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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-02152-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
11 de agosto de 2021
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-02152-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Revócase la sentencia de 17 de junio de 2021, proferida por el Consejo de Estado (sección cuarta), que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia; en su lugar, niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, dignidad humana y buen nombre invocados por el señor Abdón Rojas Claros, conforme a lo indicado en la motivación. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-02152-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

11 de agosto de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO – Debida aplicación de las normas pertinentes / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR JUDICIAL – Inexistencia / REQUISITOS DEL FRAUDE PROCESAL – Cumplimiento para la configuración del delito / AUSENCIA DE PODER ESPECIAL – Para solicitar el pago de bonificación

[A]sí las cosas, la Sala concluye que la providencia acusada no desconoció el artículo 453 del Código Penal al indicar que no involucra error judicial la aseveración de la fiscalía única delegada ante el Tribunal Superior de Florencia, consistente en que el medio fraudulento que exige dicha norma para la configuración del fraude procesal era el escrito de 18 de febrero de 2002. (..:) En relación con el desconocimiento del artículo 397 de la Ley 600 de 2000 alegado por el accionante, que prevé las exigencias de la resolución de acusación (…) De acuerdo con la referida disposición, se evidencia que la resolución de acusación dictada por la fiscalía única delegada ante el Tribunal Superior de Florencia contra el tutelante, contrario a lo aseverado por este, atendió aquella, porque en las diligencias penales existían pruebas de las cuales era dable inferir la posible responsabilidad del sindicado en el delito que se le endilgó, como (i) la petición de 18 de febrero de 2002; (ii) la denuncia del señor [H.C.F.], quien manifestó que nunca le otorgó poder para que pidiera el pago a su favor de la bonificación creada a través del Decreto 707 de 1996; (iii) el oficio 684 de 29 de octubre de 2008, con el que el señor coordinador de nómina de la gobernación del Caquetá indicó que en los respectivos archivos no se encontró mandato de representación concedido por el señor [H.C.F.] al demandante; y (iv) la inspección judicial realizada el 25 de junio de 2009 por el ente investigador a la referida dependencia, en la que no se encontraron los poderes a las que se hizo alusión en dicha solicitud; de manera que no merece reproche alguno la afirmación de las autoridades accionadas de que esa actuación no involucraba error judicial y que, en consecuencia, no comprometía la responsabilidad patrimonial del Estado. (…) En lo que atañe a la inobservancia de las Resoluciones 473 de 28 de mayo y 598 de 18 de junio de 2004, se advierte que carece de asidero jurídico, por cuanto si bien esos actos administrativos señalan que la cancelación de la mencionada bonificación la realiza un comité integrado por varias autoridades del Caquetá, no incidían en la configuración del delito fraude procesal, pues así la solicitud se hubiese formulado ante un servidor que no le correspondía sufragar el aludido emolumento, este debía remitirla al competente, en cumplimiento del artículo 33 del Código Contencioso Administrativo (CCA) [vigente para la fecha en que se presentó la petición], por lo tanto, se pondría en consideración el respectivo pago con fundamento en una aserción que no se demostró (que el tutelante era apoderado del denunciante), el cual, de acuerdo con la certificación del señor coordinador de la oficina de nómina de la secretaría de educación del referido departamento de 10 de diciembre de 2008, fue realizado al señor Campiño Figueroa y al denunciado por $12ʼ532.460 y $1ʼ253.246, en su orden. (…) Por último, respecto de la desatención de las normas que estipulan los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado y estafa, la Sala estima que no hay lugar a emitir pronunciamiento alguno, porque si bien la fiscalía décima (10ª) delegada ante los jueces penales del circuito de Florencia lo acusó de esos ilícitos, esta decisión fue revocada parcialmente por la fiscalía única delegada ante el Tribunal Superior de esa ciudad, para indicar que solo le era atribuible el de fraude procesal, y fue esta decisión la que quedó en firme, por ende, la única susceptible de ser analizada en sede contencioso-administrativo para determinar si hubo o no error judicial, dado que uno de los requisitos previstos para ello es que esté en firme la providencia que pueda incurrir en esa irregularidad.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO PENAL – ARTÍCULO 453 / LEY 600 DE 2000 – ARTÍCULO 397 / DECRETO 707 DE 1996.

AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO – Adecuada valoración de las pruebas / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR JUDICIAL – Inexistencia / FRAUDE PROCESAL – Existen pruebas de la conducta delictiva / AUSENCIA DE PODER ESPECIAL – Para solicitar el pago de bonificación

[L]a Sala observa que la providencia acusada no adolece de defecto fáctico, porque en el proceso penal adelantado contra el tutelante sí reposaban elementos de convicción de los que era dable inferir que pudo cometer el delito de fraude procesal, como se advirtió anteriormente, dentro de los que se encuentran el escrito que presentó el 18 de febrero de 2002 como supuesto apoderado del señor [H.C.F.] y la denuncia de este, quien aseveró que nunca le otorgó mandato judicial alguno a aquel, entre otras, de manera que la decisión de procesarlo por dicho ilícito no estuvo desprovista de respaldo probatorio, por lo que no involucra error judicial, como lo concluyeron las autoridades accionadas. (…) Ahora bien, aunque el 18 de julio de 2002 renunció a los presuntos poderes que le otorgaron los educadores y la señora [V.B.] indicó que el encargado de pagar la bonificación de que trata el Decreto 707 de 1996 a aquellos era un comité integrado por varias autoridades locales, estos aspectos fácticos no incidían en la resolución de acusación dictada en su contra ni en el proceso de reparación directa 18001-33-33-001-2014-00546-00, pues el delito de fraude procesal es de mera conducta y esa decisión penal se fundó en lo afirmado por el procesado en la petición de 18 de febrero de 2002 y en la denuncia del señor Campiño Figueroa. Además, en el evento en que hubiere presentado la petición ante una autoridad diferente a la encargada, se advierte que esta debía remitirla a la competente, conforme al artículo 33 del CCA, y, en todo caso, se demostró que se pagó lo deprecado, según certificación del señor coordinador de la oficina de nómina de la secretaría de educación del Caquetá de 10 de diciembre de 2008. (…) Por consiguiente, como existían pruebas de la presunta comisión de la aludida conducta delictiva, el accionante estaba en el deber de soportar las actuaciones penales en su contra, así posteriormente resultara absuelto, por tanto, estas no comportan error judicial, máxime cuando no allegó al trámite contencioso-administrativo ni a las diligencias penales, el supuesto poder concedido por el denunciante en virtud del cual formuló la solicitud de 18 de febrero de 2002, con lo que se hubiesen desvirtuado la denuncia y la resolución de acusación a la que se le atribuye el daño antijurídico. (…) En ese orden de ideas, se evidencia que la conclusión de las autoridades accionadas, consistente en que la resolución de acusación emitida por la fiscalía única delegada ante el Tribunal Superior de Florencia contra el actor no involucra error judicial, corresponde a una deducción razonable de los elementos de convicción, los cuales demostraban, se reitera, que aquel pidió el pago de una bonificación como apoderado de un docente, sin tener el respectivo mandato judicial para ello, situación que impone concluir que la providencia atacada tampoco adolece del defecto fáctico alegado.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 33S / DECRETO 707 DE 1996.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02152-01(AC)

Actor: ABDÓN ROJAS CLAROS

Demandado: MAGISTRADOS DE LA SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁMAGISTRADOS DE LA SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el demandante contra la sentencia de 17 de junio de 2021, proferida por el Consejo de Estado (sección cuarta), que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

ANTECEDENTES

La solicitud de amparo. El señor Abdón Rojas Claros, quien actúa en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, dignidad humana y buen nombre, presuntamente quebrantados por los señores magistrados de la sala segunda de decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá.

Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el fallo de 29 de enero de 2021, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Caquetá (sala segunda de decisión) confirmó el de 28 de septiembre de 2018, con el que el Juzgado Primero (1º) Administrativo de Florencia negó las pretensiones del medio de control de reparación directa promovido contra la Nación – Fiscalía General de la Nación (expediente 18001-33-33-001-2014-00546-00); en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas dictar una nueva providencia en la que accedan a las pretensiones formuladas en el mencionado trámite contencioso-administrativo.

Hechos. Relata el accionante que es abogado litigante y el 18 de febrero de 2002 solicitó de la secretaría de educación del Caquetá, en condición de apoderado de varios docentes (dentro de los que se encontraba el señor Hernán Campiño Figueroa), el reconocimiento de la bonificación de que trata el Decreto 707 de 1996, junto con sus honorarios del 10% de lo que se les llegara a cancelar, lo que le fue despachado de manera desfavorable, a través de oficio (sin número) de 20 de mayo de 2002, porque el ente territorial carecía de recursos.

Que el 18 de julio de 2002 renunció a los mandatos judiciales que presuntamente le otorgaron los educadores, pero señaló que seguiría como abogado de ellos el señor Carlos Alirio Lozada Rojas, quien el día 22 de los mismos mes y año indicó que él se haría cargo de su representación y el 2 de octubre de 2002 deprecó de nuevo el pago del mencionado emolumento.

Dice que el 28 de abril de 2005 el señor Hernán Campiño Figueroa lo denunció ante la Fiscalía General de la Nación, en razón a que no lo conocía y tampoco le confirió poder para que reclamara en su nombre bonificación alguna ante la secretaría de educación del Caquetá. Además, afirmó que cuando fue a su oficina para solicitar la devolución de lo que se le había cancelado, le mostró un mandato judicial con datos incompletos y con una firma que no era la suya.

Que la investigación fue asignada a la fiscalía décima (10ª) delegada ante los jueces penales del circuito de Florencia, a la que la oficina de nómina de la referida secretaría allegó certificación que da cuenta de que se le concedieron $12ʼ532.460 al denunciante y $1ʼ253.246 a su supuesto abogado, que correspondía al 10% de lo sufragado. También recibió la declaración de la señora Vilma Bonilla, secretaria de educación del Caquetá, quien aseveró que el reconocimiento de la bonificación suplicada le concernía a un comité integrado por varias autoridades locales.

Sostiene que el 30 de noviembre de 2009 dicha fiscalía lo acusó por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal, estafa, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, decisión contra la que él y el personero de Florencia interpusieron recursos de apelación, desatados por la fiscalía única delegada ante el Tribunal Superior de Florencia, en el sentido de revocarla parcialmente, para precluir las diligencias en cuanto a los ilícitos imputados, salvo el de fraude procesal, con el argumento de que adosó un listado ante la secretaría de educación del Caquetá, en el que estaba relacionado el nombre del denunciante, e indicó que era su abogado, pese a no habérsele otorgado mandato de representación.

Que el 21 de junio de 2013 el Juzgado Tercero (3º) Penal del Circuito de Florencia lo absolvió de responsabilidad penal, al estimar que el documento que allegó a la gobernación del Caquetá para reclamar unas acreencias de varios docentes, no tuvo como finalidad engañar a la Administración ni se demostró un provecho económico. Además, aseveró que el señor coordinador de nómina de la aludida secretaría, quien presuntamente recibió los respectivos documentos, no estaba facultado para conceder la mencionada bonificación, por ende, no se configuró el fraude procesal por el que fue investigado.

Aduce que, junto con algunos familiares, instauró demanda de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación (expediente 18001-33-33-001-2014-00546-00), con el propósito de que se le declarara administrativamente responsable de los daños que les produjo las diligencias penales, que involucran un error judicial pasible de indemnización (dado que afectó su imagen profesional y personal, al punto que varios «contratos le fueron retirados»), y se le ordenara el reconocimiento de la correspondiente compensación monetaria, trámite contencioso-administrativo que le fue asignado por reparto al Juzgado Primero (1º) Administrativo de Florencia, que el 28 de septiembre de 2018 negó esas pretensiones, al considerar que la interpretación que hizo el ente investigador de la ley penal no fue arbitraria o caprichosa y no fue privado de la libertad, por lo tanto, no hubo irregularidad que comprometa al Estado.

Que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, al estimar que las actuaciones que adelantó la Fiscalía General de la Nación en su contra, no se enmarcaron dentro de la razonabilidad a la que está sujeta la función jurisdiccional, en afectación de la debida administración de justicia, y no era necesario que hubiese estado encarcelado para la ocurrencia del error judicial invocado; alzada desatada el 29 de enero de 2021 por el Tribunal Administrativo del Caquetá (sala segunda de decisión), en el sentido de confirmar el fallo de primera instancia, habida cuenta de que el escrito de 18 de febrero de 2002 fue el supuesto medio empleado para tratar de engañar a la Administración y acceder a la bonificación reclamada, pues no era el apoderado del señor Hernán Campiño Figueroa, lo que podría comportar fraude procesal, máxime cuando sustituyó los presuntos poderes al señor Carlos Alirio Lozada Rojas.

Afirma que la providencia cuestionada adolece de defecto sustantivo, toda vez desatendió (i) el artículo 453 del Código Penal, puesto que ignoró que para la configuración del fraude procesal es indispensable la utilización de un instrumento idóneo orientado a inducir a error a un servidor público encargado de dictar sentencias o actos administrativos, lo que no ocurrió en los hechos debatidos en las diligencias penales; (ii) el artículo 397 de la Ley 600 de 2001, por cuanto la resolución de acusación emitida en su contra no colmó las exigencias allí previstas; (iii) las Resoluciones 473 de 28 de mayo y 598 de 18 de junio de 2004, proferidas por la secretaría de educación del Caquetá, en las que se consigna que es un comité, y no el coordinador de nómina de esa dependencia, el encargado de pagar la precitada bonificación; y (iv) las normas que estipulan los ilícitos de estafa, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, porque no se acreditaron los presupuestos allí establecidos para imputárselos.

Que el fallo atacado también involucra defecto fáctico, comoquiera que no advirtió que (i) en el proceso penal no obraba elemento de convicción del cual se infiriera la comisión del fraude procesal que se le atribuyó, puesto que no hubo un instrumento orientado a engañar a la secretaría de educación del Caquetá, para que se reconociera la bonificación del Decreto 707 de 1996, y aunque las autoridades accionadas aseveraron que aquel era el listado que presentó el 18 de febrero de 2002, esa aserción fue desestimada por el Juzgado Tercero (3º) Penal del Circuito de Florencia; (ii) renunció a los poderes, mas no los sustituyó, como erradamente lo dicen los demandados; (iii) la señora Vilma Bonilla afirmó que para el pago del emolumento se creó un comité, por ende, no era dable que el coordinador de nómina lo cancelara; y (iv) no se probó que haya recibido dinero por los hechos que motivaron la investigación penal.

Contestaciones de la acción.

1.3.1 El señor Fiscal General de la Nación, a través de la señora coordinadora de la unidad de defensa jurídica de la dirección de asuntos jurídicos del organismo que regenta, señala que la acción de tutela de la referencia deviene en improcedente, por cuanto el sistema normativo prevé otro mecanismo para controvertir el fallo cuestionado y el actor no justificó los reproches que alega, por lo tanto, incumplió la carga argumentativa que exige la jurisprudencia constitucional, para que se revise una decisión judicial en esta instancia.

Que «la privación de la libertad» del demandante se ajustó al marco normativo, situación que impedía atribuirle al ente investigador responsabilidad extracontractual en el proceso de reparación directa 18001-33-33-001-2014-00546-00. Además, las deducciones probatorias expuestas por las autoridades accionadas fueron razonables, circunstancia que impide acceder a las pretensiones del tutelante.

1.3.2 El señor Juez Primero (1º) Administrativo de Florencia indica que se debe negar el amparo reclamado, comoquiera que en la situación fáctica debatida en el aludido medio de control, no se evidencia que la resolución de acusación, emitida por la fiscalía única delegada ante el Tribunal Superior de Florencia contra el accionante, haya contrariado de manera arbitraria el sistema normativo, pues existían pruebas de las que era dable inferir que pudo cometer el delito de fraude procesal, en consecuencia, no se configuró el error judicial invocado.

1.3.3 Los señores Abdón Mauricio, Diego Fernando, Cristy Carolina y Alejando Felipe Rojas Marroquín y Esperanza Marroquín Manjarrez, quienes también fueron demandantes en el precitado trámite contencioso-administrativo, pidieron acceder a la protección constitucional invocada, con fundamento en los mismos argumentos planteados por el actor.

1.3.4 Los señores magistrados de la sala segunda de decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá guardaron silencio en la oportunidad prevista para el efecto.

1.4 Providencia impugnada. El Consejo de Estado (sección cuarta), mediante fallo de 17 de junio de 2021, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al considerar que carece de relevancia constitucional, pues los razonamientos del tutelante no solo refutan la providencia cuestionada, sino la resolución de acusación que se emitió en su contra por el delito de fraude procesal, por lo que escapa de la órbita de competencia del juez de tutela su análisis, dado que fueron desestimados por las autoridades accionadas en atención al principio de autonomía judicial, para concluir que no se configuró el error judicial alegado en el proceso de reparación directa 18001-33-33-001-2014-00546-00.

1.5 Impugnación. El demandante, inconforme con la anterior decisión, la impugnó, para cuyo propósito reitera los planteamientos consignados en el escrito inicial y agrega que el asunto debatido comporta relevancia constitucional, habida cuenta de que la providencia censurada desconoce, además de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, dignidad humana y buen nombre, el principio superior de legalidad, por ende, resulta posible examinar el fondo de la controversia en esta instancia judicial.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia. En virtud de los artículos 32 del Decreto ley 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 29 de enero de 2021, por cuyo conducto el Tribunal Administrativo del Caquetá (sala segunda de decisión) confirmó la de 28 de septiembre de 2018, con la que el Juzgado Primero (1º) Administrativo de Florencia negó las pretensiones del medio de control de reparación directa promovido por el tutelante y algunos familiares contra la Nación – Fiscalía General de la Nación (expediente 18001-33-33-001-2014-00546-00); y en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, dignidad humana y buen nombre invocadas en la solicitud de amparo.

2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.

Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.

En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó:

[…] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […].

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Esta Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación:

La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos.

En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional si bien la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.

En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 2012, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos.

Por último, en el fallo de 5 de agosto de 2014, proferido por la sala plena de lo contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio de que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron el de inmediatez y subsidiariedad.

2.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana y buen nombre del tutelante; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, en atención a que fue emitida en segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la determinación judicial atacada se profirió el 29 de enero de 2021 y la solicitud de amparo se instauró el 3 de mayo siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (3 meses y 4 días); y (v) la providencia acusada no desató una acción de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, esta Sala examinará el fondo del asunto conforme a las causales específicas denominadas defectos sustantivo y fáctico.

2.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, se destaca:

a) El 18 de febrero de 2002 el tutelante, quien dijo actuar como apoderado de algunos docentes (dentro de los que se encontraba el señor Hernán Campiño Figueroa), solicitó de la secretaría de educación del Caquetá el reconocimiento, a favor de aquellos, de la bonificación prevista en el Decreto 707 de 1996, y en caso de que careciera de presupuesto, se indicara esa situación con el fin de «agotar la vía gubernativa» y acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para tal efecto.

b) El señor gobernador del aludido departamento, a través de oficio (sin número) de 20 de mayo de 2002, contestó la anterior petición, en el sentido de señalar que si bien a los profesores reclamantes les asistía el derecho de recibir la bonificación deprecada, el ente territorial padecía de un déficit fiscal importante, por lo que debía exigirse ante el Ministerio de Educación Nacional.

c) Por medio de memorial de 18 de julio de 2002, el actor renunció a los poderes que presuntamente le otorgaron los educadores, pero indicó que seguiría como apoderado de ellos el señor Carlos Alirio Lozada Rojas, quien el día 22 de los mismos mes y año afirmó que él se haría cargo de su representación y el 2 de octubre de 2002 presentó una nueva solicitud, en la que exigía la cancelación de la mencionada bonificación.

d) El 28 de abril de 2005 el señor Hernán Campiño Figueroa denunció al tutelante, por cuanto cobró unos honorarios a la secretaría de educación del Caquetá, como consecuencia del reconocimiento a su favor del emolumento previsto en el Decreto 707 de 1996, a pesar de que no le otorgó poder para ello. Aseveró que cuando fue a reclamar la devolución de lo pagado a su oficina (la cual ubicó por información suministrada por la administración departamental), le exhibió un mandato judicial con datos incompletos y una firma que no era la suya.

e) El 13 de junio de 2005 la señora Vilma Bonilla, secretaria de educación del Caquetá, declaró ante el ente investigador que se constituyó un comité encargado de establecer el procedimiento para adjudicar la referida bonificación, como el estudio de la hoja de vida de los educadores, porque fue creada únicamente para quienes enseñan en zonas de difícil acceso.

f) Al proceso penal se adosó el oficio 684 de 29 de octubre de 2008, dirigido a la señora fiscal décima (10ª) delegada ante los juzgados penales del circuito de Florencia, en el que el señor coordinador de nómina de la gobernación del Caquetá señala que en los respectivos archivos no se encontraron poderes concedidos por el señor Hernán Campiño Figueroa al demandante ni al abogado señor Carlos Alirio Lozada Rojas.

g) El 10 de diciembre de 2008 uno de los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (C. T. I.) informó al fiscal del caso que la señora auxiliar de nómina de la secretaría de educación del Caquetá le indicó que al denunciante le fueron reconocidos $4ʼ557.258 por concepto de la aludida bonificación y a su apoderado (César Augusto Cabrera Silva) la suma de $455.726 como honorarios.

Además, el coordinador de la oficina de nómina de dicha dependencia certificó que al señor Campiño Figueroa se le concedieron $12ʼ532.460 más y al denunciado $1ʼ253.246, que corresponde el 10% de lo sufragado por concepto de honorarios.

h) El 25 de junio de 2009 la fiscalía décima (10ª) delegada ante los juzgados penales del circuito de Florencia realizó inspección judicial a la mencionada secretaría, en la que no encontró poder especial otorgado por el señor Hernán Campiño Figueroa al tutelante. Allí uno de los servidores aseveró que este profesional del derecho no allegó ese tipo de documento.

i) El 30 de noviembre de 2009 la referida fiscalía emitió resolución de acusación contra el procesado, por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal, estafa, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, toda vez que reclamó el pago a favor del señor Campiño Figueroa de la bonificación de que trata el Decreto 707 de 1996 y los correspondientes honorarios, sin tener un mandato de representación para ello, decisión contra la cual el acusado y el personero de Florencia interpusieron recursos de apelación, por cuanto no mediaban elementos de convicción que demostraran la configuración de las conductas delictivas endilgadas, pues no se acreditaron medios fraudulentos para obtener un provecho económico.

j) Las precitadas alzadas fueron desatadas el 8 de agosto de 2011 por la fiscalía única delegada ante el Tribunal Superior de Florencia, en el sentido de revocar parcialmente la resolución de acusación, para indicar que solo era dable atribuirle al sindicado el delito de fraude procesal, en razón a que adosó a la secretaría de educación del Caquetá un listado con el nombre de sus presuntos poderdantes (dentro de los que se encontraba el denunciante) y pidió el reconocimiento de la bonificación consagrada en el Decreto 707 de 1996, pese a que no estaba facultado para ello.

Que precluyó la investigación en relación con los ilícitos de estafa, porque no hubo un provecho económico a favor del denunciado y tampoco un engaño previo, pues el señor Campiño Figueroa dijo que no lo conocía, y falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, dado que no se probó adulteración de algún poder o acto administrativo.

k) El Juzgado Tercero (3º) Penal del Circuito de Florencia, a través de sentencia de 21 de junio de 2013, absolvió de responsabilidad penal al accionante, al considerar que no incurrió en el delito de fraude procesal, toda vez que no se demostró que haya inducido a error a algún servidor público de la secretaría de educación del Caquetá, con el fin de acceder a honorarios por el cobro de la bonificación prevista en el Decreto 707 de 1996 a favor del señor Hernán Campiño Figueroa, puesto que no se encontró el poder falsificado que presuntamente lo facultaba para cobrar ese emolumento, por ende, no se acreditó un medio fraudulento, indispensable para la configuración de dicho ilícito.

l) El 27 de junio de 2014 el tutelante, junto con algunos familiares, promovió medio de control de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación (expediente 18001-33-33-001-2014-00546-00), con el propósito de que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios que causaron las diligencias penales surtidas en su contra y se ordenara la respectiva compensación monetaria, toda vez que aquellas corresponden a un error judicial, por cuanto no habían elementos de convicción de los cuales se lograra inferir su responsabilidad en los ilícitos que se le endilgaron.

m) Del asunto contencioso-administrativo conoció el Juzgado Primero (1º) Administrativo de Florencia, que el 11 de julio de 2014 lo admitió, el 2 de junio de 2016 celebró audiencia inicial, en la que decretó como pruebas las actuaciones penales que dan cuenta de los hechos expuestos en precedencia, y el 28 de septiembre de 2008 negó las pretensiones ordinarias, al estimar que no fueron arbitrarias o caprichosas las consideraciones expuestas por el ente investigador para acusar al accionante del delito de fraude procesal, pues comportan interpretaciones razonables de las pruebas practicadas, y aunque hayan sido desestimadas por el Juez Tercero (3º) Penal del Circuito de Florencia, no involucran error judicial.

n) Contra la anterior determinación judicial el demandante interpuso recurso de apelación, con el argumento de que no obraban pruebas que permitieran procesarlo penalmente, puesto que no se demostró que engañó a algún servidor público, con la finalidad de obtener un provecho económico, ni que adulteró poder alguno para actuar ante la secretaría de educación del Caquetá, de manera que las diligencias penales no se justificaron.

o) La mencionada alzada fue desatada el 29 de enero de 2021 por el Tribunal Administrativo del Caquetá (sala segunda de decisión), en el sentido de confirmar la sentencia de primera instancia, en razón a que la acusación de la Fiscalía General de la Nación en las actuaciones penales adelantadas contra el actor, no desbordaron los límites de la autonomía judicial, por lo tanto, no fueron arbitrarias o caprichosas, situación que impedía declararla administrativamente responsable dentro del trámite contencioso-administrativo.

Que aunque en el proceso penal no se logró identificar el mandato judicial que supuestamente adulteró el actor, sí obra una petición presentada por este, encaminada a que la secretaría de educación del Caquetá le reconociera al denunciante la mencionada bonificación, sin mediar un poder para tal propósito. Además, de los anteriores presupuestos fácticos se infiere que el actor pudo haber cometido el delito de fraude procesal, por ende, el hecho de que se le haya acusado de este no involucra un error judicial que comprometa la responsabilidad extracontractual del Estado.

2.5.2 Defecto sustantivo. El artículo 230 de la Constitución Política prevé que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de ese mandato, las autoridades judiciales deben decidir las discusiones conforme a las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional ha precisado que la providencia judicial proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo, que se configura cuando el litigio es desatado con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla.

Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que este defecto implica «[…] la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales».

En el asunto sub examine el demandante sostiene que la providencia acusada adolece de defecto sustantivo, en razón a que inobservó (i) el artículo 453 del Código Penal, que prevé el delito de fraude procesal; (ii) el artículo 397 de la Ley 600 de 2001, porque la resolución de acusación dictada en su contra no colmó las exigencias estipuladas en esa norma; (iii) las Resoluciones 473 de 28 de mayo y 598 de 18 de junio de 2004, emitidas por la secretaría de educación del Caquetá, en las que se estableció que el reconocimiento de la bonificación del Decreto 707 de 1996 correspondía a un comité integrado por varias autoridades locales; y (iv) las normas que regulan los ilícitos de falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Con la finalidad de determinar si los anteriores argumentos tienen o no asidero jurídico, resulta oportuno precisar que el artículo 90 de la Constitución Política se constituye en la fuente de la responsabilidad extracontractual del Estado, pues es su «cláusula general», por cuanto prevé los elementos que deben concurrir para que se configure, los cuales son: (i) un daño antijurídico, esto es, un perjuicio que la persona no está en la obligación de soportar; (ii) una acción u omisión de los servidores públicos concernientes al cumplimiento de sus funciones; y (iii) una relación causal entre el hecho dañoso y la actuación o negligencia de aquellos.

En virtud de dichos presupuestos, es acertado afirmar que hay lugar a declarar la responsabilidad extracontractual del Estado cuando sus agentes, en acatamiento de sus funciones, por acción u omisión, causan menoscabo a una persona que no debe resistirlo.

Ahora bien, el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 establece tres (3) hechos generadores de responsabilidad patrimonial del Estado provenientes de cuestiones judiciales, a saber: (i) error judicial, (ii) privación injusta de la libertad y (iii) defectuoso funcionamiento de la Administración de justicia, precepto que materializó lo contemplado en el artículo 10 de la Convención Interamericana de Derecho Humanos, aunque ya mediaban otras normas que imponían el deber de indemnizar agravios originados en actuaciones jurisdiccionales, como el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991.

Una de las situaciones que compromete la responsabilidad extracontractual del Estado, en temas concernientes a la administración de justicia, es el error judicial, definido por el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 como «[…] aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley».

Ahora bien, una decisión judicial se estima «contraria a la ley» o a la Constitución Política, cuando se subsumen hechos en normas que no se avienen al caso, se dejan de apreciar pruebas o se omite aplicar un precepto a la controversia a pesar de ser necesario, como lo precisó esta Corporación, así:

La Sala para definir una “providencia contraria a la ley” ha dicho que es aquella que surge al subsumir los supuestos de hecho del caso en las previsiones de la norma (error de interpretación), de la indebida apreciación de las pruebas en las cuales ella se fundamenta (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde o de la indebida aplicación de la misma. Hay que entender incluida en la definición de error jurisdiccional además las providencias contrarias a la Constitución, que de acuerdo con el artículo 4º es norma de normas.

Para que haya lugar a declarar la responsabilidad del Estado por error judicial, resulta indispensable que (i) el presunto afectado haya interpuesto los respectivos recursos dentro del proceso en el que presuntamente acaeció aquel, (ii) la providencia que se estima contraria al marco jurídico esté ejecutoriada, (iii) concurran los elementos de la responsabilidad patrimonial de la Administración y (iv) aquella decisión judicial contenga deducciones probatorias arbitrarias o interpretaciones normativas carentes de razonabilidad.

Cabe advertir que cualquier discordancia con lo decidido por el juez no constituye prima facie un error judicial pasible de indemnización, porque debe existir «una conducta carente de fundamento objetivo», es decir, que la determinación judicial corresponda a inferencias flagrantemente contrarias al marco jurídico.

Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, con el fin de atender el argumento del actor, consistente en la inobservancia del artículo 453 del Código Penal, se anota que esta norma estipula el delito de fraude procesal en los siguientes términos:

El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de doscientos (200) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.

De la lectura de la precitada disposición legal (vigente al momento en que acontecieron los hechos que desencadenaron las diligencias penales surtidas contra el actor) se colige que para la configuración del referido ilícito, es necesario un medio fraudulento orientado a obtener una decisión de una autoridad judicial o administrativa contraria a la ley, delito que es de mera conducta, por ende, no tiene incidencia si el sujeto activo obtiene o no un provecho, tal como lo dijo la Corte Suprema de Justicia, al precisar:

En tratándose del fraude procesal, tiene dicho la Sala que es un delito de mera conducta, el cual se consuma con el despliegue de cualquier medio fraudulento que idóneamente induzca en error al funcionario, sin importar que éste se traduzca en el proferimiento de sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.

En otro pronunciamiento, dicha Corporación sostuvo:

La inducción en error implica que el yerro de juicio del funcionario debe tener su origen directo en la valoración de los hechos o pruebas fraudulentas o espurias aportadas por el sujeto activo del delito, instante del iter criminis en que queda consumada la conducta punible –según la descripción del tipo penal- y que de contera excluye la necesidad de que se obtenga efectivamente el fin perseguido, es decir, la sentencia, resolución o acto administrativo contrarios a la ley, pues, se insiste, basta con la incitación al error a través del ardid, trampa o engaño para que se entienda consumado el comportamiento delictivo.

En atención a lo expuesto, la Sala observa que no comporta una interpretación irracional o arbitraria del artículo 453 del Código Penal, la afirmación de las autoridades accionadas de que no involucra error judicial la aseveración consignada en la resolución de acusación, emitida por fiscalía única delegada ante el Tribunal Superior de Florencia contra el actor, consistente en que el escrito que este presentó el 18 de febrero de 2002 era el medio fraudulento que exige el aludido tipo penal para su configuración.

Lo anterior, porque en la petición que el tutelante formuló el 18 de febrero de 2002 ante la secretaría de educación del Caquetá indicó que actuaba como apoderado del señor Hernán Campiño Figueroa, lo que este refutó en la denuncia que instauró contra aquel, situación por la que era dable que el ente investigador asumiera que ese documento fue el empleado para inducir a error a los servidores públicos encargados de pagar la bonificación establecida en el Decreto 707 de 1996, porque hacía referencia a un mandato judicial que no se confirió.

Resulta oportuno aclarar que si bien es cierto que el Juzgado Tercero (3º) Penal del Circuito de Florencia absolvió al demandante de responsabilidad penal, con el argumento de que el instrumento fraudulento que exige el artículo 453 del Código Penal en los hechos debatidos era el poder que presuntamente adulteró (el cual no se encontró), también lo es que el criterio de la fiscalía única delegada ante el Tribunal Superior de Florencia de esa ciudad no corresponde a una aplicación arbitraria o caprichosa de dicha norma, pues, se reitera, se funda en la inferencia razonable de que el escrito de 18 de febrero de 2002 pudo ser el mecanismo utilizado para confundir a la secretaría de educación del Caquetá.

En ese orden de ideas, como es razonable la afirmación de la fiscalía, su resolución de acusación no involucra error judicial, como lo concluyeron los magistrados accionados, puesto que para la concurrencia de este es indispensable una actuación arbitraria o desprovista de toda razonabilidad, como lo indica la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Adicionalmente, la aplicación del artículo 453 del Código Penal en los hechos que dieron origen al proceso penal adelantado contra el demandante, habilita aceptar varias hipótesis sobre cuál fue el medio fraudulento, de manera que no compromete la responsabilidad patrimonial del Estado el criterio de que fue el escrito de 18 de febrero de 2002, asumido por la fiscalía única delegada ante el Tribunal Superior de Florencia de Florencia, porque, se insiste, cuenta con respaldo probatorio. Sobre el particular, esta Corporación señaló:

[…] varios juzgadores pueden extraer diversas hipótesis normativas aplicables a un asunto, sin que una de ellas sea la única correcta o verdadera, en razón a las limitadas facultades que, como ser humano, posee[n]. Pero además, no puede pasarse por alto que, en ciertos asuntos, el ordenamiento jurídico ofrece al juzgador varias hipótesis normativas válidas, con base en las cuales el caso pudiera ser decidido. El ordenamiento impulsa así al juzgador hacia una respuesta, pero puede ofrecer también varios impulsos en sentidos divergentes. En tales casos, el juez puede decantarse razonablemente por una de tales hipótesis normativas. Así pues, cuando las decisiones judiciales “se muevan en la esfera de lo cuestionable” contengan “interpretaciones válidas de los hechos o derechos”, el menoscabo a un interés jurídicamente tutelado no será antijurídico […].

Así las cosas, la Sala concluye que la providencia acusada no desconoció el artículo 453 del Código Penal al indicar que no involucra error judicial la aseveración de la fiscalía única delegada ante el Tribunal Superior de Florencia, consistente en que el medio fraudulento que exige dicha norma para la configuración del fraude procesal era el escrito de 18 de febrero de 2002.

En relación con el desconocimiento del artículo 397 de la Ley 600 de 2000 alegado por el accionante, que prevé las exigencias de la resolución de acusación, se precisa que esta norma estipula que «[e]l Fiscal General de la Nación o su delegado [la] dictarán […] cuando esté demostrada la ocurrencia del hecho y exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que señale la responsabilidad del sindicado».

De acuerdo con la referida disposición, se evidencia que la resolución de acusación dictada por la fiscalía única delegada ante el Tribunal Superior de Florencia contra el tutelante, contrario a lo aseverado por este, atendió aquella, porque en las diligencias penales existían pruebas de las cuales era dable inferir la posible responsabilidad del sindicado en el delito que se le endilgó, como (i) la petición de 18 de febrero de 2002; (ii) la denuncia del señor Hernán Campiño Figueroa, quien manifestó que nunca le otorgó poder para que pidiera el pago a su favor de la bonificación creada a través del Decreto 707 de 1996; (iii) el oficio 684 de 29 de octubre de 2008, con el que el señor coordinador de nómina de la gobernación del Caquetá indicó que en los respectivos archivos no se encontró mandato de representación concedido por el señor Hernán Campiño Figueroa al demandante; y (iv) la inspección judicial realizada el 25 de junio de 2009 por el ente investigador a la referida dependencia, en la que no se encontraron los poderes a las que se hizo alusión en dicha solicitud; de manera que no merece reproche alguno la afirmación de las autoridades accionadas de que esa actuación no involucraba error judicial y que, en consecuencia, no comprometía la responsabilidad patrimonial del Estado.

En lo que atañe a la inobservancia de las Resoluciones 473 de 28 de mayo y 598 de 18 de junio de 2004, se advierte que carece de asidero jurídico, por cuanto si bien esos actos administrativos señalan que la cancelación de la mencionada bonificación la realiza un comité integrado por varias autoridades del Caquetá, no incidían en la configuración del delito fraude procesal, pues así la solicitud se hubiese formulado ante un servidor que no le correspondía sufragar el aludido emolumento, este debía remitirla al competente, en cumplimiento del artículo 33 del Código Contencioso Administrativo (CCA) [vigente para la fecha en que se presentó la petición], por lo tanto, se pondría en consideración el respectivo pago con fundamento en una aserción que no se demostró (que el tutelante era apoderado del denunciante), el cual, de acuerdo con la certificación del señor coordinador de la oficina de nómina de la secretaría de educación del referido departamento de 10 de diciembre de 2008, fue realizado al señor Campiño Figueroa y al denunciado por $12ʼ532.460 y $1ʼ253.246, en su orden.

Por último, respecto de la desatención de las normas que estipulan los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado y estafa, la Sala estima que no hay lugar a emitir pronunciamiento alguno, porque si bien la fiscalía décima (10ª) delegada ante los jueces penales del circuito de Florencia lo acusó de esos ilícitos, esta decisión fue revocada parcialmente por la fiscalía única delegada ante el Tribunal Superior de esa ciudad, para indicar que solo le era atribuible el de fraude procesal, y fue esta decisión la que quedó en firme, por ende, la única susceptible de ser analizada en sede contencioso-administrativo para determinar si hubo o no error judicial, dado que uno de los requisitos previstos para ello es que esté en firme la providencia que pueda incurrir en esa irregularidad.

En virtud de lo expuesto en los párrafos precedentes, la Sala concluye que los argumentos expuestos por el tutelante para fundamentar el defecto sustantivo carecen de asidero jurídico, motivo por el cual se colige que el fallo cuestionado no adolece de dicha causal específica de procedibilidad de la acción de tutela.

2.5.3 Defecto fáctico. Una providencia judicial se encuentra viciada por defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra. Al respecto, el alto tribunal constitucional indicó:

[…] el defecto fáctico positivo, procede de una inadecuada valoración del acervo probatorio o cuando se funda una decisión en una prueba no apta para ello. Por su parte el defecto negativo, alude a aquella omisión en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. En esta situación se incurre cuando se produce la negación de una prueba o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.

Se advierte que si bien el juez goza de un amplio margen de autonomía al momento de valorar las pruebas, ello no comprende ejercer dicha prerrogativa de manera arbitraria, puesto que debe observar criterios objetivos que garanticen la razonabilidad de las deducciones de cada medio probatorio, lo que se logra en atención a las reglas de la sana crítica, conforme lo prevé el artículo 176 del Código General del Proceso (CGP), norma aplicable en la jurisdicción contencioso-administrativa a partir del 1º de enero de 2014, como lo sostuvo la sala plena de esta Corporación. El tenor de esa norma es el siguiente:

Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.

El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

Asimismo, las aludidas reglas de la sana crítica hacen referencia a parámetros impuestos por la lógica, la ciencia y la experiencia.

En el asunto sub judice el actor sostiene que la providencia acusada adolece de defecto fáctico, porque no advirtió que (i) no obraba prueba de que hubiere incurrido en fraude procesal; (ii) renunció a los poderes, mas no los sustituyó, como dicen las autoridades accionadas; (iii) la señora Vilma Bonilla afirmó que para el pago de la bonificación se creó un comité, por ende, no era dable que el coordinador de nómina del Caquetá pagara el emolumento; y (iv) no se acreditó que haya recibido suma alguna de dinero por los hechos que motivaron la investigación penal.

Al respecto, conforme a la relación probatoria efectuada en precedencia, la Sala observa que la providencia acusada no adolece de defecto fáctico, porque en el proceso penal adelantado contra el tutelante sí reposaban elementos de convicción de los que era dable inferir que pudo cometer el delito de fraude procesal, como se advirtió anteriormente, dentro de los que se encuentran el escrito que presentó el 18 de febrero de 2002 como supuesto apoderado del señor Hernán Campiño Figueroa y la denuncia de este, quien aseveró que nunca le otorgó mandato judicial alguno a aquel, entre otras, de manera que la decisión de procesarlo por dicho ilícito no estuvo desprovista de respaldo probatorio, por lo que no involucra error judicial, como lo concluyeron las autoridades accionadas.

Ahora bien, aunque el 18 de julio de 2002 renunció a los presuntos poderes que le otorgaron los educadores y la señora Vilma Bonilla indicó que el encargado de pagar la bonificación de que trata el Decreto 707 de 1996 a aquellos era un comité integrado por varias autoridades locales, estos aspectos fácticos no incidían en la resolución de acusación dictada en su contra ni en el proceso de reparación directa 18001-33-33-001-2014-00546-00, pues el delito de fraude procesal es de mera conducta y esa decisión penal se fundó en lo afirmado por el procesado en la petición de 18 de febrero de 2002 y en la denuncia del señor Campiño Figueroa. Además, en el evento en que hubiere presentado la petición ante una autoridad diferente a la encargada, se advierte que esta debía remitirla a la competente, conforme al artículo 33 del CCA, y, en todo caso, se demostró que se pagó lo deprecado, según certificación del señor coordinador de la oficina de nómina de la secretaría de educación del Caquetá de 10 de diciembre de 2008.

Por consiguiente, como existían pruebas de la presunta comisión de la aludida conducta delictiva, el accionante estaba en el deber de soportar las actuaciones penales en su contra, así posteriormente resultara absuelto, por tanto, estas no comportan error judicial, máxime cuando no allegó al trámite contencioso-administrativo ni a las diligencias penales, el supuesto poder concedido por el denunciante en virtud del cual formuló la solicitud de 18 de febrero de 2002, con lo que se hubiesen desvirtuado la denuncia y la resolución de acusación a la que se le atribuye el daño antijurídico.

En ese orden de ideas, se evidencia que la conclusión de las autoridades accionadas, consistente en que la resolución de acusación emitida por la fiscalía única delegada ante el Tribunal Superior de Florencia contra el actor no involucra error judicial, corresponde a una deducción razonable de los elementos de convicción, los cuales demostraban, se reitera, que aquel pidió el pago de una bonificación como apoderado de un docente, sin tener el respectivo mandato judicial para ello, situación que impone concluir que la providencia atacada tampoco adolece del defecto fáctico alegado.

A partir de los anteriores prolegómenos y comoquiera que la providencia cuestionada no adolece de defectos sustantivo y fáctico, se impone revocar la sentencia impugnada, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, para en su lugar negar el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Revócase la sentencia de 17 de junio de 2021, proferida por el Consejo de Estado (sección cuarta), que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia; en su lugar, niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, dignidad humana y buen nombre invocados por el señor Abdón Rojas Claros, conforme a lo indicado en la motivación.

2º. Notifíquese esta determinación judicial a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
3º. Comuníquese el presente fallo al Consejo de Estado (sección cuarta) y remítasele copia.

4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Vinculado por el a quo, mediante auto de 6 de mayo de 2021, al presente trámite constitucional, junto con los señores Juez Primero (1º) Administrativo de Florencia; Abdón Mauricio, Diego Fernando, Cristy Carolina y Alejando Felipe Rojas Marroquín y Esperanza Marroquín Manjarrez, en condición de terceros interesados. No determina cuál.
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
«[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto.
[…]».
«Reglamento interno del Consejo de Estado». Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). En ese sentido, no se compadece de la situación del demandante la determinación adoptada en el fallo de primera instancia emitido dentro del trámite de la referencia, por cuanto los argumentos invocados en el escrito inicial conciernen a la posible configuración de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominadas defectos sustantivo y fáctico, que de demostrarse afectarían garantías superiores del accionante, lo que impone efectuar un análisis del fondo del presente asunto. De que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras. Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste». Corte Constitucional, sentencia C-38 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad».
«Estatutaria de la administración de justicia».
«Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial».
«Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios».
«Por el cual se expiden las normas de Procedimiento Penal». Sección tercera, subsección C, sentencia de 6 de marzo de 2013, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 73001-23-31-000-2000-00639-01. Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 16 de diciembre de 2020, C. P. Nicolás Yepes Corrales, expediente 25000-23-26-000-2011-00550-02. Ibidem. Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 11 de noviembre de 2020, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, expediente 70001-23-31-000-2007-10118-01. Sala de casación penal, sentencia de 17 de agosto de 2005, M. P. Marina Pulido de Barón, número interno 19391. Sala de casación penal, sentencia de 10 de diciembre de 2014, M. P. Eyder Patiño Cabrera, número interno 41360. Sección tercera, subsección C, sentencia de 11 de noviembre de 2020, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, expediente 70001-23-31-000-2007-10118-01: «[…] el error [judicial] se estructura cuando el juez desborda los principios de autonomía e independencia, omitiendo, de manera subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, el Derecho aplicable a los hechos que se le plantean o los estándares de interpretación y aplicación de las normas jurídicas, o aplicó normas inexistentes». Sección tercera, subsección C, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C. P. C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, expediente 25000-23-26-000-2008-10164-01.
«Si el funcionario a quien se dirige la petición, o ante quien se cumple el deber legal de solicitar que inicie la actuación administrativa, no es el competente, deberá informarlo en el acto al interesado, si éste actúa verbalmente; o dentro del término de diez (10) días, a partir de la recepción si obró por escrito; en este último caso el funcionario a quien se hizo la petición deberá enviar el escrito, dentro del mismo término, al competente, y los términos establecidos para decidir se ampliarán en diez (10) días». Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño. Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez. Sentencia T-474 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández. Auto de 25 de junio de 2014, C. P. Enrique Gil Botero, expediente: 25000-23-36-000-2012-00395-01. Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 5 de julio de 2018, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente 76001-23-31-000-2009-00028-01: «[…] se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido […]» por parte del ente investigador.

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