RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-02278-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-02278-00

Acción de tutela

Fecha
5 de agosto de 2021
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-02278-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por la Corporación Creciendo por la Paz Colombia, por las razones expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-02278-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

5 de agosto de 2021

ACCIÓN DE TUTELA / DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTESTA PACÍFICA / PARO NACIONAL / FALTA DE PRUEBA – Los medios de prueba aportados carecen de valor probatorio / CUMPLIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO – La petición es indeterminada / FACULTADES DEL ALCALDE MUNICIPAL – Los alcaldes han promovido acciones preventivas de mediación a través del diálogo y la conformación de mesas de coordinación / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

En el asunto bajo examen, la Corporación Creciendo por la Paz Colombia sostuvo que la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, la Policía Metropolitana de Bogotá, el Distrito Capital de Bogotá y el Municipio de Neiva están vulnerando los derechos fundamentales a la protesta pacífica, a la participación ciudadana, a la vida, a la integridad personal, al debido proceso, a no ser sometido a desaparición forzada y a las libertades de expresión, reunión, circulación y movimiento, por cuenta de la estigmatización, los tratos degradantes, el uso excesivo de la fuerza, el uso indebido de armas letales y químicas y la falta de acompañamiento a los manifestantes del paro nacional que comenzó el 28 de abril de 2021. (…) Con el fin de probar la violación de los derechos fundamentales invocados, la parte actora aportó varios hipervínculos de notas periodísticas relacionadas con la violencia de la Policía Nacional contra los manifestantes en el marco del llamado paro nacional que inició desde el 28 de abril de 2021. Las notas periodísticas provienen de los canales de noticias Euro News, France 24 Español y Noticias Uno. Al respecto, la Sala considera que dichas pruebas carecen de la entidad suficiente para probar en sí mismas la existencia y veracidad de la vulneración de los derechos fundamentales alegados, pues, como lo ha advertido esta Corporación en su jurisprudencia, de acuerdo con el artículo 165 del Código General del Proceso, dichas pruebas solo cuentan con un valor secundario del hecho y solo demuestran el registro mediático de los hechos, por lo que su “eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente”. Por lo anterior, como quiera que la Corporación actora no aportó otros elementos probatorios distintos a las notas periodísticas, en esta ocasión la Sala no cuenta con el sustento fáctico suficiente para evidenciar con grado de certeza la violación o amenaza a los derechos fundamentales invocados que amerite la intervención urgente del juez constitucional con el fin de impartir medidas positivas o negativas para conjurar una situación específica que pueda comprometer la efectividad del derecho a la protesta pacífica y los derechos que son interdependientes. En cualquier caso, la Sala hará referencia al contenido y alcance del Decreto 003 de 2021 y a las pruebas aportadas por las autoridades demandadas en cuanto al cumplimiento de dicho acto administrativo. (…) En este orden de ideas, al no contar con elementos probatorios distintos a los aportados por las entidades demandadas y dada la falta de idoneidad de las notas periodísticas aportadas por la Corporación accionante, en este caso, la Sala negará las pretensiones formuladas en el escrito de tutela, pues no se demostró la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados. Por el contrario, los alcaldes municipales probaron estar llevando a cabo las acciones preventivas de mediación a través del diálogo y de conformación de las mesas de coordinación, por lo que no se advierte vulneración de derecho fundamental alguno, por parte de dichas autoridades. (…) Por último, frente a la pretensión relacionada con ordenar a todos los alcaldes del país dar cumplimiento al Decreto 003 de 2021, la Sala estima que ante la falta de elementos probatorios aportados por la parte demandante que pongan en evidencia que los primeros mandatarios no están acatando dicho marco normativo, no resulta procedente acceder a ella dado el alto grado de indeterminación planteado, a lo que se agrega que la acción de tutela no está instituida para analizar y acceder a presuntas vulneraciones hipotéticas. En conclusión, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la Corporación Creciendo por la Paz Colombia.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 165 / DECRETO 003 DE 2021

NOTA DE RELATORIA: Con aclaración de voto del consejero Milton Chaves García sin medio magnético a la fecha 20 de agosto de 2021.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02278-00(AC)

Actor: CORPORACIÓN CRECIENDO POR LA PAZ COLOMBIA

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra autoridades administrativas. Cumplimiento del Decreto 003 de 2021, “Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado ‘ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA’”

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la Corporación Creciendo por la Paz Colombia, mediante su representante legal el señor Arismendi Moreno Vitobis, contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Policía Metropolitana de Bogotá, el Distrito Capital de Bogotá y el Municipio de Neiva, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales a la protesta social, a la participación ciudadana, a la vida, a la integridad personal, al debido proceso, a no ser sometido a desaparición forzada y a las libertades de expresión, reunión, circulación y movimiento, que considera vulnerados por cuenta de la estigmatización, los tratos degradantes, el uso excesivo de la fuerza, el uso indebido de armas letales y químicas y la falta de acompañamiento a los manifestantes del paro nacional que comenzó el 28 de abril de 2021.

I. ANTECEDENTES

Hechos

De los escritos de tutela y aclaración se tienen como hechos relevantes, los siguientes:

La parte actora manifestó que el 21 de abril de 2021, interpuso petición ante la Presidencia de la Republica con el fin de que se le permitiera acceder al proyecto de ley Nº 439 de 2021, “Por medio de la cual se consolida una infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza, a través de la redefinición de la regla fiscal, el fortalecimiento y focalización del gasto social y la redistribución de cargas tributarias y ambientales con criterios de solidaridad y que permitan atender los efectos generados por la pandemia y se dictan otras disposiciones”.

Aseguró que dicha petición fue resuelta por la Presidencia de la República mediante correo electrónico de 28 de abril de 2021, en el sentido de indicarle que el proyecto de ley podía ser descargado en la página de internet de la Cámara de Representantes a través del enlace HYPERLINK "https://www.camara.gov.co/solidaridad-sostenible" https://www.camara.gov.co/solidaridad-sostenible, donde se encuentra tanto el documento en formato Word como la Gaceta del Congreso donde se publicó el contenido normativo.

Advirtió que ante el descontento general de los ciudadanos con dicho proyecto de ley se suscitaron marchas pacíficas por parte de organizaciones sociales, sindicatos y entidades gremiales que desafortunadamente terminaron en un “choque entre manifestantes (Civiles) y policía, ESMAD (…) donde hay un sin número de personas, heridas, tanto civiles, como personal de policía, presuntamente hay personas desaparecidas [según los] últimos reportes, afectaciones al bien público, y demás hechos que conducen a situaciones muy lamentables, que traen como consecuencia pérdidas de vidas humanas”.

Manifestó que quienes ejercen su derecho a la protesta han sido estigmatizados y victimizados por cuenta de las “aprehensiones ilegales, tratos crueles y degradantes que dejaron por el suelo la dignidad de los marchantes, la presunta muerte de varios jóvenes que ejercían un derecho constitucional, situación que conllevó ante la evidente vulneración de derechos”.

Sostuvo que los ciudadanos colombianos han salido de manera pacífica a ejercer sus derechos de reunión y manifestación, contemplados en el artículo 37 de la Constitución Política. Sin embargo, aseguró que la orden del ejecutivo ha sido reprimir de manera violenta dichas expresiones públicas, sin hacer un llamado al diálogo y a la conciliación, lo que en su sentir, agrava más la situación.

Advirtió que la fuerza pública por el uso excesivo de la fuerza ha dado “un tratamiento de guerra” a las protestas, sin tener en cuenta que los ciudadanos se encuentran en una situación de desventaja.

Por último, señaló que la intervención policial en las protestas sigue haciéndose “sin cumplir con los protocolos, violentando la comunidad y transgrediendo sus derechos constitucionales”, señalados en el Decreto 003 de 2021.

2. Fundamentos de la acción

La Corporación demandante presentó acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Policía Metropolitana de Bogotá, el Distrito Capital de Bogotá y el Municipio de Neiva, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales a la protesta pacífica, a la participación ciudadana, a la vida, a la integridad personal, al debido proceso, a no ser sometido a desaparición forzada y a las libertades de expresión, reunión, circulación y movimiento, que considera vulnerados por cuenta de la estigmatización, los tratos degradantes y el uso indebido de armas letales y químicas y el excesivo uso de la fuerza de los que asegura han sido víctimas los manifestantes del paro nacional que comenzó el 28 de abril de 2021.
La solicitud de amparo se sustentó en que debe evitarse la materialización de un perjuicio irremediable a los manifestantes, cuyos derechos son amenazados por cuenta de la orden del ejecutivo de enviar tropas de “la fuerza pública para reprimir de manera violenta las marchas y protestas que se hacían a lo largo y ancho de todo el país”.

Aseguró que el tratamiento a la situación de orden público es un tratamiento de guerra, por lo que considera que se están incumpliendo las órdenes dadas en la sentencia de tutela de segunda instancia STC7641-2020 de 22 de septiembre de 2020, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (exp. Nº 11001-22-03-000-2019-02527-02), M.P. Luis Armando Tolosa Villabona, en cuanto a los protocolos de reacción, uso y verificación de la fuerza del Estado durante el desarrollo de la protesta social.

Señaló que en dicha providencia, dando aplicación a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con el fin conjurar, prevenir y sancionar la (i) intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas; (ii) la estigmatización frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; (iii) el uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos; (iv) las detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (v) los ataques contra la libertad de expresión y de prensa, se ordenó al gobierno nacional lo siguiente:

“i) expedir un acto administrativo en cual ordenará a todos los miembros de la Rama Ejecutiva en el nivel nacional, mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del poder ejecutivo; ii) promover, garantizar y facilitar, de manera imparcial, el ejercicio de los derechos fundamentales a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa aun durante eventos de (i) guerra exterior; (ii) conmoción interior; o (iii) estado de emergencia; iii) la conformación de una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas y (iv) la elaboración de un PROTOCOLO de acciones que actúen para así evitar daños irremediables” .

Por lo anterior, manifestó que debe darse cumplimiento a lo ordenado en el Decreto 003 de 2021, “Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA", el cual fue expedido en cumplimiento de la mencionada sentencia de tutela, con el fin de evitar la configuración de un perjuicio irremediable para los manifestantes que se encuentran ejerciendo su derecho fundamental a la protesta social.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes:

“PRIMERO: CONCEDER el amparo de tutela solicitados a los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la protesta pacífica, participación ciudadana, vida, integridad personal, debido proceso y a las libertades de expresión, en el territorio colombiano.

SEGUNDO: ORDENAR a la POLICÍA NACIONAL a través del Comandante del Departamento de Policía Bogotá, el estricto y total (sic) al Decreto No. 003 de 2021 para lo cual deberá (i) elaborar el plan de servicio que garantice disponer el acompañamiento de la movilización o concentración con personal policial y el apoyo, y seguridad de los manifestantes (evitar los golpes, los daños físicos, evitar maltratos verbales, falsos positivos en las marchas, tratos crueles inhumanos, que degradan la condición humana).

TERCERO: ORDENAR a los Alcaldes Municipales del Departamento del Territorio colombiano, den cumplimiento inmediato al Decreto No. 003 de 2021; sirvan de mediadores entre los líderes de las protestas y la fuerza pública, agotando la etapa de diálogo previamente, evitando la violencia verbal (la palabra vándalos) entre otras.

CUARTO: ORDENAR al Gobernador (sic) de Neiva, y Bogotá (sic) entre otros el cumplimiento inmediato al Decreto No. 003 de 2021 y conforme la Mesa de Coordinación, de acuerdo al artículo 12 del Decreto No. 003 de 2021, a través de la cual se permita el diálogo con las organizaciones de derechos humanos, y la población civil de manifestantes”.

4. Pruebas relevantes

Con la acción de tutela la parte demandante allegó los siguientes documentos:

Captura de pantalla del correo electrónico de 21 de abril de 2021, en el que remitió la petición dirigida a la Presidencia de la República, en la que solicitó copia del proyecto de ley Nº 439 de 2021.

Copia del certificado de existencia y representación legal de la Corporación Creciendo por la Paz Colombia.

Copia del oficio Nº OFI21-00060947 / IDM 13010000 de 28 de abril de 2021, mediante el cual la Presidencia de la República dio respuesta a la petición de 21 del mismo mes y año.

Hipervínculos de notas periodísticas relacionadas con la violencia en el marco del llamado paro nacional que inició desde el 28 de abril de 2021.

5. Trámite procesal

Previo a decidir sobre la admisión de la acción de tutela, el despacho, por auto de 12 de mayo de 2021, requirió al señor Arismendi Moreno Vitobis para que indicara con la mayor claridad posible y de manera precisa, (i) en nombre y representación de quién o quiénes actúa, en caso de actuar como representante legal de la Corporación Creciendo por la Paz Colombia, allegar el certificado de existencia y representación legal que lo acredite como tal y, (ii) los hechos y las pretensiones, así como las razones en las que se sustenta la supuesta vulneración de los derechos fundamentales invocados en el escrito.

Dicho requerimiento se cumplió por escrito de 17 de mayo de 2021, allegado mediante correo electrónico, en el que manifestó que actúa en calidad de representante legal de la Corporación Creciendo por la Paz Colombia, además, indicó que precisaba los hechos y las pretensiones de la solicitud de amparo.

Mediante auto de 2 de junio de 2021, el Despacho admitió la demanda y ordenó notificar a las autoridades demandadas.

En el mismo auto resolvió acerca de la medida provisional solicitada, consistente en “imponer medidas cautelares que salvaguarden la vida de las personas. El objeto principal de la jurisdicción constitucional es ejercer la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política, y garantizar a las personas la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución”, en el sentido de negarla, al encontrar que de conformidad con el escrito de tutela y el material probatorio allegado con la demanda, no se acreditó la necesidad, gravedad y urgencia de la adopción de la medida provisional, para evitar la consumación de un perjuicio irremediable que comprometa los derechos fundamentales de la parte demandante

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 49426 a 49434 de 4 de junio de 2021, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión.

6. Oposición

61. Respuesta de la Presidencia de la República

Mediante escrito de 5 de junio de 2021, la apoderada judicial de la entidad solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, al considerar que se configuró la falta de legitimación en la causa por activa. A lo que agregó que no se cumplió con el requisito de la subsidiariedad y que se trata de un amparo que tiene efectos erga omnes. De manera subsidiaria, pidió que se nieguen las pretensiones de la accionante, por cuanto “no se ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales de quien acciona y el Gobierno nacional y las autoridades territoriales pese a todo esfuerzo no han podido restablecer el Orden Público y dependen de las personas que ejercen el derecho a la protesta pacífica, quienes además tienen la obligación de oponerse a los bloqueos y no permitir el desabastecimiento de varios territorios del país y ordenar que los mismos se levanten”.

Las razones en las que se apoyó el informe rendido por la Presidencia de la República se pueden sintetizar así:

En primer lugar, sostuvo que la corporación demandante elevó petición el 21 de abril de 2021, la cual fue debidamente resuelta mediante oficio Nº OFI21-00060947/IDM 13010000 de 28 del mismo mes y año, por lo que aseguró que no se desconoció el derecho fundamental de petición.

Enseguida, señaló que el Gobierno Nacional ha acatado sin reparos la sentencia de segunda instancia STC 7641-2020 de 22 de septiembre de 2020, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y, para tal efecto, expidió el Decreto N° 003 de 5 de enero de 2021, “Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA”.

Indicó que dicho decreto fue expedido luego de tres meses de negociaciones en la mesa de trabajo conformada por los accionantes de dicha tutela, el Presidente de la República, la Ministra del Interior, el Ministro de Defensa Nacional, el Director General de la Policía Nacional, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación y el Defensor del Pueblo.

Señaló que el protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA” establecido mediante el Decreto 003 de 2021, cuenta con cuatro (4) capítulos, a saber: (i) generalidades: artículos 1 a 4; (ii) Protocolo de acciones preventivas: artículos 5 a 24; (iii) protocolo de acciones concomitantes: artículos 25 a 36 y, (iv) protocolo de acciones posteriores: artículos 37 a 44.

Sostuvo que el Capítulo I establece que el objeto del Decreto es la primacía del diálogo y la mediación como forma de intervención en las protestas, así como los principios de órdenes de las autoridades, respeto y garantía de derechos, dignidad humana, enfoque diferencial, legalidad, necesidad, proporcionalidad, finalidad legítima en el uso de la fuerza, prevención, diferenciación, igualdad y no discriminación, y no estigmatización, en la actuación de las autoridades de policía en manifestaciones públicas en los términos del artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 y las definiciones de diálogo y mediación, uso de la fuerza, uso diferenciado de la fuerza, disuasión pacífica y acto de violencia física.

Aseguró que el Capítulo II sobre acciones preventivas hace referencia a la noción de acciones preventivas y al compromiso de la Policía Nacional a través de su ente rector de la educación, de continuar con la formación, capacitación, actualización y entrenamiento en Derechos Humanos, principios básicos sobre el uso de la fuerza, Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, empleo de armas y dispositivos menos letales de todo el personal de la Institución, y demás temáticas que resulten afines y transversales a la manifestación pública y pacífica, de tal manera que conduzcan al policía a un actuar profesional soportado en la legislación nacional e internacional.

Además, afirmó que allí se establece que el Presidente de la República, cuando lo considere necesario, podrá convocar los comités, mesas de coordinación, comisiones de verificación, Puesto de Mando Unificado (PMU) u otras instancias de articulación, con el fin de llevar a cabo los procesos de diálogo y toma de decisiones que permitan resolver las situaciones que se presenten en el desarrollo de la manifestación pública, el cual estará integrado por representantes de las siguientes entidades: Gobernación, cuando aplique, Alcaldía, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personería y Bomberos. Por último, aseguró que se consagró la creación de la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas como un espacio de evaluación de los escenarios de manifestación pública, la creación de las Mesas de Coordinación por parte de los Gobiernos departamentales, distritales y municipales, previo al desarrollo de la jornada de manifestación, para atender las situaciones que se presenten en el desarrollo de la protesta pública y pacífica, entre otros.

En cuanto al capítulo III sobre “Acciones concomitantes” aseguró que allí se establece una definición de dichas acciones y la responsabilidad de los gobernadores, alcaldes distritales y municipales de disponer el acompañamiento de la movilización o concentración, además de la Policía Nacional, de los gestores de convivencia o funcionarios delegados, para que promuevan el diálogo, interlocución y mediación, con el objeto de generar la comunicación y la articulación con las autoridades en el desarrollo de las manifestaciones para evitar situaciones de conflicto.

Adicionalmente, sostuvo que en dicho capítulo se contempla, entre otros aspectos, que cuando se presenten actos de violencia que alteren el orden público y la convivencia que pongan en riesgo la vida, la integridad de las personas y los bienes, la actuación de la Policía Nacional se realizará con la observancia plena de los principios de necesidad, gradualidad, proporcionalidad y racionalidad en el marco del mandato constitucional, legal y reglamentario. Por lo anterior, se indicó que el uso de la fuerza es el medio material, necesario, proporcional y racional, empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas.

Por último, en relación con el Capítulo IV, sobre acciones posteriores resaltó que establece la noción de dichas acciones y la forma como deben terminar las manifestaciones, esto es, con el retiro paulatino y voluntario de los manifestantes, salvo en aquellas situaciones en que deban ser disueltas por presentarse actos de violencia que alteren gravemente el orden público y la convivencia. Agregó que las autoridades administrativas y de policía deben efectuar un análisis de los resultados de las movilizaciones, las acciones desplegadas para garantizar el ejercicio del derecho a manifestarse pública y pacíficamente, así como el estado de las investigaciones adelantadas por el actuar de las autoridades de policía.

Sostuvo que el Alcalde o el Gobernador, según sea el caso, estarán en la obligación de rendir en un plazo que no supere los tres (3) meses, una explicación pública satisfactoria, a través de los medios de comunicación y las redes sociales institucionales, sobre las actuaciones administrativas adelantadas por el Gobernador y el Alcalde, y sobre las actuaciones de policía relacionadas con el uso de la fuerza, cuando se tenga conocimiento de que miembros de la Policía Nacional hicieron uso de armas letales o menos letales que hayan causado daños a la vida o integridad personal de las personas en el marco de las manifestaciones públicas, así como las investigaciones penales y disciplinarias iniciadas, su estado y las autoridades que actualmente conocen sobre las mismas, la difusión de canales de denuncia, y que la Inspección General de la Policía Nacional en la rendición de cuentas anualmente presentará un informe acerca de las quejas recibidas, tramitadas y sanciones disciplinarias impuestas por actuaciones en el desarrollo de la manifestación pública y pacífica.

Por otro lado, en cuanto a las acciones desplegadas en el marco del llamado paro nacional, sostuvo que debido a las afectaciones generadas por los bloqueos en los lugares de acceso a varios municipios y dentro del casco urbano de los mismos y los daños a bienes públicos y privados, fue necesario adoptar, a través de la Policía Nacional, las siguientes medidas: “1. Se hizo un despliegue de todas las capacidades humanas y logísticas cuando se presentaron actos de violencia, que afectaron el orden público y que exigieron la presencia del escuadrón móvil antidisturbios. 2. Ante la escalada de hechos violentos se desplegaron capacidades, disponiendo de un apoyo adicional de 2858 efectivos con el propósito de contener los actos vandálicos”.

Aseguró que en aplicación del Decreto N° 003 de 2021, se instaló el Puesto de Mando Unificado en el cual desde su conformación han hecho presencia autoridades como la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía y la Gobernación, entre otras.

Advirtió que también se llevaron a cabo las siguientes acciones por parte del Ministerio de Defensa Nacional y de la Fuerza Pública, con el fin de garantizar el abastecimiento y la distribución de medicamentos, pese a los bloqueos que se presentan en las vías nacionales:

“1. El Ministerio de Defensa en conjunto con el Ministerio de Minas y la Fuerza Pública el 2 de mayo logró avanzar en el suministro de combustibles hacia Buenaventura.

2. Por parte de la Fuerza Pública se han realizado 97 operaciones de desbloqueo en el Departamento del Valle del Cauca.

3. La fuerza pública adelantó más de 1700 actividades para garantizar el suministro de los servicios públicos esenciales de la población.

4. El día 07 de mayo la Policía Nacional en conjunto con las Fuerzas Militares de Colombia acompañaron una caravana de 30 vehículos en la ciudad de Cali, en los que se encontraban suministros de alimentos, bienes de primera necesidad, combustible y vehículos con oxígeno.

5. El día 8 de mayo 41 vehículos con carga se encontraban bloqueados en el corregimiento de Loboguerrero en el Departamento del Valle del Cauca, con apoyo y presencia de la Fuerza Pública se logró que estos pudieran transitar.

6. La fuerza pública se encuentra brindando seguridad a las rutas en los corredores logísticos de Restrepo a Mediacanoa en el departamento del Valle del Cauca. Asimismo, 41 tractocamiones con alimentos de primera necesidad, repuestos, textiles, entre otros, fueron trasladados hasta el sector de Puente Tierra y Mediacanoa.

7. El día 10 de mayo, la Policía nacional con el Ejército Nacional realizaron una operación coordinada que logró desbloquear 17 puntos sobre los tres corredores viales más importantes de la Ciudad de Cali Avenida Ciudad de Cali, Simón Bolívar y Calle Quinta.

8. El día 10 de mayo la Fuerza Aérea Colombiana transportó 10.400 vacunas y 500 pruebas de COVID-19 a los municipios de Buga y Tuluá, a su vez brindó la seguridad para que 422 mil galones de combustible pudieran ingresar al Valle del Cauca.

9. La fuerza pública logró remover más de 10 toneladas de escombros que estaban afectando las vías de la ciudad de Cali, sobre la calle quinta a la altura de la comuna 18 y en la vía Cali – Yumbo.

10. El día 11 de mayo la Fuerza Aérea Colombiana transportó 22.089 vacunas a los municipios de Tuluá, Buga, Zarzal, La Unión, Roldanillo, Versalles, El Dovio y Bolívar en el departamento del Valle del Cauca, con el fin de continuar con el Plan Nacional de Vacunación.

11. El día 11 de mayo en un trabajo coordinado del ESMAD y la Policía de Vigilancia, se logró desbloquear el sector El Ancla, en la Portada al Mar, oeste de Cali.

12. En el suroccidente del país, se establecieron 188 patrullas motorizadas sobre los 1.241 kms de vías principales, incluyendo la vía panamericana, vía panorama, vía al mar Cali – Buenaventura y vía al mar Pasto – Tumaco.

13. Se han implementado 545 dispositivos de seguridad en aeropuertos, centros administrativos municipales, 2 hidroeléctricas, 12 ingenios azucareros, 5 Plantas de producción de aceite, 1 Oleoducto, 2 Poliductos y 3 Gasoductos.

14. Igualmente, se han dispuesto 48 escoltas que han brindado seguridad a 369 vehículos de carga, garantizando la movilidad de 10.535 toneladas de carga y 528.574 galones de combustible, los cuales ya se encuentran disponibles en 41 estaciones de servicio de combustible en Cali, Palmira, Yumbo, Buga, Jamundí y el aeropuerto.

15. Se han establecido 132 patrullas mixtas (FFMM-PONAL), de las cuales 87 se ubican en los principales ejes viales, lo cual ha permitido el desbloqueo intermitente de la vía Cali – Yumbo – Yotoco – Media Canoa”.

En cuanto a la asistencia militar señaló que los hechos de violencia desbordada dieron lugar a que el Presidente de la República el 1 de mayo de 2021, ordenara la asistencia militar establecida en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Aseguró que la asistencia militar es una figura de carácter legal, según la cual las Fuerzas Militares de forma temporal y excepcional, “asisten militarmente en cualquiera de tres posibles escenarios: ‘grave alteración de la seguridad y la convivencia, riesgo o peligro inminente, o en emergencia o calamidad pública", conduciendo operaciones conjuntas, coordinadas, interinstitucionales y multilaterales (CCIM)’”.

Aseveró que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo referido del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, las Fuerzas Militares no intervienen en operativos de control y contención en el marco de las manifestaciones públicas, salvo cuando se disponga la Asistencia Militar, caso en el cual actuará desde sus capacidades distintivas y conforme su misionalidad, teniendo en cuenta el artículo 121 de la Constitución Política y el artículo 5 de la Ley 489 de 1998, con base en los siguientes aspectos: - Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. - Las instituciones públicas deberán ejercer con exclusividad las potestades y atribuciones dadas por la norma, de manera directa e inmediata, respecto de los asuntos que les haya sido asignados”.

Indicó que el 2 de mayo de 2021, el Ejército Nacional, en cumplimiento de su misión constitucional, expidió el plan Nº 00014783 para contribuir al restablecimiento de los servicios esenciales y al fortalecimiento de la seguridad sobre los ejes viales en los Departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, el cual tiene como propósito contribuir al mantenimiento de los servicios esenciales (alimentos, combustibles, gas, entre otros), el fortalecimiento de los ejes viales, la estrategia del control territorial y la recuperación de la cadena productiva.

Refirió que dentro de las acciones adelantadas por los actores públicos, se destacan las siguientes:
“Se desplazó 1 kit de equipo compuesto por una retro excavadora, volqueta capacidad 14 metros cúbicos y camabaja; el pelotón ESTOPIN 4, al sector de Yotoco donde se encuentra ubicado el relleno sanitario, con el fin de permitir el flujo necesario y garantizar el acceso al mismo.
Se efectuó presencia militar con 06 unidades tipo pelotón distribuida en los municipios de Palmira, Pradera Florida Candelaria, Yumbo.
Se activaron corredores logísticos desde el día 08 de mayo de 2021 con el fin de abastecer de combustible y víveres a los municipios de Palmira, Pradera y Florida; los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera: Palmira: Combustible 91.200 galones Pradera: Combustible 10620 galones Florida: Combustible 3674 galones Palmira: 177.685 Kilos de víveres
El día 2 de mayo del año en curso se realizó acompañamiento a 13 vehículos de la empresa de aseo del municipio de Palmira, con dirección al relleno ubicado en el Corregimiento de Yotoco, los cuales cargaban doscientos cinco (205) toneladas de basura.
Se han venido desarrollando dispositivos de seguridad permanentes en los diferentes puntos de importancia de la ciudad de Cali, Jamundí, Yumbo y Candelaria.
De acuerdo con la misión del Ejército Nacional y con ocasión a la asistencia militar se ha brindado protección sobre las vías, dando acompañamiento a vehículos de combustible y alimentos para abastecer la ciudad; desde el municipio de Mulaló hasta la ciudad de Santiago de Cali.
Se participa en los diferentes consejos de seguridad siguiendo las instrucciones emitidas por el Puesto de Mando Unificado “PMU” donde se indica estrictamente que la Policía Metropolitana de Cali es la encargada de procurar los desbloqueos con el ESMAD”.

Aseguró que todas las instrucciones generadas por el Ministro de Defensa Nacional a la Fuerza Pública, “han sido enfáticas en señalar que su actuación debe ejercerse en el cumplimiento del deber constitucional, encaminada a mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y el orden constitucional, con apego al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

En cuanto a la solicitud de amparo elevada por la Corporación Creciendo por la Paz Colombia aseveró que no está legitimada en la causa por activa, dado que si bien actúa en nombre propio, se refiere en general a la garantía de la protesta de todos los que salen a las calles y hace afirmaciones frente a afectaciones ajenas o de terceros. A lo que agregó que no se allegó prueba alguna que de cuenta de una afectación a sus derechos de carácter personal ni tampoco manifestó actuar en calidad de agente oficioso.

Frente al cumplimiento del requisito de subsidiariedad, aseveró que la parte actora cuenta con otros medios de defensa judiciales para atender sus inconformidades respecto al actuar de la Fuerza Pública, como es la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y el proceso disciplinario, para poner de presente todas las presuntas irregularidades que afecten derechos fundamentales por parte de la Policía Nacional o los miembros de la fuerza pública. Además, destacó que en el presente caso el accionante no señaló de manera clara porque el derecho de petición no era el mecanismo efectivo para proteger sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados.

Por último, aseveró que la protección constitucional solicitada tendría efectos erga omnes, lo que implica que serían oponibles a todas las personas y autoridades públicas, y no se limitarían, como debe ser en el caso de la acción tutela, a producir efectos únicamente frente a las partes accionantes. Dicha afirmación se sustentó en la sentencia T-583 de 2006 de la Corte Constitucional.

6.2. Respuesta de la Alcaldía Mayor de Bogotá

A través de memorial suscrito por la Directora Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital pidió que se desvincule a la entidad territorial del trámite de tutela, teniendo en cuenta que no ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales invocados.

Aseguró que las pretensiones formuladas por la corporación accionante “ya se han efectuado y trabajado por distintas entidades distritales, en el marco de sus funciones y competencias, establecidas en el Decreto Distrital 411 de 2016, y en observancia a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de tutela STC7641 del 22 de septiembre de 2020, así como de los diferentes lineamientos dados por la Corte Constitucional, los organismos internacionales y en especial lo establecido en el Decreto Nacional 003 de 2021 (…)”.

Manifestó que la Secretaría Distrital de Gobierno ha adelantado las siguientes acciones preventivas contempladas en el Decreto 003 de 2021, a saber:

Formación y capacitación de la Policía Nacional.
Ejercicio teórico práctico para recrear la aplicación del Decreto N° 003 de 2021 y del Decreto Distrital 563 de 2015, con la participación de la Procuraduría Segunda Distrital, la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos de la Policía MEBOG, FUDIS de Policía MEBOG, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), la Secretaría de Seguridad y la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos.

Además, aseveró que para dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 12 y 14 de la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, adoptó mediante el Decreto Distrital 599 de 2013 los requisitos para el registro, la evaluación y la expedición de la autorización para la realización de las actividades de aglomeración de público en el Distrito Capital, a través del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital (SUGA).

Por lo anterior, teniendo en cuenta que las manifestaciones públicas resultan ser consideradas como una actividad especial de aglomeración de público, la administración instala un Puesto de Mando Unificado como una instancia temporal de articulación interinstitucional, de carácter técnico y operativo, encargada antes, durante e inmediatamente después del evento, de la administración, la organización, la coordinación y el control técnico y operativo de la actividad.

Así mismo, señaló que desde el 19 de marzo de 2021, en virtud de lo indicado en el articulo 8 del Decreto 003 de 2021, instaló el Puesto de mando Distrital o Centro de Operaciones de Emergencia (PMU-COE), “el cual viene funcionando de forma ininterrumpida en razón a la pandemia, con el fin de garantizar, entre otros asuntos, el orden público y la convivencia pacífica de Bogotá durante la fase de la “nueva realidad”. Este PMU viene operando en el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones – C4 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, bajo la coordinación del IDIGER y la secretaría técnica de la Secretaría de Gobierno”.

Afirmó que la administración distrital, una vez conoció de las convocatorias a manifestación que se venían gestando para el 28 de abril y el 1 de mayo de 2021, en virtud de lo establecido en el artículo 12 del Decreto 003 de 2021 y el Decreto Distrital 563 de 2015, adelantó las siguientes reuniones:

“Reunión interinstitucional el 26 de abril de 2021:

Con el fin de articular y coordinar la actuación de la Secretaría de Gobierno – Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos, Dirección de Convivencia y Diálogo Social y la Dirección de Derechos Humanos -, la Secretaría de Seguridad, Transmilenio S.A. y la Policía Metropolitana de Bogotá, para atender los escenarios de manifestación pública y el ejercicio del derecho en condiciones pacíficas. Por consiguiente, se determinó la labor que cada entidad debía desarrollar según lo establecido en el Decreto 003 de 2021 y el Decreto Distrital 563 de 2015 (bajo el entendido que estas normas no son excluyentes sino complementarias) y los aspectos a tener en cuenta para considerar el uso de la fuerza en aquellos casos de violencia que en el marco de las manifestaciones pudiera presentarse.

Reunión de la Mesa de Coordinación o Mesa de Seguimiento al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, asociación y movilización pacífica:

La Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, actúa en el marco del Decreto 563 de 2015, en calidad de Secretaría Técnica de la Mesa Distrital de Seguimiento al Ejercicio de los Derechos a la Libertad de Expresión, Reunión, Asociación y Movilización Social Pacífica, la cual tiene como objeto evaluar las condiciones en las que se ejerce el derecho a la movilización social pacífica y sus derechos involucrados, coordinar y articular la labor interinstitucional para atender las jornadas de protesta y formular recomendaciones a las autoridades para la garantía del derecho a la movilización, a fin de que la administración distrital se comprometa a ponerlas en práctica y concertarlas con otras autoridades cuando sea pertinente.

Esta instancia está conformada por: la Secretaría Distrital de Gobierno, quien ejerce la secretaría técnica desde la Dirección de Derechos Humanos; la Dirección de Seguridad, Convivencia y Justicia; la Secretaría Distrital de Salud; el comandante de la Policía Metropolitana; el comandante del ESMAD; seis (6) delegados sectoriales de la sociedad civil, representantes de las organizaciones sociales firmantes del mencionado acto administrativo; la Personería de Bogotá; la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría delegada para la defensa de los Derechos Humanos; el Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial de Derechos Humanos. Asimismo, participan en calidad de invitadas permanentes la Secretaría Distrital de la Mujer, la Secretaría Distrital de Movilidad, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), el comandante del grupo Fuerza Disponible (FUDIS) de la Policía Metropolitana de Bogotá y las demás entidades que se consideren relevantes en virtud de las movilizaciones previstas.

Reunión del 27 de abril de 2021:

La Secretaría de Gobierno una vez conoció de la jornada que se realizaría el 28 de abril, y con el fin de garantizar el ejercicio del derecho de los manifestantes, pero también de quienes no participarían, activó el protocolo establecido en el Decreto 003 de 2021 y Decreto Distrital 563 de 2015, y convocó a través de la Dirección de Derechos Humanos, en calidad de Secretaría Técnica, sesión de la Mesa Distrital de Seguimiento al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, asociación y movilización pacífica, para el 27 de abril. En este escenario se contó con la participación de más de 20 organizaciones de derechos humanos, sindicales y gremiales convocantes del Paro Nacional; el Ministerio Público, las Secretarías de Movilidad; de Seguridad, Convivencia y Justicia; de Salud; y de Gobierno; y Policía Metropolitana de Bogotá. Producto de esta Mesa, fueron informadas 56 movilizaciones para el 28 de abril y se dispuso los puntos de acompañamiento de acuerdo con lo solicitado en la convocatoria, así: los gestores de diálogo de la Dirección de Convivencia y Diálogo en 23 puntos fijos y 2 puntos móviles en las diferentes localidades, el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Secretaría Distrital de Movilidad, Alcaldías Locales y Policía Nacional, conforme a las competencias de cada entidad. Acto seguido, la Secretaría de Gobierno en su rol de articulador interinstitucional, dio traslado de la información de los eventos programados a las entidades competentes, con el fin de garantizar el ejercicio del derecho de protesta pacífica”.

Por lo anterior, aseguró que la Dirección de Convivencia y Diálogo Social de la Secretaría Distrital de Gobierno, adelantó labores de interlocución mediación y diálogo en situaciones de conflicto a través de los Gestores de Diálogo y Convivencia, quienes trabajan de forma coordinada y articulada con los equipos del Ministerio Público y la Policía, así como con las Comisiones de Verificación de la Sociedad Civil, esto en reconocimiento al rol y funciones que éstas desarrollan en terreno, en virtud de los artículos 17 y 18 del Decreto 003 de 2021.

En el informe se aportaron fotografías de cada una de las reuniones y actividades antes señaladas.

En cuanto a la acción de tutela formulada por la parte actora aseguró que, resulta improcedente, dado que si la finalidad de la misma es enterarse de los diferentes protocolos, medidas, acciones, y demás que se han llevado a cabo por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y el Gobierno Nacional, el mecanismo idóneo es acudir a la administración a través de una petición de información.

6.3. Respuesta de la Alcaldía de Neiva

Por memorial de 9 de junio de 2021, el Secretario de Gobierno solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, bajo el argumento de que la entidad territorial ha adelantado todas las gestiones tendientes a garantizar tanto la vida de todos sus habitantes como el ejercicio de la protesta social mediante marchas pacíficas, a través del acatamiento del Decreto 003 de 2021.

Aseguró que se vienen ejecutando tanto el Plan de Desarrollo del Municipio "MANDATO CIUDADANO TERRITORIO DE VIDA Y PAZ" 2020-2023, como el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) del Municipio de Neiva 2020-2023, con todas las políticas, proyectos y programas que los contienen y desarrollan.

Afirmó que la entidad territorial ha sido “respetuosa de la protesta pacífica, ha brindado todas las garantías y la debida protección a los derechos de quienes participan y no participan de las manifestaciones públicas, procurando conservar la tranquilidad ciudadana y el orden público antes y durante el Paro Nacional convocado por las centrales obreras y otras organizaciones sociales y la de la sociedad civil desde el pasado 28 de abril”.

Manifestó que su actuación durante las manifestaciones ha observado lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-009 de 2018, así como lo ordenado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de justicia en la sentencia de 22 de septiembre de 2020 (M.P. Luis Armando Tolosa Villabona).

Indicó que desde el 20 de abril de 2021, se instaló una Mesa de Dialogo Social, con participación amplia de la institucionalidad local (Alcaldía, Policía, Ministerio Público) y de la sociedad civil (organizaciones convocantes al Paro, de derechos humanos y representantes de sectores sociales), para establecer la debida interlocución con la sociedad civil, como parte de las acciones preventivas.

Aseveró que el 24 de abril de 2021 se realizó “un Consejo de Seguridad para definir la expedición y adopción de medidas que garantizaran y protegieran la manifestación pacífica; y luego, el 27 de abril la instalación formal de la Mesa de Coordinación y del Puesto de Mando Unificado -PMU, con el fin, de una parte, 'atender las situaciones que se presenten en el desarrollo de la protesta pública y pacífica, en pro de sugerir a la primera autoridad de policía, la toma de decisiones a que haya lugar para proteger los derechos individuales y colectivos" (art. 12 Decreto 003 de 2021) y, de la otra, "articular, supervisar y tomar las acciones que considere necesarias para la garantía de los derechos ciudadanos tanto de aquellos que realizan manifestaciones pacíficas como de aquellos que no participan de ella" (art. 8 Decreto 003 de 2021), instancias de asesoría y coordinación que siguen trabajando y sesionando de manera permanente e incansable en el cumplimiento de sus funciones y propósitos”.

Sostuvo que las concentraciones, marchas y plantones programados de manera oficial por los comités municipal y departamental del paro, han gozado del respeto y las garantías de la institucionalidad local y en general se han desarrollado de forma pacífica, “presentándose algunos desmanes o excesos de unos pocos que empañan dichas jornadas con afectaciones a bienes públicos y privados como viviendas y establecimientos de comercio (destrucción de monumentos, rotura de vidrios y pintura de fachadas), pero afortunadamente sin daños graves que no se puedan recuperar rápidamente y sin consecuencias que lamentar para las personas”.

Afirmó que aun cuando se presentaron bloqueos en vías públicas, mediante el dialogo, la mediación y la concertación se permitió el paso de alimentos, medicinas, gas y vehículos de socorro y emergencia, para abastecer a las diferentes poblaciones, hasta que el 1 de junio de 2021 se logró el levantamiento total del bloqueo.

Agregó que también se “han propuesto medidas que propendan por mejorar el acompañamiento de las manifestaciones públicas, y garantizar el ejercicio de derechos y libertades de quienes participan o no en las movilizaciones manteniendo un enlace de coordinación con el Puesto de Mando Unificado, a través de las instituciones que hacen presencia simultánea allí y en las Mesas Coordinación”.

Con el escrito de contestación allegó copia de las actas de las reuniones llevadas a cabo el 4, 11 18, 24, 29 de mayo de 2021, por el Consejo Extraordinario de Seguridad del municipio por motivo de las protestas sociales convocadas en el marco del Paro Nacional. A dichas reuniones asistieron el Alcalde Municipal de Neiva, el Secretario de Gobierno, el Comandante de la Policía metropolitana, el Personero Municipal de Neiva, la Secretaria de Salud, la Directora de Seguridad y Convivencia Ciudadana; el Secretario de Gestión de Riesgos de Neiva, el Secretario de Movilidad; la Directora Seccional Fiscalía; la Procuradora Provincial; la Defensora del Pueblo y la Secretaria de Paz y Derechos Humanos de Neiva.

También adjuntó las actas de instalación del PMU en la ciudad de Neiva de fecha 28 de abril, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, de mayo de 2021, mediante el cual se da cumplimiento a lo establecido en el Decreto 003 de 2021. El PMU estaba integrado por el Alcalde municipal, el Secretario de Gobierno, la Secretaria de Salud, el Director de Justicia Municipal, un profesional universitario del ICBF, Regional Huila, la Directora de Derechos Humanos de Neiva, la Directora de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Personera Municipal, así como algunos miembros de la Policía Metropolitana de Neiva y del cuerpo de Bomberos.

Por último, remitió varios enlaces y link de publicaciones en redes sociales en donde, según afirmó, se evidencia dicha gestión.

6.4. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional

Por escrito de 9 de junio de 2021, la Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de la cartera ministerial pidió que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.

Manifestó que ni el Presidente de la República ni del señor Ministro de Defensa Nacional han impartido instrucciones relacionadas con la prohibición al derecho fundamental a la protesta y participación ciudadana, a la libertad de expresión, reunión y circulación. Por el contrario, sostuvo que es un hecho notorio que las asociaciones y ciudadanos en general vienen realizando marchas pacíficas en las cuales han contado con el acompañamiento de la Policía Nacional, personerías, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Veedurías, sin que en general se hayan generado situaciones de violencia o enfrentamiento entre los participantes.

Sin embargo, aseguró que se han presentado algunas vías de hecho por parte de manifestantes que “vienen generando graves daños y afectaciones a bienes privados y públicos, infraestructura, servicios públicos, afectación al mínimo vital de los ciudadanos, a su libre circulación y afectación a la economía del país”, lo que ha hecho necesaria la intervención de la Fuerza Pública (Policía Nacional y Fuerzas Armadas), con el fin de proteger a los ciudadanos en su vida y bienes.

Afirmó que el ESMAD, “se encuentra constituido para salvaguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos de conformidad con la misión señalada en el artículo 218 de la Carta Política brinda el acompañamiento requerido por las autoridades legítimamente constituidas bajo precisas instrucciones y premisas para la garantía de los derechos fundamentales de los marchantes, y no participantes, aclarando que desde ningún punto de vista el ESMAD, acompaña y participa en las manifestaciones públicas y pacíficas, toda vez que su intervención se genera exclusivamente cuando las mismas se trasforman en vías de hecho ocasionando desmanes y disturbios que afectan los derechos fundamentales de terceros que no participan en la protesta”.

Manifestó que la labor de la Policía Nacional se ejecuta prestando especial atención a lo establecido en el mencionado Decreto N° 003 de 2021, a través de varias actividades, tales como:

Actividades Preventivas “antes”: Verificar requerimientos que informen día, hora y lugar para la realización de manifestaciones; solicitar el acompañamiento del Ministerio Público y gestores de convivencia necesarios para garantizar el goce efectivo de los derechos de la sociedad durante el desarrollo de la manifestación; coordinar con las autoridades político administrativas de la jurisdicción, la afectación de estos motivos de policía según su competencia y atribuciones de ley y reforzar la seguridad de los puntos críticos de los municipios.

Actividades Concomitantes “Durante”: Dar amplia instrucción al personal que interviene en el procedimiento sobre el respeto a los Derechos Humanos, uso de la fuerza, correcta utilización de los elementos para el servicio, medidas de seguridad personal; tener contacto permanente con el equipo de gestores de convivencia delegado por la alcaldía y Ministerio Público en el marco de las actividades de acompañamiento del evento. Ante situaciones de conflicto o amenaza a la convivencia y seguridad, en coordinación con los gestores de convivencia y Ministerio de Público, agotar las instancias de persuasión, diálogo, mediación y gestión del conflicto con los participantes ante posibles disturbios, minimizando el riesgo de confrontación.

Actividades Posteriores “Después”: Mantener la presencia policial hasta la normalización de la movilidad, la seguridad y convivencia. Al término de las jornadas de reuniones, aglomeraciones y/o manifestaciones y desinstalación de los dispositivos policiales de prevención y atención efectuar la evaluación institucional, elaborando informe ejecutivo destacando los aciertos, desaciertos y recomendaciones frente a la prestación del servicio, con el propósito de ajustar los futuros servicios y procedimientos policiales.

En cuanto al paro nacional sostuvo que el Gobierno viene reuniéndose con los promotores del mismo y que se han presentado propuestas que a la fecha se encuentran siendo analizadas por ambas partes.

Manifestó que en el asunto bajo examen debe aplicarse el principio “onus probandi incumbit actori”, de tal modo que se le exija a la parte demandante el cumplimiento de la carga de prueba frente a cada una de las afirmaciones que realizó en el escrito de tutela.

Con el informe de respuesta allegó un balance general del paro nacional elaborado por le Ministerio de Defensa Nacional entre el 28 de abril y el 7 de junio de 2021, en el cual se indicó que durante lo corrido de la jornada de manifestación pública se han registrado 12.788 actividades en 862 municipios de 32 departamentos y de la ciudad de Bogotá. De esas 12.788 actividades, 6.511 correspondieron a concentraciones, 2.325 a marchas, 3.282 a bloqueos, 638 a movilizaciones en vehículos y 32 a asambleas (fuente: Policía Nacional, corte 7 de junio de 2021).

Durante el periodo de tiempo analizado aseguró que se presentaron 18 fallecimientos de civiles relacionados con la protesta, 9 en proceso de verificación de sin habían sido en el marco de la protesta y 19 no guardan nexo con las protestas. Así mismo, se reportaron 1.108 civiles lesionados, en Soacha, en Cali, en Bogotá, Cali, Neiva, Medellín, Bucaramanga, Pasto, Popayán, Pereira, Tuluá, Cartago y Yumbo, y otros municipios de Valle del Cauca (fuentes: Fiscalía General de la Nación, corte 31 de mayo de 2021 y Policía Nacional, corte 7 de junio de 2021).

Se registraron también nueve (9) casos relacionados con violencia de género, de los cuales 1 fue hacia una funcionaria de la Policía Nacional (fuente: Policía Nacional, corte 7 de junio de 2021). Así mismo se reportaron 2 uniformados fallecidos, 1.283 lesionados, así como 11 secuestrados y retenidos en el Valle del Cauca.

En cuanto a afectaciones materiales aseguró que resultaron vandalizados, destruidos o incinerados 439 establecimientos comerciales; 1.201 vehículos de transporte público; 436 cajeros automáticos; 238 estaciones de transporte público; 21 motos particulares; 82 vehículos particulares: 2 instituciones religiosas; 91 estaciones de servicio; 457 oficinas bancarias; 1 hotel y 116 señales de tránsito. Las afectaciones a entidades gubernamentales y bienes públicos ascendieron a 154 infraestructuras gubernamentales, 28 peajes, 4 basculas de pesaje, 25 bienes culturales afectadas, 1 puente, 150 cámaras de seguridad, 55 cámaras de fotomulta y 114 semáforos.

Señaló que se han iniciado180 investigaciones disciplinarias a miembros de la Policía Nacional, 89 por abuso de autoridad; 13 por homicidio; 32 por agresiones físicas; 19 por lesiones personales, 2 por acoso sexual y 25 por otras conductas.

6.5. Respuesta de la Policía Nacional

En memorial de 16 de junio de 2021, el Jefe del Área Jurídica de la Secretaría General solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados. Lo anterior, dado que la actuación de la Policía Nacional se encuentra en el marco de las funciones constitucionales y legales, para la garantía no solo del derecho a la manifestación pública y pacífica, sino también para contrarrestar las graves alteraciones de orden público que se han venido presentado en algunas zonas del país.

Manifestó que la Policía Nacional ha sido respetuosa y garante del ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica establecida en el artículo 37 de la Constitución Política, acompañando a la población, y en cumplimiento de tal fin, dispuso de todas las capacidades institucionales con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho.

Sostuvo que su actuación se circunscribe a: (i) brindar acompañamiento a las manifestaciones públicas y pacíficas para garantizar el derecho fundamental de los manifestantes y de los no participantes, en un contexto normal y adecuado del derecho fundamental de manifestación, situación en la cual, las expresiones del derecho se ejecutan en determinado lapso de tiempo y culminan pacíficamente sin afectar derechos de otras personas y (ii) utilizar “la fuerza para dispersar las manifestaciones violentas y vandálicas, en cuyo marco la actuación de Policía Nacional, como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y depositarios del uso legítimo de la fuerza, podrán utilizar este medio de policía, para controlar y hacer cesar las afectaciones derivadas de la violencia indiscriminada en un ejercicio ilegítimo del derecho constitucional”.

Aseguró que la Policía Nacional ha cumplido a cabalidad las prerrogativas y obligaciones consagradas en el Decreto 003 de 2021, “Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGITIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA", el cual estableció las directrices para la actuación de las autoridades de Policía en sus funciones de garantía de derechos fundamentales, conservación de la convivencia ciudadana y el orden público en el marco de las manifestaciones públicas y pacíficas.

Afirmó que en el marco de dicha norma se ejecutan actividades preventivas “antes”, concomitantes “durante” y posteriores “después”, mediante las cuales se busca garantizar la manifestación pública y pacífica, estableciendo incluso un paso a paso para “anticipar, prevenir, mitigar y contrarrestar aquellas actuaciones que vayan en contravía de la materialización efectiva de tales derechos”.

Además, señaló que el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional se rige por los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y racionalidad, en estricta aplicación del Decreto 003 de 2021.

Por otro lado, aseguró que los hechos narrados en el escrito de tutela resultan ser de carácter general, impersonal y abstracto, como quiera que se hace alusión a situaciones venideras, pero de las que no se prueba que pueda tener participación, por lo que considera que se configuró la falta de legitimación en la causa por activa, pues la acción de tutela solo puede ejercerse para proteger derechos fundamentales de los que el demandante sea el titular.

En efecto, advirtió que no se evidencia una afectación inminente y persistente de manera directa respecto de la parte demandante, un perjuicio irremediable que justifique la urgencia de una intervención del juez constitucional, ni tampoco que la vulneración sea inmediata y habilite la procedencia de la acción de tutela.

Además, sostuvo que la corporación accionante debe demostrar de manera fehaciente la vulneración de sus derechos fundamentales, aportando el material probatorio pertinente, conducente y útil para tal fin.

Por último, manifestó que los enlaces aportados con el escrito de tutela que contienen imágenes y notas periodísticas extraídas de distintas páginas web, no generan certeza ni credibilidad sobre la ocurrencia y condiciones de los hechos narrados, por lo que no pueden ser tenidos en cuenta como medios de prueba.

Con el informe de contestación se remitieron los siguientes documentos:

Copia de la Resolución Nº 01681 de 28 de mayo de 2021, emitida por el director general de la Policía Nacional, “Por la cual se adopta el Protocolo de Verificación en Casos de Capturas y Traslado de Personas, durante el desarrollo de cualquier Mitin, Reunión o Acto de Protestas suscrito entre la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional"
Copia de la Resolución Nº 01682 del veintiocho (28) de mayo de 2021 "Por la cual se crea el Sistema de Información para el Registro de las Actuaciones Policiales – SIRAP”.
Copia de la Resolución Nº 01716 de 2021 "Por la cual se establecen los parámetros del empleo de las armas, municiones, elementos dispositivos menos letales para la prestación del servicio de Policía”.
Copia del acta de 22 de abril de 2021, suscrita por la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, Grupo de Derechos Humanos, en donde se constata la interlocución con líderes, lideresas sociales, defensores, defensoras de Derechos humanos, centrales obreras y grupos poblacionales en la ciudad de Cali junto con autoridades gubernamentales de la ciudad de Cali, con el fin de realizar coordinación para el Paro Nacional de 28 de abril
Copia del acta de verificación e inspección de elementos a utilizar por parte ESMAD, en caso de hacer efectivo el uso de la fuerza, como último recurso físico para restablecer y mantener las condiciones de salud, suscrita el 1, 2 de mayo de 2021, por el Escuadrón Móvil Antidisturbios Nº 8 de la Policía Nacional del Valle del Cauca.
Copia de la orden de servicio Nº 056/MECAL-PLANE 38.9 de 20 de abril de 2021, emanada por la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, en cuanto a las actividades de acompañamiento a la manifestación publica por el paro nacional programada para el 28 de abril de 2021.
Copia del acta de 26 de abril de 2021, suscrita por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en torno a “LA INSTRUCCIÓN POR PARTE DEL SEÑOR TENIENTE JOSÉ FERNEY HIGUITA LÓPEZ, JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA MEVAL, SOBRE EL DECRETO No. 003 DEL 05 ENERO DE 2021 "PROTOLOCOLO DE ACCIONES PREVENTIVAS CONCOMITANTES Y POSTERIOS, DENOMINADO ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGITIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA" Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA GARANTIA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA MANIFESTACIÓN PÚBLICA Y PACÍFICA”.
Copia del acta de 2, 3, 5, 6, de mayo de 2021, suscrita por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en donde se deja constancia de la reunión para “LA INSTALACIÓN DEL PUESTO DE MANDO UNFICADO (PMU) POR PARTE DEL SEÑOR CORONEL DANIEL MAZO CARDONA, COMANDANTE OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN ARAS DE ESTAR ARTICULADOS CON LAS AUTORIDADES DEL ORDEN METROPOLITANO EN LA TOMA DE DECISIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO Y DE RESTABLECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA DURANTE LA JORNADA DE MANIFESTACIÓN PÚBLICA Y PACÍFICA”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Cuestiones previas

Antes de formular los problemas jurídicos a resolver, la Sala efectuará las siguientes precisiones en cuanto al cumplimiento de los requisitos de legitimación en la causa por activa y de subsidiariedad, teniendo en cuenta que hacen parte de los argumentos de defensa presentados por algunas autoridades demandadas.

2.1. De la legitimación en la causa por activa

2.1.1. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos en que así se autoriza.

Este mecanismo constitucional tiene como una de sus características esenciales la informalidad al momento de presentar la acción, pues no limita su ejercicio a los sujetos de derecho que pretendan hacerla valer como solicitud de amparo constitucional.

No obstante, se hace exigible como requisito indispensable la legitimación e interés del actor de acuerdo como lo estipula el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, de la siguiente manera:

“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

En términos generales, la legitimación en la causa determina quiénes pueden obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda.

La Corte Constitucional ha establecido unos presupuestos con respecto a la legitimación en la causa por activa, señalándolos así:

“La legitimación en la causa por activa en los procesos de acción de tutela se predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, sin embargo la Sala encuentra que a partir de las normas de la Constitución y del decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela: (i) la del ejercicio directo de la acción. (ii) La de su ejercicio por medio de representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas). (iii) La de su ejercicio por medio de apoderado judicial (caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo). Y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso.”

Si se actúa por medio de apoderado judicial, debe aportarse el poder especial que lo faculta para actuar, pues, de lo contrario, se configurará un auténtico caso de carencia de poder. Y si se actúa en calidad de representante legal de una empresa, debe aportarse el respectivo certificado de existencia y representación.

En conclusión, están legitimados para interponer la acción de tutela: i) el interesado directamente, ii) el representante legal o judicial y iii) el agente oficioso, siempre que se demuestre la imposibilidad de que el interesado ejerza su propia defensa.

2.1.2. En el asunto bajo examen, la Presidencia de la República y la Policía Nacional alegaron que la Corporación Creciendo por la Paz Colombia no se encuentra legitimada en la causa por activa para iniciar la acción de tutela, por cuanto no demostró que sea titular de la vulneración de los derechos fundamentales invocados, sino que hizo alusión a la afectación que en general han sufrido los manifestantes.

2.1.3. De conformidad con la lectura integral del escrito de tutela y de subsanación, se advierte que la acción constitucional fue iniciada con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales a la protesta pacífica, a la participación ciudadana, a la vida, a la integridad personal, al debido proceso, a no ser sometido a desaparición forzada y a las libertades de expresión, reunión, circulación y movimiento, que se consideran vulnerados por cuenta de la estigmatización, los tratos degradantes y el uso indebido de armas letales y químicas de los que asegura han sido víctimas los manifestantes del paro nacional que comenzó el 28 de abril de 2021. Además, adujo que la solicitud de amparo fue interpuesta con el fin de evitar la materialización de un perjuicio irremediable a los manifestantes, quienes se encuentran en peligro o amenaza por cuenta de la orden del ejecutivo de hacer uso de la Fuerza Pública para impedir el ejercicio de la protesta social.

Así mismo, se vislumbra que de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal de la Corporación demandante, allegado junto con la tutela, su objeto social consiste en “PROPICIAR UN DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIONES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD”. Por lo anterior, es claro para la Sala que la interposición de la acción de tutela hace parte de su ejercicio como entidad sin anónimo de lucro por lo que se encuentra legitimada para iniciar la acción de tutela.

Cuando se trata de los derechos fundamentales a la protesta social, a la libre expresión, a la reunión y a la manifestación, cualquier persona es titular de ese derecho, pues el propio artículo 37 de la Constitución Política establece que “Toda parte del pueblo, puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”. Además, de conformidad con el numeral 4 del artículo 95 de la Constitución Política es un deber de los ciudadanos defender los derechos humanos como fundamento de la convivencia, por lo que es razonable que cualquier ciudadano, en atención al interés general, pueda pedir al juez constitucional que evalúe si es procedente o no ordenar el cumplimiento del Decreto 003 de 2021.

Por lo anterior, el hecho de que la parte actora alegue la vulneración y amenaza de los derechos fundamentales a la protesta pacífica, a la participación ciudadana, a la vida, a la integridad personal, al debido proceso, a no ser sometido a desaparición forzada y a las libertades de expresión, reunión, circulación y movimiento, y que la asistencia y promoción de los derechos de la población sea parte de su objeto social, es motivo suficiente para que se encuentre legitimada para solicitar la protección a través de acción de tutela.

En consecuencia, Sala estima que, en este caso concreto, la Corporación Creciendo por la Paz de Colombia se encuentra legitimada en la causa por activa para iniciar la acción de tutela, dado que el objeto social para el cual está constituida tiene relación directa con la defensa de los derechos fundamentales invocados en la solicitud de amparo constitucional.

2.2. Del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad

2.2.1. El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.

El carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, ha servido para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser eficaces para la defensa de sus derechos, ya que si bien, la regla de la subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de amparo es la protección de los derechos fundamentales.

2.2.2. En el asunto bajo examen la Presidencia de la República y la Alcaldía de Bogotá adujeron que la acción no cumple con el requisito de la subsidiariedad. Para la Presidencia de la República, la parte actora cuenta con otros medios de defensa judicial para atender sus inconformidades respecto al actuar de la Fuerza Pública, como es la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y el proceso disciplinario, para poner de presente todas las presuntas irregularidades que afecten derechos fundamentales por parte de la Policía Nacional o los miembros de la fuerza pública. La Alcaldía Mayor de Bogotá, por su parte señaló que la acción de tutela resulta improcedente dado que la finalidad de la misma es enterarse de los diferentes protocolos, medidas, acciones, y demás que se han llevado a cabo por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y el Gobierno Nacional, por lo que el mecanismo idóneo para ello es acudir a la administración a través de una petición de información.

2.2.3. La parte actora interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales a la protesta pacífica, a la participación ciudadana, a la vida, a la integridad personal, al debido proceso, a no ser sometido a desaparición forzada y a las libertades de expresión, reunión, circulación y movimiento, que considera vulnerados por cuenta de la falta de cumplimiento del Decreto 003 de 2021, lo que ha conllevado la estigmatización, los tratos degradantes y el uso indebido de armas letales y químicas de los que asegura han sido víctimas los manifestantes del paro nacional que comenzó el 28 de abril de 2021.
En tal virtud, solicitó que se emita una serie de órdenes que, a su juicio, son necesarias para que cese la vulneración y amenaza de los derechos fundamentales invocados, tales como: (i) ordenar a la Policía nacional el cumplimiento del Decreto 003 de 2021, a través de la elaboración de un plan de servicio que garantice el acompañamiento de la movilización o concentración con personal policial y de apoyo; (ii) ordenar a los alcaldes municipales el cumplimiento del mencionado Decreto, de tal modo que sirva de mediadores entre los líderes de las protestas y la fuerza pública, agotando la etapa previa del dialogo y, (iii) ordenar a los alcaldes de Neiva y de Bogotá que den cumplimiento al Decreto y conformen la mesa de coordinación en la que se permita el diálogo con las organizaciones de derechos humanos.

2.2.4. Como lo advirtió esta Sala, en la reciente sentencia de 22 de julio de 2021, “no se desconoce la importancia de interponer peticiones, quejas y denuncias ante las autoridades competentes por presuntos abusos de la Fuerza Pública que puedan presentarse en el marco de las protestas sociales. Estos instrumentos permiten poner en marcha los órganos de control y vigilancia del Estado con el fin de garantizar la efectividad de los derechos. Es más, como se verá más adelante, estos instrumentos ya se han ejercido, pues se están adelantando investigaciones por los hechos aquí denunciados”.

Sin embargo, la existencia de estos instrumentos no impide al juez de tutela analizar el asunto de fondo. Lo anterior, teniendo en cuenta que las pretensiones están relacionadas con el cumplimiento del Decreto 003 de 2021, lo cual no puede lograrse mediante peticiones de información ni denuncias o investigaciones de carácter disciplinario ya que esos mecanismos permitirían conocer la forma como las autoridades están actuando ante las protestas o endilgar la responsabilidad individual de los sujetos que hubieren cometido alguna conducta punible o disciplinable, mas no comportan el cumplimiento del mencionado decreto.

2.2.5. En cualquier caso, la acción de tutela resulta procedente en el asunto bajo examen, pues el debate propuesto gira alrededor de la supuesta omisión por parte de las autoridades demandadas, por no cumplir el Decreto 003 de 2021. Lo cual está en consonancia con la finalidad última de la acción de tutela señalada en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 1º y 5º del Decreto 2591 de 1991, esto es, obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares.

3. Planteamiento del problema jurídico

De conformidad con los argumentos expuestos en el escrito de tutela y su aclaración, y los informes rendidos por las autoridades demandadas, le corresponde a la Sala determinar si se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte demandante por cuenta de la estigmatización, los tratos degradantes, el uso excesivo de la fuerza, el uso indebido de armas letales y químicas y la falta de acompañamiento a los manifestantes del paro nacional que comenzó el 28 de abril de 2021, por lo que debe ordenarse a las autoridades demandadas el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 003 de 2021, “Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA”, y la conformación de la Mesa de Coordinación que permita el diálogo con las organizaciones de derechos humanos y los manifestantes.

4. Del derecho fundamental a la protesta social y pacífica

La reunión y la manifestación pacífica en espacios públicos y, específicamente, la protesta en el régimen constitucional “constituyen un mecanismo útil para la democracia y para lograr el cumplimiento cabal del pacto social, pues es a través de estos medios de participación que muchas veces se expresan las inconformidades ciudadanas de grupos sociales que no han sido escuchados institucionalmente”.

La protesta social es un derecho fundamental que incluye el derecho a la expresión individual y colectiva en espacios públicos y que está reconocido en la Constitución Política de 1991. Los artículos 20, 37 y 38 de la Constitución reconocen la protesta como expresión y materialización del derecho a la libre expresión, a la reunión y manifestación. Así, el artículo 20 garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones. El artículo 37, por su parte, consagró que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente y que será únicamente la ley la que pueda establecer los casos en los que se podrá limitar el ejercicio de este derecho. A su turno, el artículo 38 garantiza el derecho a la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.

En el ámbito internacional, diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, han protegido el derecho a la protesta. En ese sentido, el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos prevé que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

De igual manera, el pacto internacional de derechos civiles y políticos prevé en el artículo 21 el reconocimiento del derecho a la reunión pacífica y dispone que el ejercicio de ese derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones que prevea la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

A su turno, el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, establece que los Estados partes “se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: (…) ix) El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas (…)”.

El derecho a la protesta social, asimismo, está garantizado en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que en el artículo 15 “reconoce el derecho a la reunión pacífica y sin armas” y prescribe que sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas en la ley, necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o el orden públicos o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

A su vez, el artículo 16 del tratado consagra la libertad de asociación y, entre otras cosas, dispone que: (i) todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole y (ii) el ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. En el asunto bajo examen, la Corporación Creciendo por la Paz Colombia sostuvo que la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, la Policía Metropolitana de Bogotá, el Distrito Capital de Bogotá y el Municipio de Neiva están vulnerando los derechos fundamentales a la protesta pacífica, a la participación ciudadana, a la vida, a la integridad personal, al debido proceso, a no ser sometido a desaparición forzada y a las libertades de expresión, reunión, circulación y movimiento, por cuenta de la estigmatización, los tratos degradantes, el uso excesivo de la fuerza, el uso indebido de armas letales y químicas y la falta de acompañamiento a los manifestantes del paro nacional que comenzó el 28 de abril de 2021.

Por lo anterior, solicitó que se ordene (i) a la Policía Nacional dar cumplimiento al Decreto 003 de 2021, elaborando un plan de servicio que garantice el acompañamiento de la movilización, sin acudir al uso excesivo de la fuerza; (ii) a los alcaldes municipales de todo el país dar cumplimiento al Decreto 003 de 2021 para servir de mediadores entre los líderes de las protestas y la fuerza pública y agotar la etapa de diálogo previo a las movilizaciones y (iii) a los alcaldes de Bogotá y Neiva dar cumplimiento inmediato al Decreto 003 de 2021, conformando la mesa de coordinación a través de la cual se permita el diálogo con las organizaciones sociales y los manifestantes.

5.2. Con el fin de probar la violación de los derechos fundamentales invocados, la parte actora aportó varios hipervínculos de notas periodísticas relacionadas con la violencia de la Policía Nacional contra los manifestantes en el marco del llamado paro nacional que inició desde el 28 de abril de 2021. Las notas periodísticas provienen de los canales de noticias Euro News, France 24 Español y Noticias Uno.

Al respecto, la Sala considera que dichas pruebas carecen de la entidad suficiente para probar en sí mismas la existencia y veracidad de la vulneración de los derechos fundamentales alegados, pues, como lo ha advertido esta Corporación en su jurisprudencia, de acuerdo con el artículo 165 del Código General del Proceso, dichas pruebas solo cuentan con un valor secundario del hecho y solo demuestran el registro mediático de los hechos, por lo que su “eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente”.

Por lo anterior, como quiera que la Corporación actora no aportó otros elementos probatorios distintos a las notas periodísticas, en esta ocasión la Sala no cuenta con el sustento fáctico suficiente para evidenciar con grado de certeza la violación o amenaza a los derechos fundamentales invocados que amerite la intervención urgente del juez constitucional con el fin de impartir medidas positivas o negativas para conjurar una situación específica que pueda comprometer la efectividad del derecho a la protesta pacífica y los derechos que son interdependientes.

En cualquier caso, la Sala hará referencia al contenido y alcance del Decreto 003 de 2021 y a las pruebas aportadas por las autoridades demandadas en cuanto al cumplimiento de dicho acto administrativo.

5.3. En primer lugar, cabe resaltar que el Decreto 003 de 2021, por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA”, fue suscrito por el Presidente de la República junto con los Ministros del Interior y de Defensa Nacional, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el literal b) del ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de tutela STC7641-2020 de 22 de septiembre de 2020, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (exp. Nº 11001-22-03-000-2019-02527-02).

Allí, se establecieron una serie de acciones preventivas, concomitantes y posteriores.

5.3.1. Las acciones preventivas son “todos los actos ejecutados antes de una jornada de protesta orientados a garantizar su libre ejercicio. Dentro de estas se encuentran actividades de comunicación, organización y prevención entre las organizaciones o movimientos sociales convocantes a una protesta y las autoridades administrativas y de policía del orden territorial o local que deben garantizar el ejercicio de este derecho, la actividad de las veedurías por parte de la sociedad y el cumplimiento de la función de los órganos de control” (art. 5º).

Dentro de dichas acciones se contempla, entre otras, la instauración de los Puestos de Mando Unificados (PMU), considerados como una instancia de coordinación interinstitucional que tiene como objetivo articular, supervisar, tomar las acciones que considere necesarias para la garantía de los derechos ciudadanos tanto de aquellos que realizan manifestaciones pacíficas como de aquellos que no participan de ella, deberá permanecer en él antes, durante y después de la manifestación. El PMU debe estar integrado por representantes de las siguientes entidades: gobernación, cuando sea procedente, alcaldía, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personería y Bomberos (art. 8).

Las Mesas de Coordinación, también se consideran acciones preventivas, las cuales deben ser conformadas por parte de los Gobiernos departamentales, distritales y municipales, previo al desarrollo de la jornada de manifestación, para atender las situaciones que se presenten en el desarrollo de la protesta pública y pacífica, en pro de sugerir a la primera autoridad de policía, la toma de decisiones a que haya lugar para proteger los derechos individuales y colectivos. Esta mesa estará integrada por delegados de: “a) Secretario de gobierno o de Seguridad Ciudadana y Convivencia; b) Secretaria de salud departamental o municipal según sea el caso; c) La Oficina de Derechos Humanos o quien haga sus veces; d) Comando de la Policía Nacional de la respectiva jurisdicción; e) Un delegado de los organizadores que convocan la protesta pacífica; f) Un delegado de las organizaciones de derechos humanos del orden territorial; g) Un delegado de las comisiones de verificación y veedurías”.

Las funciones de dicha mesa de coordinación, definidas en el artículo 13 del Decreto 003 de 2021, son las siguientes:

“1. Servir como instancia de coordinación de manera previa, concomitante y posterior entre las autoridades del orden ejecutivo, la Policía Nacional, los representantes u organizadores de la manifestación pública y demás entidades, a efectos de recomendar las medidas pertinentes para el ejercicio del derecho a manifestarse.

2. Proponer mecanismos de interlocución y articulación entre las diferentes instancias de coordinación del presente protocolo; y, entre éstas y las organizaciones de la sociedad civil, sus líderes, inclusive de quienes no participan en la protesta.

3. Proponer mecanismos de diálogo y mediación entre las diferentes instancias de coordinación del presente protocolo. Así como entre las autoridades administrativas, de policía y las organizaciones de sociales que ejercen el derecho a la manifestación.

4. Proponer medidas que propendan por mejorar el acompañamiento de las manifestaciones públicas, y garantizar el ejercicio de derechos y libertades de quienes participan o no en las movilizaciones, las cuales serán remitidas a los Puestos de Mando Unificados.

5. Mantener un enlace de coordinación con el Puesto de Mando Unificado, a través de las instituciones que hacen presencia simultánea allí y en las Mesas Coordinación”.

Por último, se destaca que las autoridades deben realizar labores de diálogo, interlocución y reconocimiento de las personas convocantes a movilizaciones de carácter nacional, regional y local (art. 14).

5.3.2. La acciones concomitantes son aquellos actos supeditados al cumplimiento de la Constitución, la ley y los reglamentos, que se ejecutan por parte de las autoridades de policía, con el fin de garantizar el ejercicio de la manifestación pública, y salvaguardar las garantías constitucionales de quienes participan o no en las mismas (art. 25). Como parte de las acciones concomitantes, los gobernadores, alcaldes distritales y municipales, deben disponer el acompañamiento de la movilización o concentración, además de la Policía Nacional, de los gestores de convivencia o funcionarios delegados, para que promuevan el diálogo, interlocución y mediación, con el fin de generar la comunicación y la articulación con las autoridades en el desarrollo de las manifestaciones para evitar situaciones de conflicto (art. 26).

Así mismo, se contempla que el uso de la fuerza es “el medio material, necesario, proporcional y racional, empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas, incluida la de ellos mismos, sin mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública” (art. 32).

5.3.3. Por último, en cuanto a las acciones posteriores, el Decreto las define como “aquellas realizadas por las autoridades de policía cuando la manifestación pública haya terminado, bien sea por decisión propia de los manifestantes o por haber sido disuelta, atendiendo a los fines de promoción y garantía de los derechos fundamentales, la convivencia y seguridad ciudadana, y la conservación del orden público. Estas acciones se podrán desarrollar en el inmediato o mediano plazo según lo ameriten los hechos presentados durante las movilizaciones” (art. 37).

Dentro de dichas acciones se destaca que la terminación de las manifestaciones debe hacerse cuando “voluntariamente decidan retirarse de los espacios públicos en los que se han reunido y la congregación de las manifestaciones vayan disminuyendo paulatinamente o en aquellas situaciones en que deban ser disueltas por presentarse actos de violencia que alteren gravemente el orden público y la convivencia” (art. 38). Así mismo, que una vez la manifestación termine debe levantarse el PMU y elaborarse un informe por parte de los comandantes de las unidades mínimas de atención/intervención acerca de su actuación ante el superior inmediato, así como tramitar los del personal bajo su mando lo antes posible, en el cual comunique las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su actuación, las órdenes recibidas e impartidas, los motivos de policía atendidos y los medios de policía y medidas correctivas aplicadas (art. 39).

5.3.4. Frente al cumplimiento de lo establecido en el referido acto administrativo, las autoridades demandadas manifestaron lo siguiente:

5.3.4.1. La Presidencia de la República aseguró que éste fue implementado, mediante la instalación del PMU en el cual desde su conformación han hecho presencia autoridades como la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía y la Gobernación, entre otras.

5.3.4.1. El Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional manifestaron que la labor de dichas entidades se ejecuta prestando especial atención a lo establecido en el mencionado Decreto 003 de 2021, a través de actividades preventivas, para la verificación de requerimientos que informen día, hora y lugar para la realización de manifestaciones; solicitar el acompañamiento del Ministerio Público y gestores de convivencia necesarios para garantizar el goce efectivo de los derechos de la sociedad durante el desarrollo de la manifestación; actividades concomitantes a través de la instrucción a los servidores sobre el respeto a los derechos humanos , uso de la fuerza, correcta utilización de los elementos para el servicio, medidas de seguridad personal; contacto permanente con el equipo de gestores de convivencia delegado por la alcaldía y Ministerio Público en el marco de las actividades de acompañamiento del evento y adelantar diálogo y mediación para gestionar los conflictos ante posibles disturbios y, actividades posteriores, para mantener la presencia policial hasta la normalización de la movilidad, la seguridad y convivencia.

Además, con los informes de respuesta se aportó (i) copia del acta de 22 de abril de 2021, suscrita por la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, Grupo de Derechos Humanos, en donde se constata la interlocución con líderes, lideresas sociales, defensores, defensoras de Derechos humanos, centrales obreras y grupos poblacionales en la ciudad de Cali junto con autoridades gubernamentales de la ciudad de Cali, con el fin de realizar coordinación para el Paro Nacional de 28 de abril de 2021; (ii) copia de la orden de servicio Nº 056/MECAL-PLANE 38.9 de 20 de abril de 2021, emanada por la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, en donde se consignan las actividades de acompañamiento a la manifestación publica por el paro nacional programada para el 28 de abril de 2021 y, (iii) copia de las actas de 2, 3, 5, 6, de mayo de 2021, suscritas por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en donde se deja constancia de la reunión para “LA INSTALACIÓN DEL PUESTO DE MANDO UNFICADO (PMU) POR PARTE DEL SEÑOR CORONEL DANIEL MAZO CARDONA, COMANDANTE OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN ARAS DE ESTAR ARTICULADOS CON LAS AUTORIDADES DEL ORDEN METROPOLITANO EN LA TOMA DE DECISIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO Y DE RESTABLECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA DURANTE LA JORNADA DE MANIFESTACIÓN PÚBLICA Y PACÍFICA”.

5.3.4.2. La Alcaldía Mayor de Bogotá aportó pruebas relacionadas con las actividades de formación y capacitación de la Policía Nacional, dentro de las cuales se encontraba un ejercicio teórico práctico para recrear la aplicación del Decreto 003 de 2021 y del Decreto Distrital 563 de 2015, con la participación de la Procuraduría Segunda Distrital, la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos de la Policía MEBOG, FUDIS de Policía MEBOG, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), la Secretaría de Seguridad y la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos y la instalación el Puesto de mando Distrital o Centro de Operaciones de Emergencia (PMU-COE).

Además, con ocasión del paro nacional convocado para el 28 de abril de 2021, se realizaron:

La Reunión interinstitucional de 26 de abril de 2021, en la que se determinó la labor que cada dependencia de la alcaldía debía desarrollar según lo establecido en el Decreto 003 de 2021 y el Decreto Distrital 563 de 2015 (bajo el entendido que estas normas no son excluyentes sino complementarias), y los aspectos a tener en cuenta para considerar el uso de la fuerza en aquellos casos de violencia que en el marco de las manifestaciones pudiera presentarse.

La reunión de la Mesa de Coordinación o Mesa de Seguimiento al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, asociación y movilización pacífica llevaba a cabo el 27 de abril de 2021, en donde se contó con la participación de más de 20 organizaciones de derechos humanos, sindicales y gremiales convocantes del Paro Nacional; el Ministerio Público, las Secretarías de Movilidad; de Seguridad, Convivencia y Justicia; de Salud; y de Gobierno; y Policía Metropolitana de Bogotá.

Según lo manifestado por la entidad territorial “producto de esta Mesa, fueron informadas 56 movilizaciones para el 28 de abril y se dispuso los puntos de acompañamiento de acuerdo con lo solicitado en la convocatoria, así: los gestores de diálogo de la Dirección de Convivencia y Diálogo en 23 puntos fijos y 2 puntos móviles en las diferentes localidades, el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Secretaría Distrital de Movilidad, Alcaldías Locales y Policía Nacional, conforme a las competencias de cada entidad. Acto seguido, la Secretaría de Gobierno en su rol de articulador interinstitucional, dio traslado de la información de los eventos programados a las entidades competentes, con el fin de garantizar el ejercicio del derecho de protesta pacífica”.

Adicionalmente, aseguró que la Dirección de Convivencia y Diálogo Social de la Secretaría Distrital de Gobierno realiza labores constantes de interlocución mediación y diálogo en situaciones de conflicto a través de los Gestores de Diálogo y Convivencia.

5.3.4.3. La Alcaldía de Neiva afirmó que ha adelantado todas las gestiones tendientes a garantizar tanto la vida de todos sus habitantes como el ejercicio de la protesta social mediante marchas pacíficas, a través del acatamiento del Decreto 003 de 2021.

Sobre el particular, aportó copias de las actas de instalación de la Mesa de Coordinación y del PMU, con el fin de atender las situaciones que se pudieran presentar en el desarrollo de la protesta pública y pacífica y articular, supervisar y tomar las acciones para la garantía de los derechos ciudadanos tanto de aquellos que realizan manifestaciones pacíficas como de aquellos que no participan de ella.

5.3.5. En este orden de ideas, al no contar con elementos probatorios distintos a los aportados por las entidades demandadas y dada la falta de idoneidad de las notas periodísticas aportadas por la Corporación accionante, en este caso, la Sala negará las pretensiones formuladas en el escrito de tutela, pues no se demostró la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados.

Por el contrario, los alcaldes municipales probaron estar llevando a cabo las acciones preventivas de mediación a través del diálogo y de conformación de las mesas de coordinación, por lo que no se advierte vulneración de derecho fundamental alguno, por parte de dichas autoridades.

En este punto, la Sala quiere recalcar que el diálogo genuino, amplio e inclusivo y la mediación son herramientas imprescindibles para superar la conflictividad social, el cual se debe guiar por el máximo respeto de los derechos humanos.

5.3.6. Por último, frente a la pretensión relacionada con ordenar a todos los alcaldes del país dar cumplimiento al Decreto 003 de 2021, la Sala estima que ante la falta de elementos probatorios aportados por la parte demandante que pongan en evidencia que los primeros mandatarios no están acatando dicho marco normativo, no resulta procedente acceder a ella dado el alto grado de indeterminación planteado, a lo que se agrega que la acción de tutela no está instituida para analizar y acceder a presuntas vulneraciones hipotéticas.

En conclusión, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la Corporación Creciendo por la Paz Colombia.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por la Corporación Creciendo por la Paz Colombia, por las razones expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
ACLARA VOTO

(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Consejera

(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero

HYPERLINK "https://www.facebook.com/fabiandiazcomunidad/videos/1207034436381373/" https://www.facebook.com/fabiandiazcomunidad/videos/1207034436381373/; HYPERLINK "https://www.facebook.com/watch/?v=3062556007363876" https://www.facebook.com/watch/?v=3062556007363876; HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=fdmxa4YTGK8" https://www.youtube.com/watch?v=fdmxa4YTGK8; HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=ErRSmwKGEsY" https://www.youtube.com/watch?v=ErRSmwKGEsY; HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=tixKNB695lU" https://www.youtube.com/watch?v=tixKNB695lU. La parte accionante y las autoridades demandadas fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: HYPERLINK "mailto:creciendoporlapazcolombia@hotmail.com" creciendoporlapazcolombia@hotmail.com; HYPERLINK "mailto:arismorenovi7@hotmail.com" arismorenovi7@hotmail.com; notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co; HYPERLINK "mailto:tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co" tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; HYPERLINK "mailto:egen.gruso-orientacion@policia.gov.co" egen.gruso-orientacion@policia.gov.co HYPERLINK "mailto:mebog.comanasjur@correo.policia.gov.co" mebog.comanasjur@correo.policia.gov.co; HYPERLINK "mailto:notificacion.tutelas@policia.gov.co" notificacion.tutelas@policia.gov.co; HYPERLINK "mailto:segen.grune@policia.gov.co" segen.grune@policia.gov.co; HYPERLINK "mailto:segen.asjur@policia.gov.co" segen.asjur@policia.gov.co; HYPERLINK "mailto:notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co" notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co; HYPERLINK "mailto:contacto@presidencia.gov.co" contacto@presidencia.gov.co; HYPERLINK "mailto:notificacionessecretariageneral@alcaldiabogota.gov.co" notificacionessecretariageneral@alcaldiabogota.gov.co; HYPERLINK "mailto:notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co" notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co; HYPERLINK "mailto:notificacionesarticulo197secgeneral@alcaldiabogota.gov.co" notificacionesarticulo197secgeneral@alcaldiabogota.gov.co; HYPERLINK "mailto:segen.consejo@policia.gov.co" segen.consejo@policia.gov.co; HYPERLINK "mailto:notificacion.tutelas@policia.gov.co" notificacion.tutelas@policia.gov.co; HYPERLINK "mailto:notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co" notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co; HYPERLINK "mailto:notificaciones@alcaldianeiva.gov.co" notificaciones@alcaldianeiva.gov.co; HYPERLINK "mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co" alcaldia@alcaldianeiva.gov.co; HYPERLINK "mailto:notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co" notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co y HYPERLINK "mailto:contacto@presidencia.gov.co" contacto@presidencia.gov.co. Sentencia T-531 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T 531 de 2002, precisó que el acto por el que se confiere poder tiene las siguientes características: «(i) es un acto jurídico formal que debe realizarse por escrito; (ii) se presume auténtico; (iii) debe ser especial con el fin de interponer una acción de tutela; (iv) es para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso, por lo que no se entiende conferido para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento tengan origen en un proceso ordinario; y (v) el destinatario del acto de apoderamiento solo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional». Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo. Sección Cuarta, sentencia de 22 de julio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-02250-00; C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. En esta ocasión se reiterarán las consideraciones expuestas por esta Sala en la sentencia de 22 de julio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-02250-00; C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Corte Constitucional, sentencia C-009 de 2018. ARTICULO 20.

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. ARTICULO 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. ARTICULO 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Artículo 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, sentencia del 29 de mayo de 2012, expediente: PI 2011-01378-00. C.P. Susana Buitrago Valencia y más recientemente Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de septiembre de 2014, expediente 30.875, Magistrado Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 3 de julio de 202o, exp. Nº 73001-23-31-000-2011-00344-01, C.P. Marta Nubia Velázquez Rico.

PAGE

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.