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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-02471-00

Acción de tutela contra autoridades administrativas

Fecha
19 de agosto de 2021
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-02471-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia de 22 de julio de 2021, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del expediente 2021-02250-00, actora: Catalina Arbeláez Trujillo y otros, en relación con la suspensión de la asistencia militar dispuesta en el Decreto 575 de 2021, “Por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público”, expedido por el Presidente de la República. Segundo.- NIÉGANSE las demás pretensiones de la acción de tutela promovida por los señores Esteban Quesada Sánchez, Andrea Valentina Velásquez, Melixa Rodríguez Parrado, Gilma Socorro Vanegas Romero, Luz Marina Díaz Salamanca, Juan Carlos Cristancho Cuesta, Rosalba Sánchez Gómez, Ronald Quesada Sánchez, Miguel Ángel Castillo Monroy, Luis Felipe Narváez Gómez, Julio Roberto Rincón Cristancho, Pablo Alejandro Cristancho, María del Socorro Cristancho, José Joaquín Cristancho, Pablo Emilio Quesada Soracá, Nelson López Soracá, Juan Carlos Niño Duran, María José Cristancho Vanegas, Karilym Ramírez Pérez, Jessica Andrea Vanegas Mora, Miguel Ángel Cendales Reyes, Dara Michelle Morales Nova, Angela Johanna Bautista Pulido, Andrés Gilberto Montañez Escarraga, Laura Esperanza Esguerra, Gilma Socorro de Vanegas, Julián Camilo Ochoa Reyes, por las razones expuestas. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-02471-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

19 de agosto de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS / DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTESTA PACÍFICA / PARO NACIONAL / SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – Sentencia 7641-2020 Amparo el derecho a la protesta pacífica a todos los ciudadanos / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DESCATO –En lo relacionado con el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia / INCIDENTE DE DESACATO - En curso

La parte actora incluyó en los fundamentos y en las pretensiones de la demanda aspectos que hacen parte del debate sobre el cumplimiento de la sentencia de tutela STC-7641-2020 de 20 de septiembre de 2020, emanada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. (…) En el caso bajo estudio, la Sala advierte la existencia de otro mecanismo idóneo para reclamar el cumplimiento de la sentencia de tutela STC-7641-2020 de 20 de septiembre de 2020, proferida por la Sala de Casación Civil la Corte Suprema de Justicia, esto es el trámite de cumplimiento y el incidente de desacato ante el juez de primera instancia, contemplados en los referidos artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991. En efecto, una vez consultado el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial se evidenció que actualmente se encuentra en curso ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, el incidente de desacato con radicado No. 1100122-03-000-2019-02527-03, por lo que será en ese trámite en donde corresponde verificarse el cumplimiento de la citada sentencia de tutela y no a través de este mecanismo de protección constitucional. Así las cosas, la acción de tutela resulta improcedente en lo relacionado con el cumplimiento del precitado fallo.

ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA - Protocolo expedido en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia tutela STC-7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia / PROHIBICIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO EN LAS MANIFESTACIONES O ACTOS SIMBÓLICOS POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL O DEL ESMAD - Expresamente prohibido en el ordenamiento jurídico / SUSPENSIÓN DEL USO DE ARMAS DE FUEGO EN LAS JORNADAS DE PROTESTA – No resulta factible suspender una medida que ya se encuentra expresamente prohibida en el ordenamiento jurídico / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Sobre la suspensión del uso de armas de fuego y armas de proyección o lanzamiento de proyectiles en manifestaciones públicas hasta tanto se emita el protocolo ordenado en la sentencia STC7641-2020, dictada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Lo primero que debe advertir la Sala, es que en cumplimiento de lo establecido en el literal b) del ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de tutela STC7641-2020 de 22 de septiembre de 2020, emanada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la República expidió el Decreto 003 de 2021, por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA”. Además, resulta importante señalar que, en el citado Protocolo, así como en ninguna otra norma o reglamento se encuentra autorizado el uso o porte de armas de fuego por parte de los miembros de la Fuerza Pública que brindan el acompañamiento en las jornadas de manifestación pública, por lo que en todo caso no resulta factible suspender una medida que ya se encuentra expresamente prohibida en el ordenamiento jurídico. En efecto, el artículo 35 del Decreto 003 de 2021, como una medida concomitante que se ejecuta por parte de las autoridades de policía con el fin de garantizar el ejercicio de la manifestación pública, y salvaguardar las garantías constitucionales de quienes participan o no en las mismas (art. 25), consagró la prohibición del uso de armas de fuego (…) Entonces, teniendo en cuenta que la pretensión dirigida a la suspensión del “uso de armas de fuego y armas de proyección o lanzamiento de proyectiles en manifestaciones públicas” estaba condicionada a la expedición del protocolo ordenado en la sentencia de tutela STC-7641-2020 y ello se cumplió desde antes de que se formulara la acción de tutela -10 de mayo de 2021- con el Decreto 003 de 5 de enero de 2021, no hay razones para encontrar acreditada la vulneración de los derechos fundamentales en el contexto expresado en la demanda en relación con este asunto

AGENTES QUÍMICOS PARA ENFRENTAR DISTURBIOS / USO DE LOS GASES LACRIMÓGENOS COMO ARMA MENOS LETAL - Regulado bajo criterios de proporcionalidad, necesidad y racionabilidad / AFECTACIÓN A LA SALUD POR USO DE GASES LACRIMÓGENOS – Falta de elementos probatorios que lo evidencien con algún grado de certeza científica / AUMENTO DEL RIESGO DE CONTAGIO DEL COVID-19 POR USO DE GASES LACRIMÓGENOS - Ausencia de prueba / MEDIOS DE PRUEBA / VALOR PROBATORIO DE LAS NOTAS PERIODÍSTICAS / NOTAS PERIODÍSTICAS – No tienen la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de la vulneración de los derechos fundamentales alegados

Respecto de la suspensión del uso de gases lacrimógenos con el objetivo de dispersar manifestaciones públicas o reprimirlas, lo que aumenta el riesgo de contagio del COVID-19 (…) Para efectos de fundamentar ese argumento, aportaron el documento titulado “The Problematic Legality of Tear Gas Under International Human Rights Law”, publicado por la Universidad de Toronto, Canadá, en el que se pone de presente la posible afectación a la salud por los gases lacrimógenos. Sin embargo, anticipa la Sala que dicho documento no permite acreditar con grado de certeza, que el uso de gases lacrimógenos pone en riesgo la vida y la salud de los accionantes y de otros manifestantes y, que además, el uso de ese elemento, bajo los parámetros legales, constituye un obstáculo para el ejercicio del derecho de protesta. De hecho, a manera de conclusión el documento señala que el riesgo para la salud ocurre cuando su uso es indiscriminado y que bajo ese parámetro puede provocar serias violaciones a los derechos humanos y tener consecuencias para la salud, empero, en este caso concreto no se aportaron pruebas que permitieran concluir, como lo afirman los demandantes, que su uso ha sido excesivo y que por la pandemia provocada por el COVID-19 incrementa el riesgo de muerte y debe ser categorizado como un arma letal. Adicionalmente, aun cuando el documento señala la necesidad de prohibir el uso de gases lacrimógenos, ese análisis y valoración, a juicio de la Sala, en principio corresponde adelantarse más en un escenario de control abstracto de constitucionalidad y de legalidad, por lo que escapa del ámbito competencial del juez de tutela. Del mismo modo, con el fin de probar la violación de los derechos fundamentales invocados, la parte actora aportó varios hipervínculos de notas periodísticas relacionadas con supuestos actos de violencia de la Policía Nacional contra los manifestantes en el marco del paro nacional que inició el 28 de abril de 2021. Las notas periodísticas provienen de redes sociales como twitter y de medios de comunicación como El Espectador, Blu radio, El País y Noticias ONU. Al respecto, la Sala considera que dichas pruebas carecen de la entidad suficiente para probar en sí mismas la existencia y veracidad de la vulneración de los derechos fundamentales alegados, pues como lo ha advertido esta Corporación en su jurisprudencia, de acuerdo con el artículo 165 del Código General del Proceso, dichas pruebas solo cuentan con un valor secundario del hecho y solo demuestran el registro mediático de los circunstancias, por lo que su “eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente ”. (…) en Colombia se encuentra regulado el uso de agentes químicos irritantes como el CS (Chlorobenzalmalononitrile) y OC (Oleoresin capsicum) en la Resolución No. 2903 de 2017, que los categorizó como armas menos letales (art. 18) que puede usar la Policía Nacional como último recurso para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública y para proteger la vida e integridad física de las personas sin mandamiento previo y escrito. El citado acto administrativo también establece que el uso de la fuerza responde a un criterio diferenciado y proporcionado de acuerdo con las características de cada procedimiento según las cuales opera la fuerza preventiva, a través del empleo de mecanismos de comunicación y disuasión y la fuerza reactiva que habilita la fuerza física y el empleo de armas naturales, menos letales y armas de fuego.

Al respecto, la Policía Nacional en la contestación de la demanda informó que este elemento “solo se utiliza cuando el disturbio sobrepasa las capacidades del personal policial que se encuentra ubicado en el lugar” lo que, de acuerdo con su relato, ocurre en la mayoría de los casos en que se presentan disturbios donde “las personas infractoras superan como mínimo en 4 o 5 veces más en número al dispositivo policial que realiza la intervención”. El Decreto 003 de 2021, por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA”, fijó los principios de la actuación de las autoridades de policía en manifestaciones públicas en el marco del respeto de los derecho humanos, de los principios de legalidad, igualdad y no discriminación, proporcionalidad, así como la atención a criterios de prevención y la aplicación de un enfoque diferencial. (…) Ahora bien, en relación con esos elementos resulta importante mencionar que el Decreto 003 de 2021 estableció como medida preventiva los actos de verificación a los elementos empleados por la Policía Nacional para el acompañamiento de las movilizaciones por parte del Ministerio Público (art. 19). Es decir, conforme con lo expuesto el uso de los gases lacrimógenos como arma menos letal, se encuentra regulado bajo criterios de proporcionalidad, necesidad y racionabilidad por parte de la Fuerza Pública para restablecer el orden público. Sobre el impacto de esos dispositivos en la salud de las personas, la Sala no encuentra elementos suficientes que permita evidenciar, en algún grado de certeza científica, que los componentes de los mismos causan graves afectaciones a la salud de las personas y que esa afectación se vea agravada en el marco de la pandemia por el COVID-19, además los accionantes tampoco cumplieron con este deber de probar (art. 167 Código General del Proceso). Al respecto, conviene señalar que en los informes presentados por las entidades accionadas se pone de presente el número de denuncias presentadas por víctimas en razón del actuar de la Policía Nacional, y advierten que una de las causas es el presunto uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Empero, no señalan que los componentes de los gases lacrimógenos estén causando un daño a la salud de las personas, tampoco que por esa causa se hubieren aumentado los contagios del COVID-19. Tampoco se encontraron reportes oficiales de organismos nacionales o internacionales especializados de salud, como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud o el Instituto Nacional de Salud, que permitan concluir que el uso de los gases lacrimógenos causa una afectación a la salud de las personas en razón del COVID-19, que permita al juez de tutela intervenir en la reglamentación del uso de tal elemento cuyo uso está autorizado en el ordenamiento jurídico, para detener la amenaza o superar la vulneración del derecho fundamental a la salud de los accionantes o de otros manifestantes.

ASISTENCIA MILITAR EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS SOCIALES / AUTORIZACIÓN DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS SOCIALES - Cuando se presenten hechos que afecten gravemente el orden público / PROHIBICIÓN DEL USO DE LA ASISTENCIA MILITAR EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS SOCIALES - Al no tratarse de un asunto de defensa nacional o amenaza contra el orden constitucional / SUSPENSIÓN DEL DECRETO / SUSPENSIÓN DE LA ASISTENCIA MILITAR – Orden impartida en otra acción de tutela

En relación con la suspensión de la asistencia militar ordenada por el Gobierno Nacional en el Decreto 575 de 2021, “Por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público” (…) resulta necesario señalar que esta Sala se pronunció en sentencia de 22 de julio de 2021, en la que amparó los derechos fundamentales a la protesta social, a la vida e integridad personal de los demandantes y de los demás manifestantes y, en consecuencia, dispuso “Suspender, de manera transitoria, el Decreto 575 de 2021, “Por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público”, expedido por el Presidente de la República, hasta que la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida definitivamente las demandas interpuestas contra ese decreto, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia”. Para efectos de fundamentar esa decisión, evidenció que la asistencia militar dispuesta en el Decreto 575 de 2021 está relacionada directamente con las movilizaciones sociales y, por lo tanto, se consideró que esa medida constituye una amenaza para el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública de los accionantes y de los manifestantes en general. Advirtió que no se cumplían los presupuestos para decretar la asistencia militar, en tanto las circunstancias a las que se hizo referencia en los considerandos del acto administrativo no amenazan el orden constitucional y se encuentran circunscritos a disturbios internos, con seguridad ciudadana, con la protección y control de civiles, funciones que están a cargo de la Policía Nacional. Además señaló que la “asistencia militar ordenada, entonces, implica la aplicación de límites legales al derecho de reunión, pues, aunque el decreto no lo diga expresamente, resulta evidente que la medida se decretó por el impacto de las protestas sociales que iniciaron el 28 de abril de 2021 y que, de hecho, aún se mantienen. Por tanto, las medidas de superar la alteración a la seguridad y convivencia; de levantar bloqueos y evitar la instalación de nuevos bloqueos, así como la reactivación de la movilidad, incluye la posibilidad de aplicación de la fuerza física por parte de las Fuerzas Militares en contra de los manifestantes, posibilidad que no está permitida por la Constitución”. Entonces, teniendo en cuenta que la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la sentencia de 22 de julio de 2021, suspendió el Decreto 575 de 2021, “Por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden Público”, la Sala dispondrá estarse a lo resuelto en esa providencia.

FALTA DE PRESENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LAS JORNADAS DE PROTESTAS DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL – Ausencia de elementos probatorios que lo acrediten / ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ÓRGANOS CON FUNCIONES DE MINISTERIO PÚBLICO Y LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LAS PROTESTAS Y MANIFESTACIÓNES PÚBLICAS – Expedición de guías que materializan el acompañamiento y la asesoría a las personas que participan en las protestas y soporte de pruebas del acompañamiento y monitoreo de las jornadas / GUÍA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS MOVILIZACIONES CIUDADANAS: ALCANCE E INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO / GUÍA DE DERECHOS, DEBERES, SERVICIOS Y RUTAS DE ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA PROTESTA SOCIAL PACÍFICA / LINEAMIENTOS PARA LA REVISIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ESCUADRÓN MÓVIL ANTIDISTURBIOS-ESMAD EN EL MARCO DE MANIFESTACIONES PÚBLICAS Y EN EVENTOS PRIVADOS

Pretensión relativa al acompañamiento de la Defensoría del Pueblo en el marco de las protestas. Los accionantes aseveraron que la Defensoría Pública no se ha hecho presente en las jornadas de protestas desarrolladas en el marco del paro nacional. Sobre dicha acusación, se observa que no se aportaron elementos probatorios suficientes que la respalden. La Defensoría del Pueblo en la contestación de la demanda de tutela evidenció la forma como se materializa el acompañamiento y la asesoría a las personas que participan en las marchas que se han desarrollado entre septiembre de 2020 y el 18 de mayo de 2021 para adelantar acciones de promoción, divulgación y protección del derecho de protesta pacífica y el control estricto fuerte e intenso sobre el actuar del ESMAD. Manifestó que, para cumplir con ese propósito, se diseñaron y ejecutaron distintas estrategias, tales como la “Guía de acompañamiento a las movilizaciones - ciudadanas: Alcance de intervención del Ministerio Público”, elaborada en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, que contiene orientaciones sobre el ejercicio del derecho de la protesta y los recursos que tienen a disposición las manifestantes víctimas de abuso policial. También informó que elaboró una guía de bolsillo titulada “Derechos, deberes, servicios y rutas de atención en el marco de la protesta social pacífica”, de la cual se han distribuido 17.500 copias en las jornadas de manifestaciones, entre otras. Mencionó que se expidió la Resolución No. 481 de 2021, por la cual se adoptaron “Los lineamientos para la revisión de elementos de dotación e identificación del escuadrón móvil antidisturbios-ESMAD- en el marco de manifestaciones públicas y en eventos privados” contenidos”, en donde se establecen las actividades previas, concomitantes y posteriores que deben desarrollarse por la Defensoría del Pueblo y por la Fuerza Pública, para la verificación y control sobre el actuar y los elementos que emplea el ESMAD en el marco de las manifestaciones públicas. Del mismo modo, afirmó que se concretó una agenda para la capacitación sobre la promoción y divulgación de los derechos humanos y los estándares internacionales para el uso de la fuerza y el restablecimiento del orden público. Concretamente, se refirió a las actuaciones ejecutadas entre el 28 de abril y 18 de mayo de 2021, destacando que se han dispuesto 441 servidores públicos adscritos a las 42 Defensorías Regionales y el nivel central para el acompañamiento en 1279 marchas y movilizaciones que se han desarrollado, asimismo existen 303 defensores públicos disponibles para prestar el servicio de defensoría a quien lo requiera. Acreditó a través de actas de informe y verificación aportadas con el escrito de contestación, que la Defensoría del Pueblo ha efectuado 235 revisiones a las secciones del ESMAD en las cuales se ha verificado el número de efectivos disponibles, la identificación visible y el uso de implementos autorizados en la Resolución No. 2903 de 2017. Agregó que participaron en el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) instalado en la Dirección General de la Policía Nacional y en los PMU municipales y departamentales, en donde se realiza el monitoreo y coordinación para la atención interinstitucional de las manifestaciones y se dan las recomendaciones para el uso proporcional y diferenciado de la fuerza y el respeto de los derechos humanos.

Entonces, de acuerdo con lo anterior, la Sala no encuentra que se hubiese configurado la vulneración ius fundamental invocada por la parte actora, por la supuesta falta de “presencia” en las jornadas de protesta como lo aseguraron en la demanda, pues aunque los accionantes no expresaron con exactitud el alcance de la misma , la Sala encontró acreditado que la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus funciones legales y constitucionales ha brindado un acompañamiento y control sobre el actuar de la Fuerza Pública en el marco de las manifestaciones públicas y ha asegurado la disponibilidad del servicio de defensoría pública.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02471-00(AC)

Actor: ESTEBAN QUESADA SÁNCHEZ Y OTROS

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Temas: Tutela contra autoridades administrativas. Protesta social. Gases lacrimógenos y riesgo a la salud. Porte y uso de armas de fuego y de lanzamiento de proyectiles hasta que se emita protocolo ordenado en sentencia STC-7641-2020, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Asistencia militar en el marco de protestas sociales. Acompañamiento de la Defensoría del Pueblo en las marchas

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por los señores Esteban Quesada Sánchez, Andrea Valentina Velásquez, Melixa Rodríguez Parrado, Gilma Socorro Vanegas Romero, Luz Marina Díaz Salamanca, Juan Carlos Cristancho Cuesta, Rosalba Sánchez Gómez, Ronald Quesada Sánchez, Miguel Ángel Castillo Monroy, Luis Felipe Narváez Gómez, Julio Roberto Rincón Cristancho, Pablo Alejandro Cristancho, María del Socorro Cristancho, José Joaquín Cristancho, Pablo Emilio Quesada Soracá, Nelson López Soracá, Juan Carlos Niño Duran, María José Cristancho Vanegas, Karilym Ramírez Pérez, Jessica Andrea Vanegas Mora, Miguel Ángel Cendales Reyes, Dara Michelle Morales Nova, Angela Johanna Bautista Pulido, Andrés Gilberto Montañez Escarraga, Laura Esperanza Esguerra, Gilma Socorro de Vanegas, Julián Camilo Ochoa Reyes contra la Presidencia de la República, Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa Nacional y la Procuraduría General de la Nación, con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales a la vida, integridad física, libertad de expresión, reunión y manifestación pública y salud, los cuales consideran vulnerados y amenazados por las siguientes circunstancias originadas en el marco de las movilizaciones desarrolladas desde el 28 de abril de 2021: (i) el incumplimiento de la sentencia STC-7641 de 2020, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; (ii) el empleo de armas de fuego y lanzamiento de proyectiles sin que se expida el protocolo ordenado en la citada sentencia; (iii) el uso de gases lacrimógenos en el contexto de la pandemia por el COVID-19 y (iv) la asistencia militar ordenada por el Gobierno Nacional en el Decreto 575 de 2021 y (v) la falta de acompañamiento de la Defensoría del Pueblo en las marchas.

I. ANTECEDENTES

Hechos

La parte actora expresó que desde el 28 de abril de 2021 se adelantan jornadas de protesta, con el propósito de manifestar al Gobierno Nacional el desacuerdo con el proyecto de reforma tributaria presentado ante el Congreso de la República, expresar el rechazo frente a los actos de violencia de los cuales han sido víctimas los líderes sociales y exigir la garantía de los derechos sociales para la población colombiana.

Sostuvieron que esas jornadas se han visto afectadas por la intervención de la Fuerza Pública violando los derechos humanos de los manifestantes, como lo han informado distintas organizaciones para la protección de derechos humanos, tales como Defender la Libertad, Asunto de Todos, Temblores ONG, Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, la Central Unitaria de Trabajadores y la Fundación Solidaridad con Presos Políticos, que han puesto de presente el número de personas lesionadas, muertas, víctimas de abuso sexual y capturadas en ejercicio de una actuación arbitraria de miembros de la Policía Nacional y del Ejército Nacional.

Afirmaron que el 4 de mayo de 2021, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la situación que se vivió en Cali el 3 de mayo de 2021, en donde miembros de organizaciones para la protección de derechos humanos recibieron disparos cuando intentaban realizar labores de verificación sobre violaciones denunciadas.

Adujeron que ese mismo día el Defensor del Pueblo denunció que funcionarios de esa entidad, de la Procuraduría y miembros de organizaciones de derechos humanos fueron amenazados en el momento en que brindaban atención a los manifestantes detenidos en la Estación de Policía Fray Damián en la ciudad de Cali.

Relataron que, en esa misma fecha, la portavoz de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas reconoció y expresó su preocupación por los hechos de violencia contra las personas que participaron en las jornadas de protesta en Cali la noche del 3 de mayo de 2021 y recordó a las autoridades colombianas su responsabilidad de proteger los Derechos Humanos y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pública. Asimismo, indicó que los agentes del Estado deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de intervenir en las manifestaciones y, en ese marco, señaló que las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves.

Aseveraron que frente a las citadas circunstancias de violencia algunos congresistas radicaron una proposición de debate de moción de censura en contra del Ministro de Defensa Nacional, debido a las graves arbitrariedades y el desborde del uso de la fuerza pública por parte de los agentes del estado en las jornadas de protesta.

Mencionaron que el 5 de mayo de 2021, representantes del Colegio Claretiano de Bosa mediante comunicado a la opinión pública, denunciaron que el 4 de mayo de 2021 aterrizaron helicópteros de las Fuerzas Militares e ingresaron de manera arbitraria miembros de la Policía Nacional.

Adujeron que el país atraviesa el tercer pico de la pandemia por el COVID-19 y que la “comunidad científica” ha evidenciado que el uso de los gases lacrimógenos usados por la Fuerza Pública durante las manifestaciones, aumenta el riesgo de contagio por la secreción de fluidos corporales y nasales y porque obliga a las personas a quitarse el tapabocas, a lo que agregaron que “ese tipo de armas” producen afecciones respiratorias que sumadas con los síntomas causados por el virus, se produce un daño grave a la salud de las personas, por lo que debe considerarse un arma letal.
Por último, señalaron que el 4 de mayo de 2021, solicitaron a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa Nacional que se suspendiera el porte y el uso de armas de fuego y armas de proyección o lanzamiento de proyectiles por parte de la Fuerza Pública en las jornadas de manifestaciones públicas.

2. Fundamentos de la acción

Los accionantes consideraron vulnerados y amenazados los derechos fundamentales a la vida, integridad física, libertad de expresión, reunión, manifestación pública y salud por las siguientes circunstancias originadas en el marco de las movilizaciones desarrolladas desde el 28 de abril de 2021: (i) el incumplimiento de la sentencia STC-7641 de 2020, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; (ii) el empleo de armas de fuego y lanzamiento de proyectiles sin que se expida el protocolo ordenado en la citada sentencia; (iii) el uso de gases lacrimógenos en el contexto de la pandemia por la COVID-19; (iv) la asistencia militar ordenada por el Gobierno Nacional en el Decreto 575 de 2021 y (v) la falta de acompañamiento de la Defensoría del Pueblo en las marchas.

Indicaron que los actos de violencia perpetrados por la fuerza pública en las jornadas de manifestación, y que han sido denunciados por distintas organizaciones para la defensa de los derechos humanos y órganos de control, demuestran el peligro inminente en el que se encuentran los accionantes al participar en las protestas, así como la falta de acción por parte de los entes de control para garantizar la protección de los derechos humanos en esos contextos.

Sostuvieron que esas circunstancias han originado intranquilidad y temor de participar en las jornadas de protestas por el uso desmedido de la fuerza lo que “representa un obstáculo ilegítimo frente a nuestros derechos de reunión, manifestación, circulación y libertad personal, afectaciones que se tornan actuales en cada jornada de protesta”.

Alegaron el incumplimiento de la sentencia STC7641-2020 emanada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 20 septiembre de 2020, en la que se evidenció la violación sistemática de los derechos humanos por miembros de la Fuerza Pública y el uso de la fuerza en forma desproporcionada e irracional, empleando armas de fuego y armas consideradas de baja letalidad y, en consecuencia, ordenó “conformar una mesa de trabajo con participación activa de la sociedad en su conjunto para reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la emisión de dicho proveído, ii) expedir una reglamentación sobre la materia que tenga en cuenta, como mínimo, las directrices jurisprudenciales sobre uso de la fuerza en manifestaciones públicas, iii) suspender el uso de “escopetas calibre 12”, iv) establecer límites al máximo del uso de la fuerza para el control de disturbios teniendo en cuenta que el entrenamiento que reciben los uniformados «no debe estar dirigido a derrotar al enemigo, sino en función de la protección y control de civiles» y vi) que el Defensor del Pueblo realice un control “estricto, fuerte e intenso de toda la actuación” del ESMAD en el desarrollo de manifestaciones; de los avances obtenidos en este sentido el Gobierno Nacional y la Procuraduría General de la Nación deben rendir informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá”.

Afirmaron que la situación evidenciada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia se ha agudizado en las jornadas de protesta que iniciaron el 28 de marzo de 2020, en tanto la violencia perpetrada por agentes de la fuerza pública ha impedido que se adelanten las labores de verificación de los derechos humanos por parte de los organismos nacionales e internacionales y el registro de homicidios de los que han sido víctimas los manifestantes.

Reprocharon el uso de armas de fuego y armas de proyección sin que se haya expedido el protocolo ordenado en la mencionada sentencia STC 7641-2020, y la asistencia militar dispuesta por el Gobierno Nacional, a lo que agregaron que la Defensoría del Pueblo “no ha hecho presencia” en las marchas para garantizar la protección de los derechos humanos de los manifestantes y evitar que sean víctimas del abuso policial.

Por último, expresaron que debe mitigarse el riesgo de contagio del coronavirus durante las jornadas de protesta, para lo cual es necesario suspender el uso de gases lacrimógenos. Al respecto, señalaron que las autoridades nacionales y territoriales han intentado limitar el derecho a la libre reunión y manifestación pública aduciendo que no existe un protocolo claro de bioseguridad por parte de los organizadores de las marchas, sin embargo, son las propias autoridades quienes ponen en riesgo la salud de los manifestantes.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes:

“2. MEDIDA CAUTELAR

Teniendo en cuenta que, en los próximos días, se tienen programadas manifestaciones y reuniones públicas, por parte de niños, jóvenes estudiantes de colegios y universidades, organizaciones campesinas, obreras, trabajadoras, indígenas, entre otras, se solicita de manera urgente y teniendo en cuenta los principios de precaución, legalidad, proporcionalidad y necesidad del uso de la fuerza, que:

● Se ORDENE la suspensión del porte y uso de armas de fuego y armas de proyección o lanzamiento de proyectiles (como gases lacrimógenos o bombas aturdidoras) por parte de la Fuerza Pública (Policía y Ejército), durante la intervención de los mismos, en las reuniones y manifestaciones públicas en todo el territorio Colombiano, hasta tanto no se emita el protocolo y la normatividad dispuesta por el Alto Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria en la sentencia STC7641-2020, conforme a la parte motiva de dicha decisión.

● Se ORDENE a los accionados suspender la ASISTENCIA MILITAR en las ciudades, ordenada por el GOBIERNO NACIONAL y acatada de manera desbordada por las Fuerzas Públicas, con el objetivo de proteger a los protestantes de ataques desmedidos por parte de las mismas, evitar el aumento de muertes y heridos en las protestas, y garantizar el derecho a la manifestación y reunión pacíficas.

Se ORDENE el acompañamiento de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO en las marchas a nivel nacional, para que garanticen el derecho a la libre reunión y manifestación de manera pacífica y sin abusos de las Fuerzas Públicas, ya que no se han hecho presentes.

3. PETICIONES:

Se pide que dentro del trámite de la acción constitucional:

3.1. Se vincule a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, para que informe sobre el avance en la implementación de las órdenes emitidas por la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia STC 7641-2020, asimismo, se vincule a la Universidad Nacional de Colombia, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a la Universidad Externado de Colombia, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Pedagógica Nacional, a la Universidad del Valle y a el Colegio Claretiano de Bosa con el fin de que manifiesten lo que les conste sobre los hechos y pretensiones de la demanda, ya que en esos establecimientos se han presentado múltiples de los hechos acá narrados, igualmente, vincular a organizaciones de derechos humanos como Dejusticia, la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Solidaridad con Presos Políticos y las demás entidades y personas naturales que la Corporación estime pertinente para esclarecer las circunstancias que motivan las pretensiones de la presente acción de amparo.

3.2 Se TUTELE a favor de los accionantes los derechos fundamentales a la (i) VIDA, (ii) INTEGRIDAD FÍSICA, iii) LIBERTAD DE EXPRESIÓN, iv) LA REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN PÚBLICA, y vi) SALUD, actualmente vulnerados por parte de los accionados, conforme a lo indicado anteriormente.

3.3. Se ORDENE a los accionados suspender el uso de armas de fuego y armas de proyección o lanzamiento de proyectiles en manifestaciones públicas, a fin de evitar cualquier otra vulneración a los derechos fundamentales, hasta tanto no se emita el protocolo dispuesto por el Alto Tribunal en la sentencia STC7641-2020, conforme a la parte motiva de esa decisión.

3.4. Se ORDENE a los accionados la suspensión del uso de gases lacrimógenos con el objetivo de dispersar manifestaciones públicas o reprimir manifestantes, con el objetivo de evitar la generación de situaciones de riesgo que aumentan la propagación del Covid-19 en el territorio nacional.

3.5. Se ORDENE a los accionados suspender la ASISTENCIA MILITAR en las ciudades, ordenada por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y acatada de manera desbordada por las Fuerzas Públicas, con el objetivo de proteger a los protestantes de ataques desmedidos por parte de las mismas, evitar el aumento de muertes y heridos en las protestas, y garantizar el derecho a la manifestación y reunión pacíficas.

3.6. Se ORDENE el acompañamiento de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO en las marchas a nivel nacional, para que garanticen el derecho a la libre reunión y manifestación de manera pacífica y sin abusos de las Fuerzas Públicas, ya que no se han hecho presentes”.

4. Pruebas relevantes

Obra en el expediente un documento que contiene hipervínculos de notas periodísticas sobre hechos violentos desatados en diferentes jornadas de protesta, así como el link para la consulta digital el artículo “The problematic Legality of Tear Gas Under International Human Rights Law”, publicado por la Universidad de Toronto.

5. Trámite procesal

5.1. La demanda inicialmente fue radicada ante los juzgados civiles del circuito de Tunja. En auto de 7 de mayo de 2021, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Tunja remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Boyacá, teniendo en cuenta que las demandadas eran autoridades del orden nacional.

A su turno, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No 3 de Oralidad, por auto de 11 de mayo de 2021, remitió el expediente al Consejo de Estado atendiendo las reglas de reparto fijadas en el Decreto 333 de 6 de abril de 2021.

5.2. Por auto de 15 de junio de 2021, el despacho de la magistrada sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a las autoridades y entidades demandadas.

Del mismo modo, negó la medida provisional al no advertirse la necesidad imperiosa e inminente para que el juez constitucional interviniera accediendo a lo solicitado mientras se adoptaba una decisión definitiva en el presente asunto.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 55597 a 55603 de 21 de junio de 2021, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Presidencia de la República

La apoderada solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, en tanto no se han vulnerado los derechos fundamentales invocados. Expresó que “el Gobierno nacional y las autoridades territoriales pese a todo esfuerzo no han podido restablecer el Orden Público y dependen de las personas que ejercen el derecho a la protesta pacífica, quienes además tienen la obligación de oponerse a los bloqueos y no permitir el desabastecimiento de varios territorios del país y ordenar que los mismos se levanten. Sumada la necesidad de negociar y estar en disposición para dialogar y entender que el Orden Público y su mantenimiento, así como el abastecimiento del país son un imperativo para todas las autoridades territoriales y nacionales y esa obligación no es negociable”.

Manifestó que dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de tutela STC 7461-2020, proferida el 22 de septiembre de 2020 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, señaló que expidió el Decreto 003 de 5 de enero de 2021, Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA”, que fue elaborado por una comisión integrada por representantes de los accionantes, el Ministerio Público, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa Nacional, de la Policía Nacional, la Secretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Informó que ese Protocolo establece como objetivo principal la primacía del diálogo y la mediación como forma de intervención en las protestas, que las órdenes que dicten en el marco de las manifestaciones y reuniones públicas deben garantizar el respeto por los derechos humanos, los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza y la aplicación de un enfoque diferencial. En ese marco, se consagran las acciones preventivas, concomitantes y posteriores para atender las situaciones que se desarrollen en el marco de las manifestaciones.

Aseveró que conforme con lo informado por el Coordinador del Grupo de Correspondencia de la entidad el 23 de junio de 2021, no se encontró alguna solicitud formulada por los accionantes, a la que se hizo referencia en la demanda, por lo que no se ha vulnerado el derecho de petición.

Del mismo modo, señaló que la acción de tutela resulta improcedente por falta de legitimación en la causa por activa, pues los accionantes manifestaron que acudieron al mecanismo de protección constitucional en nombre propio, pero se refieren en general a todos las personas que salen a las calles a protestar y que han resultado afectadas, sin demostrar la imposibilidad de aquellas para acudir directamente al trámite.

Sostuvo que en el marco del paro nacional que comenzó el 28 de abril de 2021, con corte al 4 de junio de 2021, se reportaron 12.478 actividades de protesta social en 862 municipios de los 32 departamentos, de las cuales se han llevado a cabo 6.328 concentraciones, 2.300 marchas, 3.190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas, en su gran mayoría esas jornadas se han desarrollado de forma pacífica y en 1.418 ocasiones se han presentado disturbios o acciones de violencia que afectaron la convivencia y, por lo tanto, habilitaron la intervención del ESMAD. Agregó que, en esos escenarios, el uso de la fuerza ha sido excepcional y se ha aplicado bajo criterios de prevención, persuasión, disuasión, reacción y contención.

Precisó que se han iniciado 143 procesos penales y disciplinarios contra los miembros de la Policía Nacional que han sido acusados de desconocer los protocolos para el uso de la fuerza legítima.

Afirmó que el Gobierno Nacional distingue, para efectos de definir la respuesta estatal, la manifestación pública pacífica y sin armas consagrada en el artículo 37 de la Constitución Política, de los hechos de violencia grave que amenazan la seguridad de las personas y limitan desproporcionadamente el ejercicio de derechos y libertades públicas. En ese marco, aseveró que se ha confirmado la muerte de 19 civiles y 2 uniformados y 1.106 civiles y 1.253 policías lesionados, desde el 29 de abril de 2021.

También informó que en las jornadas de protesta se han presentado 3.190 eventos de bloqueo que han impedido el transporte de medicamentos dispositivos e insumos para la prestación del servicio de salud, incluyendo el oxígeno que presentó desabastecimiento por esa causa. Además, cuatro millones de estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar se han visto afectados.

Adujo que los bloqueos también han causado una afectación en el acceso al agua potable y a vivir en condiciones salubres, pues en diferentes corredores viales se impidió el paso de insumos químicos necesarios para el tratamiento del agua, tanto para su potabilización como para el tratamiento de aguas residuales.

Aseguró que la ciudadanía tiene derecho a vivir en paz y en condiciones de seguridad, por lo que es un deber del Gobierno Nacional procurar la satisfacción de ese derecho mediante los instrumentos que le otorga la Constitución, entre ellos el recurso legítimo del uso de la fuerza dentro del marco jurídico constitucional, legal y reglamentario vigentes.

Consideró que, en tales condiciones, “las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional son consistentes con la normatividad vigente y la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre las funciones y medidas presidenciales para preservar o restablecer el orden público y las medidas adoptadas en el mismo son plenamente consistentes con los estándares interamericanos de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad”.

Señaló que a través del Decreto 575 de 2021 se dio la instrucción a los gobernadores y alcaldes de territorios afectados por hechos de violencia que coordinen la asistencia militar “como un medio de policía para la preservación del orden público en sus respectivas jurisdicciones, son consistentes con los estándares jurídicos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia del recurso a las fuerzas armadas para preservar la seguridad ciudadana”.

Al respecto, mencionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado los parámetros para el uso de la fuerza pública en el cumplimiento de las funciones y preservación del orden público y la seguridad ciudadana, en los siguientes casos: (i) Montero Aranguren y otros vs Venezuela, (ii) Cabrera García y Montiel Flores vs México, (iii) Osorio Rivera vs Perú y (iv) Alvarado Espinosa y otros vs México.

Explicó que, en virtud de esas reglas, para hacer frente a fenómenos que amenacen la seguridad, estabilidad y gobernabilidad democrática de los Estados, las autoridades deben actuar en todo momento dentro de los límites, y conforme a los procedimientos que les permitan preservar simultáneamente la seguridad pública y los derechos humanos. Asimismo, la participación de las fuerzas armadas debe limitarse al máximo y responder a criterios de excepcionalidad, por lo que los Estados deben brindar recursos sencillos y expeditos para denunciar la violación de los derechos humanos en el marco de las actuaciones de las autoridades en el restablecimiento del orden público.

Precisó que en el Decreto 575 de 2021 se estableció la asistencia militar como una medida extraordinaria para enfrentar la grave y excepcional alteración del orden público, bajo la coordinación y subordinación de las autoridades territoriales, la cual se encuentra sujeta a los controles judiciales ordinarios y por parte de los órganos de control.

En ese orden de consideraciones, sostuvo que no se cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, en lo pertinente a los reproches formulados contra el Decreto 575 de 2021, pues existe un medio idóneo para impugnar ese acto administrativo por desconocimiento de la Constitución Política, esto es, el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad. Agregó que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que habilite de manera excepcional la acción de tutela. Además, consideró que los accionantes también tienen a su disposición el medio de control de reparación directa para reclamar la reparación integral de los perjuicios que consideren causados por la ejecución del citado decreto.

Por último, solicitó que en la sentencia que se profiera en este trámite, se recuerde “a i) quienes salen a las calles a manifestarse que sus derechos pese a permitir la disrupción, no autoriza su uso desproporcionado, violento, permanente y que suprime el ejercicio de los derechos a terceros y que en medio de una crisis hospitalaria y económica producto de la pandemia lo entendible era el descontento, que es el descontento y la angustia de todos, pero que exigía actos humanos y de solidaridad que jamás hubieran permitido todas las devastadoras cifras que anteriormente se reseñaron y que sin lugar a dudas ahondan aún más nuestros problemas como país y ii) a todos recordarles que solo el 11% de las manifestaciones fueron violentas y requirieron intervención, pero casi 13 mil manifestaciones públicas pacíficas gozaron de protección y garantías, lo que confirma que estamos en una democracia garante de los derechos humanos”.

6.2. Respuesta de la Procuraduría General de la Nación

La abogada asesora adscrita a la Oficina Jurídica de la entidad solicitó que se declare improcedente la acción de tutela en lo pertinente con la Procuraduría General de la Nación, toda vez que ha actuado conforme a las funciones asignadas en la Constitución Política y en la ley, especialmente las fijadas en el Decreto 262 de 2000.

Manifestó que en ejercicio de su función de guardiana y promotora de derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, la entidad brinda acompañamiento en las movilizaciones sociales con el fin de garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la manifestación pública consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política. A través de ese acompañamiento, se busca transformar el conflicto por medio del diálogo social entre las entidades competentes de acuerdo con la materia y causas de aquél.
Refirió que, con ese propósito, en conjunto con la Defensoría del Pueblo se expidió la “Guía de acompañamiento a las movilizaciones ciudadanas: Alcance de intervención del Ministerio Público. Procuraduría General de la Nación -Defensoría del Pueblo”, documento que aborda aspectos básicos relacionados con el derecho a la protesta pacífica, el principio del uso de la fuerza y el acompañamiento y asesoría jurídica que ofrecen ambas entidades en el desarrollo de cada una de las fases de las jornadas de protesta y manifestaciones.

Asimismo, adujo que en conjunto con la Policía Nacional expidieron el “Protocolo de verificación en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier mitin reunión o acto de protestas”, el cual tiene como finalidad garantizar los derechos fundamentales de los manifestantes, establecer mecanismos de articulación entre las entidades que intervienen durante la conducción, aprehensión o captura y eventual judicialización de personas en el marco de las jornadas de manifestación pública, el desarrollo de actividades de verificación por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Señaló que, en ese marco, la Procuraduría General de la Nación hace presencia en todos los Puestos de Mando Unificados (PMU) instalados en el territorio nacional para el seguimiento al desarrollo de las movilizaciones y la garantía de los derechos humanos que se encuentra liderado por el Viceprocurador General apoyado por procuradores provinciales, regionales, distritales y delegados.

Del mismo modo, aseveró que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la entidad brinda un acompañamiento en la recolección de pruebas, entre ellas, la visita a los expedientes correspondientes a investigaciones adelantadas en la Inspección General de la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y otras denuncias, en las cuales se constituyeron agencias especiales del Ministerio Público que adelantan el seguimiento a las actuaciones penales en representación de los intereses generales de los habitantes del territorio nacional.

Finalmente, informó que, con corte al 1 de junio de 2021, se adelantan 154 acciones disciplinarias sobre actos de violación de derechos humanos y buscan la garantía de los mismos, tanto de personas que participan en las jornadas de protesta como las que han decidió no hacerlo. En esos procesos la Procuraduría General de la Nación ha dispuesto medidas para el recaudo de información sobre los hechos denunciados y se ha brindado acompañamiento en la recolección de pruebas. Agregó que esta información se encuentra publicada en su página web, en donde se explica con detalle las materias y los sujetos investigados.

6.3. Respuesta de la Defensoría del Pueblo

El profesional responsable del Grupo de Representación y Defensa Judicial de la Oficina Jurídica de la Defensoría del Pueblo pidió que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la entidad ha cumplido con lo ordenado en la sentencia de tutela STC-7641 de 2020, emanada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la que se ordenó a la entidad “1) brindar acompañamiento y asesoría a las personas que participan de las marchas (Orden Numeral 7 fallo tutela) y 2) ejecutar acciones para desarrollar el “control <<estricto, fuerte e intenso>> (…) al actuar del ESMAD en el desarrollo de las manifestaciones”.

Al respecto, señaló que entre septiembre de 2020 y el 18 de mayo de 2021 se han adelantado acciones de promoción, divulgación y protección del derecho a la protesta pacífica y también el control estricto frente al actuar del ESMAD.

Informó que en cumplimiento de la orden contenida en el numeral séptimo de la citada sentencia de tutela, se elaboró de manera conjunta con la Procuraduría General de la Nación, la “Guía de acompañamiento a las movilizaciones ciudadanas: Alcance de intervención del Ministerio Público. Procuraduría General de la Nación -Defensoría del Pueblo”, en la que se definen conceptos básicos sobre movilización pública, se establecen los mecanismos para garantizar los derechos humanos durante las protestas para presentar denuncias sobre hechos arbitrarios y de abuso policial y se informa la manera como se puede acceder al acompañamiento y asesoría que brindan ambas entidades.

Del mismo modo, se expidió una guía de bolsillo titulada “Derechos, deberes, servicios y rutas de atención en el marco de la protesta social pacífica”, de la cual se imprimieron 20.000 ejemplares que se han distribuido durante las marchas. Además, se diseñó la estrategia “se lo explico con plastilina” publicada a través de redes sociales, la cual se refiere a contenidos básicos sobre el derecho a la protesta y el rol de la Defensoría del Pueblo en la protección y garantía de otros derechos que involucran el ejercicio del mismo.

Señaló que se encuentra disponible el micrositio HYPERLINK "https://www.defensoria.gov.co/public/minisite/protestasocial/" https://www.defensoria.gov.co/public/minisite/protestasocial/ como una herramienta pedagógica para la divulgación de información relevante sobre protesta social. Igualmente, a través de piezas gráficas se difundió información en las estaciones de Transmilenio de Bogotá.

Aseveró que para desarrollar el control “estricto, fuerte e intenso” sobre el actuar del ESMAD en el marco de las manifestaciones, la Defensoría del Pueblo ha realizado diversas acciones de verificación de los implementos usados por el ESMAD antes de la intervención en las jornadas de manifestaciones y se verificó la identificación visible de los integrantes. Adujo que ello ha sido informado a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá que adelanta la verificación del cumplimiento del fallo de tutela STC-7641 de 2020.

Adujo que se expidió la Resolución No. 481 de 2021, proferida por el Defensor del Pueblo por medio de la cual se adoptaron “Los lineamientos para la revisión de elementos de dotación e identificación del escuadrón móvil antidisturbios-ESMAD- en el marco de manifestaciones públicas y en eventos privados” que contiene todas las actuaciones que deben ejecutar los defensores regionales para garantizar el control sobre el actuar del ESMAD durante las manifestaciones y los elementos permitidos en el artículo 18 de la Resolución No. 2903 de 2017, “Por la cual se expide el reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, por la policía nacional”.

Informó que se han visitado las Unidades de Escuadrones Móviles Antidisturbios con el fin de verificar que no se emplee la “escopeta calibre 12”, así como tampoco los siguientes dispositivos: “fusiles lanza gases y lanzadores múltiples, lanzadores de red nylon o materiales, lanzador de munición esférica, munición de goma, cartuchos impulsores, granadas con carga química CS, OCm granadas fumígenas, cartuchos con carga química CS, OC, cartuchos fumígenos, granadas de aturdimiento, granadas de luz y sonido, granadas de múltiple impacto, cartuchos de aturdimiento, lanzadores múltiples eléctricos, bastón policial, vehículos antimotines antidisturbios, dispositivos lanza agua”.

Precisó que, con el fin de garantizar la vida e integridad de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, ante las graves alteraciones al orden público en las cuales se desarrollen intervenciones del ESMAD, los servidores tienen la instrucción de ubicarse en un lugar seguro o evacuar según el riesgo. Por lo tanto, los ejercicios de verificación de derechos humanos y recepción de quejas se realizan una vez superado el disturbio en centros de traslado por protección, Unidades de Reacción Inmediata, estaciones de policía, centros de atención en salud o en la misma vía pública.
Se refirió a otras acciones adelantadas por la Defensoría del Pueblo en el marco de las protestas convocadas entre el 28 de abril de 2021 y el 3 de mayo de 2021. Al respecto, adujo que se realizaron 235 revisiones a secciones del ESMAD para verificar los elementos que portan los integrantes, particularmente, garantizar que no usen la “escopeta calibre 12”, se requirió la información sobre los nombres de los comandantes asignados en todo el país a quienes se les ha brindado asesoría sobre el uso proporcional y diferenciado de la fuerza y el respeto por los derechos humanos.

Manifestó que, de acuerdo con la información reunida en el Puesto de Mando Unificado (PMU), entre el 28 de abril y el 18 de mayo se presentaron 8.037 manifestaciones en 784 municipios del territorio nacional, con una participación aproximada de 1.249.719 personas. Igualmente, se realizaron 948 intervenciones por parte del ESMAD, y se registraron 1.945 personas lesionadas, de las cuales 979 eran civiles y 966 miembros de la Policía Nacional.

Adicionalmente, aseveró que iniciaron 142 indagaciones disciplinarias (68 por abuso de autoridad, 28 por agresiones físicas, 10 por homicidio, 14 por lesiones personales, 9 incumplimientos a órdenes y 13 por otras conductas). Al respecto, el 11 de mayo de 2021, se solicitó al Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional el informe detallado sobre las actuaciones del ESMAD desde el 28 de abril a la fecha.

De igual forma, teniendo en cuenta que en los vídeos que circulan en redes sociales se ha advertido el posible uso inadecuado por parte de miembros del ESMAD del lanzador de proyectiles “venom”, se solicitó al Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional que rinda un informe sobre los parámetros fijados para el uso de ese elemento.

Afirmó que son 441 servidores adscritos a las 42 Defensorías Regionales que se encuentran altamente calificados y capacitados para brindar el acompañamiento en el desarrollo de las marchas y movilizaciones y 303 Defensores Públicos disponibles en todo país para prestar el servicio de defensoría pública a todo el que lo requiera.

Señaló que se han logrado habilitar 237 corredores viales durante los bloqueos en las vías para permitir el paso de alimentos, vacunas, medicamentos, entre otros elementos de primera necesidad. Se han realizado 311 mediaciones buscando que las manifestaciones sean pacíficas y 213 mesas de diálogos entre manifestantes y autoridades nacionales para conocer las peticiones que motivan las protestas.

Por último, evidenció que entre el 28 de abril y el 18 de mayo de 2021 la Defensoría del Pueblo ha recibido 216 quejas por presuntas vulneraciones a los derechos humanos en el desarrollo de las manifestaciones o en hechos relacionados con esas jornadas, de las cuales 150 señalan a los miembros de la Fuerza Pública como responsables. Frente a ello, manifestó que se ha adelantado el trámite de manera individual remitiendo a las autoridades correspondientes el caso para la investigación a su cargo.

Informó que se ha conocido sobre “el fallecimiento de 41 civiles y de un integrante de la Policía Nacional” en hechos que están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación con el fin de verificar si están o no directamente relacionados con las manifestaciones. Adujo que en conjunto con la Fiscalía General de la Nación se instaló la Mesa Interinstitucional de Información en el Marco de la Protesta Social, con el propósito de informar de manera oportuna sobre los casos de homicidios y personas no localizadas, que ha recibido 548 solicitudes de activación del mecanismo de búsqueda urgente.
6.4. Respuesta de la Policía Nacional

El Jefe del Área Jurídica pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda, porque no se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Expresó que la situación del paro nacional se debe abordar desde dos dimensiones: (i) el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política y que debe ejercerse de manera pacífica y (ii) los hechos y actos violentos que atentan contra la institucionalidad, el orden público, la tranquilidad y el bien común.

En el primer escenario, advirtió que en la mayoría de las veces las marchas se han desarrollado de manera pacífica y la Institución ha brindado el acompañamiento y protección por parte de distintas organizaciones y entidades.

Respecto del segundo escenario, explicó que el artículo 167 de la Ley 1801 de 2016 establece que el personal uniformado de la Policía Nacional podrá utilizar medios de apoyo de carácter técnico, tecnológico o de otra naturaleza que estén a su alcance para prevenir o superar hechos que perturben la convivencia pacífica y la seguridad pública. En el caso de que esas medidas puedan afectar físicamente a las personas, deberán ser usados bajo criterios de necesidad, proporcionalidad y racionabilidad.

Afirmó que, en el marco de las manifestaciones públicas, el servicio de policía se presta en dos escenarios: (i) acompañamiento para garantizar el ejercicio del derecho de manifestación pública y (ii) el Escuadrón Móvil Antidisturbios cuando se presentan alteraciones a la convivencia, que a través de distintos elementos buscan disuadir a los infractores del orden público, en este evento, resaltó que no se emplean armas de fuego, pues únicamente se permite el uso de armas consideradas menos letales.

Sostuvo que en varias zonas del país se han presentado actos delictivos, tales como homicidios, lesiones personales, daño en bien ajeno, incendio, perturbación en el transporte público, obstrucción en vías públicas, violencia contra servidor público, fraude a resolución judicial o administrativa, sedición, asonada, perpetrados por personas que, sin tener interés alguno en las causas de las movilizaciones, aprovechan el contexto legítimo de las manifestaciones públicas para delinquir.

Adujo que a esas circunstancias delictivas que son ajenas al contexto de la protesta, “no podrán seguirse tratando como eventos que se originan de la manifestación donde nuestros uniformados no portan armas de fuego, en los que se está poniendo en grave riesgo su vida e integridad física y la de terceros, siendo una expresión de criminalidad”.

Aseveró que los medios de comunicación han presentado escenarios irracionales ante la opinión pública mostrando solo la parte en que los uniformados intervienen para repeler un ataque que ha causado la estigmatización de la Policía Nacional, a lo que agregó que no existe una igualdad entre las armas que emplean los uniformados con las que los delincuentes los atacan, pues estos último emplean armas de fuego, ácidos, bombas incendiarias, elementos contundentes de grandes proporciones, armas no convencionales, entre otros.

Sobre lo anterior, se refirió a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que establece: “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga y solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”. Se refirió al principio básico número catorce que autoriza el uso de armas de fuego “cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos”.

Aseguró que la Policía Nacional no ataca o disuade a los manifestantes, sino a personas que en ejercicio de actuaciones violentas agresivas y vandálicas atacan a la población civil, a los funcionarios públicos y a los bienes públicos y privados.

Sobre ese particular, explicó que el acompañamiento y control de disturbios por parte de la Policía Nacional se encuentra regulado en la Resolución No. 03002 de 29 de junio de 2017, “Por la cual se expide el manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios para la Policía Nacional”, que en el artículo 15 fija las actuaciones de planeación, ejecución y evaluación que deben atenderse.

Respecto de la pretensión de suspender el uso de armas de fuego y armas de proyección o lanzamiento de proyectiles en manifestaciones públicas, aseguró que la Policía Nacional no porta ni hace uso de las armas de fuego en el acompañamiento de las manifestaciones públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Decreto 003 de 2021. Agregó que ello es verificado por el Ministerio Público.

Expresó su oposición a la solicitud de que se ordene la suspensión del uso de gases lacrimógenos, y destacó que el agente químico “CS” es un elemento empleado por la Institución para lograr la dispersión de los ciudadanos que están participando en disturbios y alterando el orden público, y así evitar un enfrentamiento directo entre los uniformados y aquellos.

Señaló que el agente químico “CS” genera un impacto físico del 20% y psicológico de 80% que es necesario para lograr que las personas que participan en un disturbio se dispersen.

Además, afirmó que ese elemento se emplea únicamente cuando el disturbio sobrepasa las capacidades del personal policial que se encuentra en el lugar y se evidencia que su uso es necesario para restablecer las condiciones de tranquilidad y convivencia y evitar que tanto las personas que participan en esos hechos de violencia, como los uniformados resulten lesionados. Al respecto, señaló que, en tales circunstancias, las personas infractoras muchas veces superan en número 4 o 5 veces a los miembros de la Fuerza Pública.

Indicó que los gases lacrimógenos contribuyen al restablecimiento del orden público, definido por la Corte Constitucional como “el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos”, cuando se ve afectado por hechos de violencia y es una medida que genera la menor afectación a las personas, por lo que en caso de prohibir su uso se dejaría a la sociedad desprotegida frente a los eventos de disturbios.

Señaló que la actuación de la Policía Nacional se encuentra regulada por el Decreto 003 de 5 de enero de 2021, por lo que el Director General de la Policía Nacional mediante comunicado oficial No. S-2021-000356-DIPON de 7 de enero de 2021 ordenó al Inspector General, Directores, Jefes de Oficinas Asesoras, Director de Gestión de Policía Físcal y Aduanera, Comandantes de Región, Metropolitanas, Departamentos y Directores de Escuelas de Policía, impartir la instrucción, adelantar la verificación, control y seguimiento al cumplimiento estricto de los parámetros fijados en dicho acto administrativo.

Afirmó que se expidió la Directiva Operativa Transitoria No. 005/DIPON-DISEC-22.2 de 1 de marzo de 2021, que establece los parámetros para activar el “Sistema de Anticipación y Atención de Manifestaciones Públicas y Control de Disturbios en el Territorio Nacional”.

Asimismo, el 30 de abril de 2021 mediante comunicación oficial No GS-2021-017415-DIPON-SEGEN 10.1 del 30 de abril de 2021, el Director General de la Policía Nacional, ordenó al Inspector General, Directores, Jefes de Oficinas Asesoras, Director de Gestión de Policía Físcal y Aduanera, Comandantes de Región, Metropolitanas, Departamentos y Directores de Escuelas de Policía las directrices y parámetros que deben cumplirse para el uso de la fuerza en la prestación del servicio de policía.

Aseveró que en las manifestaciones y disturbios que se han presentado desde el 28 de abril de 2021, la Policía Nacional ha cumplido los parámetros fijados en el Decreto 003 de 2021 y distintas organizaciones de derechos humanos han brindado capacitación constante a los uniformados en relación con esa materia.

Evidenció que la Defensoría del Pueblo ha verificado el uso de elementos menos letales antes de la intervención de la Fuerza Pública, en todos los puestos de mando unificados ubicados en el territorio nacional.

De otra parte, alegó la falta de legitimación en la causa por activa, teniendo en cuenta que los hechos narrados en la demanda son de carácter general y abstracto y hacen referencia a situaciones futuras sobre las cuales no se tiene la certeza de que ocurran y no se evidencia que con el actuar u omisión de la Policía Nacional se hubiesen vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes.

Adujo que conforme con lo consagrado en los artículos 2, 20 y 37 de la Constitución Política se protege y garantiza el derecho a la manifestación pública y pacífica, además se establece el deber de la Policía Nacional y demás entidades del Estado de proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos libertades públicas y la paz.

No obstante, en las jornadas de manifestaciones que se han desarrollado desde el 28 de abril de 2021 se han presentado alteraciones al orden público por actos de violencia indiscriminada que han obligado a la Policía Nacional, en cumplimiento del mandato constitucional, a intervenir para restablecerlo.

En ese marco, planteó los siguientes interrogantes: ¿cuál es la preocupación de los señores Esteban Quesada Sánchez y otros si la ciudadanía va a actuar pacíficamente como él mismo lo afirma en el discurrir del escrito de tutela? ¿cuál es la garantía de los tutelantes de que todos los manifestantes sean pacíficos?

Por último, consideró que no se cumple el presupuesto de la subsidiariedad, porque los accionantes no agotaron los mecanismos ordinarios que tienen a su disposición para formular las pretensiones formuladas en la demanda.

6.5. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional

La Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de la cartera ministerial pidió que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.

Señaló que el Gobierno Nacional no ha impartido instrucciones que conlleve la prohibición del ejercicio de los derechos fundamentales a la protesta y a la participación ciudadana, a la libertad de expresión, reunión y circulación, por el contrario, se han garantizado a través del acompañamiento de la Policía Nacional, Ministerio Público y las Veedurías.

Explicó que en el desarrollo de las marchas pacíficas se han presentado actos de violencia que han generado graves daños y afectaciones a bienes públicos y privados que han obligado al uso de la fuerza legítima para restablecer el orden público que es un asunto de interés general. Agregó que se han presentado “situaciones de terrorismo urbano el cual afecta ostensiblemente a la población civil en sus vidas y bienes. En una primera fase de vandalismo que azotó a la ciudad en diferentes puntos se quemaron oficinas públicas, bancos, destrucción del sistema de transporte, saqueo de locales comerciales entre otros”.

Informó que con corte a 22 de junio de 2021, en el marco del paro nacional, se han presentado 7.720 concentraciones, 2.450 marchas, 3.518 bloqueos, 678 movilizaciones y 37 asambleas.

En esas jornadas resultaron 1.113 civiles lesionados, dos uniformados fallecidos y 1.368 lesionados de los cuales 62 son mujeres. También se encuentran afectados 470 locales comerciales, 460 entidades bancarias, 1.305 vehículos de transporte público, 245 estaciones de transporte público, 440 cajeros automáticos y 102 vehículos particulares, 161 infraestructuras gubernamentales, 28 peajes, 26 bienes culturales y 128 semáforos.

Asimismo, adujo que se han abierto 216 investigaciones disciplinarias contra miembros de la Policía Nacional.

Manifestó su oposición a la petición de que se suspenda la orden de asistencia militar dada por el Gobierno Nacional en el Decreto 575 de 2021, en tanto se trata de una facultad de la que es titular el Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa que se encuentra establecida en el artículo 170 de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016, “Por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia” y la consagra como un “instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el Presidente de la República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar. No obstante, los gobernadores y Alcaldes Municipales o Distritales podrán solicitar al Presidente de la República tal asistencia, quien evaluará la solicitud y tomará la decisión. La asistencia militar se regirá por los protocolos y normas especializadas sobre la materia y en coordinación con el comandante de Policía de la jurisdicción”.

Sobre ese mismo tema, refirió que la asistencia militar atiende a criterios de proporcionalidad y busca salvar vidas, restaurar los servicios esenciales, mantener el orden público, proteger la infraestructura y la propiedad, apoyar la recuperación social en los municipios. Por ello, la suspensión de esa medida implica que en muchos sitios se agrave las situaciones que alteran el orden público y la Policía Nacional se quedaría sin esa ayuda para lograr el restablecimiento del orden público que se encuentra afectado.

Precisó que las Fuerzas Militares no intervienen en operativos de control y contención en las manifestaciones públicas, pues esa es una competencia de la Policía Nacional, en razón a ello, la asistencia militar ordenada en el Decreto 575 de 2021 busca evitar el “sabotaje a infraestructura del Estado, la obstrucción de vías públicas” y coadyuvar al restablecimiento del orden público.

Informó que entre el 28 de abril y el 4 de junio de 2021, la asistencia militar se ha visto reflejada en operaciones de levantamiento de bloqueos (517), acciones para la protección de infraestructura energética (1.397), de minería (477), petrolera e hidrocarburos (2.049) y vial (4.116). También en operaciones de transporte y vigilancia.

Se refirió a la naturaleza de la Policía Nacional y al fin primordial de mantener “las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” consagrado en el artículo 218 de la Constitución Política, y a la preservación del orden público conforme lo ha desarrollado la Corte Constitucional en las Sentencias C-453 de 1994, C-225 de 2017 y C-128 de 2018.

Afirmó que ese mandato constitucional se ve reflejado en la Resolución No. 00912 de 2009, “Por la cual se expide el Reglamento del Servicio de Policía” que, frente a la naturaleza del servicio de policía, el artículo 35 señala que “es un servicio público a cargo del Estado, encaminado a mantener y garantizar el libre ejercicio de las libertades públicas y la convivencia pacífica de todos los habitantes del territorio nacional. Este servicio propende a la armonía social, la convivencia ciudadana, el respeto recíproco entre las personas y de estas hacia el Estado, da a la actividad policial como un carácter eminentemente comunitario, preventivo, educativo, ecológico, solidario y de apoyo judicial. Así mismo, se constituye en la base sobre la que se asientan el resto de los servicios del Estado, en la medida en que estos necesitan un entorno a la ley y el orden para funcionar adecuadamente”.

En ese marco, señaló que la actividad de policía tiene las siguientes características: (i) es preventiva, pública, obligatoria, primaria, directa, permanente, inmediata e indeclinable, (ii) los uniformados tienen el deber de intervenir frente a casos de policía y (iii) la prestación de servicio de policía se presta en todo el territorio nacional buscando la materialización del fin primordial que es el mantener el orden público y enfrentar comportamientos contrarios a la convivencia y la seguridad ciudadana.

Manifestó que para cumplir ese fin primordial en muchas ocasiones es necesario el uso de la fuerza bajo criterios de necesidad y proporcionalidad, lo cual se encuentra autorizado por normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución Política y el Código Nacional de Policía.

Al respecto, señaló que en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, adoptados por la ONU, establece que se deben emplear armas incapacitantes y no letales y restringir el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o la muerte y que debe proveerse al personal uniformado de un equipo autoprotector, conformado por escudos, cascos, chalecos a prueba de balas, para disminuir la necesidad de emplear armas.

Explicó que los uniformados que pertenecen a unidades especializadas como el ESMAD o Fuerzas Disponibles de los departamentos para el control de disturbios, pueden emplear la fuerza y elementos menos letales conforme lo establecido en la Resolución No. 02903 de 2017, “Reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, por la Policía Nacional”, de acuerdo a los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y racionalidad, para restablecer el orden público alterado por actos violentos apartados de todo ejercicio del derecho a la manifestación pública y pacífica.

En esa misma línea, adujo que la Resolución No. 03002 de 2017 “Manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios para la Policía Nacional”, establece que el accionar del ESMAD es excepcional frente a hechos que afectan el derecho a la libertad de expresión y de reunión.

Se refirió a la expedición del Decreto 003 de 2021, por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA” que estableció las directrices para la actuación de las autoridades de policía en sus funciones de garantía de derechos fundamentales, conservación de la convivencia ciudadana y el orden público en el marco de las manifestaciones públicas y pacíficas.

Señaló que dentro de las actividades preventivas se encuentran las de verificación de las condiciones en las que se van a realizar las marchas, la solicitud de acompañamiento del Ministerio Público y gestores de convivencia, reforzar la seguridad en puntos críticos y promover consejos de seguridad y comités de vigilancia, entre otros.

Resaltó que dentro de las actividades concomitantes se encuentran las de mantener una comunicación permanente con los gestores de convivencia delegados por el Ministerio Público y la alcaldía, y en situaciones de alteración del orden público agotar las instancias de persuasión, diálogo y mediación y emplear la fuerza como último recurso. En todo caso, cuando la reunión o manifestación produzca graves e inminentes alteraciones al orden público el comandante de la unidad o jefe de servicio podrá ordenar la disolución de la reunión o manifestación con el fin de garantizar los derechos constitucionales de todas las personas.

Explicó que como actividades posteriores, el Decreto 003 de 2021 señala que habrá presencia policial hasta que se normalice la movilidad, la seguridad y la convivencia. El comandante de la unidad o jefe del servicio informará las novedades al Puesto de Mando Unificado y se evaluará la prestación del servicio.

Manifestó que el derecho a reunirse y a manifestarse pública y pacíficamente implica una corresponsabilidad de los manifestantes en la preservación del orden público y propender porque el ejercicio de sus derechos no contraríe el interés general y los fines del Estado. Sin embargo, en las jornadas que se han realizado desde el 28 de abril de 2021 se han presentado actos vandálicos desbordando la concepción pacífica del derecho a la manifestación pública y ha generado graves afectaciones a las garantías ciudadanas que han sido la causa de la intervención de la Policía Nacional.

Aseveró que los integrantes del ESMAD acceden a capacitaciones acerca del empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales y estándares internaciones sobre el uso de la fuerza y derechos humanos, que les permiten actuar de manera profesional, idónea, legal, proporcional, racional y necesaria atendiendo el contexto que se está suscitando para preservar el orden público.

Del mismo modo, señaló que la Policía Nacional de manera constante establece directrices para prestar el servicio en las manifestaciones y controlar disturbios, tales como: (i) Circular N° 026/DIPON -OFPLA de septiembre de 2020 “Responsabilidad Misional de Cara al ejercicio del derecho fundamental de reunirse y Manifestarse Pública y Pacíficamente”, (ii) Instructivo N° 026/DIPON – OFPLA de 28 septiembre de 2020 “Obligatoriedad de Acatar el Correcto Uso del Uniforme y Empleo Adecuado de la Fuerza”, (iii) Comunicación oficial S-2021-000356-DIPON de 7 de enero de 2021 Cumplimiento estricto y difusión del Decreto 003 de 2021, (iv) Directiva Operativa Transitoria 005/ DIPON- DISEC -23.2 del 01 de marzo de 2021 “Parámetros Institucionales para la activación del Sistema de Anticipación y atención de Manifestaciones Públicas y Control de Disturbios en el Territorio Nacional”, (v) Instructivo N° 004/ DISEC UNADI del 09 de marzo de 2021 “Parámetros para la identificación del Equipo Antimotines, Utilizado por el personal de la Policía Nacional”, (vi) Comunicación oficial GS-2021-017415-SEGEN del 30 de abril 2021, orden emanada por el Director General de la Policía Nacional en la que reitera las directrices generales y parámetros que debe acatar el personal uniformado de la Policía Nacional, en el marco del uso legítimo de la fuerza durante la prestación del servicio, con el fin de salvaguardar en todo escenario las garantías constitucionales y el respeto irrestricto a los derechos humanos de la comunidad, (vii) Directiva Operativa Transitoria N° 018/ DIPON- DISEC -23.2 del 07 de mayo de 2021 “Fortalecimiento del Servicio de Policía para la Garantía de la Manifestación Pública Pacífica desarrollada desde el día 28-03 2021”, (viii) Comunicación oficial GS-2021-017415-DIPON-SEGEN 10.1 del 30 de abril de 2021, emitió orden al Inspector General, directores, Jefes de Oficinas Asesoras, Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, Comandantes de Región, Metropolitanas, Departamentos y Directores Escuelas de Policía, referente a las directrices y parámetros a cumplir en el marco legítimo del uso de la fuerza durante la prestación del servicio de policía.

Se refirió al uso de los lanzadores múltiples eléctricos (venom), explicó que conforme a lo establecido en el artículo 167 de la Ley 1801 de 2016 “el personal uniformado de la Policía Nacional podrá utilizar medios de apoyo de carácter técnico, tecnológico o de otra naturaleza, que estén a su alcance, para prevenir y superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia y la seguridad pública”, dentro de los cuales se encuentran dichos elementos, clasificados en la categoría de armas menos letales en la Resolución No. 2903 de 2017. Agregó que su uso se considera necesario cuando las conductas violentas se han mantenido en el tiempo y otros elementos de disuasión no han permitido controlar la situación.

En ese marco, afirmó que el ESMAD no se enfrenta con los ciudadanos que participan en las movilizaciones, pues interviene como último recurso para controlar actos de violencia que no hacen parte del ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública.

En ese orden de ideas, pidió que se verifique el principio de la carga de prueba que implica que quien instaure la acción de tutela tiene la carga de probar sus afirmaciones.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.
2. Cuestiones previas

2.1. Legitimación en la causa por activa

2.1.1. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos en que así se autoriza.

Este mecanismo constitucional tiene como una de sus características esenciales la informalidad al momento de presentar la acción, pues no limita su ejercicio a los sujetos de derecho que pretendan hacerla valer como solicitud de amparo constitucional.

No obstante, se hace exigible como requisito indispensable la legitimación e interés del actor de acuerdo como lo estipula el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, de la siguiente manera:

“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

En términos generales, la legitimación en la causa determina quiénes pueden obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda.

La Corte Constitucional ha establecido unos presupuestos con respecto a la legitimación en la causa por activa, señalándolos así:

“La legitimación en la causa por activa en los procesos de acción de tutela se predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, sin embargo la Sala encuentra que a partir de las normas de la Constitución y del decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela: (i) la del ejercicio directo de la acción. (ii) La de su ejercicio por medio de representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas). (iii) La de su ejercicio por medio de apoderado judicial (caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo). Y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso.”

Si se actúa por medio de apoderado judicial, debe aportarse el poder especial que lo faculta para actuar, pues, de lo contrario, se configurará un auténtico caso de carencia de poder. Y si se actúa en calidad de representante legal de una empresa, debe aportarse el respectivo certificado de existencia y representación.

En conclusión, están legitimados para interponer la acción de tutela: i) el interesado directamente, ii) el representante legal o judicial y iii) el agente oficioso, siempre que se demuestre la imposibilidad de que el interesado ejerza su propia defensa.

2.1.2. En el asunto bajo estudio, la Presidencia de la República y la Policía Nacional alegaron la falta de legitimación en la causa por activa al encontrar que los accionantes manifestaron que acudieron a la acción de tutela en nombre propio, no obstante, no acreditaron una afectación individual de los derechos fundamentales invocados, pues de manera general se refirieron a la presunta afectación y amenaza de los derechos fundamentales de todas las personas que participan en las manifestaciones públicas sin demostrar la imposibilidad de aquellos para acudir directamente.

2.1.3. De conformidad con la lectura integral del escrito de tutela, se advierte que los demandantes acudieron al mecanismo de protección constitucional con el objeto de que se ampare el derecho a la protesta social, derecho reconocido en la Constitución Política y en instrumentos internacionales que hacen parte de la legislación interna, como una expresión y materialización del derecho a la libre expresión, reunión y manifestación.

Cuando se trata de los derechos fundamentales a la protesta social, a la libre expresión, a la reunión y a la manifestación, cualquier persona es titular de ese derecho, pues el propio artículo 37 de la Constitución Política establece que “Toda parte del pueblo, puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”.

En el asunto bajo examen, los accionantes alegaron la amenaza de los derechos de reunión y manifestación pública, al considerar un obstáculo para el ejercicio efectivo de los mismos, la intranquilidad y el temor causado por el actuar “ilegitimo y desproporcionado” de la fuerza pública contra los manifestantes, lo que es motivo suficiente para que se encuentren legitimados para solicitar la protección a través de acción de tutela.

Además, como lo advirtió esta Sala en sentencia de 22 de julio de 2021, los demandantes están legitimados para solicitar a través de la acción de tutela la protección de sus derechos fundamentales a la vida, la libertad de expresión y a reunirse y manifestarse públicamente, “cuando lo que pretende es que se les permita ejercerlos pacíficamente".

2.1.4. La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 18 de febrero de 2021, exp. 2020-02700-01, en la que confirmó el amparo constitucional de primera instancia que accedió a las pretensiones de la acción de tutela, en la que un grupo de ciudadanos invocaban la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la libertad de expresión, a la paz y a la reunión y manifestación pública y pacífica, señaló que los demandantes estaban legitimados en la causa por activa, porque son titulares de esos derechos, y también del derecho de buscar su protección judicial en caso de amenaza o vulneración, “máxime si de los hechos que fundamenta la presente acción se advierte que resulta razonable que los actores encuentren amenazados sus derechos fundamentales por el temor de ejercerlos libremente”.

2.1.5. Con fundamento en lo anterior, la Sala estima que, en este caso concreto, los accionantes se encuentran legitimados en la causa por activa para iniciar la acción de tutela, dado que acuden al mecanismo de protección constitucional con el objeto de que cese la amenaza de los derechos fundamentales invocados, originada en el temor a participar en las jornadas de manifestación pública por las circunstancias narradas en la demanda.

2.2. Del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad

2.2.1. La parte actora incluyó en los fundamentos y en las pretensiones de la demanda aspectos que hacen parte del debate sobre el cumplimiento de la sentencia de tutela STC-7641-2020 de 20 de septiembre de 2020, emanada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. En el numeral 3.1. del acápite de peticiones, solicitó que “Se vincule a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, para que informe sobre el avance en la implementación de las órdenes emitidas por la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia STC 7641-2020 (…)”.

2.2.2. El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

Sobre el cumplimiento de las órdenes dadas en un fallo de tutela, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, una vez se profiera el fallo que concede la tutela la autoridad responsable de la amenaza o vulneración de los derechos constitucionales fundamentales debe cumplirlo sin demora. En caso de que ello no ocurra dentro de las 48 horas siguientes, el juez se dirigirá al superior de aquél y lo requerirá para que lo haga cumplir y le abra el correspondiente procedimiento disciplinario, so pena de que si no procede en esa forma también se atenga a las consecuencias disciplinarias.
La citada disposición establece, igualmente, que el juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan la sentencia y que, en todo caso, establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá competencia hasta que quede restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.

Por su parte, el artículo 52 ibídem señala que quien incumpla una orden de tutela incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis (6) meses y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes, sanciones que impondrá el juez que dictó la decisión mediante trámite incidental y que deben ser consultadas ante el superior funcional de aquél, quien decidirá si las revoca o no.

A su turno, el artículo 53 ibídem establece según el caso, sanciones penales a quien incumpla las órdenes del fallo de tutela, así como también incurrirá en responsabilidad penal quien repita la acción u omisión que dio origen al amparo constitucional.

2.2.3. En el caso bajo estudio, la Sala advierte la existencia de otro mecanismo idóneo para reclamar el cumplimiento de la sentencia de tutela STC-7641-2020 de 20 de septiembre de 2020, proferida por la Sala de Casación Civil la Corte Suprema de Justicia, esto es el trámite de cumplimiento y el incidente de desacato ante el juez de primera instancia, contemplados en los referidos artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.
En efecto, una vez consultado el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial se evidenció que actualmente se encuentra en curso ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, el incidente de desacato con radicado No. 1100122-03-000-2019-02527-03, por lo que será en ese trámite en donde corresponde verificarse el cumplimiento de la citada sentencia de tutela y no a través de este mecanismo de protección constitucional.

Así las cosas, la acción de tutela resulta improcedente en lo relacionado con el cumplimiento del precitado fallo.

3. Planteamiento del problema jurídico

De conformidad con los argumentos expuestos en el escrito de tutela y los informes rendidos por las autoridades demandadas, le corresponde a la Sala determinar si se vulneraron o se encuentran amenazados, los derechos fundamentales invocados por la parte demandante por cuenta del uso de armas de fuego y armas de proyección o lanzamientos de proyectiles en manifestaciones públicas sin que se hubiere expedido el protocolo ordenado en la sentencia tutela STC-7641-2020, emanada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el uso de gases lacrimógenos en el marco de la pandemia por el COVID-19, la asistencia militar y la falta de acompañamiento por parte de la Defensoría del Pueblo durante las marchas.

4. El derecho fundamental a la protesta social y pacífica

La reunión y la manifestación pacífica en espacios públicos y, específicamente, la protesta en el régimen constitucional “constituyen un mecanismo útil para la democracia y para lograr el cumplimiento cabal del pacto social, pues es a través de estos medios de participación que muchas veces se expresan las inconformidades ciudadanas de grupos sociales que no han sido escuchados institucionalmente”.

La protesta social es un derecho fundamental que incluye el derecho a la expresión individual y colectiva en espacios públicos y que está reconocido en la Constitución Política de 1991. Los artículos 20, 37 y 38 de la Constitución reconocen la protesta como expresión y materialización del derecho a la libre expresión, a la reunión y manifestación. Así, el artículo 20 garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones. El artículo 37, por su parte, consagró que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente y que será únicamente la ley la que pueda establecer los casos en los que se podrá limitar el ejercicio de este derecho. A su turno, el artículo 38 garantiza el derecho a la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.
En el ámbito internacional, diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, han protegido el derecho a la protesta. En ese sentido, el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos prevé que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

De igual manera, el pacto internacional de derechos civiles y políticos prevé en el artículo 21 el reconocimiento del derecho a la reunión pacífica y dispone que el ejercicio de ese derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones que prevea la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

A su turno, el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, establece que los Estados “se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: (…) ix) El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas (…)”.

El derecho a la protesta social, asimismo, está garantizado en la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, que en el artículo 15 “reconoce el derecho a la reunión pacífica y sin armas” y prescribe que sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas en la ley, necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o el orden públicos o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

A su vez, el artículo 16 del tratado consagra la libertad de asociación y, entre otras cosas, dispone que: (i) todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole y (ii) el ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

5. Estudio y solución del caso concreto

Los accionantes presentaron acción de tutela con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales a la vida, salud, integridad física, libertad de expresión, reunión y manifestación pública, los cuales consideraron vulnerados y amenazados con algunas circunstancias específicas que se han originado en el marco de las jornadas de manifestación social que se desarrollan en el país desde el 28 de abril de 2021 y, en ese marco, formularon las siguientes pretensiones para materializar la protección ius fundamental invocada: (i) la suspensión del uso de armas de fuego y armas de proyección o de lanzamiento de proyectiles en manifestaciones públicas hasta que se expida el protocolo ordenado en el fallo de tutela STC-7641-2020 proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; (ii) suspender el uso de gases lacrimógenos; (iii) revocar la orden de asistencia militar en las ciudades, activada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 575 de 2021 y (iv) ordenar a la Defensoría del Pueblo brindar el acompañamiento durante las jornadas de protesta, las cuales la Sala abordará de manera independiente para el estudio del caso concreto.

5.1. Sobre la suspensión del uso de armas de fuego y armas de proyección o lanzamiento de proyectiles en manifestaciones públicas hasta tanto se emita el protocolo ordenado en la sentencia STC7641-2020, dictada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia

Lo primero que debe advertir la Sala, es que en cumplimiento de lo establecido en el literal b) del ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de tutela STC7641-2020 de 22 de septiembre de 2020, emanada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la República expidió el Decreto 003 de 2021, por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA”.

Además, resulta importante señalar que, en el citado Protocolo, así como en ninguna otra norma o reglamento se encuentra autorizado el uso o porte de armas de fuego por parte de los miembros de la Fuerza Pública que brindan el acompañamiento en las jornadas de manifestación pública, por lo que en todo caso no resulta factible suspender una medida que ya se encuentra expresamente prohibida en el ordenamiento jurídico.

En efecto, el artículo 35 del Decreto 003 de 2021, como una medida concomitante que se ejecuta por parte de las autoridades de policía con el fin de garantizar el ejercicio de la manifestación pública, y salvaguardar las garantías constitucionales de quienes participan o no en las mismas (art. 25), consagró la prohibición del uso de armas de fuego. Al respecto, expresó lo siguiente:

“ARTÍCULO 35. Prohibición de armas de fuego. El personal uniformado de la Policía Nacional, que intervenga en manifestaciones públicas y pacíficas, no podrá hacer uso de armas de fuego en la prestación del citado servicio”.

Entonces, teniendo en cuenta que la pretensión dirigida a la suspensión del “uso de armas de fuego y armas de proyección o lanzamiento de proyectiles en manifestaciones públicas” estaba condicionada a la expedición del protocolo ordenado en la sentencia de tutela STC-7641-2020 y ello se cumplió desde antes de que se formulara la acción de tutela -10 de mayo de 2021- con el Decreto 003 de 5 de enero de 2021, no hay razones para encontrar acreditada la vulneración de los derechos fundamentales en el contexto expresado en la demanda en relación con este asunto. Así tampoco, es posible acceder a la solicitud de suspensión del empleo de armas de fuego en las jornadas de protesta, toda vez que ello se encuentra expresamente prohibido en el ordenamiento jurídico.

5.2. Respecto de la suspensión del uso de gases lacrimógenos con el objetivo de dispersar manifestaciones públicas o reprimirlas, lo que aumenta el riesgo de contagio del COVID-19

La parte actora consideró que el uso de gases lacrimógenos exacerba el riesgo de contagio del COVID-19 porque aumenta los fluidos corporales (nasales, oculares y salivales), además obliga a las personas a retirarse el tapabocas. Agregaron que ese elemento produce enfermedades respiratorias que sumadas a las complicaciones de salud que origina la enfermedad por el virus aumenta el riesgo de muerte, por lo que consideraron que en el contexto de la pandemia por el COVID-19, es un arma letal.

Para efectos de fundamentar ese argumento, aportaron el documento titulado “The Problematic Legality of Tear Gas Under International Human Rights Law”, publicado por la Universidad de Toronto, Canadá, en el que se pone de presente la posible afectación a la salud por los gases lacrimógenos. Sin embargo, anticipa la Sala que dicho documento no permite acreditar con grado de certeza, que el uso de gases lacrimógenos pone en riesgo la vida y la salud de los accionantes y de otros manifestantes y, que además, el uso de ese elemento, bajo los parámetros legales, constituye un obstáculo para el ejercicio del derecho de protesta.

De hecho, a manera de conclusión el documento señala que el riesgo para la salud ocurre cuando su uso es indiscriminado y que bajo ese parámetro puede provocar serias violaciones a los derechos humanos y tener consecuencias para la salud, empero, en este caso concreto no se aportaron pruebas que permitieran concluir, como lo afirman los demandantes, que su uso ha sido excesivo y que por la pandemia provocada por el COVID-19 incrementa el riesgo de muerte y debe ser categorizado como un arma letal. Adicionalmente, aun cuando el documento señala la necesidad de prohibir el uso de gases lacrimógenos, ese análisis y valoración, a juicio de la Sala, en principio corresponde adelantarse más en un escenario de control abstracto de constitucionalidad y de legalidad, por lo que escapa del ámbito competencial del juez de tutela.

Del mismo modo, con el fin de probar la violación de los derechos fundamentales invocados, la parte actora aportó varios hipervínculos de notas periodísticas relacionadas con supuestos actos de violencia de la Policía Nacional contra los manifestantes en el marco del paro nacional que inició el 28 de abril de 2021. Las notas periodísticas provienen de redes sociales como twitter y de medios de comunicación como El Espectador, Blu radio, El País y Noticias ONU.

Al respecto, la Sala considera que dichas pruebas carecen de la entidad suficiente para probar en sí mismas la existencia y veracidad de la vulneración de los derechos fundamentales alegados, pues como lo ha advertido esta Corporación en su jurisprudencia, de acuerdo con el artículo 165 del Código General del Proceso, dichas pruebas solo cuentan con un valor secundario del hecho y solo demuestran el registro mediático de los circunstancias, por lo que su “eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente”.

Ahora bien, los accionantes solicitaron que “se vincule a la actuación a los (as) representantes legales de la “Campaña Defender la Libertad, Asunto de Todos”, Temblores ONG, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, la Central Unitaria de Trabajadores, la Fundación Solidaridad con Presos Políticos, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, los(as) Concejales de Bogotá Diego Cancino 20 y Heidy Sánchez Barreto y los congresistas de la república Inti Asprilla y Wilson Arias Castillo, para que manifiesten aquello que les consta sobre los hechos y pretensiones de esta acción de amparo y alleguen los medios de conocimiento relacionados con estos asuntos y a los cuales tienen alcance”. Sin embargo, desde el auto admisorio de la demanda la Sala no accedió a esa solicitud, porque el propósito de ello tiene el mismo carácter general e informativo de los hipervínculos allegados con la demanda, que registraron los hechos de violencia que se han presentado desde el 28 de marzo de 2021.

Precisado lo anterior, resulta oportuno hacer una referencia al informe presentado por el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2019, “Protesta y Derechos Humanos Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal”, que es el resultado del monitoreo sobre el ejercicio de los derechos humanos que involucra el derecho de protesta como una manifestación del derecho de expresión, que “juega un papel fundamental en el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas democráticos, se encuentra protegida por los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos y juega un rol fundamental para viabilizar la participación ciudadana en las elecciones y los referendos. Asimismo, pueden contribuir al pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.

En ese informe la CIDH reconoce que el ejercicio del derecho de protesta debe ejercerse de manera pacífica y sin armas y que los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público, que pueden conllevar el uso de la fuerza, para lo cual “deben adoptar medidas proporcionales al logro de estos objetivos y no obstaculizar de manera arbitraria el ejercicio de los derechos en juego en las protestas”.

Afirmó que en el contexto de protesta se encuentra relacionado el ejercicio de otros derechos tales como, libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación. La protección de los mismos conlleva obligaciones de “respetar, proteger y garantizar” por parte de los Estados. La primera, que hace referencia al deber de abstenerse de impedir y obstaculizar la protesta social, la segunda que conlleva impedir que terceros lo hagan y la tercera facilitar el ejercicio de ese derecho.

Particularmente, de acuerdo con la temática que propone este punto bajo análisis, la Sala destaca que el uso de la fuerza fue categorizado por la CIDH en los deberes de “proteger y facilitar” el derecho de protesta, en el sentido de que debe asegurarse un entorno seguro por parte del Estado para su ejercicio, para ese propósito “el recurso a la fuerza pública puede constituir un elemento importante para garantizar el derecho a la protesta y proteger la integridad de los manifestantes”.

Sin embargo, advierte que también representa una importante fuente de violaciones de derechos humanos de quienes participan en las marchas. Por lo tanto, se ha considerado siempre como un último recurso que debe satisfacer los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

El Informe de la CIDH señala que el uso de “armas no letales” y de “armas menos letales” de manera irregular e indiscriminado afecta la integridad física de las personas, por lo que es necesario que existan protocolos y control estricto sobre tales elementos y se establezcan claramente las circunstancias que justifican el uso de la fuerza y el nivel aceptable para enfrentar circunstancias específicas. Igualmente, hace un llamado para que se profundice en “el conocimiento médico disponible respecto de los impactos en la salud y en la integridad de cada una de las armas existentes, así como cuáles son las formas seguras de uso de cada tipo de arma”.

Dentro de las medidas que se pueden adoptar en el contexto de las movilizaciones públicas, se encuentra la de “dispersión o desconcentración forzada” que, de acuerdo con la explicación proporcionada por la Policía Nacional, es el momento en donde se emplean los gases lacrimógenos.

Sobre ese particular, la CIDH resalta que el ejercicio del derecho a la protesta conlleva una perturbación en el tráfico, en el transporte, en las actividades comerciales y laborales que deben admitir cierto grado de tolerancia. Ahora bien, advierte el informe que cuando se decida dispersar una protesta, la orden debe comunicarse a los manifestantes de manera clara y otorgar un tiempo suficiente para dispersarse sin el uso de la fuerza.

El uso de agentes químicos para enfrentar disturbios como es el caso de los gases lacrimógenos, se encuentra autorizado desde la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, conocida como la Convención sobre Armas Químicas, que estableció la categoría “agente de represión antidisturbios”, que incluye “cualquier sustancia química no enumerada en una Lista, que puede producir rápidamente en los seres humanos una irritación sensorial o efectos incapacitantes físicos que desaparecen en breve tiempo después de concluida la exposición al agente”, cuyo uso fue prohibido como método de guerra pero quedó permitido su uso para el “Mantenimiento del orden, incluida la represión interna de disturbios”.

En esa línea, en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptados en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, prevé la posibilidad de que se dote a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de distintos tipos de armas y municiones de modo que se garantice un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego, dentro de las cuales pueden incluir “armas incapacitantes no letales” que permitan restringir cada vez el empleo de medios que puedan ocasionar la muerte o lesiones (Principio 2).

En todo caso, dispuso que “se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado el uso de tales armas” (Principio 3).

Además, precisó que solo se podrá acudir al uso de la fuerza y a través de medios menos violentos, cuando otros mecanismos resulten ineficaces para controlar la situación que amenace la seguridad de los habitantes. Del mismo modo, establece que debe garantizar a las personas afectadas por el empleo de la fuerza y de armas de fuego el acceso a un proceso independiente, incluido un proceso judicial (Principio 23).

Sobre el carácter excepcional del uso de la fuerza, que incluye el empleo de armas menos letales, el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley adoptado en la Asamblea General en la Resolución 34/169 de 17 de diciembre de 1979, señaló que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas” (art. 3).

En ese marco, en Colombia se encuentra regulado el uso de agentes químicos irritantes como el CS (Chlorobenzalmalononitrile) y OC (Oleoresin capsicum) en la Resolución No. 2903 de 2017, que los categorizó como armas menos letales (art. 18) que puede usar la Policía Nacional como último recurso para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública y para proteger la vida e integridad física de las personas sin mandamiento previo y escrito.

El citado acto administrativo también establece que el uso de la fuerza responde a un criterio diferenciado y proporcionado de acuerdo con las características de cada procedimiento según las cuales opera la fuerza preventiva, a través del empleo de mecanismos de comunicación y disuasión y la fuerza reactiva que habilita la fuerza física y el empleo de armas naturales, menos letales y armas de fuego.

Al respecto, la Policía Nacional en la contestación de la demanda informó que este elemento “solo se utiliza cuando el disturbio sobrepasa las capacidades del personal policial que se encuentra ubicado en el lugar” lo que, de acuerdo con su relato, ocurre en la mayoría de los casos en que se presentan disturbios donde “las personas infractoras superan como mínimo en 4 o 5 veces más en número al dispositivo policial que realiza la intervención”.

El Decreto 003 de 2021, por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA”, fijó los principios de la actuación de las autoridades de policía en manifestaciones públicas en el marco del respeto de los derecho humanos, de los principios de legalidad, igualdad y no discriminación, proporcionalidad, así como la atención a criterios de prevención y la aplicación de un enfoque diferencial.

Del mismo modo, como medidas concomitantes establece que frente a actos de violencia que la Policía Nacional intentará agotar una etapa de diálogo y mediación (art. 28) y que en caso de que no surta resultados positivos dará aviso del uso de la fuerza, excepto en aquellos casos en que la infracción se presenta de manera inminente (art. 29), que deberá tener un carácter excepcional y limitarse tanto como sea posible, así como emplear armas, dispositivos y elementos menos letales entregados como dotación por parte de la Institución (art. 32).

Ahora bien, en relación con esos elementos resulta importante mencionar que el Decreto 003 de 2021 estableció como medida preventiva los actos de verificación a los elementos empleados por la Policía Nacional para el acompañamiento de las movilizaciones por parte del Ministerio Público (art. 19).

Es decir, conforme con lo expuesto, el uso de los gases lacrimógenos como arma menos letal, se encuentra regulado bajo criterios de proporcionalidad, necesidad y racionabilidad por parte de la Fuerza Pública para restablecer el orden público.

Sobre el impacto de esos dispositivos en la salud de las personas, la Sala no encuentra elementos suficientes que permita evidenciar, en algún grado de certeza científica, que los componentes de los mismos causan graves afectaciones a la salud de las personas y que esa afectación se vea agravada en el marco de la pandemia por el COVID-19, además los accionantes tampoco cumplieron con este deber de probar (art. 167 Código General del Proceso).

Al respecto, conviene señalar que en los informes presentados por las entidades accionadas se pone de presente el número de denuncias presentadas por víctimas en razón del actuar de la Policía Nacional, y advierten que una de las causas es el presunto uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Empero, no señalan que los componentes de los gases lacrimógenos estén causando un daño a la salud de las personas, tampoco que por esa causa se hubieren aumentado los contagios del COVID-19.

Tampoco se encontraron reportes oficiales de organismos nacionales o internacionales especializados de salud, como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud o el Instituto Nacional de Salud, que permitan concluir que el uso de los gases lacrimógenos causa una afectación a la salud de las personas en razón del COVID-19, que permita al juez de tutela intervenir en la reglamentación del uso de tal elemento cuyo uso está autorizado en el ordenamiento jurídico, para detener la amenaza o superar la vulneración del derecho fundamental a la salud de los accionantes o de otros manifestantes.

Conforme con lo expuesto, la Sala no accederá a esta pretensión de la demanda, en tanto no se evidenció la amenaza o violación al derecho de salud de los accionantes por el uso de los gases lacrimógenos, en el contexto de la pandemia por el COVID-19.

5.3. En relación con la suspensión de la asistencia militar ordenada por el Gobierno Nacional en el Decreto 575 de 2021, “Por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público”

La parte actora solicitó que se suspenda la asistencia militar ordenada por el Gobierno Nacional “con el objetivo de proteger a los protestantes de ataques desmedidos por parte de las mismas, evitar el aumento de muertes y heridos en las protestas, y garantizar el derecho a la manifestación y reunión pacíficas”.

En efecto, la Sala encuentra que por medio de Decreto 575 de 2021 el Gobierno Nacional estableció medidas para la conservación y el restablecimiento del orden público, que encontraron afectado por hechos de violencia, bloqueos de vías públicas, ataques a infraestructura pública y privada en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, y en especial en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Cali, el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, y en los municipios de Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva, dentro de las cuales se encuentra la asistencia militar establecida en el artículo 170 de 1801 de 2016.

En concreto, el artículo 1° del citado decreto expresó lo siguiente:

“Artículo 1. Medidas para la conservación y el restablecimiento del orden público. Ordenar a los gobernadores del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, a los alcaldes del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Cali, del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, de los municipios de Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva, para que el marco de sus funciones constitucionales y legales, adopten las siguientes medidas:

1. Coordinar con las autoridades militares y de policía del departamento la asistencia militar de que trata el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, de manera que el departamento, el distrito y los municipios, pongan en ejecución este instrumento legal para afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones” (…).

Ahora bien, sobre la suspensión de la asistencia militar resulta necesario señalar que esta Sala se pronunció en sentencia de 22 de julio de 2021, en la que amparó los derechos fundamentales a la protesta social, a la vida e integridad personal de los demandantes y de los demás manifestantes y, en consecuencia, dispuso “Suspender, de manera transitoria, el Decreto 575 de 2021, “Por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público”, expedido por el Presidente de la República, hasta que la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida definitivamente las demandas interpuestas contra ese decreto, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia”.

Para efectos de fundamentar esa decisión, evidenció que la asistencia militar dispuesta en el Decreto 575 de 2021 está relacionada directamente con las movilizaciones sociales y, por lo tanto, se consideró que esa medida constituye una amenaza para el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública de los accionantes y de los manifestantes en general.

Advirtió que no se cumplían los presupuestos para decretar la asistencia militar, en tanto las circunstancias a las que se hizo referencia en los considerandos del acto administrativo no amenazan el orden constitucional y se encuentran circunscritos a disturbios internos, con seguridad ciudadana, con la protección y control de civiles, funciones que están a cargo de la Policía Nacional.

Además señaló que la “asistencia militar ordenada, entonces, implica la aplicación de límites legales al derecho de reunión, pues, aunque el decreto no lo diga expresamente, resulta evidente que la medida se decretó por el impacto de las protestas sociales que iniciaron el 28 de abril de 2021 y que, de hecho, aún se mantienen. Por tanto, las medidas de superar la alteración a la seguridad y convivencia; de levantar bloqueos y evitar la instalación de nuevos bloqueos, así como la reactivación de la movilidad, incluye la posibilidad de aplicación de la fuerza física por parte de las Fuerzas Militares en contra de los manifestantes, posibilidad que no está permitida por la Constitución”.

Entonces, teniendo en cuenta que la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la sentencia de 22 de julio de 2021, suspendió el Decreto 575 de 2021, “Por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden Público”, la Sala dispondrá estarse a lo resuelto en esa providencia, en lo relacionado con la pretensión de la suspensión de la asistencia militar ordenada en el citado acto administrativo.

5.4. Pretensión relativa al acompañamiento de la Defensoría del Pueblo en el marco de las protestas

Los accionantes aseveraron que la Defensoría Pública no se ha hecho presente en las jornadas de protestas desarrolladas en el marco del paro nacional. Sobre dicha acusación, se observa que no se aportaron elementos probatorios suficientes que la respalden.

La Defensoría del Pueblo en la contestación de la demanda de tutela evidenció la forma como se materializa el acompañamiento y la asesoría a las personas que participan en las marchas que se han desarrollado entre septiembre de 2020 y el 18 de mayo de 2021 para adelantar acciones de promoción, divulgación y protección del derecho de protesta pacífica y el control estricto fuerte e intenso sobre el actuar del ESMAD.
Manifestó que, para cumplir con ese propósito, se diseñaron y ejecutaron distintas estrategias, tales como la “Guía de acompañamiento a las movilizaciones - ciudadanas: Alcance de intervención del Ministerio Público”, elaborada en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, que contiene orientaciones sobre el ejercicio del derecho de la protesta y los recursos que tienen a disposición las manifestantes víctimas de abuso policial. También informó que elaboró una guía de bolsillo titulada “Derechos, deberes, servicios y rutas de atención en el marco de la protesta social pacífica”, de la cual se han distribuido 17.500 copias en las jornadas de manifestaciones, entre otras.

Mencionó que se expidió la Resolución No. 481 de 2021, por la cual se adoptaron “Los lineamientos para la revisión de elementos de dotación e identificación del escuadrón móvil antidisturbios-ESMAD- en el marco de manifestaciones públicas y en eventos privados” contenidos”, en donde se establecen las actividades previas, concomitantes y posteriores que deben desarrollarse por la Defensoría del Pueblo y por la Fuerza Pública, para la verificación y control sobre el actuar y los elementos que emplea el ESMAD en el marco de las manifestaciones públicas.

Del mismo modo, afirmó que se concretó una agenda para la capacitación sobre la promoción y divulgación de los derechos humanos y los estándares internacionales para el uso de la fuerza y el restablecimiento del orden público.

Concretamente, se refirió a las actuaciones ejecutadas entre el 28 de abril y 18 de mayo de 2021, destacando que se han dispuesto 441 servidores públicos adscritos a las 42 Defensorías Regionales y el nivel central para el acompañamiento en 1279 marchas y movilizaciones que se han desarrollado, asimismo existen 303 defensores públicos disponibles para prestar el servicio de defensoría a quien lo requiera.

Acreditó a través de actas de informe y verificación aportadas con el escrito de contestación, que la Defensoría del Pueblo ha efectuado 235 revisiones a las secciones del ESMAD en las cuales se ha verificado el número de efectivos disponibles, la identificación visible y el uso de implementos autorizados en la Resolución No. 2903 de 2017. Agregó que participaron en el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) instalado en la Dirección General de la Policía Nacional y en los PMU municipales y departamentales, en donde se realiza el monitoreo y coordinación para la atención interinstitucional de las manifestaciones y se dan las recomendaciones para el uso proporcional y diferenciado de la fuerza y el respeto de los derechos humanos.

Entonces, de acuerdo con lo anterior, la Sala no encuentra que se hubiese configurado la vulneración ius fundamental invocada por la parte actora, por la supuesta falta de “presencia” en las jornadas de protesta como lo aseguraron en la demanda, pues aunque los accionantes no expresaron con exactitud el alcance de la misma , la Sala encontró acreditado que la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus funciones legales y constitucionales ha brindado un acompañamiento y control sobre el actuar de la Fuerza Pública en el marco de las manifestaciones públicas y ha asegurado la disponibilidad del servicio de defensoría pública.

Con fundamento en lo anterior, la Sala no accederá a la pretensión formulada en la demanda, relativa a que se ordene a la Defensoría Pública que brinde “el acompañamiento en las marchas a nivel nacional, para que garanticen el derecho a la libre reunión y manifestación de manera pacífica y sin abusos de las Fuerzas Públicas, ya que no se han hecho presente”.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia de 22 de julio de 2021, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del expediente 2021-02250-00, actora: Catalina Arbeláez Trujillo y otros, en relación con la suspensión de la asistencia militar dispuesta en el Decreto 575 de 2021, “Por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público”, expedido por el Presidente de la República.

Segundo.- NIÉGANSE las demás pretensiones de la acción de tutela promovida por los señores Esteban Quesada Sánchez, Andrea Valentina Velásquez, Melixa Rodríguez Parrado, Gilma Socorro Vanegas Romero, Luz Marina Díaz Salamanca, Juan Carlos Cristancho Cuesta, Rosalba Sánchez Gómez, Ronald Quesada Sánchez, Miguel Ángel Castillo Monroy, Luis Felipe Narváez Gómez, Julio Roberto Rincón Cristancho, Pablo Alejandro Cristancho, María del Socorro Cristancho, José Joaquín Cristancho, Pablo Emilio Quesada Soracá, Nelson López Soracá, Juan Carlos Niño Duran, María José Cristancho Vanegas, Karilym Ramírez Pérez, Jessica Andrea Vanegas Mora, Miguel Ángel Cendales Reyes, Dara Michelle Morales Nova, Angela Johanna Bautista Pulido, Andrés Gilberto Montañez Escarraga, Laura Esperanza Esguerra, Gilma Socorro de Vanegas, Julián Camilo Ochoa Reyes, por las razones expuestas.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
SALVA VOTO
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Consejera

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero

M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Expediente 2019-02527-01. La comunicación fue enviada a los siguientes correos electrónicos: HYPERLINK "mailto:dignificarabogadasyabogados@gmail.com" dignificarabogadasyabogados@gmail.com, HYPERLINK "mailto:notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co" notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co, HYPERLINK "mailto:tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co" tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, HYPERLINK "mailto:juridica@defensoria.gov.co" juridica@defensoria.gov.co, HYPERLINK "mailto:notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co" notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co, HYPERLINK "mailto:notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co" notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co, HYPERLINK "mailto:procesosjudiciales@procuraduria.gov.co" procesosjudiciales@procuraduria.gov.co,
Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. Sentencia T-531 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T 531 de 2002, precisó que el acto por el que se confiere poder tiene las siguientes características: “(i) es un acto jurídico formal que debe realizarse por escrito; (ii) se presume auténtico; (iii) debe ser especial con el fin de interponer una acción de tutela; (iv) es para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso, por lo que no se entiende conferido para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento tengan origen en un proceso ordinario; y (v) el destinatario del acto de apoderamiento solo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional”. Sección Cuarta, sentencia de 22 de julio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-02250-00; C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Expediente 2019-02527-02. En esta ocasión se reiterarán las consideraciones expuestas por esta Sala en la sentencia de 22 de julio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-02250-00; C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Corte Constitucional, sentencia C-009 de 2018. ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. ARTICULO 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. ARTICULO 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Artículo 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. En: HYPERLINK "https://ihrp.law.utoronto.ca/sites/default/files/media/Legality%20of%20Teargas%20-%20Aug25%20V2.pdf" https://ihrp.law.utoronto.ca/sites/default/files/media/Legality%20of%20Teargas%20-%20Aug25%20V2.pdf
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, sentencia del 29 de mayo de 2012, expediente: PI 2011-01378-00. C.P. Susana Buitrago Valencia y más recientemente Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de septiembre de 2014, expediente 30.875, Magistrado Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Edison Lanza. Relator Especial para la Libertad de Expresión de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el período Octubre de 2014 a Octubre de 2020. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de enero de 1993. En Colombia fue aprobada por medio de la Ley 525 de 1999.

En ese sentido, el ordinal d, numeral 9, artículo 2 de la Convención expresó: “Por fines no prohibidos por la presente convención, se entiende (…) d) mantenimiento del orden, incluida la represión interna antidisturbios”. En el ámbito internacional deben destacarse diferentes documentos e instrumentos internacionales, algunos de ellos vinculantes y cuya aplicación es obligatoria para todas las autoridades, incluida la Rama Judicial, otros no vinculantes que en todo caso constituyen parámetros de interpretación.
celebrado en La Habana del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Expediente 11001-03-15-000-2021-02250-00, Actora: Catalina Arbeláez Trujillo y otros.

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