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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-01959-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
20 de agosto de 2021
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-01959-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de 4 de junio de 2021, proferida por la Subsección A de Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, para en su lugar disponer: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela en cuanto al defecto material y violación directa de la Constitución, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2021-01959-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

20 de agosto de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / AUSENCIA DE DEFECTO POR VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – Casos de delitos de lesa humanidad
/ CRÍMENES CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO – Reparación a las víctimas

[L]a Sala considera que la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró la caducidad del medio de control no promueve la impunidad a través de dicha decisión, y tampoco es cierto que se haya omitido investigar los hechos relacionados con la muerte del señor [E.A.O.]. (…) [C]abe resaltar que el objeto del proceso resarcitorio iniciado por los demandantes en contra del Estado persigue la reparación del daño y no tiene por objeto imponer sanciones penales a los funcionarios que perpetraron el crimen en contra del señor [E.A.O.], por lo que es incorrecto señalar que la caducidad del medio de control de reparación directa promovió la impunidad del hecho delictivo cometido por los agentes del Estado. (…) De acuerdo con lo señalado en la sentencia de unificación aplicada por el Tribunal en la providencia enjuiciada, las normas establecidas en el ordenamiento jurídico interno garantizan a las víctimas de delitos atroces y de lesa humanidad el acceso a la administración de justicia. Esta garantía se manifiesta con una regla procesal que prevé que el cómputo del término de caducidad de la reparación directa empezará contabilizarse hasta tanto las víctimas del daño «conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial». (…) La anterior regla, a juicio de esta Sección, permite ponderar el interés particular de las víctimas concerniente a la reparación del daño, con el interés general y la seguridad jurídica que sustenta la figura procesal de la caducidad. Así pues, la legislación interna garantiza que la caducidad del medio de control no pueda ser contabilizado sino hasta que se advierta que los demandantes tuvieron conocimiento de la participación del Estado en el hecho generador del daño. Ello permite, entonces, que las víctimas accedan a la administración de justicia en aquellos casos atroces de crímenes perpetrados por servidores públicos en los que, por años, se desconoció que agentes del Estado participaron en la comisión de los referidos hechos criminales. (…) Así las cosas, en sentir de esta Sección, la aplicación de la regla anterior se acompasa con el bloque de constitucionalidad, especialmente con la Convención Americana de Derechos Humanos, así como con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tanto que nuestro ordenamiento jurídico permite a las víctimas solicitar la reparación de los daños derivados de crímenes de lesa humanidad hasta dos años después de que tuvieron conocimiento de la participación del Estado en el hecho generador del daño. (…) A juicio de esta Sala de Decisión, tal parámetro crea una verdadera garantía procesal para que el reclamo de reparación de las víctimas de actos de lesa humanidad no se vea truncado por el simple paso del tiempo, habida cuenta que el juez debe evaluar si en el caso particular se materializaron circunstancias específicas y objetivas que justificaron la inacción del demandante, pese al conocimiento de la responsabilidad del Estado en los hechos victimizantes. (…) Con base en lo anterior, para la Sala resulta ineludible concluir que la autoridad judicial accionada no incurrió en el desconocimiento del texto constitucional y tampoco vulneró las normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01959-01(AC)

Actor: BIBIANA OCHOA OSORIO Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

La Sala decide la impugnación presentada, a través de apoderado judicial, por los señores Bibiana Ochoa Osorio, Edilson Antonio Osorio, Jhon Fredy Ochoa Osorio, Herman Oved Ochoa Osorio y Fernando De Jesús Osorio Ríos, en contra de la sentencia de 4 de junio de 2021, proferida por la Subsección A de Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de amparo de la referencia por no cumplir con el requisito general asociado a la relevancia constitucional.

LA SOLICITUD DE TUTELA

Los ciudadanos señores Bibiana Ochoa Osorio, Edilson Antonio Osorio, Jhon Fredy Ochoa Osorio, Herman Oved Ochoa Osorio y Fernando De Jesús Osorio Ríos, quienes actúan a través de apoderado judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad y a la reparación integral, cuya vulneración le atribuyeron al auto de 20 de octubre de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta, dentro del medio de control de reparación directa con número de radicado 05001-33-33-015-2018-00165-01, y mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia que declaró la caducidad la excepción de caducidad de la acción.

HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
Manifiestan que el señor Edilson Antonio Osorio era hijo de la señora Ana Ligia Osorio Montoya, hermano de los señores Jhon Fredy Ochoa Osorio, Hernán Oved Ochoa Osorio y Bibiana María Ochoa Osorio, y sobrino del señor Fernando de Jesús Osorio Ríos.

Refieren que el señor Edilson Antonio Osorio se desempeñaba como recolector de café y comerciante de verduras.

Señalan que el señor Edilson Antonio Osorio desapareció en el mes de febrero del año 2008 cuando se disponía a recolectar café en los municipios aledaños al de su domicilio.

Manifiestan que el 1° de julio de 2009, el Cuerpo Técnico de Investigaciones C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación les informó que «habían encontrado el cuerpo de su EDILSON OSORIO (…) que había muerto en combate con el Ejército Nacional el 1 a (sic) marzo de 2008 en el municipio de Urrao Antioquia (…) y había sido enterrado allí como N.N».

Con base en lo anterior, los hoy accionantes, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, para que se repararan los daños padecidos como consecuencia de la ejecución extrajudicial del señor Edilson Antonio Osorio.

Indican que el conocimiento del medio de control le correspondió al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín, autoridad judicial que, en el desarrollo de la audiencia inicial, declaró la caducidad del medio de control.

Inconformes con la anterior decisión, presentaron recurso de apelación, el cual fue desatado en el auto de 20 de octubre de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta, y mediante el cual se confirmó la decisión de primera instancia.

Aduce la parte accionante que el auto de 20 de octubre de 2020 incurrió en un defecto fáctico y en un defecto sustantivo.

PRETENSIONES

La parte accionante formuló, en su demanda de tutela, las siguientes pretensiones:

[…] 1. Amparar los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia (Artículo 228 CN.); por incurrir en defecto fáctico y material en su providencia (art. 4 CN.) por la violación de los precedentes jurisprudenciales en la aplicación del bloque de constitucionalidad y en el deber y obligación de actuar como jueces de convencionalidad vulnerándose los precedentes jurisprudenciales en la aplicación del principio iura novit curia; por violación al derecho fundamental al debido proceso (art. 29 CN.); por violación al principio de la justicia material y la prevalencia del derecho sustancial, que tiene por fundamento el derecho a una tutela judicial efectiva, en aplicación del artículo 228 y 229 constitucional; Por violación del derecho de igualdad de la víctima (art. 13 CN.); por denegación de justicia en detrimento de los derechos a la reparación integral de las víctimas, a quienes el Estado Colombiano les vulneró para su familiar: Derecho a la vida e integridad personal en relación con el artículo 1.1 de la Convención; el Derecho a la integridad personal (Artículo 5) de la Convención Americana en relación con el artículo 1 del mismo Tratado; Derecho a las garantías judiciales y la protección judicial (Artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1 y 2 del mismo Tratado) de las siguientes personas: EDILSON ANTONIO OSORIO, victima directa (para la sucesión, representado por su madre ANA LIGIA OSORIO MONTOYA), BIBIANA OCHOA OSORIO, JHON FREDY OCHOA OSORIO, HERMAN OVED OCHOA OSORIO y FERNANDO DE JESUS OSORIO RÍOS, vulnerados por la NACIÓN COLOMBIANA (Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial - TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA QUINTA MIXTA).

2. En consecuencia, se le solicita al H. Juez Constitucional, dejar sin efecto el auto interlocutorio proferido el 20 de octubre de 2020 por el H. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA QUINTA MIXTA dentro del proceso de Reparación Directa No. 050013333015 2018- 00165-01.

3. Ordenar al H. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA QUINTA MIXTA que en el término que determine esta instancia constitucional, profiera un NUEVO AUTO INTERLOCUTORIO en el cual se permita continuar con el trámite procesal del medio de control de Reparación Directa, por la desaparición forzada y muerte del señor EDILSON ANTONIO OSORIO, hasta determinar con claridad si se está o no ante la ocurrencia de un hecho amparado bajo el corpus Iuris de derechos humanos y la demás normatividad internacional suscrita y ratificada por Colombia, que debe ser resuelta aplicando el bloque de constitucionalidad […].

TRÁMITE DE LA TUTELA

La magistrada de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado -a cargo de la sustanciación de este proceso-, mediante auto de 30 de abril de 2021, admitió la acción de tutela promovida por los señores Bibiana Ochoa Osorio, Ana Ligia Osorio Montoya, Jhon Fredy Ochoa Osorio, Herman Oved Ochoa Osorio y Fernando de Jesús Osorio Ríos, en contra del auto de 20 de octubre de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta, en el interior del medio de control de reparación directa con radicado número 05001-33-33-015-2018-00165-01.

En la misma providencia, se vinculó, como tercero con interés directo en los resultados del proceso, a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

Asimismo, mediante el auto de 27 de julio de 2021, se solicitó al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín remitir, en calidad de préstamo, el expediente número 05001-33-33-015-2018-00165-00.

INTERVENCIONES

Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas, se produjo la siguiente intervención:

El Ministerio de Defensa Nacional, a través de escrito de 10 de mayo de 2021, suscrito por la Coordinadora del Grupo de Defensa Judicial de la entidad, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda de tutela, argumentando que la decisión judicial cuestionada en sede de tutela aplicó la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Asimismo, señaló que la acción de amparo no cumplía con el requisito general de inmediatez porque fue radicada cuatro meses después de la notificación de la providencia objeto de tutela.

FALLO IMPUGNADO

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 4 de junio de 2021, declaró improcedente la acción de amparo de la referencia por no cumplir con el requisito general relativo a la relevancia constitucional.

Como fundamento de lo anterior, en el fallo impugnado se señaló:

[…] la Sala estima que lo pretendido realmente por la parte actora es reabrir el debate jurídico, porque no está de acuerdo con lo decidido por el juez natural de la causa, pero no por ello la acción de tutela está llamada a prosperar.

En efecto, en la solicitud de amparo se alegó, en síntesis, que no se tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que impide que en casos de grave violación de derechos humanos se aplique la regla general de caducidad.

Aspectos que, a su vez, fueron planteados por la parte actora en el recurso de apelación interpuesto en contra del auto dictado en la audiencia inicial del 5 de abril de 2019 por el Juzgado 15 Administrativo de Medellín, así (transcripción literal con posibles errores incluidos):
(…)
Dichos argumentos fueron analizados y definidos de manera razonable por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante providencia del 20 de octubre de 2020, oportunidad en la que se confirmó la decisión de primera instancia, con fundamento en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de esta Sección del Consejo de Estado.
(…)
En ese sentido, se advierte que lo pretendido en la solicitud de amparo es reabrir el debate jurídico del proceso ordinario y el juez de tutela no puede inmiscuirse en el ámbito de competencia del juez natural, razón por la cual, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito de la relevancia constitucional, porque el objeto de la demanda es continuar con un debate zanjado por el juez natural, lo que desdibuja las finalidades de esta acción constitucional […].

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Los accionantes, a través de escrito radicado el 17 de junio de 2021, impugnaron la decisión de primera instancia, oportunidad en la que reiteraron los argumentos consignados en el escrito de tutela y, adicionalmente, señalaron que el juez de primera instancia «no entró a revisar siquiera los derechos fundamentales en juego ni el desacato a la Convención Americana de Derechos Humanos bajo los principios jurídicos internacionales de Pacta Sunt Servanda y Bona fide, contemplados en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales».

En segundo lugar, sostuvieron que el presente conflicto no gira en torno «de un tema de mera interpretación de caducidad, sino de la imprescriptibilidad de la acción resarcitoria, por lo que sí reviste la importancia constitucional para analizarse en sede de tutela».

CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte accionante, a través de apoderado judicial, en contra de la sentencia de 4 de junio de 2021, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en virtud de lo previsto en el el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril 2021 y en armonía con el Acuerdo 80 de 2019, respecto de la distribución de negocios al interior de las secciones del Consejo de Estado.

VIII.2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado carece de fundamento, la Sala debe establecer:

Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Si ello es así, determinar si el auto 20 de octubre de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta, vulneró los derechos constitucionales fundamentales previamente alegados por los accionantes, al confirmar la providencia de primera instancia que declaró la caducidad del medio de control.

Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

En sentencia de 31 de julio de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «dejar sin efecto o modular la decisión» que se encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

Los accionantes: Bibiana Ochoa Osorio, Edilson Antonio Osorio, Jhon Fredy Ochoa Osorio, Herman Oved Ochoa Osorio y Fernando De Jesús Osorio Ríos, quienes actúan a través de apoderado judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad y a la reparación integral, cuya vulneración le atribuyeron al auto de 20 de octubre de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta, dentro del medio de control de reparación directa con número de radicado 05001-33-33-015-2018-00165-01, y mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia que declaró la caducidad del medio de control.

Cabe resaltar que los accionantes aducen que el referido auto incurrió en un defecto fáctico y en un defecto sustantivo.

VIII.4.1. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

La Sala analizará si en el sub judice se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y, en tal sentido, se advierte lo siguiente:

En el escrito de tutela se invoca la vulneración de derechos de orden fundamental como lo son la igualdad, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

La acción de tutela fue promovida dentro de un término razonable, habida cuenta que la providencia judicial acusada fue notificada el 26 de octubre de 2020. Por su parte, la solicitud de amparo se instauró el 26 abril de 2021. Es decir, la acción de tutela se promovió dentro del término de 6 meses.

La situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela.

No se alega la existencia de una irregularidad procesal, por lo que resulta innecesario efectuar un análisis al respecto.

La acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de idéntica naturaleza o índole.

Asimismo, la Sala estima que los accionantes no cuentan con otro mecanismo judicial para que se protejan los derechos que estiman como vulnerados, por lo que la acción de tutela se erige como el único medio de defensa judicial a través del cual pueden obtener el amparo de los derechos fundamentales que anuncian como vulnerados.

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala concluye que la presente acción de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.

VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela

Encontrándose satisfechos y cumplidos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, la Sala abordará el estudio de los requisitos especiales.

En este punto, se debe precisar que, aunque el actor sostiene que la decisión judicial incurrió en un defecto sustantivo y en un defecto fáctico, se advierte que los argumentos que sustentan dichos defectos, en realidad, se encuentran relacionados con una posible violación directa de la Constitución y de las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos.

VIII.4.2.1. Caracterización de la violación directa de la Constitución y de las normas que integran el bloque de constitucionalidad

Esta causal de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales se fundamenta en el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 4º de la Constitución Política, en virtud del cual los preceptos y mandatos allí dispuestos son normas jurídicas de aplicación inmediata, de carácter vinculante y con eficacia directa, cuya fuerza normativa impone a todos los administradores de justicia el deber de velar por su cumplimiento y prevalencia.

A este respecto, la jurisprudencia constitucional ha insistido que el ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, al punto que de ellos se derivan mandatos y previsiones cuya aplicación corresponde a las distintas autoridades y, en determinados eventos, a los particulares. En esas circunstancias, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados.

En esa medida, el defecto por violación directa de la Constitución se asienta en el modelo de Estado Social de Derecho adoptado en 1991 y parte de la obligación “(…) que les asiste a todas las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política, según el cual ‘la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales (…)’”.

En criterio de la Corte Constitucional, esta causal tiene lugar cuando el juez ordinario adopta una decisión que representa la inaplicación de una norma constitucional para el caso concreto, o cuando aplica una norma de rango inferior al constitucional, al margen de los dictados de la Constitución.

Ante la evidencia de que muchas de las situaciones caracterizadas coinciden con las causales de configuración de los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que entre las causales especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial “no existe un límite indivisible” y que una misma circunstancia bajo análisis puede encuadrarse dentro de varios de ellos.

La Corte ha explicado que la violación directa de la Constitución debe ser entendida como una causal específica autónoma de procedencia del amparo constitucional contra una decisión judicial, ante la exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo que realizan los jueces o autoridades administrativas, el cual siempre estará sujeto, entre otros aspectos, a la concordancia con la Carta Política.

En el anterior entendimiento, la jurisprudencia constitucional ha señalado se configura este defecto cuando: i) se desobedecen las reglas y principios en la Constitución, ii) cuando al aplicar tales reglas y principios se les da un alcance diferente al pretendido, y iii) cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad a pesar de ser evidente y de haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso.

Aunado a lo anterior, debe resaltarse que el bloque de constitucionalidad, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, hace referencia la «unidad jurídica compuesta “por...normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional».

En tal sentido, se infiere que desconocer normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad equivale a violar la Constitución Política.

VIII.4.2.2. Análisis del caso concreto

Descendiendo al sub judice, se advierte que los accionantes centran su inconformidad en el hecho de que el Tribunal Administrativo de Antioquia haya aplicado las reglas de caducidad contenidas en la sentencia de 29 de enero de 2020, proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Sostienen los actores que, en su caso, la aplicación de las reglas de caducidad respecto del medio de control de reparación directa desconoció los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el artículo 7.1., literal h, del Estatuto de Roma, ya que el señor Edilson Antonio Osorio fue víctima de un crimen de lesa humanidad ejecutado por agentes del Estado y, por ende, sus familiares tienen el derecho constitucional y convencional a ser reparados por los daños que padecieron con ocasión de la ejecución extrajudicial de la que fue víctima el hoy occiso.

Igualmente, en sentir de los accionantes, existe un desconocimiento de la sentencia de 29 de noviembre de 2018 (Caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile), proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, en la que se reconoce el deber de los Estados parte de la convención de no limitar, a través de instituciones procesales como la prescripción o la caducidad, el derecho a acceder a la administración de justicia y a obtener la reparación de los daños ocasionados a las víctimas de delitos de lesa humanidad.

En este contexto, la Sala estima pertinente hacer un breve resumen acerca de la caducidad al medio de control de reparación directa cuando el hecho generador del daño está asociado a la comisión de un acto de lesa humanidad. En primer lugar, se analizará el precedente conocido como Caso Órdenes Guerra y Otros Vs. Chile y, seguidamente, se estudiará el tratamiento de la figura de la caducidad en tales eventualidades.

VI.4.3.1.1. El caso Órdenes Guerra y Otros Vs. Chile

Uno de los precedentes que, en criterio de los accionantes, fue desconocido por la sentencia judicial enjuiciada, es la sentencia de 29 de noviembre de 2018, también conocida como «Caso Órdenes Guerra y Otros Vs. Chile», proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH. La aludida decisión constituye un hito jurisprudencial en la materia porque, en ella, la citada Corte analizó si el Estado de Chile, a través de su legislación y de sus funcionarios judiciales, desconoció la Convención Americana de Derechos Humanos al haber aplicado el término prescriptivo de cinco años de la acción civil a aquellos casos en los que los demandantes buscaban ser reparados como consecuencia de un acto catalogado como de lesa humanidad.

La sentencia de 29 de noviembre de 2018, proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus aspectos más relevantes, señala:

[…] 77. En particular, en casos de graves violaciones de derechos humanos y de manifiesta obstrucción de justicia, este Tribunal ha considerado que “en ciertas circunstancias el Derecho Internacional considera inadmisible e inaplicable la prescripción[ penal,] así como las disposiciones de amnistía y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, a fin de mantener vigente en el tiempo el poder punitivo del Estado sobre conductas cuya gravedad hace necesaria su represión para evitar que vuelvan a ser cometidas”. Tales institutos jurídicos o disposiciones son inadmisibles cuando “pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos’”.

78. En relación con lo anterior, este Tribunal es consciente de los desarrollos que existen en el Derecho Internacional en materia de aplicabilidad del instituto jurídico de la prescripción a acciones judiciales para obtener reparaciones frente a graves violaciones de derechos humanos.
(…)

86. Según señaló la Comisión, el recurso judicial disponible en la jurisdicción chilena para acceder a una indemnización por violaciones a los derechos humanos es la acción civil de indemnización. En todos los casos de las víctimas, las autoridades judiciales rechazaron sus demandas en aplicación del instituto de la prescripción de la acción civil. Tales decisiones se encuentran en firme.

87. La Comisión estimó que la aplicación de tal figura en estos casos constituyó una restricción desproporcional en la posibilidad de obtener una reparación, señalando que ello no implica un pronunciamiento genérico sobre dicha figura sino únicamente respecto de la aplicación de la misma a crímenes de lesa humanidad. Así, consideró que, si bien el principio de seguridad jurídica busca coadyuvar al orden público y la paz en las relaciones sociales, el derecho a un recurso judicial para obtener una reparación por crímenes de lesa humanidad no va en desmedro de este principio, sino que lo fortalece y contribuye a su optimización.

88. La Comisión consideró que la razón de ser de la inconvencionalidad de aplicar la figura de prescripción de la acción penal en casos de graves violaciones de derechos humanos se relaciona con el carácter fundamental que tiene el esclarecimiento de los hechos y la obtención de justicia para las víctimas. Por ello, la Comisión señaló que no encuentra razones para aplicar un estándar distinto a un aspecto igualmente fundamental como es la reparación en este tipo de casos, por lo cual las acciones judiciales de reparación del daño causado por crímenes internacionales no deberían estar sujetas a prescripción. En razón de las fechas en que ocurrieron o comenzaron a ocurrir, la Comisión consideró que las violaciones primarias respecto de las cuales las víctimas de este caso buscan una reparación, todas a partir de septiembre de 1973, hacen parte de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, por lo cual la aplicación de la figura de prescripción a sus acciones civiles de reparación constituyó un obstáculo en el acceso efectivo a la justicia para hacer efectivo su derecho a ser reparadas.

89. Este Tribunal considera que las apreciaciones anteriores son razonables. En la medida en que los hechos que dieron origen a las acciones civiles de reparación de daños han sido calificados como crímenes contra la humanidad, tales acciones no deberían ser objeto de prescripción.

90. La Corte destaca que, tal como reconoció el Estado, el hecho ilícito que generó su responsabilidad internacional se configuró por el rechazo, por parte de los tribunales de justicia nacionales, de acciones civiles intentadas por las víctimas de reparación de daños ocasionados por actos calificados como crímenes de lesa humanidad, con base en la aplicación de la figura de la prescripción, alegada como excepción por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Fisco chileno. Tal criterio impidió que los tribunales analizaran en su mérito la posibilidad de determinar una indemnización por los daños y perjuicios morales ocasionados a las víctimas, restringiendo la posibilidad de obtener una reparación justa. Es decir, no hay duda de que en este caso las violaciones de derechos reconocidos en la Convención se produjeron por una serie de decisiones de órganos judiciales del Estado que impidieron a las víctimas acceder materialmente a la justicia para reclamar su derecho de obtener una reparación.

91. Sin embargo, la naturaleza de tales hechos ha llevado al Estado, con base en el cambio jurisprudencial de su máxima autoridad judicial, a reconocer ante este Tribunal que no es aplicable la prescripción civil a acciones que procuren reparaciones por daños y perjuicios ocasionados por ese tipo de hechos (supra párr. 15).
(…)
95. En este caso, las acciones intentadas por las víctimas fueron de carácter civil, propiamente, y no consta que estuviesen aparejadas o relacionadas con algún proceso penal. De tal modo, y en consecuencia con su reconocimiento, la Corte entiende que los fundamentos del Estado para considerar imprescriptibles las acciones civiles de reparaciones por daños ocasionados en hechos calificados o calificables como crímenes contra la humanidad, con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema, son aplicables a cualquier acción civil, independientemente de si ésta es resarcitoria en el marco de un proceso penal o si es una demanda en la vía civil propiamente dicha. Es decir, tal imprescriptibilidad se justifica en la obligación del Estado de reparar por la naturaleza de los hechos y no depende por ello del tipo de acción judicial que busque hacerla valer.
(…)
101. En conclusión, ciertamente la jurisprudencia de los últimos años de la Corte Suprema de Justicia chilena ha variado notablemente hacia una interpretación razonable y adecuada con su deber de ejercer un efectivo control de convencionalidad. La Corte Interamericana valora positivamente tal cambio jurisprudencial.

102. En consecuencia, este Tribunal declara que el Estado es responsable por la violación del derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma […].

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta contrario a la Convención Americana que los Estados, a través de las autoridades judiciales y de su legislación, restrinjan el acceso a la administración de justicia y el derecho recibir una indemnización a quienes han sido víctimas de delitos de lesa humanidad. Por ende, señala el Tribunal regional de justicia que la aplicación de figuras como la prescripción o la caducidad, en estos eventos, puede ser desproporcionado respecto del derecho a la reparación que le asiste a la víctima un crimen de lesa humanidad.

Así pues, podría concluirse preliminarmente que, con base en la sentencia de 29 de noviembre de 2018, un Estado Parte puede ser hallado responsable de la violación de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando sus jueces aplican, objetivamente, términos de prescripción y de caducidad a las acciones resarcitorias que persigan la reparación de los daños padecidos por víctimas de crímenes de lesa humanidad.

VI.4.3.1.2. La caducidad del medio de control de reparación directa derivada de actos de lesa humanidad en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional

La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional no ha sido pacífica en torno a la materia. Antes de la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, la Sección Tercera de esta Corporación sostuvo dos tesis disímiles relacionadas con la aplicación del término de caducidad del medio de control de reparación directa derivado de actos de lesa humanidad.

Así pues, mediante el auto de 17 de diciembre de 2013, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado sostuvo que el término de caducidad de la acción de reparación directa no operaba en aquellos casos en los que la acción resarcitoria derivaba de un acto de lesa humanidad. Como fundamento de dicha tesis, la citada Subsección C señalaba que, en estos eventos, el juez administrativo debía actuar como garante del cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario, del ius cogens y, en virtud de ello, inaplicar las reglas del ordenamiento interno relacionadas con la caducidad del medio de control. Al respecto indica la providencia en cita:

[…] Sobre esto debe indicarse que el sustento normativo de la atemporalidad para juzgar conductas que se enmarquen como constitutivas de lesa humanidad no es algo que se derive de un sector propio del ordenamiento jurídico común como lo es el derecho penal, sino que, por el contrario, surge del corpus iuris de derechos humanos, de la normativa internacional en materia de derechos humanos así como de la doctrina y jurisprudencia de los tribunales nacionales e internacionales sobre la materia, como se ha visto; de manera que el eje central del cual se deriva la imprescriptibilidad de la acción judicial en tratándose de una conducta de lesa humanidad se basamenta en la afrenta que suponen dichos actos para la sociedad civil contemporánea, razón por la cual, en virtud de un efecto de irradiación, las consecuencias de la categoría jurídica de lesa humanidad se expanden a las diversas ramas del ordenamiento jurídico en donde sea menester aplicarla, esto es, surtirá efectos en los diversos ámbitos del ordenamiento jurídico en donde surja como exigencia normativa abordar el concepto de lesa humanidad a fin de satisfacer las pretensiones de justicia conforme al ordenamiento jurídico supranacional, constitucional y legal interno; pues, guardar silencio, en virtud del argumento de la prescripción de la acción, respecto de una posible responsabilidad del Estado en esta clase de actos que suponen una violación flagrante y grave de Derechos Humanos equivaldría a desconocer la gravedad de los hechos objeto de pronunciamiento –y sus nefastas consecuencias-.

Puede sostenerse, sin duda alguna, que la ocurrencia de actos de lesa humanidad respecto de los cuales se demande la responsabilidad del Estado exige comprender, siguiendo la precedente argumentación, que el estudio de la caducidad de la acción de reparación directa no puede quedar limitada sólo al tenor literal del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), sino que es esta norma la base para operar una debida y ponderada aplicación de tal fenómeno procesal. Se trata, pues, de la afirmación del principio de integración normativa que implica la aplicación de normas de diferentes ordenamientos como forma de colmar las lagunas, o vacíos normativos en los que nada se expresa acerca de la caducidad de la mencionada acción cuando se trata de demandar la responsabilidad del Estado por actos de lesa humanidad.

En este orden de ideas, si hoy por hoy la premisa aceptada en punto de la responsabilidad penal de individuos es la imprescriptibilidad por la ocurrencia de actos de lesa humanidad, admitiendo matizaciones de garantías liberales clásicas en esta materia, no habrían mayores complicaciones para que en sede de la jurisdicción contenciosa administrativa se predique similares consideraciones, dado que resultaría paradójico que se atribuya responsabilidad penal a un individuo que ha actuado en su condición (o prevalido de la misma) de agente del Estado y se guarde silencio respecto de la responsabilidad del Estado por las mismas circunstancias, siendo posible que ese agente haya empleado recursos logísticos, técnicos y humanos del Estado para llevar a cabo estos crímenes o, por el contrario, teniendo el deber normativo de actuar a fin de evitar un resultado lesivo éste se abstuvo de ejecutar tal acción.

Así pues, guardando coherencia con la anterior consideración cuando se demanda la responsabilidad del Estado por daños antijurídicos derivados de actos de lesa humanidad, el principio de integración normativa debe ser aplicado sistemáticamente con el principio de derecho internacional público del ius cogens para concluir que en estos eventos la caducidad de la acción de reparación directa de manera única y excepcional no operaría, o se producirían efectos similares a la imprescriptibilidad que se afirma de la acción penal.

Debe sostenerse que se justifica un trato diferenciado en relación con el régimen ordinario de caducidad de las acciones contencioso administrativas , en razón al fundamento jurídico que sustenta la petición indemnizatoria, pues no se persigue solamente la satisfacción de un interés particular de los demandantes, sino que plantea también la protección del interés público y de los derechos de la humanidad, considerada como un todo, pues esta clase de actos de lesa humanidad repudiables no sólo vulneran a quien padece directamente tales actos sino que, en virtud de su perversión moral (trato diferenciado que se justifica en prevenir que actos de lesa humanidad en los que se afirme la participación del Estado, puedan representar un deterioro de la moral de la sociedad colombiana, verbigracia, deterioro moral que se percibió en la época más álgida del narcotráfico), representan una afrenta grave a toda la sociedad civil organizada al cuestionar la vigencia imperativa de los Derechos Humanos, y del principio de humanidad , con independencia del contexto nacional al que pertenezcan los afectados directos, disposiciones éstas que constituyen los cimientos estructurales de todo Estado de Derecho , en virtud del sustrato axiológico que le es inherente a todo ordenamiento jurídico contemporáneo […].

Esta tesis fue reiterada por las Subsecciones B y C de la Sección Tercera de esta Corporación, a través de los autos de 30 de marzo de 2017, de fechas 7 de febrero de 2018 y 28 de junio de 2019, y en la sentencia de 10 de noviembre de 2016, entre otros pronunciamientos. Así pues, en resumen, se tiene que esta primera tesis predica que «el juzgamiento de la responsabilidad del Estado por la comisión de delitos de lesa humanidad no estaba sometido a un término de caducidad, toda vez que existía una regla de ius cogens según la cual el paso del tiempo no impedía el acceso a la administración de justicia para solicitar la reparación integral de los daños generados por actos crueles e inhumanos, de ahí que al efectuarse un control de convencionalidad sobre la regla de caducidad se admitiera una excepción para el juzgamiento de este tipo de hechos».

Contrario a lo anterior, la Subsección A de la Sección Tercera, a través de los autos de 10 de febrero de 2016, 21 de noviembre de 2012, de 13 de mayo de 2015, entre otros, sostuvo que la imprescriptibilidad de la acción penal de los crímenes de lesa humanidad no podía trasladarse al derecho de daños y, por ello, el término de caducidad de la acción de reparación directa debe aplicarse bajo los parámetros señalados en la legislación procesal. En tal sentido, el auto de 10 de febrero de 2016 precisó lo siguiente:

[…] Así entonces, las normas de derecho internacional que el actor señala como vulneradas se refieren exclusivamente a la imprescriptibilidad de las conductas antes relacionadas, excluyéndose en ellas cualquier mención a las acciones indemnizatorias frente al Estado, por lo que mal podría entenderse, por vía de analogía, que tal imprescriptibilidad resulte extensible a las demandas interpuestas en ejercicio tanto de la reparación directa como de la pretensión de grupo, máxime cuando internamente existe norma expresa que regula el tema de la caducidad, esto es, el artículo 164 del CPACA.
(…)
Cabe señalar que, la Sección Tercera de esta Corporación razonó de modo similar cuando consideró inadecuado hacer extensiva a acciones diferentes a la penal, la imprescriptibilidad consagrada en el artículo 7 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En efecto indicó: “Ahora, si bien la Ley 707 de 2007, por la cual se aprobó la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas, en su artículo VII dispuso que la acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción, es claro que esta previsión no puede hacerse extensiva por vía de interpretación a otro tipo de acciones”. (Se destaca).

Una vez dicho lo anterior, es forzoso concluir que las demandas interpuestas, bien sean de reparación directa o en el marco de la pretensión grupo, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sí son susceptibles del fenómeno de la caducidad, aun en los casos relacionados con delitos de lesa humanidad, por lo que la Sala procederá a realizar la contabilización del término aplicable el presente asunto […].

En atención al anterior panorama, la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 29 de enero de 2020, decidió unificar la jurisprudencia en torno al cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa derivado de graves violaciones de derechos humanos. La providencia en cuestión señala las siguientes reglas como precedente de obligatorio cumplimiento para la jurisdicción de lo contencioso administrativo:

[…] la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se unificará en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.

Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar al Estado la indemnización de un daño es inaplicable en aquellos eventos en los que se adviertan circunstancias que hubiesen impedido, desde el punto de vista material, el ejercicio del derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado, pues para tales efectos no resulta determinante la situación causante del daño, sino la condición particular de quien acude a la administración de justicia […].

En este contexto, la Sección debe desglosar algunos aspectos medulares en el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa que resultan relevantes para resolver el cargo.

En primer lugar, la Sala tiene que resaltar que el juez contencioso al momento de estudiar la aplicación de la figura de la caducidad en asuntos tan sensibles como aquellos concernientes a la reparación de los daños derivados de crímenes de lesa humanidad, debe tener en cuenta: i) que efectivamente las víctimas del daño hubiesen podido conocer que el Estado, por acción u omisión de alguno de sus agentes, participó en la materialización del hecho generador, y ii) que las víctimas del daño hayan estado físicamente posibilitadas para acudir a la administración de justicia y solicitar la reparación.

En cuanto al primer aspecto del estudio de la caducidad, relacionado con la contabilización del término a partir del conocimiento por parte de las víctimas de la participación del Estado en la producción del daño, la sentencia de unificación precisa lo siguiente:

[…] [E]n materia de reparación directa el término de caducidad no corre hasta tanto se cuente con elementos para deducir la participación del Estado en los hechos y se advierta la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, lo que quiere decir que, cuando se presenten tales circunstancias, no existe justificación para que la situación quede indefinida en el tiempo y, por ende, a partir de allí resulta procedente el cómputo del término establecido por el legislador, tal como ocurre en materia penal cuando sea individualizado y vinculado el eventual responsable.

En suma, en lo penal, la acción no prescribe si no se identifica la persona que se debe procesar por el respectivo delito y, en lo contencioso administrativo, el término de caducidad de la reparación directa no es exigible sino cuando el afectado advierte que el Estado estuvo implicado en la acción u omisión causante del daño y le resulta imputable el daño, tal como se aprecia a continuación:
REPARACIÓN DIRECTA: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR UN DELITO DE LESA HUMANIDAD O UN CRÍMEN DE GUERRA
ACCIÓN PENAL: RESPONSABILIDAD SUBJETIVA DE LA PERSONA NATURAL IMPLICADA EN UN DELITO DE LESA HUMANIDAD O EN UN CRÍMEN DE GUERRA
El término de caducidad de la reparación directa inicia a partir del conocimiento o de la posibilidad de conocer las situaciones que permitan deducir que el Estado estuvo involucrado.
El desconocimiento de la identidad de los sujetos implicados en el supuesto delito torna en imprescriptible el asunto, hasta tanto se logre la respectiva individualización y vinculación.

En conclusión, en nuestro ordenamiento, frente a la caducidad de la pretensión de reparación directa, se encuentra consagrado un supuesto que aplica a todos los eventos, incluidos aquellos en los que se invocan delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, relacionado con el conocimiento de las situaciones que permiten deducir la participación y responsabilidad del Estado, como supuesto habilitante para exigir el plazo para demandar, regla que fue analizada en el numeral 3.1. de la parte considerativa de esta providencia.

Así las cosas, la Sección Tercera concluye que las situaciones que se pretenden salvaguardar con la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra se encuentran previstas en materia de lo contencioso administrativo al amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso y en virtud de lo cual el término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero a partir de que se advierta que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política […]

En cuanto al segundo componente, referido a la inaplicabilidad de las normas relacionadas con la caducidad cuando se advierte que los afectados no estaban en la posibilidad material de ejercer el derecho de acción, la sentencia de unificación del Consejo de Estado precisa:

[…] A juicio de la Sala, el término de caducidad de la pretensión de reparación directa no resulta exigible en los eventos en los que se afectan de manera ostensible los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por la configuración de circunstancias que obstaculizan materialmente el ejercicio del derecho de acción y, por ende, impiden agotar las actuaciones necesarias para la presentación de la demanda, dentro de las cuales se encuentra la constitución de apoderado.

La Sección enfatiza en que se trata de supuestos objetivos, como secuestros, enfermedades o cualquier situación que no permita materialmente acudir a esta jurisdicción, pues lo referente a la imposibilidad de conocer la relación del Estado con el hecho dañoso no da lugar a la inaplicación de las reglas de caducidad, sino al cómputo a partir del momento en el que, dado el conocimiento de los hechos, surge el interés para reclamar la indemnización de los perjuicios causados, como se explicó en el acápite precedente.

En síntesis, el juez de lo contencioso administrativo debe, excepcionalmente, inaplicar el término de caducidad de la pretensión de reparación directa cuando advierta que la no comparecencia ante la administración de justicia se encuentra justificada por razones materiales, pues el paso del tiempo no puede empezar a correr contra quien no goza del acceso efectivo a la administración de justicia, lo cual, se insiste, depende de las circunstancias especiales de cada sujeto.

En las condiciones analizadas, el plazo para demandar no se computará mientras subsistan dichas situaciones especiales y, una vez superadas, empezará a correr el término de ley […].

Por último, resulta pertinente señalar que, en lo concerniente al alcance del fallo proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Órdenes Guerra y Otros Vs. Chile en el derecho interno, la sentencia de unificación sostiene: «el ordenamiento jurídico chileno contiene preceptos distintos a las establecidos en el derecho colombiano, en cuanto no prevén la posibilidad de contar el plazo pertinente a partir del conocimiento de la participación del Estado, lo cual, como antes se explicó, es una regla que tiene los mismos efectos que la imprescriptibilidad en materia penal».

En cuanto a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se advierte que esa corporación tampoco ha mantenido un criterio uniforme en la materia y las distintas Salas de revisión han sostenido tanto la inaplicabilidad del término de caducidad como la procedencia de la figura.

Así pues, se encuentra que en la sentencia T-352 de 2016, proferida por la Corte Constitucional, se señala que la figura de la caducidad era inaplicable cuando se perseguía la reparación de daños derivados de actos de lesa humanidad. Sin embargo, en la sentencia T-490 de 2014 se sostuvo lo contrario y se indicó que era diferenciable la imprescriptibilidad de la acción penal de un crimen de lesa humanidad y la caducidad de las acciones de carácter indemnizatorio.

Por último, es pertinente señalar que la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU – 312 de 2020, unificó su posición en torno a la inaplicabilidad de la figura de la imprescriptibilidad de la acción penal en crímenes de lesa humanidad en el medio de control de reparación directa. En la aludida decisión se dijo lo siguiente:
[…] 6.26. Para empezar, este Tribunal observa que en la jurisprudencia contencioso administrativa, de conformidad con el literal i) del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se ha señalado que el término de caducidad de dos años del medio de control de reparación directa sólo inicia a contabilizarse: (i) desde el momento en el cual los interesados tienen conocimiento de que el daño es imputable al Estado, y (ii) siempre que se encuentren materialmente en posibilidad de acudir al aparato judicial para interponer la demanda correspondiente.

6.27. En esta oportunidad, a fin de unificar la jurisprudencia, esta Corporación estima que dicho entendimiento del término de caducidad del medio de control de reparación directa es razonable y proporcional desde una perspectiva constitucional y convencional, incluso en casos en los que el daño que se pretenda reparar sea causado por un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio.

6.28. En efecto, esta Sala considera que el referido plazo es razonable para que las víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan la oportunidad de acceder a la administración de justicia con el fin de obtener la declaración de responsabilidad de la administración y gestionar el resarcimiento de los menoscabos padecidos, porque el término respectivo sólo empieza a contabilizarse cuando exista claridad en torno a lo sucedido, incluso sin han trascurrido lustros o décadas desde el instante en el que ocurrió el delito de lesa humanidad, el crimen de guerra o el genocidio que causó el perjuicio. Lo anterior, comoquiera que no es determinante la fecha de ocurrencia de la conducta, sino la posibilidad del interesado de identificar la participación en la misma de sujetos vinculados a una autoridad pública y de acudir al sistema jurisdiccional para presentar la reclamación respectiva.

6.29. De igual forma, este Tribunal evidencia que la exigencia del término legal de caducidad del medio de control de reparación directa en tratándose de daños originados en delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra permite, en la mayor medida de lo posible, la optimización de los intereses constitucionales en tensión en asuntos como el estudiado en la presente oportunidad. Específicamente, por una parte, protege la seguridad jurídica y, por otra, no implica una afectación grave al acceso a la administración de justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos a efectos de obtener la reparación patrimonial de los daños causados por las mismas.
(…)
6.37. Ahora bien, esta Corporación evidencia que la inclusión del conocimiento del responsable de una conducta a fin de iniciar a contabilizar el término de extinción de una acción judicial, es una forma de ponderar el principio de seguridad jurídica y el mandato de justicia en escenarios relacionados con delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, el cual no sólo se puede evidenciar en el ordenamiento interno en materia contenciosa administrativa, sino también en la especialidad penal.
(…)
6.41. En este orden de ideas, como lo puso de presente el Pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en su condición de órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la Sentencia del 29 de enero de 2020, la Corte considera que no es necesario extender la figura de imprescriptibilidad que se predica de acción penal frente a los delitos de lesa humanidad al estudio de la caducidad del medio de control de reparación directa para asegurar los derechos de las víctimas, puesto que, además de tratarse de instituciones jurídicas con características y lógicas diferentes, el término legal establecido para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo integra un criterio asimilable al que lleva inmerso dicha figura aplicable a la persecución penal, el cual busca ponderar los principios en tensión, estos son, la seguridad jurídica y el mandato de justicia.

6.42. Efectivamente, en clave con lo dispuesto por el legislador, los perjudicados por un menoscabo originado en un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o un genocidio imputable a una autoridad pública, tienen un término de dos años para acudir al aparato jurisdiccional y velar por sus intereses en el entendido de que dicho plazo únicamente empezará a contarse, bajo la misma lógica de la imprescriptibilidad penal que se predica de las mencionadas conductas delictivas, una vez la persona tenga conocimiento real de la participación, por acción u omisión, del Estado y se encuentre en la posibilidad material de imputarle el daño causado.
(…)
6.55. Así las cosas, con base en las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte estima que la aplicación del término legal de caducidad del medio de control de reparación directa en tratándose de daños originados en delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra es acorde a los mandatos constitucionales y, por ello, decide unificar su jurisprudencia en tal sentido con el fin de superar los criterios divergentes existentes dentro de la Jurisdicción Constitucional […].

Con base en lo anterior, para la Sala resulta evidente que tampoco en el interior de la Corte Constitucional existe un precedente uniforme y pacífico en la materia.

VI.4.3.1.3. Solución al caso concreto

En sentir de los accionantes, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta, desconoció los artículos 8° y 25 de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos (pacto de San José), y el artículo 7.1., literal h, del Estatuto de Roma.

Igualmente, precisaron que, a través de la sentencia de 29 de noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que los Estados que suscribieron el Pacto de San José pueden incurrir en responsabilidad internacional cuando los jueces, a través de figuras procesales como la prescripción o la caducidad, impiden el acceso a la reparación a quienes han sido víctimas de delitos atroces o de lesa humanidad.

En la providencia enjuiciada, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta, declaró la caducidad de la acción de reparación directa incoada por los señores Bibiana Ochoa Osorio, Edilson Antonio Osorio, Jhon Fredy Ochoa Osorio, Herman Oved Ochoa Osorio y Fernando De Jesús Osorio Ríos, con ocasión de la muerte del señor Edilson Antonio Osorio por parte de agentes de la fuerza pública. En sus apartes más relevantes la providencia enjuiciada señala:

[…] De lo expuesto, en principio se puede advertir que el asunto de la referencia encuadra dentro de los requisitos exigidos para catalogar este hecho como crimen de lesa humanidad, toda vez que, se trata de un delito de carácter sistemático y dirigido contra la población civil puesta en estado de indefensión.

No obstante, el Consejo de Estado mediante jurisprudencia de unificación, proferida el 29 de enero de 2020, para un caso similar señaló que “la responsabilidad del Estado es independiente de la sanción penal del autor o partícipe de la conducta, por tal razón, la primera no se encuentra condicionada a la segunda, de ahí que el trámite dado al proceso penal carezca de la suficiencia de determinar la forma en la que se computa el plazo de caducidad de la pretensión de reparación directa” de manera que, no es necesario la interposición de la denuncia penal o en su defecto, que se profiera sentencia condenatoria, para que se pueda efectuar el conteo de la caducidad que establece el artículo 164 del CPACA.

Adicional a lo anterior, la jurisprudencia en comento es clara en indicar que para tener en cuenta la caducidad en estos asuntos, es indispensable que quien demanda haya tenido pleno conocimiento del hecho dañoso, o por lo menos, que sabía o tenía la posibilidad de suponer que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y por tanto, susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

Revisados los supuestos facticos de la demanda, así como los documentos obrantes en el plenario, se acredita que los demandantes conocieron del hecho dañoso desde julio de 2009, cuando afirman “el CTI de la Fiscalía General de la Nación, le comunicó a la familia que había encontrado el cuerpo de Edilson Osorio, quien murió en combate con el Ejército Nacional el 01 de marzo de 2008 en el municipio de Urrao Antioquia”. Asimismo, cuando interponen denuncia ante la Procuraduría General de la Nación fechada del 02 de septiembre de 2009, informando de la presunta ejecución extrajudicial que padeció el señor Edilson.

Siendo ello así, esta Sala adoptando la posición más favorable según las reglas de caducidad que ha establecido la reciente jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, puede concluir que la caducidad empezó a correr a partir del día 3 de septiembre de 2009, día siguiente a la radicación de la denuncia ante la Procuraduría, por lo que, los dos años que tenía la parte demandante para interponer la demanda feneció el 03 de septiembre de 2011, por lo tanto, el 02 de febrero de 2018 cuando se radicó la solicitud de conciliación prejudicial, (que suspende dicho término), ya habían transcurridos 6 años y 5 meses de haber operado éste fenómeno procesal.

Por las consideraciones expuestas, se confirmará la decisión del Juzgado Quince Administrativo de Medellín que declaró de oficio probada la excepción de la caducidad […].

Con base en la cita transcrita, resulta evidente que la autoridad judicial accionada encontró acreditados los requisitos establecidos en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 para declarar la caducidad de la acción de reparación directa en el caso en concreto, en tanto que:

Los demandantes, en su condición de víctimas, tuvieron conocimiento de la participación del Estado en la producción del daño desde el mes de julio de 2009, cuando la Fiscalía les informó que se había encontrado el cuerpo del señor Edilson Antonio Osorio y que este «había muerto en combate con el Ejército Nacional el 1 a (sic) marzo de 2008 en el municipio de Urrao Antioquia (…) y había sido enterrado allí como N.N».

Indica el Tribunal que los accionantes conocían de toda la vida al señor Edilson Antonio Osorio y tenían plena certeza de que no pertenecía a un grupo alzado en armas. Aunado a ello, el juez contencioso encontró que las víctimas tenían conocimiento de la participación del Estado en la ejecución extrajudicial del occiso, por lo menos, desde el 2 de septiembre de 2009, cuando denunciaron ante la Procuraduría General de la Nación la ejecución extrajudicial del occiso.

De otra parte, también expone el Tribunal accionado que ninguno de los demandantes se encontraba imposibilitado físicamente para acceder a la administración de justicia y solicitar la reparación de los daños causados por los agentes del Estado, por lo que no se podía inaplicar el término de caducidad contemplado en el literal i) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA.

Ahora bien, la Sala considera que la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró la caducidad del medio de control no promueve la impunidad a través de dicha decisión, y tampoco es cierto que se haya omitido investigar los hechos relacionados con la muerte del señor Edilson Antonio Osorio.

Cabe resaltar que el objeto del proceso resarcitorio iniciado por los demandantes en contra del Estado persigue la reparación del daño y no tiene por objeto imponer sanciones penales a los funcionarios que perpetraron el crimen en contra del señor Edilson Antonio Osorio, por lo que es incorrecto señalar que la caducidad del medio de control de reparación directa promovió la impunidad del hecho delictivo cometido por los agentes del Estado.

Por otra parte, y en cuanto al presunto desconocimiento de normas del bloque de constitucionalidad, la Sala encuentra que tampoco es dable afirmar dicha hipótesis en el sub judice porque:

De acuerdo con lo señalado en la sentencia de unificación aplicada por el Tribunal en la providencia enjuiciada, las normas establecidas en el ordenamiento jurídico interno garantizan a las víctimas de delitos atroces y de lesa humanidad el acceso a la administración de justicia. Esta garantía se manifiesta con una regla procesal que prevé que el cómputo del término de caducidad de la reparación directa empezará contabilizarse hasta tanto las víctimas del daño «conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial».

La anterior regla, a juicio de esta Sección, permite ponderar el interés particular de las víctimas concerniente a la reparación del daño, con el interés general y la seguridad jurídica que sustenta la figura procesal de la caducidad. Así pues, la legislación interna garantiza que la caducidad del medio de control no pueda ser contabilizado sino hasta que se advierta que los demandantes tuvieron conocimiento de la participación del Estado en el hecho generador del daño. Ello permite, entonces, que las víctimas accedan a la administración de justicia en aquellos casos atroces de crímenes perpetrados por servidores públicos en los que, por años, se desconoció que agentes del Estado participaron en la comisión de los referidos hechos criminales.

Así las cosas, en sentir de esta Sección, la aplicación de la regla anterior se acompasa con el bloque de constitucionalidad, especialmente con la Convención Americana de Derechos Humanos, así como con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tanto que nuestro ordenamiento jurídico permite a las víctimas solicitar la reparación de los daños derivados de crímenes de lesa humanidad hasta dos años después de que tuvieron conocimiento de la participación del Estado en el hecho generador del daño.

En la práctica, este criterio jurisprudencial permite que las víctimas puedan solicitar la reparación del daño en aquellos casos de crímenes de lesa humanidad en los que por muchos años imperó la impunidad y se ignoró que el Estado, a través de sus funcionarios, fue el responsable de los hechos victimizantes. Al mismo tiempo, la regla de contabilización caducidad señala que una vez se tenga conocimiento de la participación del Estado, los lesionados cuentan con un término de dos años para solicitar el resarcimiento de las lesiones irrogadas.

Aunado a lo anterior, también se observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia -en la providencia enjuiciada- estudió la caducidad del medio de control desde en el momento en el que los demandantes conocieron de la participación del Estado en el hecho generador del daño. Y, sumado a ello, advirtió que los demandantes no se encontraban imposibilitados para solicitar a la administración de justicia la reparación de los daños.

Cabe resaltar que a través de esta regla se garantiza que, excepcionalmente, el juez inaplique el término de caducidad del medio de control cuando advierta que quienes padecieron el daño antijurídico se encontraban en determinadas circunstancias físicas que le imposibilitaban el ejercicio del medio de control dentro de los dos años previstos en la legislación procesal.

A juicio de esta Sala de Decisión, tal parámetro crea una verdadera garantía procesal para que el reclamo de reparación de las víctimas de actos de lesa humanidad no se vea truncado por el simple paso del tiempo, habida cuenta que el juez debe evaluar si en el caso particular se materializaron circunstancias específicas y objetivas que justificaron la inacción del demandante, pese al conocimiento de la responsabilidad del Estado en los hechos victimizantes.

Con base en lo anterior, para la Sala resulta ineludible concluir que la autoridad judicial accionada no incurrió en el desconocimiento del texto constitucional y tampoco vulneró las normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Debe aclarar la Sala que, aunque los actores infieren que se transgredieron algunas normas del bloque de constitucionalidad con ocasión de la interpretación efectuada por el Tribunal acusado, lo cierto es que, en criterio de esta Sección, la interpretación realizada respecto de la aplicación del referido bloque y en torno a los alcances de la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, satisfacen las exigencias que imponen la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque con ella se garantiza, a través de distintas reglas, que la caducidad no se produzca por el simple paso del tiempo, como se estudió previamente.

Así las cosas, esta Sección considera que la decisión judicial enjuiciada ponderó razonablemente el derecho de las víctimas de percibir una reparación por los daños derivados de lesa humanidad y el interés general que se persigue a través de la figura procesal de la caducidad.

Con base en lo expuesto anteriormente, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, para en su lugar negar las pretensiones de la acción de amparo, por razones previamente expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de 4 de junio de 2021, proferida por la Subsección A de Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, para en su lugar disponer:

NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela en cuanto al defecto material y violación directa de la Constitución, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
Presidente
Aclara voto

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

P (15)
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
“Por la cual se modifican os artículos  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1,  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política»
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018, M.P.: Cristina Pardo Schlesinger. Corte Constitucional, Sentencia SU-1073 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sentencia SU- 918. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. En este mismo sentido pueden verse las sentencias T-967 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-310 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo y T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de agosto de 2019, exp. No.11001-03-15-000-2019-02930-00(AC). C.P. Oswaldo Giraldo López. Corte Constitucional, Sentencia T-088 de 2018. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas. Sentencia T-032 de 8 de febrero de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Auto de 17 de diciembre de 2013. Rad. No. 25000-23-26-000-2012-00537-01(45092). C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Auto del 30 de marzo de 2017, Rad. No. 2014-01449, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Auto del 7 de febrero de 2018. Rad. No. 58805, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Auto del 28 de junio de 2019. Rad. No. 61147, C.P.

Ramiro Pazos Guerrero. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 10 de noviembre de 2016. Rad. No. 19001-23 31-000-2010-00115-01(56282), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 15 de diciembre de 2020. Rad. No. 11001-03-15-000-2020-04787-00(AC). C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Auto del 10 de febrero de 2016. Rad. No. 050012333000201500934 01 (AG), C.P. Hernán Andrade Rincón. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Auto del 21 de noviembre de 2012. Expediente: 41377. C.P. Hernán Andrade Rincón. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Auto del 13 de mayo de 2015. Expediente: 18001 23 33 000 2014 00072 01 (51576). C.P. Hernán Andrade Rincón. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia de 29 de enero de 2020. Exp. No. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033). C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico. Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Corte Constitucional, Sentencia T-490 de 2014. Referencia: Expediente T-4.221.676. Fallos de tutela objeto de revisión: Sentencia proferida la Sección Quinta del Consejo de Estado el 31 de octubre de 2013 que confirmó la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 9 de mayo de 2013 que negó el amparo de los derechos invocados. Accionantes: Diana Marcela Montoya y otros. Accionados: Consejo de Estado y Tribunal Administrativo del Caquetá. Magistrados de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.

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