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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-02081-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
22 de julio de 2021
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-02081-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 3 de junio de 2021, a través de la cual el Consejo de Estado (sección cuarta) declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a la parte motiva. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-02081-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

22 de julio de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / RECURSO DE REPOSICIÓN – Medio de defensa judicial idóneo y eficaz para cuestionar el auto que deniega la corrección de la sentencia

[L]a acción de la referencia no colma la exigencia de subsidiariedad, en lo que atañe a la pretensión encaminada a dejar sin efectos el auto de 6 de septiembre de 2018, porque el actor no formuló reposición contra la mencionada decisión (tal como se corrobora una vez verificada la página electrónica de la Rama Judicial ( HYPERLINK "http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos" http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos), pese a que este medio de impugnación era la herramienta jurídica eficaz para exponer sus inconformidades ante los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y no acudir a este trámite con el mismo propósito. (…) Cabe advertir que, ante la naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es indispensable que quien depreca el amparo de un derecho constitucional fundamental haya agotado todos los recursos ordinarios que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la interposición de la acción. (…) De tal manera que la falta de diligencia de la actora, entendida como la renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la normativa legal, constituye una causal válida para declarar la improcedencia del trámite constitucional frente al caso particular. (…) En tal sentido, la Corte Constitucional ha sido clara en determinar que la acción de tutela no puede ser utilizada para revivir oportunidades no aprovechadas por el interesado en el momento procesal pertinente, cuanto más si se evidencia que se le ofreció la posibilidad de hacer uso de ellas. (…) A guisa de corolario, en este asunto el ejercicio de la acción de tutela resulta improcedente en razón a que se encuentra gobernada por el principio de subsidiariedad, según el cual esta no tiene cabida.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ – No se instauró en término razonable

Por otra parte, resulta oportuno aclarar que el auto de 6 de septiembre de 2018 tampoco satisface el presupuesto de inmediatez, dado que la aludida decisión quedó ejecutoriada el 24 de los mismos mes y año y la solicitud de amparo se instauró el 29 de abril de 2021, es decir, dos (2) años, siete (7) meses y cuatro (4) días después, término que supera la regla jurisprudencial de seis (6) meses dentro de los cuales se debe incoar la acción de tutela contra providencias dictadas en el marco de las acciones o medios de control que se tramitan en la jurisdicción contencioso-administrativa.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02081-01(AC)

Actor: FERNANDO QUICENO SÁNCHEZ

Demandado: MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y JUZGADO SEGUNDO (2º) ADMINISTRATIVO DE CARTAGO

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el actor contra la sentencia de 3 de junio de 2021, emitida por el Consejo de Estado (sección cuarta), que declaró improcedente el trámite constitucional de la referencia.

ANTECEDENTES

La solicitud de amparo. El señor Fernando Quinceno Sánchez, en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, dignidad humana, trabajo y seguridad social, presuntamente quebrantados por los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Juez Segundo (2º) Administrativo de Cartago.

Como consecuencia de lo anterior, pide se dejen sin efectos (i) los fallos de 28 de febrero de 2014 y 19 de abril de 2018, mediante los cuales el Juzgado Primero (1º) Administrativo de Descongestión de Cartago y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en su orden, accedió parcialmente a las pretensiones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el municipio de Sevilla (expediente 76147-33-31-701-2012-00192-00) y modificó esa decisión; y (ii) el auto de 6 de septiembre de 2018, con el que se desató la solicitud de corrección de la sentencia dictada en segunda instancia; en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas emitir una nueva providencia que le permita hacer efectiva la condena proferida en su favor y atender su pedimento de rectificación, de acuerdo con la normativa aplicable para el momento de presentación de la demanda ordinaria.

1.2 Hechos. Relata el actor que, mediante Decreto 64 de 7 de julio de 2010, fue nombrado en provisionalidad «[…] en el empleo de Auxiliar Administrativo[,] código 407[,] grado 01 […]» (sic), de la alcaldía de Sevilla y «[…] el 30 de noviembre de 2011 [se emitieron los] Decreto[s] No. 140[] […]», que, además de suprimir el cargo en el que se desempeñaba, reincorporó «[…] sin ninguna razón válida a aquellas personas que habían sido retiradas un año y medio atrás»; y 142, mediante el cual se revocó su nombramiento, lo que desconoció «[…] no solo las normas de carrera administrativa sobre los provisionales contenida[s] en el Decreto 1227 de 2005 […]», sino también los criterios jurisprudenciales fijados sobre la materia.

Que por la situación fáctica expuesta, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Sevilla (expediente 76147-33-31-701-2012-00192-00), encaminada a obtener la anulación de los mencionados Decretos, en consecuencia, el reintegro al empleo que ocupaba y el pago de los salarios y prestaciones dejadas de recibir desde la fecha de su retiro y hasta cuando se hiciere efectiva su reincorporación.

Dice que del anterior trámite conoció el Juzgado Primero (1º) Administrativo de Descongestión de Cartago que, con sentencia de 28 de febrero de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones incoadas, al considerar que con la expedición de los Decretos acusados la administración municipal quebrantó preceptos superiores, por ende, anuló esos actos administrativos, pero en el caso del Decreto 140 de 30 de noviembre de 2011, únicamente lo hizo de manera parcial, «[…] en cuanto a la supresión del cargo de auxiliar administrativo, c[ó]digo 407, grado 01».
Que el 19 de abril de 2018 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desató el recurso de apelación interpuesto por el ente territorial demandado, en el sentido de modificar el ordinal primero del fallo de primera instancia, para inaplicar el Decreto 140 de 30 de noviembre de 2011, declarar la nulidad del Decreto 142 de los mismos mes y año y confirmar en lo demás la decisión recurrida, providencia objeto de solicitud de corrección por parte del demandante, atendida de manera favorable el 6 de septiembre de 2018, con fundamento en el artículo 286 del Código General del Proceso (CGP), sin consideración a que la demanda se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo (CCA).

Aduce que el 22 de enero de 2019 el Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Cartago dictó auto de obedézcase y cúmplase y el 3 de febrero de 2021 solicitó del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca le informara los motivos por los cuales en la sentencia de 19 de abril de 2018 se determinó anular parcialmente y no en forma total el Decreto 140 de 30 de noviembre de 2011 (máxime cuando así lo había deprecado en la demanda ordinaria), lo que fue despachado a través de «[…] Oficio No. D.11/04/02/2021, notificad[o] al correo electrónico Fercho3155@yahoo.es», en el que se le indicó «[…] que los hechos y fundamentos de derecho que se tuvieron en cuenta para adoptar la decisión se encuentran contenidos en la Sentencia dictada por esa Corporación, lo cual es injustificable y salido de contexto jurídico, pues ni siquiera los Asesores del Municipio […] l[a] han sabido interpretar» (sic).

Que las sentencias reprochadas quebrantan sus garantías superiores, habida cuenta de que las autoridades accionadas deben explicarle «[…] POR QUÉ MOTIVOS JURÍDICOS NO SE DECLARÓ LA NULIDAD TOTAL DEL DECRETO […] 140 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011, TAL COMO SE SOLICITÓ DENTRO DE LA DEMANDA, Y ÚNICAMENTE DICHA FIGURA SE [DECLARÓ] DE MANERA PARCIAL […]», por cuanto ello le ha impedido obtener su acatamiento por parte de la entidad territorial condenada.

Sostiene que la providencia de 6 de septiembre de 2018 incurre en (i) defecto sustantivo por indebida aplicación normativa, comoquiera que la controversia ordinaria se planteó en vigencia del CCA, por tanto, para pronunciarse sobre la precitada solicitud de corrección de sentencia, debían acogerse las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil (CPC) y no las del CGP, como erróneamente lo hicieron las autoridades accionadas; y (ii) desconocimiento del precedente, en lo atañedero a las reglas del tránsito legislativo del CGP, pues el Consejo de Estado ha concluido que el CPACA «[…] excluyó la posibilidad de que procesos iniciados en vigencia del Código Contencioso Administrativo puedan ser tramitados con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».

1.3 Contestaciones de la acción.

1.3.1 Los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la ponente de la determinación de segunda instancia reprochada, aseveran que «[…] los hechos y fundamentos de derecho que se tuvieron en cuenta para adoptar las decisiones se encuentran contenidos en las respectivas providencias objeto de examen», por lo que en el sub lite no se presenta la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales alegada por el actor.

1.3.2 El señor alcalde de Sevilla pide se declare improcedente esta acción, en atención a que no colma el presupuesto de subsidiariedad, dado que, «[…] mediante Comité de Conciliación, [se concluyó] que “no es procedente el Reintegro, ni el Pago de indemnización alguna en […] favor”[del actor] […], decisión que obedeció, entre otras razones, [a que] si en el fallo [del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca] se avizoraba[n] ambigüedades, era […] competencia del apoderado […], solicitar en el momento procesal la debida aclaración o en su defecto hacer uso de las diferentes acciones y recursos que la Ley le otorga[ba]», lo cual omitió.

1.3.3 El señor Juez Segundo (2º) Administrativo de Cartago guardó silencio en la oportunidad prevista para el efecto.

1.4 Providencia impugnada. Con fallo de 3 de junio de 2021, el Consejo de Estado (sección cuarta) declaró improcedente el trámite de la referencia, al considerar que no se satisface la exigencia de inmediatez, habida cuenta de que la «[…] sentencia de segunda instancia que cuestiona el actor fue proferida el 19 de abril de 2018 y notificada por edicto desfijado el 2 de mayo [siguiente]. Es decir, al momento de interposición de la presente acción […] (29 de abril de 2021) han transcurrido más de 2 años[,] lo cual desvirtúa la urgencia y necesidad de intervención del juez de tutela […]». Asimismo, en cuanto al auto que decidió la solicitud de corrección de sentencia, sostuvo que «[…] tal providencia fue expedida el 6 de septiembre de 2018 y notificada por estado el 19 de septiembre [siguiente], por lo que tampoco se cumpliría el [requisito] de inmediatez para conocer de[l] presente […]» asunto.

1.5 Impugnación. Inconforme con la decisión adoptada, el actor la impugnó, con fundamento en que existen razones válidas que justifican su inactividad para promover la acción que nos ocupa, tales como que (i) es una persona de la tercera edad, que requiere de especial protección del Estado, máxime cuando a la fecha la entidad demandada no ha dado cumplimiento a los fallos proferidos en su favor, lo que ha afectado su mínimo vital; y (ii) con ocasión de la «[…] PANDEMIA DEL COVID-19, se adoptó por parte del Gobierno Nacional el aislamiento y cuarentena [de todos los habitantes del] territorio nacional […]», y el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el Decreto 417 de 2020, suspendió los términos judiciales a través de varios acuerdos. Además, se deben tener en cuenta «[…] las vacancias judiciales en la Rama Judicial durante la época de semana Santa y fin de año, entre otros aspectos».

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia. En virtud de los artículos 32 del Decreto ley 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, el amparo inmediato de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Cuestión preliminar. El tutelante pide se dejen sin efectos las sentencias de (i) 28 de febrero de 2014, por medio de la cual el Juzgado Primero (1º) Administrativo de Descongestión de Cartago accedió parcialmente a las súplicas formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró contra el municipio de Sevilla (expediente 76147-33-31-701-2012-00192-00), y (ii) 19 de abril de 2018, por cuyo conducto el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca modificó la anterior.

Sin embargo, la Sala centrará su estudio jurídico en el fallo de 19 de abril de 2018, por ser el que, al desatar el recurso de apelación interpuesto contra el de 28 de febrero de 2014, puso fin al trámite del mencionado asunto contencioso-administrativo.

2.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que puedan comportar (i) la sentencia de 19 de abril de 2018, por cuyo conducto el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decidió, en segunda instancia, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el tutelante contra el municipio de Sevilla (expediente 76147-33-31-701-2012-00192-00), en el sentido de modificar la providencia del Juzgado Primero (1º) Administrativo de Descongestión de Cartago, que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda; y (ii) el auto de 6 de septiembre de 2018, con el que la aludida Corporación atendió la solicitud de corrección de la determinación objeto de censura; y en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, acceso a la administración de justicia, dignidad humana, trabajo y seguridad social invocadas en el escrito de amparo.

2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.

Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.

En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó:

[…] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […].

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Esta Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación:

La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos.

En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional si bien la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.

En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 2012, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos.

Por último, en el fallo de 5 de agosto de 2014, proferido por la sala plena de lo contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio de que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron el de inmediatez y subsidiariedad.

2.6 Requisito de subsidiaridad de la acción de tutela. El carácter subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sin embargo, no debe perderse de vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y sumario, regido por los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente residual y subsidiario, es decir, que únicamente procede en aquellos eventos en que no exista un instrumento constitucional o legal diferente que permita solicitar ante los jueces la protección de los derechos, salvo que se pretenda evitar la causación de un perjuicio irremediable.

Frente al particular, la Corte Constitucional, en sentencia T-480 de 2011, indicó:

[…] conforme con su diseño constitucional, la tutela fue concebida como una institución procesal dirigida a garantizar “una protección efectiva y actual, pero supletoria, de los derechos constitucionales fundamentales”, razón por la cual no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos para controvertir las decisiones que se adopten durante su trámite.

La jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que, en virtud del principio de subsidiariedad de la tutela, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser en principio resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y administrativas- y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional.

En efecto, el carácter subsidiario de la acción de tutela impone al interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales. Tal imperativo constitucional pone de relieve que para acudir a la acción de tutela el peticionario debe haber actuado con diligencia en los procesos y procedimientos ordinarios, pero también que la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia del mecanismo de amparo establecido en el artículo 86 superior.

Sobre este particular, ha precisado la jurisprudencia que si existiendo el medio judicial de defensa, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que éste caduque, no podrá posteriormente acudir a la acción de tutela en procura de obtener la protección de un derecho fundamental. En estas circunstancias, la acción de amparo constitucional no podría hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protección, pues tal modalidad procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario en cuyo trámite se resuelva definitivamente acerca de la vulneración iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo [resalta la Sala].

De acuerdo con la anterior pauta jurisprudencial y ante la naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que quien depreca el amparo de un derecho constitucional fundamental haya agotado todos los mecanismos de defensa que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la interposición de la acción.

De lo anotado se puede concluir, entonces, que la acción de tutela no solo es improcedente cuando el accionante aún cuenta (o contó) con otro medio de defensa, sino también cuando este tiene (o tuvo) la posibilidad de acudir ante las autoridades que presuntamente han quebrantado sus derechos constitucionales fundamentales a efectos de solicitar de ellas una respuesta favorable o la satisfacción de sus intereses.

De manera que la falta de diligencia del demandante, entendida como la renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la normativa legal, constituye una causal válida para declarar la improcedencia de la acción constitucional frente al caso particular.

En ese sentido, la Corte Constitucional, en sentencia T-375 de 2018, precisó:

[…] El principio de subsidiariedad, conforme al artículo 86 de la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Sobre el carácter subsidiario de la acción, la Corte ha señalado que “permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos”. Es ese reconocimiento el que obliga a los asociados a incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de sus derechos.

En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de protección.

Ahora bien, como se dejó explicado, la jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela no resulta procedente cuando el ordenamiento jurídico ofrece otro mecanismo para la protección de los derechos.
Sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras herramientas jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser suficientemente eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues de lo contrario la acción de tutela procede de manera transitoria.

En otras palabras, si la situación fáctica es de tal gravedad que los recursos ordinarios resultan ineficaces para defender los derechos fundamentales, el juez de tutela debe adoptar las medidas necesarias que neutralicen las causas de vulneración o amenaza con la finalidad de evitar un menoscabo o de hacer cesar una violación a derechos inalienables.

La Corte Constitucional ha definido el perjuicio irremediable en los siguientes términos:

La irremediabilidad del perjuicio, implica que las cosas no puedan retornar a su estado anterior, y que sólo pueda ser invocada para solicitar al juez la concesión de la tutela como “mecanismo transitorio” y no como fallo definitivo, ya que éste se reserva a la decisión del juez o tribunal competente. Es decir, se trata de un remedio temporal frente a una actuación arbitraria de autoridad pública, mientras se resuelve de fondo el asunto por el juez competente. En el caso que nos ocupa, la situación que se presenta no es irremediable, pues como el perjuicio alegado está en posibilidad de desaparecer, de prosperar el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la decisión de la Inspección, resulta ilógico considerarlo como irremediable. Por lo demás, tampoco se observa que dicho perjuicio, sea grave o inminente.

De la lectura del pasaje jurisprudencial citado, se colige que el perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas que si bien deben ser valoradas en cada caso concreto, deben hallarse presentes:

Que se produzca de manera cierta y evidente una amenaza sobre un derecho fundamental.
Que de presentarse no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho.
Que su ocurrencia sea inminente.
Que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra.
Que la gravedad de los hechos sea de tal magnitud que haga evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.

En consecuencia, cuando el caso bajo estudio reúna los supuestos anteriores se hará necesaria la intervención del juez constitucional para el restablecimiento de los derechos involucrados a través de medidas inmediatas de protección, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras el juez competente decide de fondo la acción correspondiente.

Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el perjuicio irremediable debe ser probado por la persona que lo alega, pues si bien no es dable exigir el cumplimiento de una carga probatoria rigurosa en asuntos donde se discute la violación de derechos fundamentales, el tutelante debe demostrar al menos someramente los posibles perjuicios que se llegaren a originar en los hechos que motivaron la presentación de la solicitud de amparo, pues al juez constitucional no le concierne probar las circunstancias fácticas en que se fundamenta la acción de tutela, salvo que sea evidente la inminencia del perjuicio.

Sobre la carga de la prueba del perjuicio irremediable, la Corte Constitucional ha afirmado que «En materia de interposición de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable existe una carga probatoria más exigente por parte de quien lo invoca, a menos que sea manifiesta la existencia del perjuicio irremediable, que debe ser cumplida por el accionante al momento de interponer la acción de tutela, carga que en todo caso no le compete a la Corte Constitucional satisfacer».

2.7 Caso concreto.

2.7.1 Respecto de la sentencia de 19 de abril de 2018, proferida por la subsección A de la sección segunda del Consejo de Estado. En el caso sub judice el actor sostiene que el fallo objeto de reproche quebranta sus garantías superiores invocadas en la solicitud de amparo, en la medida en que no le ha sido posible obtener el cumplimiento de la orden judicial dictada en su favor, puesto que en la aludida providencia, en lugar de anular de manera total el Decreto 140 de 30 de noviembre de 2011, ordenó inaplicarlo únicamente en lo atinente a la supresión del cargo que desempeñaba.

Sobre el particular, la Sala observa que (i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, dignidad humana, trabajo y seguridad social del actor; (ii) contra la sentencia objeto de censura no procede recurso alguno, en atención a que fue emitida en segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se identificaron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; y (iv) el fallo acusado no decidió una acción de tutela.

Ahora bien, para dilucidar si en el asunto sub judice se colma la exigencia de inmediatez, debe advertirse que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 8 de mayo de 2018 y la solicitud de amparo se presentó el 29 de abril 2021, es decir, dos (2) años, once (11) meses y veinte (20) días después, término que no evidencia la efectividad de los derechos constitucionales fundamentales que hace necesario deprecar su protección oportunamente. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-954 de 2010, sostuvo:

[…] esta Corporación ha precisado que en virtud de la naturaleza cautelar de la acción de tutela, ésta debe ser presentada en término oportuno, justo y razonable, “dentro del cual se presuma que la afectación del derecho fundamental es inminente y realmente produce un daño palpable”. Ese “plazo razonable” es consustancial a las regulaciones procedimentales de la acción de tutela y determina en gran medida el campo de acción del juez de tutela, pues su orden debe estar respaldada por la urgencia e inmediatez, “en presencia de las cuales la Constitución lo autoriza a modificar una situación de hecho a través de un proceso sumario y expedito en el tiempo. […]. Incluso, la real configuración de una trasgresión a los derechos fundamentales se pone en duda cuando la demanda de tutela se interpone en un momento demasiado alejado de la ocurrencia del hecho que supuestamente la generó”.

Asimismo, el alto tribunal constitucional ha dicho que el ordenamiento jurídico no establece expresamente un plazo dentro del cual se deba incoar la solicitud de amparo, por lo que es al juez de tutela a quien le corresponde determinar, en atención a las situaciones fácticas y jurídicas de cada caso concreto, si la acción fue interpuesta en un lapso razonable. Sobre este punto, afirmó:

La jurisprudencia constitucional, de manera reiterada, ha señalado que si bien, la acción de tutela no cuenta con un término de caducidad dentro del cual deba ser ejercida, como propugna por la protección de derechos fundamentales vulnerados o con amenaza inminente de vulneración, cabe promoverla dentro de un término razonable contado a partir de la ocurrencia de los hechos de los que se desprende el agravio de los derechos.

La Corte ha advertido que frente a cada caso concreto, le corresponde al juez de tutela evaluar la razonabilidad de dicho término, para concluir si, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos, se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez o si, por el contrario, en atención al tiempo transcurrido, el amparo se torna improcedente.

En virtud de lo anterior, la sala plena del Consejo de Estado, mediante sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01, precisó como término razonable para ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas por la jurisdicción contencioso-administrativa, seis (6) meses contados a partir de su notificación o ejecutoria. En ese fallo esta Corporación dijo:

[…] Para la Sala, la inmediatez es una condición que permite concretar la urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo razonable.

Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza material, que la hace definitiva e inmutable.

Anótase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.

La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional.

Así las cosas, el interregno de seis (6) meses dentro de los cuales se debe incoar la tutela contra providencias judiciales en el marco de las acciones o medios de control que se tramitan en la jurisdicción contencioso-administrativa comporta una regla jurisprudencial, y en el sub lite el tutelante no justificó su omisión de instaurarla en ese lapso, motivo por el que la Sala encuentra que, tal como lo determinó el a quo, el requisito de inmediatez no se satisface respecto del fallo de segunda instancia atacado.

Ahora bien, el actor asevera en el escrito de impugnación que justifica su omisión de promover el presente trámite de manera oportuna, en el hecho de que (i) es una persona de la tercera edad (comoquiera que en la actualidad tiene 63 años), por lo tanto, requiere de especial protección del Estado; (ii) con el fin de contener la propagación del virus COVID-19, se adoptaron diferentes medidas, dentro de las cuales se encuentran, un aislamiento preventivo obligatorio y suspensión de términos judiciales, y (iii) los despachos judiciales se cierran durante la vacancia judicial.

No obstante, los precitados argumentos carecen de la entidad suficiente para analizar de manera flexible el requisito de inmediatez, toda vez que si bien el actor tiene 63 años, no acreditó en estas diligencias su imposibilidad física o las razones por las cuales no le fue posible promover este trámite durante el lapso fijado jurisprudencialmente para tal efecto, máxime cuando la acción de tutela se puede incoar a través de agente oficioso, el defensor del pueblo y los personeros municipales.

Por otro lado, si bien es cierto que el Gobierno nacional, en razón a la necesidad de conjurar la problemática desencadenada por el virus COVID-19, adoptó diferentes medidas desde el 17 de marzo de 2020, entre estas, el aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 de los mismos mes y año, también lo es que la sentencia censurada quedó en firme el 8 de mayo de 2018, época para la cual aún no había acaecido la situación de pandemia que dio origen a estas restricciones, de modo que entre la fecha en que el actor conoció la mencionada determinación y el 17 de marzo de 2020 habían trascurrido casi 2 años, interregno durante el que pudo acudir a este trámite constitucional.

Además, el Consejo Superior de la Judicatura, con ocasión de la situación de pandemia presentada, suspendió los términos judiciales a partir del 16 de marzo de 2020, a través de Acuerdo PCSJA20-11517 de 15 de los mismos mes y año, no obstante, en el mencionado acto administrativo se consagró que estaban exceptuadas las acciones de tutela, por consiguiente, la emergencia sanitaria actual no ha alterado de manera alguna el trámite de dichos asuntos constitucionales, y en esa medida, no es dable que el demandante se justifique en ello para tener por satisfecha la exigencia de inmediatez, cuanto más, se reitera, si la oportunidad para tal propósito feneció con antelación a esa situación.

Por último, carece de asidero jurídico el argumento de que las diferentes situaciones por las cuales se cierran los despachos judiciales (tales como la vacancia judicial), le impidieron formular la solicitud de amparo dentro de la correspondiente oportunidad, puesto que si eventualmente el cómputo de los 6 meses, con que contaba el actor, finalizaba un día feriado o vacante, la acción de tutela podía promoverse el primer día hábil siguiente, tal como lo autoriza el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal, por lo que dicha medida tampoco lo restringió para presentarla dentro del término dispuesto con ese fin.

2.7.2 Requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, en lo concerniente a la pretensión atañedera a dejar sin efectos el auto de 6 de septiembre de 2018. En el asunto sub examine el accionante pretende dejar sin efectos el auto de 6 de septiembre de 2018, con el que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca atendió la solicitud de corrección de la sentencia de 19 de abril del mismo año, habida cuenta de que adolece de (i) defecto sustantivo, porque se dictó con fundamento en una normativa procesal (CGP) que no estaba vigente al momento de instaurar la demanda ordinaria (CPC) y (ii) desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto inobserva el criterio del Consejo de Estado fijado en materia del tránsito legislativo de las mencionadas disposiciones procesales.

Al respecto se evidencia que contra ese proveído procede recurso de reposición, conforme al artículo 180 del CCA, que consagra:

El recurso de reposición procede contra los autos de trámite que dicta el ponente y contra los interlocutorios dictados por las salas del Consejo de Estado, o por los tribunales, o por el juez, cuando no sean susceptibles de apelación.

En ese orden de ideas, la acción de la referencia no colma la exigencia de subsidiariedad, en lo que atañe a la pretensión encaminada a dejar sin efectos el auto de 6 de septiembre de 2018, porque el actor no formuló reposición contra la mencionada decisión (tal como se corrobora una vez verificada la página electrónica de la Rama Judicial ( HYPERLINK "http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos" http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos), pese a que este medio de impugnación era la herramienta jurídica eficaz para exponer sus inconformidades ante los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y no acudir a este trámite con el mismo propósito.

Cabe advertir que, ante la naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es indispensable que quien depreca el amparo de un derecho constitucional fundamental haya agotado todos los recursos ordinarios que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la interposición de la acción.

De tal manera que la falta de diligencia de la actora, entendida como la renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la normativa legal, constituye una causal válida para declarar la improcedencia del trámite constitucional frente al caso particular.

En tal sentido, la Corte Constitucional ha sido clara en determinar que la acción de tutela no puede ser utilizada para revivir oportunidades no aprovechadas por el interesado en el momento procesal pertinente, cuanto más si se evidencia que se le ofreció la posibilidad de hacer uso de ellas.

Al respecto, en sentencia T-871 de 2011, dicha Corporación sostuvo:

La Corte ha determinado, igualmente, la improcedencia de la acción de tutela cuando frente a un determinado acto administrativo pudieron interponerse recursos judiciales ordinarios pero estos no lo fueron oportunamente, afirmando que “[s]i el accionante considera vulnerados sus derechos por la expedición de la resolución aludida, tuvo en su momento la ocasión de hacer uso de los recursos y acciones pertinentes para oponerse a la decisión de la administración.

La acción de tutela consagrada por el artículo 86 de nuestra Constitución Política, fue concebida como un mecanismo de defensa y protección inmediata de los derechos fundamentales cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial. Es, por tanto, como innumerables veces lo ha dejado sentado la jurisprudencia de esta Corporación, una acción residual o subsidiaria, que no está llamada a proceder como mecanismo alterno o sustituto de las vías ordinarias de protección de los derechos, y menos aún como medio para discutir derechos y deberes definidos o situaciones jurídicas consolidadas por estar establecidas en actuaciones administrativas que han adquirido firmeza por la caducidad de los recursos y acciones que no fueron utilizados oportunamente por los interesados”.

La vía de la tutela no puede entonces revivir términos de caducidad agotados hace tiempo, pues se convertiría en un mecanismo que atentaría contra el principio de seguridad jurídica y se desnaturalizaría el propósito mismo de la acción constitucional de protección de los derechos fundamentales.

A guisa de corolario, en este asunto el ejercicio de la acción de tutela resulta improcedente en razón a que se encuentra gobernada por el principio de subsidiariedad, según el cual esta no tiene cabida «Cuando existan otros recursos o medios de defensa […]». Es decir, si los medios judiciales y administrativos pudieron ser utilizados de manera eficaz, como acontece en el sub lite, la acción impetrada no resulta pertinente.

En tales condiciones (la existencia de otro medio de defensa judicial), resulta aplicable la preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, norma que guarda estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución Política, en virtud de los cuales la acción de tutela «[…] solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial […]».

Por otra parte, resulta oportuno aclarar que el auto de 6 de septiembre de 2018 tampoco satisface el presupuesto de inmediatez, dado que la aludida decisión quedó ejecutoriada el 24 de los mismos mes y año y la solicitud de amparo se instauró el 29 de abril de 2021, es decir, dos (2) años, siete (7) meses y cuatro (4) días después, término que supera la regla jurisprudencial de seis (6) meses dentro de los cuales se debe incoar la acción de tutela contra providencias dictadas en el marco de las acciones o medios de control que se tramitan en la jurisdicción contencioso-administrativa.

A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala concluye que las circunstancias propias del asunto no colman los presupuestos legales ni jurisprudenciales para su procedencia, razón por la que se impone confirmar la decisión de primera instancia, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso- administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 3 de junio de 2021, a través de la cual el Consejo de Estado (sección cuarta) declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a la parte motiva.

2º. Notifíquese este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Comuníquese la presente decisión a la sección cuarta del Consejo de Estado y remítasele copia.

4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Por cuanto se declaró la nulidad parcial del Decreto 140 y total del Decreto 142, ambos de 2011. En el sentido de ordenar la inaplicación del Decreto 140 de 2011, «[…] exclusivamente en lo relacionado con la supresión del cargo» del actor, dado que en vigencia del CCA, el juez administrativo «[…] no estaba facultado para declarar la nulidad de actos administrativos de carácter general», tal como lo era el acusado.
«POR MEDIO DEL CUAL SE REVOCA DE MANERA DIRECTA EL DECRETO NÚMERO 129 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2009 [CON EL QUE] SE SUPRIMÍAN Y SE CREABAN UNOS CARGOS, Y SE ESTABLECÍA LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SEVILLA».
«No obstante, acogiendo la subregla citada, resulta claro que el acto administrativo de carácter general, Decreto 140 de 2011, debe inaplicarse solo en cuanto a la afectación particular y concreta que este genera con la supresión del cargo del accionante, pues el alcance del estudio de legalidad desarrollado en el presente proceso concierne únicamente a los conceptos de vulneración estudiados para el […]» demandante. En cuanto al nombre y cargo del accionante e identificación de la sentencia de primera instancia.
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
«ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACCIONES DE TUTELA, DE CUMPLIMIENTO, POPULARES Y DE GRUPO.
[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto […]».
«Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado». Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014, C. P.

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). De acuerdo con la Ortografía de la Lengua Española, de la Real Academia Española, edición 2010, primera edición (Colombia: abril de 2011), «La palabra solo, tanto cuando es adverbio [Solo trabaja de lunes a viernes] como cuando es adjetivo [Está solo en casa todo el día…] son voces que no deben llevar tilde según las reglas generales de acentuación […]». M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sentencia T-603 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado); Sentencia T-580 de 2006 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa). Corte Constitucional, sentencia T-458 de 24 de octubre de 1994, M. P. Jorge Arango Mejía. Consejo de Estado, sección segunda, sentencias AC-2010-00032 de 18 de marzo de 2010, y AC-2010-01795-01 de 9 de diciembre de 2010. Corte Constitucional, auto 164 de 21 de julio de 2011, M. P., María Victoria Calle Correa. Notificada por edicto desfijado el 3 de mayo de 2018. Fecha en la que fue recibida en la ventanilla virtual de esta Corporación. M. P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, sentencia T-265 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. Corte Constitucional, sentencia T-158 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. Corte Constitucional, sentencia T-518 de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. La Sección Primera en algunas ocasiones ha tomado un término equivalente al previsto para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, de cuatro meses y, en otras, ha manifestado que es de seis meses. La Sección Segunda ha sostenido que el término razonable para interponer la acción de tutela contra providencias judiciales no puede exceder de un año. Por su parte, las Secciones Cuarta y Quinta han fijado como razonable para su interposición un plazo de seis meses. Sobre el particular, el artículo 10 del Decreto ley 2591 de 1991, al referirse a la legitimidad e interés para incoar la acción de tutela, dispone que aquella «[…] podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales». Fecha en que se dictó el Decreto 417 de 2020, por cuyo conducto el señor presidente de la República decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. A través del Decreto 457 de 22 de marzo de 2020. Acuerdo PSA11517 de 15 de marzo de 2020: «ARTÍCULO 1. Suspender los términos judiciales en todo el país a partir del 16 y hasta el 20 de marzo de 2020, excepto en los despachos judiciales que cumplen la función de control de garantías y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con persona privada de la libertad, las cuales se podrán realizar virtualmente. Igualmente se exceptúa el trámite de acciones de tutela» (subraya la Sala).
«[…] En plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil». Normativa bajo la cual se tramitó el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 76147-33-31-701-2012-00192-00. M. P. Mauricio González Cuervo. Sentencia T-169 de 1996 (subrayas fuera del texto original). Numeral 1 del artículo 6.º del Decreto ley 2591 de 1991. Artículo 86 de la Carta Política. Notificada por estado del 19 de septiembre de 2018.

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