Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-02423-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-02423-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-02423-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
8 de julio de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN – No se configura / RÉGIMEN PENSIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL INPEC / RÉGIMEN PENSIONAL DEL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DEL INPEC / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL – Incumplimiento de los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 para ser beneficiario / INCUMPLIMIENTO DE LAS SEMANAS DE COTIZACIÓN –Para ser beneficiario del régimen de transición del Decreto 2090 de 2003 y obtener la aplicación del régimen pensional anterior a este / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
La parte actora consideró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F al proferir la sentencia de 23 de octubre de 2020, incurrió en violación directa de la Constitución, comoquiera que desconoció el parágrafo 5º transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Política, toda vez que exigió como requisito para aplicar la Ley 32 de 1986, el cumplimiento de las 500 semanas de cotización que prevé el artículo 6º del Decreto 2090 de 2003 (…) para la Sala es claro que existe un régimen de transición especial y que en este las condiciones establecidas para que proceda la aplicación de lo previsto en la Ley 32 de 1986, no solamente atienden a que los solicitantes hubieren ingresado con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, sino que, además, allí se previó que se acreditaran cubiertas las cotizaciones correspondientes. Precisado lo anterior, encuentra la Sala que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F aplicó el régimen especial del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional, asi como el Acto Legislativo 01 de 2005 (…) el tribunal accionado, al analizar el caso del ahora tutelante dejó en claro que los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional tienen derecho a que se les reconozca la pensión conforme los lineamientos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986 –20 años de servicios continuos o discontinuos, sin importar la edad– siempre y cuando, se hayan vinculado antes de la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 –28 de julio de 2003– y acrediten 500 semanas de cotización en actividades calificadas como de alto riesgo, y bajo esas condiciones, para el sub judice concluyó que se demostró que el señor [O.E.] se vinculó al INPEC con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, pues ingresó el 1º de marzo de 1995, no obstante, para el 28 de julio de 2003 no contaba con las 500 semanas de cotización, habida cuenta que acreditaba 8 años, 4 meses y 27 días de labores como miembro del cuerpo de custodia y vigilancia nacional, equivalentes a 432,42 semanas, luego entonces, esa situación impide que su pensión sea liquidada conforme las normas anteriores. Conforme al contexto descrito, para la Sala el estudio realizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F tuvo en cuenta las normas pertinentes al caso en estudio, aplicables, que no fueron declaradas inexequibles y que se adecúan al problema jurídico y a la situación fáctica expuesta en la demanda ordinaria. Tampoco se evidencia que la interpretación o aplicación de las normas que regulan la pensión de vejez para los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC sea irracional, puesto que se basó en la literalidad de la norma y en la interpretación de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad del artículo 6º del Decreto 2090 de 2003. Esto es así porque, tal y como lo indicó la autoridad judicial demandada, el régimen anterior al Decreto 2090 de 2003 es el Decreto 407 de 1994, que específicamente indicaba que la pensión de aquellos miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, vinculados con posterioridad al 21 de febrero de 1994, se regía por la Ley 100 de 1994. Sin embargo, el Decreto 2090 de 2003 contempló un régimen de transición en el que se precisaba que aquellos funcionarios que, al 26 de julio de 2003 hubieran cotizado menos de 500 semanas de cotización especial, tendrían derecho a acceder a la pensión, una vez cumplidos los requisitos de la Ley 797 de 2003, siempre y cuando fueran beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, adicionalmente.
Por su parte, el Acto Legislativo 01 de 2005 señaló que los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC que estuvieran vinculados con posterioridad a la vigencia del Decreto 2090 de 2003, se les aplicaría el régimen de dicho decreto y a aquellos que ingresaron antes se les aplicaría el régimen anterior, esto es, la Ley 32 de 1986, siempre y cuando se cumplieran las condiciones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo dispuesto en el régimen de transición del Decreto 2090 de 2003. La Sala considera que el Acto Legislativo 01 de 2005 protegió las expectativas legítimas de quienes se beneficiaban del régimen de transición previsto en el Decreto 2090 de 2003, el cual, como ya se indicó exige el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, la autoridad judicial demandada no se sustrajo del análisis de las normas aplicables en conjunto, ya que, como se explicó, los miembros del INPEC que debían pensionarse con el régimen vigente antes del Decreto 2090 de 2003, esto es, el Decreto 407 de 1994, debían cumplir el régimen de transición incluido en el primer cuerpo normativo. En atención a lo anterior, concluye la Sala que el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F no incurrió en el defecto alegado, puesto que el ejercicio de interpretación normativa no desbordó los límites fijados por la Corte Constitucional y bajo el amparo del principio de autonomía judicial y, en consecuencia, no se vulneraron los derechos fundamentales invocados.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 48 / LEY 32 DE 1986 – ARTÍCULO 96 / DECRETO 407 DE 1994 - ARTÍCULO 168 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 140 / DECRETO 2090 DE 2003 – ARTÍCULO 6 – PARÁGRAFO / DECRETO 2090 DE 2003 – ARTÍCULO 7 / DECRETO 1950 DE 2005 – ARTÍCULO 1 / ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 - PARÁGRAFO TRANSITORIO 5
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02423-00(AC)
Actor: JULIO HUMBERTO OVIEDO ESPAÑA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial – régimen pensional de los funcionarios del INPEC
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Julio Humberto Oviedo España contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y el Juzgado 20 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
Solicitud
El señor Julio Humberto Oviedo España, por conducto de apoderada judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y el Juzgado 20 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales “al Debido Proceso, Seguridad Social en Pensión, Acceso a la Administración de Justicia, Tutela Judicial Efectiva, irrenunciabilidad de los Derechos Laborales y violación del principio de favorabilidad en materia laboral, de seguridad social e inescindibilidad de la norma”.
Tales garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de las sentencias de 6 de noviembre de 2019 y 23 de octubre de 2020 proferidas por el Juzgado 20 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, respectivamente, con las cuales fueron denegadas las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, proceso que se identificó con el radicado 11001-33-35-020-2019-00142-01.
Hechos
De la tutela y del expediente digital se extraen los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
Narró el actor que laboró en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- durante más de 24 años y, en razón de ello, Colpensiones le reconoció una pensión de vejez mediante la Resolución GNR 290382 del 29 de septiembre de 2016.
Afirmó que mediante escrito del 10 de noviembre de 2016, solicitó al INPEC la reliquidación de su mesada pensional comoquiera que, a su juicio, el beneficio prestacional debió atender lo dispuesto en el régimen especial de la Ley 32 de 1986 y el parágrafo 5º transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, mas no, acudir para efectos de liquidar el ingreso base de liquidación -IBL, a los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994.
Manifestó que lo anterior le fue negado mediante la Resolución No. GNR 1134 de 4 de enero de 2017, de modo que interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en el cual insistió en el aludido reajuste, lo cual fue resuelto de manera desfavorable a través de las resoluciones Nos. 3394 de 8 de marzo de 2017 y DIR 7958 de 26 de abril de 2018, respectivamente.
Inconforme con las anteriores decisiones presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, proceso que le correspondió, en primera instancia, al Juzgado 20 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que en fallo de 6 de noviembre de 2019, le negó las pretensiones de la demanda.
Lo anterior, bajo el sustento de que, si bien era beneficiario de la Ley 32 de 1986 por haberse vinculado al INPEC antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, también lo era que al adquirir su estatus pensional en vigencia de la ley 100 de 1993, los factores que debían incluirse en el IBL eran los señalados en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los cuales se realizaron aportes.
Adujo que contra la sentencia de primera instancia interpuso recurso de apelación, alzada que fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en providencia del 23 de octubre de 2020, con la cual confirmó el fallo de primera instancia bajo la misma argumentación del a quo, y además adujo que “como al 28 de julio de 2003 no contaba con las 500 semanas de cotización, habida cuenta que acreditaba 8 años, 4 meses y 27 días de labores como miembro del cuerpo de custodia y vigilancia nacional, equivalentes a 432.42 semanas. Luego entonces, esa situación le impide que su pensión sea liquidada conforme las normas anteriores, que corresponden a lo señalado en el Decreto 1045 de 1978”, en resumen, para el caso concreto, en lo referido al IBL, este se debía calcular con la inclusión de los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994.
Fundamentos de la solicitud
La parte actora en primer lugar hizo referencia a los requisitos generales de la acción de tutela para destacar que su caso comportaba relevancia constitucional, inmediatez y subsidiariedad.
Luego, reseñó las causales específicas de procedibilidad contra decisiones judiciales para concluir que, a su juicio, en las decisiones reprochadas se incurrió en violación directa de la Constitución Política por indebida interpretación del parágrafo 5º del Acto Legislativo 01 de 2005, ya que en las mismas se indicó que para ser beneficiario de la Ley 32 de 1986, se debe cumplir con los requisitos del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 2090 de 2003.
Alegó que, la única exigencia que deben cumplir los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC para acceder a la pensión de vejez en los términos de la Ley 32 de 1986, es haber ingresado a la institución antes del 28 de julio de 2003, y cimentó esta afirmación en un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación.
Manifestó que la decisión de negar la reliquidación de su pensión constituye “un desacierto al exigir un requisito adicional como lo es la acreditación de 500 semanas de cotización a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 esto es, para el 28 de julio de 2003, con lo cual se contraria de manera expresa la naturaleza del postulado constitucional consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política, modificación dispuesta mediante el Acto Legislativo 01 de 2005”.
Explicó que la finalidad del acto legislativo conforme a las consideraciones que se pueden extraer de la sentencia C–651 de 2015 fue delimitar o establecer que quienes se vincularan antes del 28 de julio de 2003 se les aplicaría a efectos de pensionarse lo dispuesto en la Ley 32 de 1986 en su integridad, sin que en ningún aparte del origen de parágrafo 5º transitorio se expusiera como condición adicional cumplir con el régimen de transición del Decreto Ley 2090 de 2003 o el dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Petición de amparo constitucional
La parte actora solicitó:
“PRIMERO: Se CONCEDA el amparo a los Derechos Fundamentales al Debido Proceso (Art. 29 CP), Seguridad Social en Pensión (Art. 48 CP) a la Tutela Judicial Efectiva (Art. 229 CP), Acceso a la Administración de Justicia, Tutela Judicial Efectiva, Irrenunciabilidad de los Derecho Laborales y violación del principio de favorabilidad en materia laboral, seguridad social y el principio de inescindibilidad de la norma conculcados con la Sentencia del 23 de octubre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “E” dentro del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado No. 11001333502020190014201.
SEGUNDO: Se DEJE SIN EFECTOS la Sentencia del 23 de octubre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “E” dentro del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado No. 11001333502020190014201.
TERCERO: Se ORDENE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “E” que, en el término de ley, proceda a emitir nueva sentencia dentro del proceso referido, acorde con la Constitución, la Ley, y el precedente judicial elaborado por el honorable Consejo de Estado Sección Segunda.”
Trámite de la acción
Mediante auto de 18 de mayo de 2021, el Despacho ponente (i) admitió la solicitud de tutela, (ii) ordenó notificar a la parte actora y a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y al Juzgado 20 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y, (iii) vincular a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones [parte demandada dentro del proceso ordinario], en condición de tercero interesado.
Adicionalmente, ordenó a la oficina de sistemas de esta Corporación, que publicara la información relativa al proceso de la referencia en la página web del Consejo de Estado y solicitó el expediente del proceso identificado con el radicado N.º 11001-33-35-020-2019-00142-01.
Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Por conducto de la magistrada ponente de la decisión reprochada presentó informe en el cual manifestó que en el fallo de 23 de octubre de 2020 no se incurrió en el defecto denominado violación directa de la Constitución, toda vez que para resolver el asunto del demandante se efectuó un análisis armónico de las normas aplicables al caso, en el cual se explicó que, además del parágrafo 5º transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, se tuvo en cuenta el primer inciso del artículo 6º del Decreto Ley 2090 de 2003, que se aplica a todos los trabajadores que prestan sus servicios como miembros del cuerpo de custodia y vigilancia nacional –actividad catalogada de alto riesgo– el cual no podía desconocerse, ya que fue declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-663 de 2007.
Destacó que la tesis expuesta por esa Sala de Decisión guarda relación con la jurisprudencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en los casos en que se niegan los reajustes pensionales como lo pretende el ahora tutelante, de quienes prestaron sus servicios en el INPEC, cuando no acreditaron las 500 semanas de cotización especial que exige el artículo 6º del Decreto 2090 de 2003.
1.6.2. Juzgado 20 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
El juez que profirió la decisión de primera instancia en el proceso iniciado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, indicó que la sentencia que dictó fue apelada y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F la confirmó por considerarla ajustada a la ley y a la jurisprudencia aplicables al caso concreto, de manera que, en las actuaciones adelantadas por dicho despacho no se vulneraron los derechos fundamentales del demandante y el fallo dictado no generó vulneración alguna frente a los derechos en que se sustenta la solicitud de amparo constitucional.
1.6.3. Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
La directora de la Dirección de Acciones Constitucionales de la entidad rindió el informe solicitado en los siguientes términos:
Explicó que lo pretendido por la parte actora es sustituir una decisión judicial ejecutoriada y proferida por el juez natural de la causa, autoridad que con base en la normatividad aplicable y la jurisprudencia del Consejo de Estado negó de manera acertada las pretensiones de la demanda.
Señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F se pronunció sobre el litigio con base en un estudio profundo del caso y dicha decisión hizo tránsito a cosa juzgada, y que, además, fue acertada en lo relacionado con tener en cuenta los factores realmente aportados al sistema y certificados, por lo que no existe violación a los derechos fundamentales invocados.
Concluyó que las consecuencias de modificar órdenes ya ejecutoriadas desconocen los principios de certeza, seguridad jurídica y legalidad, pues se afecta la inmutabilidad de las sentencias judiciales, esto es, la cosa juzgada.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor Julio Humberto Oviedo España contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y el Juzgado 20 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales deprecados por la parte accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las sentencias de 6 de noviembre de 2019 y 23 de octubre de 2020, proferidas por el Juzgado 20 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, respectivamente, con las cuales fueron denegadas las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, frente a las cuales alegó violación directa de la Constitución Política.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la referencia y de encontrarse superados; (iii) el análisis del caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar los reparos contra la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, de 23 de octubre de 2020, por ser la que resolvió en segunda instancia y puso fin al proceso ordinario, además, frente a la de primera instancia, ya existe un pronunciamiento del juez natural de la causa.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicita el amparo de sus derechos fundamentales “al Debido Proceso, Seguridad Social en Pensión, Acceso a la Administración de Justicia, Tutela Judicial Efectiva, irrenunciabilidad de los Derecho Laborales y violación del principio de favorabilidad en materia laboral, de seguridad social e inescindibilidad de la norma”.
De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se evidencia una tensión o contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los derechos fundamentales alegados por el accionante, en tanto a su juicio, la autoridad judicial incurrió en violación directa de la Constitución Política, por lo que se trata de un debate que trasciende un estudio de lo meramente legal.
2.4.2. De manera preliminar, se establece que la acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, pues la providencia judicial que se reprocha fue proferida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, identificado con el radicado N.º 11001-33-35-020-2019-00142-01.
2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la sentencia censurada y que puso fin al proceso ordinario reprochado fue proferida el 23 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, notificada el 8 de diciembre siguiente, de manera que, sin que sea necesario determinar la fecha de ejecutoria, resulta ser un término que a juicio de la Sala resulta razonable, por cuanto el mecanismo constitucional fue interpuesto el 13 de mayo de 2021, es decir, antes de transcurridos 6 meses.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.4.4. Frente a la subsidiariedad, se tiene que la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión les pudiera irrogar a sus derechos fundamentales. Esto teniendo en cuenta que contra la providencia proferida por el el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F no procede ningún recurso, y que los cargos alegados por la parte actora no encuadran en las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión ni del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales.
2.5. Caso concreto
La parte actora consideró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F al proferir la sentencia de 23 de octubre de 2020, incurrió en violación directa de la Constitución, comoquiera que desconoció el parágrafo 5º transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Política, toda vez que exigió como requisito para aplicar la Ley 32 de 1986, el cumplimiento de las 500 semanas de cotización que prevé el artículo 6º del Decreto 2090 de 2003.
Frente al punto, la Sala trae a colación lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-198 del 11 de abril de 2013, en la que estableció que el referido defecto se presenta cuando:
“Se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución. En el primer caso, la Corte ha dispuesto que procede la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución (a) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución. En el segundo caso, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en sus fallos, que con base en el artículo 4 de la C.P, la Constitución es norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.”
Ahora, para resolver el cargo, es necesario realizar un breve recuento normativo sobre el régimen aplicable al caso concreto y evidenciar el contexto del Acto Legislativo 01 de 2005.
Normatividad especial aplicable en materia pensional al INPEC
La Ley 32 de 1986 que adoptó el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia reguló, entre otras materias, el régimen prestacional del personal de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, bajo los siguientes términos:
“Artículo 96. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta su edad.”
Posteriormente, mediante el artículo 168 del Decreto 407 de 20 de febrero de 1994, se estableció un régimen de transición para la pensión de jubilación de estos servidores y especificó en el parágrafo 1º que las personas que ingresaran a partir de su vigencia “tendrían derecho a una pensión de vejez en los términos que establezca el Gobierno Nacional, en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.”
A su vez, el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, contempla en relación con las actividades de alto riesgo, lo siguiente:
“ARTÍCULO 140. De conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad.”
En cumplimiento de lo anterior, se expidió el Decreto 2090 de 2003, publicado en el diario oficial el 28 de julio de 2003, mediante el cual se incluyó a los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Guardia Penitenciaria del INPEC como servidores públicos que desempeñan actividades de alto riesgo y, se derogó expresamente el artículo 168 del referido Decreto 407, para disponer, en su lugar, el régimen de transición en materia pensional para los sujetos de esta norma, así:
“ARTÍCULO 6o. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.
PARÁGRAFO. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.
ARTÍCULO 7o. NORMAS APLICABLES. En lo no previsto para las pensiones especiales por el presente decreto, se aplican las normas generales contenidas en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios”.
Posteriormente, se expidió el Decreto 1950 del 13 de junio de 2005, por el cual se reglamentó el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, norma que dispuso:
“Artículo 1º. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. Con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de conformidad con el Decreto-ley 407 de 1994 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994.”
Finalmente se profirió el Acto Legislativo 01 de 2005, en el que se adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, y en su parágrafo transitorio 5º, se estableció lo siguiente:
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes.” (Subrayas de la Sala).
En este orden, para la Sala es claro que existe un régimen de transición especial y que en este las condiciones establecidas para que proceda la aplicación de lo previsto en la Ley 32 de 1986, no solamente atienden a que los solicitantes hubieren ingresado con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, sino que, además, allí se previó que se acreditaran cubiertas las cotizaciones correspondientes.
Precisado lo anterior, encuentra la Sala que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F aplicó el régimen especial del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional, asi como el Acto Legislativo 01 de 2005, para lo cual se destaca de la providencia acusada lo siguiente:
“Con la expedición de la Ley 797 de 29 de enero de 2003 (que modificó la Ley 100 de 1993) se revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias para que reglamentara la situación pensional de los trabajadores que laboraban en actividades de alto riesgo –num. 7o, art. 17–.
En virtud de lo anterior, se expidió el Decreto Ley 2090 de 26 de julio de 2003 que reguló el régimen de pensiones de servidores públicos y privados que trabajen en actividades de alto riesgo, incluido el cuerpo de vigilancia y custodia del INPEC y además en el artículo 3o indicó que para acceder a la pensión de vejez se requería (i) cumplir 55 años de edad y (ii) cotizar el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9o de la Ley 797 de 2003. De igual forma agregó que la edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá en 1 año por cada 60 semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a 50 años.
Adicionalmente, ese decreto en su artículo 6o estableció un régimen de transición, siempre y cuando cumplieran las siguientes condiciones:
“Artículo 6o. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.
Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.”
La norma anterior fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C- 663 de 29 de agosto de 2007 bajo el entendido que las “500 semanas de cotización especial” se pueden acreditar con cotizaciones efectuadas en cualquier actividad calificada como de alto riesgo, pues de lo contrario sería un requisito desproporcionado e irrazonable.
(…)
Ahora bien, conviene precisar que con posterioridad a esa disposición se profirieron dos normas: (i) el Decreto 1950 de 13 junio de 2005, por el cual el Gobierno Nacional reglamentó el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y (ii) el Acto Legislativo 01 de 22 de julio de 2005, por el cual se adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, en done ambos señalan que a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 -28 de julio de 2003– se les aplicará “el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986”. (…)”
Así, luego de precisar la norma aplicable, el tribunal accionado, al analizar el caso del ahora tutelante dejó en claro que los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional tienen derecho a que se les reconozca la pensión conforme los lineamientos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986 –20 años de servicios continuos o discontinuos, sin importar la edad– siempre y cuando, se hayan vinculado antes de la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 –28 de julio de 2003– y acrediten 500 semanas de cotización en actividades calificadas como de alto riesgo, y bajo esas condiciones, para el sub judice concluyó que se demostró que el señor Oviedo España se vinculó al INPEC con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, pues ingresó el 1º de marzo de 1995, no obstante, para el 28 de julio de 2003 no contaba con las 500 semanas de cotización, habida cuenta que acreditaba 8 años, 4 meses y 27 días de labores como miembro del cuerpo de custodia y vigilancia nacional, equivalentes a 432,42 semanas, luego entonces, esa situación impide que su pensión sea liquidada conforme las normas anteriores.
Conforme al contexto descrito, para la Sala el estudio realizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F tuvo en cuenta las normas pertinentes al caso en estudio, aplicables, que no fueron declaradas inexequibles y que se adecúan al problema jurídico y a la situación fáctica expuesta en la demanda ordinaria.
Tampoco se evidencia que la interpretación o aplicación de las normas que regulan la pensión de vejez para los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC sea irracional, puesto que se basó en la literalidad de la norma y en la interpretación de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad del artículo 6º del Decreto 2090 de 2003.
Esto es así porque, tal y como lo indicó la autoridad judicial demandada, el régimen anterior al Decreto 2090 de 2003 es el Decreto 407 de 1994, que específicamente indicaba que la pensión de aquellos miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, vinculados con posterioridad al 21 de febrero de 1994, se regía por la Ley 100 de 1994.
Sin embargo, el Decreto 2090 de 2003 contempló un régimen de transición en el que se precisaba que aquellos funcionarios que, al 26 de julio de 2003 hubieran cotizado menos de 500 semanas de cotización especial, tendrían derecho a acceder a la pensión, una vez cumplidos los requisitos de la Ley 797 de 2003, siempre y cuando fueran beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, adicionalmente.
Por su parte, el Acto Legislativo 01 de 2005 señaló que los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC que estuvieran vinculados con posterioridad a la vigencia del Decreto 2090 de 2003, se les aplicaría el régimen de dicho decreto y a aquellos que ingresaron antes se les aplicaría el régimen anterior, esto es, la Ley 32 de 1986, siempre y cuando se cumplieran las condiciones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo dispuesto en el régimen de transición del Decreto 2090 de 2003.
La Sala considera que el Acto Legislativo 01 de 2005 protegió las expectativas legítimas de quienes se beneficiaban del régimen de transición previsto en el Decreto 2090 de 2003, el cual, como ya se indicó exige el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, la autoridad judicial demandada no se sustrajo del análisis de las normas aplicables en conjunto, ya que, como se explicó, los miembros del INPEC que debían pensionarse con el régimen vigente antes del Decreto 2090 de 2003, esto es, el Decreto 407 de 1994, debían cumplir el régimen de transición incluido en el primer cuerpo normativo.
En atención a lo anterior, concluye la Sala que el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F no incurrió en el defecto alegado, puesto que el ejercicio de interpretación normativa no desbordó los límites fijados por la Corte Constitucional y bajo el amparo del principio de autonomía judicial y, en consecuencia, no se vulneraron los derechos fundamentales invocados.
Finalmente, la Sala advierte que, en lo relacionado con el demandante al afirmar que el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no debía tenerse en cuenta para la aplicación de la Ley 32 de 1986 y que dicha interpretación ha sido adoptada por el Consejo de Estado, a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil, dicho argumento no tiene la entidad suficiente para considerar que se incurrió en el defecto reprochado ya que, de una parte, el tutelante apeló a este para destacar que “el Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso la supresión de todos los regímenes especiales, y tomó medidas respecto de los beneficiarios de algunos de ellos, en particular ordenó que los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional que habían ingresado con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, se les aplicaría «el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986”, aspecto que, como se explicó en líneas que anteceden, no fue desconocido por el tribunal accionado y; de otra parte, porque dicho concepto no es vinculante ni constituye precedente en virtud de lo dispuesto en los artículos 237 de la Constitución, 38 de la Ley 270 de 1996 y 112 de la Ley 1437 de 2011.
Por todo lo anteriormente expuesto, se negará la acción de tutela de la referencia, dado que no se encontró acreditada la ocurrencia del defecto alegado por la parte actora, esto es, el de la violación directa de la Constitución Política.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Julio Humberto Oviedo España contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y el Juzgado 20 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2354 de 2012.
Al respecto, consultar Consejo de Estado – Sección Quinta sentencias: de 7 de mayo de 2020, exp. 11001-03-15-000-2020-00741-00 25, M.P. Rocío Araújo Oñate; de 22 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2020-03420-01 M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; de 28 de octubre de 2018, exp. 11001-03-15-000-2018-03523-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; de 19 de febrero de 2015, exp. 11001-03-15-000-2014-01784-01, M.P. Susana Buitrago Valencia; de 31 de mayo de 2018, exp. 11001-03-15-000-2018-01288-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
Mediante escrito presentado a través de mensaje de datos enviado al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 13 de mayo de 2021.
Desde el 1º de marzo de 1995 adquiriendo su estatus pensional el 1º de marzo de 2015.
Del 11 de agosto de 2020 radicado No. 11001030600020200016300 Consejero ponente: Óscar Darío Amaya Navas.
sentencia proferida por la Corte Constitucional de 14 de octubre de 2015 con ponencia de la magistrada María Victoria Calle Correa.
Efectuadas por la Secretaría General del Consejo de Estado vía electrónica el 24 de mayo de 2021 como da cuenta el aplicativo SAMAI.
Mediante correo enviado a la Secretaría General de la Corporación el 27 de mayo de 2021.
A través de correo electrónico de 16 de junio de 2021.
Es oportuno indicar que, si bien la tutela se dirige contra los fallos de primera y segunda instancia, lo cierto es que, esta Sala solo se pronunciará sobre la proferida por el tribunal accionado, comoquiera que fue la que puso fin al proceso ordinario, además, sobre la primera ya hubo un pronunciamiento del juez natural.
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Decreto 2090 de 2003. ARTÍCULO 2o. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD DEL TRABAJADOR. Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:
…
7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos administrados por la fuerza pública.
ARTÍCULO 11. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente decreto regirá a partir de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias, en particular, el artículo 168 del Decreto 407 de 1994, los Decretos 1281, 1835, 1837 y el artículo 5o del Decreto 691 de 1994, el Decreto 1388 y el artículo 117 del Decreto 2150 de 1995 y el Decreto 1548 de 1998. (Énfasis de la Sala).
Posición reiterada por la Sala, para lo cual puede revisarse la sentencia dictada el 7 de mayo de 2020, en el proceso 11001031500020200074100 con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
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