y Habeas Corpus del Consejo Superior de la Judicatura, remitido al día siguiente al buzón web de la Secretaría General de esta Corporación, los señores Abdul Lasso Molina, Jarvi Augusto Caicedo Alegrías, Irne Ovidio Contreras Romero, Héctor Cuadros Trujillo, Hermilson Castillo y Miguel Ángel Mina, por intermedio de apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, con el fin de que sean protegidos sus derechos fundamentales “a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, a la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relacionales laborales, garantía a la seguridad social y acceso a la administración de justicia”.
2. La parte accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con ocasión de la providencia del 4 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual se confirmó la sentencia dictada el 18 de septiembre de 2018 por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, que decidió negar las pretensiones de la demanda, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19-001-33-33-005-2014-00149-00, instaurado por los accionantes contra el municipio de Puerto Tejada (Cauca).
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y como consecuencia pidió:
“De conformidad con los anteriores hechos, con los cuales sustentamos que las decisiones judiciales cuestionadas, no estuvieron argumentadas en ejercicio de las atribuciones legales, constitucionales y jurisprudenciales, por lo que respetuosamente, consideramos que los juzgados de instancia, hoy accionados mediante este escrito por el que interpone Acción de Tutela en su contra, incurrieron en Vía de Hecho por Defecto Fáctico, Defecto Sustantivo y Desconocimiento del Precedente Jurisprudencial, en el trámite del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, radicado bajo el No. 19-001-33-33-005-2014-00149-01, resultando conculcados derechos fundamentales a mis poderdantes, tales como: a la igualdad; el debido proceso; al trabajo; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relacionales laborales; garantía a la seguridad social, acceso a la administración de justicia; Derechos fundamentales que estamos solicitando sean tutelados por el respectivo Juez Constitucional, a favor de mis poderdantes señor: Abdul Lasso Molina, Jarvi Augusto Caicedo Alegrías, Irne Ovidio Contreras Romero, Héctor Cuadros Trujillo, Hermilson Castillo y Miguel Ángel Mina.
Que como efecto y consecuencia del anterior pronunciamiento el Honorable Consejo de Estado, se sirve ordenar al Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, proferir nueva sentencia que decida el Recurso de Apelación debidamente interpuesto contra la Sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Popayán, con el fin de que se realice en debida forma la valoración de cada una de las pruebas allegadas y recolectadas en el curso del respectivo proceso incoado ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa del Cauca por el Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho”. (sic)
1.3. Hechos probados y/o admitidos
4. La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
5. Los accionantes presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con la pretensión de obtener la nulidad de los oficios de 6 y 18 de noviembre de 2013 y, como consecuencia, el reconocimiento y pago del trabajo suplementario que desempeñaron en calidad de Agentes de Tránsito en el municipio de Puerto Tejada (Cauca), así como el reajuste a las cesantías y demás prestaciones sociales desde el 16 de septiembre de 2010 hasta la fecha del reconocimiento.
6. El referido medio de control con radicado 19-001-33-33-005-2014-00149-01 fue asignado por reparto al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Popayán que, mediante providencia de 18 de septiembre de 2018, negó las súplicas de la demanda, al considerar que no se logró acreditar que los demandantes realizaron trabajo suplementario:
“De las pruebas allegadas al expediente se tiene que: i) los señores ABDUL LASSO MOLINA, JARVI AUGUSTO CAICEDO ALEGRÍAS, IRNE OVIDIO CONTRERAS ROMERO, HÉCTOR CUADROS TRUJILLO, ERMILSON CASTILLO MINA y MIGUEL ÁNGEL MINA, tienen y tuvieron vinculación laboral con el municipio de Puerto Tejada, para laborar como guardias de tránsito, según consta en las certificaciones que obran a folio 8 a 9 del cuaderno principal; ii) que se establecieron por el municipio cronogramas de disponibilidad de 24 horas para cada uno de ellos, señalando que en todo caso se compensaría con un día hábil; iii) en el Plan de Acción Municipal les fueron asignados turno para presentar servicios en puntos fijos, como colegios, plaza de mercado, terminales y la calle 20, en horario diurno de lunes a viernes de horas y 30 minutos por día, señalando que los días sábados, domingos y feriados serían cubiertos, en caso de presentarse eventos, por quienes estuvieron en disponibilidad; iv) en las nóminas no se evidencia el reconocimiento y pago de horas extras.
Aplicando los anteriores criterios legales y jurisprudenciales al caso concretos (sic), está demostrado que cada uno de los demandantes tenía asignado como parte Plan de Acción municipal turnos en puntos fijos, en otras palabras debían permanecer en los sitios de trabajo que les asignaron como colegios, terminal y galería, en jornadas diurna de lunes a viernes que no excedía de 8:30 horas diarias, para un total de 42 horas a la semana, lo que indica que no laboraron en jornada suplementaria que implicaran horas extras nocturnas, dominicales, festivos.
Así mismo les fueron asignados turnos de disponibilidad de 24 horas, cada uno de los cuales fueron compensados con días de descanso, según se estableció en cada cronograma y puede evidenciarse en las peticiones que ellos elevaron ante la entidad manifestando su opción según se relacionó en el acápite de pruebas, sin que se pruebe de manera alguna que debieron permanecer en sus sitios de trabajo, que fueron llamados para atender eventos y que fuera en horarios extra-nocturno, dominical o festivo- que diera lugar a la aplicación de las previsiones de los artículos 36 y siguientes del Decreto 1042 de 1978. Es más, el dictamen pericial concluye que no hay evidencia de esta situación en cuanto las pruebas no denotan trabajo extra, y que la cuantificación de las se hace (sic) con base en los cronogramas de disponibilidad.
De esta manera para el Despacho no está demostrado que efectivamente los actores tuvieran derecho al reconocimiento y pago de las horas extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivos que reclaman respecto a los horarios en que les fueron fijados cronogramas de disponibilidad, los cuales, se itera, de acuerdo con los (sic) dispuesto en los artículos 33 y 35 del Decreto 1042 de 1978 y los precedentes del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, no son remunerados como trabajo suplementario a menos que se demuestren los supuestos de tener que permanecer en el lugar de trabajo, o que aún fuera de él, debieron atender en horarios extras labores propias de su cargo, por lo que no se desvirtúa la legalidad de los actos demandados, y por tal circunstancia las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar.
(…) por lo anterior, considera el juzgado que la parte actora no desplegó el suficiente esfuerzo probatorio para demostrar los hechos en que se funda la demanda, requisito imprescindible para fallar a su favor. Es decir, la carga de la prueba compete a la parte que alega un hecho o a quien lo excepciona o lo controvierte; de esta manera en el presente caso se observa falencia probatoria a cargo del demandante (sic) por lo que deben negarse las pretensiones de la demanda.”
7. Inconformes con la decisión, los aquí accionantes interpusieron recurso de apelación, cuyo conocimiento le correspondió al Tribunal Administrativo del Cauca, que mediante sentencia dictada el 4 de febrero de 2021 confirmó la decisión del a quo, al considerar que con el material probatorio aportado, los demandantes no acreditaron la realización de actividades en tiempo suplementario para acceder a su reconocimiento:
“Dentro del plenario existe certificación de 19 de noviembre de 2013, expedida por el Secretario de Talento Humano y Servicios Administrativos del municipio de Puerto Tejada, donde se señala que “la Jornada Ordinaria establecida en el municipio (Alcaldía) es de 8 a.m. a 12:30 y 2 p.m. -6 p.m. y la suplementaria de 6:30 a.m a 7:30 a.m. además la patrulla de turno estas (sic) disponibles 24 horas 7 a.m. a 7 a.m.
Según cronograma de actividades de agentes de tránsito de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010, enero a diciembre de 2011, enero a mayo de 2021 en puntos fijos, se establece un horario de “6:30 AM A 1:00 PM DE 2:00 P.M. A 4:00 P.M.”
Entonces, según el cronograma de actividades, los demandantes cumplían una jornada ordinaria diaria de 8 horas y media; que, al hacer una simple operación aritmética, no superan las 66 horas semanales; pues, se insiste, al ser catalogada su actividad como de simple vigilancia, intermitente o discontinúa, la legislación habilitó a que su jornada máxima sea de 12 horas diarias, sin que exceda las 66 horas semanales.
Incluso, tomando la jornada establecida en la certificación expedida por la administración municipal, se tiene que la jornada no excedía las 10 horas diarias; razón por la cual, no se encuentra esta Corporación que el acto administrativo demandado trasgrediera la legislación nacional vigente; toda vez que, como se expuso en párrafo precedente, la jornada se encontraba dentro del parámetro establecido en el Decreto 1042 de 1978, norma que regula la situación de los actores.
Ahora bien, reposan en el plenario, turnos de disponibilidad diurna y nocturna de “5:00 pm a 9:00 pm de Lunes a Sábado (sic) para ayudar con la movilidad de este sitio” o de “24 horas continuas (…) recibe a las 7 am y entrega a las 7 am del otro día y tendrá derecho a un día de descanso compensatorio”.
Al respecto observa la Sala que, si bien, en el artículo 39 del Decreto Ley 1042 de 1978 se alude al “sistema de turnos”, esa norma no define ni establece criterios para dilucidar dicha noción.
Para la Sala, el sistema de turnos corresponde a una forma de organizar el trabajo bajo un criterio de continuidad en la actividad que desarrolla una entidad, lo que lleva a que los trabajadores presten sus servicios en todas las horas, días, semanas, incluidos domingos y festivos, bajo tiempos u horarios previamente establecidos atendiendo la demanda de servicios, las cargas de trabajo y el derecho a descanso del trabajador, entre otros.
Entonces, dado que los turnos de disponibilidad no están expresamente reglamentados en la Ley; por aplicación de las normas generales -Decreto 1042 de 1978- y partiendo de la noción de jornada de trabajo, se concluye que solo en el evento en que el trabajador sea llamado a su lugar de trabajo o para desarrollar alguna tarea o función, tendrá derecho a devengar la jornada suplementaria.
Tal como se señaló en la sentencia de instancia, dentro del plenario pese a existir el turno de disponibilidad, no reposa prueba alguna de la cual se desprende que efectivamente los demandantes realizaron actividades dentro del turno en cuestión. Esto es, correspondía a la parte actora acreditar que, dentro del horario asignado como disponible, los agentes fueron llamados a realizar alguna función del cargo, pero ello no ocurrió.
Ahora, alega la parte actora que la administración no acreditó que tales turnos de disponibilidad hubiesen sido compensados con días de descanso, afirmación que se contradice con las peticiones elevadas por los actores a la administración municipal, cuando manifiestan que tomarán el día compensatorio por haber laborado en turno de disponibilidad.
Conforme los anteriores argumentos, los cargos de apelación no están llamados a prosperar y en ese orden, esta Corporación confirmará en todas sus partes la sentencia recurrida, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Popayán.”
1.4. Fundamentos de la solicitud
8. La Sala, precisa que, los accionantes formularon los siguientes defectos contra las providencias judiciales cuestionadas:
9. Defecto sustantivo: La parte actora, consideró que se desconoció el Decreto 1042 de 1978, referente al marco normativo aplicable en materia laboral a los empleados públicos del orden territorial, toda vez que a pesar de que fue citado en la sentencia objeto de controversia, no se atendió a su criterio, generando la consecuente negativa de las pretensiones de la demanda.
10. Defecto fáctico: Los accionantes refirieron que, se presentó indebida valoración de las pruebas recolectadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por los agentes de tránsito contra el municipio de Puerto Tejada (Cauca), toda vez que de aquellas se podía evidenciar que los demandantes laboraron en trabajo suplementario, consistente en horas extras, diurnas, nocturnas, dominicales y festivos, además de la asignación de turnos de “24 rotativos”.
11. Precisó que el material probatorio valorado indebidamente fueron los cronogramas con los que se lograba acreditar el trabajo suplementario; el dictamen pericial en el que se indicó que “no hay constancia de liquidación de horas extras ordinarias, nocturnas y dominicales y festivos”; la autorización previa mediante comunicación escrita del patrono con la que se concretó el cronograma; además, no se valoró la respuesta a la petición del 19 de noviembre de 2013 expedida por la Secretaria de Talento Humano y Servicios Administrativos del municipio de Puerto Tejada en la que se estipuló que: “para su información la Jornada Laboral Ordinaria establecida en el municipio (Alcaldía) es de 8 a.m. a 12:30 y de 2 p.m. -6 p.m. y la suplementaria de 6:30 a.m. a 7 a.m.”
12. Adicionó que, con la correspondiente liquidación que se realizó, se encuentra que los agentes de tránsito laboraban diariamente 9 ½ horas, igualmente, los que estaban debidamente “enturnados”, debían estar disponibles las 24 horas continuas.
13. Desconocimiento del precedente judicial: Al respecto, los accionantes indicaron que se desconocieron los siguientes precedentes judiciales para demostrar que en los asuntos allí estudiados, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia reconocieron el tiempo complementario:
Sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia SL-55842017 (43641), del 5 de abril de 2017, M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán.
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, con radicación 41001-23-41-000-2001-01486-01 (1070-08) del “27” de septiembre de 2010, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, referente al trabajo suplementario.
Sentencia del Consejo de Estado, proferida el 30 de agosto de 2012, con radicación 05001-23-31-000-1999-03941-01, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
Y Sentencias C-570 de 1992 y T-074 de 2018 de la Corte Constitucional.
1.5. Trámite de la acción de tutela
14. El Magistrado Ponente de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto del 29 de abril de 2021, admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación a la parte actora, así como a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Cauca y al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito judicial de Popayán.
15. Asimismo, se ordenó vincular como tercero con interés al municipio de Puerto Tejada (Cauca) en las resultas de la presente acción de tutela.
1.5.2. Intervenciones
16. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.5.2.1. Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Popayán
17. Por medio de correo electrónico de 3 de mayo de 2021, la titular del despacho solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, sostuvo que los accionantes pretenden que se estudie el asunto en sede constitucional con el objeto de revivir términos que se encuentran fenecidos.
18. Afirmó que, en el proceso ordinario cuestionado, se tuvo en cuenta el marco normativo y jurisprudencial quedando en firme la decisión de segunda instancia, mediante la cual se confirmó la negativa de las pretensiones.
19. En ese sentido señaló que no se vulneraron los derechos invocados, toda vez que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, los demandantes no lograron desvirtuar la legalidad de los actos administrativos, debido a que no se demostró que aquellos tuvieran derecho “al reconocimiento y pago de las horas extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivos por disponibilidad de turnos, y no de prestación efectiva del servicio, en los términos reclamados a través del libelo, y conforme lo dispuesto en los artículos 33 y 35 del Decreto 1042 de 1978”.
1.5.2.2. El Tribunal Administrativo del Cauca y el municipio de Puerto Tejada (Cauca), no contestaron la tutela, pese a que fueron notificados debidamente.
1.6. Sentencia de primera instancia
20. El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, mediante sentencia del 18 de junio de 2021, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que la misma no superaba el requisito de procedibilidad adjetiva de la relevancia constitucional.
21. Señaló que, pese a que el escrito de tutela contiene una carga argumentativa suficiente, se dirige a revivir el análisis jurídico efectuado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado No. 19001-33-33-005-2014-00149-01, con el fin de que se acceda a la pretensión consistente en ordenar al municipio de Puerto Tejada (Cauca) que reconozca y pague el trabajo suplementario a los accionantes.
1.7. Impugnación
22. Con escrito enviado por correo electrónico el 18 de julio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la parte actora impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual indicó que se configura el defecto fáctico en la medida en que el juez natural del asunto no decretó pruebas de oficio “por razones que no resultan justificadas”.
23. Agregó que, del material probatorio aportado no se tuvieron en cuenta los siguientes documentos:
Cronograma de actividades de los Agentes de Tránsito: disponibilidad diurna y nocturna en accidentes de tránsito que debían cumplir en los años 2010 a 2013.
Oficio SSTMM 006 expedido el 7 de enero de 2004, por el Subsecretario de Tránsito y Movilidad de Puerto Tejada, acorde con el cual el ente territorial incrementó la jornada laboral de los agentes de tránsito a más de 44 horas semanales.
Constancia emitida el 19 de noviembre de 2013 por el Secretario de Talento Humano y Servicios Administrativos del municipio de Puerto Tejada, en el que certifica la jornada laboral ordinaria y suplementaria que deben cumplir los agentes de tránsito.
24. Además, refirió que en el escrito de demanda solicitó como prueba de oficio, requerir al municipio de Puerto Tejada, para que con destino al proceso enviara copia de las planillas de control de turnos y/o libros de control de turnos, los cronogramas de disponibilidad diurna y nocturna de accidentes de tránsito y cronogramas de actividades de plan de acción agentes de tránsito puntos fijos, pero el juez pasó por alto esa petición.
25. Adujo que se valoró indebidamente el dictamen pericial, ordenado por la Juez Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, en el que se liquidó el trabajo suplementario que fue desempeñado por los agentes de tránsito.
26. Señaló que, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el municipio de Puerto Tejada (Cauca) no contestó la demanda, lo que hacia imperioso que el juez de instancia ordenara pruebas de oficio, para esclarecer los hechos, pero ello no ocurrió.
27. Finalmente, manifestó que con el amparo constitucional no pretende el reconocimiento y pago del trabajo suplementario desempeñado por los Agentes de Tránsito, sino que el objetivo se centra en que el juez natural del asunto realice una debida valoración probatoria en el proceso ordinario y en consecuencia profiera una nueva sentencia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
28. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por los señores Abdul Lasso Molina, Jarvi Augusto Caicedo Alegrías, Irne Ovidio Contreras Romero, Héctor Cuadros Trujillo, Hermilson Castillo y Miguel Ángel Mina, actuando por intermedio de apoderado judicial, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
29. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, y le corresponde conocer como máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por ser superior funcional del primero.
2.2. Legitimación en la causa
30. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
31. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.
32. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-416 de 1997, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.
33. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.
34. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
35. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.
36. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que los señores Abdul Lasso Molina, Jarvi Augusto Caicedo Alegrías, Irne Ovidio Contreras Romero, Héctor Cuadros Trujillo, Hermilson Castillo y Miguel Ángel Mina, son los titulares de los derechos fundamentales que reclaman, en consideración a que conformaron la parte demandante del proceso nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictaron las providencias censuradas.
37. En consecuencia, los accionantes gozan de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos vulnerados.
38. En relación con la autoridad judicial, se advierte que la demanda se dirigió contra el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca, que profirieron las decisiones de primera y segunda instancia que, a juicio de la parte actora, vulneraron sus derechos, por lo que se encuentran legitimadas por pasiva.
2.3. Problema jurídico
39. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?
40. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior y teniendo en cuenta que la decisión que confirmó la negativa de las súplicas de la demanda y sobre la cual corresponde hacer el estudio, fue la proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 4 de febrero de 2021, se establecerá frente a esta:
¿Vulneró la autoridad judicial accionada los derechos fundamentales invocados por la parte actora al haber incurrido en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente en la providencia aquí cuestionada?
41. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades de los defectos alegados; y (iv) análisis del caso concreto.
2.3. Razones jurídicas de la decisión
2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
42. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.
43. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
44. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
45. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590/2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
46. A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.
2.3.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.3.2.1. Relevancia constitucional
47. En el sub judice se advierte que, contrario a lo decidido por el a quo, el asunto es de relevancia constitucional, por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la providencia del 4 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, pues desconoce el contenido de normas y guías jurisprudenciales que regulan los aspectos relacionados con el reconocimiento y pago del tiempo suplementario de los servidores públicos como corresponde a los Agentes de Tránsito, conforme el Decreto 1042 de 1978.
48. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues en efecto, el extremo actor considera vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, “a la primacía de la realidad”, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia, toda vez que con las pruebas aportadas al proceso ordinario se lograba acreditar el tiempo suplementario desempeñado por los accionantes.
49. Razón por la cual, el Tribunal Administrativo del Cauca, incurrió en un error, al negar el reconocimiento y pago por dicho concepto, en providencia proferida el 4 de febrero de 2021, al considerar que existió falencia probatoria.
50. En ese sentido, los argumentos en los que expuso la presunta manera equivocada como se interpretó el contenido del material probatorio, a su juicio, bastaba con que el juez solicitara prueba de oficio para esclarecer los hechos y de tal manera acceder al reconocimiento y pago del tiempo suplementario que reclamaban los demandantes.
51. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por el extremo actor entre la razonabilidad de la decisión, que al aplicar de forma errónea las normas que regulan la materia, al no tener en cuenta el material probatorio y decretar pruebas de oficio, en su criterio, vulnera derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, “a la primacía de la realidad”, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia.
52. Teniendo en cuenta lo anterior, las garantías constitucionales mencionadas que subyacen en el sub lite, por ser aquellas cuya protección pretende la parte accionante, tienen rango constitucional, al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta, lo que implica que la misma trascienda el ámbito meramente legal.
53. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando prima facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los derechos fundamentales o judicial establecido por la ley para su protección.
54. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, su aplicación, para su eficacia y la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas.
2.3.2.2. Tutela contra tutela
55. La Sala observa que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al juicio de procedibilidad, toda vez que, frente al primero de estos aspectos, no se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la providencia cuestionada fue proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N° 19001-33-33-005-2014-00149-00 instaurado por el extremo actor contra el municipio de Puerto Tejada (Cauca).
2.3.2.3. Inmediatez
56. En relación con el acatamiento de este requisito, no se advierte ningún reproche, en vista de que el proveído de segunda instancia del Tribunal Administrativo del Cauca, fue proferido el 4 de febrero de 2021, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, mientras que la acción de tutela fue presentada el 25 de abril de 2021, es decir dentro del plazo de los 6 meses contados a partir del día hábil siguiente a la ejecutoria de la providencia censurada.
2.3.2.4. Subsidiariedad
57. Frente a este aspecto, la Sala encuentra que la sentencia de 4 de febrero de 2021 por tratarse de una providencia que resolvió en segunda instancia el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es evidente el agotamiento de los recursos ordinarios.
58. Así mismo, se advierte que tampoco proceden los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, pues los motivos que sustenta la parte actora para el amparo deprecado no guardan relación con las causales que hacen procedente tales mecanismos judiciales.
2.3.3. De los defectos alegados
2.3.3.1. Generalidades del defecto sustantivo
59. La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.
60. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
No se hace una interpretación razonable de la norma.
La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.
La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma .
Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
61. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.
2.3.3.2. Generalidades del defecto fáctico
62. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015, precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión:
63. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento
Características
Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere:
Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea.
Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
Así las cosas, se configura siempre que:
Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso
Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.
Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Se requiere entonces que:
La parte precise cual o cuales de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.
Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde señalar:
Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al artículo 29 constitucional.
Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la decisión.
64. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
65. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.
66. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador.
2.3.3.3. Generalidades del desconocimiento del precedente
67. La Sala precisa que constituye precedente aquella regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las sentencias de unificación expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.
2.4. Análisis del caso en concreto
68. En el sub judice la parte actora, especificó que en la providencia objeto de debate, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca se incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial, por lo que la Sala entra a efectuar el estudio de cada uno, de la siguiente manera:
2.4.1. Defecto sustantivo
69. Con relación a este cargo, la parte accionante expresó en el libelo introductorio, que el Tribunal Administrativo del Cauca, pese a que mencionó el Decreto 1042 de 1978, no atendió el criterio dispuesto en aquel para otorgar el reconocimiento y pago del trabajo suplementario desempeñado por los Agentes de Tránsito demandantes.
70. Para el estudio del cargo propuesto es necesario revisar la argumentación expuesta, en la providencia de 4 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, en la que:
Efectuó un análisis sistemático del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 referente a la jornada ordinaria de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva, la cual corresponde a 44 horas semanales para aquellos que desempeñan funciones discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia, a quienes se les puede fijar una jornada que no exceda de 66 horas semanales, precepto normativo que se hizo extensivo a los empleados públicos del orden territorial según el artículo 2º de la Ley 27 de 1992 y el artículo 87 de la Ley 443 de 1998.
Explicó, que el tiempo suplementario se definió como aquel que excede la jornada laboral ordinaria y se presenta cuando se hace necesario realizar labores en horas distintas y ello influye directamente en el salario devengado, porque se reconoce un pago “adicional a la remuneración que normalmente devenga el servidor” conforme a lo establecido en los artículos 34, 35, 36, 37 y 39 del Decreto 1042 de 1978.
Estableció que, conforme al cronograma de actividades, aportada al proceso, los demandantes cumplían una jornada ordinaria de 8 horas y media y que, al hacer la operación, aquellas no superaban las 66 horas semanales, en la medida en que la actividad se circunscribe a la vigilancia, intermitente o discontinúa, la legislación habilitó que la jornada fuera máximo de 12 horas diarias sin exceder las 66 horas indicadas.
Señaló que, incluso, tomando la jornada establecida en la certificación expedida por el ente territorial, se encontró que no excedía las 10 horas diarias, razón por la que el acto administrativo demandado acogió los parámetros establecidos en el Decreto 1042 de 1978.
Agregó que reposan en el plenario turnos de disponibilidad diurna y nocturna, que conforme al artículo 39 del Decreto Ley 1042 de 1978 “sistema de turnos” no determina dicha noción, sin embargo, por aplicación de la Ley y en atención a la definición de jornada de trabajo, solo en los eventos en que el trabajador sea llamado a su lugar para desarrollar alguna tarea o función, tendrá derecho a devengar la jornada suplementaria.
71. Descendiendo al caso objeto de debate, el Tribunal que conoció la segunda instancia, encontró que no se acreditó que los accionantes hubieran laborado en dichos turnos.
72. Así las cosas, para la Sala el defecto sustantivo propuesto no tiene vocación de prosperidad, en la medida en que la autoridad judicial accionada sustentó de manera razonada los motivos por los cuales no se desvirtuó la legalidad de los actos administrativos que negaron el reconocimiento y pago de tiempo complementario, comoquiera que analizó sistemáticamente el precepto normativo dispuesto para el asunto, para concluir que los demandantes no acreditaron que prestaron sus servicios en los turnos establecidos, por lo que era necesario que estos aportaran pruebas que permitieran determinar que realizaron tiempo complementario, lo que, se echó de menos en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.4.2. Defecto fáctico
73. Respecto a este defecto los accionantes, manifestaron que allegaron las pruebas necesarias para acreditar la realización del trabajo complementario sin embargo fueron indebidamente valoradas por la autoridad judicial accionada, a saber: i) el cronograma de actividades de los Agentes de Tránsito, ii) el oficio SSTMM 006 expedido el 7 de enero de 2004, por el Subsecretario de Tránsito y Movilidad de Puerto Tejada, iii) la constancia emitida el 19 de noviembre de 2013 por el Secretario de Talento Humano y Servicios Administrativos del municipio de Puerto Tejada y iv) el dictamen pericial, ordenado por la Juez Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, en el que se liquidó el trabajo suplementario que fue desempeñado por los agentes de tránsito.
74. Agregó que en el proceso ordinario solicitó como prueba de oficio, requerir al municipio de Puerto Tejada (Cauca), para que con destino al proceso enviara copia de las planillas y/o libros de control de turnos, los cronogramas de disponibilidad diurna y nocturna de accidentes de tránsito y de actividades de plan de acción de los agentes de tránsito - puntos fijos-, pero el juez no atendió esa solicitud.
75. Por su parte, el Tribunal tutelado en los argumentos de su decisión proferida el 4 de febrero de 2021, estudió el cronograma, la certificación del 19 de noviembre de 2013, también los turnos de disponibilidad diurna y nocturna y de las pruebas referidas concluyó que:
“Dentro del plenario pese a existir el turno de disponibilidad, no reposa prueba alguna de la cual se desprenda que efectivamente los demandantes realizaron actividades dentro del turno en cuestión. Esto es, correspondía a la parte actora acreditar que, dentro del horario asignado como disponible, los agentes fueron llamados a realizar alguna función del cargo, pero ello no ocurrió.
“Ahora, alega la parte actora que la administración no acreditó que tales turnos de disponibilidad hubiesen sido compensados con días de descanso, afirmación que se contradice con las peticiones elevadas por los actores a la administración municipal, cuando manifiestan que tomarán el día compensatorio por haber laborado en turno de disponibilidad”.
Conforme los anteriores argumentos, los cargos de apelación no están llamados a prosperar y en ese orden, esta Corporación confirmará en todas sus partes la sentencia recurrida, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Popayán”.
76. Así las cosas, la Sala advierte que los accionantes se limitaron a argumentar que aportaron el material probatorio que acreditaba el trabajo suplementario, sin embargo, en la valoración de las citadas pruebas, en orden a acreditar que efectivamente prestaron sus servicios, efectuada por la autoridad judicial tutelada, se determinó que las documentales aportadas no precisaban que aquellos hubieran laborado horas extras y las fechas y horas específicas en que ello acaeció, medios de convicción que resultaban necesarios para acceder a las pretensiones de la demanda.
77. En este punto de análisis, esta Sección considera que contrario a lo expuesto por los tutelantes, la autoridad judicial accionada, valoró las pruebas aportadas al plenario, de las cuales no se hizo alusión al dictamen pericial, sin embargo, de las mismas no se logró acreditar que los accionantes desarrollaron actividades en trabajo suplementario.
78. Al respecto, advierte la Sala que en la sentencia objeto de debate, si bien no se mencionó el dictamen pericial rendido, lo cierto es que ello no tendría incidencia para modificar la decisión que se tomó en el proceso ordinario, porque del mismo se extrae que el perito no contó con la información completa de los cronogramas de actividades para establecer las horas de entrada y salida, y la generación de horas extras, solo de acuerdo con el plan de acción y cronograma de disponibilidad se establecía que “Nota: esta disponibilidad será de 24 horas continuas, el agente recibe a las 7 am y entrega a las 7 am del otro día y tendrá derecho a un día de descanso compensatorio”.
79. Por otro lado, encuentra la Sala que respecto al reparo de los actores frente a que el juez natural del asunto no decretó las pruebas de oficio tendientes a esclarecer y dirimir el asunto, se encuentra que en acta de audiencia inicial del 20 de agosto de 2015 llevada a cabo a las 9:00 am, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, ordenó i) tener como pruebas las documentales aportadas por los demandantes, así como ii) se decretaron las solicitadas por aquellos y adicionalmente iii) se decretaron pruebas de oficio consistentes en solicitar al ente territorial remitir los desprendibles de nómina de los demandantes, reportes del jefe inmediato relacionado con las horas extras, trabajo suplementario y actos administrativos de reconocimiento y pago de horas extras y trabajo suplementario de los Agentes de Tránsito a partir del año 2010.
80. En tal virtud no corresponde a la realidad la afirmación efectuada por el extremo actor al respecto, por lo que no se vislumbra una actuación arbitraria de la autoridad judicial tutelada.
2.4.3. Desconocimiento del precedente
81. Pese a que la parte accionante incluyó en forma expresa la existencia del defecto por desconocimiento del precedente, lo cierto es que hizo referencia a los “antecedentes jurisprudenciales” que a su juicio no fueron tenidos en cuenta, con los que pretende argumentar su posición relativa al reconocimiento del trabajo suplementario.
82. La Sala se refiere a las providencias mencionadas en el escrito de tutela, en el siguiente orden: i) Sentencia SL-55842017 (43641) de la Corte Suprema de Justicia, ii) Sentencias C-570 de 1992 y T-074 de 2018 de la Corte Constitucional y; ii) Sentencias del Consejo de Estado de la Sección Segunda, Subsecciones A y B.
2.4.3.1. Sentencia SL 55842017 (43641) dictada por la Corte Suprema de Justicia
83. La parte actora propuso en sede ordinaria que este proveído se tuviera en cuenta para fallar el asunto objeto de estudio.
84. Frente a lo anterior, el Tribunal Administrativo del Cauca en la sentencia cuestionada, determinó que no constituía precedente que obligara lo allí dispuesto en la medida en que no guardaba similitud con el asunto materia de análisis, porque en aquel se resolvió el caso de unos trabajadores del extinto TELECOM que realizaban “turnos operativos”, y que debían ejecutar actividades como revisión de alarmas, solución de fallas técnicas, atender daños en centrales, entre otras, que no podían equipararse con las funciones que desempeñaban los Agentes de Tránsito demandantes, que de acuerdo con la clasificación efectuada por el Consejo de Estado, correspondían a actividades discontinuas, intermitentes o de simple de vigilancia.
85. Al respecto esta Sala llega a la misma conclusión debido a que el asunto no guarda similitud fáctica ni jurídica, por lo que el cargo no tiene vocación de prosperidad.
86. Adicionalmente, esta sentencia no constituye un precedente en tanto fue dictada en la jurisdicción ordinaria para resolver un caso concreto, sin que fije una regla de decisión ni resulte vinculante para los jueces y tribunales en la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuyo cierre está en cabeza del Consejo de Estado.
2.4.3.2. Sentencias C-570 de 1992 y T-074 de 2018 dictadas por la Corte Constitucional
87. Los accionantes aluden que se desconocen dichas providencias.
88. Sobre la sentencia de Constitucionalidad C-570 de 1992, advierte la Sala que no se encontró en el buscador de la Corte Constitucional, ni el extremo actor citó apartes de la misma, para realizar su análisis.
89. Por otro lado respecto de la sentencia T-074 de 2018 alegada como desconocida, cabe precisar que se trata de una sentencia dictada en sede de tutela por una sala de revisión de la Corte Constitucional, por lo tanto, este cargo no tiene vocación de prosperidad, dado que los proveídos dictados en trámites de acciones de tutela no establecen reglas jurisprudenciales vinculantes para las autoridades judiciales, comoquiera que no fueron proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, sino por sus salas de revisión, razón por la cual no se puede predicar un presunto desconocimiento del dicho proveído por parte de la autoridad judicial accionada.
2.4.3.3. Sentencia del 22 de septiembre de 2010 dictada por el Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren Rad. 41001-23-41-000-2001-01486-01 (1070-08)
90. En relación con este proveído referente al trabajo suplementario, es también considerado como desconocido, frente al cual la Sala precisa que no constituye un precedente vinculante toda vez que se limitó a resolver el caso concreto sin fijar reglas de decisión y, adicionalmente, difiere del asunto objeto de debate comoquiera que en aquel se trató de una persona que trabajaba como conductor de grúa del Instituto de Tránsito y Transporte en la Alcaldía municipal de Neiva a y se acreditó que laboraba horas extras, diurnas, nocturnas, dominicales y festivos, según el informe expedido por la Unidad de Talento Humano de la Secretaría General de la Alcaldía del mismo municipio.
91. Razón por la cual, en aras de determinar las horas de manera detalladas, en el periodo reclamado, ordenó a la entidad demandada que realizara la verificación y procediera a reconocer y pagar el trabajo suplementario al demandante con fundamento en el Decreto 1042 de 1978.
92. De lo anterior, se infiere que no guarda relación con el presente asunto, en la medida en que los accionantes desempeñaron cargos diferentes al planteado en la sentencia alegada como desconocida, aunado a que en el caso bajo estudio no acreditaron que desempeñaran trabajo suplementario en el periodo reclamado como se hizo en el asunto del referido proveído.
2.4.3.4. Sentencia del 30 de agosto de 2012 dictada por el Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Gerardo Arenas Monsalve Rad. 05001-23-31-000-1999-03941-01
93. Por otro lado, respecto de esta sentencia, la cual consideran los accionantes que se desconoció, si bien guarda identidad fáctica con el caso bajo estudio porque el asunto que se abordó correspondió a un guarda de tránsito al servicio del municipio de Copacabana.
94. Lo cierto es que allí se logró probar dentro del proceso, con el dictamen pericial y las planillas de control de turnos, la jornada laboral que venía cumpliendo el demandante, quien logró acreditar que desde su vinculación, trabajó turnos de doce (12) horas diarias de servicio por veinticuatro (24) horas de descanso de lunes a domingo, excediendo la jornada máxima legal establecida en el Decreto 1042 de 1978 y posteriormente del 14 de enero de 1997 en adelante, su jornada laboral se redujo a ocho (8) horas diarias.
95. Circunstancias que difieren del caso concreto y no se acompasan con los hechos probados en el asunto objeto de Litis.
96. En consecuencia, es preciso concluir que el defecto por el presunto desconocimiento del precedente no es de recibo, toda vez que las consideraciones de las sentencias traídas a colación resultan irrelevantes e improcedentes como para desvirtuar la valoración realizada por el Tribunal, como quedó visto en líneas precedentes.
2.5. Conclusión:
97. El Tribunal Administrativo del Cauca, al proferir la sentencia del 4 de febrero de 2021, no incurrió en los defectos sustantivo, fáctico ni desconocimiento del precedente judicial, y, en consecuencia, no vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, “a la primacía de la realidad”, a la seguridad social ni al acceso a la administración de justicia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 18 de junio de 2021, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, que declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, para en su lugar NEGAR la solicitud de amparo de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.4 de la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
Con relación a este defecto también se puede consultar: Consejo de Estado – Sección Quinta, Sentencia 19.09.2019. Rad. 11001-03-15-000-2019-03835-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
Consejo de Estado – Sección Quinta, Sentencia 05.12. 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-03684-02.
Al respecto la Sala se ha pronunciado en el mismo sentido en las siguientes:
Consejo de Estado – Sección Quinta, Sentencia 12.12. 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 20001-23-33-000-2019-00291-01.
Consejo de Estado – Sección Quinta, Sentencia 31.10.2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04148-00.
Consejo de Estado – Sección Quinta, Sentencia 22.05.2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-01730-00.
Sobre desconocimiento del precedente se puede consultar la siguiente providencia: Consejo de Estado – Sección Quinta, Sentencia 12.12.2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, Radicado No. 11001-03-15-000-2019-03853-00.
Folio 3 del expediente digital, en el que consta que la acción de tutela fue presentada el 25 de abril de 2021, a las 19:56, y se remitió al día siguiente a la Secretaría del Consejo de Estado, por ser día hábil.
Folio 17 del expediente.
Actos administrativos expedidos por el Alcalde Municipal de Puerto Tejada (Cauca) y el Secretario de Talento Humano y Servicios Administrativos del mismo ente territorial, mediante los cuales se negó el pago de acreencias laborales suplementarias consistentes en horas extras nocturnas ordinarias, recargos diurnos y nocturnos ordinarios, horas extras diurnas dominicales y festivos con sus respectivos cargos, dominicales y festivos, y descansos de dominicales y festivos.
Folios 22 del expediente.
La sentencia de primera instancia se notificó por correo electrónico, enviado el 15 de julio de 2021 a las 6:10:00.
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell.
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511, 08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente No. 2009-01328-01. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. M.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ.
Ver al respecto las sentencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 11 de octubre de 2018. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2018-01114-01; 15 de noviembre de 2018. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 70001-23-33-000-2018-00267-01 y 14 de noviembre de 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2019-03056-01.
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
Oficios de 6 y 18 de noviembre de 2013.
Con el cual el ente territorial incrementó la jornada laboral de los agentes de tránsito a más de 44 horas semanales.
En el que certifica la jornada laboral ordinaria y suplementaria que deben cumplir los agentes de tránsito.
“Pruebas solicitadas por la parte demandante.
DOCUMENTALES. Se decretan las pruebas documentales solicitadas en la demanda por el demandante (…)
Ofíciese al Municipio de Puerto Tejada, para que remita con destino al presente proceso, copia integra y autentica de los siguientes documentos.
Plantilla o Libros de control de turnos de los Agentes de Tránsito, a partir del año 2010 hasta la fecha.
Cronograma de disponibilidad diurna y nocturna de accidentes de tránsito, a partir del año 2010 hasta la fecha.
Cronograma de actividades de plan de acción agentes de tránsito, a partir del año 2010 hasta la fecha.
(…)
PERICIAL: Se decreta la prueba pericial solicitada en la demanda por el demandante (…), cuya práctica queda diferida al aporte de los documentos solicitados a solicitud de la parte actora en el numeral anterior y por el Despacho en prueba que oficiosamente decretará en el siguiente acápite.
En la misma audiencia decretó las siguientes pruebas de oficio:
“DOCUMENTALES:
Ofíciese al Municipio de Puerto Tejada, que remita con destino a este proceso, copia integra y auténtica de los siguientes documentos:
Desprendibles de nómina de los agentes de tránsito ABDUL LASSO MOLINA, JARVI AUGUSTO CAICEDO ALEGRÍA, IRNE OVIDIO CONTRERAS ROMERO, HÉCTOR CUADROS TRUJILLO, HERMINSON CASTILLO MINA y MINA ÁNGEL MINA, a partir del año 2010 a la fecha.
Reportes realizados por el Jefe Inmediato o el Secretario de Tránsito al área de nómina en relación con las horas extras y trabajo suplementario de los agentes de tránsito (…) a partir del año 2010 a la fecha.
Actos Administrativos de reconocimiento y pago de horas extras y trabajo suplementario de los agentes de tránsito (…) a partir del año 2010 a la fecha”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-01931-01
Demandante: Abdul Lasso Molina y otros
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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