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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-02113-01

Fecha
30 de enero de 2023
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-02113-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 10 de junio de 2021, mediante la cual el Consejo de Estado (sección cuarta) negó, en razón a la carencia actual de objeto por hecho superado, el amparo del derecho constitucional fundamental de petición invocado por el señor Rafael David Gil Pedrozo, conforme a la parte motiva. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-02113-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

30 de enero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Acción : Tutela (impugnación)
Expediente : 11001-03-15-000-2021-02113-011
Actor : Rafael David Gil Pedrozo
Accionada : Directora de la unidad de registro nacional de abogados y
auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura
Tema : Derecho constitucional fundamental de petición

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la señora directora de
la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia del
Consejo Superior de la Judicatura contra la sentencia de 10 de junio de 20212,
proferida por el Consejo de Estado (sección cuarta), que negó el amparo
deprecado, en razón a la carencia actual de objeto por hecho superado.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. El señor Rafael David Gil Pedrozo, quien actúa
en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de que se le proteja su
derecho constitucional fundamental de petición, presuntamente quebrantado
por la señora directora de la unidad de registro nacional de abogados y
auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura.

Como consecuencia de lo anterior, pide ordenar a la autoridad accionada dar
respuesta de fondo a la solicitud que formuló el 10 de diciembre de 2020,
encaminada a que se certifique su práctica jurídica.

1.2 Hechos. Relata el accionante que el 10 de diciembre de 2020 deprecó de la
señora directora de la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de
la justicia del Consejo Superior de la Judicatura, a través de escrito enviado al
buzón electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, la expedición de la
resolución mediante la cual se apruebe la judicatura que realizó en el Juzgado
Doce (12) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga,
como requisito para optar por el título de abogado, para cuyo propósito aportó
la documentación pertinente, sin embargo, desde ese momento hasta la fecha
de presentación de la tutela no se le ha suministrado respuesta alguna.

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
2
Asignada por reparto a este despacho el 14 de diciembre de 2022.

Expediente: 11001-03-15-000-2021-02113-01
Rafael David Gil Pedrozo contra la señora directora de la unidad de registro nacional de
abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura

1.3 Contestación de la acción. La señora directora de la unidad de registro
nacional de abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la
Judicatura aduce que el tutelante «[…] solicitó [de] es[a] Unidad vía correo
electrónico el reconocimiento de la Práctica Jurídica […]» (sic), frente a lo
que se expidió la Resolución 1005 de 17 de febrero de 2021, «[…] por medio
de la cual se le [certificó su] cumplimiento […]», notificada el 13 de mayo
siguiente a su correo electrónico, situación que impone declarar en este asunto
la carencia actual de objeto por hecho superado.

1.4 Providencia impugnada. Mediante fallo de 10 de junio de 2021, el
Consejo de Estado (sección cuarta) negó el amparo deprecado, en razón a la
carencia actual del objeto de la tutela por hecho superado, toda vez que la
conducta lesiva que se reprochaba de la autoridad demandada ha cesado, en
razón a que el 17 de febrero de 2021 se le brindó respuesta (la cual fue
comunicada) a la petición formulada el 10 de diciembre de 2020 por el
accionante, pues se emitió la Resolución 1005, por cuyo conducto se le aprobó
su práctica jurídica.

No obstante, en el ordinal segundo de la parte decisoria instó a la accionada
«[…] para que, en lo sucesivo, resuelva las peticiones de reconocimiento de
práctica jurídica en el plazo de 10 días hábiles, tal y como lo dispone el
artículo 15 del Acuerdo Nº PSAA10-7543 de 2010, para evitar que se repitan
los hechos que dieron lugar a la presentación de la acción de tutela bajo
estudio».

1.5 La impugnación. Inconforme con la anterior decisión la señora directora
de la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia del
Consejo Superior de la Judicatura la impugnó, por cuanto, en su criterio, la
disposición de instarla para que atienda las solicitudes de aprobación de
prácticas jurídicas dentro del término de 10 días siguientes a su recibo, implica
«[…] saltarse el turno que le corresponde para la definición del asunto,
acorde con la fecha de presentación de cada un[o] de l[o]s miles de
[requerimientos] que a diario se reciben en es[a] Unidad, utilizando el aparato
judicial pretextando transgresión al derecho de petición, vulnerando [las
prerrogativas superiores] de los demás usuarios del servicio, que han
c[olmado] […] la totalidad de los requisitos para acceder a sus pretensiones y
respetan el turno […]» asignado.

Agrega que «[…] este tipo de pronunciamientos se ofrece manifiestamente
contrario a la realidad que se evidencia frente a las actuaciones desplegadas

2

Expediente: 11001-03-15-000-2021-02113-01
Rafael David Gil Pedrozo contra la señora directora de la unidad de registro nacional de
abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura

por es[a] Unidad en ejercicio de los derechos de defensa y contradicción, […]
[puesto que] se demuestra […] el cabal cumplimiento de sus funciones […],
pese al excesivo número de peticiones de esta índole que a diario se reciben,
desbordando en grado sumo la capacidad operativa de la URNA con los
recursos actualmente disponibles […]».

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1 Competencia. En virtud de los artículos 323 del Decreto ley 2591 de 19914
y 255 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20196 expedido por la sala plena del
Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de la presente
impugnación.

2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Cuestión preliminar. En el sub lite el demandante pide tutelar su derecho
constitucional fundamental de petición y, en consecuencia, ordenar a la
autoridad accionada dar respuesta a la solicitud que formuló el 10 de diciembre
de 2020, encaminada a que se certifique su judicatura.

En el fallo impugnado, la sección cuarta de esta Corporación negó, en razón a
la carencia actual de objeto por hecho superado, el amparo de la garantía
superior invocada por el tutelante, toda vez que el 17 de febrero de 2021 la
autoridad demandada le brindó respuesta (la cual fue comunicada) a su
petición, pues se emitió la Resolución 1005, por cuyo conducto se le aprobó la
práctica jurídica, no obstante, en el ordinal segundo de la parte decisoria instó
3
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
4
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
5
«[…] Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le
haya correspondido el reparto».
6
Por medio del cual se expide «[…] el reglamento interno del Consejo de Estado».

3

Expediente: 11001-03-15-000-2021-02113-01
Rafael David Gil Pedrozo contra la señora directora de la unidad de registro nacional de
abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura

a aquella «[…] para que, en lo sucesivo, resuelva [este tipo de] peticiones […]
en el plazo de 10 días hábiles, tal y como lo dispone el artículo 15 del Acuerdo
Nº PSAA10-7543 de 2010, para evitar que se repitan los hechos que dieron
lugar a la presentación de la acción de tutela bajo estudio».

En el escrito de impugnación la señora directora de la unidad de registro
nacional de abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la
Judicatura arguye que la aludida decisión de instarla implica «[…] saltarse el
turno que le corresponde para la definición del asunto, acorde con la fecha de
presentación de cada un[o] de l[o]s miles de [requerimientos] que a diario se
reciben en es[a] Unidad, utilizando el aparato judicial pretextando
transgresión al derecho de petición, vulnerando [las prerrogativas superiores]
de los demás usuarios del servicio, que han cumplido […] la totalidad de los
requisitos para acceder a sus pretensiones y respetan el turno […]» asignado,
razón por la cual la Sala centrará su estudio jurídico en tal aspecto, por ser el
motivo de inconformidad frente al fallo de primera instancia.

2.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si resulta dable instar a la
señora directora de la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de
la justicia del Consejo Superior de la Judicatura «[…] para que, en lo sucesivo,
resuelva [ese tipo de peticiones] […] en el plazo de 10 días hábiles, tal y como
lo dispone el artículo 15 del Acuerdo Nº PSAA10-7543 de 2010, para evitar
que se repitan los hechos que dieron lugar a la presentación de la acción de
tutela bajo estudio», tal como se dispuso en el ordinal segundo de la parte
decisoria del fallo de primera instancia; o si, por el contrario, ello altera los
turnos en que se deben atender las solicitudes de esa naturaleza y desconoce la
carga laboral que dicha unidad ha tenido que asumir con ocasión de la
situación de salubridad pública del país a causa del virus COVID-19.

2.5 Caso concreto. Con el fin de determinar si los argumentos de impugnación
tienen o no asidero jurídico, resulta oportuno indicar que el verbo instar, de
acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
consiste en «[a]pretar o urgir la pronta ejecución de algo» y, a su vez,
exhortar implica «[i]ncitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer
algo»7, es decir, que dichas palabras son sinónimas y no corresponden a un
mandato, pues su finalidad es conminar, en atención al principio de
colaboración armónica entre los diferentes poderes del Estado, la adopción de
medidas tendientes a proteger preceptos superiores, sin que ello implique una
orden judicial de perentorio cumplimiento.
7
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española/del.rae.es/exhortar?m=form.

4

Expediente: 11001-03-15-000-2021-02113-01
Rafael David Gil Pedrozo contra la señora directora de la unidad de registro nacional de
abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura

Sobre la figura del exhorto, que, según lo anotado en precedencia, se aplica
también cuando se hace uso de la palabra instar, la Corte Constitucional8 dijo:

Precisamente, y en desarrollo de este mandato constitucional de
separación de poderes y de autonomía de las distintas Ramas del Poder
Público, a la Corte le fue asignada la función de asegurar la supremacía
material y formal de la Constitución, mediante la competencia para
declarar la inexequibilidad de las leyes cuando a ello hay lugar. Ahora
bien, excepcionalmente esta Corporación ha acudido a la figura del
exhorto cuando comprueba la existencia de vacíos legislativos
absolutos. No obstante, es preciso recordar que la palabra ‘exhortar’ en
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, está
definida como “incitar a alguien con palabras a que haga o deje de
hacer algo”[10] […].

6.- De lo anterior se desprende que, en tanto la figura del exhorto no
constituye una orden judicial, resulta imposible fáctica y jurídicamente
efectuar procesos de seguimiento frente al cumplimiento de la acción
que la Corte insta a cumplir, comoquiera que, como ya se dijo, esta
figura consiste en un llamamiento o apremio para que [se] ejecute un
mandato constitucional […] sin que exista un instrumento que lo haga
exigible coercitivamente.

Así las cosas, instar o exhortar no comporta una condena judicial, por tanto, no
es de obligatoria observancia.

Ahora bien, en el asunto sub examine los señores magistrados de la sección
cuarta de esta Corporación, en el ordinal segundo de la parte decisoria de la
sentencia impugnada, instaron a la accionada para que en futuras peticiones
sobre el reconocimiento de prácticas jurídicas fueran despachadas dentro del
«[…] plazo de 10 días hábiles, tal y como lo dispone el artículo 15 del
Acuerdo Nº PSAA10-7543 de 2010 […]».

Lo anterior, en razón a «[…] (i) las reiteradas acciones de tutela interpuestas
por los mismos hechos de las cuales ha conocido es[a] Sala de Decisión9; y (ii)
el incumplimiento del plazo de respuesta10 frente a [ese tipo de] solicitudes
[…]; [lo que puede] poner en riesgo el derecho fundamental al debido proceso
8
Auto 560 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
9
Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias: Sentencia de 8 de abril de 2021, Exp. Nº 11001-
03-15-000-2021-00977-00, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; sentencia de 25 de marzo de 2021, exp. Nº
11001-03-15-000-2021-00635-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de18 de febrero de 2021, exp.
Nº 11001-03-15-000-2020-04824-00,C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia del 26 de noviembre de
2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2020-04562-00, C.P. Milton Chaves García.
10
La solicitud de reconocimiento de la práctica jurídica fue radicada por el actor el 22 de febrero de 2021 y la
respuesta de fondo se concretó hasta el 13 de abril de 2021. Téngase presente que el artículo 15 del Acuerdo
Nº PSAA10-7543 de 2010 dispone que estas peticiones deben resolverse en el término de 10 días hábiles.

5

Expediente: 11001-03-15-000-2021-02113-01
Rafael David Gil Pedrozo contra la señora directora de la unidad de registro nacional de
abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura

administrativo, así como la garantía de otros derechos como la educación y el
trabajo».

Frente a dicha determinación, la Sala considera que no deviene en caprichosa o
arbitraria, sino que, por el contrario, se encuentra debidamente fundamentada y
propende a salvaguardar las prerrogativas superiores de quienes acuden al
referido trámite, lo que, en todo caso, se reitera, no comporta una orden y no
implica, de modo alguno, la alteración en los turnos asignados para dar
respuesta a esos requerimientos.

Por otro lado, la señora directora de la unidad de registro nacional de abogados
y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura, en su escrito
de impugnación, arguye también que actualmente son innumerables las
peticiones que a diario se formulan ante esa unidad, relacionadas con
certificación de judicaturas y expedición de tarjetas profesionales y licencias
temporales, por lo que resulta imposible, dado el excesivo volumen de
solicitudes, despacharlas dentro del lapso legalmente establecido para tal
efecto.

Sobre el término previsto para atender las peticiones de reconocimiento de
judicatura, el artículo 15 del Acuerdo PSAA10-7543 de 14 de diciembre de
201011 consagra:

[…] La solicitud para el reconocimiento de la judicatura será resuelta
mediante acto administrativo debidamente motivado por parte de la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
en desarrollo de las funciones asignadas conforme a lo dispuesto en el
Acuerdo No. 003 de 1.996, Acuerdo No.235 de 1.996 y en el Acuerdo
No. PSAA-10-7017 de julio de 2010, y los que los aclaran, modifiquen
o deroguen, proferidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la judicatura. El término para proferir el acto administrativo será de
diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha en que sean
allegados a la solicitud la totalidad de los documentos requeridos en el
presente Acuerdo.

Sin embargo, mediante Decreto ley 491 de 28 de marzo de 202012 (artículo 5),
el señor presidente de la República, en razón a la situación de salubridad

11
«Por medio de la cual se reglamenta la judicatura como requisito alternativo para optar el título de
abogado».
12
«Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios
por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas
para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».

6

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abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura

pública del país en esa época a causa del virus COVID-19, amplió los términos
señalados en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA) para atender las peticiones, así:

Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen
durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los
términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse
dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las
autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse
dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los
plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente
artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el
plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

De lo anterior se colige que el término de 10 días hábiles para resolver las
solicitudes acerca del reconocimientos de prácticas jurídicas, contenido en el
Acuerdo PSAA10-7543 de 2010, se amplió a 20 días hábiles siguientes a su
presentación, según el aludido Decreto 491 de 2020, con la aclaración de que,
en el evento en que no se pueda atender dentro de ese lapso, se debe informar
esta circunstancia a los interesados, así como la fecha probable en que se
emitirá respuesta.

Resulta oportuno anotar que el mencionado Decreto 491 de 2020 tuvo vigencia
durante la emergencia sanitaria declarada13 por causa del virus COVID-19,
mediante Resolución 385 de 12 de marzo de 202014, la cual, conforme al
Decreto 666 de 285 de abril de 2022, permaneció hasta el 30 de junio de 2022,
sin embargo, en lo que atañe al artículo 5 de esa norma se advierte que este fue

13
Desde el 12 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020, prorrogada en virtud de las Resoluciones 844 (hasta el
31 de agosto de 2020), 1462 (hasta el 30 de noviembre de 2020) y 2230 de 2020 (hasta el 28 de febrero de
2021) y 222 (hasta el 31 de mayo de 2021), 738 (hasta el 31 de agosto de 2021), 1315 (hasta el 30 de
noviembre de 2021) y 1913 de 2021 (hasta el 28 de febrero de 2022) y 304 (hasta el 30 de abril de 2022) y 666
de 2022 (hasta el 30 de junio de 2022).
14
«Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas
para hacer frente al virus».

7

Expediente: 11001-03-15-000-2021-02113-01
Rafael David Gil Pedrozo contra la señora directora de la unidad de registro nacional de
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derogado por el artículo 2 de la Ley 2207 de 17 de mayo de 202215.

Con base en lo expuesto en precedencia, se precisa que si bien es cierto que el
precitado artículo 5 del Decreto 491 de 2020 fue derogado el 17 de mayo de
2022, también lo es que para la fecha de presentación de la solicitud de
reconocimiento de la práctica jurídica del actor (10 de diciembre de 2020),
aquel se encontraba vigente, por ende, era dable su aplicación para atender
dicho requerimiento, sin embargo, como en la actualidad esa norma, se reitera,
no integra el ordenamiento jurídico, la autoridad accionada debe atender las
solicitudes relativas a ese tema dentro del lapso legal establecido con
antelación a ese precepto derogado, esto es, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su recibo.

Ahora bien, cabe destacar que, pese a que en primera instancia no se tuvo en
cuenta que para la fecha en que se formuló la petición objeto de tutela e
incluso al momento de emitir el respectivo fallo se habían ampliado los
términos para brindar respuesta a peticiones, en virtud del Decreto 491 de
2020, actualmente, se insiste, aquel precepto normativo está derogado, por
consiguiente, los requerimientos atañederos al reconocimiento de prácticas
jurídicas se deben despachar dentro de los 10 días hábiles siguientes a su
recibo.

En ese orden de ideas, se concluye que, contrario a lo aseverado por la señora
directora de la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la
justicia del Consejo Superior de la Judicatura, la decisión de instarla para que
en lo sucesivo resuelva las solicitudes encaminadas a que se aprueben prácticas
jurídicas dentro del plazo legalmente establecido para tal efecto, no tiene como
propósito que se alteren los turnos ni desconoce su carga laboral con ocasión
de la referida situación de emergencia del país a causa del virus COVID-19,
pues precisamente en razón a ello fue ampliado para esa época el respectivo
término.

A partir de los anteriores prolegómenos, se impone confirmar el fallo
impugnado, mediante el cual el Consejo de Estado (sección cuarta) negó el
amparo deprecado, en razón a la carencia actual de objeto por hecho superado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
15
Publicada en el Diario Oficial 52.037 de 17 de mayo de 2022.

8

Expediente: 11001-03-15-000-2021-02113-01
Rafael David Gil Pedrozo contra la señora directora de la unidad de registro nacional de
abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 10 de junio de 2021, mediante la cual el
Consejo de Estado (sección cuarta) negó, en razón a la carencia actual de
objeto por hecho superado, el amparo del derecho constitucional fundamental
de petición invocado por el señor Rafael David Gil Pedrozo, conforme a la
parte motiva.

2º. Notifíquese esta determinación judicial a las partes por el medio más
expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Comuníquese el presente fallo al Consejo de Estado (sección cuarta) y
remítasele copia.

4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

9

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