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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-02226-00

Acción de tutela

Fecha
20 de agosto de 2021
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-02226-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, respecto a los derechos fundamentales de reunión y manifestación pública y pacífica, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, respecto al derecho fundamental a la vida, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Alcaldía de Santiago de Cali, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto a las pretensiones de reparación pecuniaria y retiro de la asistencia militar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: DECLARAR improcedente la acción de tutela, por existencia de cosa juzgada constitucional, respecto a las pretensiones de expedición de un protocolo que permita realizar verificaciones en casos de captura y traslado de personas; garantía de derechos en caso de conmoción interior o estado de emergencia; diseño de planes de acompañamiento y asesoría jurídica; control de la actuación policial, y no criminalización de las personas que participan en las manifestaciones pacíficas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEXTO: AMPARAR los derechos fundamentales de reunión y manifestación pública y pacífica invocados en la solicitud de tutela por el señor Cristian Rodallega Garcés. SÉPTIMO: REITERAR a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional, las medidas ordenadas en la sentencia de 29 de julio de 2021 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el proceso de tutela identificado con el número único de radicación 110010315000202102227-00 (acumulados). OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2021-02226-00

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

20 de agosto de 2021

ACCIÓN DE TUTELA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - No probada / ACTUACIÓN EN CALIDAD DE MANIFESTANTE / DERECHO A LA REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN PÚBLICA

La Sala advierte que la Policía Nacional señaló que el actor carecía de falta de legitimación en la causa por activa, por cuanto no se evidenciaba la vulneración directa a sus derechos fundamentales. Al respecto, la Sala advierte que no le asiste razón a la autoridad accionada al afirmar que el actor no está legitimado en la causa por activa para promover la acción de tutela de la referencia, dado que alega actuar en calidad de manifestante, estima que sus derechos fundamentales de reunión y manifestación pública y pacífica se encuentran amenazados y lo que pretende con la acción de tutela es que se les permita ejercerlos pacíficamente.

ACCIÓN DE TUTELA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - Probada / DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIDA

[S]e observa una falta de legitimación en la causa por activa respecto al derecho fundamental a la vida, debido a que, del material probatorio obrante en el expediente, no se advierte que exista alguna amenaza o vulneración a esta garantía constitucional, sino que se describe como una amenaza para todos los que han participado de manera pacífica en las manifestaciones de Cali y el resto del país, pero, no se allegó evidencia respecto a tal afirmación. (…) [L]a Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa respecto al derecho fundamental a la vida, en la medida que el actor no allegó pruebas que dieran cuenta de que le resultara amenazada o vulnerada la referida garantía constitucional.

ACCIÓN DE TUTELA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - No probada / ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

La Sala advierte que la Alcaldía de Santiago de Cali solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. (…) [D]e conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia (…) la Sala concluye que a la Alcaldía de Santiago de Cali le asiste interés en la decisión de tutela que se profiera. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Existencia de otro medio de defensa judicial / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / REPARACIÓN PECUNIARIA

El actor planteó como pretensión, en el escrito de tutela, lo siguiente: “[…] ordenar al Ministro de Defensa Nacional pedir disculpas por los excesos de la fuerza pública, especialmente los cometidos por el ESMAD, durante las protestas desarrolladas a partir del 28 de abril de 2021, en Cali y el resto del país donde se presentaron fallecimientos en un acto difundido por radio, televisión y redes sociales […]”. Sobre el particular, es preciso indicar que la acción de tutela resulta improcedente para tramitar este tipo de pretensiones, debido a que se trata de medidas de reparación no pecuniarias por vulneración de bienes o derechos constitucional y convencionalmente protegidas como consecuencia de conductas atribuibles a agentes del Estado. (…) De conformidad con lo anterior, la Sala debe advertir que, en el caso sub examine, esta pretensión de la acción de tutela resulta improcedente, en la medida que el actor cuenta con otro medio de defensa judicial como lo es medio de control de reparación directa.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / COSA JUZGADA - No configuración /

Sobre las pretensiones de ordenar la expedición de un protocolo que permita realizar verificaciones en casos de captura y traslado de personas; la garantía de derechos en caso de conmoción interior o estado de emergencia; el diseño de planes de acompañamiento y asesoría jurídica; el control de la actuación policial, y la no criminalización de las personas que participan en las manifestaciones pacíficas (…) [E]s importante señalar que la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 15 de julio de 2021 , en un caso con presupuestos fácticos similares al caso objeto de examen, precisó que en los casos en que se configura la cosa juzgada constitucional, con fundamento en las órdenes dadas en la sentencia de 22 de septiembre de 2020 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la acción de tutela resulta improcedente por falta del requisito de subsidiariedad.

ACCIÓN DE TUTELA / VULNERACIÓN AL DERECHO A LA REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN PÚBLICA Y PACIFICA

[E]l problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en establecer si el Presidente de la República, el Ministro de Defensa Nacional, el Defensor del Pueblo, la Procuradora General de la Nación, el Director General de la Policía Nacional y el Alcalde de Santiago de Cali, al “[…] omitir escuchar al pueblo colombiano […]” e incurrir en vías de hecho en el marco de las protestas sociales iniciadas el 28 de abril de 2021, vulneraron los derechos fundamentales de reunión y manifestación pública y pacífica. (…) La Sala advierte que (…) en el caso objeto de examen, se encuentra acreditada la afectación de los derechos fundamentales de reunión y manifestación pública. (…) Sobre el particular, es preciso poner de presente que la Sección Primera de esta Corporación, en sentencia de 29 de julio de 2021, ya se pronunció sobre las medidas procedentes en casos como el que es objeto de examen, al amparar los derechos fundamentales a la manifestación pública y pacífica, reunión, libertad de expresión, participación política y asociación de los actores y ordenar a la Policía Nacional y al Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD abstenerse de utilizar la fuerza en contra de las personas que están ejerciendo su derecho a manifestarse de manera pacífica e instar a que cumplan sus obligaciones constitucionales y legales y a la Policía Nacional que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en conductas como las que dieron lugar a la acción de tutela, entre otros. (…) [En conclusión la Sala] amparará los derechos fundamentales de reunión y manifestación pública y pacífica del actor.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02226-00(AC)

Actor: CRISTIAN RODALLEGA GARCÉS

Demandado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSOR DEL PUEBLO, PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN, DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI

Tema: Legitimación en la causa por activa

Derecho fundamental de reunión y manifestación pública y pacífica/ alcance

Cosa juzgada constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Reunión y manifestación pública y pacífica y ii) vida

Derechos Fundamentales Amparados: Reunión y manifestación pública y pacífica

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El actor, quien actúa en nombre propio y “[…] en representación de todos los que hemos participado de manera pacífica en las manifestaciones de Cali y el resto del país […]”, presentó solicitud de tutela contra el Presidente de la República, el Ministro de Defensa Nacional, el Defensor del Pueblo, la Procuradora General de la Nación, el Director General de la Policía Nacional y el Alcalde de Santiago de Cali, porque, a su juicio, la “[…] omisión derivada de una actitud capricho del ejecutivo para escuchar al pueblo colombiano que realiza manifestaciones pacíficas con la finalidad que no se vulneren sus derechos por actuaciones adelantadas o promovidas por el gobierno nacional “reforma tributaria – reforma a la salud y otros” también por las acciones de represión que ha ejercido el gobierno nacional con sus fuerzas militares de policía y ESMAD […]”, en el marco de las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan en distintas ciudades del país desde el 28 de abril de 2021, vulneraron sus derechos fundamentales de reunión, a la manifestación pública y pacífica y a la vida.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

El actor, quien actúa en nombre propio y “[…] en representación de todos los que hemos participado de manera pacífica en las manifestaciones de Cali y el resto del país […]”, presentó solicitud de tutela contra el Presidente de la República, el Ministro de Defensa Nacional, el Defensor del Pueblo, la Procuradora General de la Nación, el Director General de la Policía Nacional y el Alcalde de Santiago de Cali, porque, a su juicio, la “[…] omisión derivada de una actitud capricho del ejecutivo para escuchar al pueblo colombiano que realiza manifestaciones pacíficas con la finalidad que no se vulneren sus derechos por actuaciones adelantadas o promovidas por el gobierno nacional “reforma tributaria – reforma a la salud y otros” también por las acciones de represión que ha ejercido el gobierno nacional con sus fuerzas militares de policía y ESMAD […]”, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela, en síntesis, son los siguientes:

Manifestó que él y miles de personas protestaron, de manera pacífica, en varias ciudades del país contra el proyecto de reforma tributaria promovido por el gobierno nacional, el 28 de abril de 2021.

Indicó que se convocó una nueva jornada de manifestaciones por causa de la negativa del gobierno nacional en retirar el proyecto de reforma tributaria, el 29 de abril de 2021. Asimismo, afirmó que, a partir de ese día, “[…] comenzaron las amenazas por parte de la policía nacional ESMAD, contra la población […]”.

Mencionó que, con fundamento en las acciones represivas fomentadas por las autoridades nacionales y locales, la ciudad de Santiago de Cali anunció que entraría en paro indefinido.

Señaló que el Presidente de la República “[…] convocó a los partidos políticos, pero dando a entender que su posición no es la negociación, continúa sin plantear una solución para levantar a través del diálogo las movilizaciones […]”, el 3 de abril de 2021.

La solicitud de tutela

Pretensiones

El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: Que se creen espacios que permitan desarrollar la democratización, permitiendo que las instituciones sirvan a ese fin, al punto de empoderar en consensos a los actores sociales sobre la finalidad legítima de su creación y función, provocando su apoyo ciudadano.

SEGUNDO: Que se ordene al Presidente de la República convocar a la conformación de una mesa de diálogo nacional para escuchar y atender los planteamientos de los manifestantes en Cali, y las otras ciudades de Colombia y de cualquier persona interesada, con la finalidad que se pueda llegar a acuerdos que permita levantar las movilizaciones en todo el país.

TERCERO: Que se ordene la desmilitarización de las ciudades de Colombia que se encuentran ejerciendo el derecho fundamental a la protesta mientras se lleve a cabo los diálogos que permitan llegar a un consenso sobre los pliegos y propuestas que tienen los manifestantes sobre las actividades y acciones del gobierno.

CUARTO: Que se ordene a la Policía Nacional, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación la expedición de un protocolo que permita a los ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de la protesta en Cali y Colombia.

QUINTO: exigirle al Gobierno Nacional - Presidente de la República promover, garantizar y facilitar, de manera imparcial, el ejercicio de los derechos fundamentales a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa, aún durante la protesta en caso que se declare, conmoción interior, o estado de emergencia.

SEXTO: Ordenar al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, para que en mes (sic) de 48 horas diseñar planes de fácil acceso para el acompañamiento y asesoría jurídica de las personas quienes resulten o se hayan visto afectadas en actos de protesta, brindándoles apoyo para acudir incluso, a instancias internacionales si a ello hubiere lugar para garantizar sus derechos fundamentales.

SÉPTIMO: Ordenar al Defensor del Pueblo para que cumpla y ejerza control contra el ESMAD, conforme a lo estipulado en la sentencia STC7641-2020, porque es muy evidente que no están haciendo uso moderado de la fuerza, de garantizar y de respetar los derechos y libertades de las personas que intervienen o no en las protestas, y por lo tanto es el (sic) quien debe realizar un control estricto, fuerte e intenso en toda actuación que intervengan el cuerpo policial en el desarrollo de manifestaciones y de sus actividades.

OCTAVO: Ordenar al Ministro de Defensa Nacional pedir disculpas por los excesos de la fuerza pública, especialmente los cometidos por el ESMAD, durante las protestas desarrolladas a partir del 28 de abril de 2021, en Cali y el resto del país donde se presentaron fallecimientos en un acto difundido por radio, televisión y redes sociales.

NOVENO: Ordenar al gobierno nacional y los medios de comunicación para que no se criminalice a las personas que participen dentro de las manifestaciones de manera pacífica y que no se promueva el odio y discriminación dentro de la misma.

DECIMA: Que se ordenen las demás acciones que sean necesarias para garantizar el derecho a la vida y la protesta en la ciudad de Cali y el resto el Colombia, los jueces deben jugar un papel de conciliadores frente a la situación que vive el país a través de actos administrativos con fundamentos democráticos que no vulnere derechos a ninguna de las partes […]”.

Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD ha vulnerado el derecho fundamental a la vida de la población civil, debido a que roció con gas pimienta y gases lacrimógenos unidades residenciales de la ciudad de Santiago de Cali, lo cual podía afectar la salud de los menores y las personas de la tercera edad, y se han generado “[…] masacres humanas […]” en las protestas.

Asimismo, indicó que el derecho de reunión y manifestación pública y pacífica no se podía limitar por el uso de la fuerza que solo estaba prevista para casos excepcionales en los que exista una orden expresa, fundamentada en un riesgo grave para la vida o la integridad física de las personas, según los principios de necesidad y proporcionalidad.

De igual forma, señaló que, a juicio del actor, el gobierno nacional “[…] no quiere escuchar a los ciudadanos, no quiere escuchar a los partidos políticos, no quiere escuchar a la academia sobre esa petición tan sentida de retirar la reforma, que va a poner a aguantar hambre a más millones de colombianos., por la negativa del gobierno en escuchar a la comunidad sobre las peticiones y sobre abrir mesas de diálogos para concertar esas acciones que pueden traer un traumatismo a todos los colombianos […]”.

Adujo que, con ocasión de las órdenes impartidas por el Gobierno Nacional para desbloquear las vías del país, la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD han amenazado los derechos fundamentales de la población civil, sin importar que la comunidad se ha manifestando pacíficamente.

Por último, expresó que:

“[…] En Cali, la comunidad en una manera de indignación ha prolongado de manera indefinida el paro que en efecto es nacional pero que Cali lo ha adoptado como una bandera de lucha de Cali-resistencia hasta que el gobierno nacional no se siente a escuchar al pueblo, no se quiere solo concertaciones con partidos políticos sino con todos los líderes sectoriales que han dado la lucha en el terreno para que se logre el retiro de la reforma tributaria. […]”.

Actuación

El Despacho sustanciador, mediante auto de 27 de mayo de 2021; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente de la República, al Ministro de Defensa Nacional, al Defensor del Pueblo, a la Procuradora General de la Nación, al Director General de la Policía Nacional y al Alcalde de Santiago de Cali; iii) negó la medida provisional solicitada por el actor; iv) vinculó a la Nación – Fiscalía General de la Nación y al Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular; y iv) negó la solicitud del actor de vincular como terceros con interés legítimo a la Organización de las Naciones Unidas – ONU y a la Organización de los Estados Americanos – OEA.

Intervenciones de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

El Ministerio de Defensa Nacional solicitó negar la solicitud de amparo, toda vez que, a su juicio, el Gobierno Nacional ha garantizado la manifestación pública y pacífica, asegurando el orden, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de Colombia. Al respecto, señaló que el Gobierno Nacional no había impartido instrucciones relacionadas con la prohibición a la protesta, la participación ciudadana, libertad de expresión, reunión y circulación, lo cual se evidencia por el hecho de que los manifestantes han tenido el acompañamiento de la Policía Nacional y los entes de control.

Sobre el particular, expuso que en las manifestaciones pacíficas se presentaron vías de hecho que generaron graves daños y afectaciones a los bienes privados y públicos, razón por la cual fue necesario hacer uso de la fuerza legítima para garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, teniendo en cuenta que la protesta social no puede perturbar los derechos de los demás, en los siguientes términos:

“[…] Dentro de las protestas pacíficas que se vienen realizando, a la fecha se viene ejecutando situaciones de terrorismo urbano el cual afecta ostensiblemente a la población civil en sus vidas y bienes. En una primera fase de vandalismo que azoto (sic) a la ciudad en diferentes puntos se quemaron oficinas públicas, bancos, destrucción del sistema de transporte, saqueo de locales comerciales entre otros.

La situación que se presenta en la ciudad de Cali ha sido sujeta de análisis donde se señala que lo que se busca es la desestabilización, caos, terror entre los ciudadanos, rechazo a la fuerza pública especialmente al ESMAD, a través de infiltrados en las marchas y grupos al margen de la ley, igualmente atacando a los miembros de la Policía Nacional, destrucción de CAI y la infraestructura de la ciudad.

[…] Móvil Antidisturbios, se encuentra constituido para salvaguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos de conformidad con la misión señalada en el artículo 218 de la Carta Política brinda el acompañamiento requerido por las autoridades legítimamente constituidas bajo precisas instrucciones y premisas para la garantía de los derechos fundamentales de los marchantes, y no participantes, aclarando que desde ningún punto de vista el ESMAD, acompaña y participa en las manifestaciones públicas y pacíficas, toda vez que su intervención se genera exclusivamente cuando las mismas se trasforman (sic) en vías de hecho ocasionado desmanes y disturbios que afectan los derechos fundamentales de terceros que no participan en la protesta […]”.

Afirmó que, en el Informe de Balance General del Paro realizado por el Ministerio de Defensa Nacional a 31 de mayo de 2021, se evidenció que la coyuntura del país hacía obligatoria la intervención de la Fuerza Pública (Policía Nacional y Fuerzas Armadas), con el fin de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos.

Manifestó que la asistencia militar era un instrumento de la cual podía disponer el Presidente de la República, de forma temporal y excepcional, ante: i) hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia; ii) riesgo o peligro permanente, y iii) para afrontar la emergencia o calamidad pública, de conformidad con las facultades establecidas en el artículo 170 de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016.

Refirió que se ha dado aplicación estricta al Decreto núm. 3 de 5 de enero de 2021, por medio del cual se expidió el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacifica Ciudadana".

Al respecto, informó que estableció las formas y los medios de ejecución para evitar conflictos, con fundamento en el principio de proporcionalidad, y prestó seguridad a la población civil dentro de las exigencia de subordinación y obediencia que les exige la ejecución de ordenes del Gobierno Nacional, según lo previsto en el Decreto núm. 575 de 28 de mayo de 2021, por medio del cual se decretaron medidas para la conservación y el restablecimiento del orden público, en el marco de la situación de bloqueos internos que se presentan en algunas vías del país.

En ese sentido, adujo que acceder a la pretensión del actor de suspender la asistencia militar implicaría para el Valle del Cauca una ausencia de apoyo a la Policía Nacional para lograr el restablecimiento del orden público que, de conformidad con los artículos 216 y 218 de la Constitución Política, el artículo 8 de la Ley 62 de 12 de agosto de 1993, la Ley 1801 y las sentencias C-453 de 1994, C-1214 de 2001 C-225 de 2017 y C-128 de 2018, correspondía a una de las funciones de la Policía Nacional.

Adicionalmente, indicó que el Gobierno Nacional se ha reunido con los promotores del paro de los diferentes sectores, para analizar propuestas que les permitan llegar a un acuerdo y que en la acción de tutela la carga de la prueba la tenía el actor, razón por la cual debían probar las afirmaciones que daban sustento a su solicitud.

La Policía Nacional solicitó negar las pretensiones del amparo, toda vez que, en su criterio, no se vislumbra la vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor, por cuanto, la actuación de la Policía Nacional se ajustó al marco de sus funciones constitucionales y legales.

Indicó que de forma simultánea a las manifestaciones pacíficas se han venido presentando hechos de violencia y actos vandálicos a nivel nacional, desde el 28 de abril de 2021. En ese sentido, señaló que se originaron graves afectaciones al orden público y la convivencia, en los cuales “[…] la Policía Nacional debió intervenir dando cumplimiento al mandato constitucional estatuido en el artículo 218 con el propósito de garantizar los fines esenciales del Estado […]”.

Expresó que:

“[…] De las cifras referenciadas y del material fotográfico allegado es claro que la situación actual desborda la concepción del ejercicio legítimo del derecho a manifestarse pacíficamente, escenario donde la Institucionalidad en el marco de los fines esenciales del Estado entre ellos los de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, deben actuar contrarrestando aquellos focos de violencia, eventos de criminalidad y afectación grave a la garantías de la sociedad en general, a través de los mecanismos establecidos legalmente, tales como el uso de la fuerza, medio de policía que se encuentra debidamente reglado y el cual para su utilización en el desarrollo de la actividad de policía se parte de unas premisas esenciales:

Salvaguardar de manera estricta el ejercicio de los derechos y libertades públicas.

Ejercerse de manera imperiosa, es decir cuando no exista ninguna otra medida disuasoria que permita el cumplimiento de las normas legales y, del mismo modo, se trate de un escenario donde resulte jurídicamente admisible su utilización.

Su uso cumpla con criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad, lo que implica que solo pueda llevarse a cabo con el fin de confrontar la amenaza a bienes constitucionales de la más alta entidad.

Por ende, a pesar haberse generado intervenciones por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios “ESMAD”, para controlar las expresiones de violencia desmesurada, es menester reiterar ante su despacho, que en el despliegue del servicio de policía, no se han utilizado armas de fuego en contra de manifestantes, atendiendo a que las mismas no están incluidas dentro de la dotación policial para el control de disturbios, razón por la cual, se descarta de plano lo manifestado por el accionante en su escrito de tutela, donde refiere que en las actividades de restablecimiento del orden público, los uniformados del “ESMAD” han utilizado armas de fuego en contra de los manifestantes.

Me permito señalar que el Escuadrón Móvil, no ha hecho uso de armas de fuego en la prestación del servicio, máxime cuando conforme a la Resolución 03002 del 29 de junio de 2017 "Por la cual se expide el Manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios para la Policía Nacional", estas no hacen parte de los elementos autorizados en los procedimientos del “ESMAD” para intervenir las expresiones de violencia, aspecto que ha sido verificado incluso por los entes de control, cuando efectúan la inspección previa de los elementos del servicio utilizados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Lo anterior, tiene sustento en las acciones de coordinación efectuadas entre la Policía Nacional, la personerías y defensorías nivel nacional, con el objetivo de ejecutar la INSPECCIÓN DE ELEMENTOS UTILIZADOS POR EL ESCUADRÓN MÓVIL ANTIDISTURBIOS “ESMAD” EN EL REFERIDO MUNICIPIO Y LOS UNIFORMADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL, brindando certeza sobre los elementos utilizados por los uniformados […]”. (Resaltado en el texto original).

Manifestó que, de conformidad con la Resolución núm. 3002 de 29 de junio de 2017, el Director General de la Policía Nacional determinó las acciones frente al servicio de policía para el acompañamiento y control de disturbios, evidenciándose que la Policía Nacional es garante de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica.

Adujo que la Policía Nacional ha dado estricto cumplimiento a las acciones preventivas, concomitantes y posteriores que se deben ejecutar para garantizar el derecho a la manifestación pública y pacífica, según lo establecido en el Decreto núm. 3 de 2021.

Informó que:

“[…] Así las cosas, se concluye que la Policía Nacional es respetuosa del ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica establecida en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, no considera a la población, como un “objetivo de intervención”, por el contrario, dispone de todas las capacidades institucionales para garantizar el ejercicio de este derecho, partiendo de los siguientes criterios:

· El servicio se planea de acuerdo con la normatividad relacionada anteriormente, disponiendo de las capacidades institucionales para garantizar el derecho de reunión y manifestación.

· El uso de la fuerza es considerado siempre el último recurso, su despliegue se enmarca en los principios de racionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad.

· Ante la ocurrencia de hechos que perturban el desarrollo del ejercicio del derecho de reunión y manifestación, la intervención policial está enfocada en la dispersión de ciudadanos violentos, garantizando el derecho de quienes hacen de forma pacífica su protesta, así como los derechos de los ciudadanos que no participan en esas actividades.

· El Grupo Especializado en Control de Disturbios se ubica en puntos estratégicos para una reacción oportuna; frente a comportamientos violentos que superen las capacidades de las unidades de Policía, con el fin de mantener las condiciones de seguridad y convivencia.

· En las marchas y concentraciones, así como en las intervenciones policiales, se cuenta con presencia del Ministerio Público y Gestores de Convivencia.

· La intervención por medio del uso de la fuerza en los diferentes lugares se da una vez agotadas las vías del dialogo (sic) y surtido el rol de mediadores asumido por los Gestores de Convivencia y el Ministerio Público, siempre y cuando los hechos de violencia no requieran un actuar inmediato de la Policía Nacional.

· Ante hechos de violencia, alteraciones a las condiciones de convivencia y seguridad y en cumplimiento del deber Constitucional, la Policía Nacional interviene haciendo uso de la fuerza, para impedir que las conductas violentas escalen y generen mayores afectaciones a la comunidad en general.

· La Policía Nacional no porta ni hace uso de las armas de fuego dentro de las intervenciones que se efectúan para salvaguardar el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación pública […]”. (Resaltado en el texto).

Afirmó que la solicitud de tutela del accionante es improcedente, por cuanto, el actor no demostró al menos sumariamente las supuestas vulneraciones a los derechos fundamentales invocados y, mucho menos, la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera evidente la necesidad de la tutela para la protección inmediata de sus derechos fundamentales.

Finalmente, sostuvo que:

“[…] Los hechos narrados por el accionante, resultan ser de carácter general, impersonal y abstracto, como quiera que se hace alusión a situaciones venideras pero de las que no se prueba que pueda tener participación, pues precisamente la acción constitucional de tutela busca la protección del derecho de quien lo alega, no obstante, no se evidencia la vulneración directa de garantías fundamentales del suplicante por parte de la Policía Nacional, lo cual indica que el mismo carecería de legitimación en la causa por activa dentro de dicha herramienta constitucional. […]” (Se resalta).

La Procuraduría General de la Nación solicitó declarar la improcedencia del amparo, toda vez que, a su juicio, esta Entidad ha actuado conforme al marco de sus funciones constitucionales y legales y, en especial, las otorgadas por del Decreto 262 de 22 de febrero de 2000.

Informó que la Procuraduría General de la Nación: i) en conjunto con la Defensoría del Pueblo expidieron la “[…] Guía de acompañamiento a las movilizaciones ciudadanas: Alcance de intervención del Ministerio Público. Procuraduría General de la Nación - Defensoría del Pueblo, documento que tiene como propósito tratar de manera general los aspectos básicos relacionados con el derecho a la protesta pacífica, el principio del uso de la fuerza y el acompañamiento y la asesoría jurídica que ofrecen tanto la Procuraduría General de la Nación como la Defensoría del Pueblo en las fases previas, durante y posterior a las manifestaciones y protestas […]” y ii) en conjunto con la Policía Nacional expidieron el “[…] Protocolo de Verificación en Casos de Capturas y Traslado de Personas, durante el desarrollo del cualquier motín, reunión o acto de protestas […]”; instrumentos que se encuentran vigentes y han sido aplicados por el Ministerio Público de manera directa, permitiendo así la presencialidad de la entidad en el lugar y tiempo exacto de las manifestaciones.

En ese sentido, indicó que la Procuraduría General de la Nación hace presencia en todos los Puestos de Mando Unificado – PMU instalados en el territorio nacional para vigilar y seguir como ente de control al desarrollo de las manifestaciones y la garantía a los derechos de las personas, como se expone a continuación:

“[…] La Procuraduría General de la Nación hace presencia en todos los Puestos de Mando Unificado (PMU) instalados en el territorio nacional para la vigilancia y seguimiento como ente de control al desarrollo de las movilizaciones y a la garantía de los derechos de los ciudadanos.

El PMU de la PGN está liderado por el Viceprocurador General, y conformado por procuradores provinciales, regionales, distritales y delegados, quienes hacen seguimiento en tiempo real a la situación que se presente en las diferentes ciudades, con la capacidad de reacción inmediata para acompañar, en sitio, en el momento que se advierta vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos.

Ahora bien, la Procuraduría General de la Nación a través de las 32 regionales, 50 provinciales y dos distritales, documentó más de 30 procesos disciplinarios por presunta violación de los derechos humanos durante las jornadas de protestas en el país, e inició 30 acciones preventivas para conocer las labores y procedimientos adoptados por las autoridades territoriales para proteger la vida, la salud y la integridad de todos los ciudadanos.

Para ello, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Entidad ha acompañado la recolección de pruebas, entre ellas la visita a los expedientes disciplinarios de la Inspección General de la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y otras denuncias, en las cuales se constituyeron agencias especiales del Ministerio Público que adelantan el seguimiento a las actuaciones penales en representación de los intereses de la sociedad y las garantías del debido proceso […]”.

Por último, afirmó que la Procuraduría ha adelantado 18 procesos por poder preferente, ha efectuado una serie de actuaciones en procuradurías regionales y provinciales y ha ejecutado actuaciones penales, para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.

La Alcaldía de Santiago de Cali solicitó su desvinculación, toda vez que, en su criterio, este ente territorial no está llamado a responder por lo pretendido en la acción de tutela de la referencia, más aún cuando el Municipio ha venido implementando medidas que han servido para conformar mesas de diálogo en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política y la Ley.

Manifestó que:

“[…] En lo que atañe al Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, se vienen realizando consejos extraordinarios de Seguridad, de Gobierno e implementando una pedagogía social para garantizar el derecho a la protesta pacífica y brindar un acompañamiento social con los actores de los hechos, se activó desde el 27 de abril de 2021 el Puesto de Mando Unificado -PMU-; se habilitó y se ha sostenido un cordón humanitario para el abastecimiento de alimentos, insumos médicos y combustible en la ciudad; se ha dispuesto igualmente de un equipo de mediadores de la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana que han participado en las movilizaciones como garantes del respeto a los derechos humanos. Por otra parte, atendida la importancia de los hechos, el Alcalde Distrital participó en el "Foro Global de Gobernanza Urbana" promovido por el programa Internacional de Ciudades hermanas el 19 de mayo del 2021.

Adviértase que es deber de las autoridades públicas fomentar el diálogo social, adoptar las medidas de concertación, mediación y composición que permitan resolver los conflictos.

Que en ese orden, y con fundamento en los principios constitucionales y legales, se institucionalizó la Mesa de Diálogo en el Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, del cual participan la Unión de Resistencias Cali, las autoridades públicas e interlocutores sociales, el Ministerio Público y organismos internacionales de defensa de derechos humanos, para promover, el diálogo social, como un espacio para construir acuerdos, reconociendo a los jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo de la región y el país.

La Mesa de Diálogo permitirá conformar una alianza entre diversos sectores y actores con el fin de mejorar la articulación intersectorial e intergubernamental, orientar la inversión y garantizar el desarrollo integral y la protección de los derechos de las personas jóvenes, bajo un espíritu de construcción inclusiva y participativa […]”.

La Fiscalía General de la Nación informó que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía, en cumplimiento de la acción de tutela STC7641-2020 de 22 de septiembre de 2020, ya ha desarrollado este tema, para lo cual, dio estricto cumplimiento al Protocolo para la verificación de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de motín, reunión o acto de protestas (orden sexta), especialmente en la ciudad de Cali y los municipios que componen la Seccional de Cali.

Señaló que ha llevado el registro de “[…] personas capturadas y judicializadas, los protocolos de Mecanismos de Búsqueda Urgente en relación con las personas reportadas como desaparecidas, los registros de los fallecidos, personas lesionadas, tanto uniformados como civiles, etc, información que se ha otorgado a las distintas autoridades judiciales en respuestas a acciones de tutela donde se ha vinculado a nuestra Institución, así como al Nivel Central, a donde se reporta constantemente la actividad de la Dirección Seccional Cali y todos los municipios que la conforman […]”.

El Presidente de la República, el Defensor del Pueblo y el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD, guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

Sobre la falta de legitimación en la causa por activa

La Sala advierte que, previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto sobre la legitimación en la causa por activa, para efectos de determinar tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

Visto el artículo 86 de la Constitución Política que establece:

“[…] Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública […] (Se resalta).

De igual manera, visto el artículo 1.º del Decreto 2591 de 1991, el cual prevé que:

“[…] Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en las casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela […]” (Se resalta).

La Sala advierte que la Policía Nacional señaló que el actor carecía de falta de legitimación en la causa por activa, por cuanto no se evidenciaba la vulneración directa a sus derechos fundamentales.

Al respecto, la Sala advierte que no le asiste razón a la autoridad accionada al afirmar que el actor no está legitimado en la causa por activa para promover la acción de tutela de la referencia, dado que alega actuar en calidad de manifestante, estima que sus derechos fundamentales de reunión y manifestación pública y pacífica se encuentran amenazados y lo que pretende con la acción de tutela es que se les permita ejercerlos pacíficamente.

Sobre el particular, es preciso indicar que la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 18 de febrero de 2021, en un caso con presupuestos fácticos similares, consideró que los manifestantes tienen derecho a buscar la protección judicial en caso de amenaza o vulneración de sus derechos, “[…] máxime si de los hechos que fundamentan la presente acción se advierte que resulta razonable que los actores encuentren amenazados sus derechos fundamentales, por el temor de ejercerlos libremente. […]”.

Asimismo, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 29 de julio de 2021, consideró que, en estos casos, los manifestantes y los ciudadanos estaban legitimados para presentar la solicitud de tutela respecto a los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica por estar intrínsecamente ligados con la protesta social y haberse allegado pruebas que acreditaran su amenaza, como sucede en el caso sub examine.

No obstante lo anterior, se observa una falta de legitimación en la causa por activa respecto al derecho fundamental a la vida, debido a que, del material probatorio obrante en el expediente, no se advierte que exista alguna amenaza o vulneración a esta garantía constitucional, sino que se describe como una amenaza para todos los que han participado de manera pacífica en las manifestaciones de Cali y el resto del país, pero, no se allegó evidencia respecto a tal afirmación.

En tal virtud, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa respecto al derecho fundamental a la vida, en la medida que el actor no allegó pruebas que dieran cuenta de que le resultara amenazada o vulnerada la referida garantía constitucional.

De igual forma, en relación con la agencia oficiosa respecto a todas las personas que han participado de manera pacífica en las manifestaciones de Cali y el resto del país, se observa que el actor no manifiesta en la solicitud de tutela, de forma expresa, que dichas personas se encontraran en imposibilidad de ejercer la defensa de sus propios derechos ni acreditó esta situación en los términos establecidos en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 ni que se hubiera cumplido con los requisitos dispuestos en la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 y, adicionalmente, tampoco brindó información que permitiera determinar y establecer el grupo o grupo de personas respecto de las cuales podría eventualmente actuar en la calidad de agente oficioso, razones por la cuales esta no se configura en el asunto bajo examen.

Sobre la falta de legitimación en la causa por pasiva

Asimismo, la Sala advierte que, previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

Visto que el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

La Sala advierte que la Alcaldía de Santiago de Cali solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Al respecto, es preciso indicar que dentro de las autoridades demandadas por el actor se encuentra la Alcaldía de Santiago de Cali, la cual fue notificada como autoridad accionada, en la medida en que el actor adujo que era una de las autoridades responsables de la “[…] omisión derivada de una actitud capricho del ejecutivo para escuchar al pueblo colombiano que realiza manifestaciones pacíficas […]” y, por tanto, de la amenaza de sus derechos fundamentales, lo cual es objeto de análisis en la controversia constitucional.

En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Alcaldía de Santiago de Cali le asiste interés en la decisión de tutela que se profiera.

En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada.

Problemas Jurídicos
En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en establecer si el Presidente de la República, el Ministro de Defensa Nacional, el Defensor del Pueblo, la Procuradora General de la Nación, el Director General de la Policía Nacional y el Alcalde de Santiago de Cali, al “[…] omitir escuchar al pueblo colombiano […]” e incurrir en vías de hecho en el marco de las protestas sociales iniciadas el 28 de abril de 2021, vulneraron los derechos fundamentales de reunión y manifestación pública y pacífica.

Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) causales de improcedencia de la solicitud de tutela; ii) la cosa juzgada constitucional; iii) la sentencia de 22 de septiembre de 2020 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y el trámite de verificación de las ordenes de tutela; iv) la sentencia de 18 de febrero de 2021 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado; v) la sentencia de 29 de julio de 2021 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de reunión y manifestación pública y pacífica; vi) análisis del caso concreto; vii) sobre la inexistencia de las pruebas de los hechos que dieron lugar a la presunta vulneración de los derechos fundamentales y la afectación del derecho fundamental de reunión y manifestación pública y pacífica en el caso concreto; viii) análisis de las pretensiones invocadas en la solicitud de tutela y, finalmente, ix) las conclusiones de la Sala.

Causales de improcedencia de la solicitud de tutela

El artículo 6º. del Decreto Ley 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de tutela, dentro de las cuales se establece que no procede el amparo constitucional, dirigido a la protección de derechos fundamentales, cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales y se pretenda reprochar actos administrativos de carácter general, en los siguientes términos:

“[…] ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.”

La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos 86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, indica que la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

Asimismo, esta Sección respecto de este requisito de subsidiariedad ha señalado:

“[…] la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 2013, advirtió que al analizar el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso ha culminado o está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.

La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico””.

Lo anterior atiende a que, en primer lugar, es el juez ordinario quien debe corregir las irregularidades que llegaren a presentarse en el curso del proceso, de manera oficiosa o a solicitud de parte, a efecto de dictar una sentencia que materialice el derecho a la tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme a las garantías procesales […]”.

De lo anterior se colige la competencia subsidiaria y residual del juez de tutela para la protección de los derechos constitucionales, salvo que no exista otro medio de defensa judicial de comprobada eficacia para lograr que cese inmediatamente la vulneración. Al respecto la Corte Constitucional ha considerado:

“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional para debatir lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que esta regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la tutela no procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa, pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable […]”.

Así las cosas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la tutela resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los medios ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general encuentra la excepción si el juez constitucional logra determinar que los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; y se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

La cosa juzgada constitucional

La Corte Constitucional, mediante sentencia SU-055 de 31 de mayo de 2018, señaló que el fenómeno de la cosa juzgada constitucional se configura cuando dos o más acciones de tutela reúnen triángulos procesales idénticos de partes, causa petendi y objeto.

En ese sentido, i) la identidad de partes hace referencia a que las acciones de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto bien sea en su condición de persona natural o jurídica; ii) la identidad de causa petendi se relaciona con la idea de que el ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirven de causa y; iii) la identidad de objeto, parte de que las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental.

Al respecto, es preciso indicar que “[…] sólo de manera excepcional, la emisión de una sentencia judicial puede constituirse como hecho nuevo, susceptible de ser valorado por el juez de tutela como justificante para la interposición de una segunda solicitud de amparo constitucional frente a unos mismos hechos […]” Estos casos han sido definidos por la Corte de manera restrictiva, pues sólo se han considerado como hechos nuevos, es decir los que justificarían la interposición de una segunda acción sin desdibujar la cosa juzgada, aquellos pronunciamientos con efectos erga omnes que tienen vocación de universalidad.

De igual manera, esta Sección frente al tema ha indicado que:

“[…] Pues bien, en cuanto al fenómeno de la cosa juzgada, cabe advertir que se le ha asimilado al principio del non bis in ídem y tiene por objeto que los hechos y conductas que han sido resueltos a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de plena eficacia jurídica, por ello la cosa juzgada comprende todo lo que se ha disputado. […]”.

La sentencia de 22 de septiembre de 2020 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y el trámite de verificación de cumplimiento de las órdenes de tutela

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia profirió sentencia de tutela, el 22 de septiembre de 2020, en el marco de la solicitud de tutela presentada por Soledad María Granda Castañeda y otros contra la Presidencia de la República, los Ministros de Defensa y del Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Director General de la Policía, el Comandante General de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, porque, a su juicio, vulneraron sus derechos fundamentales a la protesta pacífica, la participación ciudadana, la vida, la integridad personal, el debido proceso, “no ser sometidos a desaparición forzada”, libertad de expresión, reunión, circulación y movimiento.

El Despacho sustanciador de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia vinculó a la Fiscalía General de la Nación, a los Comandantes del Ejército Nacional, a los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional - ESMAD, al Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo – COPES y al Grupo de Operaciones Especiales – GOES, en calidad de terceros con interés legítimo en el resultado del proceso.

La autoridad judicial indicó que entre los comportamientos que los actores identificaron como violatorios se encontraban “[…] (i) intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas; (ii) “estigmatización” frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; (iii) uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos; (iv) detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (v) ataques contra la libertad de expresión y de prensa […]”.

Al respecto, se hizo referencia a las protestas que se realizaron el 21 de noviembre de 2019 y las que se llevaron a cabo en el 2020, hechos que se relacionaron con los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la protesta pacífica y no violenta.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia hizo referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Económicos, ratificado por Colombia por medio de la Ley 74 de 26 de diciembre de 1968, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución Política de 1991; analizó las sentencias de la Corte Constitucional sobre el tema objeto de análisis y la Ley 1801, de las cuales citó las principales consideraciones, el concepto de orden público y el principio de división de poderes respecto al poder de policía; hizo referencia a la Resolución núm. 2903 de 23 de junio de 2017 expedida por el Director General de la Policía Nacional, “[…] por la cual se expide el reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales por la Policía Nacional […]”, en la cual se reglamentaron las actuaciones de la Policía Nacional, y se refirió a los demás protocolos vigentes, en particular, los que regulan las actuaciones de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional – ESMAD.

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta las pruebas allegadas al proceso, señaló que era inaplazable la necesidad de los habitantes del territorio nacional de que la Rama Ejecutiva, encargada de mantener el orden público, contara con entidades formadas suficientemente para comprender y racionalizar en perspectiva democrática, el derecho de las personas y los habitantes del territorio a disentir y hacer público su pensamiento.

En ese sentido, la Sala concluyó que “[…] existió -y puede seguir existiendo- una reiterada y constante agresión, desproporcionada de la fuerza pública respecto de quienes, de manera pacífica, se manifestaron en las datas atrás indicadas, en ejercicio del derecho fundamental consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política, dado el uso desmedido e irregular de sus armas de dotación. […] En el presente asunto, más que evidenciar una situación sistemática de violación de las prerrogativas constitucionales por algunos agentes del ESMAD en el uso excesivo y desproporcional de la fuerza, trasciende negativamente a un contexto colectivo, pues mina la confianza de los ciudadanos hacia el actuar de la institución de la policía, particularmente, cuando ésta, en defensa del orden público, se comporta desmedidamente y sin control en contra de las personas que ejercen los derechos de reunión y manifestación pública, pacífica y no violenta […]”.

Las órdenes impartidas en esa oportunidad se transcriben a continuación:

“[…] SEGUNDO: ORDENAR a los aquí encausados que, en lo sucesivo, se abstengan de incurrir en conductas como las que dieron lugar a esta acción.

TERCERO: ORDENAR a los demandados que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, insertar y facilitar la descarga del contenido completo y legible de este pronunciamiento, en la parte principal de sus respectivas páginas web y redes sociales, en un lugar visible y fácilmente identificable, hasta tanto el Congreso de la República emita una Ley Estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta pacífica.

CUARTO: ORDENAR al Ministro de Defensa que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes el enteramiento de esta providencia, proceda a presentar disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial, aquéllos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional – ESMAD- durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019, las cuales deberán difundirse en el mismo término, por radio, televisión y redes sociales.

QUINTO: ORDENAR al Gobierno Nacional – Presidente de la República que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, proceda a:

a. Expedir un acto administrativo en el cual ordene a todos los miembros de la Rama Ejecutiva en el nivel nacional, mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del Gobierno Nacional, en el cual se incluya la obligación permanente de garantizar y facilitar, de manera imparcial, el ejercicio de los derechos fundamentales a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa, aun durante eventos de (i) guerra exterior; (ii) conmoción interior; o (iii) estado de emergencia.

b. Convocar y conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionados con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas, para que escuche y atienda los planteamientos, no sólo de los aquí accionantes, sino de cualquier persona interesada en el tema.

De llegarse o no a un consenso al respecto, el Gobierno Nacional estará en la obligación de expedir un acto administrativo, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de esta sentencia, una reglamentación sobre la materia que tenga en cuenta, como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos las recomendaciones de Naciones Unidas y las aquí señaladas, relacionadas con la intervención y el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, en manifestaciones y protestas.

Para tal efecto, se hará énfasis en conjurar, prevenir y sancionar la (i) intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas; (ii) “estigmatización” frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; (iii) uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos; (iv) detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (v) ataques contra la libertad de expresión y de prensa.

En esa línea, deberá realizarse, con la participación directa de la ciudadanía, órganos de control y los mandatarios regionales y locales, un protocolo de acciones preventivas concomitantes y posteriores que se denominará: “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO, Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA”, que incluya, como mínimo, lo siguiente:

Protocolo de acciones preventivas

El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales deberá estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. Así las cosas, es imprescindible que los miembros de la fuerza pública conozcan las disposiciones normativas que permiten el uso de las armas letales y no letales, y que tengan el entrenamiento adecuado para que en el evento en que deban decidir acerca de su uso posean los elementos de juicio para hacerlo.

Igualmente, se establecerán límites al máximo del uso de la fuerza para el control de disturbios, por cuanto el entrenamiento que reciben no debe estar dirigido a derrotar al enemigo, sino en función de la protección y control de civiles.

Deberá hacerse énfasis en la formación y capacitación inmediata en ética y derechos humanos de sus miembros, guiada por el respeto a la comunidad, donde sus integrantes actúen como agentes de paz, de protección a la ciudadanía y al derecho a la vida.

Así mismo, se hará un análisis cuantitativo y cualitativo del incremento de la profesionalización de los agentes destinados a la contención y alteración del orden público por causa del ejercicio de marchas y manifestaciones públicas, incluyendo una veeduría permanente de la ciudadanía y los órganos de control.

Protocolo de acciones concomitantes

Al momento de realizar el despliegue de la autoridad, los agentes estatales, en la medida de lo posible, deben implementar un procedimiento verificable que evalué la situación y un plan de acción previo a su intervención. De tal forma, los operativos policiales deben estar dirigidos a la contención o restablecimiento del orden, y no a la privación de la vida o agresiones injustificadas.

Con todo, en caso de que resultare obligatorio el uso de la fuerza, ésta debe realizarse en armonía con los principios de la finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad.

Para determinar la proporcionalidad del uso de la fuerza, debe evaluarse la gravedad de la situación que enfrenta el funcionario. Para ello, se debe considerar, entre otras circunstancias: la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo; las condiciones del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica.

Protocolo de acciones posteriores

Del mismo modo, debe implementarse procedimientos que verifiquen la legalidad y/o proporcionalidad del uso de la fuerza letal ejercida por agentes estatales, así como de las órdenes de la cadena de mando relacionados con el hecho.

En efecto, una vez que se tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad hicieron uso de armas letales o no letales, causando daños a la vida e integridad de las personas, deberá iniciarse inmediatamente, y dentro de un plazo que no supere los seis (6) meses contados a partir del suceso, al margen de las investigaciones a que haya lugar, la obligación de proveer una explicación pública satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados.

Tal procedimiento será acompañado por redes de veeduría ciudadana, mandatarios regionales, locales, y órganos de control. Al señalado estatuto se le hará pedagogía nacional, es decir, se enseñará y divulgará a todos los colombianos. c. De los avances para el cumplimiento de lo antes ordenado, el Gobierno Nacional – Presidente de la República deberá rendir, de manera directa a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, un informe quincenal, claro, detallado y exhaustivo del desarrollo de las negociaciones hasta la emisión del correspondiente acto administrativo.

SEXTO: ORDENAR a la Policía Nacional, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, expidan un protocolo que permita a las ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de mitin, reunión o acto de protestas.

SÉPTIMO: ORDENAR al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que, dentro de los treinta (30) días siguientes al enteramiento de este fallo, diseñen planes de fácil acceso para el acompañamiento y asesoría jurídica para las personas que, en actos de protestas resulten o, se hayan visto afectadas en ellas, brindando apoyo en tal sentido para acudir, incluso, a instancias internacionales cuando a ello hubiere lugar.

OCTAVO: ORDENAR al DEFENSOR DEL PUEBLO que, hasta tanto se constate que el ESMAD está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas, realizar un control estricto, fuerte e intenso de toda actuación de ese cuerpo policial en el desarrollo de manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus procedimientos.

Cuando se requiera cualquier participación del ESMAD en eventos públicos o privados, ese organismo de manera antelada, deberá poner a disposición DEL DEFENSOR el listado de los comandantes o jefes de unidad del personal asignado para el servicio requerido e, igualmente, la Policía Nacional deberá designar a un oficial superior común que sirva de enlace entre los agentes y el DEFENSOR DEL PUEBLO.

Asimismo, la aludida institución recibirá las quejas y denuncias que, por cualquier medio expedito y eficaz, se hagan sobre las conductas del ESMAD o integrantes de la fuerza pública en el desarrollo de manifestaciones y protestas.

NOVENO: ORDENAR a los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional -ESMAD- y a cualquier institución que efectué “actividades de policía” que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, suspenda el uso de las “escopetas calibre 12”, hasta tanto el a quo constitucional, previa verificación exhaustiva, constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento.

DÉCIMO: ORDENAR al DEFENSOR DEL PUEBLO que, mensualmente remita un informe al juez de primera instancia de esta acción constitucional del cumplimiento de las disposiciones aquí adoptadas.

DÉCIMOPRIMERO: INDICAR que cuando la Corte lo considere necesario, asumirá la competencia para exigir el obedecimiento de lo aquí ordenado.

DÉCIMOSEGUNDO: DISPONER la remisión de la reproducción total de este expediente con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes, con relación a los hechos materia de esta salvaguarda, debiendo rendir, por conducto de sus directores principales, informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sobre el avance de las actividades desplegadas para el señalado fin. […]” (Se resalta y subraya).

La sentencia de tutela fue remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión, siendo excluida de la misma, mediante auto interlocutorio de 26 de febrero de 2021 proferido por la Sala de Sección de Tutelas núm. 2, razón por la cual la sentencia hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y el cumplimiento de las órdenes esta a cargo de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuando lo considere necesario, por cuanto se reservó su derecho a exigir el obedecimiento de lo ordenado.

De conformidad con lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto núm. 3 de 2021, por medio del cual se creó el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana", el cual, en su artículo 1.º, dispone:

“[…] ARTÍCULO 1. Objeto. En cumplimiento a la orden contenida en el literal b, del ordinal Quinto del resuelve de la Sentencia de Tutela de segunda instancia STC7641-2020 del 22 de septiembre de 2020 de la Sala de Casación Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, el cual se titula "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA".

El Protocolo "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA" establece directrices para la actuación de las autoridades de policía en sus funciones de garantía de derechos fundamentales, conservación de la convivencia ciudadana y el orden público en el marco de las manifestaciones públicas y pacíficas. […].

Posteriormente, el Consejero Mayor y representante legal del Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC– presentó un memorial ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por medio del cual afirmó que se habían presentado casos de “violencia policial” y “detenciones arbitrarias”, en el marco de las protestas que se presentaron a partir del 28 de abril de 2021, y que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo no habían actuado diligentemente ante esas situaciones. Asimismo, otras personas solicitaron que se diera cumplimiento a las órdenes de la sentencia del 22 de septiembre de 2020, por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía Nacional en las ciudades de Bogotá, Cali y Popayán y la estigmatización por parte del Presidente de la República de las protestas y manifestaciones públicas que se adelantaron desde el 28 de abril de 2021.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto de 10 de mayo de 2021, frente a las peticiones de distintos interesados, particularmente, en relación con el cumplimiento de la sentencia, realizó el siguiente requerimiento:

“[…] [E]l Presidente de la República deberá informar lo correspondiente a la expedición del acto administrativo a través del cual ordene a todos los miembros de la Rama Ejecutiva en el nivel nacional, mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del Gobierno Nacional, en el cual se incluya la obligación permanente de garantizar y facilitar, de manera imparcial, el ejercicio de los derechos fundamentales a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa, aun durante eventos de (i) guerra exterior; (ii) conmoción interior; o (iii) estado de emergencia”. Para ello se ha de adjuntar la prueba documental correspondiente y el soporte de las diligencias encaminadas al enteramiento de todos los miembros de la Rama Ejecutiva.

“El mandatario también deberá rendir un informe detallado, claro y exhaustivo del desarrollo de las negociaciones del paro indicando si se llegó o no a un consenso, allegando para el efecto el acto administrativo correspondiente en el que se haya reglamentado lo relativo al uso de la fuerza en las protestas pacíficas y en donde se haya tenido en cuenta “como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos las recomendaciones de Naciones Unidas y las a[llí] señaladas, relacionadas con la intervención y el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, en manifestaciones y protestas”.

«Asimismo, el Presidente deberá aportar el protocolo de acciones preventivas concomitantes y posteriores ´que se denominará: ‘ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO, Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA’, mismo que debió realizarse con la participación “directa de la ciudadanía, órganos de control y los mandatarios regionales y locales”.

«Todo lo anterior, de conformidad con el numeral 5° de la parte resolutiva del fallo respecto del cual se insta su cumplimiento.

«En igual sentido, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación deberán informar si se expidió el protocolo tendiente a que los ciudadanos, organizaciones defensoras de los derechos humanos y las entidades vinculadas a las Naciones Unidas puedan realizar las verificaciones en los casos de capturas y traslados de personas durante el desarrollo de actos de protestas masivas, tal como se dispuso en el numeral sexto de la sentencia presuntamente incumplida.

«Igualmente, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación informarán lo pertinente acerca de los “planes de fácil acceso para el acompañamiento y asesoría jurídica para las personas que, en actos de protestas resulten o, se hayan visto afectadas en ellas, brindando apoyo en tal sentido para acudir, incluso, a instancias internacionales cuando a ello hubiere lugar”, según se ordenó en el numeral séptimo del fallo de la Corte Suprema de Justicia.

«Del mismo modo, se oficiará al Defensor del Pueblo para que suministre un informe respecto del control “estricto, fuerte e intenso” que debe surtir al actuar del ESMAD en el desarrollo de las manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus procedimientos, tal como se dispuso en el numeral octavo del reseñado pronunciamiento.

«Por otro lado, el Director General de la Policía Nacional y los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional deberán informar si han dado cumplimiento a la suspensión de uso de la escopeta calibre 12, en caso afirmativo deberá adjuntar los soportes de la ejecución de dicha orden, todo conforme fuere dispuesto en el numeral noveno del fallo constitucional.

«De otra parte, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación deberán informar lo relativo a los avances en las investigaciones penales y disciplinarias seguidas con ocasión de los hechos que fueron materia de la salvaguarda impetrada, según se dispuso en el numeral decimosegundo del enunciado pronunciamiento.

«Con todo, cada uno de los entes y autoridades accionadas, en el marco de sus funciones y competencias deberá acreditar ante esta Corporación el debido acatamiento al fallo constitucional en referencia […]” (Se resalta).

De igual forma, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en auto de 27 de mayo de 2021, consideró que las solicitudes que presentaron los ciudadanos debían ser tramitadas por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por haber sido el juez constitucional que conoció de la acción de tutela, en primera instancia; sin embargo, decretó pruebas complementarias, en los siguientes términos:

“[…] Si bien lo alegado por los memorialistas y los hechos actuales, de público conocimiento, sustentan la necesidad de intervención de esta Corte, la injerencia de la misma tendrá lugar, por ahora, con el decreto de pruebas complementarias respecto de las impartidas por el juez constitucional de primer grado, correspondiéndole a éste recabarlas durante el trámite de desacato que actualmente adelanta en esa etapa procesal, garantizando ante todo, el acatamiento del fallo, el derecho de contradicción y defensa de los involucrados y la doble instancia. […].

Como una de las finalidades de la sentencia STC-7641-2020 consistió en evitar la repetición de lo ocurrido en las fechas mencionadas y en las anteriores, analizadas en el fallo en cuestión, ha de verificarse si se han reiterado los hechos denunciados.

2.4.2. No puede, ensancharse el debilitamiento de la confianza ciudadana frente a las instituciones. La exigencia pacífica del ejercicio del derecho de reunión, manifestación y protesta conlleva entre las muchas, una obligación de doble vía, tanto para los titulares del derecho, como para el Estado. El derecho no se puede asimilar al caos, al vandalismo o al desorden; tampoco procede la estigmatización y la intimidación, porque ninguna de tales circunstancias, contribuyen al proceso democrático y constitucional de hacer un país incluyente y un Estado Social de Derecho, tolerante, armonioso, en desarrollo, respetuoso de la dignidad humana. Por ello, es del caso, instar a todas las autoridades accionadas y a la ciudadanía a acatar con diligencia y plena observancia, los mandatos contenidos en la sentencia STC-7641-2020.

Se dispondrá, por tanto, ordenar la práctica de las siguientes pruebas complementarias a las decretadas por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, las cuales practicará y recabará dicha Corporación en el trámite de desacato que actualmente cursa en el asunto de la referencia: […].

3. Decisión

Primero: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas complementarias a las decretadas por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, las cuales recabará dicha Corporación en el trámite de desacato que actualmente cursa en el asunto de la referencia:

1. Ordenar al Gobierno Nacional -Presidencia de la República y Ministerio de Defensa Nacional, que en el término de quince (15) días, informe lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha:

1.1. Descripción del procedimiento administrativo y de la metodología a través del cual se busque garantizar el esclarecimiento de acciones sobre el uso desproporcionado de la fuerza pública, así como de las órdenes de la cadena de mando.

1.2. Calendario de reuniones presentes y futuras, con la agenda de cada una de ellas, relacionado con la actividades de la mesa de articulación de alto nivel entre la Procuradora General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la Nación, el Director General de la Policía Nacional, las víctimas y sus representantes, ciudadanía, organizaciones defensoras de derechos humanos, y organismos internaciones, donde se discutió la temática de la reestructuración de las directrices sobre el uso de la fuerza estatal en las manifestaciones pacíficas.

1.3. En línea con lo anterior, señalar cuáles fueron los criterios de invitación a las víctimas, de las organizaciones de víctimas y sus representantes, ciudadanía, organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales.

1.4. En igual sentido, mencionar quiénes y cómo fueron tramitadas, escuchadas y atendidas las solicitudes de las víctimas y sus representantes, ciudadanía, organizaciones defensoras de derechos humanos, y organismos internacionales, presentadas a partir de la ejecutoria de la sentencia STC 7641-2020.

1.5. Indicar cuáles fueron, si existen, las propuestas y consensos presentados por los mandatarios regionales, locales, y órganos de control, y las respuestas dadas a dichas solicitudes.

1.6. Resultados de los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional con las víctimas, de las organizaciones de víctimas de y sus representantes, ciudadanía, organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales que participaron en las mencionadas reuniones.

2. Ordenar a la Procuradora General de la Nación, al Defensor del Pueblo, y al Fiscal General de la Nación, que en el término de quince (15) días, informen lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha:

2.1. Atinente con el protocolo de capturas y traslado de personas, mencionar quiénes y cómo fueron tramitadas, escuchadas y atendidas las solicitudes de las víctimas y sus representantes, ciudadanía, organizaciones defensoras de derechos humanos, y organismos internaciones, presentadas a partir de la ejecutoria de la sentencia STC 7641-2020.

2.2. En lo relativo con los avances en las investigaciones penales y disciplinarias seguidas contra los miembros de la fuerza pública involucrados en delitos contra los manifestantes, indicar, sin violar la reserva sumarial, si existe o no un plan metodológico que aborde esas investigaciones a partir de un contexto sistemático generalizado y grave de abuso de la autoridad y violación de los derechos humanos. En sentido negativo, deberán explicar las razones por las cuales no se abordó ese enfoque con base en la sentencia STC 7641-2020.

3. Ordenar al Defensor del Pueblo, que en el término de quince (15) días, informe lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha:

Evaluar la situación del compromiso actual del Gobierno Nacional y las autoridades locales y regionales sobre: (i) la situación actual de las personas afectadas durante los actos de protesta en cada municipio y departamento y los riesgos existentes frente al incremento de la violencia como el vandalismo, bloqueos viales y el exceso desproporcionado del actuar del ESMAD y en general, de la Fuerza Pública; (ii) la infraestructura de atención y las instancias de coordinación con que cuenta cada entidad territorial para atender los reclamos y denuncias de las personas afectadas durante los actos de protesta; (iii) las especificidades de las personas afectadas por los actos de protesta, como el tipo de perjuicio y la respuesta institucional, prestando particular atención al enfoque de género, así como de los pueblos indígenas, la población afrocolombiana y los campesinos; (v) las prioridades de atención a nivel territorial; y (vi) los factores que han incidido negativamente en el compromiso de garantía al derecho a la protesta, así como de los mecanismos apropiados para introducir correctivos.

La anterior evaluación se fundamentará en indicadores compatibles con lo ordenando por la sentencia STC 7641-2020.

Segundo: REMITIR las presentes diligencias a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para que continúe con el conocimiento del trámite de «cumplimiento del fallo» de la sentencia STC-7641-2020 y se pronuncie, sobre la apertura y complemento del caso, del desacato exigido por los solicitantes. […]” (Se resalta y subraya).

El Presidente de la República expidió el Decreto 575 de 28 de mayo de 2021, por medio del cual se decretan medidas para la conservación y el restablecimiento del orden público, en el cual se ordenó a los gobernadores de diferentes departamentos del país, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, coordinar con las autoridades militares y de policía la asistencia militar de que trata el artículo 179 de la Ley 1801.

Sobre el particular, es importante mencionar que el Gobierno Nacional y la Policía Nacional han expedido una serie de disposiciones que han desarrollado lo dispuesto en el Decreto núm. 3 de 2021, como lo son: la Resolución núm. 1681 de 28 de mayo de 2021 “[…] [p]or la cual se adopta el Protocolo de Verificación en Casos de Capturas y Traslados de Personas, durante el desarrollo de cualquier mitin, Reunión o Acto de Protestas suscrito entre la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional […]”; la Resolución 1682 de 28 de mayo de 2021, “[…] [p]or la cual se crea el Sistema de Información para el Registro de las Actuaciones Policiales – SIRAP […]”, y la Resolución núm. 1716 de 31 de mayo de 2021, “[…] [p]or la cual se establecen los parámetros del empleo de las armas, municiones, elementos dispositivos menos letales para la prestación del servicio de policía […]”.

La sentencia de 18 de febrero de 2021 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado

La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 18 de febrero de 2021, se pronunció sobre un caso con presupuestos fácticos similares, en el cual los señores Valentina Arboleda García y Diego Alejandro Huérfano Miranda presentaron acción de tutela contra el Presidente de la República, el Ministro de Defensa Nacional y el Director de la Policía Nacional porque, a su juicio, la Policía Nacional utilizó las vías de hecho y se apartó de su deber de cuidado y custodia de la vida de las personas que ejercieron su derecho a manifestarse libremente, el no tener en cuenta los procedimientos policivos y al emplear como primer recurso contra manifestantes desarmados sus armas de dotación, en hechos ocurridos el 9, 10 y 11 de septiembre de 2020, en los cuales se afirmó murieron 10 personas y varias personas resultaron heridas.

Sobre el particular, señaló que la acción de tutela había sido resuelta, en primera instancia, por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 5 de octubre de 2020, complementada a través de providencia de 13 de octubre de 2020, amparó los derechos fundamentales de los actores a la vida, a la libertad de expresión y manifestación pública en las protestas sociales y, en consecuencia, profirió una serie de órdenes al Presidente de la República, al Ministerio de Defensa Nacional, al Director de la Policía Nacional, a la Alcaldesa Mayor de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de “[…] se garantice el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente […]”.

Las órdenes impartidas en esta oportunidad se exponen a continuación:

“[…] SEGUNDO: Como consecuencia, ORDÉNASE al señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, doctor IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, al señor MINISTERO DE DEFENSA NACIONAL, doctor CARLOS HOLMES TRUJILLO GARCÍA y el DIRECTOR de la POLICÍA NACIONAL, general ÓSCAR ATEHORTÚA DUQUE que procedan a la elaboración de un PROTOCOLO que a corto plazo incluya medidas más urgentes que garanticen el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente atendiendo a la programación y otorgamiento de los respectivos permisos que han de proferir los alcaldes locales para las manifestaciones públicas a realizarse en los próximos días y meses. Para los anteriores efectos, OTÓRGARSELE A LA MESA DE TRABAJO el plazo de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este fallo y cuyo documento en todo caso deberán entregar al tribunal antes de la realización de la primera próxima protesta que se autorice llevar a cabo.
TERCERO: ACOJÁNSE LAS ÓRDENES impartidas por la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en la sentencia STC7641-2020 de 22 de septiembre anterior dentro del expediente de tutela Radicado nro. 11001-22-03-000-2019-02527-02, fallo que hace parte integral de la presente sentencia de tutela en lo que tiene relación con las decisiones adoptadas para la elaboración del PROTOCOLO que han de seguir y cumplir los miembros de las fuerzas armadas durante el desarrollo de las manifestaciones y protestas públicas con el respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica.

CUARTO: DECLÁRASE que la afectación a los derechos fundamentales de los accionantes VALENTINA ARBOLEDA GARCIA y DIEGO ALEJANDRO HUÉRFANO MIRANDA no tiene su causa en la conducta activa de las autoridades accionadas el señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, doctor IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, el señor MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, doctor CARLOS HOLMES TRUJILLO GARCÍA y el DIRECTOR de la POLICÍA NACIONAL, general ÓSCAR ATEHORTÚA DUQUE sino en el comportamiento desmesurado de los agentes de la policía ya identificados y por aquellos sobre los cuales la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN está realizando las correspondientes investigaciones penales en orden a imputarles cargos y a que se les adelante el correspondiente juicio donde los jueces de conocimiento impartirán las correlativas sentencias de condena.

QUINTO. DISPÓNESE la continuidad de la conformación de la MESA DE TRABAJO que de manera consensuada y coordinada deberá elaborar el correspondiente documento mediante la toma de medidas a mediano y a largo plazo que permitan remediar las causas que originan los conflictos sociales y las protestas de los ciudadanos que resultan afectados como consecuencia de las mismas. ACÁTENSE POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LA ALCALDESA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. LAS DIRECTRICES DE QUE SE DA CUENTA EN LA PARTE MOTIVA DE ESTE FALLO. El Tribunal hará los correspondientes requerimientos sobre el avance de la misma en los plazos de tres (3), seis (6) meses, un (1) año, tres (3) años, cinco (5) años y diez (10) años con el fin de que no se haga nugatorio el cumplimiento a las órdenes que se imparten para salvaguardar los derechos fundamentales en conflicto.

SEXTO: CONMÍNASE al señor FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN o a quien haga sus veces para que imprima un criterio de celeridad prevalente y especial a las investigaciones penales que se adelantan por los posibles hechos delictivos acaecidos en el marco de las protestas de los días 9, 10 y 11 de septiembre del presente año con el fin de que las acciones penales respectivas no lleguen a prescribir, en el entendido que las resultas de esos procesos penales representan interés nacional por el trasfondo social que se ha analizado en esta providencia. […].

OCTAVO: En caso de no ser impugnado este fallo, REMÍTASE el expediente a la H. CORTE CONSTITUCIONAL para su eventual revisión cuando sea viable […]”.

En ese sentido, entre las órdenes impartidas se observan, entre otras: i) elaborar un protocolo que, a corto plazo, incluya medidas urgentes que garanticen el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente, atendiendo a la programación y al otorgamiento de los respectivos permisos que han de proferir los alcaldes locales para las manifestaciones públicas a realizarse en los próximos días y meses; ii) acoger las órdenes impartidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia de 22 de septiembre de 2020, referida supra, “[…] aun cuando para la fecha no ha causado cosa juzgada material por cuanto la misma solo la alcanzará una vez la Corte Constitucional profiera sentencia de revisión, o no sea seleccionada para tal efecto, momento en que causará firmeza […]” y iii) continuar con la conformación de la Mesa de Trabajo que de manera consensuada y coordinada deberá elaborar el correspondiente documento mediante la toma de medidas a mediano y a largo plazo, que permitan remediar las causas que originan los conflictos sociales y las protestas de los ciudadanos.

De conformidad con lo anterior, la Sala concluyó, respecto a los argumentos planteados en el escrito de impugnación, que: i) los actores acreditaron la legitimación en la causa por activa para promover la presente acción de tutela; ii) se cumplió con el requisito de la subsidiariedad; iii) le asistió razón al a quo al amparar los derechos fundamentales alegados por los actores en el entendido de que debían garantizarse los derechos fundamentales alegados como vulnerados en las protestas sociales y al establecer que existía un deber por parte de los manifestantes de ejercer sus derechos fundamentales de manera pacífica y en cumplimiento de las normas y las regulaciones expedidas por las autoridades competentes; iv) la orden adoptada en el numeral segundo de la parte resolutiva resultaba consonante con lo dispuesto en la Constitución Política, en lo relativo a las funciones del presidente en calidad de Suprema Autoridad Administrativa; y, v) la decisión contenida en el numeral tercero de la parte resolutiva, referente a que se acogían las órdenes impartidas en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 22 de septiembre de 2020, sobre las decisiones relacionadas con el protocolo que debían seguir y cumplir los miembros de las fuerzas armadas durante el desarrollo de las manifestaciones y protestas públicas con el respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participaron en la protesta pacífica, no alteraron, modificaron o restringieron el núcleo esencial del derecho a la protesta sino que lo garantizaron, razón por la cual el Tribunal no se había excedido y había respetado el principio de reserva de ley estatutaria.

La sentencia de 29 de julio de 2021 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado

La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 29 de julio de 2021, se pronunció sobre un caso con presupuestos fácticos similares, en el cual el señor Arean Johny Molano y otros presentaron acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, el Director General de la Policía Nacional, el Comandante de las Fuerzas Militares, el Alcalde de Santiago de Cali, la Gobernación del Valle, el Comandante de la Policía de Santiago de Cali, el Comandante del Ejército Nacional, el Fiscal General de la Nación, la Procuradora General de la Nación, la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué, el Comandante General de la Policía Metropolitana de Ibagué y la Defensoría del Pueblo, con el objeto de que se obtuvieran medidas para contener el presunto uso de la fuerza desmedido por parte de la fuerza pública durante las manifestaciones sociales iniciadas el 28 de abril de 2021 y el retiro o suspensión de la asistencia militar.

En esta oportunidad, la Sala señaló que los actores habían acreditado la legitimación en la causa por activa, debido a que expusieron los argumentos por los cuales estimaron que sus derechos fundamentales relacionados con la manifestación pública y pacífica se habían visto afectados como consecuencia de los presuntos abusos cometidos por la fuerza pública en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril de 2021; sin embargo, indicó que había una falta de legitimación en la causa por activa, respecto a los derechos a la libertad de locomoción, paz, petición, vida, salud, libertad personal, debido proceso, integridad física, dignidad humana, y a no ser sometido a desaparición forzada, por cuanto de las pruebas no se advertía una amenaza para la comunidad, en general, pero no en relación directa con ellos. Asimismo, aclaró que no era procedente actuar como agente oficioso de personas indeterminadas e ilimitadas, en la medida que se debían cumplir con los requisitos de la Ley 1564 y se debía poder determinar el grupo o los grupos de personas respecto de los cuales una persona podría eventualmente actuar como agente oficioso.

De igual forma, precisó que no había lugar a declarar la improcedencia de la acción de tutela con fundamento en que no fue ejercido previamente el derecho de petición o la interposición de quejas disciplinarias, debido a que el artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991 lo que establecía era que esta no podía interponerse cuando existían otros medios de defensa judicial, y tampoco se podía declarar improcedente, porque no se habían interpuesto acciones penales, las cuales no eran el mecanismo judicial idóneo para lograr lo pretendido por la acción de tutela que era la adopción de medidas preventivas para que no se siguieran presentando abusos de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones.

Asimismo, afirmó que la acción de tutela era improcedente para solicitar la reparación no pecuniaria, por cuanto el perdón público y la conmemoración de las víctimas por conductas atribuibles a agentes estatales eran medidas propias del medio de control de reparación directa.

Además, aclaró que la acción de tutela también era improcedente para solicitar el retiro de la asistencia militar, dado que se trataba de una facultad del gobierno contenida en el artículo 170 de la Ley 1801, norma de carácter general, impersonal y abstracto, que le otorgó competencia al Presidente de la República, como máximo Comandante de las Fuerzas Militares. Asimismo, destacó, en cuanto a la suspensión del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD, “[…] que, a través de la acción de tutela, no es posible suspender o eliminar las competencias que la Constitución Política le otorga al Presidente de la República como máximo responsable por la conservación del orden público en el país, según lo preceptúan los citados numerales 3 y 4 del artículo 189 de la Constitución Política, normas de rango constitucional que también son de carácter general, impersonal y abstracto, respecto de las cuales no procede la acción de tutela, de acuerdo con el citado numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991. […]”.

La Sala precisó que, de lo relatado en los escritos de tutela y el material probatorio obrante en el expediente, se podía concluir que era de conocimiento público que los hechos que habían ocurrido con ocasión de las manifestaciones ciudadanas que se iniciaron el 28 de abril de 2021, han estado enmarcados por una serie de irregularidades y violaciones de la ley, tanto por miembros de la fuerza pública como por parte de ciudadanos.

En ese sentido, valoró los abusos de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones sociales iniciadas el 28 de abril de 2021, según las pruebas aportadas en el expediente, lo registrado en diversos medios de comunicación y según los informes de las entidades accionadas. Para el efecto, hizo referencia a los parámetros generales sobre el uso racional de la fuerza en el marco de manifestaciones sociales definidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia proferida, el 22 de septiembre de 2020.

Sobre el particular, concluyó que, aun cuando el Gobierno Nacional había expedido actos administrativos tendientes a desarrollar los protocolos previstos en el Decreto núm. 3 de 2021, los principios de proporcionalidad, necesidad y racionalidad en el uso de la fuerza y las órdenes de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, la realidad había demostrado que se seguían “[…] presentando múltiples hechos de uso excesivo de la fuerza por parte de algunos agentes de la Policía Nacional y del Cuerpo Móvil Antidisturbios ESMAD, ahora en el marco de las protestas sociales iniciadas el 28 de abril de 2021, quienes deberán ser individualizados por las autoridades competentes […]”.

Asimismo, explicó que, en el caso objeto de análisis, se tenía por acreditado que en el marco de las manifestaciones sociales que iniciaron el 28 de abril de 2021 en Colombia, se presentaron hechos de abuso policial en contra de los manifestantes que afectaron el núcleo esencial del derecho a la manifestación pública y pacífica, debido a que las referidas situaciones generaban un temor infundado en los accionantes a conglomerarse o reunirse, manifestar libremente sus ideas, ejercer control frente al Estado y realizar presión en las calles.

En esta oportunidad, la Sala consideró que la acción de tutela también tenía una faceta preventiva, cuyo objetivo era impedir el daño o la lesión definitiva del derecho, teniendo en cuenta que el mantenimiento del orden público no podía darse mediante la supresión o restricción desproporcionada de las libertades públicas.

De conformidad con lo anterior, la Sala impartió las órdenes que se exponen a continuación:

“[…] PRIMERO: ACUMULAR a la acción de tutela 2021-02227, los procesos con radicado 2021-02402-00, 2021-02377-00, 2021-02365-00,[…] 2021-02582-00, 2021-03290-00. […].

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE las solicitudes de amparo interpuesta por Arean Johny Molano, así como en los radicados […] en los casos en los cuales se haya solicitado su protección, únicamente en relación con los derechos fundamentales a la libertad de locomoción, paz, petición, vida, salud, libertad personal, debido proceso, integridad física, dignidad humana, y a no ser sometidos a desaparición forzada.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Arean Johny Molano, así como en los radicados […] en los casos en los cuales se haya solicitado su protección, en relación con las pretensiones consistentes en ordenar el retiro o suspensión del CUERPO MÓVIL ANTIDISTURBIOS ESMAD y de la asistencia militar en el marco de las protestas sociales iniciadas el 28 de abril de 2021, y en relación con ordenar al Ministerio de Defensa Nacional y al Presidente de la República pedir perdón público y decretar un día de duelo nacional por los abusos de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones sociales en comento.

CUARTO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la manifestación pública y pacífica, reunión, libertad de expresión, participación política y asociación de los accionantes.

QUINTO: ORDENAR a la Policía Nacional y al ESMAD que se abstengan de utilizar la fuerza en contra de las personas que están ejerciendo su derecho a manifestarse de manera pacífica. Así mismo, INSTAR a que cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales, especialmente lo dispuesto en el artículo 37 de la Constitución Política y lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016 y el Decreto 003 de 2021. En cuanto a las personas que realizan acciones violentas, es deber de la Policía Nacional y el ESMAD en el marco de sus funciones constitucionales y legales proteger a los manifestantes y a toda aquella persona que pueda ver afectados sus derechos; para ello, deberá hacer uso de la fuerza atendiendo los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad.

SEXTO: ORDENAR a la Policía Nacional que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en conductas como las que dieron lugar a esta acción.

SÉPTIMO: ORDENAR la remisión de la reproducción total de este expediente con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes, con relación a los hechos materia de esta acción de tutela.

OCTAVO: REITERAR a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional, la necesidad de cumplir en su totalidad el Decreto 003 de 5 de enero de 2021, aplicar en su totalidad los protocolos de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, y las demás medidas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en la providencia STC7641 de 22 de septiembre de 2020, identificada con el número único de radicación 11001-22-03-000-2019-02527-02, y ratificadas por la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia del 18 de febrero de 2021, en el radicado 25000-23-15-000-2020-02700-01 y 25000-23-15-000-2020-02694-00.

NOVENO: ORDENAR a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, inserten y faciliten la descarga del contenido completo y legible de este pronunciamiento, en la parte principal de sus respectivas páginas web y redes sociales, en un lugar visible y fácilmente identificable. Igualmente por esa misma vía comuniquen públicamente a la ciudadanía cada una de las medidas que implementen para dar cumplimiento al presente fallo.

NOVENO: ORDENAR a la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la Nación que inicien con prontitud las investigaciones y se apliquen las sanciones a que haya lugar contra de los miembros de la institución involucrados en abusos de la fuerza pública en el marco de las protestas sociales iniciadas el 28 de abril de 2021 en Colombia.

DÉCIMO: NEGAR las demás pretensiones de las acciones de tutela, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

DÉCIMO SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley. […]” (Se resalta).

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de reunión y manifestación pública y pacífica

Visto el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:

“[…] ARTICULO 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho […]”.

Atendiendo a que la Corte Constitucional ha señalado que “[…] los derechos a la reunión y a la manifestación pública y pacífica son fundamentales, incluyen la protesta y están cobijados por las prerrogativas del derecho a la libertad de expresión. Así mismo excluyen de su contorno material las manifestaciones violentas y los objetivos ilícitos. Estos derechos tienen una naturaleza disruptiva, un componente estático (reunión/pública) y otro dinámico (manifestación pública). En este sentido, el ejercicio de estos derechos es determinante para la sociedad en la preservación de la democracia participativa y el pluralismo. Adicionalmente, sus limitaciones deben ser establecidas por la ley y, para que sean admisibles, deben cumplir con el principio de legalidad y, por lo tanto, ser previsibles. […]”.

Asimismo, la Corte Constitucional, mediante sentencias C – 223 del 20 de abril de 2017 y C -009 del 7 de marzo de 2018, precisó que el derecho a la manifestación debe ser pacífica y debe tener licitud en su objetivo, como se expone a continuación:

“[…] En este punto, se debe resaltar que el artículo 37 de la Constitución somete la protección de estos derechos en la esfera pública a condiciones pacíficas, lo cual excluye su ejercicio a través de medios violentos. Así, además de los mencionados elementos que son aplicables al artículo 37 de la Constitución (subjetivo, temporal, finalístico y real), el ejercicio de estos derechos solo se permite en esas condiciones. En concordancia, cabe enfatizar en que el elemento finalístico reseñado, exige la licitud del objetivo de la reunión o manifestación, lo cual refuerza la condición de que los derechos se ejerzan de forma pacífica. Tal condición constituye un presupuesto del goce de estos derechos que implica que la violencia, sin importar en qué momento se produzca, si como un exceso a lo que comenzó en términos pacíficos o como el objetivo de una manifestación particular, escapa de la garantía de los derechos, al salirse de su contorno material […]” (Se resalta).

En ese sentido, la Corte Constitucional, en sentencia T – 3779365 de 27 de junio de 2013, precisó que la Constitución Política garantiza el derecho de reunión y manifestación pública y pacífica en una dimensión estática (reunión) como en una dimensión dinámica (movilización), de forma individual y colectiva, sin violencia ni alteraciones graves al orden público. En ese sentido, señaló que aun cuando se presenta tensión entre el derecho a la reunión y manifestación pública y pacífica y el mantenimiento del orden público, el legislador no puede desbordar los principios de razonabilidad y proporcionalidad al hacer uso del margen de configuración o establecer restricciones cuya vaguedad conduzca a impedir tal derecho.

Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 9 de noviembre de 2020, explicó los alcances del derecho fundamental de reunión y manifestación pública y pacífica, al señalar que se trata de derechos que solo pueden ser limitados a través de la ley, tienen una dimensión estática y se trata de garantías autónomas de libertad que están protegidas por las prerrogativas del derecho a la libertad de expresión y la participación política.

Al respecto, señaló que no cualquier alteración del orden público habilita la restricción del derecho a la manifestación pública y pacífica, sino sólo cuando se trate de una manifestación violenta, teniendo en cuenta que se ha defendido el carácter fundamental de esta garantía constitucional, en desarrollo de la premisa conforme a la cual los derechos fundamentales son universales, indivisibles, interrelacionados e independientes.

Adicionalmente, indicó, respecto al núcleo esencial del derecho a la manifestación pública y pacífica y sus derechos conexos, entre ellos, los derechos a la reunión, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo siguiente:

“[…] Bajo el contexto explicado, y teniendo en cuenta la relación intrínseca entre la manifestación pública y pacífica con los derechos a la reunión, libertad de expresión, participación política y asociación, la jurisprudencia constitucional definió así el núcleo esencial o el ámbito irreductible de protección del derecho fundamental a la manifestación pública y pacífica, en los siguientes términos:

“En ese sentido, puede decirse que el ámbito irreductible de protección del derecho a la reunión, manifestación y protesta, es la conglomeración de personas, identificadas con fines comunes, cuyo fin es manifestarse –libertad de expresión- frente al funcionamiento del gobierno –control político-, a través de la presión en la calle y mediante un actuar pacífico y sin armas. En otras palabras, el Legislador no podrá, por vía de legislación estatutaria, establecer medidas que cercenen la facultad ciudadana de ejercer control al poder político, de manifestarse u opinar libremente y de intentar establecer un diálogo con el Estado sobre asuntos esenciales. Por ejemplo, el Estado no podrá tomar medidas que anulen el ejercicio del derecho –restricción plena de vías, medidas de excepción que suspendan indefinidamente el derecho de protesta, entre otros-, o que criminalice el derecho –creación de tipos penales, ejercicio directo o indirecto de censura, entre otros-. De esta condición principal, derivan condiciones concretas” . (Se destaca)

Corolario de lo expuesto, el núcleo esencial del derecho a la reunión, manifestación y protesta social está conformado por los siguientes elementos: i) la conglomeración de personas (reunión y asociación) con fines comunes, ii) permitir manifestarse (libertad de expresión) frente al funcionamiento del gobierno o el Estado, iii) ejercer control frente al gobierno o el Estado (participación política), y iv) ejercer presión en la calle, mediante un actuar pacífico y sin armas. […]” (Se resalta).

Análisis del caso concreto

Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

En consecuencia, la Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas por las partes, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el actor en su respectivo escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:

58.1. Los documentos aportados por el actor y los informes rendidos por la parte demandada y el tercero con interés, con sus debidos anexos.

Sobre la inexistencia de las pruebas de los hechos que dieron lugar a la presunta vulneración de los derechos fundamentales y la afectación del derecho fundamental de reunión y manifestación pública y pacífica en el caso concreto

El Ministerio de Defensa Nacional afirmó que en la acción de tutela la carga de la prueba la tenía el actor, razón por la cual debían probar las afirmaciones que daban sustento a su solicitud, por cuanto se limitó a aportar como prueba videos y notas de prensa en redes sociales y medios de comunicación que no permitían percibir el contexto completo de las circunstancias que sirvieron como fundamento para presentar la acción de tutela.

Sobre el particular, la Sala debe precisar que no son de recibo los argumentos expuestos por la parte accionada, debido a que de lo descrito en los escritos de tutela y el material probatorio obrante en el expediente, se puede concluir que es de conocimiento público que los hechos que han ocurrido con ocasión de las manifestaciones ciudadanas que se iniciaron el 28 de abril de 2021, han estado enmarcados por una serie de irregularidades y violaciones de la ley por miembros de la fuerza pública y por parte de ciudadanos. Asimismo, se advierte que la información de prensa se ha admitido por esta Corporación como prueba documental.

En ese sentido, la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia de tutela de 29 de julio de 2021, señaló:

“[…] En cuanto a este punto, la Sala debe precisar que no son de recibo los argumentos expuestos por las accionadas, toda vez que, de lo relatado en los escritos de tutela y el material probatorio obrante en el expediente, se puede concluir que es de conocimiento público que los hechos que han ocurrido con ocasión de las manifestaciones ciudadanas que se iniciaron el 28 de abril de 2021, han estado enmarcados por una serie de irregularidades y violaciones de la ley, tanto por miembros de la fuerza pública como por parte de ciudadanos.

Sobre este punto, en sentencia de tutela de 18 de febrero de 2021, la Sección Primera de la Corporación tuvo la oportunidad de examinar si se vulneraban los derechos fundamentales a la vida, a la libertad de expresión, a la paz y a la reunión, a la manifestación y protesta pública y pacífica, por parte del Presidente de la República, el Ministro de Defensa Nacional y el Director de la Policía Nacional, debido a que la Policía Nacional había utilizado las vías de hecho y se apartó de su deber de cuidado y custodia de la vida de las personas que ejercieron su derecho a manifestarse libremente, al irrespetar los procedimientos policivos, y al emplear como primer recurso contra manifestantes desarmados, sus armas de dotación letales y menos letales, en hechos ocurridos los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2020, en los cuales, se afirma, murieron más de 10 personas y hubo numerosos heridos.

En esa oportunidad, la Sección Primera de la Corporación sostuvo lo siguiente:

En cuanto a este punto, la Sala debe precisar que no son de recibo los argumentos expuestos por las accionadas, toda vez que de lo relatado en el escrito de tutela y el material probatorio obrante en el expediente, se puede concluir que es de conocimiento público que los hechos ocurridos con ocasión de las manifestaciones ciudadanas que tuvieron lugar en los años 2019 y 2020, estuvieron enmarcados por una serie de irregularidades y violaciones de la ley por parte de la fuerza pública. Así quedó acreditado con las denuncias radicadas ante la Fiscalía General de la Nación y las pruebas que en medio digital allegó la parte actora en las que se relacionan reportajes y cubrimientos periodísticos sobre los hechos acaecidos.

De manera que es cierto que las autoridades están supeditadas a la ley para limitar el derecho a las manifestaciones públicas, lo que implica la prohibición del uso desmedido de la fuerza y la respuesta al deber de restablecimiento del orden público bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad; no obstante, el ejercicio del mencionado derecho encuentra limitaciones, por cuanto se debe ejercer de manera pacífica, en los términos del artículo 37 superior.” (Se destaca)

A juicio de la Sala, tal y como sucedió en el caso citado como antecedente, fallado por la Sección Primera de esta Corporación, es un hecho de público conocimiento que, en el marco de las manifestaciones por el paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021, se ha presentado un uso desproporcionado de la fuerza legítima del Estado, el cual ha derivado en el registro de lesionados, y en algunas casos muertes, que, sin perjuicio que deban ser investigados por las autoridades competentes a efectos de establecer los autores de dichos hechos, y de esa manera individualizar a aquellos agentes del Estado que se hayan apartado de sus obligaciones Constitucionales y Legales, no dejan de ser una conducta por fuera de los parámetros de absoluta necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. […].

Como puede apreciarse, los recortes y notas de prensa se reputan como prueba documental y puede tomarse como indicio contingente junto con los demás elementos de juicio que obren en el expediente. […]” (Se resalta).

Sobre el particular, es importante señalar que, en el caso sub examine, al igual que en los casos acumulados decididos en la sentencia referida supra, se encuentra acreditado que, en el marco de las protestas sociales iniciadas el 28 de abril de 2021, se presentaron hechos de abuso policial en contra de los manifestantes que afectaron el núcleo esencial del derecho a la reunión y la manifestación pública y pacífica, en la medida que generaron un temor infundado a reunirse, manifestar libremente sus ideas, ejercer control frente al Estado y realizar presión en las calles.

Análisis de las pretensiones invocadas en la solicitud de tutela

La Sala procederá a examinar la procedencia de las pretensiones invocadas en el escrito de tutela y analizará si existe una amenaza cierta e inminente a los derechos fundamentales invocados por el actor.

i) y ii) Sobre la pretensión de crear espacios de democratización y convocar la conformación de una mesa de diálogo nacional

El actor solicitó como pretensión en su escrito de tutela “[q]ue se creen espacios que permitan desarrollar la democratización […] [q]ue se ordene al Presidente de la República convocar a la conformación de una mesa de diálogo nacional para escuchar y atender los planteamientos de los manifestantes en Cali, y las otras ciudades de Colombia y de cualquier persona interesada, con la finalidad que se pueda llegar a acuerdos que permita levantar las movilizaciones en todo el país. […]”.

La Sala observa que lo solicitado en esta pretensión excede el ámbito de protección de los derechos fundamentales invocados en la solicitud de tutela, esto es, el de reunión y manifestación pública y pacífica, debido a que se trata de un asunto de orden político que le corresponde resolver a las autoridades públicas competentes con el fin de identificar las causas de las protestas sociales iniciadas el 28 de abril de 2021 y a los miembros y organizaciones que conforman el Comité Nacional del Paro, quienes no son parte accionada en el proceso de tutela.

Sobre el particular, se observa que se han adelantado mesas de diálogo en varios sectores del país. Al respecto, en noticia publicada el Diario La República, el 5 de mayo de 2021, titulada “[…] [l]os seis puntos que negociará el Gobierno para llegar a acuerdos […]” se afirma que el Gobierno Nacional se reunió con los líderes del Comité Nacional del Paro, el 10 de mayo; con los estudiantes, el 12 de mayo; con los alcaldes de las zonas Programas de Enfoque Territorial – PDET; con líderes de partidos políticos, el 14 de mayo; con los transportadores, el 17 de mayo, y con los gremios económicos el 20 de mayo. Asimismo, en noticia publicada en El Heraldo, el 14 de junio de 2021, titulada “[…] [g]obierno descentraliza la negociación del paro nacional […]”, se informa que el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación comunicó que el Gobierno descentralizaría la mesa de diálogos para que los manifestantes y las autoridades locales fueran los protagonistas, razón por la cual se dispusieron 200 mesas en distintos lugares del país y que las regiones en las cuales se estaba cumpliendo con la estrategia eran el Catatumbo, Norte de Santander, Meta, Cauca y varios municipios del Pacífico nariñense.

De conformidad con lo anterior, la Sala no accederá a la pretensión de ordenar a las autoridades y particulares involucradas en las protestas sociales iniciadas el 28 de abril de 2021 que creen espacios de democratización o conformen una mesa de diálogo con el fin de solucionar de manera pacífica el conflicto y satisfacer las demandas sociales.

iii) Improcedencia de la acción de tutela para solicitar el retiro de la asistencia militar

El actor, en su solicitud de tutela, planteó como pretensión “[…] que se ordene la desmilitarización de las ciudades de Colombia que se encuentran ejerciendo el derecho fundamental a la protesta mientras se lleva a cabo los diálogos que permitan llegar a un consenso sobre los pliegos y propuestas que tienen los manifestantes sobre las actividades y acciones del gobierno […]”.

Al respecto, es preciso indicar que el artículo 170 de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016 establece la figura de la asistencia militar como un instrumento del cual puede disponer el Presidente de la República cuando se presenten hechos que alteren gravemente la seguridad o la convivencia y para afrontar una emergencia o calamidad pública.

El Presidente de la República expidió el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, con fundamento en lo anterior y ante la situación de orden público presentada en el marco de las jornadas de protesta adelantadas desde el 28 de abril de 2021, por medio del cual se ordenó que se aplicara, entre otras medidas, la figura de asistencia militar en coordinación con algunas autoridades locales.

En ese sentido, la acción de tutela resulta improcedente para tramitar este tipo de pretensiones, por cuanto se trata de controvertir la facultad del Presidente de la República de utilizar la figura de la asistencia militar establecida en una norma de carácter general, impersonal y abstracto, que le otorga competencia como máximo comandante de las fuerzas militares, para que, frente a hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia, o ante un riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, disponga, de forma temporal y excepcional, de la asistencia de la fuerza militar.

iv), v), vi), vii) y ix) Sobre las pretensiones de ordenar la expedición de un protocolo que permita realizar verificaciones en casos de captura y traslado de personas; la garantía de derechos en caso de conmoción interior o estado de emergencia; el diseño de planes de acompañamiento y asesoría jurídica; el control de la actuación policial, y la no criminalización de las personas que participan en las manifestaciones pacíficas

El actor refirió como pretensiones de la solicitud de “[q]ue se ordene a la Policía Nacional, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación la expedición de un protocolo que permita a los ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de la protesta en Cali y Colombia” ; “[…] exigirle al Gobierno Nacional - Presidente de la República promover, garantizar y facilitar, de manera imparcial, el ejercicio de los derechos fundamentales a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa, aún durante la protesta en caso que se declare, conmoción interior, o estado de emergencia […]”; “[…] [o]rdenar al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, para que en mes (sic) de 48 horas diseñar planes de fácil acceso para el acompañamiento y asesoría jurídica de las personas quienes resulten o se hayan visto afectadas en actos de protesta, brindándoles apoyo para acudir incluso, a instancias internacionales si a ello hubiere lugar para garantizar sus derechos fundamentales […]” ; “[…] [o]rdenar al Defensor del Pueblo para que cumpla y ejerza control contra el ESMAD […] quien debe realizar un control estricto, fuerte e intenso en toda actuación que intervengan el cuerpo policial en el desarrollo de manifestaciones y de sus actividades […]” y “[…] [o]rdenar al gobierno nacional y los medios de comunicación para que no se criminalice a las personas que participen dentro de las manifestaciones de manera pacífica y que no se promueva el odio y discriminación dentro de la misma […]”.

La Sala observa que frente a estas pretensiones hay cosa juzgada constitucional, debido a que tienen por objeto la adopción de medidas que ya fueron ordenadas en los numerales quinto, sexto, séptimo y octavo de la sentencia de 22 de septiembre de 2020 proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema, como se expone a continuación:

“[…] QUINTO: ORDENAR al Gobierno Nacional – Presidente de la República que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, proceda a:

a. Expedir un acto administrativo en el cual ordene a todos los miembros de la Rama Ejecutiva en el nivel nacional, mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del Gobierno Nacional, en el cual se incluya la obligación permanente de garantizar y facilitar, de manera imparcial, el ejercicio de los derechos fundamentales a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa, aun durante eventos de (i) guerra exterior; (ii) conmoción interior; o (iii) estado de emergencia. […].

Para tal efecto, se hará énfasis en conjurar, prevenir y sancionar la […] “estigmatización” frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno;

SEXTO: ORDENAR a la Policía Nacional, Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, expidan un protocolo que permita a las ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de mitin, reunión o acto de protestas.

SÉPTIMO: ORDENAR al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que, dentro de los treinta (30) días siguientes al enteramiento de este fallo, diseñen planes de fácil acceso para el acompañamiento y asesoría jurídica para las personas que, en actos de protestas resulten o, se hayan visto afectadas en ellas, brindando apoyo en tal sentido para acudir, incluso, a instancias internacionales cuando a ello hubiere lugar.

OCTAVO: ORDENAR al DEFENSOR DEL PUEBLO que, hasta tanto se constate que el ESMAD está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas, realizar un control estricto, fuerte e intenso de toda actuación de ese cuerpo policial en el desarrollo de manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus procedimientos. […]” (Se resalta y subraya).

En ese sentido, es importante resaltar que las órdenes referidas supra fueron desarrolladas por medio del Decreto núm. 3 de 2021 y el actor no señala las razones por las cuales las referidas medidas no son las pertinentes para el amparo de los derechos invocados en la solicitud de tutela, en la medida que lo ordenado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia es lo que las referidas entidades pueden hacer, de conformidad con sus competencias y funciones.

Adicionalmente, si el actor estima que lo ordenado no se está cumpliendo cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la sentencia de 22 de septiembre de 2002 el Máximo Tribunal de la Jurisdicción Civil señaló que el cumplimiento de las órdenes estaba a cargo de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuando lo considere necesario, por cuanto se reservó su derecho a exigir el obedecimiento de lo ordenado. Por lo tanto, las medidas solicitadas en estas pretensiones serán negadas.

Sobre el particular, es importante señalar que la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 15 de julio de 2021, en un caso con presupuestos fácticos similares al caso objeto de examen, precisó que en los casos en que se configura la cosa juzgada constitucional, con fundamento en las órdenes dadas en la sentencia de 22 de septiembre de 2020 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la acción de tutela resulta improcedente por falta del requisito de subsidiariedad, en los siguientes términos:

“[…] En el caso concreto del señor Yeison Andrés González González, si bien no fungió como accionante en la solicitud de amparo que culminó con la sentencia del 22 de septiembre de 2020, lo cierto es que, como quedó expuesto en el numeral 2.8. de esta providencia, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil hizo extensivos los efectos de la protección del derecho a la protesta pacífica a todos los ciudadanos.

303. En este punto, se resalta que la gran mayoría de las personas que presentaron incidentes de desacato y solicitaron el cumplimiento de la sentencia del 22 de septiembre de 2020 no fungieron como accionantes, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil atendió a sus argumentos para decretar pruebas complementarias en el trámite del incidente de desacato y remitió las peticiones al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil.

304. Lo anterior, significa que, en efecto, los titulares del derecho fundamental consagrado en el artículo 37 de la Constitución están legitimados para promover un incidente de desacato para obtener el cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020. […]”.

viii) Improcedencia de la acción de tutela para solicitar reparación no pecuniaria

El actor planteó como pretensión, en el escrito de tutela, lo siguiente: “[…] ordenar al Ministro de Defensa Nacional pedir disculpas por los excesos de la fuerza pública, especialmente los cometidos por el ESMAD, durante las protestas desarrolladas a partir del 28 de abril de 2021, en Cali y el resto del país donde se presentaron fallecimientos en un acto difundido por radio, televisión y redes sociales […]”.

Sobre el particular, es preciso indicar que la acción de tutela resulta improcedente para tramitar este tipo de pretensiones, debido a que se trata de medidas de reparación no pecuniarias por vulneración de bienes o derechos constitucional y convencionalmente protegidas como consecuencia de conductas atribuibles a agentes del Estado.

Al respecto, es importante resaltar que el artículo 140 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 dispone:

“[…] ARTÍCULO 140. REPARACIÓN DIRECTA. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. […]” (Se resalta).

La Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 1 de marzo de 2018, señaló que las disculpas públicas por conductas atribuibles a agentes estatales son medidas no pecuniarias de reparación por la violación de bienes o derechos constitucional y convencionalmente protegidas propias del medio de control de reparación directa.

De conformidad con lo anterior, la Sala debe advertir que, en el caso sub examine, esta pretensión de la acción de tutela resulta improcedente, en la medida que el actor cuenta con otro medio de defensa judicial como lo es medio de control de reparación directa.

x) Sobre la pretensión de ordenar las demás acciones que sean necesarias para garantizar los derechos fundamentales en las protestas pacíficas

La Sala advierte que, como se expuso en el acápite “sobre la inexistencia de las pruebas de los hechos que dieron lugar a la presunta vulneración de los derechos fundamentales y la afectación del derecho fundamental de reunión y manifestación pública y pacífica en el caso concreto”, en el caso objeto de examen, se encuentra acreditada la afectación de los derechos fundamentales de reunión y manifestación pública.

Al respecto, es importante resaltar que el artículo 86 de la Constitución Política señala que “[…] toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública […]”.

En ese sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia T – 200 de 10 de abril de 2013, precisó sobre la finalidad preventiva de la acción de tutela:

“[…] La acción de tutela tiene un carácter eminentemente preventivo […]. En otras palabras, su fin es que el/la juez/a de tutela, previa verificación de la existencia de una vulneración o amenaza de un derecho fundamental, dé una orden para que el peligro no se concrete o la violación concluya; […]. En este orden de ideas, en caso de que presente un daño consumado, cualquier orden judicial resultaría inocua o, lo que es lo mismo, caería en el vacío pues no se puede impedir que se siga presentando la violación o que acaezca la amenaza. […]”.

Sobre el particular, es preciso poner de presente que la Sección Primera de esta Corporación, en sentencia de 29 de julio de 2021, ya se pronunció sobre las medidas procedentes en casos como el que es objeto de examen, al amparar los derechos fundamentales a la manifestación pública y pacífica, reunión, libertad de expresión, participación política y asociación de los actores y ordenar a la Policía Nacional y al Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD abstenerse de utilizar la fuerza en contra de las personas que están ejerciendo su derecho a manifestarse de manera pacífica e instar a que cumplan sus obligaciones constitucionales y legales y a la Policía Nacional que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en conductas como las que dieron lugar a la acción de tutela, entre otros.

De conformidad con lo anterior, la Sala procederá a reiterar a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional, las medidas ordenadas en la sentencia de 29 de julio de 2021 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el proceso de tutela identificado con el número único de radicación 110010315000202102227-00 (acumulados).

Conclusiones de la Sala

En suma, la Sala: i) declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, respecto a los derechos fundamentales de reunión y manifestación pública y pacífica; ii) declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, respecto al derecho fundamental a la vida; iii) declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Alcaldía de Santiago de Cali; iv) declarará improcedente la acción respecto a las pretensiones de reparación pecuniaria y retiro de la asistencia militar; v) declarará improcedente la acción de tutela, por existencia de cosa juzgada constitucional, respecto a las pretensiones de expedición de un protocolo que permita realizar verificaciones en casos de captura y traslado de personas; garantía de derechos en caso de conmoción interior o estado de emergencia; diseño de planes de acompañamiento y asesoría jurídica; control de la actuación policial, y no criminalización de las personas que participan en las manifestaciones pacíficas; vi) amparará los derechos fundamentales de reunión y manifestación pública y pacífica del actor; vii) reiterará a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional, las medidas ordenadas en la sentencia de 29 de julio de 2021 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el proceso de tutela identificado con el número único de radicación 110010315000202102227-00 (acumulados), y viii) negará las demás pretensiones de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, respecto a los derechos fundamentales de reunión y manifestación pública y pacífica, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, respecto al derecho fundamental a la vida, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Alcaldía de Santiago de Cali, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto a las pretensiones de reparación pecuniaria y retiro de la asistencia militar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: DECLARAR improcedente la acción de tutela, por existencia de cosa juzgada constitucional, respecto a las pretensiones de expedición de un protocolo que permita realizar verificaciones en casos de captura y traslado de personas; garantía de derechos en caso de conmoción interior o estado de emergencia; diseño de planes de acompañamiento y asesoría jurídica; control de la actuación policial, y no criminalización de las personas que participan en las manifestaciones pacíficas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: AMPARAR los derechos fundamentales de reunión y manifestación pública y pacífica invocados en la solicitud de tutela por el señor Cristian Rodallega Garcés.

SÉPTIMO: REITERAR a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional, las medidas ordenadas en la sentencia de 29 de julio de 2021 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el proceso de tutela identificado con el número único de radicación 110010315000202102227-00 (acumulados).

OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

NOVENO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

Por La Cual Se Expide El Código Nacional De Convivencia. Por El Cual Se Expide El Protocolo De Acciones Preventivas, Concomitantes Y Posteriores, Denominado “Estatuto De Reacción, Uso Y Verificación De La Fuerza Legítima Del Estado Y Protección Del Derecho A La Protesta Pacífica Ciudadana”. Por La Cual Se Expiden Normas Sobre La Policía Nacional, Se Crea Un Establecimiento Público De Seguridad Social Y Bienestar Para La Policía Nacional, Se Crea La Superintendencia De Vigilancia Y Seguridad Privada Y Se Reviste De Facultades Extraordinarias Al Presidente De La República. Por La Cual Se Expide El Manual Para El Servicio En Manifestaciones Y Control De Disturbios Para La Policía Nacional. Por El Cual Se Modifican La Estructura Y La Organización De La Procuraduría General De La Nación Y Del Instituto De Estudios Del Ministerio Público; El Régimen De Competencias Interno De La Procuraduría General; Se Dictan Normas Para Su Funcionamiento; Se Modifica El Régimen De Carrera De La Procuraduría General De La Nación, El De Inhabilidades E Incompatibilidades De Sus Servidores Y Se Regulan Las Diversas Situaciones Administrativas A Las Que Se Encuentren Sujetos. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 18 de febrero de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número Único de Radicación (Acumulados): 25000-23-15-000-2020-02700-01 y 25000-23-15-000-2020-02694-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de julio de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número Único de Radicación (Acumulados): 25000-23-15-000-2021-02227-00.
“[…] ARTICULO 10. LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. […]” (Se resalta). Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Corte Constitucional, Sentencia T-1412872 De 30 De Noviembre De 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
“Esta Posición, Fue Reiterada, Entre Otras, Por Las Sentencias: T-213 De 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz Y T-562 De 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 De 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”. Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 22.09.2020, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona, STC7641-2020 Radicación No. 11001-22-03-000-2019-02527-02. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Bogotá, D.C., Dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021), Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación (acumulados): 25000-23-15-000-2020-02700-01 y 25000-23-15-000-2020-02694-00, Referencia: acción de tutela, Actores: Valentina Arboleda García Y Diego Alejandro Huérfano Miranda. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de julio de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número Único de Radicación (Acumulados): 25000-23-15-000-2021-02227-00.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001031500020170300600
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de 2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras. Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.

De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001, entre otras. Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017. Sentencia T-030 26 de enero de 2015. Corte Constitucional, Sentencia T – 975 de 16 de diciembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo, Referencia: expediente T-3168779. Corte Constitucional, Sentencia T – 975 de 16 de diciembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo, Referencia: expediente T-3168779. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de septiembre de 2017. C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-24-000-2010-00512-00. Se reiteran en este punto las consideraciones efectuadas por la Subsección, mediante sentencias de 18 de julio de 2012, expedientes 20.079 y 19.205 y de 16 de agosto de 2012, expediente 21.985, entre otras providencias. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencia de 22 de marzo de 2018, C.P Mauricio Fajardo Gómez, radicación número: 520012331000199708582 01 (26.611). Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 22.09.2020, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona, STC7641-2020 Radicación No. 11001-22-03-000-2019-02527-02. Los demás accionantes de esa tutela fueron los señores Sandra Borda Guzmán, Sergio Alejandro Martín Vergara, Andrés Juan Guerrero, Alejandro Briceño Díaz, Ana Benilda Ángel Orjuela, Alexandra Paola González Zapata, Fabián de Jesús Laverde Doncel, Cristian Raúl Delgado Bolaños, Aleida Murillo Gómez, Jenny Alejandra Romero González, Carlos Sleyter Obregón Ramírez, Juan Felipe Castañeda Durán, Olga Lucía Quintero Sierra, Alirio Andrés Mojica Montañez, Paola Marcela Silva Pérez, Héctor Alejandro Alba Siboche, María Fernanda Ovalle Alvarado, Angye Katherine Rojas Rivera, Wilman Silva Betancourt, Eneried Aranguren, Frank Melo Restrepo, Ángel Duván Ortiz Rodríguez, Yuri Enrique Neira Salamanca, Peter Esteban Santiesteban Castillo, María Alejandra López Mendoza, Diana Carolina Ojeda Ojeda, Victoria Lucena Góez, Mariángela Villamil Cancino, Alejandra Soriano Wilches, Carolina Moreno Velásquez, Carlos Perdomo Guerrero, Catalina Botero Marino, Manuel Alejandro Iturralde, Natalia Ramírez Bustamante, Carlos Julián Mantilla Copete, Johan Sebastián Ramírez Vargas, Fabián Darío Bernate Bastidas, Brian Valencia Ayala, Harrison Steven Valderrama Palencia, David Ricardo Pérez Castro, Carol Tatiana Gómez Suarez, Perla Tatiana Bayona Rojas, Eduardo Enrique Cáceres Téllez, Cristian Andrés Aristizábal Parra, Mohamed Mussa Shek Giraldo, Juan Camilo Gómez Olarte, María Fernanda Montiel Murillo y Santiago de Jesús Andrade Gaitán. Por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966". Por La Cual Se Expide El Código Nacional De Convivencia. Por El Cual Se Expide El Protocolo De Acciones Preventivas, Concomitantes Y Posteriores, Denominado “Estatuto De Reacción, Uso Y Verificación De La Fuerza Legítima Del Estado Y Protección Del Derecho A La Protesta Pacífica Ciudadana”.

Laura Gómez, Angie Rusinque, María Alejandra Garzón Mora, Germán Romero Sánchez, Douglas Lorduy Montañez, Raissa Carrillo Villamizar, Gustavo Gallón Giraldo, Alejandro Jiménez Ospina, Jormay Ortegón Osorio, Reymundo Rafael Vásquez Barrios, Juan David Romero Preciado, Franklin Castañeda Villacob, Ana Bejarano Ricaurte, Olga Ligia Silva López. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 18 de febrero de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación (acumulados): 25000-23-15-000-2020-02700-01 y 25000-23-15-000-2020-02694-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de julio de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número Único de Radicación (Acumulados): 25000-23-15-000-2021-02227-00. David Felipe Guzmán Palacio y otros, Eva Sandri Montoya Baza, Dayana Nicolle Montoya Baza, Argenida Belen Castro Rojano, Fernando Coneo Arbeláez, Natalia Rada Ortega, Juan David Ramírez Collazos, Samir Alejandro Escalante Marimon, Leyda Baza Palomino, Alberto David Cruz Plested y otros, Naxcin Solorza Castillo, Kimberly Ashley Pautt Pretelt, y Rodrigo Andrés Zambrano Gómez. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona, sentencia STC7641-2020
Radicación n.° 11001-22-03-000-2019-02527-02, Bogotá, D. C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veinte (2020)
Corte Constitucional, Sentencia C-009 de 7 de marzo de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Corte Constitucional. Sentencia C – 223 del 20 de abril de 2017. M.P.: Alberto Rojas Ríos. Corte Constitucional. Sentencia C – 009 del 7 de marzo de 2018. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado. Corte Constitucional. Sentencia T – 3779365 de 27 de junio de 2013. M.P.: Alberto Rojas Ríos. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de noviembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, Bogotá, número único de radicación 11001-03-24-000-2019-00517-00. Sentencia T-388 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa, Sentencia T-594 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, Sentencia T-049 de 2016 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, Sentencia T-127 de 2016 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, Sentencia T-410 de 2010 M.P. María Victoria Calle Correa, Sentencia C-520 de 2016 M.P. María Victoria Calle Correa
Ibídem. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de julio de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número Único de Radicación (Acumulados): 25000-23-15-000-2021-02227-00. Por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.
“Por medio del cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público”
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona, sentencia STC7641- de 22 de septiembre de 2020.Número único de radicación 11001-22-03-000-2019-02527-02. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de julio de 2021, C.P. Rocío Araújo Oñate, Número Único de Radicación: 11001-03-15-000-2021-02232-00. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 1 de marzo de 2018, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, número único de radicación: 63001-23-31-000-2009-00067-01(42041). Corte Constitucional, Sentencia T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de julio de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número Único de Radicación (Acumulados): 25000-23-15-000-2021-02227-00. 2021-02449-00, 2021-02487-00, 2021-02597-00, 2021-02516-00, 2021-02527-00, 2021-02740-00, 2021-02262-00, 2021-02578-00, 2021-02659-00, 2021-02784-00, 2021-02401-00, 2021-02566-00, y 2021-02402-00.

2021-02449-00, 2021-02487-00, 2021-02597-00, 2021-02516-00, 2021-02527-00, 2021-02740-00, 2021-02262-00, 2021-02578-00, 2021-02659-00, 2021-02784-00, 2021-02401-00, 2021-02566-00, y 2021-02402-00. 2021-02449-00, 2021-02487-00, 2021-02597-00, 2021-02516-00, 2021-02527-00, 2021-02740-00, 2021-02262-00, 2021-02578-00, 2021-02659-00, 2021-02784-00, 2021-02401-00, 2021-02566-00, y 2021-02402-00.

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