Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-02447-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-02447-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-02447-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
10 de febrero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-02447-00 (Acumulados
11001-03-15-000- 2021-02526-00 / 11001-03-15-000-2021-06089-00)
Demandante: María Eugenia Serna de González y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2021-02447-00 (ACUMULADOS)
11001-03-15-000-2021-02526-00
11001-03/15-000-2021-06089-00
Demandante MARÍA EUGENIA SERNA DE GONZÁLEZ Y OTROS
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela: relevancia constitucional.
Controversias contractuales. Contrato para elaborar proyecto
arquitectónico definitivo de la segunda torre del Hotel Hilton
Internacional de Bogotá y dirigir su construcción. liquidación del
contrato.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta, decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por los señores María Eugenia Serna de González, Julián Serna Naranjo,
Rodrigo Serna Naranjo, Eleonora Serna Rey y la sociedad Serna Melo y Cía. S en
C, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
Los señores María Eugenia Serna de González, Julián Serna Naranjo, Rodrigo
Serna Naranjo1, Eleonora Serna Rey2 y la sociedad Serna Melo y Cía. S en C3,
interpusieron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al
principio de congruencia.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
1.1. Acción de tutela Nro. 11001-03-15-000-2021-02447-00. Accionantes: María
Eugenia Serna de González, Julián Serna Naranjo y Rodrigo Serna
Naranjo.
“En concordancia con todo lo expuesto, se solicita respetuosamente tutelar los derechos
fundamentales al pronto acceso a la administración de justicia, derecho a la igualdad, el debido
proceso, el derecho de defensa y la confianza legítima, vulnerados con ocasión de la
1 El escrito de tutela fue radicado el 11 de mayo de 2021 al correo electrónico de tutelas en línea.
2 El escrito de tutela fue radicado el 12 de mayo de 2021 al correo electrónico de tutelas en línea.
3 El escrito de tutela fue radicado el 7 de septiembre de 2021 al correo electrónico de la Secretaría General
de la Corporación.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-02447-00 (Acumulados
11001-03-15-000- 2021-02526-00 / 11001-03-15-000-2021-06089-00)
Demandante: María Eugenia Serna de González y otros
expedición de la decisión judicial adoptada en Sentencia del 1 de junio de 2020, dictada dentro
del proceso Radicación número: 25000-23-26-000-2005-021-4403 (46395), suscrita por el
Consejero Ponente Alberto Montaña Plata, de la Subsección B, Sección Tercera, Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
En consecuencia, se solicita dejar sin efectos la citada providencia judicial, al igual que
cualquier otra actuación o trámite surtido con posterioridad al mismo, y en consecuencia
ordenar que se reconozca la legitimación por activa de los sucesores de Medardo Serna
Vallejo, y por lo tanto se proceda a fallar de fondo las demandas impetradas que hacen parte
del expediente”.
1.2. Acción de tutela Nro. 11001-03-15-000-2021-02526-00. Accionante:
Eleonora Serna Rey.
“1. Tutelar los derechos fundamentales de la accionante Eleonora Serna Rey al debido proceso,
el derecho de contradicción, el derecho de defensa, el derecho a la igualdad, el principio de
legalidad, el derecho a la independencia del juez, el acceso a la administración de justicia, el
derecho a la protección judicial de que trata el artículo 25 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, el principio de buena fe; vulnerados con la expedición de la decisión de 1
de junio de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, C.P., Dr. Alfredo (sic) Montaña Plata, por defecto de violación
del precedente judicial, ser una decisión sin motivación, por defecto sustantivo por violación del
principio de cosa juzgada y violación por infracción a las normas en que debió fundarse,
2. Revocar en forma inmediata la indicada decisión y las proferidas con posterioridad y en su
lugar se ordene restablecer los derechos conculcados ordenando proferir providencia de
conformidad con el precedente jurisprudencial, debidamente motivada, con respecto al principio
de cosa juzgada, aplicando las normas que se ajustan al caso, declarando la legitimación en la
causa por activa a favor de la accionante y demás intervinientes excluyentes, conforme lo
acogido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia de 15 de febrero de
2012 ordenando la resolución de las peticiones de nulidad y restablecimiento del derecho
solicitadas.
(…)”.
1.3. Acción de tutela Nro. 11001-03-15-000-2021-06089-00. Accionante: Serna
Melo y Cía. S en C.
1.-Dejar sin valor ni efecto las providencias del primero (1º) de junio de 2020, notificada por
edicto el 28 de agosto de 2020, al resolver en el numeral tercero, “DECLARAR que la Sala
está inhibida para resolver sobre la nulidad de las resoluciones demandadas y sobre el
restablecimiento del derecho solicitado”, y el Auto del 25 de febrero de 2021, notificado el 8
de marzo de 2021, con ejecutoria del 11 de marzo del mismo año, que rechazo la solicitud de
aclaración y adición de la sentencia del 1º de junio de 2020, dentro del proceso No.25000-23-
26-000-2005-02144-03, actor: SERNA MELO Y CIA, Demandado: CAJA DE SUELDOS DE
RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL, CASUR, de la Subsección ¨B¨ de la Sección Tercera,
del Consejo de Estado.
La pretensión obedece a que la decisión y el razonamiento que expuso la Sección Tercera,
Subsección “B”, del Consejo de Estado, es totalmente opuesto a los elementos materiales
probatorios que reposan en el proceso antes referenciado, incurriendo en una falsa
motivación del fallo y en un error judicial, consistente en la ausencia de estudio de la demanda
y todo el desarrollo del proceso contencioso de primera instancia.
2.- En su lugar, pido a la Honorable Sala que, al decidir la acción de tutela, disponga la
adopción de una nueva sentencia en la cual resuelva de fondo de la demanda, de acuerdo
con los parámetros que allí se establecieron, dando el respectivo alcance al acervo probatorio
anexado al expediente, junto con las pruebas decretadas y practicadas en la primera
instancia, para que se le dé el valor que les asigne la ley por estar incorporadas y haber sido
recaudadas con el lleno de requisitos de ley.
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Demandante: María Eugenia Serna de González y otros
2. Hechos
En los expedientes acumulados, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
2.1. El señor Medardo Serna Vallejo (q.e.p.d.) celebró el Contrato 007 de 1980 con
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR, que tuvo por
objeto elaborar el proyecto definitivo y la dirección arquitectónica de la
construcción del edificio que serviría como segunda torre del Hotel Hilton
Internacional de Bogotá. El contrato fue adicionado el 7 de julio de 1981 y el
16 de octubre de 1981.
2.2. CASUR, mediante Resolución 1217 del 3 de abril de 1987, declaró la
caducidad del contrato 007 de 1980 y sus adicionales y procedió a liquidarlo
mediante Resolución 2712 del 31 de agosto de 1989, confirmada por
Resoluciones 3474 del 24 de octubre de 1989 y 4262 de 15 de diciembre de
1989.
2.3. El señor Medardo Serna Vallejo presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que se declarara la nulidad de
los actos administrativos citados en el numeral anterior, por los que se declaró
la caducidad y se liquidó el contrato Nro. 007 de 1980 y sus adicionales,
demanda que fue admitida en el año 1990.
2.4. El señor Medardo Serna Vallejo mediante escrito del 2 de enero de 1991 puso
en conocimiento de CASUR que “[…] hacía la cesión de los derechos litigiosos que
le hubieran podido corresponder a la Sociedad Serna Melo & Cía. S. en. C., […]” y
posteriormente ratificó ante CASUR mediante escrito del 29 de noviembre de
1994 la cesión de la totalidad de los derechos litigiosos a la sociedad Serna
Melo y Cía. S en C.
2.5. El señor Medardo Serna Vallejo murió el 5 de diciembre de 1994.
2.6. El proceso de sucesión del fallecido señor Serna Vallejo se declaró abierto y
radicado el 15 de enero de 1996 en el Juzgado 19 de Familia de Bogotá y por
auto del 23 de septiembre de 1997 se ordenó el embargo de los derechos
litigiosos del causante en los procesos contenciosos administrativos en los que
era parte demandada la Caja de Retiro de la Policía Nacional, CASUR.
2.7. Los procesos contenciosos siguieron su curso. En primera instancia, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 23 de febrero de
1995 declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, esto es, de
las Resoluciones 2712 del 31 de agosto de 1989, 3474 del 24 de octubre de
1989 y 4262 de 15 de diciembre de 1989, decisión confirmada en segunda
instancia por el Consejo de Estado, Sección Tercera en sentencia del 21 de
abril de 2004 (expediente 10875).
2.8. La sociedad Serna Melo y los herederos del causante reclamaron ante CASUR
los derechos definidos en la sentencia del 21 de abril de 2004 que declaró de
nulidad de los actos de liquidación del contrato.
Ante tal circunstancia los herederos manifestaron a la sociedad que lo que se
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había cedido a su favor era la cesión de una cuenta más no la cesión de
derechos litigiosos por parte del fallecido señor Medardo Serna Vallejo, pero
entre tanto, CASUR dio cumplimiento al fallo respectivo y ordenó el pago a
favor de la sucesión de Medardo Serna Vallejo.
2.9. La sociedad Serna Melo y Cía. S en C solicitó ante el Juzgado 19 de Familia
de Bogotá ser la cesionaria de derechos litigiosos y mediante providencia del
16 de febrero de 2005, se negó tal petición.
Posteriormente el 14 de abril de 2005 la sociedad elevó nuevamente petición
ante el juzgado en el mismo sentido y promovió un incidente de desembargo,
lo que se negó y por lo que se presentó recurso de apelación ante el Tribunal
Superior que confirmó la negativa del juzgado.
2.10. CASUR declaró nuevamente la caducidad del Contrato 007 de 1980, mediante
la Resolución 013 del 12 de enero de 2005, en la que efectuó el ajuste de la
liquidación del contrato y dispuso que se giraran las sumas adeudadas al
proceso de sucesión de Medardo Serna Vallejo.
Mediante Resolución 2096 de 14 de abril de 2005, al resolver el recurso de
reposición interpuesto contra la anterior resolución, la revocó y, en su lugar,
declaró que CASUR no era deudora, sino acreedora del arquitecto Medardo
Serna Vallejo, por la suma de $ 5.000´000.0000 y dispuso reclamar esa suma
por vía de jurisdicción coactiva.
2.11. El 19 de septiembre de 2005, la sociedad Serna Melo Cía. S en C demandó
las Resoluciones Nros.013 del 12 de enero y 2096 de 14 de abril, ambas de
2005, con fundamento en que no tuvo en cuenta el costo real de la obra
construida “ni las pautas señaladas por el Consejo de Estado en la sentencia del 21
de abril de 2004”, por lo que el valor reconocido fue mucho menor al que
correspondía.
2.12. En ese trámite procesal, los herederos del señor Medardo Serna Vallejo
presentaron tres demandas de intervención excluyente en contra de la
sociedad Serna Melo y también en contra de CASUR, todas dirigidas a que se
declarara también la nulidad de las Resoluciones Nros. 013 del 12 de enero
de 2005 y 2096 de 14 de abril de 2005. Además, en escrito del 30 de julio de
2009, Luis Eduardo Montoya Medina solicitó que se le reconociera como
coadyuvante de Inés Naranjo de Serna y Rodrigo Serna Naranjo (intervinientes
excluyentes).
2.13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 15 de febrero
de 2012 declaró no probadas las objeciones por error grave formuladas por
las partes, declaró la falta de legitimación en la causa por activa de la sociedad
Serna Melo Cía. S en C, dispuso tener como demandantes a los intervinientes
ad excludendum y declaró la nulidad de las Resoluciones Nros. 0013 del 12
de enero y 2096 del 14 de abril, ambas de 20054.
4 La nulidad de las resoluciones demandadas tuvo como fundamento que con posterioridad a la sentencia del
21 de abril de 2004, CASUR volvió a liquidar el contrato 007, sin que así lo señalara la referida sentencia,
sin que tampoco pudiera hacerlo porque la facultad de liquidación del contrato corresponde atribuirla a la
Ley, en ese sentido, determinó que CASUR erró al entender que la sentencia revivió la oportunidad para
liquidar el contrato, puesto que esa oportunidad ya había sido concretada en los actos administrativos que
fueron anulados. Que como no existe un mandato que facultara a la entidad a liquidar nuevamente el
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Demandante: María Eugenia Serna de González y otros
2.14. La sociedad Serna Melo y Cía. S en C, los intervinientes ad excludendum y
CASUR, interpusieron recurso de apelación contra la decisión del tribunal.
Correspondió conocer en segunda instancia al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, que en sentencia del 1º de junio de 2020, modificó la
sentencia de primera instancia y, en consecuencia, hizo las siguientes
declaraciones:
(i) acreditó el presupuesto de legitimación en la causa por activa de la
sociedad Serna Melo Cía. S en C.
(ii) determinó que los intervinientes excluyentes carecían de legitimación en
la causa por activa.
(iii) se declaró inhibida para resolver la nulidad de las resoluciones
demandadas y el restablecimiento del derecho solicitado.
En relación con la legitimación en la causa por activa, consideró que la
sociedad demandante, luego de hacer una relación de los documentos que en
su momento fueron radicados ante CASUR, determinó que, en realidad lo que
había operado era una cesión de derechos y en ese orden, estaban
legitimados para demandar.
Que, si bien el tribunal en primera instancia había entendido que se trataba de
una cesión de crédito, había llegado a tal conclusión tomando como
antecedente la cesión a la que se refirió en su momento la sentencia del
Tribunal de Distrito Judicial de Cartagena, Sala de Familia, pero que esto hacía
relación a una cesión de crédito de las sumas que en su momento CASUR
debió pagar al fallecido señor Medardo Serna en cumplimiento de un Laudo
Arbitral, sumado a los argumentos que en su momento expuso el Juzgado 19
de Familia de Bogotá en relación con un incidente de desembargo que
resolvió, pero que no tenían relación directa con la controversia analizada,
razón por la que revocó la decisión de primera instancia y consideró que existía
legitimación por activa de la sociedad.
Lo anterior implicó que, de manera consecuencial, los terceros intervinientes
no estuvieran legitimados por activa, razón por la que indicó que no analizaría
las pretensiones por ellos presentadas.
Del estudio de fondo de las pretensiones, sostuvo que la decisión emitida en
su momento por el Consejo de Estado en la providencia del 21 de abril de
2004, abordó un estudio distinto, esto es, el pago de unos honorarios al extinto
señor Medardo Serna tomando como base el costo real y definitivo de la obra
realmente terminada, según lo había definido en su momento un laudo arbitral
a su favor del año 1985. De allí que se analizara lo relacionado con la
liquidación del contrato y se concluyera que había sido calculado contrario a
los postulados del Decreto 3154 de 1980.
En ese sentido, advirtió que lo impugnado por la parte actora en representación
de los derechos del contratista, eran las resoluciones en las que la demandada
contrato de manera unilateral después de que había anulados dichos actos, la única posibilidad para liquidar
el contrato era acudir al juez natural competente, que, ese caso, por la incorporación de la cláusula
compromisoria lo era el juez arbitral. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos, pero
declaró la falta de jurisdicción respecto de las pretensiones de liquidación y el reconocimiento de perjuicios.
En ese orden, lo relacionado con la liquidación del contrato, determinó que era competencia no correspondía
a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino a la justicia arbitral, en cumplimiento de lo ordenado,
además, en la sentencia del 21 de abril de 2004.
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Demandante: María Eugenia Serna de González y otros
había vuelto a liquidar el contrato unilateralmente, actos administrativos por los
que, de una parte, se reconoció un saldo a favor del contratista y por otra, se
estableció la existencia de un saldo a su cargo y a favor de la entidad
contratante y con respecto a lo que finalmente concluyó luego de un análisis
de cada una de las pretensiones, que existía una ineptitud insuperable, no solo
frente a la forma como se cuestionaron los actos administrativos sino en
relación con el posible restablecimiento del derecho que pudiera revisarse,
aspectos del líbelo que no podían modificarse ya que iría en contra del debido
proceso de las partes.
2.15. Por auto del 25 de febrero de 2021, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, rechazó la solicitud de adición de la sentencia elevada por la
Sociedad Melo Serna S en C.
3. Fundamentos de la acción
De la revisión hecha a las demandas de tutela de los expedientes Nros. 2021-
02447-00, 2021-02526 y 2021-06089-00 (Acumulados), advierte la Sala que, en
sentir de los actores, la providencia del 1º de junio de 2020 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B en el medio de control de controversias
contractuales con radicación Nro. 25000-23-26-000-2005-021-4403 (46395) incurrió
en los defectos fáctico, sustantivo, indebida motivación, orgánico y en
desconocimiento del precedente judicial.
3.1. Acción de tutela Nro. 11001-03-15-000-2021-02447-00. Accionantes: María
Eugenia Serna de González, Julián Serna Naranjo y Rodrigo Serna
Naranjo.
Señala la parte actora que hasta el día de la muerte de Medardo Serna Vallejo
-5 de diciembre de 1994-, actuó como parte del contrato estatal. Que dicho
contrato nunca fue objeto de cesión y, por ende, atendiendo a la jurisprudencia
consolidada del Consejo de Estado, quienes se encontraban legitimados para
interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contractual
contra las Resoluciones 0013 de 12 de enero de 2005 y 002096 del 14 de abril
de 2005, eran los sucesores de Medardo Serna Vallejo.
Indicaron que, en el proceso que se cuestiona por esta vía, pese a que la
sociedad Serna Melo y Cía. S. en C. alegó tener legitimación por activa con
sustento en un documento suscrito por Medardo Serna Vallejo en el año 1994,
ese argumento ya había sido objeto de debate jurídico y decisión por parte de
la Jurisdicción Civil Ordinaria, toda vez que el Juzgado 19 de Familia del
Circuito de Bogotá, despacho judicial en el que se tramitó la sucesión intestada
de Medardo Serna Vallejo, expediente 019 1995 – 6685, en providencia del 10
de octubre de 2005, negó el crédito que pretendía hacer valer la Sociedad
Serna Melo y Cía. S. en C., decisión que se encuentra en firme e hizo tránsito
a cosa juzgada.
Que, en ese trámite, a la sociedad Serna Melo y Cía. S en C, se le negó la
condición de cesionario del causante, luego de determinar que los hechos
junto con las pruebas obrantes demostraban que lo que otorgó Medardo Serna
a favor de la sociedad, “se trató solo de una facultad para el cobro” de una cuenta
derivada de un fallo arbitral que Medardo Serna revocó al cobrar, él mismo,
dicha suma.
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Agregaron que, si bien hay un documento denominado “cesión y/o endoso”,
también lo es que obran en el expediente otras pruebas que demuestran que
Medardo Serna Vallejo reclamó personalmente el crédito ante Casur, lo que
respalda que el citado documento sólo correspondió a una “diputación para el
pago o lo que en el fallo se identificó como una ‘facultad para el cobro’ de una cuenta,
derivada en concreto de un fallo de la justicia arbitral”.
Afirmaron que, debido a que Medardo Serna cobró y recibió personalmente el
dinero del crédito a su favor, sin señalar que actuaba en representación de la
sociedad Serna Melo y Cía. S en C, a pesar de que suscribió un documento
que facultaba a dicha sociedad para el cobro de esa cuenta, ello implicó que
hasta el día de su muerte siguió actuando como “parte contractual”.
Adicionalmente, señalaron que existen otras decisiones judiciales en procesos
diferentes pero relacionados con el mismo Contrato 007 de 1980, que son
coherentes con la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada. Al efecto, señaló
que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil, Familia,
en fallo del 27 de abril de 2007, resolvió la segunda instancia de un proceso
que ejerció CASUR contra la sucesión de Medardo Serna Vallejo para
recuperar los dineros pagados en virtud de laudo arbitral que posteriormente
fue anulado por el Consejo de Estado, para recobrar los dineros que fueron
cobrados y pagados directamente al contratista, en el que el tribunal concluyó
“que quien recibió y usó el dinero de la cuenta de CASUR fue Medardo Serna y
consecuencialmente la sucesión de éste”.
Que, en ese contexto, el fallo del Tribunal de Cartagena hizo responsable del
pasivo a la sucesión de Medardo Serna Vallejo y, en ese orden, se condenó a
la sucesión a pagar a CASUR la suma de $ 399´669.815, más intereses
comerciales y moratorios.
Además, sostuvieron que la Sección Tercera del Consejo de Estado, en fallo
del 14 de octubre de 19995, al resolver sobre la caducidad del Contrato 007 de
1980, ordenó que el pago de los perjuicios ocasionados por la declaratoria de
caducidad, fuesen girados al Juzgado 19 de Familia6 y precisamente, en
cumplimiento de la mencionada orden, CASUR dictó la Resolución 04307 del
17 de agosto de 2004.
Afirmaron que la sentencia objeto de tutela perjudicó a quienes se vieron
gravemente afectados con el acto administrativo que dictó CASUR, pues les
impidió defenderse y acceder a la administración de justicia para exponer que
Medardo Serna Vallejo no adeuda suma alguna a la Caja de Sueldos y que,
por el contrario, es dicha entidad la que le adeuda honorarios al contratista,
como ya fue resuelto por el Consejo de Estado en sentencia del 21 de abril de
2004.
Con fundamento en lo anterior, la parte actora invocó el desconocimiento del
precedente judicial, concretamente la sentencia del 15 de octubre 2015, de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que, a su vez, se citó el fallo del
5 Expediente número 11197.
6 Donde se adelantaba el proceso de sucesión de Medardo Serna Vallejo, expediente: 019 1995-6685.
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Demandante: María Eugenia Serna de González y otros
25 de abril de 20127, según el cual:
“Es más, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado de manera precisa que los
cesionarios de créditos no están legitimados en la causa para impetrar la acción de
controversias contractuales pues la cesión del crédito, a diferencia de la cesión del
contrato, no altera ni modifica los sujetos de la relación contractual. En efecto, en
sentencia del 25 de abril de 2012, esta corporación señaló que:
La acción que debió ejercer la parte actora no era la de controversias contractuales,
porque la cesión de crédito no altera los sujetos del contrato de obra del cual proviene
el crédito cedido, es decir, que si se perfeccionó la cesión –asunto sometido a debate
por las partes, y también por el tribunal a quo- el contratante –es decir, el HIMAT- y el
contratista –es decir, el señor Carlos Alberto Gómez Arboleda- continuaron siendo los
mismos y por eso Diamante Compañía de Financiamiento Comercial era un tercero, no
parte del negocio de obra, porque tan sólo podía aspirar a ser titular del derecho a cobrar
de una fracción del acta de obra que le cedió el contratista” 8.
Indicó que, de acuerdo con el artículo 1969 del Código Civil “Se cede un derecho
litigioso cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis, del que no se hace
responsable el cedente. Se entiende litigioso un derecho, para los efectos de los siguientes
artículos, desde que se notifica judicialmente la demanda”.
Sobre el particular, mencionó la sentencia del 25 de mayo de 2011, de la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, en la que se precisó
que “El tenor del segundo inciso del artículo en cita, no ofrece dudas respecto de su
interpretación, es decir, el objeto de la cesión de derechos litigiosos existe luego de notificada
la demanda. Así pues, un contrato de cesión que se realiza antes del hecho requerido por la
norma, carece de objeto, toda vez que recae sobre algo que no existe. Ahora bien, de
conformidad con el ordenamiento civil colombiano, el objeto de las obligaciones debe ser
determinado, posible y licito, además, se deduce sin necesidad de hacer mayores esfuerzos
interpretativos, que el objeto de la obligación debe existir. En consecuencia, si el objeto de
toda cesión litigiosa es el evento incierto de la litis, entonces, es imperativo que ella exista”.
En igual sentido, la sentencia del 18 de octubre de 20179, en la que la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, precisó “El derecho litigioso existe
luego de notificada la demanda, momento en el cual surge, en estricto sentido, el proceso, de
modo que, si la cesión se hace antes, el objeto del contrato correspondiente recae sobre algo
inexistente, ya que para entonces no se ha trabado la litis (...) lo que supone un hecho futuro
e incierto, de modo que, cuando se hizo la cesión del derecho litigioso, éste ni siquiera existía,
por lo mismo que no había litigio al momento de realizar la cesión y ello impide por supuesto,
admitir dicha cesión”.
Asimismo, la sentencia del 12 de octubre de 2017, la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado10, que dijo:
“(...) el contrato de cesión de derechos litigiosos es una figura sustancial cuya regulación
se encuentra prevista en los artículos 1969 a 1972 del Código Civil; dicha normatividad
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección, sentencia del 25 de abril de 2012, M.P. Enrique Gil Botero
Exp. 20.817.
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Consejero
ponente: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Bogotá́ D.C., quince (15) de octubre de dos mil quince (2015).
Radicación número: 25000-23-26-000-2001-00229-01(28746). Actor: Luis Fernando Rodríguez.
Demandado: Distrito Capital. Referencia: Acción de Controversias Contractuales (Apelación Sentencia).
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Consejero
ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Bogotá́ D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil diecisiete
(2017). Radicación número: 13001-33-31-000-2013-00029-01 (57524). Actor: Rafael Ramón Paternina
Sumoza. Demandado: Instituto Nacional De Vías – Invías.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Consejero
ponente: Marta Nubia Velásquez Rico (E). Bogotá́ , D.C., doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00432-01(39074). Actor: Jairo Rafael Cañón Castañeda.
Demandado: Nación - Rama Judicial y Otro
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-02447-00 (Acumulados
11001-03-15-000- 2021-02526-00 / 11001-03-15-000-2021-06089-00)
Demandante: María Eugenia Serna de González y otros
lo define como un contrato aleatorio, a través del cual una de las partes de un proceso
judicial –cedente– , transmite a un tercero –cesionario–, en virtud de un contrato, a título
oneroso o gratuito, el derecho sobre el cual recae el interés de las partes del proceso,
cesión que bien puede ser celebrada por ambas partes del proceso, puesto que
cualquiera de ellas es titular del evento incierto de la litis y, por ende, la normatividad
sustancial y procesal, sin distingo alguno, les permite negociar tal condición, sea como
parte demandante -ejecutante- o como parte demandada -ejecutada-. En la celebración
de la cesión de derechos litigiosos intervienen sólo dos partes, a saber: la parte procesal
CEDENTE (tradente), quien transmite el evento incierto de la litis del cual hace parte el
derecho material o sustancial debatido en el proceso, quien debe responder tan solo de
la existencia del proceso más no de la suerte que pueda correr la relación jurídica que
se debate y el CESIONARIO (adquirente), quien obtiene el evento incierto o derecho
aleatorio, a título oneroso o gratuito. (...) En cuanto a los requisitos de perfeccionamiento
del contrato de cesión de derechos litigiosos, de conformidad con lo previsto en el
artículo 761 del Código Civil, cabe mencionar que dicho negocio jurídico se concluye
con la sola entrega del título (documento privado o publico) hecha por el cedente al
cesionario; no obstante, la Jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como
del Consejo de Estado, ha sostenido que para que la cesión de derechos litigiosos
produzca efectos jurídicos procesales, resulta necesario que el cesionario comparezca
ante el juez de la causa con el fin de que reconozca dicho negocio jurídico y dé traslado
del mismo a la parte cedida, con el fin de que ésta ultima se pronuncie respecto de la
eventual sucesión procesal que en virtud de la cesión de derechos litigiosos se pudiere
presentar. (...) una vez perfeccionado el contrato de cesión con el consentimiento de las
partes y verificada la tradición con la entrega del título de acuerdo, (art. 761 del C. Civil),
puede el cesionario intervenir en el proceso del cual hace parte el evento incierto de la
litis que adquirió, bien como litisconsorte de la parte cedente –caso en el cual no habrá́
sucesión procesal- o, bien sustituirlo dentro en el proceso, siempre y cuando el juez
admita la cesión y la contraparte cedida acepte liberar al cedente”.
Los accionantes indicaron que la decisión adolecía de una incorrecta
valoración de las pruebas que llevaban a concluir que la sociedad estaba
legitimada por activa, máxime cuando había dejado de actuar por muchos
años en relación con la situación del contrato en representación del señor
Medardo Serna.
De la motivación, manifestaron su descontento con las razones expuestas en
el fallo y consideraron que no se indicó nada en relación con la ausencia de
explicación en relación con el desconocimiento de los precedentes del Consejo
de Estado, sumado a la falta de congruencia y razonabilidad de la decisión y
que, no podía el magistrado ponente mencionar que no estaba de acuerdo con
la posición adoptada en su momento por la jurisdicción civil, familia, para
sustentar su decisión.
3.2. Acción de tutela Nro. 11001-03-15-000-2021-02526-00. Accionante:
Eleonora Serna Rey.
Citó apartes de la demanda de intervención excluyente que presentó en el
medio de control de controversias contractuales y dijo que allí señaló entre
otras, como causales de anulación, la infracción a las normas a las que debía
sujetarse, lo que fue reiterado en los alegatos de conclusión y en el recurso de
apelación, pero que la sentencia cuestionada le negó los efectos al contenido
de los artículos 52, 53 y 60 del Código de Procedimiento Civil y, 1963 y 1965
del Código Civil, dejando de aplicarlos al caso concreto sin justificación legal o
constitucional y que por tanto hacía que la decisión incurriera en un defecto
sustantivo.
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Demandante: María Eugenia Serna de González y otros
Alegó el desconocimiento del precedente jurisprudencial al reconocer como
parte activa a la sociedad Serna Melo y Cía. S en C, así como la existencia de
una cesión de derechos a su favor según documento del 2 de enero de 1991,
cuando no estuvieron presentes en los procesos adelantados ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo en el año 1995 donde se discutían
aspectos relacionados con el causante Medardo Serna Vallejo.
3.3. Acción de tutela Nro. 11001-03-15-000-2021-06089-00. Accionante: Serna
Melo y Cía. S en C.
Sostuvo que, revisado el proceso contencioso contractual en las dos
instancias, era posible concluir que en definitiva la decisión estaba incursa en
una “falsa motivación” al omitir el estudio de la demanda, sus anexos, el
dictamen pericial inicial, la relación jurídico procesal de las partes, la práctica
de pruebas y en general las etapas agotadas en el proceso ordinario.
Dijo la sociedad que en las pretensiones de la demanda no estaba
contemplada la solicitud de condena en abstracto tal como lo hacía ver el
Consejo de Estado en la sentencia cuestionada y que no tuvo en cuenta el
dictamen anexado de la proyección actuarial, que respaldaba la cuantía inicial
estableciendo un valor determinado, los que dijo, fueron modificados a través
de un nuevo perito nombrado en auto del 12 de octubre de 2007, lo que
indicaba que la cuantificación de las pretensiones estaba dada y que no era
una solicitud en abstracto.
4. Trámite impartido y acumulación
4.1. Por auto del 13 de mayo de 2021 el despacho del doctor Milton Chaves García
admitió la acción de tutela presentada por los señores María Eugenia Serna
de González, Julián Serna Naranjo y Rodrigo Serna Naranjo en contra del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B (expediente de tutela Nro.
11001-03-15-000-2021-02447-00), ordenó notificar a las partes y vinculó, en
calidad de terceros con interés al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, a la Sociedad Serna Melo y Cía. S en C, a la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional, CASUR y a los señores Héctor Nabar Serna
Naranjo, Ricardo Elías Serna Naranjo, Julián Orlando Serna Naranjo, María
Eugenia Constanza Serna Naranjo, Luis Eduardo Montoya Medina, Inés
Naranjo de Serna y Eleonora Serna Rey.
4.2. Por auto del 24 de mayo de 2021 el despacho de la doctora Rocío Araújo
Oñate admitió la acción de tutela presentada por la señora Eleonora Serna
Rey en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
(expediente de tutela Nro. 11001-03-15-000-2021-02526-00), ordenó notificar
a las partes y vinculó, en calidad de terceros con interés al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, a los
señores Inés Naranjo de Serna, Rodrigo Serna Naranjo, Héctor Nabar Serna
Naranjo, Ricardo Elías Serna Naranjo, Julián Orlando Serna Naranjo y María
Eugenia Constanza Serna Naranjo, a Luis Eduardo Montoya, a la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR, al Hotel Hilton Internacional
de Bogotá y a la sociedad Serna Melo y Cía. S en C.
4.3. Por auto del 10 de septiembre de 2021 el despacho de la doctora Nubia
Margoth Peña Garzón admitió la acción de tutela presentada por la sociedad
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-02447-00 (Acumulados
11001-03-15-000- 2021-02526-00 / 11001-03-15-000-2021-06089-00)
Demandante: María Eugenia Serna de González y otros
Serna Melo y Cía. S en C en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B (expediente de tutela Nro. 11001-03-15-000-2021-06089-00),
ordenó notificar a las partes y vinculó, en calidad de terceros con interés a los
señores Inés Naranjo de Serna, Rodrigo, Héctor, Ricardo, Julián y María
Eugenia Serna Naranjo, Eleonora Serna Rey y Luis Eduardo Montoya Medina,
a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR y a la Sección
Tercera, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
4.4. Por auto del 1º de julio de 2021 la magistrada Rocío Araújo Oñate ordenó la
remisión de la acción de tutela Nro. 11001-03-15-000-2021-02526-00 con
destino al proceso de tutela Nro. 11001-03-15-000-2021-02447-00 para
posible acumulación.
4.5. En providencia del 2 de agosto de 2021, el despacho del magistrado Milton
Chaves García ordenó la acumulación del proceso constitucional Nro. 11001-
03-15-000-2021-02526-00 al expediente de tutela Nro. 11001-03-15-000-
2021-02447-00 que cursaba en su despacho.
4.6. Por auto del 16 se septiembre de 2021, el doctor Milton Chaves García,
consideró necesario requerir a la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, al Juzgado 19 de Familia del Circuito de Bogotá́ , a la Sala de
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y al Juzgado
Noveno Civil del Circuito de Bogotá́ , a fin de que allegaran copia de algunas
providencias necesarias para emitir pronunciamiento de fondo en los procesos
de tutela acumulados Nros. 11001-03-15-000-2021-02447-00 y 11001-03-15-
000-2021-02526-00.
4.7. Por auto del 12 de noviembre de 2021, el magistrado Milton Chaves García
indicó que, al no haberse aprobado la ponencia presentada en la Sala del 11
de noviembre de 2021, ordenaba la remisión del expediente acumulado de los
procesos Nros. 11001-03-15-000-2021-02447-00 y 11001-03-15-000-2021-
02526-00 al despacho del magistrado que seguía en turno, para decidir.
4.8. Mediante auto del 19 de noviembre de 2021, el despacho de la doctora Nubia
Margoth Peña Garzón perteneciente a la Sección Primera de la Corporación,
ordenó remitir el expediente correspondiente a la acción de tutela Nro. 11001-
03-15-000-2021-06089-00 con destino a este proceso, para estudiar su posible
acumulación con el expediente acumulado 11001-03-15-000-2021-02447-00 y
11001-03-15-000-2021-02526-00.
4.9. El 9 de diciembre de 2021 el expediente acumulado con los procesos de tutela
Nros. 11001-03-15-000-2021-02447-00 y 11001-03-15-000-2021-02526-00,
pasó al despacho de la consejera ponente de la presente decisión.
4.10. Mediante providencia del 13 de diciembre de 2021, se resolvió acumular el
proceso de tutela Nro. 11001- 03-15-000-2021-06089-00 al expediente de
tutela acumulado con los procesos Nros. 11001-03-15-000-2021-02447-00 y
11001-03-15-000-2021-02526-00.
5. Intervenciones
5.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, considera que la
providencia y el expediente de la respectiva acción de controversias
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Demandante: María Eugenia Serna de González y otros
contractuales, contienen los argumentos y elementos necesarios para que el
juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda.
5.2. El señor Ricardo Serna Naranjo allegó escrito en el que manifestó coadyuvar
la presente acción de tutela y sostuvo que la sentencia del 1 de junio de 2020
“dice sustentarse, entre otras cosas, en su propia interpretación de las decisiones
adoptadas por la Justicia Civil – Familia Ordinaria”; sin embargo, a su juicio, lo que
hizo en la práctica el Consejo de Estado fue el desconocimiento de dichas
decisiones y, por ende, violar el principio de cosa juzgada, pues, precisamente,
en esas decisiones se reconoció la legitimación en la causa de los sucesores
de Medardo Serna Vallejo.
Insistió en que el contrato 07 de 1980 nunca fue objeto de cesión contractual
y, por lo tanto, hasta el día de la muerte, el señor Medardo Serna Vallejo fue
el contratista y, en consecuencia, los sucesores están legitimados para
oponerse a los actos administrativos de liquidación del contrato dictados por
el contratante estatal, como se ha reconocido en la jurisprudencia reiterada del
Consejo de Estado.
Señaló que las decisiones de la justicia civil reconocieron la legitimación de los
sucesores de Medardo Serna Vallejo, hasta el punto de hacerlos responder
ante Casur, por un dinero que le fue pagado directamente al contratista en
relación con el contrato 07 de 1980. Es decir, que la justicia civil – familia,
determinó que, si bien el contratista quiso autorizar a la Sociedad Serna Melo
y Cía. S en C para reclamar ese dinero, lo cierto es que él mismo lo reclamó y
siguió actuando como si no hubiese ocurrido dicha cesión de cuenta.
Adujo que la sociedad Serna Melo, hasta ahora aparece en el proceso
cuestionado para alegar la cesión de derechos litigiosos, pues nunca lo hizo
en relación con los procesos que estaban en curso al momento en que
supuestamente Medardo Serna Vallejo les otorgó ese derecho.
Reiteró que no resulta ajustado a derecho que el Consejo de Estado reconozca
derechos litigiosos en el proceso de controversias contractuales contra las
Resoluciones 0013 de 12 de enero de 2005 y 002096 del 14 de abril de 2005
proferidas por Casur, cuando el documento que se presentó como soporte de
esos supuestos derechos litigiosos fue suscrito muchos años atrás de la fecha
en que se trabó la litis y en relación con otros procesos judiciales distintos,
además, indicó que tampoco resultó ajustado a derecho que el Consejo de
Estado en la sentencia del 1 de junio de 2020, no explicara ni sustentara la
razón para apartarse de los precedentes judiciales dictados por la misma
sección tercera, en relación con este asunto.
Finalmente, dijo que resulta contrario a la confianza legítima que el mismo
Consejo de Estado haya reconocido como legitimados a los sucesores de
Medardo Serna Vallejo en otro proceso que resolvió sobre la caducidad del
contrato 07 de 1980, pero ahora la misma Sección Tercera del Consejo de
Estado afirme en la sentencia del 1 de junio de 2020, que éstos no están
legitimados para oponerse a la liquidación efectuada por Casur en relación con
el mismo contrato.
5.3. La Sociedad Serna Melo y Cía. S. en C. solicitó declarar improcedente la
acción de tutela, para lo cual afirmó que el tutelante no puede ni siquiera
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Demandante: María Eugenia Serna de González y otros
mencionar que se trató de una supuesta cesión de derechos litigiosos, porque
está desconociendo la prueba documental que obra en el proceso, la que no
fue tachada.
Dijo que el Consejo de Estado, en la sentencia cuestionada, hizo una
exposición de motivos para denegar el derecho que se pretendían por
ausencia total de prueba y de legitimidad, dado que, desde el inicio del
proceso, su participación carecía de todo sustento probatorio. La cesión de un
crédito, sobre suma determinada, nada tiene que ver con la cesión total e
integral de todos los derechos que dieron lugar a reclamar los resultados de la
liquidación del contrato de honorarios suscrito entre Medardo Serna y la
entidad CASUR.
Que el debate sobre la cesión de derechos ante el Juzgado 19 de Familia del
Circuito de Bogotá́ tiene como naturaleza jurídica la cesión o endoso de saldos
parciales, que han debido figurar en un contrato de cesión o en un endoso
entre el causante y la presunta cesionaria y agregó que los hechos ventilados
en un proceso civil, nada tiene que ver con la cesión de los derechos litigiosos,
cuyo trámite procesal terminó con un auto negando el levantamiento del
embargo.
Señaló que los reclamos judiciales que Medardo Serna tramitó en vida como
persona natural contra la entidad, derivados del contrato 07 de 1980, aun
habiendo hecho la cesión de los derechos litigiosos o crediticios, tenían la
alternativa de ser cobrados por él o por la sociedad Serna Melo y que cualquier
otra reclamación presentada en vida ante las diferentes autoridades judiciales
o administrativas, era él quien como persona natural asumía esa
responsabilidad y no necesariamente como representante de la sociedad.
Que las decisiones de los Tribunales que hicieron tránsito a cosa juzgada,
ahora incorporados a la tutela, no pueden dar motivo a una tercera instancia y
así pretender revivir un debate probatorio al que le antecedieron muchos años,
los cuales concluyeron en la sentencia del Consejo de Estado del 21 de abril
de 2004, reconociendo los derechos que le correspondían a Medardo Serna
dentro del contrato 07 de 1980.
5.4. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR, indicó que el
Juez Natural es autónomo e independiente y debe aplicar las normas legales,
especiales y vigentes, como también los parámetros jurisprudenciales
aplicables para los respectivos casos.
5.5. La señora Eleonora Serna Rey, manifestó que presentó acción de tutela
contra la misma decisión y autoridad judicial, por lo que pidió se admitiera la
demanda por ella presentada y se ordenara la acumulación con el expediente
de tutela Nro. 2021-02447-00 para de esta manera evitar fallos inhibitorios.
5.6. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil-Familia,
indicó que se hizo una búsqueda del proceso solicitado pero que en la base
de datos se encontró que el mismo fue remitido a la Corte Suprema de Justicia
ante una solicitud de casación presentada que se declaró desierta mediante
auto del 31 de julio de 2007 y que se remitió en consecuencia al Juzgado 9 de
Familia de Bogotá.
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Demandante: María Eugenia Serna de González y otros
5.7. Los señores María Eugenia, Rodrigo y Julián Serna, se pronunciaron y
solicitaron la acumulación de los expedientes de tutela que versaban sobre los
mismos hechos y pretensiones, como era el caso de la tutela por ellos
presentada.
5.8. Los señores Héctor Nabar Serna Naranjo, Ricardo Elías Serna Naranjo,
Luis Eduardo Montoya Medina, Inés Naranjo de Serna, el Hotel Hilton
Internacional de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “B”, no se pronunciaron.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199111, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales12 y especiales13 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones. Por ende, los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
11 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
12 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
13 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
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11001-03-15-000- 2021-02526-00 / 11001-03-15-000-2021-06089-00)
Demandante: María Eugenia Serna de González y otros
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala, de manera preliminar,
establecer si se cumplen a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad,
específicamente el de relevancia constitucional.
De superar dicho estudio, corresponderá a la Sala establecer si el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, al proferir la providencia del 1º de junio de
2021, emitida en el medio de control de controversias contractuales con radicación
Nro. 25000-23-26-000-2005-021-4403-00/01, incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo, indebida motivación, orgánico y en desconocimiento del precedente
judicial, de acuerdo con los argumentos presentados por los accionantes en los
procesos acumulados correspondientes.
4. El requisito de relevancia constitucional y su análisis en el caso concreto
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel
puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.
Con base en esta premisa, uno de los requisitos generales para la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales es que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
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Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»14. Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de
importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al
juez natural15.
De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a
consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración
de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido
en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para
adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante
el juez de la causa.
En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la
presente acción, tiene su justificación en la medida en que “sí es menester que el
14 Ibidem
15 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos” 16.
4.2. Del análisis del caso concreto, encuentra la Sala que no se cumple el requisito
de relevancia constitucional pues, se advierte que, a través de la presente
acción de tutela la sociedad actora busca prolongar la discusión sobre
aspectos de orden legal, que escapan al ámbito de intervención del juez de
tutela, pues su labor está circunscrita a la protección de derechos
fundamentales.
En este punto, resulta pertinente recordar que la jurisprudencia constitucional
ha dicho que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó
como un análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión
atacada y la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece
a su naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio, no
constituye en sí misma una vulneración de derechos fundamentales. De
aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra
providencias judiciales, como mecanismo excepcional.
Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha sostenido que cuando se
controvierten decisiones judiciales, la procedencia del amparo está sujeto a
que el asunto sea de tal relevancia en materia constitucional, que se logre
apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración grosera o de bulto, lo que no
ocurre en este caso.
4.3. Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra necesario mencionar los
argumentos legales que presentaron los accionantes en los escritos de tutela
respectivos:
De una parte, los actores María Eugenia Serna de González, Julián Serna
Naranjo y Rodrigo Serna Naranjo (AT 2021-02447-00), plantean en concreto
su inconformidad en la forma como se desarrolló el problema jurídico por parte
de la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, en específico, la
interpretación de normas tales como el artículo 1969 del Código Civil que se
refiere a la cesión de derechos litigiosos y que además reforzaron con la
interpretación que al respecto ha hecho la jurisprudencia en relación con esta
figura. Adicionalmente se refirieron no solo a la interpretación que se dio a las
sentencias de la justicia civil, familia, emitidas en el proceso de sucesión del
fallecido señor Serna sino también a la violación del artículo 68 de la Ley 1564
de 2012 referido a la figura de la sucesión procesal.
Por su parte, la accionante Eleonora Serna Rey (AT 2021-02526-00),
cuestionó la ausencia de aplicación de los artículos 52, 53 y 60 del Código de
Procedimiento Civil y, 1963 y 1965 del Código Civil.
La sociedad Serna Melo y Cía. S en C (AT 2021-06089-00), si bien está de
acuerdo con la decisión de la Sección Tercera, Subsección B cuestionada, en
lo que le es favorable, censura que se hubiera emitido un fallo inhibitorio en
relación con sus pretensiones y en esa medida anuncia la existencia de un
defecto sustantivo, entre otros, mostrando su inconformidad con la decisión.
16 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
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4.4. Observa la Sala que en las instancias correspondientes del medio de control
de controversias contractuales, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B y la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, resolvieron el problema jurídico relacionado con la
demanda en la que se pretendió la nulidad de los actos administrativos por los
que se realizó el ajuste de la liquidación del contrato 007 de 1980 y sus
adicionales, suscrito entre Medardo Serna Vallejo (q.e.p.d.) y la Caja de Retiro
de la Policía Nacional “CASUR” con el propósito de elaborar el proyecto
definitivo y la dirección arquitectónica del edificio que serviría como segunda
torre del Hotel Hilton Internacional de Bogotá, así como de aquellos que
resolvieron los recursos contra la decisión inicial de liquidación contenida en
la Resolución 0013 del 12 de enero de 2005.
Como consecuencia de tal declaración de nulidad, se pidió que se ordenara a
CASUR el pago de la liquidación de los honorarios profesionales a favor de la
sociedad Serna Melo y Cía. S en C, como cesionaria de los derechos litigiosos,
sobre el proyecto definitivo y la dirección arquitectónica del mencionado
edificio, que en su momento fueron realizados por el extinto señor Medardo
Serna, con los respectivos intereses e indexación.
4.5. En primera instancia, el tribunal en sentencia del 15 de febrero de 2012: i)
declaró la falta de legitimación por activa de la sociedad Serna Melo y Cía. S
en C, ii) dispuso tener como demandantes a los intervinientes ad
excludendum, iii) declaró la nulidad de los actos administrativos demandados
y iv) declaró la falta de jurisdicción en relación con las pretensiones de
liquidación y reconocimiento de perjuicios.
En segunda instancia, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado mediante sentencia del 1º de junio de 2020 modificó la decisión del a
quo de la siguiente manera: i) declaró acreditado el presupuesto de
legitimación por activa en la causa de la sociedad Serna Melo y Cía. S en C,
ii) declaró que los intervinientes excluyentes carecían de legitimación por
activa en el asunto y iii) se declaró inhibida para resolver la nulidad de las
resoluciones demandadas y el restablecimiento del derecho solicitado.
Los tutelantes se mostraron inconformes con la decisión y mencionaron una
serie de sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera en las que se ha
señalado cuándo se entiende la cesión de un derecho litigioso, apoyados en
las normas del Derecho Civil que se refieren a este tipo de cesión, además, la
sociedad Serna Melo y Cía. S en C, mencionaron que la decisión cuestionada
no tuvo en cuenta las pruebas que podían dar cuenta de un restablecimiento
del derecho como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos
demandados y, cuestionó la decisión por una “falsa motivación”, lo que una
vez más, muestra el descontento en la decisión de cierre correspondiente.
4.6. De esta manera, se tiene que la autoridad judicial accionada dio trámite a la
demanda y al recurso de apelación interpuesto contra la decisión de primer
grado, abordando la totalidad de aspectos relevantes, sustentado en las
normas y la jurisprudencia aplicable y atendiendo a las pruebas legal y
oportunamente aportadas al expediente, de manera que lo que se advierte en
los escritos de tutela acumulados es insistir en aspectos resueltos por la
autoridad judicial demandada, buscando una interpretación distinta de las
normas que hizo el órgano de cierre en la sentencia cuestionada tanto en
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relación con la legitimación por activa, como en la forma como se abordó el
problema jurídico y se llegó a la conclusión de declararse inhibido para resolver
la nulidad de las resoluciones demandadas y el restablecimiento del derecho
solicitado, buscando prolongar una discusión de orden legal que ya fue
ampliamente analizada por el juez natural.
Fue así como la sentencia cuestionada se orientó a establecer si al momento
del fallecimiento del señor Serna Vallejo la sociedad era o no titular de la cesión
de los derechos de crédito derivados de un contrato; para lo cual, hizo un
análisis de las normas y las figuras jurídicas allí contempladas, en los
siguientes términos:
“…El Código Civil trata de tres clases de cesiones: de créditos personales; de derechos
de herencia y de derechos litigiosos, cada una de las cuales tiene su propio régimen.
Interesan para los efectos del presente proceso, (1) la cesión de crédito y, (2) la cesión
de derechos litigiosos.
1) La cesión de un crédito genera dos tipos de relaciones: entre cedente y cesionario y
entre cesionario y deudor. Para que la cesión sea eficaz entre cedente y cesionario [a
cualquier título que se haga], se requiere de la entrega del título [si el crédito consta por
escrito, o del otorgamiento de uno por parte del cedente] y de su notificación o aceptación
por el cesionario.
Para que la cesión produzca efecto frente al deudor y frente a terceros, se requiere que
sea notificada por el cesionario al deudor, o aceptada por éste [Artículo 1960 del Código
Civil], mediante la exhibición del título, en el que se haya anotado el traspaso del
derecho, con la designación del cesionario, bajo la firma del cedente. La ley no exige
como requisito de eficacia de la cesión de un crédito que se indique si ésta se hace a
título oneroso o gratuito. Le asigna, sin embargo, distintos niveles de responsabilidad al
cedente, según una u otra modalidad de cesión [artículo 1965 del Código Civil].
2) La cesión de un derecho litigioso es el acto jurídico en virtud del cual una persona
transfiere a otra, a título oneroso o gratuito, los derechos que se controvierten en
juicio. De esta manera, se cede la posición de sujeto de la relación jurídica procesal y
con ella la posibilidad de ejercer las facultades y derechos que de allí se derivan, con
miras a conseguir una decisión final favorable, que en manera alguna garantiza la cesión,
pues se trata de derechos inciertos.
El acto de la cesión está desprovisto de toda solemnidad, toda vez que ninguna norma
exige algún tipo de formalidad.1. El adquirente a cualquier título del derecho litigioso
podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular o sustituirlo en el proceso, siempre
que la parte contraria lo acepte expresamente. A partir de los anteriores supuestos, la
Sala procederá a examinar la cesión de derechos efectuada por MEDARDO SERNA
VALLEJO a favor de la sociedad SERNA MELO. […]
“Para la Sala no cabe duda que se está en presencia de una cesión válida de derechos
litigiosos efectuada por MEDARDO SERNA VALLEJO desde el 2 de enero de 1991 a
favor de la Sociedad SERNA MELO & CIA S. EN C., de los derechos que al primero le
pudieran corresponder dentro de los procesos judiciales en que se debatían los
honorarios causados a su favor por los planos y diseños que elaboró para CASUR”.
[…]
Y en relación con las decisiones de la jurisdicción ordinaria (civil – familia), la
autoridad judicial accionada, concluyó:
“Se concluye que el a quo construyó su entendimiento de la posición de la jurisdicción
civil acerca de la titularidad de las sumas pagadas por CASUR a partir de una
interpretación errada de la Sentencia de 27 de abril de 2007 de la Sala de Familia del
Tribunal de Distrito de Cartagena y con base en los fundamentos que dejó expresados
el Juzgado 19 de Familia de Cartagena al resolver un incidente de desembargo, que la
Sala no puede compartir. Se reitera, en consecuencia, que se modificará la decisión
del fallador de primera instancia en cuanto consideró que SERNA MELO carecía de
legitimación activa en la causa”.
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4.7. En ese sentido, encuentra la Sala que los tutelantes plantean una discusión
de aspectos de orden legal que, si bien se proponen bajo la caracterización
de una serie de defectos que se anunciaron en cada una de las demandas de
tutela que ahora están acumuladas, estos obedecen es a una inconformidad
en relación con el análisis del caso y de las normas aplicables, efectuado por
la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación, en busca de obtener
una decisión favorable a sus pretensiones, pues, por una parte, quienes fueron
demandantes ad excludendum y herederos del fallecido Medardo Serna
Vallejo, discuten y censuran que se haya tenido como legitimada en la causa
por activa a la sociedad Serna Melo y Cía. S en C y, por otra parte, esta
compañía discute que se haya hecho un análisis que hubiera impedido un
pronunciamiento en concreto frente al restablecimiento del derecho,
considerando acertado que los herederos y demandantes ad excludendum no
tuvieran legitimación por activa como se declaró en la providencia.
De manera que, cada uno desde la visión de su interés en el proceso, discute
el análisis que hizo el órgano de cierre en cuanto a la interpretación válida de
una norma, lo que no puede nuevamente ser cuestionado por vía de tutela,
pues lo que se advierte en la decisión que se cuestiona es el estudio de las
pruebas del expediente así como de las normas que permitieron entender
quiénes eran los legitimados por activa, así como también la imposibilidad de
tener a los intervinientes ad excludendum en tal condición y, de otra parte, las
razones para entender que la demanda en los términos planteados,
presentaba una ineptitud insuperable que impedía un pronunciamiento de
fondo en relación con lo pretendido por la sociedad demandante.
Como lo ha reiterado la Corte Constitucional17, las cuestiones de simple
legalidad se alejan del objeto de la acción de tutela, pues el juez de la causa
goza de libertad interpretativa producto del respeto a su independencia y
autonomía. Luego, no corresponde al juez constitucional indicar cual es la
interpretación conveniente o correcta de la ley, salvo que se evidencie
arbitrariedad o capricho en el ejercicio de interpretación del juez de instancia,
lo que no se configura en el caso concreto.
Para la Sala, la solicitud de amparo resulta improcedente por falta de
relevancia constitucional ya que conforme la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la cuestión objeto de análisis debe tener trascendencia ius
fundamental y no solamente legal, contractual o de otra naturaleza como sería
la exclusivamente económica18, de manera que, en casos como el presente,
el debate no se centra en la vulneración de garantías superiores pese a
enunciarse en las demandas de tutela una serie de derechos fundamentales,
pues es necesario que el asunto puesto a consideración del juez de tutela
implique la transgresión de los mismos por parte de la autoridad judicial.
Por lo demás, se concluye que no existe un real cuestionamiento
iusfundamental en relación con una decisión judicial, sino simplemente la
exteriorización de la inconformidad de la parte accionante con la decisión del
juez de la causa, por resultar desfavorable a sus intereses. Y se tiene que las
discrepancias respecto de la apreciación del caso no ameritan, per se, la
17 Corte Constitucional. Sentencia SU949 de 2014 con ponencia de la doctora María Victoria Calle Correa.
18 Sentencia SU-282 del 20 de junio de 2019. Ponencia de la doctora Gloria Stella Ortiz Delgado.
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revocación por vía de tutela de una providencia judicial, porque hacerlo llevaría
a desconocer los principios de autonomía e independencia judicial
Finalmente, es importante precisar que tratándose de providencias judiciales
proferidas por altas cortes –quienes cumplen la función de unificar la
jurisprudencia y actuar como órganos de cierre en sus respectivas
jurisdicciones–, se exige la configuración de un error en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política
y que sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Lo cual no
acontece en el sub examine.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
de la referencia, por no cumplir a cabalidad con los requisitos generales de
procedibilidad de este mecanismo contra providencias judiciales, específicamente
el de la relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por los señores María
Eugenia Serna de González, Julián Serna Naranjo, Rodrigo Serna Naranjo,
Eleonora Serna Rey y la sociedad Serna Melo y Cía. S en C, de conformidad
con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
SALVO VOTO
21
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