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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-02517-01

Fecha
31 de enero de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-02517-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 28 de junio de 2021, mediante la cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó al amparo solicitado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Yeison David Ruíz Agudelo y otros, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 19. TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-02517-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

31 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 31 de enero de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2021-02517-01
Demandante: Yeison David Ruíz Agudelo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera
– Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Lesiones sufridas por
conscripto/ desconocimiento del precedente - no se configura.

Síntesis del caso: Se enjuició la providencia confirmatoria de la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa, cuyo sustento
radicó en las lesiones que sufrió un conscripto.

De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a
resolver la impugnación presentada contra la Sentencia de 28 de junio de
2021, mediante la cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado negó el amparo solicitado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de tutela de primera instancia
e impugnación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 13 de mayo de 2021, Yeison David Ruiz Agudelo, Carlos Alberto Ruiz
Acevedo, Henry Yohan Ruiz Agudelo y Gloria Patricia Agudelo Puerta, a
través de apoderado, presentaron acción de tutela contra la Subsección
A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso y acceso a la administración de la justicia, con ocasión de
la Sentencia de 20 de noviembre de 2020, dictada dentro del proceso de
reparación directa No. 11001-33-43-059-2017-00067-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“(…) PRIMERO: Sean Tutelados a favor de YEISON DAVID RUIZ AGUDELO
(lesionado), CARLOS ALBERTO RUIZ ACEVEDO (padre del lesionado), HENRY

1Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 , 1983 de 2017, 333
de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2021-02517-01
Demandante: Yeison David Ruíz Agudelo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

YOHAN RUIZ AGUDELO (hermano del lesionado), GLORIA PATRICIA AGUDELO
PUERTA (madre del lesionado), los derechos fundamentales de la Igualdad,
Debido Proceso y acceso a la administración de justicia.

SEGUNDO: Dejar sin efecto la Decisión proferida el 29 de octubre 2020 y
notificada el 20 de noviembre de 2020, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, Magistrada Ponente Bertha
Lucy Ceballos Posada, dentro del proceso 11001334305920170006701,
promovido por YEISON DAVID RUIZ AGUDELO, CARLOS ALBERTO ACEVEDO,
HENRY YOHAN RUIZ AGUDELO, y GLORIA PATRICIA AGUDELO PUERTA, la cual
CONFIRMÓ la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado 59
Administrativo del Circuito de Judicial de Bogotá, el día 02 de abril de 2019,
que negó las pretensiones de la demanda.”

3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:

4. 1) Yeison David Ruiz Agudelo ingresó al Ejército Nacional para prestar
el servicio militar obligatorio en condición de soldado regular, donde fue
adscrito al Batallón de Ingenieros No. 4 “Pedro Nel Ospina” en el municipio
de Angostura, Antioquia.

5. 2) El 18 de mayo de 2015, Yeison David Ruiz Agudelo, quien se
encontraba en una base de patrulla móvil, recibió una descarga eléctrica
(rayo), lo que le ocasionó visión borrosa y molestia en sus ojos.

6. 3) El 19 de mayo de 2015, fue atendido en el Hospital de Angostura,
donde le diagnosticaron iritis, maculopatia de origen eléctrica y cefalea
pulsátil con episodios de cambios comportamentales.

7. 4) Indicaron que, en el Informativo Administrativo por Lesiones de 10
de julio de 2015 y en el Acta de Junta Médico Laboral No. 106995 de 11 de
abril de 2019 se determinó que el hecho y el daño ocurrieron (se trascribe)
“en servicio y por causa y razón del mismo”. Además, en el segundo se
calificó la disminución de la capacidad laboral en un 42.05%.

8. 5) Por lo anterior, el señor Ruiz Agudelo y su grupo familiar
presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, orientada a obtener la declaratoria de responsabilidad de la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y, en
consecuencia, el reconocimiento y pago de los perjuicios derivados de las
lesiones que sufrió.

9. 6) Mediante Sentencia de 2 de abril de 2019, el Juzgado 59
Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, tras
concluir que (se trascribe) “el daño alegado en esta demanda ha sido
producto de una causa extraña como la fuerza mayor, totalmente ajena a
la actividad del Estado”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-02517-01
Demandante: Yeison David Ruíz Agudelo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedente
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10. 7) La anterior decisión fue apelada por la parte demandante, por lo
que, el 29 de octubre de 2020, la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca la confirmó.

11. El fundamento de la vulneración radicó en que, a juicio de la parte
actora, la autoridad judicial demandada desconoció el precedente de la
Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3, sobre la aplicación del
régimen de responsabilidad objetivo del Estado en casos de daños
causados a conscriptos, bajo el título de imputación de daño especial o
riesgo excepcional.

12. Adujo que la posición de garante que tenía el Estado frente a los
conscriptos, le imponía el deber de protegerlos de los riesgos a los que
pudiera someterlos y, además, lo hacía responsable por los daños que
estos padecieran durante la prestación del servicio militar obligatorio.

13. En virtud de lo anterior, explicó que la descarga eléctrica que recibió
Yeison David Ruiz Agudelo fue un riesgo que él no asumió voluntariamente
ni eligió compartir con el Estado, pues fue un peligro al que se vio expuesto
por razón de la orden impartida por sus superiores de permanecer en una
patrulla móvil, lugar que, en su parecer, no era seguro al momento de una
tormenta, lo que denotaba un rompimiento de las cargas públicas.

14. Por otra parte, afirmó que no era posible alegar como eximente de
responsabilidad la fuerza mayor, en la medida que esta se dio con ocasión
de las obligaciones de especial sujeción entre el Estado y los soldados
regulares, pues, las lesiones sufridas por el señor Ruiz Agudelo fueron (se
trascribe) “en servicio por causa y razón del mismo”, demostrado mediante
Informativo Administrativo por Lesión No. 19 de 2015 y Acta de Junta
Médico Laboral No. 106995 de 11 de abril de 2019”.

15. Adicionalmente, sostuvo que, en casos similares, tanto el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca4 como el de La Guajira5, accedieron a
pretensiones relacionadas con lesiones sufridas por conscriptos y derivadas
de descargas eléctricas.

1.2. Fallo de tutela de primera instancia e impugnación

16. Mediante Sentencia de 28 de junio de 2021, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado, tras
concluir que la decisión enjuiciada no incurrió en vía de hecho por

2 Sentencia T-793 de 2008, Sentencia de T-11 de 2017.
3 Sentencia de 20 de febrero de 2014, Exp. 30.132, Sentencia de 15 de octubre de 2008, Exp. 33.465, Sentencia de
16 de julio de 2015, Rad. 52001-23-31-000-2001-00860-01(33465), Sentencia de 13 de junio de 2016, Rad. 52001-23-
31-000-2007-00593-01 (39309), Sentencia de 28 de febrero de 2020, Rad. 76001-23-31-000-2011-00065-01 (51065).
4 Sentencia de 16 de abril de 2021, radicado No. 2018-00027-01 y Sentencia de 10 de julio de 2019, radicado No.

2017-00233-01.
5 Sentencia de 24 de octubre de 2013, radicado No. 2007-00030-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-02517-01
Demandante: Yeison David Ruíz Agudelo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedente
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desconocimiento del precedente, ya que la misma se soportó en un
estudio razonable de los hechos, las pruebas documentales allegadas, la
normativa y la jurisprudencia aplicable al caso concreto.

17. En esa medida, adujo que lo anterior le permitió a la autoridad
judicial accionada concluir que el daño padecido por Yeison David Ruiz
Agudelo tuvo origen en un hecho de la naturaleza que no permitía
atribuirle responsabilidad a la administración, bajo el argumento de que (se
trascribe) “si bien la responsabilidad del Estado en casos de lesiones
personales de soldados que prestan el servicio militar se debe analizar bajo
el régimen objetivo, también es cierto que en el mismo pueden ocurrir
circunstancias ajenas a comportamiento de la administración que impiden
imputarle los daños sufridos por el sujeto”.

18. Por último, precisó que las sentencias citadas por los demandantes
como desconocidas no constituían un pronunciamiento de unificación del
Consejo de Estado (Sala Plena o Sección Tercera), en condición de órgano
de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sobre lesiones
derivadas por hechos de la naturaleza. Adicionalmente, que los
argumentos expuestos por los mismos demostraban su inconformidad con
lo resuelto, sin acreditar irregularidades de orden constitucionales.

19. La parte demandante presentó escrito de impugnación en el cual
indicó que (se trascribe):

" (…) las providencias enunciadas en el escrito de tutela se señalaban como
un referente para acreditar que sin importar que concurra un hecho de la
naturaleza, por el simple el hecho del Estado de asumir una posición de
garante en relación con el soldado regular, lo hace responsable del daño que
pueda sufrir, y deberá indemnizar a los demandantes, de acuerdo a lo
solicitado en la demanda y es precisamente estos pronunciamiento que se
hacen en casos similares al que es objeto de estudio, los que se piden resolver
de la misma manera, pues de lo contrario se desconoce ese principio a la
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades
judiciales”.

20. En ese orden, insistió en que el régimen de responsabilidad aplicable
por los daños causados a los conscriptos, era el objetivo, por la posición de
garante del estado y las obligaciones de especial sujeción, toda vez que
Yeison David Ruiz Agudelo no decidió de manera voluntaria hacer un
registro en patrulla móvil y mucho menos exponerse a este peligro.

21. Adicionalmente, adujo que, si bien, no existía una sentencia de
unificación del Consejo de Estado sobre lesiones derivadas a soldados
conscriptos por hechos de la naturaleza, sí ha conocido de casos similares
al presente, como la Sentencia de tutela de 16 de enero de 2020, Rad.
11001-03-15-000-2019-04849-00. En ese orden, citó nuevamente la
Sentencia de 24 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal

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Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
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Administrativo de La Guajira en el proceso No. 2007-00030-01 y reiteró que
no era posible alegar como eximente de responsabilidad la fuerza mayor.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusiones.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial6

22. En el presente asunto, se revocará el fallo de primera instancia que
negó el amparo solicitado y, en su lugar, se declarara improcedente por
no satisfacer el requisito de relevancia constitucional, por las siguientes
razones:

23. Si bien, en la Sentencia impugnada, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado estableció que el presente asunto revestía
relevancia constitucional porque (se trascribe) “el defecto alegado puede
llevar consigo una violación de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, los
cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados”, lo
cierto es que, más adelante, concluyó que la parte actora pretendía
hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia
adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del
proceso ordinario y obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.

24. En esa medida, la Sala coincide con que la pretensión de la parte
demandante es someter su controversia a una instancia adicional,
actuación que, se reitera, hace improcedente la acción de tutela, ya que,
en los términos de la Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”7.

25. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 20148, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere (1) la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por
parte del demandante en la que explique la relevancia de la controversia
para el juez de tutela9 y que la solicitud de amparo no se presente con

6 Al respecto: Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005; Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01
7 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
8 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01
9 Ídem. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de

tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”

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Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedente
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objeto de obtener una nueva instancia 10; y (2) que se trate de una
controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera
legalidad11.

26. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional12.

27. Habida cuenta lo anterior, la Sala logró evidenciar que, en el escrito
de tutela, la parte demandante reiteró el argumento sobre la aplicación
del régimen de responsabilidad objetivo del Estado a su caso, el cual ya
había formulado en el recurso de apelación que interpuso contra la
Sentencia de 2 de abril de 2019, dentro del medio de control de
reparación directa No. 11001-33-36-059-2017-00067-00/01. Incluso, en dicho
proceso ordinario se refirió y allegó la Sentencia de 24 de octubre de 2013,
como caso similar al suyo, por tratarse de un soldado conscripto que se vio
afectado por una descarga eléctrica 13.

28. Los anteriores reparos expuestos fueron abordados y desarrollados
por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, al proferir la Sentencia de segunda instancia, sostuvo
(se trascribe):

“(…) 3) El régimen de responsabilidad

14. La sala comparte las consideraciones de la sentencia de primera instancia
sobre la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad, porque el hecho
se produjo en el marco de la prestación del servicio militar obligatorio, lo que
significa que el afectado no asume los riesgos anormales o excepcionales
derivados de este14.

10 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia
procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
11 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
12 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
13 “El recibir la descarga eléctrica el SLR YEISON DAVID RUIZ AGUDELO, fue un riesgo que dicho soldado no

asumió voluntariamente ni mucho menos eligió compartir con el Estado, fue un peligro al que se vio expuesto en
razón de la orden impartida de hacer parte de una patrulla móvil, lo que denota el rompimiento de las cargas
públicas.// (…) las circunstancias en las que resultó lesionado el SLR YEISON DAVID RUIZ AGUDELO permite
concluir que el lugar donde se encontraba no contaba con los elementos de seguridad mínimos para evitar que
la descarga eléctrica lo alcanzara, lo que aumento las posibilidades de sufrir la lesión y ponerlo en un riesgo
mayor que estaba obligado soportar.// Si bien es cierto para la Entidad demandada no es posible contemplar el
hecho de la naturaleza antes de que este ocurra, lo cierto es que si es previsible que las fuertes lluvias generen
tormentas eléctricas, por lo que le corresponde adoptar medidas de seguridad para proteger a los miembros de
la Fuerza Pública de estos hechos de la naturaleza, que si son previsibles, en especial brindar más protecciones y
exponer menos los soldados regulares.// En un caso similar, en los que han resultado herido un Soldado
conscripto al ser alcanzado por una descarga eléctrica, se señaló lo siguiente en sentencia proferida en esa y
que confirma lo expuesto anteriormente:// 1. Sentencia Proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira el
día 24 de octubre de 2013, dentro del proceso No. 2007-00030-01, esta Corporación decide acceder a las
pretensiones, por considerar que (…)”. Folios 155 y 156 del proceso de reparación directa No. 11001-33-36-059-
2017-00067-00/01.
14 Ver: sentencia del 08 de junio de 2017, radicado No. 5001-23-31-000-206-03139-01(48540).

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15. Por ello, las causales de exoneración de la responsabilidad patrimonial -
aun del régimen objetivo-, aplican cuando los hechos u omisiones se
producen por causa de una situación externa, imprevisible e irresistible al
demandado, lo cual determina que el hecho no puede atribuirse a éste15.

4.) Lo probado

16. En este caso, consta que el señor Ruiz Agudelo prestaba el servicio militar
obligatorio como soldado campesino del Ejército nacional para el 18 de mayo
de 2015, día en el que sufrió unas lesiones por causa del impacto de un rayo,
circunstancias que fueron descritas en el Informe Administrativo por Lesiones N°
019 del 10 de julio de 2015, así (fl. 21 C.2)
(…)
5.) De la imputabilidad jurídica en el caso concreto

17. Se recuerda que el a quo determinó que en este caso se presentó un
eximente de responsabilidad, pues el daño fue consecuencia de una causa
extraña imprevisible para la entidad.

18. En relación con la fuerza mayor eximente de responsabilidad, se advierte
que el Consejo de Estado ha establecido que ese hecho extraño sí absuelve al
Estado, pues se trata de un evento de la naturaleza ajeno a la actividad que
se desempeñaba cuando se presenta el daño16.

19. En el caso, la sala encuentra que, tal y se determinó en primera instancia,
el daño fue consecuencia de un hecho imprevisible e irresistible para el
Ejército Nacional, pues si bien, el señor Ruiz Agudelo ejercía labores propias del
servicio militar por su condición de conscripto, las afecciones fueron
consecuencia de una fuerza mayo, pues lo determinante fue un evento de la
naturaleza, como lo es el rayo.

20. Los medios de prueba tampoco indica las características del lugar en el
que cayó la descarga eléctrica, por lo que no es posible determinar que la
entidad estatal demandada hubiese podido instalar algún elemento para
mitigar este acontecimiento o que le era posible prever ese hecho.

21. Así, la sala reitera sus consideraciones aplicadas en un caso con similitud
fáctica similar. En aquella oportunidad se determinó17:
“Frente a la exterioridad del hecho, si bien el demandante para el momento
de la tormenta eléctrica, en su condición de soldado regular, se encontraba
realizando la entrega como centinela en la vereda Concordia del
departamento de Putumayo, es posible deducir que atendiendo a que la
descarga eléctrica por rayo deviene de la ocurrencia de un fenómeno de la
naturaleza, la institución Castrense no tenía el control del hecho para evitarlo,
pues estaba fuera de su campo de acción o de su esfera jurídica, por lo que
fuerza concluir que no le era posible precaver la caída del rayo en la
humanidad de YILMER JESUS GUEVARA ENRÍQUEZ.
(…)
Así las cosas, este Tribunal encuentra acreditada las condiciones requeridas
para la estructuración de la fuerza mayor, dado que se constató la
exterioridad del hecho y que sus efectos eran imprevisibles e irresistible para la
demanda. En consecuencia, concluye la Sala que el daño ocasionado al
demandante principal no es imputable al Ejercito Nacional comoquiera que
no se demostró que fue quien creó el riesgo que lo produjo.”

15 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, sentencia del 12 de junio de 2017. Radicado No. 73001-23-
31-000-2011-00091(48514)
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 29 de agosto de 2016, Exp. 38.155. radicado No. 17001-23-

31-000-2003-01318-01.
17 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de septiembre de

2017, radicado No. 11001-01-01-000-20130-0031-01 M.P.

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Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca – declara improcedente
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29. De lo anterior, se tiene entonces que el juez natural se pronunció de
manera razonable frente a lo alegado por la parte actora, tras considerar
que, efectivamente, el régimen de responsabilidad aplicable era el
objetivo, por tratarse de un hecho que se produjo en el marco de la
prestación del servicio militar obligatorio, pero que no podía ser imputado
al demandado, comoquiera que se configuró la fuerza mayor como
eximente de responsabilidad.

30. Además, se debe mencionar que, pese a que la parte actora
mencionó que con la decisión cuestionada se vulneró su derecho a la
igualdad porque casos similares fueron resueltos favorablemente por los
Tribunales Administrativos de Cundinamarca y de La Guajira e, incluso, por
el Consejo de Estado en un fallo de tutela, lo cierto es que en el recurso de
apelación sólo se citó el de La Guajira, respecto del cual, aunque no hubo
un pronunciamiento expreso por parte del Tribunal demandado, debe
tenerse en cuenta que, tal como lo indicó el juez de tutela de primera
instancia, la Sentencia que lo resolvió no era de unificación ni constituía
precedente vinculante.

31. Finalmente, debe aclarase que las diferencias interpretativas que
existieren entre el demandante y el juez natural de la causa no constituyen,
por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones
del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela o la presunta afectación a derechos
fundamentales, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el
asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela
contra providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de
amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional 18.

2.2. Conclusiones

32. La Sala procederá a revocar el fallo de tutela de primera instancia y,
en su lugar, declarará improcedente la acción constitucional por no
superar el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
18

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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Decisión: Revoca – declara improcedente
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RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 28 de junio de 2021, mediante la
cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó
al amparo solicitado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de
tutela promovida por Yeison David Ruíz Agudelo y otros, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 19.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

19 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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