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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-01992-00

Fecha
11 de mayo de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-01992-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1°) Declárase la carencia actual de objeto por acaecimiento de una situación sobreviniente, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) Instase a la autoridad judicial accionada a no volver a incurrir en decisiones como las examinadas en el presente. 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-01992-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

11 de mayo de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, once (11) de mayo de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2021-01992-00
Demandante: WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN CUARTA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA AUTORIDAD JUDICIAL QUE
ORDENÓ APLAZAR LAS PROTESTAS INCIADAS EL
28 DE ABRIL DE 2021

Síntesis del caso: se cuestiona el auto de 27 de abril de 2021 que decretó el aplazamiento
de las manifestaciones realizadas el 28 de abril y 1º de mayo de 2021. Se declarará la
carencia actual de objeto por acaecimiento de una situación sobreviniente.

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Wilson Danovis Lozano
Jaimes contra la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para la protección de su derecho fundamental de reunión y
manifestación, consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Mediante escrito presentado el 28 de abril de 2021 el demandante formuló acción
de tutela con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales antes
referidos.

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01992-00
Demandante: Wilson Danovis Lozano Jaimes
Acción de tutela

1) En el año 2020 los ciudadanos Valentina Arboleda García y Diego Alejandro
Huérfano Miranda presentaron una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en contra del Presidente de la República, el Ministerio de Defensa
Nacional y la Policía Nacional por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la vida, libertad de expresión, paz y protesta social como
consecuencia de los presuntos excesos de la fuerza por parte de miembros de la
Policía Nacional durante las protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020 que dieron
lugar al fallecimiento del señor Javier Ordóñez. Tal mecanismo constitucional fue
tramitado y resuelto bajo el número de radicación 25000-23-15-000-2020-02700-00.

2) El conocimiento del asunto correspondió a la Subsección B de la Sección Cuarta
B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, magistrada Nelly Yolanda
Villamizar, quien profirió sentencia el 5 de octubre de 2020 mediante la cual amparó
los derechos fundamentales invocados y, como consecuencia de ello, entre otros
aspectos, ordenó a las autoridades accionadas la elaboración de un protocolo de
“acciones preventivas, concomitantes y posteriores”, en el cual se reglamentaran
aspectos como: el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales;
formación y capacitación inmediata en ética y derechos humanos de la Fuerza
Pública; profesionalización de los agentes destinados a la contención y alteración
del orden público por causa del ejercicio de marchas y manifestaciones públicas,
así como también otras acciones concomitantes y posteriores a la respuesta de la
Policía frente a las manifestaciones.

3) Las autoridades accionadas apelaron y la Sección Primera del Consejo de Estado
con sentencia del 18 de febrero de 2021 confirmó la decisión que amparó los
derechos fundamentales invocados.

4) En marzo del 2021, el Gobierno Nacional anunció la presentación de una reforma
tributaria en medio de la crisis económica, social y de salud experimentada en el
contexto de la pandemia del Covid-19.

5) En consideración a lo anterior, la sociedad civil decidió organizar unas jornadas
de movilizaciones públicas programadas para el 28 de abril y el 1° de mayo de 2021
como una forma de rechazo contundente en contra de una medida legislativa que
consideraban regresiva, inequitativa e injusta con el pueblo colombiano.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01992-00
Demandante: Wilson Danovis Lozano Jaimes
Acción de tutela

6) El 27 de abril de 2021 la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió un auto en el que dispuso oficiosamente: i)
abrir el trámite de incidente de cumplimiento del fallo proferido el 5 de octubre de
2020, que fue confirmado mediante la sentencia del 18 de febrero de 2021; ii)
decretar, de manera oficiosa, como medida cautelar provisional, el aplazamiento de
las manifestaciones a llevarse a cabo el 28 de abril y 1° de mayo del 2021, hasta
tanto fuere implementado un protocolo de bioseguridad o fuere alcanzada la
inmunidad de rebaño con la vacunación contra la pandemia Covid-19 y sus
mutaciones y iii) ordenar a las autoridades judiciales accionadas que procedieran a
informar y darle publicidad a dicha decisión en los medios de comunicación más
expeditos, con el fin de que los manifestantes se abstuvieran de realizar las marchas
programadas en las diferentes vías del territorio.

El fundamento de la vulneración

La acción de tutela se instauró con la finalidad de que se amparara el derecho
fundamental de reunión y manifestación que el accionante consideró vulnerado con
ocasión de la providencia emitida el 27 de abril de 2021, a través de la cual se
decretó el aplazamiento de las manifestaciones realizadas el 28 de abril y 1° de
mayo del 2021. En el escrito se expuso lo siguiente:

La decisión tutelada limitó su capacidad democrática de participar e incidir en las
decisiones que afectan al país puesto que el tribunal excedió su capacidad judicial
con el decreto de una medida que suspendió el ejercicio de los derechos
fundamentales de los colombianos, sin realizar un análisis concreto de ponderación
y necesidad de esta.

Asimismo, se impuso sin estudiar la situación de cada departamento o municipio,
con lo cual se desconoció la autonomía y autoridad de los entes territoriales en virtud
del principio de descentralización.

Ante la inexistencia de la declaratoria del Estado de Excepción por parte del
Presidente de la República, el tribunal, para legitimar una restricción o limitación a
la protesta social, usurpó las competencias del Congreso de la República en
contravía de la separación de poderes que prevalece en el Estado colombiano.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01992-00
Demandante: Wilson Danovis Lozano Jaimes
Acción de tutela

La accionada no es una autoridad sanitaria, por lo tanto, no tenía la experticia
suficiente para determinar que los protocolos que han sido dictados por el Ministerio
de Salud y la OMS son insuficientes para garantizar las medidas de bioseguridad
en una manifestación pacífica.

Finalmente, solicitó, como medida provisional, la suspensión del auto del 27 de abril
de 2021 proferido por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca proferido en el marco de la acción de tutela n. 1º
25000-23-15-000-2020-02700-00.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“1. Sírvase dejar sin efectos el auto del 27 de abril de 2021 proferido por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta Subsección
“B” – Rama Judicial del Poder Público, mediante auto de radicado
250002315000-2020-02700-00, el cual decretó el aplazamiento de las
manifestaciones a realizarse el 28 de abril y 01 de mayo de 2021.

2. Dictar de manera oficiosa todas ordenes que permitan garantizar la
dimensión subjetiva y/o objetiva a manifestarme pública y pacíficamente.
pretensiones deprecadas por mis poderdantes dentro del medio de control
citado ex antes.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo
SAMAI).

Actuación procesal

Efectuado el reparto de rigor el conocimiento del proceso correspondió a la Sección
Primera del Consejo de Estado cuyos magistrados presentaron una manifestación
conjunta de impedimento para intervenir en la acción de tutela de la referencia por
haber tramitado en segunda instancia el proceso acumulado en que se profirió el
fallo de tutela que dio origen al desacato en el que se profirió oficiosamente la
providencia que cuestiona el actor.

A su vez, el conjuez designado, doctor José Gregorio Hernández Galindo, manifestó
su impedimento para conocer el proceso por haber expresado de manera pública
en medios de comunicación y foros académicos su opinión sobre la decisión de la
autoridad judicial accionada.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01992-00
Demandante: Wilson Danovis Lozano Jaimes
Acción de tutela

Con auto de 14 de octubre de 2021 la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró fundado el impedimento referido y remitió el expediente al presidente de la
Sección Primera de esta Corporación para que realizara el sorteo de un nuevo
conjuez y ponente en el presente trámite.

El 19 de enero de 2022 se surtió un nuevo sorteo de conjueces en el que se designó
como ponente al doctor Camilo Calderón Rivera.

Con proveído de 3 de febrero de 2022 la Sala de Conjueces de la Sección Primera
del Consejo de Estado decidió sobre los impedimentos manifestados por los
magistrados Hernando Sánchez Sánchez, Nubia Margoth Peña Garzón, Oswaldo
Giraldo López y Roberto Augusto Serrato Valdés de la Sección Primera del Consejo
de Estado y ordenó la remisión del proceso a este despacho en virtud de las reglas
de reparto de acciones de tutelas masivas por haber sido el primero en avocar el
conocimiento de una acción de tutela con similitud fáctica y jurídica a la de la
referencia.

En ese orden, sería del caso acumular los procesos si no fuera porque el 11 de junio
de 2021, es decir, antes de que ingresara al despacho la acción de la referencia, se
profirió sentencia acumulada de los expedientes que hasta ese momento fueron
radicados en la Secretaría General de esta Corporación en los que se hubieren
expuesto situaciones fácticas susceptibles de ser decidas en la misma providencia
que en el proceso con radicación 11001-03-15-000-2021-01984-00.

En consecuencia, mediante auto de 25 de abril de 2021 se avocó conocimiento y
se admitió la acción de tutela y se ordenó la notificación al presidente y a los
magistrados la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a los señores Valentina Arboleda García y Diego Alejandro
Huérfano Miranda que actuaron como demandantes en el proceso en el que se dictó
la providencia cuestionada, al igual que a los magistrados integrantes de la Sala de
Conjueces de la Sección Primera del Consejo de Estado que profirieron el fallo de
tutela en segunda instancia en el proceso con radicación número 25000-23-15-000-
2020-02700-01, al ministro de Defensa Nacional, al comandante de la Policía
Nacional, al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y a la alcaldesa mayor de Bogotá, con el fin de que allegaran un informe
sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01992-00
Demandante: Wilson Danovis Lozano Jaimes
Acción de tutela

Actuación de las autoridades demandadas

La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
a través de la magistrada cuya decisión se reprocha, manifestó que no incurrió en
ninguno de los defectos que el máximo órgano de lo constitucional ha trazado
cuando se ejerce la acción de amparo contra providencias judiciales.

Expuso que el decreto de la medida provisional contenida en el auto del 27 de abril
de 2021 tiene relación inescindible con el amparo al derecho a manifestarse
públicamente que fue lo que se protegió tanto en las sentencias de primera (acción
de tutela nro. 2020-02700) como la de segunda instancia del Consejo de Estado -
que la confirmó-, en los cuales se les reconoció, concedió y protegió no solo a los
tutelantes, sino a todos los ciudadanos el derecho a manifestarse pública y
pacíficamente como lo consagra el artículo 37 de la carta superior de derechos.

La decisión estuvo ajustada a la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, así como a los decretos legislativos de Emergencia Económica,
Social y Ecológica dictados por el Gobierno Nacional para impedir la expansión del
virus COVID 19.

La consejera Nubia Margoth Peña Garzón señaló que al no advertirse ningún reparo
tendiente a controvertir actuación alguna contra la Sección Primera a la cual
pertenece, no emitiría ningún pronunciamiento sobre el asunto.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y

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Demandante: Wilson Danovis Lozano Jaimes
Acción de tutela

eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o
para revivir términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección
B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de
que se proteja el derecho constitucional fundamental de reunión y manifestación
pública, presuntamente vulnerado por con ocasión de la providencia emitida el 27
de abril de 2021, a través del cual se decretó el aplazamiento de las manifestaciones
realizadas el 28 de abril y 1° de mayo del 2021 año en todo el territorio nacional.

En su informe la autoridad judicial demandada, en resumen, expuso que no actuó
de manera caprichosa sino en cumplimiento de las funciones que como juez de
tutela le asigna el Decreto Ley 2591 de 1991.

En los términos en que ha sido propuesta, la Sala declarará la carencia actual de
objeto por acaecimiento de una situación sobreviniente por las razones que
procederán a exponerse:

Carencia actual de objeto por situación sobreviniente y su análisis en el
caso concreto

1) La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
inmediata de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o vulneración
por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en casos concretos
y excepcionales; su finalidad es evitar que se materialice una amenaza contra un

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Demandante: Wilson Danovis Lozano Jaimes
Acción de tutela

derecho constitucional fundamental o, que cese la vulneración que ya se ha
producido.

2) Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no
hay forma de resarcir el daño ya producido, entre otros, el mecanismo pierde su
“razón de ser”, fenómeno que ha sido denominado por la jurisprudencia como
carencia actual de objeto y ha señalado que, generalmente, este se presenta por: i)
hecho superado, ii) daño consumado y iii) situación sobreviniente.

3) Específicamente, sobre la situación sobreviniente, en la sentencia SU-522 de
2019 la Corte Constitucional explicó que esa figura se presenta cuando “(i) el actor
mismo es quien asume la carga que no le correspondía para superar la situación
vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada- ha
logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es
imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad
demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés en el objeto original de la
litis.”.

4) De igual manera, el Alto Tribunal ha sostenido que, a diferencia de los casos de
daño consumado, cuando se configura la carencia actual de objeto por hecho
sobreviniente no es perentorio que el juez de tutela emita un pronunciamiento de
fondo respecto a la vulneración de los derechos fundamentales. Al respecto ha
indicado:

“(ii) En los casos de hecho superado o situación sobreviniente: no es
perentorio que el juez de tutela haga un pronunciamiento de fondo. Sin
embargo, y especialmente tratándose de la Corte Constitucional actuando
en sede de revisión, podrá emitir un pronunciamiento de fondo cuando lo
considere necesario para, entre otros: a) llamar la atención sobre la falta
de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela y tomar
medidas para que los hechos vulneradores no se repitan; b) advertir la
inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes; c)
corregir las decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar en la
comprensión de un derecho fundamental.

En conclusión, la carencia actual de objeto implica que la acción de
amparo pierda su razón de ser como mecanismo de protección judicial en
el caso concreto, pero ello no significa que cualquier pronunciamiento del
juez automáticamente carezca de sentido; por lo que habrá que consultar
las especificidades del caso.

En efecto, no es lo mismo que la tutela derive en un daño consumado
atribuible a la entidad accionada, a que la situación se solucione durante
el trámite por la iniciativa del sujeto demandado o que, por alguna otra

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Demandante: Wilson Danovis Lozano Jaimes
Acción de tutela

circunstancia, desaparezca el objeto de amparo. Es evidente que en el
primer escenario resulta indispensable un pronunciamiento del juez de
tutela, tendiente a precisar los hechos y tomar medidas correctivas. En los
demás escenarios, podrá el juez de tutela, aunque no estará obligado a
ello, hacer un análisis de fondo para avanzar en la comprensión de un
derecho fundamental o tomar otras decisiones, según los criterios
expuestos en este capítulo.”.

5) En consecuencia, la carencia de objeto por situación sobreviniente se presenta,
por ejemplo, cuando la vulneración cesó en acatamiento de una orden judicial,
cuando el accionante ya no requiere lo solicitado inicialmente, cuando la situación
se solucionó durante el trámite, por una iniciativa ajena al sujeto demandado, o
cuando, por alguna otra circunstancia, desaparece el objeto de amparo.

6) En el caso bajo estudio, el accionante pretende que se deje sin efectos el auto
del 27 de abril de 2021 proferido por la Subsección B de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante el cual decretó el aplazamiento
de las manifestaciones a realizarse el 28 de abril y 1° de mayo del presente año en
todo el territorio nacional.

7) La Sala encuentra que la tutela presentada carece de objeto gracias a la
existencia de una situación sobreviniente que trae consigo la imposibilidad de dictar
una orden de amparo frente a las pretensiones formuladas por la parte actora.

8) Lo anterior, por cuanto es de conocimiento público que las referidas marchas se
llevaron a cabo en las fechas programadas, pues diversos sectores sociales, a
pesar de la decisión tutelada, salieron a las calles a manifestarse libremente, razón
por la cual el amparo invocado carece de objeto.

9) Por consiguiente, como la vulneración de derechos alegada por el accionante
cesó, pues los ciudadanos ejercieron su derecho a la manifestación pública los días
programados, una eventual orden de amparo de esta Sala no tendría efecto alguno.

10) Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala considera pertinente realizar un
pronunciamiento sobre el fondo del asunto pues, en concordancia con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional este es pertinente en los eventos en que
“sea evidente que la providencia objeto de revisión debió haber sido decidida de

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Acción de tutela

una forma diferente o para llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela con el marco constitucional1.”.

11) En esa dirección, pese a la carencia actual de objeto, la Sala considera
necesario hacer un pronunciamiento de fondo para proteger la dimensión objetiva
del derecho fundamental afectado y tomar medidas para que el hecho vulnerador
no se repita2. Por un lado, ante la evidente falta de conformidad de la providencia
objeto de tutela con las garantías constitucionales ciudadanas propias del Estado
social de derecho y, por el otro, dada la trascendencia de los derechos
fundamentales involucrados, esto es, a la reunión y a la manifestación y protesta
públicas y pacíficas los cuales son derechos de libertad que se interrelacionan con
los derechos a la libertad de expresión, de asociación y participación que no podían
ser restringidos como lo hizo la autoridad judicial accionada.

12) Para el efecto se tiene que la decisión cuestionada que suspendió y condicionó
las manifestaciones ciudadanas programadas para los días 28 de abril y 1° de mayo
del 2021 rebasó las competencias constitucionales por cuanto los límites al ejercicio
de los derechos fundamentales de reunión y manifestación y protesta públicas y
pacíficas solo pueden ser establecidos razonada y justificadamente por el legislador,
tal y como ha expresado la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos. En
efecto, ha dicho3:

“[F]inalmente, cabe enfatizar que la jurisprudencia ha sido clara en
establecer que, en tanto libertades, la regulación de los derechos que se
derivan del artículo 37 de la Constitución no puede estar sujeta a
autorizaciones, aun cuando se han permitido avisos en los eventos en los
cuales esas manifestaciones se ejercen en lugares de tránsito público,
con fundamento en la salvaguarda de valores importantes como la
seguridad de los manifestantes, entre otros. Sin embargo, tal aviso no
tiene la calidad de una autorización, puesto que, por tratarse de un
derecho de libertad, éste no puede limitarse injustificadamente.

1
Corte Constitucional, sentencias SU-522 de 2019, T-431 de 2019 y T-401 de 2018.
2
De conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, el cual prescribe lo
siguiente: “Artículo 24. Prevención a la autoridad. Si al concederse la tutela hubieren cesado los
efectos del acto impugnado, o éste se hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer
al solicitante en el goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública
para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo
establecido en el artículo correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades
en que ya hubiere incurrido. // El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que
lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión.”.
3
Ver al respecto las sentencias C-281 de 2017 y C-009 de 2019.

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En suma, los derechos a la reunión y a la manifestación pública y pacífica
son derechos de libertad, fundamentales y autónomos y están
interrelacionados con los derechos a la libertad de expresión, de
asociación y participación al ser medios para ejercer los anteriores.
Inclusive, se ha determinado que el ejercicio de estos derechos es una
manifestación del derecho a la libertad de expresión. Así mismo, sólo es
posible su limitación mediante ley y la protección a la comunicación
colectiva, estática o dinámica, de ideas, opiniones o de la protesta está
supeditada a que se haga de forma pacífica, lo cual excluye las
manifestaciones violentas, y a que tenga objetivos lícitos.”. (Subrayado de
la Sala)

13) Aunado a lo anterior, considera esta Colegiatura que el trámite de tutela en el
que se originó la orden de suspender las manifestaciones no tenía relación fáctica
y jurídica directa con la decisión que se adoptó en 2020, sin que mediara solicitud
de parte, pues en aquella oportunidad se ampararon los derechos de los
manifestantes a movilizarse y expresarse libremente y se ordenó a las autoridades
allí accionadas elaborar un protocolo para reglamentar el uso de la fuerza, así como
adelantar programas de formación y capacitación al personal de la fuerza pública
que acompaña las marchas para evitar excesos en el uso de la fuerza.

14) Así las cosas, no se observa que existía una justificación debidamente
fundamentada para suspender las jornadas de movilización por razones de sanidad
y salubridad pública, las cuales eran ajenas a los motivos que dieron lugar la
sentencia de tutela de 2020.

15) El incidente de desacato tiene su razón de ser ante el incumplimiento de lo
ordenado por las autoridades accionadas que en este caso podría ser el supuesto
desconocimiento de los protocolos para evitar un uso excesivo y arbitrario de la
fuerza pública.

16) Por lo anterior, tal y como fue ordenado en un fallo proferido por esta Sala con
anterioridad4, en aplicación del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, como medida
de prevención, se instará a la autoridad judicial accionada para no que vuelva a
incurrir en decisiones como las examinadas en el presente caso.

4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia proferida el 11 de junio de 2021,
acciones de tutela acumuladas al proceso 11001-03-15-000-2021-01984-00.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-01992-00
Demandante: Wilson Danovis Lozano Jaimes
Acción de tutela

17) Por las razones expuestas, y al encontrarse acreditados los elementos
constitutivos de la situación sobreviniente, la Sala concluye que en el caso se
configura la carencia actual de objeto.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA

1°) Declárase la carencia actual de objeto por acaecimiento de una situación
sobreviniente, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2º) Instase a la autoridad judicial accionada a no volver a incurrir en decisiones
como las examinadas en el presente.

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

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