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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-02175-00

Tutela contra providencia judicial

Fecha
1 de julio de 2021
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-02175-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Procuraduría General de la Nación, conforme a lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de las señoras Margarita Mercedes Cuenca Urbina y de Catalina de San Martín Balcázar Salamanca, de conformidad con lo señalado en precedencia. TERCERO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 29 de abril de 2021 por la magistrada Doris Pinzón Amado del Tribunal Administrativo del Cesar y ordenar que emita uno nuevo dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta decisión, que tenga en cuenta las consideraciones precedentes frente a la solicitud de llamamiento en garantía formulada por el apoderado de los señores Eudes Enrique Orozco Daza, Xenia Margarita Ortiz Arzuaga, Eudes José Orozco Ortiz, Vanessa Patricia Orozco Ortiz, y Sebastián Andrés Orozco Mercado en la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovida en contra de los actos proferidos por la Procuraduría General de la Nación, proceso con radicación nro. 20001 2339 000 2020 00559 00. CUARTO: LEVANTAR la medida cautelar de suspensión provisional decretada en el auto que admitió la acción de tutela, por lo expuesto anteriormente. QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2021-02175-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

1 de julio de 2021

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO SUSTANTIVO / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

En el asunto bajo examen, la inconformidad de la accionante se sustenta en que no es procedente el llamamiento en garantía que hicieron en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por los señores [E.E.O.D.], [X.M.O.A.], [E.J.O.O.], [V.P.O.O.], y [S.A.O.M.] en contra de los actos proferidos por la Procuraduría General de la Nación, puesto que, de conformidad con el artículo 225 de la Ley 1437 de 2011, “[…] no me une vínculo legal o contractual alguno que me obligue o que origine en mí el deber de pagarle los daños que pudiera él recibir producto del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que propone, siendo esa la premisa para que pudiera estar legitimado a hacerme un llamado”. (…) [S]e configura el defecto sustantivo ante la aplicación por parte de la autoridad judicial accionada de una norma legal que no se adecúa a la situación fáctica del caso, en la medida que no había lugar a aceptar el llamamiento en garantía que hizo la parte demandante de las funcionarias que profirieron los actos respecto de los cuales se pretende la nulidad y, que por ende, conforman la parte pasiva del proceso, pues quienes han promovido la acción no pretenden de los llamados en garantía el pago de una eventual condena en su contra, sino de los perjuicios que reclaman de la Procuraduría, por lo que la legitimada para solicitar la vinculación de la accionante en calidad de llamada en garantía sería la Procuraduría General de la Nación. (…) [H]ay lugar a amparar el derecho fundamental al debido proceso de la señora [C. de M.B.S.] habida cuenta que pese a que no interpuso la tutela fue vinculada a esta acción como tercera interesada y de igual manera se profirió en su contra la providencia cuestionada que las vinculó al proceso ordinario como llamada en garantía de la parte actora. Corolario de lo expuesto, la Sala estima que es procedente amparar el derecho fundamental al debido proceso de las señoras [M.M.C.U.] y [C. de M.B.S.]; por lo que dejará sin efectos el auto proferido el 29 de abril de 2021 por la magistrada Doris Pinzón Amado del Tribunal Administrativo del Cesar, por incurrir en defecto sustantivo, y le ordenará que emita una nueva providencia (…).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., primero (1) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02175-00(AC)

Actor: MARGARITA MERCEDES CUENCA URBINA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Margarita Mercedes Cuenca Urbina en contra del auto proferido el 29 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado con el nro. 20001 2339 000 2020 00559 00.

1.- SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora promovió acción de tutela en contra de la precitada providencia con el fin de que fuera protegido su derecho fundamental al debido proceso para lo cual formuló las siguientes pretensiones:

“Se pide al JUEZ DE TUTELA restablecerme mi derecho fundamental a ser tratada conforme al debido proceso, en los términos ya mencionados.

El trastocar el orden de las cosas, las garantías fundamentales a no ser llevado a proceso judicial sino en apego a las premisas normativas, como no lo hace la autoridad judicial accionada, al subvertir el sentido de las figuras procesales, considero que es razón más que suficiente para que el JUEZ CONSTITUCIONAL se ocupe del asunto y restablezca desde ese nivel de garantías mi derecho fundamental, y eso es lo que solicito”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que la parte demandante en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho nro. 2020 00559 00 “[…] me llama en garantía desde la demanda debido a que fui operadora disciplinaria en primera instancia del proceso que culminara con su sanción al ser confirmado en segunda instancia, Procuraduría General de la Nación, y ante ese llamamiento en garantía he postulado que el mismo es improcedente debido a que con el actor no me une vínculo legal o contractual alguno que me obligue o que origine en mí el deber de pagarle los daños que pudiera él recibir producto del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que propone, siendo esa la premisa para que pudiera estar legitimado a hacerme un llamado (ART. 225 CPACA, 64 CGP)”.

Precisó que “la Magistrada que tramita el proceso admite el llamamiento y ante esa providencia interpongo recurso de reposición que se me resuelve en forma negativa, bajo el argumento de que el actor está legitimado para llamar en garantía, sin entrar a analizar, a mi juicio, las condiciones en que puede hacerlo, y las particularidades de mi situación en tanto que no me une vínculo alguno para con aquel, que me convoque a ser su garantía por perjuicios que pudiera llegar a sufrir (tiempo futuro) producto del proceso que ha propuesto, que se refieren a perjuicios que supuestamente ya recibió (tiempo pasado), argumentación ya ofrecida de mi parte dentro del recurso de reposición, y contra ello no procede apelación”.

Argumentó que dicha circunstancia vulnera su derecho fundamental al debido proceso, dado que se “[…] admite un llamamiento en garantía sin fundamento legal y me convoca a un proceso al que mi acceso no puede ser por llamamiento en garantía hecho por el actor, al no estar legitimado (no por ser actor en sí), con lo cual se me ingresa en forma indebida a una controversia anticipándoseme mi oportunidad de hacerlo en debida forma y de acuerdo con las previsiones legales, según mi derecho”.

Acotó que “mientras se da curso y se cumple con dicho llamamiento admitido indebidamente por la operadora judicial, el trámite procesal avanzará, conmigo involucrada, con mi presencia contrariando el debido proceso, hasta que ya el asunto pueda enderezarse en una lejana sentencia, luego de litigar y agotar esfuerzos de toda índole, todo lo cual me significan perjuicios, o hasta que me llame la Procuraduría General de la Nación, quien sí estaría legitimada para hacerme un llamado de esta clase, porque de dicha institución sí soy garante”.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

3.1. La tutela fue enviada el 3 de mayo de 2021 al correo electrónico de la Secretaría General de la Corporación y asignada por reparto el 4 del mismo mes y año.

3.2. Por auto del 6 de mayo de 2021 se admitió y dispuso notificar a la magistrada Doris Pinzón Amado del Tribunal Administrativo del Cesar; vincular, por tener interés en el resultado del proceso, a los señores Catalina de San Martín Balcázar Salamanca y Eudes Enrique Orozco Daza, así como al representante legal de la Procuraduría General de la Nación, y comunicar al representante legal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Igualmente se solicitó al Tribunal Administrativo del Cesar que allegara copia en archivo digital o físico del expediente correspondiente al medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicación número 20001 2339 000 2020 00559 00, el cual fue remitido en medio magnético.

También requirió a la accionante para que informara los nombres y datos de contacto de las personas que actúan como demandante en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Por último, decretó “[…] la suspensión provisional de los efectos de la providencia cuestionada proferida el 29 de abril de 2021 que confirmó la dictada el 25 de febrero de 2021, en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que adelanta el Tribunal Administrativo del Cesar bajo el radicado nro. 20001-23-39-000-2020-00559-00, en el que actúa como parte demandante el señor Eudes Enrique Orozco Daza y otros, hasta que se resuelva la presente acción de tutela, por los motivos expuestos en la parte motiva. No obstante, esta medida cautelar únicamente comenzará a regir una vez la accionante cumpla con el requerimiento que le impone en (sic) presente auto el numeral octavo de esta parte resolutiva, para garantizar durante el trámite de la acción el derecho de defensa de los posibles afectados con la decisión”.

3.3. Por memorial enviado el 10 de mayo de 2021, la accionante, en cumplimiento de la ordenado en el auto que admitió la tutela, informó lo siguiente:

“En cumplimiento de su requerimiento hecho en el auto admisorio de la tutela fechado 6 de mayo de 2021, del que tuve conocimiento en el día de hoy a través de la plataforma, le informo que la parte demandante dentro del proceso radicado 2020-559-00 de EUDES OROZCO DAZA contra la Procuraduría General de la Nación, según texto de la demanda, está integrada por:

EUDES ENRIQUE OROZCO DAZA, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.970.129 expedida en el municipio de Villanueva (La Guajira) (Anexo No. 1),

XENIA MARGARITA ORTIZ ARZUAGA mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 49.734.664 expedida en la ciudad de Valledupar (Cesar) (Anexo No. 2),

EUDES JOSE OROZCO ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.020.795.826 expedida en la ciudad de Bogotá, D. C. (Cundinamarca) (Anexo No. 3),

VANESSA PATRICIA OROZCO ORTIZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.136.882.400 expedida en la ciudad de Bogotá, D. C. (Cundinamarca) (Anexo No. 4),

SEBASTIAN ANDRES OROZCO MERCADO, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.003.266.404 expedida en la ciudad de Valledupar (Cesar) (Anexo No. 5);

En la misma demanda se dice:

Mis poderdantes, pueden ser citados a través de la suscrita, en la Calle 8 No. 11 A – 37, Barrio San Carlos de esta ciudad. E-mail: HYPERLINK "mailto:dmzm12@hotmail.com" dmzm12@hotmail.com. Teléfono Fijo: 5621806 * Celular: 312 – 6601514-. La apoderada es DINA MARGARITA ZABALETA MOLINA.

Será entonces en esas direcciones que pueden ser ubicados”.

3.4. Por auto del 12 de mayo de 2021, el despacho conductor del proceso dispuso:

“Vincular, por tener interés en el resultado del proceso, a los señores Xenia Margarita Ortiz Arzuaga, Eudes José Orozco Ortiz, Vanessa Patricia Orozco Ortiz y Sebastián Andrés Orozco Mercado, para lo cual deberá notificárseles sobre la presente acción de tutela a la dirección de correo electrónico suministrada en el memorial precedente, con el fin de que rindan un informe y alleguen los documentos que pretendan hacer valer como pruebas, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la respectiva comunicación”.

3.5. El presidente del Tribunal Administrativo del Cesar rindió informe en oportunidad vía correo electrónico y solicitó que se negara el amparo deprecado toda vez que no está acreditado que se haya incurrido en alguna causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, pues en el auto atacado se explicó que “[…] no existían méritos suficientes para negar el llamamiento en garantía formulado por la parte actora, ya que como se advirtió, cumplía con los requisitos señalados legalmente para su procedencia (artículo 225 del CPACA y artículo 64 del CGP)”.

3.6. Por memorial enviado el 14 de mayo de 2021, la secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar allegó el auto del 13 de mayo de 2021 en el que se ordenó lo siguiente:

“PRIMERO: OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE lo resuelto en el auto de fecha 6 de mayo de 2021, proferido por la Sección Primera del H. Consejo de Estado, Magistrada (sic) Ponente: Dr. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, en la acción de tutela identificada con el radicado No. 11001-03-15-000-2021-02175-00.

SEGUNDO: ACATAR la orden emitida en virtud de la medida cautelar decretada, en los términos indicados en el auto admisorio de la tutela identificada previamente; orden que se mantendrá durante el trámite de dicha acción constitucional hasta que se disponga sobre su vigencia en la sentencia respectiva.

TERCERO: Una vez se profiera el fallo de tutela dentro del proceso No. 11001-03-15-000-2021-02175-00, ingresar esta actuación al Despacho para continuar con el trámite que corresponda”.

3.7. La profesional universitaria grado 17 adscrita a la oficina jurídica de la Procuraduría General de la Nación rindió informe en término vía correo electrónico en el que solicitó la desvinculación de dicha entidad, dado que “[…] no ha adelantado actuación alguna en detrimento de los intereses de la accionante”.

3.8. La señora Catalina de San Martín Balcázar Salamanca rindió informe en oportunidad vía correo electrónico en el que solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, arguyendo:

“Con el fin de dar respuesta a la presente tutela en mi carácter de vinculada es importante advertir nuevamente que desde el 19 de enero de la presente anualidad me retiré definitivamente de la Procuraduría General de la Nación, por lo que actualmente no ostento el cargo de Procuradora Primera para la Vigilancia Administrativa.

(…)

1. Por la tutela interpuesta por la señora MARGARITA MERCEDES CUENCA URBINA (y que me fuere notificada el día de hoy día viernes 21/05/2021 10:55 a. m), contra el auto del 29 de abril de 2021 proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que Eudes Orozco Daza y otros que se sigue contra la Procuraduría General de la Nación, radicado 20001-23-39-000-2020-00559-00 (Honorable Magistrada Doris Pinzón Amado), me enteré que he sido llamada en garantía en el proceso en cita según advierto por el contenido de la tutela, sin embargo, es de especial relevancia anotar que no he sido notificada del curso de ese proceso, por lo que desconozco la integralidad y completitud de la decisión proferida el 29 de abril de 2021 en Sala Unitaria por la magistrada Doris Pinzón Amado y del auto dictado el 25 de febrero de esta misma anualidad. Información que solamente he podido abstraer en virtud de la presente acción de tutela.

Lo anterior de plano lleva inmerso y sin asomo de duda que el Tribunal Administrativo del Cesar dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que Eudes Orozco Daza y otros siguen contra la Procuraduría General de la Nación, radicado 20001-23-39-000- 2020-00559-00 (Honorable Magistrada Doris Pinzón Amado), ha vulnerado e el derecho fundamental al debido proceso, contradicción y defensa que me asiste, y en el cual no he podido ejercer como se supondría entonces los mecanismos de defensa.

Según observo de las piezas procesales arribadas a la acción de tutela, se interpuso un recurso de reposición contra la decisión calendada 25 de febrero de 2021, en la que se acepta un llamamiento en garantía por parte del demandante, citándome a mí como servidora pública que para la época de los hechos adopté una decisión en segunda instancia, que sea de paso indicar que se encontraba amparada por una función legal y reglamentaria en cumplimiento de la Constitución, la Ley y las funciones del cargo, como Procuradora Delegada para la Vigilancia Administrativa.

Se extrae también de las piezas procesales puestas en conocimiento en esta sede constitucional, que el auto fue confirmado pero ninguna de las dos decisiones me ha sido notificada.

(…)

3. Ahora bien y aun cuando no he sido notificada del proceso en el que se hace alusión en la tutela, es menester acotar que las decisiones por mi adoptadas en mi calidad de Procuradora Primera para la Vigilancia Administrativa (estando vinculada a la planta de la Procuraduría General de la Nación) en términos generales y en especial para época de los hechos (17 de mayo de 2019 – segunda instancia) fueron adoptadas en exclusivo ejercicio de las funciones legales y reglamentarias a mí asignadas durante mi desempeño en el cargo (…).

En lo que a mí respecta, adopté la decisión (17 de mayo de 2019) como funcionaria de planta de la Procuraduría General de la Nación y como operadora disciplinaria de segunda instancia de la Procuradora Regional del Cesar, en cumplimiento y en ejercicio de funciones legales y reglamentarias propias del cargo, lo que de suyo supone sin asomo de duda, una inexistencia o relacionamiento legal o contractual alguno con el demandante como elemento esencial para la procedencia del llamamiento en garantía, dentro (sic) proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ya enunciado, máxime si se tiene en consideración que el demandante (como sujeto de una acción disciplinaria) no es el legitimado para (sic) para llamarme en garantía, toda vez que las decisiones que adopté no solo las hice como servidora pública vinculada en plata a la Procuraduría General de la Nación, sino que las mismas obedecieron a la aplicación rigurosa disposición del procedimiento disciplinario y el cumplimiento de la Constitución Política y demás normas aplicables al caso. Es así entonces que el único legitimado para llamarme en garantía sería si así lo considera, la Procuraduría General de la Nación.

(…)

Así las cosas y dado que el Tribunal Administrativo del Cesar dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que Eudes Orozco Daza y otros que se sigue contra la Procuraduría General de la Nación, me ha violentado y de manera injustificada el derecho a la defensa y contradicción al no haber sido notificada en debida forma de las decisiones adoptadas en auto del 29 de abril de 2021 mediante la cual confirma el de fecha 25 de febrero de 2021, le solicito a usted señor Juez Constitucional que, y en coadyuvancia con los argumentos expuestos por la señora MARGARITA MERCEDES CUENCA URBINA en sede de tutela, restablezca también mi derecho fundamental al debido proceso consagrado constitucionalmente y conculcado también por el Tribunal Administrativo del Cesar quién me llamó irregularmente en garantía (de acuerdo con los documentos que obran en la tutela) a expensas de quien no está legitimado para hacer el llamado y llevarme a para atender un asunto litigioso de manera anticipada y sin garantía alguna en desmedro del debido proceso y de la institucionalidad del llamamiento en garantía […]”. (Se destaca)

3.9. Por auto del 27 de mayo de 2021, el magistrado ponente de la presente decisión, resolvió:

“[…] 4. Por correo electrónico enviado a este despacho en la fecha del 20 de mayo del año en curso, se informó que, por auto del 6 mayo de 2021, la consejera de Estado Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez admitió la acción de tutela radicada bajo el nro. 11001-03-15-000-2021-02176-00 y decretó como medida provisional “la interrupción del término concedido en auto de fecha 25 de febrero de 2021, proferido al interior del proceso ordinario en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con número 2020-00565-00”. En el mismo proveído se advirtió “la accionante promovió de forma simultánea la presente acción de tutela, puesto que con el radicado número 11001-03-15-000-2021-02175-00, existe el mismo texto de tutela, las mismas partes e idéntico objeto”, por lo que en su parte resolutiva dispuso:

“Sexto: Notificar la presente decisión al H. Magistrado Oswaldo Giraldo López de la Sección Primera de esta Corporación, quien tiene a su cargo la acción de tutela 11001-03-15-000-2021-02175-00 de Margarita Mercedes Cuenca Urbina contra el Tribunal Administrativo del César, para que, en los términos que él estime conveniente, disponga la remisión del citado expediente para disponer su acumulación al presente trámite”.

5. El despacho para resolver si, conforme a la solicitud precedente, hay lugar a remitir la acción de tutela que aquí se tramita al despacho de la Consejera Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, debe tener en cuenta lo siguiente:

(…)

5.2. Se observa que la señora Margarita Mercedes Cuenca Urbina radicó dos acciones de tutela ante esta Corporación, en las cuales solicita el amparo del derecho fundamental al debido proceso, debido a las providencias proferidas el 29 de abril de 2021 en Sala Unitaria por la magistrada Doris Pinzón Amado del Tribunal Administrativo del Cesar, por aceptar llamarla en garantía en calidad de Procuradora Regional del Cesar.

5.3. Sin embargo, se constata que los autos que se controvierten no son los mismos ni fueron proferidos en el mismo proceso, ya que en la acción de tutela que aquí se tramita la providencia fue dictada en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por el señor Eudes Enrique Orozco Daza y otros en contra de la Nación – Procuraduría General de la Nación con radicado nro. 2020 00559 00, mientras que, en la que conoce la señora Consejera de Estado Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, la providencia cuestionada fue proferida en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesto por el señor Wilfrido Ortiz Arias y otros en contra de la Nación – Procuraduría General de la Nación, bajo el número de radicación 2020 00565 00.

Así las cosas, aunque existe coincidencia de la autoridad que profirió las decisiones que se cuestionan y la fecha en que se dictaron, se trata de dos procesos distintos, y por ende, se cuestionan providencias distintas.

En consecuencia, no hay lugar a remitir la presente tutela porque las razones por las que se invoca la transgresión del derecho fundamental al debido proceso no provienen de una misma acción de la autoridad judicial accionada.

Por Secretaría General de la Corporación infórmese al despacho de la Consejera de Estado Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez de la presente decisión, para lo pertinente, remitiéndole copia de este proveído”.

4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, a su vez modificado por el Decreto 333 de 2021, así como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. CUESTIÓN PREVIA

La Sala denegará la petición de desvinculación del presente trámite tutelar que formuló la Procuraduría General de la Nación, comoquiera que su vinculación se hizo en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso, lo que así se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

4.3. HECHOS RELEVANTES

4.3.1. Los señores Eudes Enrique Orozco Daza, Xenia Margarita Ortiz Arzuaga, Eudes José Orozco Ortiz, Vanessa Patricia Orozco Ortiz y Sebastián Andrés Orozco Mercado promovieron demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la Nación – Procuraduría General de la Nación, para lo cual formularon las siguientes pretensiones:

“2.1.- Se declare la nulidad de:

2.1.1.-) Fallo de Primera Instancia, de fecha 12 de diciembre de 2018, emanado de la Procuraduría Regional del Cesar, mediante el cual se sancionó a los señores ARAMENDIZ SIERRA JOSÉ AMIRO, BORNACELLY FIGUEROA JAIME EDUARDO, CASTRO ROMERO ROBERTO CARLOS, DAZA LOBO CARLOS ALBERTO, GÓMEZ SOLANO JOSÉ RAFAEL, LOPEZ VALERA RICARDO JOSE, MUVDI ARANGUENA GABRIEL, OROZCO DAZA EUDES ENRIQUE, ORTIZ ARIAS WILFRIDO, OVALLE AGUANCHA GLORIA MARGARITA, PANA ZARATE ALEX, PICON CORTES CARLOS JULIAN, SANTRICH DIAZ LUIS MIGUEL, TRIANA AMAYA YESITH, MESTRE SOCARRAS LEONARDO JOSE y ALVARADO BOLAÑOS VICTOR JULIO, en sus calidades de Concejales del Municipio de Valledupar, elegidos para el período constitucional 2016 – 2019, con la sanción de DESTITUCION e INHABILIDAD GENERAL por el término de 12 AÑOS, proferido dentro del expediente disciplinario radicado bajo el IUS-E-2018-342653 y/o IUC-D-2018-1147187 (Anexo No. 6).

2.1.2.-) Fallo de Segunda Instancia, de fecha 17 de mayo de 2019, emanado de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, por medio del cual se confirma el Fallo de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2018, mediante el cual la Procuraduría Regional del Cesar, sancionó a los señores ARAMENDIZ SIERRA JOSÉ AMIRO, BORNACELLY FIGUEROA JAIME EDUARDO, CASTRO ROMERO ROBERTO CARLOS, DAZA LOBO CARLOS ALBERTO, GÓMEZ SOLANO JOSÉ RAFAEL, LOPEZ VALERA RICARDO JOSE, MUVDI ARANGUENA GABRIEL, OROZCO DAZA EUDES ENRIQUE, ORTIZ ARIAS WILFRIDO, OVALLE AGUANCHA GLORIA MARGARITA, PANA ZARATE ALEX, PICON CORTES CARLOS JULIAN, SANTRICH DIAZ LUIS MIGUEL, TRIANA AMAYA YESITH, MESTRE SOCARRAS LEONARDO JOSE y ALVARADO BOLAÑOS VICTOR JULIO, en sus calidades de Concejales del Municipio de Valledupar, elegidos para el período constitucional 2016 – 2019, con sanción de DESTITUCION e INHABILIDAD GENERAL por el término de 12 AÑOS, proferido dentro del expediente disciplinario radicado bajo el IUS-E-2018-342653 y/o IUC-D2018-114718 (Anexo No. 7).

2.1.3.-) Adición de Fallo de Segunda Instancia, emanado de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, de fecha 21 de junio de 2019, por medio del cual se Adiciona el Fallo del 17 de mayo de 2019, mediante el cual se confirmó el Fallo de Primera Instancia del 12 de diciembre de 2018, proferido por la Procuraduría Regional del Cesar, dentro del expediente disciplinario radicado bajo el IUS-E-2018-342653 y/o IUC-D-2018-114718 (Anexo No. 8)

2.2.- Se ordene a la Procuraduría General de la Nación, que como consecuencia de la declaración de nulidad de las decisiones disciplinarias descritas en el numeral anterior, y a título de restablecimiento del derecho, elimine de los Antecedentes Disciplinarios del señor EUDES ENRIQUE OROZCO DAZA, las sanciones disciplinarias que aparecen en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (Anexos No. 9 y 10).

2.3.- Se condene a la NACIÓN - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a que repare y cancele a mis poderdantes, los perjuicios materiales que le ocasionaron como consecuencia de la expedición de los actos administrativos cuya nulidad se solicita, consistentes en 1.-) Los honorarios que el señor EUDES ENRIQUE OROZCO DAZA, como Concejal del Municipio de Valledupar, dejó de percibir a partir del 12 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2019 (Anexos No. 24 y 25); 2.-) Los honorarios que dejará de percibir en un futuro, durante el período constitucional 2020 – 2023, ya que por encontrarse inhabilitado por el órgano de control disciplinario, no tuvo la oportunidad (sic) inscribirse como candidato, y, en consecuencia, no pudo tener el derecho político de ser elegido nuevamente como Concejal del Municipio de Valledupar, en el período en curso, y en su defecto, se vio obligado a lanzar y apoyar la candidatura del señor EUDES JOSE OROZCO ORTIZ, como quiera que es su hijo, quien resultó elegido como Concejal del Municipio de Valledupar (Cesar), para el período constitucional 2020 - 2023 (Anexo No. 26); daños materiales que se sintetizan y cuantifican de conformidad con lo que sigue a continuación, así:
[…]”.

4.3.2. En escrito aparte a la demanda, la apoderada de los precitados señores solicitó llamar en garantía a las siguientes personas:

“1.- Doctora MARGARITA MERCEDES CUENCA URBINA, en su condición de Procuradora Regional del Cesar, la cual puede ser ubicada en esta ciudad, en su lugar de trabajo, localizado […].

2.- Doctora CATALINA DE SAN MARTIN BALCAZAR SALAMANCA, en su calidad de Procuradora Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, la cual puede ser ubicada en la ciudad de Bogotá, D. C., en su lugar de trabajo, localizado en […].

Lo anterior, en consideración a que en el ejercicio de sus funciones, fueron quienes expidieron dentro del expediente disciplinario radicado bajo el IUS-E-2018-342653 y/o IUC-D-2018-1147187, los Fallos de Primera y Segunda Instancia, respectivamente, con los cuales se impuso la sanción de DESTITUCION e INHABILIDAD GENERAL por el término de 12 AÑOS, a los señores ARAMENDIZ SIERRA JOSÉ AMIRO, BORNACELLY FIGUEROA JAIME EDUARDO, CASTRO ROMERO ROBERTO CARLOS, DAZA LOBO CARLOS ALBERTO, GÓMEZ SOLANO JOSÉ RAFAEL, LOPEZ VALERA RICARDO JOSE, MUVDI ARANGUENA GABRIEL, OROZCO DAZA EUDES ENRIQUE, ORTIZ ARIAS WILFRIDO, OVALLE AGUANCHA GLORIA MARGARITA, PANA ZARATE ALEX, PICON CORTES CARLOS JULIAN, SANTRICH DIAZ LUIS MIGUEL, TRIANA AMAYA YESITH, MESTRE SOCARRAS LEONARDO JOSE y ALVARADO BOLAÑOS VICTOR JULIO, en sus calidades de Concejales del Municipio de Valledupar, elegidos para el período constitucional 2016 – 2019.

La doctora MARGARITA MERCEDES CUENCA URBINA, en su condición ya señalada, expidió el Fallo de Primera Instancia, de fecha 12 de diciembre de 2018, y la doctora CATALINA DE SAN MARTIN BALCAZAR SALAMANCA, en su calidad ya indicada, expidió no sólo el Fallo de Segunda Instancia, de fecha 17 de mayo de 2019, por medio del cual se confirma el Fallo de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2018, sino que también suscribió en la fecha del 21 de junio de 2019, la Adición del Fallo de Segunda Instancia, del 17 de mayo de 2019, mediante el cual se confirmó el Fallo de Primera Instancia del 12 de diciembre de 2018, proferido por la Procuraduría Regional del Cesa (sic) […]”.

4.3.3. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Cesar que por auto del 25 de febrero de 2021 la admitió y dispuso:

“1. Acéptese el llamamiento en garantía de las Doctoras MARGARITA MERCEDES CUENCA URBINA, en su condición de Procuradora Regional del Cesar y CATALINA DE SAN MARTÍN BALCAZAR SALAMANCA, en su calidad de Procuradora Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa; notifíqueseles personalmente la presente decisión, y concédanseles el término de 15 días para que se pronuncien sobre este asunto”.

4.3.4. La señora Margarita Mercedes Cuenca Urbina, actuando por conducto de apoderada, interpuso recurso de reposición en contra de la decisión que aceptó el llamamiento en garantía.

4.3.5. Mediante proveído del 29 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo del Cesar dispuso no reponer “[…] el auto recurrido, en lo que se refiere a la admisión del llamamiento en garantía formulado en la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia”.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se tiene lo siguiente:

(i) La parte actora agotó todos los mecanismos procedentes para controvertir el auto que aquí se ataca y si bien es cierto que el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho nro. 2020 00559 00 está en curso, también lo es que frente a la decisión que aceptó el llamamiento en garantía, la accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial para controvertirla por lo que el requisito de subsidiariedad está superado. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado lo siguiente en cuanto a la procedencia de la acción de tutela contra autos interlocutorios:

“3.2.3.  La procedencia de la acción de tutela contra autos interlocutorios.

El concepto de providencia judicial en el marco de la doctrina de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades judiciales.

Sin embargo, en materia de decisiones adoptadas en autos, la Corte ha señalado que éstas, por regla general, deben ser discutidas por medio de los recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto. La acción de tutela procederá solamente i) cuando se evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las partes que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa judicial. Por tanto, la acción constitucional no será procedente cuando han vencido los términos para interponer los recursos ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; ii) cuando a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados; o iii) cuando la protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable. En el primer caso, para que proceda la tutela, deberán reunirse los requisitos generales de procedencia y presentarse al menos una de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que han sido fijados por esta Corporación.

La primera oportunidad en la que la Corte admitió una tutela contra un auto fue en la sentencia T-224 de 1992. En esta sentencia, la Corte consideró que el contenido y alcance de un auto interlocutorio pueden vulnerar o poner en peligro derechos fundamentales de las partes. En estos casos, los afectados deben acudir a los recursos ordinarios previstos en el ordenamiento contra la respectiva providencia; sin embargo, si la lesión de los derechos persiste, la Corporación indicó que es posible acudir a la acción de tutela”. (se destaca)

(ii) El amparo se presentó dentro de un término razonable habida cuenta que la providencia cuestionada que resolvió el recurso de reposición fue proferida el 29 de abril de 2021 y la tutela enviada el 3 de mayo del año en curso; (iii) aunque la parte actora no aludió a una causal específica, de lo expuesto en el escrito de tutela se desprende que se trata del defecto sustantivo; (iv) la situación que se afirma generó la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada y (v) no se trata de una providencia contentiva de una sentencia de tutela.

(vi) En relación con el requisito de relevancia constitucional, la accionante explicó que el auto aquí controvertido vulnera su derecho fundamental al debido proceso, ya que al aceptarse el llamamiento en garantía solicitado por la parte demandante se le convocó a un proceso de manera equivocada, pues no existe un vínculo legal o contractual “[…] que me obligue o que origine en mí el deber de pagarle los daños que pudiera él recibir […]”, lo que estima conllevaría a que no pueda ejercer de manera adecuada su derecho de defensa durante el trámite del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

En consecuencia, ante la eventual vulneración del derecho fundamental al debido proceso, es procedente descender al estudio del respectivo defecto.

Defecto sustantivo

El mismo alude al aspecto normativo que sustenta las decisiones judiciales y se erige como causal de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias en consideración a que, si bien la competencia asignada a los jueces para interpretar y aplicar las normas jurídicas se encuentra amparada por los principios de autonomía e independencia, ésta no es absoluta, pues al ser una atribución que emana de la función pública de administrar justicia está limitada por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

Los criterios señalados suponen que la irregularidad que se invoca debe ser de tal importancia y gravedad que haya dado lugar a una decisión violatoria de derechos fundamentales, pues la configuración del defecto sustantivo no puede darse a partir de cualquier diferencia con la interpretación en que se funda una decisión judicial; ello, ya que el derecho es dinámico y constituye una ciencia cultural en la que bien pueden debatirse vías jurídicas distintas para resolver un mismo caso, y todas ellas resultar razonables y compatibles con las garantías y derechos fundamentales de los sujetos procesales, pues son distintas las escuelas de pensamiento jurídico y variados los métodos de interpretación que se utilizan para resolver un problema. Precisamente de ello deriva la autonomía de los jueces en su labor de administración de justicia y la necesidad de establecer órganos de cierre.

Ahora bien, resulta pertinente precisar que en la jurisprudencia constitucional se han identificado varias situaciones que ponen de presente la existencia de un defecto material en una providencia judicial. En atención a los presupuestos que las configuran, dichos eventos pueden agruparse en i) el defecto sustantivo que plantea un conflicto en relación con la fuente formal de la providencia que se ataca y, ii) el defecto sustantivo en torno al método de interpretación de la norma jurídica que fundamenta la decisión, a saber:

Defecto sustantivo respecto de la fuente:

Tiene lugar cuando la sentencia se fundamenta en una norma que indiscutiblemente no es aplicable al caso bajo examen por cuanto, a) es inexistente, b) ha sido declarada contraria a la Constitución, o c) está derogada y por tanto perdió vigencia. Asimismo, tiene lugar este defecto cuando de forma manifiestamente arbitraria y grosera se aplica una norma legal que no se adecúa a la situación fáctica del caso, lo cual debe ser debidamente alegado y probado ante el juez constitucional, a riesgo de desconocerse la autonomía del funcionario judicial que dictó la providencia.

Defecto sustantivo en torno al método:

Se configura cuando la fuente formal de la sentencia radica en una norma aplicable al asunto bajo examen, por lo que hay acuerdo al respecto, pero la hermenéutica que de ella se hace no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable y aceptable, o “[…] la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes […]”, o cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática.

En el asunto bajo examen, la inconformidad de la accionante se sustenta en que no es procedente el llamamiento en garantía que hicieron en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por los señores Eudes Enrique Orozco Daza, Xenia Margarita Ortiz Arzuaga, Eudes José Orozco Ortiz, Vanessa Patricia Orozco Ortiz, y Sebastián Andrés Orozco Mercado en contra de los actos proferidos por la Procuraduría General de la Nación, puesto que, de conformidad con el artículo 225 de la Ley 1437 de 2011, “[…] no me une vínculo legal o contractual alguno que me obligue o que origine en mí el deber de pagarle los daños que pudiera él recibir producto del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que propone, siendo esa la premisa para que pudiera estar legitimado a hacerme un llamado”.

La Sala, en aras de determinar si en el auto atacado se incurrió en el aludido defecto, estima pertinente precisar lo siguiente:

(i) Como se dijo, la providencia que se cuestiona fue proferida al interior del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por los señores Eudes Enrique Orozco Daza, Xenia Margarita Ortiz Arzuaga, Eudes José Orozco Ortiz, Vanessa Patricia Orozco Ortiz, y Sebastián Andrés Orozco Mercado, quienes pretenden la nulidad de la decisión emitida el 12 de diciembre de 2018 por la Procuradora Regional del Cesar, Margarita Mercedes Cuenca Urbina, aquí accionante, que les impuso una sanción consistente en destitución e inhabilidad general por el término de 12 años, en calidad de concejales del municipio de Valledupar, elegidos para el período constitucional 2016–2019, y la del 17 de mayo de 2019, proferida por la Procuradora Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, Catalina de San Martín Balcázar Salamanca, que la confirmó, quien fue vinculada al presente proceso.

(ii) El auto censurado, esto es, el proferido el 29 de abril de 2021 por la magistrada Doris Pinzón Amado, del Tribunal Administrativo del Cesar, resolvió no reponer el auto del 25 de febrero de 2021 que admitió el llamamiento en garantía de la señora Margarita Mercedes Cuenca Urbina, aquí accionante, en calidad de Procuradora Regional del Cesar, junto con la entonces Procuradora Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, Catalina de San Martín Balcázar Salamanca, con ocasión de la petición formulada por el demandante en el proceso ordinario, bajo las consideraciones que a continuación se transcriben:

“Tal como lo indica la norma en cita [artículo 64 CGP], el llamamiento en garantía puede ser formulado en la demanda o con su contestación, es decir que esta facultad puede ser ejercida tanto por la parte actora como por la entidad accionada.

Aclarado lo anterior, en el asunto que nos convoca la parte demandante solicitó el llamamiento en garantía de la doctora MARGARITA MERCEDES CUENCA URBINA, ya que en su condición de Procuradora Regional del Cesar profirió el Fallo de Primera Instancia de fecha 12 de diciembre de 2018, y la doctora CATALINA DE SAN MARTÍN BALCAZAR SALAMANCA, quien en su calidad de Procuradora Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa expidió no sólo el Fallo de Segunda Instancia, de fecha 17 de mayo de 2019, por medio del cual se confirma el Fallo de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2018, sino que también suscribió en la fecha del 21 de junio de 2019, la Adición del Fallo de Segunda Instancia, del 17 de mayo de 2019, mediante el cual se confirmó el Fallo de Primera Instancia del 12 de diciembre de 2018, proferido por la Procuraduría Regional del Cesar.

Lo anterior, en consideración a que en el ejercicio de sus funciones, fueron quienes expidieron dentro del expediente disciplinario radicado bajo el IUS-E-2018-342653 y/o IUC-D-2018-1147187, los Fallos de Primera y Segunda Instancia, respectivamente, con los cuales se impuso la sanción de DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL por el término de 12 AÑOS, a los señores ARAMENDIZ SIERRA JOSÉ AMIRO, BORNACELLY FIGUEROA JAIME EDUARDO, CASTRO ROMERO ROBERTO CARLOS, DAZA LOBO CARLOS ALBERTO, GÓMEZ SOLANO JOSÉ RAFAEL, LÓPEZ VALERA RICARDO JOSÉ, MUVDI ARANGUENA GABRIEL, OROZCO DAZA EUDES ENRIQUE, ORTÍZ ARIAS WILFRIDO, OVALLE AGUANCHA GLORIA MARGARITA, PANA ZÁRATE ALEX, PICÓN CORTÉS CARLOS JULIAN, SANTRICH DÍAZ LUÍS MIGUEL, TRIANA AMAYA YESITH, MESTRE SOCARRÁS LEONARDO JOSÉ y ALVARADO BOLAÑOS VÍCTOR JULIO, en sus calidades de Concejales del Municipio de Valledupar, elegidos para el período constitucional 2016–2019.

Esta solicitud se realizó con la finalidad de que luego que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias arriba señaladas, entren a responder por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes y a sus núcleos familiares, por la expedición irregular de dichos actos administrativos y el consecuente registro de las sanciones impuestas.

Ahora bien, el demandante afirma que en ejercicio de las funciones atribuidas legal y constitucionalmente por las llamadas en garantía, al incurrir en irregularidades le causaron una serie de perjuicios que reclama sean indemnizados.

De otro lado, la solicitud de llamamiento en garantía presentada por la parte actora en este asunto cumple con los requisitos señalados en el artículo 225 del CPACA (El nombre del llamado, la indicación del domicilio de éste, los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen y la dirección donde quien hace el llamamiento recibirá notificaciones personales), razón por la cual fue admitida.

Resulta necesario señalar que en esta etapa procesal, corresponde únicamente verificar aspectos formales respecto a la procedencia o no del llamamiento en garantía en mención, ya que cuando se profiera la sentencia correspondiente, en caso tal que se acceda a las súplicas de la demanda, se establecerá si están llamadas a prosperar o no las peticiones incoadas en relación con las vinculadas a través de esta figura.

Así las cosas, en este estado del proceso, estima este Despacho que no existen méritos suficientes para negar el llamamiento en garantía formulado por la parte actora, ya que como se advierte, cumple con los requisitos señalados legalmente para su procedencia (artículo 225 del CPACA y artículo 64 del CGP).

Cabe destacar que el llamamiento en esta oportunidad no fue formulado por la entidad demandada, por lo que no resulta aplicable las normas que regulan el llamamiento en garantía con fines de repetición”.(Se subraya)

(iii) Al respecto la Sala observa que el artículo 225 de la Ley 1437 de 2011 reguló el llamamiento en garantía en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 225. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.

El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la citación de un tercero en la misma forma que el demandante o el demandado.

El escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos:

1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso.

2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.

3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.

4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.

El llamamiento en garantía con fines de repetición se regirá por las normas de la Ley  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0678_2001.html" \l "1" 678 de 2001 o por aquellas que la reformen o adicionen”.

(iv) De lo anterior se desprende que lo que justifica el llamamiento en garantía es la relación previa existente entre el llamante y el llamado en garantía, “proveniente de un contrato o de una disposición legal que la establece y en virtud de la cual el primero está facultado para exigirle al segundo el pago de una indemnización o el reembolso de una condena impuesta a aquel; y que le permite, por lo tanto, hacerlo comparecer al proceso en el cual el llamante ha sido demandado, para que en el mismo se juzgue la pertinencia de su reclamación frente al llamado en garantía” .

(v) En consecuencia, se configura el defecto sustantivo ante la aplicación por parte de la autoridad judicial accionada de una norma legal que no se adecúa a la situación fáctica del caso, en la medida que no había lugar a aceptar el llamamiento en garantía que hizo la parte demandante de las funcionarias que profirieron los actos respecto de los cuales se pretende la nulidad y, que por ende, conforman la parte pasiva del proceso, pues quienes han promovido la acción no pretenden de los llamados en garantía el pago de una eventual condena en su contra, sino de los perjuicios que reclaman de la Procuraduría, por lo que la legitimada para solicitar la vinculación de la accionante en calidad de llamada en garantía sería la Procuraduría General de la Nación.

Ahora bien, si el propósito de los demandantes era vincular a la accionante para el pago de los perjuicios que ella les hubiere podido ocasionar como consecuencia de las decisiones que adoptó antes del proceso judicial, la figura a emplear hubiese sido simplemente la de dirigir la demanda contra ella, y no la de llamarla en garantía; ya que, como se ha mencionado, esta figura, en el caso en estudio, tiene como finalidad cubrir un eventual perjuicio que llegare a sufrir o reembolso que tuviere que hacer quien hace el llamamiento, como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva, y no para cubrir el eventual perjuicio que reclama a su favor como pretensión.

Finalmente, la Sala advierte que quien promovió la presente acción de tutela fue la señora Margarita Mercedes Cuenca Urbina; no obstante, comoquiera que el auto proferido el 25 de febrero de 2021 por la magistrada de conocimiento, que aceptó el llamamiento en garantía, lo hizo respecto de la aquí accionante y de la señora Catalina de San Martín Balcázar Salamanca, fue que se ordenó la vinculación de ésta última al trámite tutelar como tercera interesada.

A su vez, en el informe rendido por la señora Balcázar Salamanca señaló que no fue notificada de los autos proferidos en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, y solicitó que se amparara su derecho fundamental al debido proceso porque fue llamada “[…] irregularmente en garantía (de acuerdo con los documentos que obran en la tutela) a expensas de quien no está legitimado para hacer el llamado y llevarme para atender un asunto litigioso de manera anticipada y sin garantía alguna […]”.

Al respecto, se verifica por la Sala que el auto del 25 de febrero de 2021 y confirmado el 29 de abril de esta anualidad fue notificado el 6 de abril de 2021 al correo electrónico institucional de la procuraduría HYPERLINK "mailto:vigilanciaadministrativa1@procuraduria.gov.co" vigilanciaadministrativa1@procuraduria.gov.co; no obstante, a la señora Catalina de San Martín Balcázar Salamanca le había sido aceptada la renuncia al cargo de procuradora delegada, código 0PD, grado EA, de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa mediante el Decreto nro. 037 el 12 de enero de 2021, de donde es posible colegir que, en efecto, no conoció las decisiones proferidas en el aludido proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho y, en consecuencia, no pudo recurrir el proveído cuestionado.

De lo anterior se desprende que también hay lugar a amparar el derecho fundamental al debido proceso de la señora Catalina de San Martín Balcázar Salamanca habida cuenta que pese a que no interpuso la tutela fue vinculada a esta acción como tercera interesada y de igual manera se profirió en su contra la providencia cuestionada que las vinculó al proceso ordinario como llamada en garantía de la parte actora.

Corolario de lo expuesto, la Sala estima que es procedente amparar el derecho fundamental al debido proceso de las señoras Margarita Mercedes Cuenca Urbina y Catalina de San Martín Balcázar Salamanca; por lo que dejará sin efectos el auto proferido el 29 de abril de 2021 por la magistrada Doris Pinzón Amado del Tribunal Administrativo del Cesar, por incurrir en defecto sustantivo, y le ordenará que emita una nueva providencia dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta decisión teniendo en cuenta lo señalado por el artículo 120 del Código General del Proceso y las consideraciones precedentes.

Por último, dado que por auto del 13 de mayo de 2021 la magistrada de conocimiento del Tribunal Administrativo del Cesar dispuso: “(…) ACATAR la orden emitida en virtud de la medida cautelar decretada, en los términos indicados en el auto admisorio de la tutela identificada previamente; orden que se mantendrá durante el trámite de dicha acción constitucional hasta que se disponga sobre su vigencia en la sentencia respectiva” , la Sala ordenará que se levante la suspensión provisional de los efectos de la decisión cuestionada que fue decretada en la providencia que admitió la presente acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Procuraduría General de la Nación, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de las señoras Margarita Mercedes Cuenca Urbina y de Catalina de San Martín Balcázar Salamanca, de conformidad con lo señalado en precedencia.

TERCERO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 29 de abril de 2021 por la magistrada Doris Pinzón Amado del Tribunal Administrativo del Cesar y ordenar que emita uno nuevo dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta decisión, que tenga en cuenta las consideraciones precedentes frente a la solicitud de llamamiento en garantía formulada por el apoderado de los señores Eudes Enrique Orozco Daza, Xenia Margarita Ortiz Arzuaga, Eudes José Orozco Ortiz, Vanessa Patricia Orozco Ortiz, y Sebastián Andrés Orozco Mercado en la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovida en contra de los actos proferidos por la Procuraduría General de la Nación, proceso con radicación nro. 20001 2339 000 2020 00559 00.

CUARTO: LEVANTAR la medida cautelar de suspensión provisional decretada en el auto que admitió la acción de tutela, por lo expuesto anteriormente.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejera de Estado Consejero de Estado
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2021 02175 00. Ibídem. Ibídem. Ibídem. Ibídem. Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2021 02175 00. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2021 02175 00. Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2021 02175 00. Esta orden se cumplió el 21 de mayo de 2021. Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2021 02175 00. Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2021 02175 00. Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2021 02175 00. Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2021 02175 00. Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2021 02175 00. Ibídem. Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2021 02175 00. Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2021 02175 00. Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2021 02175 00. Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2021 02175 00. La providencia fue notificada el 11 de mayo de 2021, según se observa en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001031500020210217600.
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913. Corte Constitucional. Sentencia T - 343 del 14 de mayo de 2012. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Radicado nro. 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera, donde se dijo que acogiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional era razonable que se presentara el amparo máximo en seis (6) meses después de notificada la providencia que se cuestionaba en sede constitucional, sin perjuicio de estudiar en cada caso, las circunstancias particulares para determinar el cumplimiento del requisito de inmediatez. Corte Constitucional, Sentencia T-757 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera, en la cual se reitera lo señalado en las sentencias SU-399 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, SU-400 de 2012 M.P. (e): Adriana María Guillén Arango, SU-416 de 2015 M.P.: Alberto Rojas Ríos y SU-050 de 2017 M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de marzo de 2012, C.P.

Danilo Rojas Betancourth, radicado nro. 41001-23-31-000-1992-07003-01.

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