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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-02393-00

Fecha
1 de julio de 2021
Consejero ponente
Milton Chaves García

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-02393-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Amparar el derecho fundamental al mínimo vital de la señora Juana Isabel Romero Chiquillo y, en consecuencia, en lo relativo a la ayuda humanitaria, ordenar a la UARIV que, dentro del mes siguiente a la notificación de la presente providencia, realice una visita al domicilio de la accionante a fin de realizar el proceso de caracterización y medición de sus condiciones socio económicas y determine si hay lugar o no a asignar nueva ayuda humanitaria de emergencia a favor del núcleo familiar de la parte actora. Instar a la UARIV para que, a más tardar el 31 de julio de 2021, notifique a la señora Juana Isabel Romero Chiquillo el resultado del método técnico de priorización, en el que se explique de manera clara, precisa y de fondo las razones de la decisión que adopte en uno u otro sentido. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-02393-00

Consejero ponente: Milton Chaves García

1 de julio de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA - Ampara / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE PETICIÓN Y MÍNIMO VITAL / PRIORIZACIÓN EN LA ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA POR CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO DE LA PARTE ACTORA

Mediante el ejercicio de la presente acción la señora [J.I.R.C.] invoca la protección constitucional del derecho fundamental al mínimo vital, con fundamento en que no se ha dado respuesta por parte de la Unidad Nacional para la Atención Integral y Reparación a Víctimas de la petición que ejerció con el fin de que, en su condición de víctima del desplazamiento forzado, se le entregara: (i) indemnización administrativa; (ii) atención humanitaria; (iii) el certificado y declaración de inclusión en el RUV por el hecho victimizante del desplazamiento y, (iv) de proyectos productivos. (…) En ese sentido, la Sala abordará el estudio de la acción de tutela de la referencia a partir del derecho fundamental de petición, en atención a la petición que adujo haber interpuesto ante la UARIV y, a partir de lo anterior, establecer si la Unidad Nacional para la Atención Integral y Reparación a Víctimas vulneró derechos fundamentales a la parte actora. (…) [L]a Sala no desconoce que en la contestación que proporcionó la UARIV a la señora Juana Isabel Romero, señaló en relación con la indemnización administrativa que el 31 de julio de 2021 sería aplicado el método técnico de priorización en su caso particular y que una vez ello ocurriera, informaría su resultado, a fin de determinar si es posible acceder a la entrega de la indemnización administrativa en el año 2021. En ese sentido, se instará a la Unidad Nacional para la Atención Integral y Reparación a Víctimas que, a más tardar, el 31 de julio de 2021, notifique a la señora Juana Isabel Romero el resultado del método técnico de priorización, en el que se explique de manera clara, precisa y de fondo las razones de la decisión que adopte en uno u otro sentido. (…) [De otra parte, se observa que,] [l]a UARIV en la respuesta suministrada mediante el Oficio 202172012873821 del 18 de mayo de 2021 informó que, en atención a la petición que ejerció la actora, procedió a evaluar e identificar las carencias del derecho a la subsistencia mínima del grupo familiar del accionante, que, en el marco de este procedimiento se identificó́ la necesidad de obtener información actualizada en relación con la conformación del hogar para llevar a cabo un proceso de caracterización al grupo familiar, con el fin de obtener información actualizada, por lo que en término máximo de 60 días calendario, culminaría el proceso de medición de carencias para el núcleo familiar y la Unidad se contactaría con el accionante y su grupo familiar y le informaría el resultado de la medición, por medio de un acto administrativo, que será́ debidamente notificado. Sin embargo, a la fecha, no se tiene conocimiento de que la señora Juana Isabel Romero haya obtenido el resultado de dicha identificación, pese a que ya se superaron los 60 días calendario a que hizo referencia en la contestación del 18 de mayo de 2021, en esa medida, la Sala encuentra necesario, en lo relativo a la ayuda humanitaria, amparar el derecho fundamental al mínimo vital de la actora y, en consecuencia, ordenar a la UARIV para que, dentro del mes siguiente a la notificación de la presente providencia, realice una visita al domicilio de la accionante a fin de realizar el proceso de caracterización y medición de sus condiciones socio económicas y determine si hay lugar o no a asignar nueva ayuda humanitaria de emergencia a favor del núcleo familiar de la actora.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., primero (1º) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02393-00(AC)

Actor: JUANA ISABEL ROMERO CHIQUILLO

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

La Sala decide la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por la señora Juana Isabel Romero Chiquillo contra la Nación, Presidencia de la República, la Unidad Nacional para la Atención Integral y Reparación a Víctimas - UARIV, la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía Municipal de Soledad, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La señora Juana Isabel Romero Chiquillo ejerció acción de tutela contra las citadas autoridades por considerar vulnerado el derecho fundamental al mínimo vital. En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

“Ruego a su señoría se sirva ordenarle a la parte demandada que me entreguen asistencia y ayuda humanitaria por ser madre cabeza (sic), ser víctima del conflicto armado en Colombia y no poder seguir laborando lavando y planchando ropa en casa de familia en la ciudad de Barranquilla por estar en el primer nivel de contagio del Covid-19 por favor solo piso ayuda a mi mínimo vital”.

Hechos

En el escrito de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

La señora Juana Isabel Romero Chiquillo afirmó que es víctima del conflicto armado, madre cabeza de hogar y que pertenece al grupo de la tercera edad, que trabaja planchando y lavando ropa en casas de familia en Barranquilla y vive en un barrio de asentamiento, sin embargo, por la situación de la Covid-19 no ha podido trabajar por temor al contagio.

Que el Gobierno Nacional le otorgó $ 780.000, con vigencia de cuatro meses, lo que considera es contrario a los anuncios del Presidente de la República en las alocuciones, porque indicó “llevo pasando penunmbras durante los meses de noviembre y diciembre del 2020 y enero, febrero, marzo, abril y lo que va de mayo de 2021”.

Agregó que no ha recibido alguna ayuda de la UARIV, a pesar de que el desplazamiento forzado del que fue víctima ocurrió en el año 2012, sin embargo, no ha sido beneficiada por algún programa de generación de ingresos que le permita superar el estado de indefensión en que se encuentra, en los términos de la Ley 1448 de 2011, del Decreto 1048 de 2015 y de las múltiples sentencias de la Corte Constitucional en materia de proteción de derechos de la población desplazada.

Afirmó que el 29 de marzo de 2021 presentó solicitud de ayuda humanitaria por medio de escrito dirigido al correo electrónico HYPERLINK "mailto:notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co" notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co, en el que solicitó: (i) que se valorara su núcleo familiar y se otorgara la ayuda humanitaria que corresponda; (ii) se certificara la inclusión en el registro único de víctimas; (iii) se expidiera copia completa del formulario único de declaración FUD; (iv) se proporcionara una relación completa de todas las ayudas humanitarias que la unidad de víctimas le haya entregado; (v) se incluyera en un plan de generación de ingresos; (vi) se entregara fecha cierta y exacta para el agendamiento de una cita para diligenciar el formulario para el desembolso de la indemnización administrativa como lo ordena el artículo 7 de la Resolución 1049 de 2019, expedida por la UARIV, sin que, a la fecha, se haya recibido respuesta alguna.

Argumentos de la tutela

Indicó que demanda a la Presidencia de la República como superior funcional del Director de la UARIV y porque en el programa transmitido a las 6:00 p.m. en los canales nacionales anunció la asistencia a la población desplazada.

Que dirige la acción de tutela contra la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Soledad, porque, pese a que el Presidente de la República ordenó a los mandatarios territoriales que adelantaran la entrega de ayudas humanitarias a la población más vulnerable, como es su caso, ello no ha ocurrido. Indicó que los mandatarios locales tampoco la han inscrito en algún apoyo o ayuda humanitaria para mitigar la imposibilidad de trabajar.

Se refirió al artículo 15 de la Ley 387 de 1997, sobre la atención humanitaria de emergencia, para la población desplazada, así como a la sentencia C – 278 de 2007, según la cual, a la atención humaniaria de emergencia se tiene derecho por espacio máximo de tres meses, prorrogables excepcionalmente por otros tres meses.

Aportó copia del registro único de víctimas, del recibo de pago de la ayuda humanitaria entregada y de la constancia de envío de la solicitud del 29 de marzo de 2021.

4. Trámite previo

Mediante auto de 12 de mayo de 2021, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante y a los demandados y publicar en la página web del Consejo de Estado la providencia, así como la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposiciones

El Coordinador del Centro Regional de Atención Integral a las Victimas del Conflicto Armado, Alcaldía de Soledad, Atlántico, indicó que, con ocasión al Estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en el territorio nacional a raíz de la pandemia del Covid – 19, el Centro Regional de Atención Integral a las Víctimas del Conflicto Armado de la Alcaldía de Soledad, Atlántico, trabaja de manera continua y articulada con la Unidad Para las Victimas y el Ministerio del Interior para atender todas las solicitudes que la población victima ha realizado mediante las líneas habilitadas a nivel local y nacional por la administración local y por parte de la UARIV.

La alcaldía municipal de soledad entrega de manera constante las ofertas institucionales a toda la población vulnerable del municipio, en especial, a la población víctimas del conflicto armado que están compuestas por diversas ayudas humanitarias, atenciones psicosociales, educativas, salud, unidades productivas, infraestructuras, entre otras, que benefician a la población en general.

Que dichas ofertas se pueden conocer en los medios de comunicación digitales de las dependencias que hacen parte de la Alcaldía de Soledad, por ejemplo, la oficina de Víctimas del Conflicto Armado en Facebook.

Afirmó que los argumentos expuestos en el escrito de tutela no vinculan material ni procesalmente a la oficina, por lo cual se encuentra probada la falta de legitimación por pasiva, por cuanto la solicitud se encuentra dirigida a la UARIV.

Sin embargo, en cuanto al contenido de la petición dirigida a la UARIV señaló que: 1. La valoración de los núcleos familiares de la población víctima del conflicto armado es realizada única y exclusivamente por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, al igual que la entrega de las ayudas humanitarias; 2. la entrega de los certificados que los acredita como víctimas del conflicto armado son entregados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas – área de Registro; 3. la entrega de la copia de la declaración realizada por la población víctima es suministrada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas y/o por la oficina del Ministerio Publico, donde se realizó la respectiva declaración; 4. La relación de todas las ayudas humanitarias entregada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, también es de competencia de la misma.

Asimismo, informó que, para la inclusión en un Plan de Generación de ingresos, se debe esperar que se desarrolle el proyecto de forma mancomunada, gradual y progresiva con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas y en su efecto realizar la respectiva convocatoria, que si existiere la posibilidad serán publicadas en los medios masivos de comunicación.

Finalmente, que para iniciar “el proceso de indemnización” no es de resorte de esa oficina, sino única y exclusivamente de la UARIV.

Solicitó que se desvincule del trámite constitucional de la referencia.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y/o el Presidente de la República solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela, o en su defecto, desvincular al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y/o al Presidente de la República de los efectos de la decisión en caso de ser favorable para la accionante.

Indicó que conforme con lo dispuesto en el artículo 189 y el Decreto 1784 de 2019, el presidente de la República y la Presidencia de la República nada tienen que ver con la entrega de ayudas humanitarias, inscripción, inclusión, actualización y/o registro en los programas de ayudas sociales.

Sostuvo que la acción de tutela de la referencia es improcedente toda vez que el Gobierno Nacional no ha vulnerado algún derecho de la accionante y dentro de sus competencias, ha tomado todas las medidas necesarias y suficientes para afrontar la emergencia sanitaria mundial por la propagación de la Covid-19.

Considera que se evidencia que la presente acción de tutela es improcedente por no existir una actual vulneración a los derechos fundamentales del accionante, toda vez que la presunta vulneración invocada “no es real”.

Que, a propósito de las ayudas para la población más vulnerable el Gobierno Nacional profirió el Decreto 458 del 22 de marzo de 2020, “Por el cual se adoptan medidas para los hogares en condición de pobreza en todo el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” y el Decreto 659 del 13 de mayo de 2020, por medio de los cuales se autorizó la entrega de una transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria a favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor- Colombia Mayor y Jóvenes en Acción”.

Adicional a la transferencia extra para los programas de Familias en Acción y Adulto Mayor, se profirió el Decreto Legislativo 488 del 27 de marzo de 2020, “Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, mediante el cual se permitió de manera parcial y bajo unos requisitos el retiro de las cesantías, la protección al cesante y otros beneficios.

Por otra parte, mediante Decreto Legislativo 518 del 4 de abril de 2020, “Por el cual se crea el Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, se creó el Programa Ingreso Solidario para trabajadores independientes e informales mediante el cual se entregaran transferencias monetarias no condicionadas con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME en favor de las personas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad que no sean beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección al Adulto Mayor, Jóvenes en Acción o la compensación del impuesto sobre las ventas- IVA por el tiempo que perduren las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Mediante Decreto 535 del 10 de abril de 2020, “Por el cual se adoptan medidas para establecer un procedimiento abreviado de devolución y/o compensación de saldos a favor de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto sobre las ventas – IVA, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, se autorizó la devolución automática de saldos a favor del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ventas – IVA.

En cuanto a la prestación de servicios públicos en el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica se expidió el Decreto 441 del 20 de marzo de 2020, “Por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020”.

Lo anterior, para precisar que el Gobierno Nacional ha sido suficiente, diligente, presto y oportuno en las ayudas brindadas a los colombianos. No obstante, la crisis financiera internacional y las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional tendientes a satisfacer las necesidades de la población más vulnerable y garantizar su mínimo vital y conforme el artículo 95 de la Constitución Política todos los colombianos tenemos un deber de solidaridad y responsabilidad.

Que es de público conocimiento la crisis económica mundial por dicha pandemia, respecto a lo cual pidió tener en cuenta que el Estado en un sobre esfuerzo ha girado ayudas extra a la población más vulnerable e incluso ha creado programas para subsidiar a las personas que trabajen informalmente y que no se encuentren en otros programas del Estado. Lo anterior, sumado a las modificaciones de los impuestos -que es de donde se subsidia el Estado-, por lo cual solicitó declarar improcedente la acción de tutela, en especial, respecto de la solicitud del accionante tendiente a recibir ayudas, porque si bien se han creado programas como Ingreso Solidario, al que de acuerdo a las particularidades del caso, podría acceder el accionante, lo cierto es que el accionante no demostró la vulneración a sus derechos fundamentales, carga que se encontraba en el demandante, conforme con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, pues no allegó prueba siquiera sumaria de la presunta vulneración a su mínimo vital.

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas informó que como requisito indispensable para que una persona pueda acceder a las medidas previstas en la Ley 1448 de 2011, “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, ésta debe haber presentado declaración ante el Ministerio Publico y estar incluida en el Registro Único de Victimas – RUV.

Que para el caso de la señora Juana Isabel Romero Chiquillo, cumple con esta condición, pues se encuentra incluida en dicho registro por el hecho victimizante de desplazamiento forzado bajo el marco de la Ley 1448 de 2011, con la declaración número 2409950.

Señaló que la Subdirección de Reparación Individual dio trámite a la solicitud que elevó la actora, para lo cual expidió la Resolución 04102019 371708 del 11 de marzo de 2020, mediante la cual se resolvió de fondo la solicitud de indemnización administrativa.

Respecto a la atención humanitaria, mediante Resolución 0600120192556494 del 2019, se reconoció la asignación de 2 giros, los cuales ya fueron cobrados, por lo cual se hace necesario realizar una nueva medición para establecer si es beneficiario o no de la atención para la presente vigencia.

Mediante radicado de salida 202172012873821 del 18 de mayo de 2021, se dio respuesta de fondo a las pretensiones del accionante descritas en el escrito de tutela, oportunidad en la que se anexó la declaración y certificado que solicitó.

Que la Subdirección de Reparación Individual de la UARIV emitió la Resolución 04102019-371708 del 11 de marzo de 2020, por la cual se reconoció el derecho a recibir la indemnización administrativa a la accionante, una vez cumplidos los requisitos contenidos en la fase de solicitud, acto administrativo que fue notificado en aviso del 14 de agosto de 2020 y al no hacer uso de los recursos otorgados por la ley en el término establecido, el acto administrativo se encuentra en firme.

Explicó que con la Resolución 04102019-371708 del 11 de marzo de 2020, al realizar el reconocimiento de la medida, se dispuso en el caso particular, aplicar el método técnico de priorización, en atención a que la accionante no acreditó un situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad establecidos en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 y primero de la Resolución 582 de 2021. Por lo tanto, el orden de otorgamiento o pago de la indemnización estará sujeto al resultado de la aplicación del método técnico de priorización.

Las víctimas que según la aplicación del método puedan acceder a la entrega de la indemnización administrativa en la correspondiente vigencia de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, serán citadas de manera gradual en el transcurso del año para la entrega de la medida. Para ello, la Unidad para las Víctimas pondrá a disposición la información que les permita conocer sobre la priorización o no del desembolso durante la vigencia.

De no poder acceder al desembolso de la medida de indemnización dentro de la correspondiente vigencia fiscal, también se determinó que se pondrá a disposición de las víctimas la información que les permitirá saber que su desembolso no será priorizado para dicha vigencia y que se aplicará nuevamente el método en la vigencia siguiente.

En ese sentido, el método técnico de priorización para el caso particular del accionante, se aplicará el 30 de julio de 2021 y la UARIV le informará el resultado. Si dicho resultado le permite acceder a la entrega de la indemnización administrativa en el año 2021, será citada para efectos de materializar la entrega de los recursos económicos por concepto de la indemnización.

Ahora bien, sí conforme a los resultados de la aplicación del método no resulta viable el acceso a la medida de indemnización en 2021, la Unidad le informará las razones por las cuales no fue priorizado y la necesidad de aplicar nuevamente el método para el año siguiente.

Por otro lado, la aplicación del método técnico de priorización, como proceso técnico, implica el abordaje de una serie de gestiones que se realizan con el apoyo de la Red Nacional de Información, en primer lugar, relacionadas con la unificación de los datos y consultas administrativas en las fuentes de información con las que cuenta la Unidad, que permiten arrojar el resultado de la ponderación de las variables demográficas, socioeconómicas, de caracterización del daño, y de avance en el proceso de reparación integral, así como también, realizar las validaciones tendientes a establecer que la víctima no haya fallecido, que no se haya excluido del Registro Único de Víctimas o que el monto a reconocer no supere el máximo de los 40 smlmv.

De ahí que se requiera de un tiempo prudencial para llevar a cabo este procedimiento técnico, toda vez que, los listados que arroje, serán los que orienten la priorización que debe seguir la Entidad para el otorgamiento de la medida indemnizatoria en los casos que no cuentan con una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, razón por la cual, no le es posible a la Unidad otorgar indistintas fechas de pago de la indemnización, pues esta depende de todo lo descrito.

Por lo anterior, surge para la entidad la imposibilidad de dar fecha cierta, entregar carta cheque y/o pagar la indemnización administrativa, toda vez que debe ser respetuosa del procedimiento establecido en la Resolución 1049 de 2019 y del debido proceso administrativo.

Adicionalmente, dijo que pese a los diferentes esfuerzos realizados históricamente en materia fiscal para compensar económicamente a las víctimas del conflicto armado interno, el reto de la política de la reparación integral aún es enorme, por lo que el cometido primordial es indemnizar a aquellas víctimas, que por diversas situaciones presentan una vulnerabilidad mayor. Esto además, en atención a lo dispuesto en el auto 206 de 2017 emitido por la Corte Constitucional en el que determinó que los criterios de priorización que se debían implementar para el pago de la medida de indemnización administrativa, correspondía entonces enfocarse en primera medida en aquellas víctimas inmersas en circunstancias de extrema vulnerabilidad o urgencia manifiesta, en el entendido que, si bien la población víctima de conflicto armado en su totalidad es vulnerable, existen personas que presenten un grado mayor de vulnerabilidad tales como los adultos mayores, personas con discapacidad o víctimas con enfermedades gravosas o ruinosas.

En suma, sostuvo que la entidad no ha incurrido en vulneración de los derechos fundamentales reclamados por la accionante, toda vez que la Unidad para las Víctimas, en cumplimiento de la Resolución 1049 de 2019 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, profirió la Resolución 04102019-371708 del 11 de marzo de 2020, por la cual se reconoció el derecho a recibir la indemnización administrativa, haciendo la salvedad que el accionante no cuenta con ninguno de los criterios para ser priorizado de acuerdo con el artículo 4 de dicha normatividad y primero de la Resolución 582 de 2021.

Preciso que la Unidad no desconoce los derechos de la accionante, por el contrario, reconoció el derecho que tiene de ser indemnizada, sin embargo, la Unidad ha manifestado en varias escenarios su imposibilidad de indemnizar a todas las víctimas en un mismo momento, por lo que a través del procedimiento se adoptó un sistema mixto que permite tanto la atención inmediata de aquellas víctimas que se encuentran en extrema vulnerabilidad, como la atención de otras víctimas que no se encuentran en tales situaciones, pero son titulares del derecho a la reparación económica.

En cuanto a la ayuda humanitaria solicitada por la señora Juana Isabel Romero Chiquillo, informó que la Unidad para las Víctimas procedió a evaluar e identificar las carencias en el derecho a la subsistencia mínima del grupo familiar del accionante, que, en el marco de este procedimiento se identificó la necesidad de obtener información actualizada en relación con la conformación del hogar.

Lo anterior, de conformidad con el principio de participación conjunta de las víctimas en la implementación de los procedimientos para el acceso a las medidas de asistencia y atención y que permite llevar a cabo un proceso de caracterización al grupo familiar, con el fin de obtener información actualizada y veraz en relación con la circunstancia antes descrita.

Señaló que, una vez finalizado el proceso de obtención de datos descrito, en término máximo de 60 días calendario, la UARIV culminará el proceso de medición de carencias para el núcleo familiar y la Unidad se contactará con el accionante y su grupo familiar y le informará el resultado de la medición, por medio de un acto administrativo, que será debidamente notificado.

Respecto de las medidas de inclusión en programas de estabilización económica, en el marco de la asistencia de la población víctima del desplazamiento forzado, señaló que la política de generación de ingresos desarrolla e incrementa el potencial productivo de la población, desarrolla sus capacidades y crea oportunidades para que puedan acceder y acumular activos, en el mediano y largo plazo, para alcanzar así el auto sostenimiento y la estabilización socioeconómica.

Que la oferta de generación de ingresos para la población víctima del desplazamiento forzado está enmarcada en una ruta integral de atención que consta de cuatro fases:
i. Caracterización, ii. Orientación ocupacional, iii. Educación y formación para el trabajo, iv. Iniciativas de acuerdo con las características de la población. Éstas pueden ser en empleabilidad, apoyo a nuevos emprendimientos o fortalecimiento a negocios existentes, en el caso urbano. Para el caso rural, empleabilidad, asistencia técnica y/o proyecto productivo agropecuario, si la familia tiene acceso a tierras.

Dijo que los responsables de estas medidas son el Ministerio de Trabajo, a cuyo cargo está el diseño, coordinación y seguimiento de los programas y proyectos especiales para la generación de empleo rural y urbano, con el respectivo apoyo de las demás entidades del nivel nacional competentes en la materia.

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- tienen a su cargo la creación e implementación, respectivamente, de programas de capacitación para el empleo y emprendimiento que preparen a las víctimas para los retos que exige la competitividad en el mercado laboral.

Asimismo, el Departamento para la Prosperidad Social, cuenta con diferentes programas diseñados para impulsar la generación de ingresos de la población vulnerable incluida la población víctima del conflicto armado.

Por lo tanto, frente a la solicitud realizada por el accionante respecto de la solicitud de asignación de proyectos productivos y subsidio de vivienda, la UARIV no tiene dentro de sus competencias legales dicha materia.

Puso de presente que la entidad es respetuosa del debido proceso administrativo, toda vez que sus actuaciones tienen en cuenta los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado interno como población vulnerable donde, respecto de las decisiones administrativas, se brinda un tratamiento diferenciado frente a la población en general, por ejemplo, a través de la posibilidad de ejercer los siguientes recursos administrativos: (i) controvertir las decisiones referidas al Registro Único Víctimas – RUV en el término de 10 días, conforme a la Ley 1437 de 2011; y (ii) controvertir las decisiones referidas a la atención humanitaria (medición de carencias) en el plazo de un mes, según lo dispuesto en el artículo 2.2.6.5.5.11 del Decreto 1084 de 2015.

Con fundamento en lo anterior afirmó que la acción de tutela debe ser desestimada, en tanto no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable y solicitó negar las pretensiones de la tutela, por haberse demostrado la ocurrencia de un hecho superado.

La Secretaría Jurídica del Departamento del Atlántico aclaró que la ayuda humanitaria que recibe la señora como víctima del conflicto armado es de manejo y competencia exclusiva de la UARIV, el cual tiene su marco normativo en la Ley 1448 de 2011, específicamente en los artículos 62, 64 y 65. Ayudas que por mandato legal deben entregarse cada 90 días, previa inscripción en el registro único de víctimas.

En cuanto a las ayudas humanitarias, que manifiesta el accionante no ha recibido de parte de la Gobernación del Atlantico, aclaró que, en marzo de 2020, cuando el Presidente de la Republica decretó el aislamiento preventivo obligatorio, de manera articulada junto con la Alcaldía de Soledad y de acuerdo a la información suministrada por la administración municipal, se repartieron mercados en los barrios de los sectores más vulnerables del municipio de Soledad.

Que, según entiende, cuando la actora menciona ayudas humanitarias, se refiere a las de tipo económico, respecto de lo cual preciso que la administración departamental no ha otorgado esta clase de auxilios, pues no es de su resorte o competencia. Todo lo que a ayudas económicas se refiere es de competencia y manejo del gobierno central, como lo es el programa de familias en acción, entre otros auxilios monetarios que se vienen proporcionando incluso antes de la pandemia del Covid-19.

Mencionó las medidas que adoptó el gobierno nacional para contrarrestar la propagación del virus y en aras de minimizar los efectos económicos por el aislamiento preventivo obligatorio, que, dicho aislamiento obligatorio que trajo consigo el cierre total y suspensión de muchos sectores productivos de la población fue de manera provisional, hasta septiembre de 2020; sin que a la fecha se haya vuelto a ordenar de forma total. Por lo que de una u otra forma los ciudadanos han podido salir a ganar el
sustento diario.

Dijo que la administración departamental no ha recibido alguna directriz del gobierno central en el que se autorice a dar algún tipo de ayudas de índole económico, que no existe un plan de ayudas económicas por parte de la gobernacion del Atlántico, en cuanto no es el competente para otorgar auxilios monetarios ni antes, durante, ni después de la pandemia, pues ha sido el gobierno central que ha otorgado ciertas ayudas para mitigar los efectos económicos de la pandemia.

Finalmente, solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia y adujo la falta de legitimación en la causa por pasiva.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Juana Isabel Romero Chiquillo invoca la protección constitucional del derecho fundamental al mínimo vital, con fundamento en que no se ha dado respuesta por parte de la Unidad Nacional para la Atención Integral y Reparación a Víctimas de la petición que ejerció con el fin de que, en su condición de víctima del desplazamiento forzado, se le entregara: (i) indemnización administrativa; (ii) atención humanitaria; (iii) el certificado y declaración de inclusión en el RUV por el hecho victimizante del desplazamiento y, (iv) de proyectos productivos.

En las pretensiones de la acción de tutela la parte actora solicita que se ordene a las entidades accionadas la entrega de la asistencia y ayuda humanitaria pretendida, aunque en principio, la acción de tutela no puede ser empleada para solicitar de manera directa ayudas y apoyos económicos, máxime cuando los mismos tienen regulación específica como es el caso de los apoyos económicos a favor de la población víctima del desplazamiento forzado, en el presente caso la parte actora invoca la calidad de persona de la tercera edad en condición de debilidad por la situación económica que enfrenta.

En ese sentido, la Sala abordará el estudio de la acción de tutela de la referencia a partir del derecho fundamental de petición, en atención a la petición que adujo haber interpuesto ante la UARIV y, a partir de lo anterior, establecer si la Unidad Nacional para la Atención Integral y Reparación a Víctimas vulneró derechos fundamentales a la parte actora.

Derecho de petición

Frente al derecho de petición el artículo 23 de la Constitución Política establece:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”

De la norma constitucional trascrita se observa que la formulación de una petición implica correlativamente para la autoridad ante la que se presenta, la obligación de dar respuesta oportuna y de fondo a la solicitud del peticionario, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

Para que la respuesta sea efectiva debe ser expedida oportunamente, resolver de fondo la petición de manera clara y congruente con lo solicitado y debe ser notificada al peticionario. El incumplimiento de estos requisitos implica la vulneración del derecho fundamental de petición.

De los hechos acreditados en el presente caso

De conformidad con los documentos que obran en el expediente, en particular, de los anexos aportados por la parte actora con el escrito de tutela y de la contestación que aportó la UARIV se encuentran acreditados los siguientes hechos:

• La señora Juana Isabel Romero Chiquillo aportó recibo de pago en el que figura su nombre como destinataria, como referencia “pago asistencia humanitaria” por valor de $780.000, el día 31 de octubre de 2019.

• La señora Juana Isabel Romero Chiquillo envió petición a la UARIV, la cual fue recibida por la entidad el el 30 de marzo de 2021, según da cuenta el correo electrónico de recepción remitido por HYPERLINK "mailto:radicacionbogota@unidadvictimas.gov.co" radicacionbogota@unidadvictimas.gov.co, en el que se le asignó el radicado número 20217117335412.

• La UARIV en Oficio 20212012873821 del 18 de mayo de 2021 dio respuesta a la solicitud elevada por la señora Juana Isabel Romero Chiquillo, en el que, en lo que interesa en el presente caso, la entidad contestó:

En cuanto a la indemnización administrativa,

“Conforme a lo dispuesto en artículo 14 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que está en concordancia con la Ley Estatutaria 1755 de 2015, la Unidad para las Víctimas le brinda una respuesta bajo el contexto normativo de la Resolución No. 01049 del 15 de marzo de 2019, “por medio de la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se crea el método técnico de priorización, se derogan las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018, y se dictan otras disposiciones”.

En virtud de lo anterior y con el fin de dar respuesta a su petición, le informamos que Usted elevó solicitud de indemnización administrativa, por lo que la Unidad le brindó una respuesta de fondo por medio de la Resolución No. 04102019 371708 del 11 de marzo de 2020, en la que se le decidió otorgar la medida de indemnización administrativa, notificada por aviso.

No obstante, resulta preciso advertir que, el orden de otorgamiento o pago de la indemnización estará sujeto al resultado del Método Técnico de Priorización; en razón a lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución 1049 de 2019.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en su caso no se acredito una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad establecidos en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 y primero de la Resolución 582 de 2021, por lo que el orden de otorgamiento o pago de la indemnización estará sujeto al resultado de la aplicación del Método Técnico de Priorización.

En ese sentido, el Método Técnico de Priorización en su caso particular, se aplicará el 31 de julio del año 2021, y la Unidad para las Víctimas le informará su resultado. Si dicho resultado le permite acceder a la entrega de la indemnización administrativa en el año 2021, será citado(a) para efectos de materializar la entrega de los recursos económicos por concepto de la indemnización.

Ahora bien, sí conforme a los resultados de la aplicación del Método no resulta viable el acceso a la medida de indemnización en 2021, la Unidad le informará las razones por las cuales no fue priorizado y la necesidad de aplicar nuevamente el Método para el año siguiente.

Así las cosas, hasta tanto no se adelante el trámite administrativo, la entidad no podrá fijar fecha o turno para pago de la indemnización administrativa.

Por último, es pertinente aclararle que los montos y orden de entrega de la medida de indemnización administrativa depende de las condiciones particulares de cada víctima, del análisis del caso en concreto y la disponibilidad presupuestal anual con la que cuente la Unidad; de igual forma, es preciso indicar que solo se realizará la entrega de la medida a las personas que resulten priorizadas para cada vigencia de acuerdo con la aplicación del Método Técnico de Priorización”.

En cuanto a la atención humanitaria, le indicó:

“En atención a su solicitud de entrega de atención humanitaria, la Unidad para las Víctimas procedera a evaluar e identificar las carencias en el derecho a la subsistencia mínima de su grupo familiar. En el marco de este procedimiento se identificó la necesidad de obtener información actualizada en relación con la conformación de su hogar.

De conformidad con el principio de participación conjunta de las víctimas en la implementación de los procedimientos para el acceso a las medidas de asistencia y atención, es necesario llevar a cabo un proceso de caracterización a su grupo familiar, con el fin de obtener información actualizada y veraz en relación con la circunstancia antes descrita.

Para ello, la Unidad para las Víctimas llevará a cabo el proceso de caracterización. Por lo tanto, le agradecemos estar atento a la llamada que le realizara uno de nuestros agentes y adelantar el proceso que se le indicará.

Una vez finalizado el proceso de obtención de datos descrito y en un término máximo de 60 días calendario, la Unidad para las Víctimas culminará el proceso de medición de carencias para su núcleo familiar. La Unidad se contactará con usted y le informará el resultado de la medición, por medio de un acto administrativo".

En cuanto a lo que en el escrito de tutela la actora denominó proyectos productivos, la entidad resolvió en el acápite “oferta general”, en la que se incluyó lo pertinente a la generación de ingresos. Así,

“Informamos lo siguiente:

Desde la Unidad para las Víctimas se desarrollan acciones de articulación con las entidades nacionales y territoriales que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV, así como con otras entidades públicas o privadas, conducentes a facilitar el acceso de las víctimas a los programas y proyectos relacionados con los derechos que les fueron vulnerados por el conflicto armado a fin de avanzar en la garantía de los mismos, en los términos que cobija la Ley 1448 de 2011 en materia de atención, asistencia y reparación integral.

En ese orden de ideas, a continuación, se relaciona la oferta general que se encuentra disponible para su acceso y las entidades competentes:

GENERACION DE INGRESOS:

La política de generación de ingresos procura desarrollar e incrementar el potencial productivo de la población rural y urbana, desarrollando sus capacidades y creando oportunidades para: 1) la formación para el empleo, 2) la intermediación laboral o empleabilidad, y 3) el apoyo a iniciativas de negocio o proyectos productivos, los cuales corresponden a:

1) Formación para el Empleo: Es el proceso educativo formativo mediante el cual las personas adquieren y desarrollan a lo largo de su vida competencias laborales, relacionadas con uno o varios campos ocupacionales, que le permiten ejercer una actividad productiva como empleado o emprendedor de forma individual o colectiva.

2) Empleabilidad: Busca integrar y dinamizar la gestión institucional hacia la mejora de la calidad de vida de las poblaciones vulnerables y la población víctima del conflicto armado, con el objetivo de ofrecer mejores oportunidades de trabajo e inserción laboral, a través de alianzas, convenios y programas especiales del Gobierno Nacional, mediante acciones de formación para el trabajo en las que se reconoce la diferencia, se promueve la equidad y se apoyan sus capacidades emprendedoras para que obtengan sus propios ingresos.

Entre las estrategias que se emplea están: la orientación con enfoque diferencial, la integración y la mejora de la oferta institucional para las poblaciones vulnerables, generación de ingresos e identificación y formación de alianzas estratégicas.

3) Emprendimiento/proyectos productivos: Con los programas y/o proyectos de emprendimientos y de impulso o apoyo a proyectos productivos se busca fortalecer y capacitar a unidades productivas en habilidades empresariales. Esto se logra enfocando la capacitación de acuerdo al perfil de cada emprendimiento donde se promueva la generación de ingresos autónomos y sostenibles, logrando así una contribución a la estabilización socioeconómica individual o colectiva.

Las entidades competentes para impulsar estos procesos según se trate de formación para el empleo, empleabilidad o emprendimiento, son:

(…)”.

En lo demás, resolvió peticiones relacionadas con vivienda, salud, educación, identificación, libreta militar, alimentación y reunificación familiar.

• Copia el formato único de declaración para la solicitud de inscripción en el régistro único de víctimas del 9 de diciembre de 2011.

• Consulta del RUV, del 18 de mayo de 2021, en el que conta que la señora Juana Isabel Romero Chiuqillo se encuentra en ese registro como declarante y/o jefe de hogar.

• Formato de entrega de documento respuesta de la petición número 2021051813490472 y correos electrínicos de envío a la dirección que la actora aportó para efecto de notificaciones.

• Constancia de fijación de citación pública a la señora Juana Romero “(…) identificado(a) con el documento número 1082860729 para ser notificada sobre la actuación administrativa no 371708 del 2020 mediante la cual el director técnico de reparación de la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, decide sobre “el reconocimiento de la medida de indemnización administrativa” de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1084 de 2015. (…)”. Fijada en dos oportunidades, los días 30 de julio y de agosto de 2020.

• Resolución 0600120192556494 del 17 de diciembre de 2019, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de la atención humanitaria de emergencia a la actora.

• Resolución 04102019-371708 del 11 de marzo de 2020, por medio de la cual se reconoció el derecho a la medida de indemnización adminsitrativa por el hecho victimizante del desplazamiento forzado a favor del grupo familiar de la actora y aplicar el método de priorización.

Caso concreto

De acuerdo con lo anterior, no queda duda que la señora Juana Isabel Romero Chiquillo tiene la condición de víctima de desplazamiento forzado desde el año 2011, porque así lo afirmó la UARIV y, según se observa, está inscrita en el RUV y, en dicha condición, esa entidad le dio respuesta a las solicitudes a que hizo referencia en el escrito de tutela, puntualmente: indemnización administrativa, atención humanitaria, certificado de inclusión en el RUV y proyectos productivos.

La Subdirección de Reparación Individual de la UARIV resolvió de fondo la solicitud de indemnización administrativa, por Resolución 04102019-371708 del 11 de marzo de 2020, en el sentido de señalar que reconocía el derecho a recibir la indemnización administrativa a la accionante, una vez cumplidos los requisitos contenidos en la fase de solicitud, acto administrativo que fue notificado en aviso del 14 de agosto de 2020, el cual se encuentra en firme.

Sin embargo, la misma Resolución 04102019 371708 del 11 de marzo de 2020, precisó que para el pago efectivo le corresponde esperar el turno, el cual se encuentra sujeto al resultado del método técnico de priorización; en razón a lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución 1049 de 2019, método que será aplicado para el caso particular de la señora Romero Chiquillo el 31 de julio de 2021, del cual será posible determinar la fecha de pago de la pretendida indemnización administrativa.

Explicó la entidad que, al realizar el reconocimiento de la medida, se dispuso, en el caso particular, aplicar el método técnico de priorización, en atención a que la accionante no acreditó una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad establecidos en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 y primero de la Resolución 582 de 2021.

Por lo tanto, el orden de otorgamiento o pago de la indemnización estará sujeto al resultado de la aplicación del método técnico de priorización.

De acuerdo con lo dicho, la Sala precisa que, si bien, en anterior oportunidad, de manera excepcional, habilitó la acción de tutela para ordenar que de manera inmediata se definiera la situación de la allí actora frente al pago de la indemnización administrativa que se había reconocido por la entidad hace más de un año, ello atendió a que en el trámite de esa acción constitucional se encontraron acreditados factores tales como, la edad -mayor de 70 años-; enfermedades catastroficas y discapacidad -tales como párkinson, demencia, bronquitis crónica, desnutrición severa, incontinencia fisiológica, rigidez articular, disfonía, trastorno del sueño e ingestión de alimentos, secuelas de enfermedad cerebrovascular y disfasia y asfasia, certificas -, que, en los términos del artículo 4 de la Resolución 1049 del 15 de marzo de 2019 de la UARIV, ubicaban a la víctima en condición de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad.

Circunstancias que en el presente caso no se acreditaron, pues, pese a que la actora señaló que es una persona en condición de la tercera edad, no acreditó tal, nisiquiera mencionó su edad, como tampoco algún diagnóstico que permitiera inferir dicha condición y, en esa medida, las condiciones fácticas del presente caso impiden dar una orden en el mismo sentido.

Sin embargo, la Sala no desconoce que en la contestación que proporcionó la UARIV a la señora Juana Isabel Romero, señaló en relación con la indemnización administrativa que el 31 de julio de 2021 sería aplicado el método técnico de priorización en su caso particular y que una vez ello ocurriera, informaría su resultado, a fin de determinar si es posible acceder a la entrega de la indemnización administrativa en el año 2021.

En ese sentido, se instará a la Unidad Nacional para la Atención Integral y Reparación a Víctimas que, a más tardar, el 31 de julio de 2021, notifique a la señora Juana Isabel Romero el resultado del método técnico de priorización, en el que se explique de manera clara, precisa y de fondo las razones de la decisión que adopte en uno u otro sentido.

Ello, en atención a la la Corte Constitucional ha determinado que la UARIV “debe dar certeza a las víctimas sobre: (i) las condiciones de modo, tiempo y lugar bajo las cuales se realizará la evaluación que determine si se priorizará o no al núcleo familiar según lo dispuesto en el artículo 2.2.7.4.7 del Decreto 1084 de 2015; (ii) en los casos en que sean priorizadas, la definición de un plazo razonable para que se realice el pago efectivo de la indemnización; y (iii) los plazos aproximados y orden en el que de no ser priorizados, las personas accederán a esta medida. Por lo anterior, no basta con informar a las víctimas que su indemnización se realizará dentro del término de la vigencia de la ley”.

Ahora bien, respecto a la ayuda humanitaria, en Resolución 0600120192556494 del 2019, se reconoció la asignación de 2 giros, los cuales ya fueron cobrados, de hecho, la parte actora aportó un recibo de pago que da cuenta de un pago por valor de $780.000, sin embargo, como lo informó la UARIV para ser beneficiaria de una nueva ayuda humanitaria es necesario realizar una nueva medición para establecer si es beneficiario o no de la atención para la presente vigencia.

La UARIV en la respuesta suministrada mediante el Oficio 202172012873821 del 18 de mayo de 2021 informó que, en atención a la petición que ejerció la actora, procedió a evaluar e identificar las carencias del derecho a la subsistencia mínima del grupo familiar del accionante, que, en el marco de este procedimiento se identificó la necesidad de obtener información actualizada en relación con la conformación del hogar para llevar a cabo un proceso de caracterización al grupo familiar, con el fin de obtener información actualizada, por lo que en término máximo de 60 días calendario, culminaría el proceso de medición de carencias para el núcleo familiar y la Unidad se contactaraía con el accionante y su grupo familiar y le informaraía el resultado de la medición, por medio de un acto administrativo, que será debidamente notificado.

Sin embargo, a la fecha, no se tiene conocimiento de que la señora Juana Isabel Romero haya obtenido el resultado de dicha identificación, pese a que ya se superaron los 60 días calendario a que hizo referencia en la contestación del 18 de mayo de 2021, en esa medida, la Sala encuentra necesario, en lo relativo a la ayuda humanitaria, amparar el derecho fundamental al mínimo vital de la actora y, en consecuencia, ordenar a la UARIV para que, dentro del mes siguiente a la notificación de la presente providencia, realice una visita al domicilio de la accionante a fin de realizar el proceso de caracterización y medición de sus condiciones socio económicas y determine si hay lugar o no a asignar nueva ayuda humanitaria de emergencia a favor del núcleo familiar de la actora.

Por su parte, en Oficio 202172012873821 del 18 de mayo de 2021, dio respuesta de fondo a las pretensiones del accionante descritas en el escrito de tutela, oportunidad en la que se anexó la declaración y certificado que solicitó. Tambien explicó la entidad a la peticionaria que las medidas de inclusión en programas de estabilización económica, en el marco de la asistencia de la población víctima del desplazamiento forzado, contiene una la política de generación de ingresos desarrolla e incrementa el potencial productivo de la población, desarrolla sus capacidades y crea oportunidades para que puedan acceder y acumular activos, en el mediano y largo plazo, para alcanzar así el auto sostenimiento y la estabilización socioeconómica.

Informó lo relacionado con la generación de ingresos económicos, entre ese aspecto, lo concerniente a los proyectos productivos, de manera general, pues la actora tampoco señaló si tenía interés en algún proyecto productivo en particular.

En todo caso, se debe advertir que es deber de la UARIV dar aplicación al procedimiento administrativo dispuesto para efecto del reconocimiento y pago tanto de la indemnización administrativa como de la ayuda humanitaria prevista para la población víctima del desplazamiento forzado, como también corresponde a la parte actora esperar que se surtan los trámites y procedimientos administrativos que determinen si es apta o no para ser beneficiaria de alguno de esos apoyos, pues una decisión en sentido contrario desconocería el derecho a la igualdad de las demás personas que en igual condición que la de la actora han surtido los trámites administrativos previstos para el efecto.

En esa medida, se encuentra necesario, en lo relativo a la ayuda humanitaria, amparar el derecho fundamental al mínimo vital de la actora y, en consecuencia, ordenar a la UARIV para que, dentro del mes siguiente a la notificación de la presente providencia, realice una visita al domicilio de la accionante a fin de realizar el proceso de caracterización y medición de sus condiciones socio económicas y determine si hay lugar o no a asignar nueva ayuda humanitaria de emergencia a favor del núcleo familiar de la parte actora y negar en lo demás.

En lo relacionado con la indemnización administrativa, instar a la UARIV para que, a más tardar, el 31 de julio de 2021, notifique a la señora Juana Isabel Romero Chiquillo el resultado del método técnico de priorización, en el que se explique de manera clara, precisa y de fondo las razones de la decisión que adopte en uno u otro sentido.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Amparar el derecho fundamental al mínimo vital de la señora Juana Isabel Romero Chiquillo y, en consecuencia, en lo relativo a la ayuda humanitaria, ordenar a la UARIV que, dentro del mes siguiente a la notificación de la presente providencia, realice una visita al domicilio de la accionante a fin de realizar el proceso de caracterización y medición de sus condiciones socio económicas y determine si hay lugar o no a asignar nueva ayuda humanitaria de emergencia a favor del núcleo familiar de la parte actora.

Instar a la UARIV para que, a más tardar el 31 de julio de 2021, notifique a la señora Juana Isabel Romero Chiquillo el resultado del método técnico de priorización, en el que se explique de manera clara, precisa y de fondo las razones de la decisión que adopte en uno u otro sentido.

Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Con firma electrónica)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Con firma electrónica)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Corte Constitucional, Sentencia T-1150 de 2004, Exp. T – 961534.
Folio 24 del archivo pdf que contiene el escrito de tutela, que obra en el expediente magnético.
Aportado con la contestación de la Unidad Nacional para la Atención Integral y Reparación a Víctimas.
Ver, sentencia del 18 de febrero de 2021, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2020-04866-00.
Auto 206 de 2017.
Ibídem.

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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 41001-23-33-000-2013-00519-01 (23082)
Demandante: ECJ DISTRIBUCIONES LTDA.

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