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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-02388-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
5 de agosto de 2021
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-02388-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

5 de agosto de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR LA PÉRDIDA DE LA POSESIÓN DE BIENES INMUEBLES – Por presunta omisión de autoridades / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – No configuración / DEFECTO SUSTANTIVO POR INAPLICACIÓN DE NORMAS LEGALES CON ENFOQUE CONSTITUCIONAL – No configuración / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN – No configuración / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO

[El problema jurídico] [s]e contrae a determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A quebrantó los derechos fundamentales invocados por el accionante al haber proferido la sentencia del 3 de julio de 2020 que negó las pretensiones del medio de control de reparación directa promovido por el [tutelante] y otros contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, el Distrito Capital y la Fiscalía General de la Nación, expediente radicado núm. 25000 23 36 000 2013 00107 01. (…) [E]sta Subsección, respecto de la sentencia del 20 de febrero de 1989, expediente radicado núm. 4655, invocada como desconocida por el accionante, advierte que versa sobre la responsabilidad del Estado por los daños causados a particulares como consecuencia del uso de armas de dotación oficial, en la que se acogió la tesis de la falla presunta en aplicación del principio iura novit curia, situación que no se acompasa con la aquí estudiada. (…) [En relación con el presunto defecto sustantivo por inaplicación de normas legales con enfoque constitucional] conviene señalar que dichas normas son inaplicables al caso objeto de controversia en el medio de control de reparación directa, pues el objeto de la demanda no versó sobre la ocupación permanente de inmuebles ni la transferencia del derecho de dominio a favor de los demandantes por cuenta de eventuales indemnizaciones, sino en las supuestas acciones y omisiones atribuidas a la Policía Nacional, al Distrito Capital, a la Alcaldía Local de Usme y a la Fiscalía General de la Nación, que según el accionante permitieron el asentamiento de personas que ocuparon los bienes de su propiedad, razón por la cual, para la Sala, dicho reparo carece del todo de fundamento. (…) [En relación con la presunta violación directa de la Constitución] no se arrimó prueba de que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A hubiera desconocido algún precepto constitucional, o realizado una interpretación de la normatividad contraria a la Constitución, como tampoco dejó de aplicar una disposición legal desconociendo el precedente constitucional; por el contrario, cumplió con el deber que le asiste a todas las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de la carta política. (…) [En relación con el presunto defecto fáctico] la Sala encuentra, tal como lo evidenció el juez a quo de tutela, que la Sección Tercera, Subsección A de esta corporación, desvirtuó con suficiencia las objeciones formuladas por la parte accionante y, al efecto, argumentó que «si el accionante pretendía recuperar la posesión de los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria número No. 50S-159217, 50S-159218 y 50S-159215, tenía la obligación de promover las acciones posesorias consagradas en los artículos 972 y siguientes del Código Civil, ello sin perjuicio de la posibilidad que le asistía de incoar la acción reivindicatoria consagrada en el artículo 946 del Código Civil». Ahora bien, respecto del reproche relacionado la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A de negar la práctica la inspección judicial, se advierte que dicha prueba en nada desvirtúa la convicción a la que se llegó al valorar el material probatorio aportado al plenario, lo cual le permitió a dicha corporación concluir que, en virtud de una deducción razonable de los hechos probados y bajo las reglas de la sana crítica, a los demandantes no le asiste razón al insistir en la responsabilidad patrimonial atribuida a la Policía Nacional, al Distrito Capital, Alcaldía Local de Usme y a la Fiscalía General de la Nación.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02388-01(AC)

Actor: FABIO GÜIZA SANTAMARIA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Y OTRO

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia del 11 de junio de 2021, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Primera declaró i) improcedente el amparo deprecado respecto de los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y de falta de congruencia de la sentencia y ii) negó las pretensiones respecto del defecto fáctico.

1. La acción de tutela

El señor Fabio Güiza Santamaría, a través de apoderado, promueve acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la propiedad y a la reparación integral.

Pretensiones
En protección de los derechos reclamados, impetra:

PRIMERO. - Dejar sin valor ni efecto la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, de 28 de mayo de 2015, donde se niegan las pretensiones de la demanda, y se fijan como agencias en derecho, el uno por ciento (1%) del valor de las pretensiones negadas en la demanda, suma que equivale a treinta y siete millones ochocientos sesenta y seis mil cien pesos ($37.866.100).

SEGUNDO. - Dejar sin valor ni efecto la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, de fecha 3 de julio de 2020, dentro del Radicado No. 25000-23-36-000-2013-00107-01 (55.308), donde confirma el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, de 28 de mayo de 2015, y condena en costas a la parte demandante, fijando como agencias en derecho en segunda instancia, la suma de $18.768.500, a favor de la Policía Nacional, Distrito Capital y Fiscalía General de la Nación, en partes iguales.

TERCERA. - Ordenar al Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, que en un término de veinte días siguientes a la notificación del fallo de tutela, emita como fallo de segunda instancia un nuevo pronunciamiento de fondo según los hechos, la valoración probatoria y los fundamentos jurídicos de juicio pertinentes para ello, tomando en cuenta los presupuestos de la responsabilidad por daño especial, en procura del resarcimiento de los perjuicios del accionante Fabio Güiza Santamaría y en aplicación de los principios de justicia, igualdad, equidad y solidaridad.

1.2. Hechos de la solicitud

Los hechos de la acción presentada se resumen de la siguiente manera:

i) El 14 de enero de 2009, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá adjudicó al señor Fabio Güiza Santamaría el 80% de un terreno ubicado entre las calles 92B y 93B Sur y las carreras 1.a y 2.a, conformado por 3 predios contiguos, identificados con los números de matrícula inmobiliaria 50S 159218, 50S 159215 y 50S 159217. Los señores Julio César López Cárdenas y Luis Enrique López Cárdenas adquirieron, cada uno, el 10% de la propiedad de los mencionados inmuebles.

ii) El 22 de octubre de 2010, el Juzgado Catorce Civil Municipal de Descongestión de Bogotá hizo la entrega material del inmueble al señor Güiza Santamaría. En esa diligencia, se realizó el desalojo de varias personas que habían invadido el bien. El 27 de octubre hogaño, los individuos que fueron desalojados regresaron al predio y, de manera violenta, expulsaron a los vigilantes que habían sido contratados. Al día siguiente, solicitó al comandante de la Policía y a la Alcaldía de Usme, respectivamente, que efectuaran un nuevo desalojo y se ordenara el sellamiento y demolición de las obras que adelantaban los invasores; sin embargo, no recibió respuesta.
iii) El 30 de enero de 2013, el señor Fabio Güiza Santamaría, en nombre propio y en representación de los señores Julio César López Cárdenas y Luis Enrique López, interpuso el medio de control de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Distrito Capital, con el fin de que fueran declaradas administrativamente responsables por la acción y omisión que permitió i) la invasión y permanencia de los invasores en los inmuebles adquiridos, ii) la pérdida total de la tenencia y iii) la imposibilidad de que el predio fuera utilizado en un proyecto urbanístico ya negociado con una constructora; también solicitó el pago de los perjuicios materiales y morales.

ii) El 28 de mayo de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, negó las pretensiones de la demanda.

iii) El 3 de julio de 2020 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, confirmó la providencia proferida por el juez a quo.

Fundamentos jurídicos del accionante

El accionante centró su reproche constitucional en los siguientes defectos:

1.3.1. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

Manifestó que la providencia tutelada prescindió de un análisis probatorio que exigía evaluar la existencia de una imputación objetiva por daño especial -sin limitarse a determinar si se configuraba o no la falla del servicio-, dado que no podía omitir extender los supuestos que informan esta teoría y negar su aplicación a quien, como él, fue catalogado por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal como víctima, al haberse visto obligado a soportar la invasión de sus terrenos a pesar de haber sido diligente en el ejercicio de las acciones encaminadas a recuperar su posesión; para respaldar su dicho, se remite a lo sostenido por la Corte Constitucional en sentencia T-664 de 2014, referida a casos de actos terroristas.

Señaló como desconocido el precedente del Consejo de Estado, Sección Tercera según el cual la teoría del daño especial se aplica de forma excepcional y por equidad, precisamente porque es subsidiaria, de modo que ha de recurrirse a ella «tan solo en eventos en los que el caso concreto examinado no logre su encasillamiento dentro de los otros regímenes de responsabilidad y se aprecie por el sentenciador que esa ausencia de tipicidad, sí así puede decirse, comporta vulneración injustificada del principio de equidad».

Manifestó que dicha postura ha sido reiterada por esta corporación, razón por la cual el restablecimiento de los perjuicios ocasionados en aplicación de los principios de solidaridad e igualdad, debe correr a cargo del Estado, pues de no hacerlo, resultaría desproporcionado en relación con las cargas públicas al imponerle que las asuma, por lo que, en su caso, estas deben equilibrarse, en desarrollo de la teoría del daño especial.

Sostuvo que al momento de proferirse la sentencia impugnada, existían hechos notorios como i) la existencia del barrio Pino Sur con más de 1.500 habitantes asentados en los terrenos invadidos y ii) la sentencia T-549 de 2015 mediante la cual la Corte Constitucional revisó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que acaeció la invasión de los lotes de su propiedad por parte varias familias, y la consecuente pérdida de su posesión.

Ante tal escenario, manifestó que existía imposibilidad de llevar a cabo un nuevo desalojo, pues las situaciones anotadas, por sí solas, lo eximían de agotar los mecanismos administrativos y procesales de protección a la propiedad exigidos por la Sección Tercera, Subsección A de esta corporación, toda vez que en el trámite del medio de control de reparación directa, puso de presente la serie de actuaciones adelantadas en procura de obtener el restablecimiento de su derecho, y que además daban cuenta de las circunstancias de orden público y social que afectaban los predios objeto de invasión.

1.3.2. Defecto sustantivo por inaplicación de normas legales con enfoque constitucional

Aduce que se incurrió en defecto sustantivo por la falta de aplicación de los artículos 190 y 191 del CPACA, que ordenan la transferencia de la propiedad del bien a favor de las entidades públicas demandadas, para que ellas solucionen, en el marco de sus competencias, la manera en que han de legalizarse las ocupaciones permanentes.

1.3.3. Defecto sustantivo por incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión adoptada

Alegó que la sentencia objeto de litis desconoció el principio de congruencia «al sostener como probados hechos que acreditaban la diligencia de los actores ante la invasión de predios de su propiedad, en procura de recuperar su posesión y luego sostener, de manera contradictoria, que hubo descuido y negligencia de los demandantes en la interposición de las acciones posesorias y civiles para la defensa de sus intereses».

1.3.4. Violación directa de la Constitución

Expuso que se configuró dicho defecto por inaplicación de los postulados de justicia, equidad, solidaridad e igualdad.

1.3.5. Defecto fáctico

Se incurrió en este defecto por cuanto el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, omitió valorar las siguientes pruebas:

i) Copia de la comunicación de 28 de octubre de 2010 mediante la cual denunció la invasión, y solicitó la expulsión y captura de los invasores.

ii) Copia de la denuncia formulada de 16 de diciembre de 2010 contra del Inspector de Policía de Usme, por la presunta comisión del delito de prevaricato.

iii) Copia de las actuaciones administrativas adelantadas por la Alcaldía Local de Usme en contra de los invasores y de las actas de sellamiento de obras, como consecuencia de las quejas que presentó.

iv) Copia de la denuncia penal interpuesta por la comisión de los delitos de invasión de tierras.

A su juicio, las citadas pruebas permitían tener por acreditada la diligencia y cuidado empeñados en la recuperación de los inmuebles, para denunciar la ocupación ilegal del predio y evitar su pérdida, pues la valoración correcta de dichos documentos se puede concluir que no incurrió en actuar negligente por no haber presentado las acciones civiles mencionadas en la sentencia impugnada.

1.4. Actuación Procesal

La acción de tutela, fue admitida mediante auto del 12 de mayo de 2021, y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, y del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, como demandados y, como terceros interesados, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, al Distrito Capital, Alcaldía Local de Usme, y los señores Julio César López Cárdenas y Luis Enrique López Cárdenas, para que en el término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.5. Intervenciones

1.5.1. La magistrada de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, Martha Nubia Velásquez Rico, señaló que la providencia objeto de litis contiene un análisis serio de la situación fáctica, jurídica y probatoria que dio lugar a denegar las pretensiones, circunstancia que en manera alguna puede entenderse como la transgresión de los derechos fundamentales del accionante.

Consideró inaceptable que a través de este mecanismo de amparo constitucional se pretenda reabrir el debate de fondo del caso examinado en segunda instancia, con fundamento en una supuesta transgresión de las garantías del señor Fabio Güiza Santamaría, cuya configuración ni siquiera se concretó en la demanda, sino que se basó en transcripciones y apreciaciones subjetivas que no se relacionan con el objeto del litigio.

Adujo que el actor afirmó que la sentencia incurrió en desconocimiento del precedente, en razón a que supuestamente no se analizó el título de imputación por daño especial, cuando su estudio fue abordado por la Sala de manera expresa; no obstante, no haber sido planteado en la demanda, concluyendo que no se reunían los elementos para declarar la responsabilidad desde tal óptica.

Indicó que tampoco se configuró defecto sustantivo por falta de aplicación de los artículos 190 y 191 del CPACA, porque dichas normas nada tienen que ver con el objeto de la demanda de reparación directa.

1.5.2. La coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de la Fiscalía General de la Nación, Sonia Milena Torres Castaño, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda de reparación directa, y al efecto señaló que la acción de amparo es improcedente por cuanto i) el apoderado del accionante no da cuenta de por qué, a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia objeto de esta acción, no hizo uso del mismo, ii) no sustentó las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela y iii) pretende retrotraer actuaciones procesales.

1.5.3. El director jurídico de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, Germán Alexander Aranguren Amaya, manifestó que la acción de tutela no prospera porque: i) no cumplió el requisito general de inmediatez ii) no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante y iii) el Distrito carece de falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.5.4. El jefe del área jurídica de la Policía Nacional, teniente coronel Francisco Javier Castro Gil, señaló que esa entidad no vulneró los derechos fundamentales alegados por el accionante, aunado a que la acción de tutela no satisfacía el requisito general de subsidiariedad.

Así las cosas, se opuso a la petición de amparo solicitada por el accionante.

1.5.5. Los señores Julio César López Cárdenas y Luis Enrique López Cárdenas, a pesar de haber sido notificados del presente trámite para que rindieran el respectivo informe, guardaron silencio.

1.6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 11 de junio de 2021, declaró i) improcedente el amparo deprecado respecto del defecto sustantivo, del desconocimiento del precedente y de la falta de congruencia de la sentencia y ii) negó las pretensiones relacionadas con el defecto fáctico.

Respecto del desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia, esa Sala consideró que dicho reparo no podía ser objeto de análisis a través de la acción de tutela, porque el accionante contaba con el recurso extraordinario de revisión, mediante el cual podía exponer la aludida inconformidad.
Ahora bien, los cuestionamientos del impugnante a la sentencia los relacionó así: i) desconocimiento del precedente jurisprudencial y defecto sustantivo por falta de aplicación de los artículos 190 y 191 del CPACA,y ii) con fundamento en los dos anteriores defectos, estimó que debió aplicarse el régimen de imputación objetiva, bajo el título de imputación por daño especial, el cual se configura conforme por la expedición y aplicación de a la sentencia de tutela T-549 de 2019, proferida por la Corte Constitucional.

Al respecto, señaló que en la demanda de reparación directa, el señor Fabio Güiza Santamaría solicitó ser indemnizado por la pérdida de la posesión de los inmuebles identificados con los folios de matrícula No. 50S-159217, 50S-159218 y 50S-159215 y puntualizó como hecho generador del daño la supuesta actuación negligente de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación y del Distrito Capital de Bogotá en el cumplimiento de sus funciones; sin embargo, consideró que, como el actor nunca planteó en su demanda la responsabilidad del Estado asociada al contenido de la sentencia de tutela T–549 de 2019, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado no tenía el deber de analizar dicho supuesto.

Finalmente, en lo atinente a la presunta omisión de valoración de las pruebas que permitían tener por acreditada la diligencia y cuidado desplegados para obtener la recuperación de los inmuebles para denunciar la ocupación ilegal del predio y evitar su pérdida por parte del accionante, evidenció que le asistía la razón a la Subsección mencionada por considerar que los demandantes, si bien habían informado a la Policía Nacional y denunciado ante la Fiscalía General de la Nación la invasión de sus inmuebles, lo cierto es que no promovieron la acción judicial que les hubiese permitido obtener el restablecimiento material de la posesión de sus propiedades, pues si pretendían recuperarlas, tenían la obligación de promover las acciones posesorias consagradas en los artículos 972 y siguientes del Código Civil, sin perjuicio de la posibilidad que les asistía de incoar la acción reivindicatoria consagrada en el artículo 946 del Código Civil.
Conforme a tal derrotero concluyó que la autoridad accionada no incurrió en el defecto fáctico denunciado, en tanto que la valoración probatoria efectuada fue i) razonable y ajustada al sistema probatorio de la sana crítica y a la necesidad de la prueba, y ii) estaba cobijada por los principios de autonomía e independencia inherentes a la labor de administrar justicia.

1.7. Impugnación

El accionante sostuvo que el juez contencioso-administrativo, ni el de tutela, tuvieron en consideración su condición de víctima, derivada de los hechos acaecidos, circunstancia que permitía considerarlo sujeto de especial protección constitucional [por el conflicto penal al que se vio avocado] como lo ha entendido la Corte Constitucional, razones por las cuales, debió flexibilizarse el requisito de subsidiariedad.

Insistió que no pretende desconocer los derechos de los terceros de buena fe amparados por la Corte Constitucional en la sentencia T-549 de 2019, sin embargo, consideró que tal situación no puede desconocer la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, máxime cuando el juzgador administrativo, en uso de sus facultades legales, podía modificar el título de imputación y ajustarlo al de daño especial, dada su condición de víctima. En tal virtud, esta pretensión no se constituye en un exceso de la causa petendi, en tanto no se alteran los elementos de la responsabilidad bajo estudio, especialmente, cuando fue reconocida la existencia del daño antijurídico.

Reiteró que ante la imposibilidad de adelantarlos, no procedía exigirle agotar los medios administrativos y procesales (acciones civiles y posesorias) de protección a la propiedad, pues ello implicaría el desalojo de terceros ocupantes de los bienes.
Respecto del defecto fáctico manifestó que con una adecuada e íntegra valoración probatoria, podría verificarse que el señor Güiza Santamaría fue diligente en la búsqueda de protección de sus derechos, en el entendido de que la acción penal por él promovida, era la vía idónea para obtener el restablecimiento de sus garantías como víctima, conforme al numeral 6.° del artículo 250 de la Constitución.

Concluyó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, al negar la práctica de la inspección judicial del predio en conflicto, con el fin de constatar el estado de la invasión, el número de viviendas construidas y con ello acreditar la magnitud de la problemática social alrededor de sus propiedades, hubiera permitido estudiar la situación del accionante desde la óptica del daño especial.
2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Primera de esta corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional, y el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico

Se contrae a determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A quebrantó los derechos fundamentales invocados por el accionante al haber proferido la sentencia del 3 de julio de 2020 que negó las pretensiones del medio de control de reparación directa promovido por el señor Fabio Güiza Santamaría y otros contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, el Distrito Capital y la Fiscalía General de la Nación, expediente radicado núm. 25000 23 36 000 2013 00107 01.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 2005, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que ésta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración así como los derechos vulnerados y que se hubiere alegado en el proceso judicial siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de agosto de 2014, acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.3.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia

Se encuentra cumplido el requisito de inmediatez, en cuanto la providencia acusada fue proferida el 3 julio de 2020 y notificada por correo electrónico el 4 de diciembre hogaño, mientras que la acción de tutela de la referencia fue radicada el 11 de mayo de 2021, es decir, dentro de los 6 meses que han sido acogidos por esta corporación como término prudencial para recurrir al medio de amparo constitucional.

La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los argumentos con fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en la sentencia enjuiciada.

El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión que se cuestiona se profirió dentro del trámite del medio de control de reparación directa.

En lo que toca con la subsidiariedad, más adelante se harán algunas precisiones.

2.4. Hechos probados

De conformidad con los elementos de juicio que obran dentro del expediente, se puede establecer lo siguiente:

2.4.1. El 14 de enero de 2009, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá adjudicó al señor Fabio Güiza Santamaría el 80% de un terreno ubicado entre las calles 92B y 93B Sur y las carreras 1.a y 2.a, conformado por 3 predios contiguos, identificados con los números de matrícula inmobiliaria 50S 159218, 50S 159215 y 50S 159217. Los señores Julio César López Cárdenas y Luis Enrique López Cárdenas adquirieron, cada uno, el 10% de la propiedad de los mencionados inmuebles.

2.4.2. El 22 de octubre de 2010, el Juzgado Catorce Civil Municipal de Descongestión de Bogotá hizo la entrega material del inmueble al señor Güiza Santamaría. En esa diligencia, se realizó el desalojo de varias personas que habían invadido el bien. El 27 de octubre hogaño, los individuos que fueron desalojados regresaron al predio y, de manera violenta, expulsaron a los vigilantes que habían contratado.

2.4.3. El 30 de enero de 2013, el señor Fabio Güiza Santamaría, en nombre propio y en representación de los señores Julio César López Cárdenas y Luis Enrique López, interpuso el medio de control de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Distrito Capital, con el fin de que fueran declaradas administrativamente responsables por cuya acción y/o omisión permitió i) la invasión y permanencia de los invasores en los inmuebles adquiridos, ii) la pérdida total de la tenencia y iii) la imposibilidad de que el predio fuera utilizado en un proyecto urbanístico ya negociado con una constructora; ii) como consecuencia de tal declaración, impetró el pago de los perjuicios materiales y morales.

2.4.4. El 28 de mayo de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, negó las pretensiones de la demanda. En tal virtud, analizó la responsabilidad de cada una de las entidades demandadas de forma independiente, al considerar que se referían a aspectos fácticos y jurídicos diversos:

i) En relación con la responsabilidad del Distrito Capital, alcaldía local de Usme, señaló:

Advierte la Sala que la parte actora imputa a esta entidad una conducta omisiva, consistente en no cumplir su función legal de impedir construcciones ilegales, así como omitir la demolición de las construcciones que estaban ejecutando de manera ilegal en el predio

[…]

Considera la Sala que contrario a lo indicado por la parte actora, la entidad accionada ha realizado las actuaciones administrativas que se encuentran dentro de su competencia tendientes a terminar la invasión del predio, así como la construcción de edificaciones sin los permisos y características permitidas.

En criterio de la Sala, no se puede considerar que esta entidad haya incurrido en una conducta omisiva, por el contrario, como se indicó en párrafos anteriores, se evidencia el cumplimiento de los deberes legales y en virtud de los mismos se han proferido los actos administrativos a los que se hizo alusión, por medio de los cuales se ordena la demolición de estas obras.

Así mismo se advierte, que conforme a la estructura orgánica del Distrito Capital, es la única actuación administrativa que puede adelantar el alcalde local, por cuanto las demás están atribuidas a otras autoridades, razón por la cual, mal podría esgrimirse que aún de oficio iniciara una actuación administrativa para la cual no es competente.

ii) Respecto de la responsabilidad de la Policía Nacional

Observa la Sala que frente a esta entidad se imputa una omisión que dio lugar a la invasión del predio de propiedad de los actores, perturbando así su posesión; igualmente se le imputó la omisión de sellar las construcciones ilegales que se realizaron sobre el predio.
[…]

Conforme a lo anterior, precisa la Sala que no obra medio de prueba que acredite que los actores iniciaron proceso policivo, presentando la respectiva querella de “lanzamiento por ocupación de hecho” para evitar la perturbación a la posesión que alega.

De la normatividad en cita, establece esta Sala de decisión, que la Policía Nacional no podía de manera oficiosa proceder a ejercer acciones en contra de los invasores, por el contrario, se requería que la parte interesada hubiese ejercido de manera directa la respectiva querella.

Se observa que esta situación no se presentó en este caso, razón por la cual no se puede considerar que la entidad haya permitido la perturbación a la posesión de la parte actora, por el contrario, se advierte que fueron los propietarios quienes no ejercieron en debida forma los medios judiciales para evitar la perturbación de la que fue objeto su predio.

iii) De la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación

Respecto de esta entidad, observa la Sala que las imputaciones guardan relación en su deber de investigar el delito de invasión de tierras, pese a haber instaurado la respectiva denuncia penal.
[…]

Se advierte que, la actuación penal se encuentra en etapa de juicio, etapa procesal que ya no se encuentran en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, sino en cabeza de los jueces de la república, en este caso, específicamente está a cargo del Juzgado 25 Penal Municipal.

Se aprecia conforme al registro de actuaciones a la fecha en que se aportó la prueba documental, que el proceso se encontraba surtiendo la respectiva audiencia de formulación de acusación.

Considera la Sala que estas documentales resultan suficientes para evidenciar que la entidad no ha incurrido en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y, por el contrario, cumplió con su función investigativa al punto que ya presentó el respectivo escrito de acusación y la actuación penal ya inició la etapa de juicio.

Se quiere significar con lo anterior, que esta entidad dio cumplimiento a su función investigativa y con fundamento en la misma procedió en los términos del artículo 286 y siguientes del Código de Procedimiento Penal a proferir formulación de imputación.

2.4.5. El 3 de julio de 2020 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, confirmó la providencia proferida por el juez a quo.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

2.5.1. Cuestión previa

Antes de estudiar la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la accionante, la Sala aclara que avocará el análisis del caso únicamente respecto de la decisión adoptada en segunda instancia por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, órgano de cierre en el presente asunto.

2.5.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia

La Sala considera que este medio de amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, respecto de la causal de defecto sustantivo por existir incoherencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión adoptada, circunscrito al presunto desconocimiento del principio de congruencia, teniendo en cuenta que la parte accionante no agotó todos los medios de defensa que tenía a su disposición, de conformidad con los siguientes argumentos, fundados en el numeral 1. ° del artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, a cuyo tenor:

Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.

Del texto legal se colige que la acción de tutela es un mecanismo de protección residual y subsidiario que solo se puede ejercer en aquellos casos en los que se está frente a la grave vulneración de derechos de rango constitucional o cuando se pretenda su protección a partir de su inminente afectación.

Descendiendo al caso concreto, el accionante aduce que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A incurrió en defecto sustantivo al aceptar como probados hechos que acreditaban la diligencia de los actores ante la invasión de predios de su propiedad, en procura de recuperar su posesión, para luego sostener, de manera contradictoria, que hubo descuido y negligencia en la interposición de las acciones posesorias y civiles para la defensa de sus intereses, objeción que supone la presunta transgresión al principio de congruencia de la sentencia de primera instancia en sede de tutela.

Al respecto, cabe precisar que el accionante tenía a su disposición el recurso extraordinario de revisión, con fundamento en la causal de nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso en el marco del medio de control de reparación directa, contenida en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, que procede para alegar la transgresión del principio de congruencia en la que incurrieron, según su entender, las autoridades accionadas.

En consecuencia, en lo que respecta a la configuración del defecto sustantivo alegado por incongruencia de la sentencia, la solicitud de amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, el cual exige agotar todos los medios de defensa judicial definidos en la ley como idóneos y eficaces para obtener la garantía de los derechos ante la jurisdicción respectiva.

Sin perjuicio de lo anterior, la Subsección verificó, como lo señaló el accionante en el escrito de impugnación y con la finalidad de flexibilizar este requisito, si se encontraba probada su situación de sujeto de especial protección constitucional en los términos de la sentencia C-438 de 2013; sin embargo, una vez revisado el alcance de dicha providencia, se constató que versa sobre el tema de las víctimas de la violencia producto del conflicto armado, asunto ajeno al debate objeto de litis.

Por otro lado, esta Sala, contrario a lo señalado por el juez a quo y una vez efectuado el análisis de las pretensiones, del fundamento jurídico base de este mecanismo de amparo y de los argumentos de la impugnación, evidencia que el señor Fabio Güiza Santamaría sí argumentó la posible configuración i) de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, en tanto considera que se contrarió la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, toda vez que en su caso, debió aplicarse el régimen de imputación objetiva, bajo el título de daño especial, y ii) de un defecto sustantivo, al omitir aplicar las disposiciones contenidas en los artículos 190 y 191 del CPACA, razones por las cuales es necesario atender en primera medida, estos reproches.

En tal virtud, procede la Sala a estudiar los cargos endilgados contra la providencia del 3 de julio de 2020, a fin de establecer si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, transgredió los derechos fundamentales invocados por el tutelante

2.5.3. Desconocimiento del precedente

Señaló el accionante que en la providencia objeto de estudio fue omitida la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado,conforme a la cual el juzgador administrativo, en uso de sus facultades legales al fallar el medio de control de reparación directa y constatar que el título de imputación por falla del servicio no procedía, debió ajustarlo a la teoría del daño especial, pues dada su condición de víctima, se imponía el análisis desde esta perspectiva.

Añadió que incluso en la sentencia de la Sección Tercera del 22 de octubre de 2015, expediente radicado núm. 33.977, citada en la providencia cuestionada, se sostuvo que cuando por situaciones de orden social o de interés general se sacrifique el derecho de propiedad del titular del predio y resulte inocua la decisión de reivindicar el bien o de proteger la posesión, dicha circunstancia habilita al juez contencioso-administrativo, dependiendo de los hechos y de la conducta del demandante, para relevarlo de la interposición de los medios administrativos y judiciales idóneos, tornándose posible la revisión de las pretensiones del medio de control de reparación directa desde la perspectiva del daño especial.

Ahora bien, esta Subsección, respecto de la sentencia del 20 de febrero de 1989, expediente radicado núm. 4655, invocada como desconocida por el accionante, advierte que versa sobre la responsabilidad del Estado por los daños causados a particulares como consecuencia del uso de armas de dotación oficial, en la que se acogió la tesis de la falla presunta en aplicación del principio iura novit curia, situación que no se acompasa con la aquí estudiada.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala destaca, de modo particular, que la Sección Tercera, Subsección A de esta corporación, en la sentencia proferida el 3 de julio de 2020, expuso las razones por las cuales concluyó que el daño consistente en la pérdida de la posesión que afrontaron los señores Fabio Güiza Santamaría, Julio César y Luis Enrique López Cárdenas, respecto de los predios de su propiedad, por cuenta de la invasión por parte de varias familias y la construcción de obras en distintas partes del terreno, no resultaba imputable a las entidades demandadas a título de falla del servicio; sin embargo, aclaró que si bien los demandantes no habían alegado la posibilidad de que la responsabilidad patrimonial del Estado resultara comprometida por la ocupación de hecho de predios, mediante la aplicación del título denominado daño especial, analizaría integralmente la controversia planteada, pues en casos similares al allí estudiado, tal eventualidad había sido considerada.

Conforme a este derrotero y a la reiterada línea jurisprudencial de la Sección Tercera, la autoridad cuestionada evidenció que de la valoración de los hechos probados se desprendía que las pretensiones tampoco estaban llamadas a prosperar desde dicha perspectiva. Sobre el particular, concluyó:

Esta Subsección considera que en este caso no hay lugar a predicar la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad por daño especial, por las siguientes razones:

• Su aplicación no opera de manera automática, según se acaba de indicar.

• La Policía Nacional, en su función de apoyo al Juzgado Catorce Civil de Descongestión de Bogotá, en un primer momento, entregó materialmente el bien que había sido objeto de invasión al apoderado de los hoy demandantes.

• La Alcaldía Local de Usme ordenó el sellamiento y la demolición de obras construidas en el inmueble.

• Finalmente, el descuido de los demandantes frente al ejercicio de las acciones posesorias y civiles para la defensa de sus intereses impide predicar un desequilibrio frente a las cargas públicas, dado que aquellas tienen la virtualidad de proteger el derecho a la propiedad y la negligencia en su ejercicio incidió en el resultado nocivo.

Las anteriores razones resultan suficientes para concluir que no le asiste razón a la parte demandante al insistir en la responsabilidad patrimonial atribuida a las entidades demandadas, por lo que la sentencia de primera instancia será confirmada.

Conforme a lo expuesto, esta Sala al analizar la providencia objeto de estudio, evidencia que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, lejos de desatender la jurisprudencia sentada por esta corporación relacionada con el daño especial, resolvió un conflicto particular con sujeción a los criterios jurisprudenciales empleados previamente por ella en el abordaje de esta clase de conflictos, y la aplicó de manera congruente con la magnitud de los hechos relacionados y valorados, lo que le permitió concluir que «el daño que afirmaron padecer los demandantes -la pérdida de la posesión respecto de su inmueble-, como consecuencia de la ocupación de hecho de varias personas, no le es imputable a las entidades demandadas, dado que cumplieron con las funciones que les correspondían […]».

Por otro lado, el señor Güiza Santamaría en la demanda de tutela hizo alusión a hechos como i) la existencia en los lotes invadidos del barrio Pino Sur con más de 1.500 habitantes, ii) la sentencia T-549 de 2019, y iii) la sentencia del 27 de abril de 2017 proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, las que en su criterio, debieron ser tenidas como medios probatorios incidentes en el resultado de la decisión a tomar; no obstante cabe resaltar se trata de decisiones judiciales ajenas a la controversia planteada en el medio de control de reparación directa.

Finalmente, conviene destacar que la interpretación jurídica y las consideraciones hechas por el juez natural deben ser respetadas por el juez de tutela, a quien no le es dable desconocer las decisiones por él adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, que acogen la normatividad vigente aplicable en el sub lite, así como la línea jurisprudencial sobre la materia, salvo que resultara palmaria la vulneración de derechos fundamentales, lo que en el presente caso no se halló probado.

2.5.4. Defecto sustantivo por inaplicación de normas legales con enfoque constitucional

Se afirma que la sentencia cuestionada omitió aplicar las disposiciones contenidas en los artículos 190y 191 del CPACA, que ordenan la transferencia de la propiedad del bien a favor de las entidades públicas demandadas, para que ellas solucionen, en el marco de sus competencias, la manera en que deben legalizarse las ocupaciones.

En este punto, conviene señalar que dichas normas son inaplicables al caso objeto de controversia en el medio de control de reparación directa, pues el objeto de la demanda no versó sobre la ocupación permanente de inmuebles ni la transferencia del derecho de dominio a favor de los demandantes por cuenta de eventuales indemnizaciones, sino en las supuestas acciones y omisiones atribuidas a la Policía Nacional, al Distrito Capital, a la Alcaldía Local de Usme y a la Fiscalía General de la Nación, que según el accionante permitieron el asentamiento de personas que ocuparon los bienes de su propiedad, razón por la cual, para la Sala, dicho reparo carece del todo de fundamento.

2.5.5. Violación directa de la Constitución
Respecto a la configuración de este defecto, la jurisprudencia constitucional ha explicado que se configura esta causal cuando un juez ordinario adopta una decisión que desconoce la carta política, ya sea porque (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Carta.

Conforme a lo expuesto en líneas precedentes, no se arrimó prueba de que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A hubiera desconocido algún precepto constitucional, o realizado una interpretación de la normatividad contraria a la Constitución, como tampoco dejó de aplicar una disposición legal desconociendo el precedente constitucional; por el contrario, cumplió con el deber que le asiste a todas las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de la carta política.

De manera que la decisión cuestionada, no solo se compagina con la realidad procesal, sino que se enmarca en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que «deja en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar».
2.5.6. Defecto fáctico

Al respecto, el accionante manifestó que con una adecuada e íntegra valoración probatoria, podría verificarse que el señor Güiza Santamaría fue diligente en la búsqueda de protección de sus derechos, en el entendido de que la acción penal por él promovida era la vía idónea para obtener el restablecimiento de sus garantías como víctima.

Concluyó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, al negar la práctica de la inspección judicial del predio en conflicto con el fin de constatar el estado de la invasión, el número de viviendas construidas y con ello acreditar la magnitud de la problemática social alrededor de sus propiedades frustró el estudio de la situación del accionante desde la óptica del daño especial.

Al efecto, esta Sala considera pertinente destacar, que la Sección Tercera de manera expresa, relacionó nueve (9) hechos probados, a partir de los cuales obtuvo la certeza de que en el proceso de reparación directa no se encontraba acreditado que los demandantes hubieran promovido las acciones posesorias o la acción reivindicatoria, tendientes a recuperar el uso y disfrute del derecho de dominio, razón por la cual, no era posible predicar la diligencia del hoy accionante con base en las denuncias que presentó por la invasión de los inmuebles, ya que dicha actuación tampoco perseguía el restablecimiento del derecho de dominio.

De este modo, la Sala encuentra, tal como lo evidenció el juez a quo de tutela, que la Sección Tercera, Subsección A de esta corporación, desvirtuó con suficiencia las objeciones formuladas por la parte accionante y, al efecto, argumentó que «si el accionante pretendía recuperar la posesión de los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria número No. 50S-159217, 50S-159218 y 50S-159215, tenía la obligación de promover las acciones posesorias consagradas en los artículos 972 y siguientes del Código Civil, ello sin perjuicio de la posibilidad que le asistía de incoar la acción reivindicatoria consagrada en el artículo 946 del Código Civil».

Ahora bien, respecto del reproche relacionado la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A de negar la práctica la inspección judicial, se advierte que dicha prueba en nada desvirtúa la convicción a la que se llegó al valorar el material probatorio aportado al plenario, lo cual le permitió a dicha corporación concluir que, en virtud de una deducción razonable de los hechos probados y bajo las reglas de la sana crítica, a los demandantes no le asiste razón al insistir en la responsabilidad patrimonial atribuida a la Policía Nacional, al Distrito Capital, Alcaldía Local de Usme y a la Fiscalía General de la Nación.

En ese orden de ideas, esta Subsección encuentra que no le asiste razón a la parte accionante al afirmar que la providencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico por defectuosa valoración probatoria, pues la decisión proferida en sede ordinaria se encuentra debidamente sustentada con argumentos explicativos y justificativos, coherentes con la realidad procesal y en aplicación de la jurisprudencia.

3. Conclusión

De los argumentos expuestos, la Sala concluye que no se estableció que la decisión de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado haya incurrido en las causales de procedibilidad invocadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Falla:

Primero: Confirmar la sentencia que dictó la Sección Primera del Consejo de Estado que la declaró improcedente por falta de congruencia de la sentencia; confirmar la que negó las pretensiones de la presente acción de tutela respecto del defecto fáctico, y revocar el aparte que declaró improcedente el amparo respecto del defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, para en su lugar, denegarlo, por las razones que se expresaron en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal, sentencia del 27 de octubre de 2017. En relación con restablecimiento del derecho reclamado, como víctima, por el accionante, señaló: «La víctima a su vez puede activar varias jurisdicciones para hacer valer sus intereses; una, la vía del procedimiento penal con el acompañamiento del titular de la acción penal, lo que no obsta para que este último vele durante todo el procedimiento, por los intereses de quien funge como perjudicado por la infracción penal sin necesidad que este último deba impulsarlo; otra ruta, para la obtención de sus derechos, puede ser la jurisdicción ordinaria civil para la reparación del daño ocasionado con el delito».
Folio 23 expediente digital de tutela «Acciones de carácter penal, quejas y actuaciones para recuperar los predios de su propiedad»
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias i) de 1989, expediente radicado núm. 4655, ii) del 22 de octubre de 2015, expediente radicado núm. 33.977.
i) denuncia formulada por el delito de invasión el 2 de septiembre de 2010, ii) denuncia contra el inspector de policía de Usme, iii) comunicación del 28 de agosto de 2010 al comandante de la policía de Usme, denunciado la invasión y solicitando la expulsión y captura de los invasores, iv) antecedentes administrativos de la alcaldía mayor de Bogotá, relacionados con la ocupación ilegal, órdenes de demolición de obras, v) órdenes de sellamiento.

Expediente digital de tutela. Expediente digital de tutela. Expediente digital de tutela. Expediente digital de tutela. Expediente digital de tutela.
«[…] al tener como probados hechos que acreditaban la diligencia de los actores ante la invasión de predios de su propiedad, en procura de recuperar su posesión y luego sostener, de manera contradictoria, que hubo descuido y negligencia de los demandantes en la interposición de las acciones posesorias y civiles para la defensa de sus intereses». El texto de la Sentencia repite el artículo 191 del CPACA. La condición de víctima acreditada en el proceso: i) tras haber sido amenazado por intentar recuperar la propiedad de sus bienes, ii) la pérdida de la posesión de sus bienes de forma violenta y forzada, iii) no ha obtenido la protección de sus derechos por parte del sistema judicial. Corte Constitucional, Sentencia C-438-13, expone que «con reiterada jurisprudencia de esta Corporación, las víctimas, y en particular, aquellas que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos, son sujetos de especial protección constitucional». Folio 5 escrito de impugnación. Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202102388001100103
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de julio de 2020, expediente radicado núm. 25000-23-36-000-2013-00107-01. Folio 3. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de julio de 2020, expediente radicado núm. 25000-23-36-000-2013-00107-01. Folios 3 y 4. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de julio de 2020, expediente radicado núm. 25000-23-36-000-2013-00107-01. Folio 2.
https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/downloader.aspx?guid=63D65F7DDBAAE5EA%2067665778A2041E7F%20588CA6E10286B93F%20EC4D0613597E9FEE%20250002336000201300107002500023
Expediente digital de tutela. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero 1989, expediente radicado núm. 4655. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de mayo de 2011, expediente radicado núm. 54001-23-31-000-1994-08654-01, cita: «En la segunda etapa que va a partir de 1989 y hasta 1997 se acogió la tesis de la falla presunta. Se resalta que esta tesis se aplicó fundado en el principio iura novit curia, afirmándose que si bien en la demanda se imputa una falla del servicio por omisión consistente en permitir que uno de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado “saliera a vacaciones portando armas de dotación oficial”, esto “no es óbice para que el juez, al calificar la realidad histórica del proceso goce de la facultad de determinar el régimen jurídico aplicable al caso concreto». Policía Nacional, el Distrito Capital – Alcaldía Local de Usme y la Fiscalía General de la Nación. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 22 de octubre de 2015, exp. 33.977 y ii) el 23 de febrero de 2017, en el expediente 34.121: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias i) del 19 de junio de 2020, expediente radicado núm. 05001-23-31-000-2004-00258-01, «[..] se deben analizar las pruebas de la conducta de la administración y del accionante bajo el régimen de falla del servicio y excepcionalmente bajo el régimen del daño especial.

El fundamento de la decisión adversa al accionante en ese caso no fue la existencia de una regla jurisprudencial de improcedencia general de la indemnización de perjuicios en los eventos en que se aleguen omisiones de la administración en la protección de la posesión en los procedimientos de lanzamiento por ocupación de hecho, sino que obedeció a la desidia con que el accionante obró en la protección de su propio interés».ii) 27 de mayo de 2015, expediente radicado núm. 080012331000199902289 01
Artículo 190. En la sentencia que ordene reparar el daño por ocupación de inmueble ajeno se deducirá del total de la indemnización la suma que las partes hayan calculado como valorización por el trabajo realizado, a menos que ya hubiera sido pagada la mencionada contribución. En esta clase de procesos, cuando se condenare a la entidad pública o a una privada que cumpla funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada del inmueble, la sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio. Artículo 191. Si se tratare de ocupación permanente de una propiedad inmueble, y se condenare a una entidad pública, o a una entidad privada que cumpla funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada, la sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio.

Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 16 de febrero de 2018, expediente radicado núm. 66001-23-31-000-2007-00005-01: «En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.
i) el 18 de abril de 1997, los señores Luis Enrique López Cárdenas y Julio César López Cárdenas adquirieron, cada uno, el 10% del derecho de cuota sobre los mencionados inmuebles, a través de compraventa, ii) el14 de enero de 2009, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá aprobó la adjudicación en diligencia de remate de los predios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 50S-159217, 50S-159215 y 50S-159218, iii) el 22 de octubre de 2010, el Juzgado Catorce Civil Municipal de Descongestión de Bogotá llevó a cabo la entrega de los predios adjudicados al señor Fabio Güiza Santamaría, iv) el 28 de octubre de 2010, el señor Fabio Güiza Santamaría presentó una comunicación ante el comandante de policía de Usme, en la que indicó que el día anterior varias personas ingresaron de manera violenta al predio y retiraron al personal de vigilancia que había contratado, por lo que solicitó proceder a su expulsión y captura, v) el 16 de diciembre de 2010, el señor Fabio Güiza Santamaría interpuso una denuncia en contra del inspector de policía de Usme, en la cual puso en conocimiento de la Fiscalía, vi) El Comandante de Policía informó al alcalde local de Usme las irregularidades que se presentaban en el inmueble e indicó que en el lugar había personal de vigilancia privada, al que se le comunicaron los números telefónicos a los que se podían comunicar en el evento de presentarse alguna novedad, manifestaciones que se reiteraron desde el 3 de enero hasta el 8 de junio del mismo año, según se observa en los documentos que obran de folios 1 a 12 del cuaderno No 6, vii) el Distrito Capital, Alcaldía Local de Usme, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, allegó los antecedentes administrativos relacionados con la ocupación ilegal de los predios de propiedad de las aquí demandantes y, en tal sentido, aportó copia de las actuaciones que concluyeron con más de 70 órdenes de demolición de las obras que se construyeron, no solamente por la invasión, sino por el incumplimiento de las normas urbanísticas, viii) la Policía Nacional aportó copia de las actas de sellamiento definitivo de obras, en cumplimiento de las órdenes impartidas por la alcaldía municipal de Usme, documentos en los cuales se dejó constancia de la prohibición para ejercer esa actividad y las sanciones a imponer a las personas que las adelantaban, en caso de reincidir en su conducta, ix) el 2 de septiembre de 2010 –antes de la ocupación que dio lugar a la presente demanda- el señor Fabio Güiza Santamaría interpuso denuncia por el delito de invasión, cuyo trámite fue puesto en conocimiento por la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, en cumplimiento de lo ordenado por el tribunal de primera instancia a través de oficio 4456, en el cual indicó que el 2 de abril de 2014 se llevó a cabo audiencia de acusación, de ahí que el asunto se encuentre en etapa de juicio oral, sin referir si se profirió o no sentencia

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