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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-02586-00

Acción de tutela por acción u omisión de autoridad pública

Fecha
5 de agosto de 2021
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate (e)

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-02586-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Fiscalía General de la Nación, el Municipio de Pasto, la Personería Municipal de San Juan de Pasto, el Departamento de Nariño, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo Regional Nariño, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.2.2. y 2.2.3. de la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las solicitudes presentadas por el Municipio de Pasto, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.2.4. de los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: DECLARAR LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL y, en consecuencia, la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela ejercida por la señora María Daniela Castillo Legarda y otros en relación con las pretensiones segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima, novena, décima, decimoprimera, decimosegunda y decimocuarta, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.8.1. de la parte considerativa de esta providencia. CUARTO: NEGAR el amparo solicitado por la señora María Daniela Castillo Legarda y otros respecto de las pretensiones primera, tercera, octava, decimotercera y decimoquinta, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.8.2 de la parte considerativa de esta providencia. QUINTO: Insistir a las autoridades demandadas que den cumplimiento a las directrices previstas en la normatividad internacional, convencional y constitucional en materia de protección del derecho a la protesta pacífica. SÉXTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SÉPTIMO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-02586-00

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate (e)

5 de agosto de 2021

ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / IDONEIDAD DEL INCIDENTE DE DESACATO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA / ACREDITACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL / DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTESTA PACÍFICA

¿Se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional con ocasión de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, a través de la cual se amparó el derecho fundamental a la protesta pacífica y sus efectos se hicieron extensivos a todos los ciudadanos que a futuro ejercieran esa garantía constitucional? (…) La Sala advierte que, respecto de [las pretensiones segunda y sexta], se configura el fenómeno de cosa juzgada constitucional. (…) De acuerdo con la orden dispuesta por la Corte Suprema de Justicia y con el protocolo que la materializó, la regla general es que el uso de armas de fuego o cualquier otro tipo de dispositivo letal está prohibido para cualquier miembro de la fuerza pública en contextos en los que se ejerza el derecho fundamental a la protesta pacífica. Asimismo, el acompañamiento permanente de la ciudadanía y los órganos de control en las manifestaciones para garantizar el respeto por los derechos fundamentales de los involucrados. En consonancia con las normas constitucionales y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el uso de la fuerza por parte de los agentes estatales obedece al principio de excepcionalidad y absoluta necesidad, por lo que el empleo de armas letales y de fuego contra la población civil, tanto en escenarios de protesta como en cualquier otro, está prohibido por regla general. Debido a que la reglamentación que la sentencia en cuestión ordenó proferir, debe regirse por dicha normatividad, la pretensión del accionante se ve cobijada por lo dispuesto en tal providencia. Ahora bien, si el accionante considera que dicha orden no fue cumplida, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y que se adopten las decisiones necesarias para que se haga la referida verificación. A su vez, si la parte tutelante considera que el Decreto 003 del 5 de enero de 2021 no cumple con el mandato convencional y constitucional de que el uso de armas de fuego debe estar prohibido, por regla general, cuenta con el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, regulado por el artículo 135 de la Ley 1437 del 2011 y el cual es un mecanismo judicial idóneo para controvertir dicha norma, al ser un decreto de carácter general dictado por el Gobierno Nacional, y un proceso en el que se puede solicitar que se adopten medidas cautelares, de conformidad con el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011. En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedentes estas pretensiones. (…) Respecto [a las pretensiones cuarta y séptima] también opera el fenómeno de cosa juzgada constitucional. Como ha sido expuesto con suficiencia, la Corte Suprema de Justicia en el numeral quinto ordenó la expedición y el cumplimiento estricto de un “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”, de conformidad con todos los parámetros constitucionales, convencionales e internacionales en materia de protección del derecho fundamental a la protesta pacífica. (…) [Frente a] la pretensión [quinta] de la parte actora ya fue objeto de pronunciamiento por parte del Alto Tribunal, razón por la cual, esta particular situación hizo tránsito a cosa juzgada, de tal manera que cuenta entonces con el desacato para cuestionar su inconformidad, pues no es dable que en esta sede se recabe frente a un asunto que ya fue resuelto, precisamente con base en el principio de la cosa juzgada, conforme a los razonamientos decantados por la Sala en el marco jurídico y jurisprudencial que antecede. (…) [Frente a las pretensiones novena, décima, decimoprimera, decimosegunda y decimocuarta operó de igual manera la cosa juzgada constitucional por las mismas razones anteriormente descritas. Razón por la que se declarará la improcedencia de la acción de tutela sobre las pretensiones ya señaladas].

ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA - Niega / DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTESTA PACÍFICA / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[Ahora bien, frente a las pretensiones objeto de análisis de fondo, la Sala encuentra respecto a la tercera] que, si bien el derecho a la protesta pacífica no se suspende con ocasión de la emergencia sanitaria, lo cierto es que las personas deberían abstenerse de concurrir a escenarios en donde se presenten aglomeraciones o no se cumplan los protocolos de bioseguridad, por cuanto esto produce que los contagios y muertes por el virus covid-19 aumenten de manera acelerada. Por supuesto, quien decida libremente participar de las protestas y manifestaciones públicas debe asumir los riesgos que ello implica, tanto a nivel de contagio del virus como de las situaciones que se presentan cuando la Policía Nacional debe intervenir para preservar la seguridad y la convivencia ciudadana. Por ello, no es dable que un manifestante invoque la emergencia sanitaria producida por el covid-19 para que se suspenda el uso de los mencionados agentes químicos por parte de la Policía Nacional, pues, se reitera que al participar hoy en día en actividades en donde se presentan aglomeraciones y alteraciones al orden público se expone autónomamente a los riesgos que ello conlleva. Además, el uso de estos agentes químicos no constituye un uso desproporcionado de la fuerza, pues, es un recurso legal con el que cuenta la Policía Nacional que se encuentra regulado y reglamentado. En ese orden de ideas, no se observa que el uso del dispositivo lanzador de pimienta, con propulsión pirotécnica, gas o aire comprimido; Granadas con carga química CS, OC; Granadas fumígenas; Cartuchos con carga química CS, OC y, Cartuchos fumígenos durante la emergencia sanitaria producida por el covid-19 amenace los derechos fundamentales invocados por los tutelantes. Así las cosas, se negará esta pretensión. (…) [Respecto a la pretensión octava,] Es por ello que la Sala no considera necesario dar la orden pretendida por cuanto los manifestantes a través de sus líderes pueden acceder a toda la información que requieran, en tanto se encuentra probado el diálogo permanente de los interesados con el ente gubernamental. (…) [En cuanto a la decimotercera,] contrario a lo manifestado por los tutelantes, no se avizora el ánimo de la administración por cercenar el derecho a la protesta social, sino que, contrario a ello, se propendió por dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado que consiste en garantizar tanto los principios y deberes como los derechos fundamentales de los ciudadanos, situación que puede efectivizarse a través de los decretos municipales. (…) [Respecto a la decimoquinta,] [l]a Sala considera que si bien no es necesario proferir alguna orden adicional a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil en sentencia del 22 de septiembre de 2020, en la medida en que dicha providencia dispuso, con suficiencia, todas las medidas que las autoridades estatales deben adoptar en materia de protección tanto del derecho a la protesta pacífica, en todo caso, se insiste en la necesidad de que las autoridades estatales cumplan a cabalidad con la normatividad constitucional y convencional que las rige en el sentido de garantizar plenamente el ejercicio de la protesta. (…) [Así las cosas,] [l]a acción de tutela que ejerció la señora [M.D.C.L.] y otros no cumple con el requisito de subsidiariedad en relación con las pretensiones segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima, novena, décima, decimoprimera, decimosegunda y decimocuarta, toda vez que los accionantes cuentan con el incidente de desacato para solicitar el cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020. Los derechos de los tutelantes no resultan amenazados por alguna acción u omisión de las autoridades accionadas y, por ello, no procede el amparo deprecado respecto de las pretensiones primera, tercera, octava, decimotercera y decimoquinta.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia para que cualquier ciudadano pueda presentar incidente de desacato para la protección del derecho fundamental a la protesta pacífica amparado, en el marco del paro convocado desde el 28 de abril de 2021; puede consultarse la sentencia de 22 de septiembre de 2020, proferida por el M.P. Luis Armando Tolosa Villabona, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, STC7641-2020 Radicación No. 11001-22-03-000-2019-02527-02.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02586-00(AC)

Actor: MARÍA DANIELA CASTILLO LEGARDA Y OTROS

Demandado: DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y OTROS

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por los señores María Daniela Castillo Legarda y otros, contra el Departamento de Nariño, el Municipio de Pasto, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería Municipal de Pasto, la Nación – Ministerio Defensa Nacional – Policía Nacional, la Nación – Ministerio Defensa Nacional – Ejército Nacional y la Secretaría de Salud de Pasto.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 14 de mayo de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la señora María Daniela Castillo Legarda y otros ejercieron acción de tutela contra del departamento de Nariño y otros, con el fin de que les fueran amparados sus derechos fundamentales “a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la libertad de expresión, al de reunión, al de la manifestación y protesta pública y pacífica”.

2. Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la presunta represión y abuso de fuerza por parte de la fuerza pública, (en especial el proveniente del Escuadrón Móvil Antidisturbios, en adelante ESMAD) en el Municipio de Pasto dentro del marco de las protestas y movilizaciones que a nivel nacional se han venido presentando desde el 28 de abril del presente año. Dicho actuar, alegan, no se encuentra acorde con los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“1. Tutelar nuestros derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, integridad personal, salud, libertad de expresión, reunión, manifestación y protesta pública y pacífica. 2. Como consecuencia de lo anterior, se sirva ordenar al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO y a la NACIÓN (sic) – a la NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL –POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO, COMANDANTES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (Comandantes del ESMAD, Copes – Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo- y Goes -Grupos Operativos Especiales de Seguridad-) NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL –BATALLÓN DE BOYACÁ PASTO, dar instrucción clara e inmediata a todos los miembros de la Policía Nacional y del Ejército Nacional de hacer uso de la fuerza de manera EXCEPCIONAL, proporcionada y con el fin real de proteger los derechos de la ciudadanía, también de abstenerse de usar armas de fuego y/o armas no letales, en contra de la población civil en las protestas que se desarrollen en los próximos días y meses en el MUNICIPIO DE PASTO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 3. Se ORDENE al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO y a la NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL –POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO, COMANDANTES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (Comandantes del ESMAD, Copes -Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo- y Goes -Grupos Operativos Especiales de Seguridad-) NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE BOYACÁ PASTO que suspenda el uso de los agentes químicos, a) Dispositivo lanzador de pimienta, con propulsión pirotécnica, gas o aire comprimido; b) Granadas con carga química CS, OC; c) Granadas fumígenas; d) Cartuchos con carga química CS, OC y, e) Cartuchos fumígenos y/o cualquier otra sustancia semejante en las protestas que se desarrollen en los próximos días y meses en el MUNICIPIO DE PASTO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO, mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria a causa de la propagación la Covid-19, dispuesta por el Gobierno Nacional y/o local y sus prorrogas. 4. Se ORDENE al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO y a la NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL –POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO, COMANDANTES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (Comandantes del ESMAD, Copes -Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo- y Goes -Grupos Operativos Especiales de Seguridad-) NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE BOYACÁ PASTO, que den cumplimiento estricto al protocolo denominado “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA”, adoptado mediante Decreto 003 de enero de 2021, en las protestas que se realizaran en los próximos días y meses en el MUNICIPIO DE PASTO. 5.

ORDENAR al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO, a la a la NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL –POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO, COMANDANTES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (Comandantes del ESMAD, Copes -Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo- y Goes -Grupos Operativos Especiales de Seguridad-) NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE BOYACÁ PASTO que el despliegue de la fuerza pública en las próximas manifestaciones a realizarse en el MUNICIPIO DE PASTO, se adelante únicamente con los agentes policiales y del ESMAD que cuenten con la formación, capacitación, actualización y entrenamiento en derechos humanos, principios básicos sobre el uso de la fuerza, el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, empleo de dispositivos menos letales y demás temas alusivos a los escenarios del servicio de policía en manifestaciones y control de disturbios ya ordenada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC7641-2020 de 22 de septiembre dentro del expediente de tutela Radicado nro. 11001-22- 03-000-2019-02527-02 y que se encuentra establecida en el Decreto 003 de enero de 2021. 6. Se ORDENE al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO y al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO, que en las manifestaciones o concentraciones a realizarse en los próximos días y meses en el MUNICIPIO DE PASTO, disponga el acompañamiento permanente en los lugares de concentración, además de la Policía Nacional, de los gestores de convivencia o funcionarios delegados, para que promuevan el diálogo, interlocución y mediación, con las autoridades cuando se den situaciones de enfrentamiento, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 003 de enero de 2021. 7. ORDENAR al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO, a la a la NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL –POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO, COMANDANTES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (Comandantes del ESMAD, Copes -Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo- y Goes -Grupos Operativos Especiales de Seguridad-) NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE BOYACÁ PASTO se sirvan realizar una campaña pedagógica que promueva el derecho a la reunión y manifestación pacífica que incluya comunicados oficiales previo al inicio de las movilizaciones donde se garantice el cumplimiento de su función y el ejercicio constitucional de estos derechos como garantía de no repetición. 8. Se ORDENE al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO y al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO, la difusión pública y masiva de la ruta de acción, acompañamiento y ubicación de los gestores de convivencia durante las manifestaciones o concentraciones a realizarse en los próximos días y meses en el MUNICIPIO DE PASTO. 9. Se ORDENE a la PROCURADURÍA REGIONAL NARIÑO y a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL NARIÑO activar sus protocolos internos de acompañamiento, desplegar sus equipos de manera permanente para que asistan a las personas que hacen parte de las manifestaciones públicas, en aras de garantizar sus derechos fundamentales, brindando la asesoría jurídica que requieran. 10. Se ORDENE al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO y al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO se sirvan rendir en el menor tiempo posible y en un plazo que no supere los tres (3) meses, una explicación pública satisfactoria, a través de los medios de comunicación y las redes sociales institucionales, sobre las actuaciones administrativas adelantadas por el Gobernador, el Alcalde y policía (sic), relacionadas con el uso de la fuerza durante las manifestaciones realizadas desde el 28 de abril de 2021 en el MUNICIPIO DE PASTO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 46 del Decreto 003 de 2021. 11.

CONMÍNASE al FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN para que imprima un criterio de celeridad prevalente y especial a las investigaciones penales que se adelantan por los posibles hechos delictivos, especialmente, la desaparición forzada, acaecidos en el marco de las protestas realizadas desde el 28 de abril de 2021 en el MUNICIPIO DE PASTO, con el fin de que las acciones penales respectivas no lleguen a prescribir. 12. Se ORDENE a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO, COMANDANTES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (Comandantes del ESMAD, Copes - Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo- y Goes -Grupos Operativos Especiales de Seguridad-) NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL –BATALLÓN DE BOYACÁ PASTO permitir que organizaciones defensoras de derechos humanos, comisiones de verificación de garantías a la protesta social, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, MINISTERIO PÚBLICO, puedan estar presentes y realizar verificaciones en caso de capturas y traslado de personas durante el desarrollo de las manifestaciones ocurridas en el MUNICIPIO DE PASTO, el cual, deberá realizarse en los sitios de reclusión permitidos legalmente y con enfoque de género. 13 ORDENAR al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO y al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO se abstengan limitar el derecho a la protesta social con la expedición de decretos de toque de queda para los días en que se tienen programadas las manifestaciones, pues con ello están excediendo su función de policía administrativa, tal como ocurrió con la expedición del Decreto 0187 del 05 de mayo de 2021. 14. Se ORDENE al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO y al COMANDANTE DE POLICÍA a que dentro de las 48 siguientes a la notificación de la presente tutela proceda, por medios masivos de comunicación nacionales y locales, a solicitar disculpas públicas por el uso excesivo de la fuerza pública durante las protestas desarrolladas desde el 28 de abril de 2021 en el MUNICIPIO DE PASTO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 15.ORDENAR al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO y a la a la NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL –POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO, COMANDANTES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (Comandantes del ESMAD, Copes -Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo- y Goes -Grupos Operativos Especiales de Seguridad-) NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE BOYACÁ PASTO, que en adelante, para cualquier protesta que se llegaré a presentar en el MUNICIPIO DE PASTO, se abstengan de incurrir en conductas como las que dieron lugar a la presente acción de tutela.”

4. Así mismo, como medida provisional, los accionantes enlistaron las siguientes pretensiones:

1. ORDENAR al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO, a la NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL –POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO, COMANDANTES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (Comandantes del ESMAD, Copes -Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo- y Goes -Grupos Operativos Especiales de Seguridad-) NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE BOYACÁ PASTO que el despliegue de la fuerza pública en las próximas manifestaciones a realizarse en el MUNICIPIO DE PASTO, se adelante únicamente con los agentes policiales y del ESMAD que cuenten con la formación, capacitación, actualización y entrenamiento en derechos humanos, principios básicos sobre el uso de la fuerza, el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, empleo de dispositivos menos letales y demás temas alusivos a los escenarios del servicio de policía en manifestaciones y control de disturbios ya ordenada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC7641-2020 de 22 de septiembre dentro del expediente de tutela Radicado nro. 11001-22-03-000-2019-02527-02 y que se encuentra establecida en el Decreto 003 de enero de 2021.

2. Para el cumplimiento de lo anterior y siendo inminente la amenaza de los derechos, se ORDENE a la NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL NACIÓN – POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO, COMANDANTES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (Comandantes del ESMAD, Copes -Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo- y Goes -Grupos Operativos Especiales de Seguridad-) NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL –BATALLÓN DE BOYACÁ PASTO remitir con destino a este despacho y en caso de desplegarse miembros de la fuerza pública (policía nacional y ESMAD) las órdenes diarias de prestación del servicio, el listado de agentes, certificación de que los mismos hayan recibido el proceso formativo en derechos humanos e igualmente las armas, elementos y dispositivos no letales que se emplearán con sus respectivos seriales de identificación, finalmente sistematizar los procedimientos en los que intervengan por alteraciones al orden público en medios audiovisuales.

3. Se ORDENE al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO y a la NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO, COMANDANTES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (comandantes del ESMAD, Copes -Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo- y Goes -Grupos Operativos Especiales de Seguridad-) NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE BOYACÁ PASTO , dar instrucción clara e inmediata a todos los miembros de la Policía Nacional y del Ejército Nacional de hacer uso de la fuerza de manera EXCEPCIONAL, proporcionada y con el fin real de proteger los derechos de la ciudadanía, también de abstenerse de usar armas de fuego y/o armas no letales, en contra de la población civil en las protestas que se desarrollen en los próximos días y meses en el MUNICIPIO DE PASTO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO especialmente en lo atinente a la Resolución 02903 de 23 de junio de 2017, en donde se “reglamentó el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales” para el personal de la policía y demás protocolos asumidos por la institución con ocasión de lo dispuesto en la Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia STC7641-2020, radicación N.° 11001-22-03- 000- 2019-02527-02 y ratificada por decreto 03 de 2021.

4. Se ORDENE al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO y a la NACIÓN –MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO, COMANDANTES DEL DEPARTAMENTO DENARIÑO (comandantes del ESMAD, Copes -Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo- y Goes -Grupos Operativos Especiales de Seguridad-) NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE BOYACÁ PASTO que suspenda el uso de los agentes químicos, a) Dispositivo lanzador de pimienta, con propulsión pirotécnica, gas o aire comprimido; b) Granadas con carga química CS, OC; c) Granadas fumígenas; d) Cartuchos con carga
química CS, OC y, e) Cartuchos fumígenos y/o cualquier otra sustancia semejante en las protestas que se desarrollen en los próximos días y meses en el MUNICIPIO DE PASTO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO, mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria a causa de la propagación la Covid-19, dispuesta por el Gobierno
Nacional y/o local y sus prorrogas.

5. ORDENAR a la Secretaría de Salud de Pasto, en asocio con el comandante de Policía Metropolitana de Pasto, la Defensoría del Pueblo- regional Nariño, la Personería municipal de Pasto, la Procuraduría Territorial de Nariño deberán acudir a los Centros de Traslado de Protección y verificar las condiciones de bioseguridad de dichos centros de traslado, así como las medidas de protección de las personas que se encuentren allí retenidas. Verificando el cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 155 de la Ley 1801 de 2016.

6. ORDENAR a la SECRETARÍA DE SALUD DE PASTO, en asocio la POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO, disponer de los implementos suficientes de seguridad y salud de las personas trasladadas por protección conforme a los protocolos del Ministerio de Salud para evitar el contagio COVID – 19. Así mismo deberán garantizarse todos los implementos de bioseguridad al interior de estos sitios, así como la asistencia de los Abogados Defensores, Agentes del Ministerio Público y Colectivos de derechos humanos que requieran información con respecto a las personas allí ubicadas.

7. Se ORDENE al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO y al ALCALDE
MUNICIPAL DE PASTO que, en las manifestaciones o concentraciones a realizarse en los próximos días y meses en el MUNICIPIO DE PASTO, disponga el acompañamiento permanente en los lugares de concentración, además de la Policía Nacional, de los gestores de convivencia o funcionarios delegados, para que promuevan el diálogo, interlocución y mediación, con las autoridades cuando se den situaciones de enfrentamiento, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 003 de enero de 2021.

8. Se ORDENE a la PROCURADURÍA REGIONAL NARIÑO, a la DEFENSORÍA DEL
PUEBLO SECCIONAL NARIÑO Y PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO, activar sus protocolos internos de acompañamiento, desplegar sus equipos de manera permanente para que asistan a las personas que hacen parte de las manifestaciones públicas, en aras de garantizar sus derechos fundamentales, brindando la asesoría jurídica que requieran”.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró como supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia los siguientes:

5. Varias organizaciones sociales convocaron a la ciudadanía con el fin de que el 28 de abril de 2021 se realizara un paro nacional con protestas y manifestaciones públicas en distintas ciudades del país.

6. Así mismo, algunos miembros de la Policía Nacional han utilizado de manera desproporcionada la fuerza y se han denunciado lesiones personales, homicidios y desapariciones forzadas.

7. Actualmente, en algunas ciudades del país persisten las protestas y manifestaciones públicas, así como los disturbios, alteraciones al orden público y las denuncias contra miembros de la Policía Nacional.

8. Dentro de dicho accionar, se ha venido presentado un exceso de fuerza por parte de miembros de la Policía Metropolitana de Pasto y miembros adscritos al ESMAD.

1.3. Fundamentos de la solicitud

9. Los señores María Daniela Castillo Legarda y otros, aseguraron que las autoridades judiciales accionadas amenazaban sus derechos fundamentales a la “a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la libertad de expresión, al de reunión, al de la manifestación y protesta pública y pacífica”, con base en los siguientes supuestos fácticos:

10. La parte actora argumentó que las acciones y omisiones de las autoridades accionadas transgredieron las garantías invocadas con ocasión de la violación sistemática de los derechos humanos, en el marco de las manifestaciones iniciadas el 28 de abril de 2021 y días subsiguientes, debido al paro nacional.

11. Puntualizó que la fuerza pública ha cometido las siguientes conductas que constituyen la base edificatoria del quebrantamiento de los derechos fundamentales señalados:

Sin mediar hechos que trastornen en del orden público y la convivencia pacífica, el ESMAD ha intervenido de forma arbitraria e improcedente en las protestas pacíficas, así, el 5 de mayo del 2021 lanzaron gases lacrimógenos de forma indiscriminada contra la concentración en la plaza de Nariño de la ciudad de Pasto sin tener en cuenta la presencia de menores de edad, adultos mayores y vendedores ambulantes. Asimismo, el Ejército Nacional al hacer presencia armada infundiendo temor ante las movilizaciones artísticas y culturales del 9 de mayo del presente año en la mencionada ciudad.
Uso de agentes químicos de forma deliberada para reprimir las protestas, puntualmente, las del 28 y 30 de abril y 5 de mayo del 2021 que incrementan el riesgo del contagio de la COVID – 19 porque esto obliga a que las personas se despojen del tapabocas.
Medidas desproporcionadas por parte del ESMAD para conjurar las situaciones derivadas de las protestas como el uso de armas y otros artefactos que ocasionaron lesiones a los protestantes.
Detenciones y traslados injustos por parte del ESMAD a los centros adaptados por la alcaldía municipal so pretexto del no acatamiento del toque de queda del 30 de abril, dispuesto por el ente territorial mediante decreto 179 de 2021.
Incumplimiento de las mediaciones para prevenir enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, establecidas en el acto administrativo 03002 del 29 de junio de 2017 y el Decreto 003 del 5 de enero de 2021, así como las medidas de traslado por protección establecidas en la Ley 1801 del 29 de julio 2016 (artículo 115).
Amenaza al derecho de reunión y la libertad de expresión con las anteriores situaciones descritas.
Omisión de la alcaldía municipal de Pasto en designar a los gestores de convivencia para el acompañamiento de estos en las protestas.
Falta de reporte y publicación por parte de la alcaldía municipal respecto de los agentes de la fuerza publica que han actuado de forma arbitraria, así como las denuncias penales y disciplinarias.

12. Con base en lo anterior, enfatizó en la vulneración del derecho a la manifestación pública, afincado en la libertad de expresión como pilar del reconocimiento de la dignidad humana, que deben ser garantizados por el Estado. Citó, entre otras, la sentencia STC7641-2020 del 20 de septiembre de 2020 de la Corte Suprema de Justicia, el artículo 218 Constitucional y, los artículos 2, 3, 6, 24 y 42 del Decreto 003 del 5 de enero de 2021, para señalar que la actividad de policía procura la preservación del orden público pero que no debe valerse de represiones para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues deben actuar en el marco de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

13. Concluyó que tanto la Policía Nacional como el alcalde municipal deben verificar la situación particular y concreta de la manifestación, antes de desplegar cualquier actuación que ponga en riesgo los derechos fundamentales de las personas convocadas a las manifestaciones y que en el mismo sentido el ESMAD debe ser la “ultima ratio” previo al agotamiento de alternativas para restablecer la convivencia pacífica.

14. Del mismo modo alegó el quebrantamiento del derecho a la salud (artículos 48 y 49 de la Constitución Política y artículo 2 de la Ley 1751 de 2015), susceptible de ser protegido a través de la acción de tutela, conforme a lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008.
15. También citó las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia COVID – 19 para enfatizar en la importancia del uso del tapabocas para evitar el contagio, sobre todo en las protestas, pero que ello se ve frustrado por el uso de gas lacrimógeno además de provocar discapacidad temporal; químicos que se encuentran enlistados en la Resolución 02903 del 23 de junio de 2017, artículo 42 pero que generan efectos adversos que impactan negativamente en la salud.

16. Adicionalmente hizo alusión a la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción de 1993 aprobada por el Estado Colombiano mediante la Ley 525 de 1999 entre otras decisiones y conceptos relativos a las consecuencias que trae para la salud el uso de dichas sustancias.

17. Concluyó que las actuaciones descontroladas y arbitrarias por parte de la fuerza pública contra los manifestantes amenazan la movilización pacífica de las personas que pretenden participar de las protestas.

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto que dispuso la remisión por competencia al Tribunal Superior de Pasto

18. El 11 de mayo de 2021, los accionantes presentaron escrito de tutela que le correspondió por reparto al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pasto, quien la estimó mal asignada en el auto del 12 de mayo, en aplicación del artículo 1º del Decreto 333 de 2021, que modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, al considerar que se trata de una tutela dirigida contra el Fiscal General de la Nación cuyo propósito consiste en que se emitan órdenes de política criminal, así que la competencia le correspondía a los magistrados del Tribunal Superior de Pasto o al Tribunal Administrativo de Nariño, por lo que ordenó enviar el expediente judicial nuevamente a la Oficina Judicial para surtir una nueva asignación de competencia.

1.4.2. Auto que remitió la acción de tutela al Consejo de Estado al considerar que se debía vincular al Presidente de la República

19. Mediante auto del 13 de mayo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Unitaria Laboral ordenó una segunda remisión por competencia al Consejo de Estado al estimar que el asunto de tutela en torno al mantenimiento del orden público, le corresponde al Presidente de la República, por lo que este debía ser vinculado de oficio y que según las reglas de reparto de tutela, le corresponde conocer al máximo órgano de la jurisdicción contencioso- administrativa.

1.4.3. Auto que ordenó el estudio de la acumulación de expedientes al Despacho del Magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez

20. A través de auto del 24 de mayo del año en curso, el Despacho de la Doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez conoció del asunto ordenando remitirlo a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Despacho del Magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez, estimando que existía similitud de objeto de estudio con el expediente de radicado 11001-03-15-000-2021-02250-00 y por lo cual era procedente su acumulación, de conformidad con el principio de economía procesal y lo dispuesto en el decreto previamente referido.

1.4.4. Auto que dispuso la devolución del expediente

21. Mediante auto del 27 de mayo de 2021, proferido por el Despacho del Magistrado Piza Rodríguez, se negó la acumulación aduciendo que se trataba de derechos vulnerados y pretensiones distintas, difiriendo también en las autoridades accionadas y los supuestos fácticos que les dieron origen. De esta manera, ordenó remitir al despacho de origen para su trámite.

22. En la misma fecha, se radicó por parte de los accionantes un memorial compuesto por 4 oficios en los que se solicita la adición de material probatorio, argumentando que hasta dicho momento no habían obtenido respuesta de fondo por parte de la autoridad judicial competente.

1.4.5. Auto admisorio

23. Mediante auto del 10 de junio de 2021, la entonces Magistrada Lucy Jeannette Bermúdez en cumplimiento de lo dispuesto por el auto del 27 de mayo, admitió la acción de tutela en contra del Municipio de Pasto, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería Municipal Nariño, la Nación – Ministerio Defensa Nacional – Policía Nacional, la Nación – Ministerio Defensa Nacional – Ejército Nacional y la Secretaría de Salud de Pasto.

24. En la misma providencia, se ordenó vincular como terceros con interés a la Presidencia de la República, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior.

25. Frente a las medidas provisionales solicitadas, el Despacho las negó de conformidad con la identidad de objeto de la causa y la pretensión constitucional, hasta tanto se contara con las intervenciones de las autoridades vinculadas.

1.4.6. Auto que ordena vincular a sujetos con interés

26. Por auto del 13 de julio de 2021, la Magistrada Ponente de la decisión, ordenó la vinculación del Departamento de Nariño y a la Personería Municipal de Pasto en calidad de demandadas en tanto, en la providencia admisoria se omitió la vinculación del primero y por error de digitación se admitió la demanda en contra la Personería Municipal de (sic) Nariño.

27. De otro lado, en relación con las pruebas aportadas y solicitadas por los tutelantes, consideró que los testimonios y declaraciones de parte no serían escuchados en audiencia pública y, en su lugar, dispuso que fueran remitidos a la Corporación, escritos bajo la gravedad de juramento sobre las condiciones, hechos y actos presentados que les constara en las manifestaciones presentadas en el Municipio de Pasto del 28 de abril al 13 de mayo de 2021.

28. Por lo anterior, concedió al señor Erick Adrián Velasco Burbano y a la señora Martha Lucía Ceballos Vega, tres días, contados a partir de la notificación de la providencia, para que entregaran en la Secretaría General del Consejo de Estado las declaraciones bajo juramento.

29. También, ordenó tener como pruebas, los documentos, enlaces web y videos, aportados, tanto en el escrito de tutela como en el memorial allegado por los accionantes el 27 de mayo, mediante correo electrónico dirigido al buzón web de la Secretaría del Consejo de Estado.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Defensoría del Pueblo Regional Nariño

30. Con escrito enviado por correo electrónico el 18 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, a través de la defensora de dicha regional se opuso a las pretensiones de los tutelantes y aseveró que no ha vulnerado los derechos deprecados, asimismo solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Enfatizó que es el Presidente de la República el competente para tomar acciones relativas a la Fuerza Pública para conservar el orden y no la Defensoría del Pueblo.

31. Explicó que en el marco de las protestas generadas a partir del 28 de abril de 2021, su actuación se surte con estricto apego a los protocolos, lineamientos y procedimientos establecidos por la Defensoría del Pueblo “en atención al cumplimiento a la Orden Octava de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia STC 7641 de 2020, sobre el control estricto, fuerte e intenso de toda actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional en el desarrollo de manifestaciones”.

32. Como medidas tendientes a la protección de los derechos humanos, puso de presente que desde la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, se publicó el documento-Estrategia Integral de Formación y Divulgación en el Derecho a la Protesta y los Principios del Uso de la Fuerza por Parte de la Fuerza Pública - informe remitido a la CIDH y que la Defensoría del Pueblo, a través de la Resolución Defensorial 076 de mayo 2021, hace un llamado a los gobernadores y alcaldes a tomar medidas para garantizar los derechos fundamentales.

33. De otra parte, señaló que revisado el sistema de gestión documental, el registro de derechos humanos visión web de la Defensoría del Pueblo, el registro único de peticiones RUP y el de información visión web ATQ por peticionario o afectado, no encontró información relativa a los accionantes atinentes a solicitudes o quejas portafolio al que pueden acceder para obtener atención defensorial.

34. Ulteriormente, enlistó algunos expedientes de tutela en el marco del desarrollo de las manifestaciones pacíficas desde el 28 de abril de 2021 hasta la actualidad con el fin de que fueran tenidos en cuenta en la presente acción como pruebas documentales.

1.5.2. Personería Municipal de San Juan de Pasto

35. Con escrito enviado por correo electrónico el 21 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el personero solicitó la desvinculación de la entidad al considerar que no ha incurrido en alguna conducta u omisión que trasgreda los derechos fundamentales de los demandantes.

36. Como fundamento de lo mencionado, aseveró que ha realizado acompañamiento a todas las jornadas de manifestación llevadas a cabo en el Municipio de Pasto desde el 28 de abril de 2021, a través de los personeros delegados y que ha participado en:

Actividades como anotaciones, actas de visitas e informes, desarrolladas en el traslado de las personas que requieren una especial protección a los centros de traslado por protección creados en el municipio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Explicó que los centros transitorios creados para el efecto, obedecieron a las medias a tomar para evitar el contagio de la COVID-19.

Hace presencia en los puestos de mando, destacó que en las manifestaciones no ha habido desapariciones o muertes.

Participó en la construcción del protocolo del 8 de junio de 2021 para garantizar el respeto por el derecho a la protesta.

Realiza recomendaciones frente al cumplimiento de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad en el actuar de la Policía Metropolitana de Pasto.

Participó en los diálogos con las Procuraduría Provincial de Pasto, la Defensoría del Pueblo Regional Nariño, el Instituto de Bienestar Familiar, la Secretaría de Salud y de Gobierno Municipal, la Defensa Civil y los miembros de los comités de Derechos Humanos previendo garantizar los derechos de los manifestantes.

Ha dispuesto diversos canales de comunicación para que la ciudadanía ponga en conocimiento las distintas inquietudes, denuncias y quejas relacionadas con el uso desbordado de la fuerza pública.

1.5.3. Fiscalía General de la Nación

37. Con escrito enviado por correo electrónico el 17 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el director Seccional de Fiscalías de Nariño, solicitó que se desvinculara a la Fiscalía General de la Nación por carecer de legitimación en la causa por pasiva y se declara la improcedencia de la acción constitucional por tratarse de hechos genéricos y sin argumentos. También señaló que los tutelantes carecían de legitimación en la causa por activa.

38. En relación con la falta de legitimación en la causa por pasiva, manifestó que no existía un nexo entre los hechos que originaron la acción de tutela y la entidad, comoquiera que los presupuestos fácticos que motivaron la interposición del mecanismo de protección constitucional están relacionados con el exceso de la fuerza pública sin exponer las razones que de las acciones u omisiones por parte del ente fiscal.

39. Advirtió que, de conformidad con el artículo 250 de la Constitución, la Fiscalía General de la Nación tiene la función de ejercer la acción penal bajo las condiciones establecidas en la ley y, por ello, no estaba dentro de sus competencias intervenir en las manifestaciones para conservar el orden público.

40. En relación con la falta de legitimación por activa, dijo que los tutelantes no detallaron de forma específica la vulneración de sus derechos fundamentales por parte de la fuerza pública y que lo que se pretende es la modificación de la política pública y la legislación para la restauración del orden público, situación que se escapa de las potestades del juez de tutela.

1.5.4. Procuraduría General de la Nación

41. Con escrito enviado por correo electrónico el 16 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la abogada Andrea Lyzeth Londoño Restrepo profesional de la Oficina Jurídica de la entidad, sostuvo que la Procuraduría General de la Nación ha acompañado las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan desde el 28 de abril de 2021 con el fin de que se garantice el derecho fundamental consagrado en el artículo 37 de la Constitución, así que solicitó que se declarara la improcedencia de la acción constitucional por cuanto es un órgano de control independiente de cualquier autoridad o entidad del Estado además de haber realizado las actuaciones correspondientes en el marco del Decreto 262 del 2000 que define sus funciones.

42. Como sustento de lo anterior, aseguró que la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo elaboraron el documento “Guía de acompañamiento a las movilizaciones ciudadanas: Alcance e Intervención del Ministerio Público”, con el fin de orientar a las personas acerca del concepto de la protesta pacífica, las normas que la garantizan, cuándo se presenta intervención arbitraria de la fuerza pública y cuál es el acompañamiento que brinda el Ministerio Público.

43. Precisó que, la entidad y la Policía Nacional expidieron el “Protocolo de verificación en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo del cualquier mitin, reunión o acto de protestas”, para que se garantizaran los derechos de las personas en las protestas y manifestaciones públicas.

44. Advirtió que, los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación participaban en los puestos de mando unificado para hacer vigilancia y seguimiento como ente de control y evitar que se vulneraran los derechos fundamentales de los ciudadanos.

45. Manifestó que, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales ha constituido agencias especiales del Ministerio Público para apoyar la recolección de pruebas y hacer seguimiento a las investigaciones disciplinarias y penales que se llevan a cabo por los hechos ocurridos durante las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan desde el 28 de abril de 2021.

46. Aclaró que, hasta el 1° de junio de 2021 se han tramitado 154 acciones disciplinarias que buscan la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos “quienes protestan y quienes deciden no hacerlo” y el esclarecimiento de hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos. En este punto, expuso las siguientes cifras:

“-Se adelantan 127 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de la fuerza pública, con ocasión de sus intervenciones en los actos de protesta. De estas, tres (3) son investigaciones disciplinarias, y las demás son indagaciones preliminares.

• Diez (10) expedientes contra otros funcionarios públicos, entre ellos: investigación disciplinaria contra una funcionaria de la Defensoría del Pueblo por presunta obstrucción de procedimiento de policía. Y una indagación al gerente de la ESE Hospital San Joaquín del municipio de Nariño (Antioquia) por manifestaciones públicas contra manifestantes.

• 17 actuaciones se adelantan contra funcionarios públicos de elección popular por posible incumplimiento de sus deberes o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, detalladas así:

• Tres (3) congresistas son investigados disciplinariamente: Dos miembros del Senado y una integrante de la Cámara de Representantes.

• Siete alcaldes: Cartagena, Pasto, Pereira, Neiva y Villavicencio (5indagaciones preliminares); y Paipa, Zipaquirá (2 investigaciones disciplinarias.

• Una indagación preliminar al Gobernador del Magdalena.

• Seis (6) Concejales: La Tebaida (Quindío), Ibagué (Tolima), Bogotá DC, Riosucio (Caldas), Girón (Santander) y Guarne (Antioquia). Todos en indagación preliminar.”

47. Señaló que el 2 de junio de 2021 publicó lo anterior a través de su página web procuraduria.gov.co como “el boletín el siguiente balance del paro nacional 2021”, noticia que puede ser consultada y analizada.

1.5.5. Municipio de Pasto

48. Con escrito enviado por correo electrónico el 18 y 21 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Despacho del alcalde del municipio, dijo que la parte actora carecía de legitimación en la causa por activa al no haber acreditado la afectación directa de los derechos fundamentales deprecados, los que además están relacionadas con personas indeterminadas, así que la acción de tutela no es procedente para alegar derechos colectivos.

49. Señaló que el Municipio de Pasto carecía de legitimación en la causa por pasiva por cuanto, además de lo anterior, conforme a las pruebas arrimadas al expediente, demostró el esfuerzo institucional tendiente a garantizar los derechos de las personas inmersas en las protestas públicas y aclaró que es a través del diálogo que se dará solución a las inconformidades de éstos. Manifestó lo mismo en relación con las medidas mitigadoras de la COVID-19.

50. También, se opuso a las pretensiones de la acción de tutela y sostuvo que la Alcaldía de Pasto ha tomado medidas con el fin de mitigar los actos violentos que se han presentado durante las protestas y manifestaciones públicas, las cuales se sintetizan a continuación:

Mantiene vigente el Decreto N° 429 del 21 de noviembre de 2018 “Por medio del cual se adopta el protocolo para coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión de libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica del Ministerio del Interior”, atendiendo lo dispuesto en la Resolución 1190 del 03 de agosto de 2018.
Expidió el Decreto Municipal No. 0226 del 9 de junio de 2021 “por medio del cual se expide el protocolo de acciones preventivas, concomitantes, y posteriores, denominado «Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana»”.
Previo a cada manifestación, activa la “mesa de seguimiento a la protesta pacífica” para hacer seguimiento a estas y generar espacios de comunicación directa con los líderes convocantes.
Creó consejos de seguridad que recepcionan información proveniente de las redes sociales y “otros medios” con el fin de tomar medidas para evitar la alteración del orden público.
Durante las manifestaciones, activa el Puesto de Mando Unificado – PMU- cuyo objetivo consiste en el seguimiento en tiempo real a las marchas, a través del circuito cerrado de televisión.
Dispuso de personal denominado Gestores de Convivencia y Derechos Humanos como mediadores entre los manifestantes y la fuerza pública que se encargan de realizar el acompañamiento durante la protesta y, entre otras, funciones velan por el respeto de los derechos humanos.
Levantó un informe desde el 28 de abril de 2021 que actualiza semanalmente.
Vela por el funcionamiento permanente del centro de traslado por protección -CTP-, creado mediante Acuerdo Municipal No. 007 del 22 de marzo de 2017, conforme al artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, que es operado por la Policía metropolitana de San Juan de Pasto donde se garantiza el acompañamiento directo de los gestores con conocimiento en enfoque de género, protección de niños niñas y adolescentes y derechos humanos.
Creó un centro de traslado por protección transitorio para trasladar a las personas que alteraron la convivencia, contraviniendo la orden del toque de queda del 30 de abril de 2021, donde se garantizó el acompañamiento directo de los gestores con conocimiento en enfoque de género, protección de niños niñas y adolescentes y derechos humanos, también con el acompañamiento de los gestores.
Ejerció labores de verificación de cumplimiento y respetos a los derechos humanos con el acompañamiento de la Procuraduría Provincial, la Personería de Pasto, Defensoría del Pueblo, defensores de Derechos Humanos y la Gobernación de Nariño.

51. Aseguró que el Alcalde de Pasto y su gabinete han adelantado acciones tendientes a conformar mesas de diálogo permanente con los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente, con el fin de lograr soluciones y que se garantice el orden público, la protesta pacífica, la libertad de expresión, la libertad personal, el derecho de reunión, la integridad física, la vida y “otros derechos relacionados con la protesta pacífica”.

52. Enlistó las medidas que ha implementado para prevenir el contagio de la Covid-19 en esos escenarios como planes de contingencia, articulación de estrategias, puntos de tamizaje, visitas de seguimiento, plan de vacunación, entre otras. Indicó que adicionalmente, recaba a los manifestantes que deben atender los protocolos de bioseguridad, así que tampoco ha quebrantado el derecho a la salud.

53. De otro lado, solicitó como prueba que la señora María Isabel Calvache, subdirectora de Salud Pública de la Secretaría de Salud, rindiera testimonio para que se manifestara respecto de las acciones desarrolladas por esa entidad en el marco de las protestas sociales.

54. Finalmente, señaló que interponía recurso de reposición contra el auto del 13 de junio de 2021 al considerar que al decretar las declaraciones juramentadas sin permitirse el derecho de contradicción, sin tener un objeto claro y sin haberse especificado “la razón en virtud de la cual tiene conocimiento de los hechos sobre los cuales se efectuará la declaración”, afectarían la objetividad de la declaración sesgada por la posición política del declarante al ser un concejal opositor a la actual administración.

55. De forma subsidiaria, en caso de no revocar el decreto de dicha prueba, solicitó la práctica de las declaraciones juramentadas con audiencia de los demás intervinientes, incluyendo la de los funcionarios que han participado en las mesas de garantías al ejercicio de la protesta, así mismo, de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de la Secretaría de Gobierno (Carlos Hernán Bastidas Torres: secretario de Gobierno; Jimmy Alexander Mosquera: subsecretario de Justicia y Seguridad; Heiman Yessid Guerrero Rosero: subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos.)

1.5.6. Presidencia de la República

56. Con escrito enviado por correo electrónico el 17 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la abogada María Carolina Rojas Charry, solicitó que se negara el amparado deprecado por los tutelantes con base en los siguientes razonamientos:

57. Después de hacer un recuento de los hechos relacionados por la parte accionante y las pretensiones de la solicitud de amparo, aseguró que, el “Gobierno Nacional” ha cumplido con las órdenes dadas en la sentencia de tutela STC 1641-2020 proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020 y, por ello, expidió el Decreto 003 del 5 de enero de 2021 “Por el cual se expide el protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA”.

58. Advirtió que, el referido acto administrativo fue producto de la mesa de trabajo que conformaron los accionantes de la solicitud de amparo que culminó con el fallo de tutela dictado el 22 de septiembre de 2020, el Presidente de la República, la Ministra del Interior, el Ministro de Defensa, el Director General de la Policía Nacional, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y varios terceros interesados.

59. Expuso en qué consistía cada uno de los 4 capítulos del Decreto 003 del 5 de enero de 2021 y advirtió que nunca han existido reparos en relación con el cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil.

60. Por otra parte, manifestó que para contrarrestar las graves afectaciones al orden público y el “desabastecimiento”, se desplegó toda la capacidad humana y logística de la Policía Nacional y se dispuso del apoyo adicional de 2858 efectivos para contener los “actos vandálicos”.

61. Aclaró que, por el incremento de conductas violentas en las protestas y manifestaciones públicas, el 1° de mayo de 2021 el Presidente de la República hizo uso de la facultad que le confiere el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016 para requerir asistencia militar. En este punto, Precisó:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo referido el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, las Fuerzas Militares no intervienen en operativos de control y contención en el marco de las manifestaciones públicas, salvo cuando se disponga la Asistencia Militar, caso en el cual actuará desde sus capacidades distintivas y conforme su misionalidad, teniendo en cuenta el artículo 121 de la Constitución Política y el artículo 5 de la Ley 489 de 1998, con base en los siguientes aspectos:

• Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaborar armónicamente para la realización de sus fines.
• Las instituciones públicas deberán ejercer con exclusividad las potestades y atribuciones dadas por la norma, de manera directa e inmediata, respecto de los asuntos que les hayan sido asignados.

En este sentido, la intervención de las Fuerzas Militares resulta útil en el marco de su función operacional y en estricta coordinación con las autoridades de policía”.

62. Explicó que en el marco del apoyo militar, expidió el Plan Nro. 00014783 del 02 de mayo de 2021 en aras de contribuir al restablecimiento de los servicios esenciales y el fortalecimiento de la seguridad sobre los ejes viales en los departamentos, entre otros, el de Nariño, detallando las diferentes actuaciones para tal efecto.

63. De otra parte, indicó que el Presidente de la República ha insistido en que es necesario levantar los bloqueos y que cualquier acción de los miembros de la Fuerza Pública para contrarrestar esta conducta, debe ser proporcional y respetar los derechos humanos.

64. Puso de presente que, se implementaron “Encuentros para escucharnos y avanzar sobre lo Fundamental” para entablar comunicación directa con los grupos sociales que están en desacuerdo con las políticas sociales y económicas.

65. Señaló que el Presidente de la República es el mayor interesado en que se investiguen y sancionen las conductas que atenten contra los derechos humanos, y que desde el 28 de abril hasta el 4 de junio de 2021 la Inspección General de la Policía Nacional ha adelantado 178 investigaciones por la presunta comisión de faltas disciplinarias.

66. Advirtió que, la Procuraduría General de la Nación ha iniciado 172 acciones disciplinarias por hechos relacionados con las protestas y manifestaciones públicas adelantadas en algunas ciudades del país desde el 28 de abril de 2021.

67. Manifestó que, la Justicia Penal Militar abrió 40 investigaciones contra miembros de la Policía Nacional por la presunta comisión de los siguientes delitos: 12 por homicidio, 19 por lesiones personales, 6 por abuso de autoridad, 2 por peculado culposo y 1 por prevaricato por omisión.

68. Finalmente, aseveró que no ha quebrantado los derechos fundamentales deprecados por la parte tutelante, pues en conjunto con las autoridades territoriales, pese a todo esfuerzo no han podido restablecer el orden público, pero que en gran medida ello depende de quienes ejercen el derecho a la protesta pacífica porque tienen la obligación de oponerse a los bloqueos y no permitir el desabastecimiento de varios territorios del país y ordenar que los mismos se levanten aunado a la necesidad de negociar estando dispuestos a diálogo con el Gobierno Nacional.

1.5.7. Departamento de Nariño

69. Con escrito enviado por correo electrónico el 18 y 21 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento de Nariño se opuso a las pretensiones de la acción constitucional al considerar que no había vulnerado los derechos fundamentales de la parte tutelante. Lo anterior porque, contrario a ello, el ente territorial a través de la gobernación de ese departamento ha desplegado un trabajo continuo y permanente a nivel administrativo y operativo en pro de la concertación con los distintos actores intersectoriales partícipes del paro nacional. De igual forma, ha desplegado una labor de prevención de situaciones que pongan en riesgo los derechos fundamentales de la sociedad civil y de la fuerza pública y que, por lo mismo, carece de falta de legitimación en la causa por pasiva. En consecuencia, solicitó su desvinculación del vocativo de la referencia.

70. Sostuvo que de manera reiterada manifiesta el rechazo de todo tipo de violencia que pueda presentarse por parte de la Policía y el Ejército Nacional contra la población. Adicionó que las circunstancias que afectan las garantías constitucionales obedecen a la alteración del orden público a través de actos que desbordan el marco del derecho de la protesta pero que no se demostró que la Gobernación de Nariño hubiera dado alguna directriz a la fuerza pública tendiente a socavar los derechos de los accionantes. Por el contrario, la entidad afirmó haber adelantado acciones necesarias para fomentar el diálogo con gremios, organizaciones manifestantes y demás sectores intersectoriales que procuran el bienestar de la población del departamento.

71. Explicó que cuando es necesario acudir al uso de la coerción por parte de la fuerza para mantener el orden público “trabaja incansablemente” para que los procedimientos que se adelanten sean legales, adecuados y bajo la observancia de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

72. Detalló las acciones administrativas y operativas efectuadas por el departamento en el marco de las protestas desde el 28 de junio hasta el 20 de julio de 2021 de las que se destacan, entre otras, el acompañamiento de los gestores de paz en puntos de concentración, la convocatoria de mesa técnica, el encuentro de alcaldías y requerimientos a las autoridades nacionales, departamentales y municipales que hacen presencia en el departamento de Nariño para que adelantaran de forma coordinada actividades tendientes a la protección de derechos humanos.

1.5.8. Ministerio de Defensa

73. Con escrito enviado por correo electrónico el 16 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de la entidad, sostuvo que esa cartera ministerial no había vulnerado ninguno de los derechos fundamentales invocados por los accionantes, por lo que pidió que se denegaran las súplicas de la demanda con base en las siguientes consideraciones:

74. Indicó que, el Ministerio de Defensa no ha impartido instrucciones relacionadas con la prohibición de los derechos a la protesta, a la participación ciudadana, a la libertad de expresión, reunión y circulación, en la medida en que es un “hecho notorio” que se han venido realizando marchas pacíficas que han contado con el acompañamiento de la Policía Nacional, personerías, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y veedurías, sin que se hayan generado situaciones de violencia o enfrentamiento entre los participantes.

75. Aseveró que, no obstante, dentro de tales movilizaciones se han presentado vías de hecho por parte de manifestantes que han generado “daños y afectaciones a bienes privados y públicos, infraestructura, servicios públicos, afectación al mínimo vital de los ciudadanos, a su libre circulación y afectación a la economía del país”. Agregó que tal situación ha llevado a la necesidad del uso de la fuerza legítima para garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica.

76. Frente a la pretensión relacionada con la prohibición de la presencia del Ejército Nacional en las jornadas de protesta, hizo referencia a la figura jurídica de la asistencia militar. Al respecto, indicó que este es un instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el Presidente de la República, podrá disponer de tal asistencia, de forma temporal y excepcional.

77. Afirmó que, en atención a los protocolos establecidos para la asistencia militar y siguiendo el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, las Fuerzas Militares han establecido formas de intervención que eviten conflictos en cumplimiento del principio de proporcionalidad y han prestado su labor de seguridad a la población civil dentro de las exigencias de subordinación y obediencia que las obliga a ejecutar las órdenes dadas por el Gobierno Nacional.

78. Indicó que, el Presidente de la República expidió el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, por medio del cual se decretaron medidas para la conservación y el restablecimiento del orden público y cuya finalidad es la adopción de medidas necesarias, en coordinación con la Fuerza Pública, para el levantamiento de “los bloqueos internos que actualmente se presentan en algunas vías del país, así como también evitar la instalación de nuevos bloqueos y de esta manera reactivar la productividad y la movilidad de los Departamentos que están siendo afectados”.

79. Señaló que, en el marco de la asistencia militar que ordena el referido decreto, las Fuerzas Militares han actuado dentro de su competencia constitucional, legal y funcional “principalmente evitando el sabotaje a la infraestructura crítica del Estado y la obstrucción de vías públicas, así como coadyuvando en el restablecimiento del orden público”.

80. Respecto de la pretensión de suspender el uso de armas de fuego y de lanzamiento de proyectiles en manifestaciones públicas, adujo que la utilización del artefacto “Venom” cuenta con la legitimidad y legalidad para ser usada por la Policía Nacional como mecanismo de última instancia ante la permanencia de hechos graves que amenazan la convivencia y el orden público y que pongan en riesgo la vida tanto de terceros como de uniformados. Aclaró que, previo al uso de dicha arma, los agentes policiales llevan a cabo el uso de otras menos letales.

81. Finalmente, señalo que la Policía Nacional cuenta con un marco reglamentario contentivo de directrices frente al uso de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales y que los servidores que actúan en los respectivos procedimientos cuentan con la formación académica integral para así salvaguardar las garantías constitucionales de las personas inmersas en las operaciones policiales, actuando de forma “profesional, idónea, legal, proporcional, racional y necesaria, atendiendo el contexto que se esta suscitando y buscando en todo caso mantener la convivencia y el orden público, teniendo como criterio transversal el respeto por los derechos humanos”.

1.5.9. Ministerio del Interior

82. Con escrito enviado por correo electrónico el 15 de julio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, sostuvo que esa cartera ministerial no había vulnerado ninguno de los derechos fundamentales invocados por el accionante. A su vez, solicitó que se declara la improcedencia de la acción constitucional al carecer de legitimación en la causa por pasiva, pues dentro de las funciones que ostenta, conforme al artículo 2° del Decreto 1140 de 2018 no se encuentra la toma de decisiones y medidas en relación con las pretensiones de la demanda.

83. Asimismo, explicó no haber quebrantado los derechos de los accionantes, que por el contrario ha velado por la garantía del derecho a la protesta pacífica de los ciudadanos. Explicó que realizó asistencias técnicas en la difusión y socialización del Decreto 003 de 2021 expedido por el gobierno para su aplicación y que asimismo el Ministerio del Interior expidió la circular externa OFI2021-13457-DMI-1000 del 18 de mayo de 2021 en la que reiteró la obligatoriedad del cumplimiento del mencionado decreto por parte de los alcaldes y gobernadores.

1.5.10. Policía Nacional

84. Con escritos enviados por correo electrónico el 18 y 21 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la Policía Nacional a través del comandante de la Unidad de Escuadrones Móviles – Antidisturbios – Departamento de Policía de Nariño y el subdirector de Seguridad Ciudadana, respectivamente, pidió: a) su desvinculación de la acción constitucional al considerar que no cometió actos u omisiones que vulneren los derechos deprecados por los accionantes y, b) que se declarara la improcedencia de la acción: i) al no haber pruebas que demuestren si quiera de forma sumaria la vulneración de un derecho fundamental y; ii) al no existir legitimación en la causa por activa de los tutelantes porque la Policía Nacional no ha transgredido las garantías por ellos señaladas.

85. Puso de presente la misionalidad de la Policía Nacional con cita del artículo 218 de la Constitución, los artículos 1° y 2° de la Ley 62 de 1993 y el Decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006 y la Resolución 00936 del 6 de marzo de 2014, tendiente a ”mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, a través de la participación ciudadana, mediante el direccionamiento estratégico del servicio de policía, la implementación y fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral, en los comandos de región, policías metropolitanas, departamentos de policía y Comando de Unidades Operativas Especiales, para contribuir con el aseguramiento y mantenimiento de la seguridad, la convivencia, la solidaridad y la legalidad ciudadana (…)”.

86. Lo anterior, a través de entre otros, los Escuadrones Móviles Antidisturbios – ESMAD- cuyas actuaciones son desplegadas para proteger y respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales en particular cuando tiene que hacer uso de la fuerza en el ejercicio de su misión de atender y controlar los disturbios, multitudes, bloqueos y acompañamiento a desalojos de espacios públicos o privados (Resolución 03002 del 29 de junio de 2017, artículos 21 y 24) y con apego al procedimiento 1CS-PR-0008 estandarizado por la Policía Nacional.

87. Advirtió que, los miembros de la Policía Nacional que hacen acompañamiento a las protestas y manifestaciones públicas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 de la Resolución 03002 del 29 de junio de 2017, no portan armas de fuego sino “armas, municiones, dispositivos menos letales, clasificadas como mecánicas cinéticas, agentes químicos, acústicas y luminosas, dispositivos de control eléctrico y auxiliares” y que cuentan con la formación del curso de control de multitudes y disturbios, en materia de derechos humanos.

88. De otra parte, señaló que, en cumplimiento de la sentencia de tutela STC-7641-2020 proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, el Presidente de la República expidió el Decreto N° 003 del 5 de enero de 2021 que establece la intervención del ESMAD como la “última ratio” (artículo 34) y la prohibición de las armas de fuego (artículo 35), así que la Policía Nacional no hace uso de la escopeta calibre 12.

89. Explicó que desde el 28 de abril hasta el 16 de junio de 2021 ha realizado 1553 procedimientos con el uso de la fuerza, con 1308 informes al respecto ante cada uno de los superiores de los funcionarios inmersos en dichos procedimientos. También resaltó que los comandantes de las secciones del ESMAD tienen contacto directo con los Puestos de Mando Unificado – PMU para la toma de decisiones. De lo cual, enfatizó que de estas actuaciones se remiten los informes a la Defensoría del Pueblo.

90. Posteriormente, hizo referencia al concepto y uso de agentes químicos cuyo uso es lícito, de conformidad con lo señalado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través del documento “Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, sobre el empleo de armas de menos letales en el mantenimiento del orden”. Asimismo, que la Ley 525 de 1999 autoriza su utilización para mantener el orden y son denominadas como menos letales (artículos 2 y 4 de la Resolución 02903 del 23 de julio de 2017) cuyos parámetros de utilización están definidos en el artículo 8 y 9 de la Resolución 1716 del 31 de mayo de 2021 y establecidos también en la “Guía para el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, en la policía nacional”.

91. Enfatizó que el uso de agentes químicos como el CS se encuentran permitidos para controlar los disturbios tal como lo ha señalado la Organización Mundial para la Salud – OMS- en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud en la Guía de la OMS segunda edición.

92. Por último, trajo a colación el fallo de 26 de enero de 2021 proferido por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá D.C., de radicado “005-2020-00344-02” que revocó la decisión de primera instancia y así, negó el amparo constitucional, cuya pretensión consistía, entre otras, en la suspensión del uso de armas químicas por parte del ESMAD.

1.5.11. Policía Metropolitana de Pasto

93. Con escrito enviado por correo electrónico el 18 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el Comandante de la Policía Metropolitana de Pasto solicitó que se declarara la improcedencia de la acción constitucional por cuanto a los tutelantes no les asiste un derecho propio, pues no hay “una afectación subjetiva o individual a su derecho fundamental” y no se demostró que la Policía Metropolitana de Pasto haya causado afectaciones tanto a los accionantes como a sus núcleos familiares.

94. Señaló lo relativo a la misión de la Policía Nacional y explicó que los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios actúan conforme a los parámetros legales establecidos en el marco de los disturbios, esto, con similares argumentos a los expuesto por el comandante de la Unidad de Escuadrones Móviles – Antidisturbios – Departamento de Policía de Nariño expuestos por la Sala en el acápite que antecede, razón por la cual, no se hará alusión a ellos.

95. Indicó que no hay medios de prueba que demuestren que la Policía Nacional haya atacado de manera indiscriminada a los manifestantes que marcharon de forma pacífica y que la institución solo ha actuado cuando se cometen desmanes, hechos vandálicos, conductas punibles y afectación a derechos de terceros.

96. Enlistó las investigaciones adelantadas por la Oficina de Control Disciplinario de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto y las quejas radicadas ante la Oficina de Atención al Ciudadano, indicando que las mismas han sido tramitadas. Señaló que la actuación policial como garante de los derechos de los ciudadanos ha sido reconocida por la población civil.

97. Refirió que el 5 de mayo de 2021 hubo reacción policial en Plaza de Nariño para salvaguardar la vida y la integridad de los agentes y proteger la infraestructura de la ciudad debido a los actos arbitrarios de algunas personas y que además, debido a la complejidad de los actos de violencia en otros sectores de la ciudad, tuvo que intervenir el ESMAD, con sustento en comunicados oficiales de reporte a la administración municipal.

98. Respecto de la propagación de la COVID-19, señaló que los manifestantes no cumplen con las medidas de bioseguridad, razón por la que se ha propagado el contagio, pero que en modo alguno obedece al uso de los gases durante el restablecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana.

99. Señaló que conforme a la Ley 62 de 1993, la Policía ha sido instituida para proteger a las personas residentes en Colombia, sobre todo sus derechos fundamentales, así que le asiste la obligación de intervenir “frente a los casos de policía” (artículo 8 ibidem). Del mismo modo destacó los artículos 35 y 36 de la Resolución No 00912 de 2009 para explicar que debe realizar un control social efectivo para contrarrestar las conductas que alteran el orden público y aquellos comportamientos que atentan contra la convivencia y seguridad ciudadana.

100. En el mismo sentido, señaló que actúa conforme a la Constitución y la ley y que su actuar se edifica en el respeto y garantía los derechos fundamentales de los ciudadanos en el marco de las protestas y movilizaciones. Para el efecto, citó el Decreto 003 de 2021 del 05 de enero de 2021, la Resolución Nro. 02903 del 2012, la Resolución Nro. 03002 del 29 junio de 2017, entre otros códigos y manuales.

101. Hizo referencia al marco internacional sobre el uso de la fuerza y de las armas menos letales, asimismo de las normas Colombianas y concluyó que tanto la Policía como el ESMAD tienen una legislación y reglamentación amplia que contempla los procedimientos a seguir en las protestas sociales. Enseguida, enlistó las anotaciones registradas en el Puesto de Mando Unificado -PMU- para evidenciar el acercamiento con los participantes del paro con la presencia de los gestores de paz.

102. También trajo a colación el protocolo “Por el cual se da cumplimiento a una orden judicial y se expide el protocolo de verificación en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier motín, reunión o acto de protestas” expedido por la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional, en cumplimiento a la Sentencia STC7641-2020 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Señaló que hizo el traslado de algunas personas aglomeradas en el sector del Parque Santiago que se “encontraban violando el toque de queda decretado por la Alcaldía Municipal de San Juan de Pasto”, pero sin vulnerar los derechos de estos, con respeto al debido proceso y la legalidad y; con presencia del Ministerio Público. Enfatizó en que los hechos ocurrieron en vigencia del Decreto 179 del 30 de abril del 2021 “Por el cual se implementan medidas en el municipio de Pasto para controlar el orden público y disminuir el riesgo de transmisión y contagio por coronavirus y se dictan otras disposiciones”.

103. Señaló que desde el 28 de abril de 2021 se realizan las mesas de seguimiento durante las jornadas de protestas en las participan las entidades gubernamentales, la alcaldía del municipio, Ministerio Público y representantes de organizaciones. Acto seguido referenció las actividades realizadas antes, durante y después de las protestas de lo cual concluyó que es “garante de los derechos de reunión y manifestación pública, instituyendo incluso un paso a paso que permite anticipar, prevenir, mitigar y contrarrestar aquellas actuaciones que vayan en contravía de la materialización efectiva de tales derechos”.

1.5.12. Policía Nacional – Departamento de Nariño

104. Con escrito enviado por correo electrónico el 21 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, a través del jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Policía Nacional que se negara el amparo constitucional deprecada por los tutelantes, en tanto no ha vulnerado ningún derecho fundamental, por cuanto no tiene competencia para desarrollar actividades judiciales en la ciudad de San Juan de Pasto, pues quien la tiene es la Policía Metropolitana de esa ciudad, “la cual cuenta con comandante y personal policial propio y autónomo en sus decisiones, sin injerencia ninguna de la policía de Nariño”, de conformidad con el artículo 5° de la Resolución 04768 del 3 de diciembre de 2013.

105. Asimismo, señaló que la parte actora no tiene legitimación en la causa por activa al no demostrar el quebrantamiento de los derechos alegados. Que además la acción constitucional es improcedente al no acreditarse la existencia de un perjuicio irremediable pues tienen la carga de demostrar probatoriamente tal perjuicio además de ser el medio de control de reparación directa el mecanismo idóneo en el caso de haberse causado daños a los accionantes.

106. Explicó que la parte demandante trae a colación el fallo proferido por el juzgado 5° laboral del circuito de Bogotá, por medio del cual, se prohibió el uso de agentes químicos por parte de la Policía Nacional, pero que en todo caso, posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante providencia T03-0008-2020 del 26 de enero de 2021, revocó la medida, restableciendo el uso de los agentes químicos. Enfatizó que el uso de gases lacrimógenos constituye una medida idónea y proporcional para proteger el interés general los cuales están habilitados conforme a la Ley 525 de 1999 declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-328 de 2000.

1.5.13. El Ejército Nacional y la Secretaría de Salud de Pasto, a pesar de haber sido notificado en debida forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

107. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por la señora María Daniela Castillo Legarda y otros, contra el Departamento de Nariño, el municipio de Pasto, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería Municipal de Pasto, la Nación – Ministerio Defensa Nacional – Policía Nacional, la Nación – Ministerio Defensa Nacional – Ejército Nacional y la Secretaría de Salud de Pasto, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Legitimación en la causa

108. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

109. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

110. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-416 de 1997, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.

111. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.

112. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

113. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.

114. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que los señores María Daniela Castillo Legarda y otros son los titulares de los derechos fundamentales que reclaman, en consideración a que afirmaron que estos están amenazados por el presunto uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía Nacional en el marco de las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan en varias ciudades del país desde el 28 de abril de 2021.

115. Lo anterior, sin perjuicio de las conclusiones a las que se arribe después de que se analicen de manera concreta cada una de las pretensiones que formuló la parte accionante en la demanda de tutela.

116. En relación con el extremo accionado, se advierte que la demanda se dirigió contra el Departamento de Nariño, el municipio de Pasto, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería Municipal de Pasto, la Nación – Ministerio Defensa Nacional – Policía Nacional, la Nación – Ministerio Defensa Nacional – Ejército Nacional y la Secretaría de Salud de Pasto, que, a juicio de la parte actora, amenazan sus derechos fundamentales “a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la libertad de expresión, al de reunión, al de la manifestación y protesta pública y pacífica”.

2.2.2. De las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por activa

117. La Fiscalía General de la Nación señaló que los tutelantes no detallaron de forma específica la vulneración de sus derechos fundamentales por parte de la fuerza pública, así que lo pretendido es la modificación de la política pública y la legislación para la restauración del orden público, situación que se escapa de las potestades del juez de tutela.

118. Por su parte, el Municipio de Pasto adujo tal pedimento al considerar que los tutelantes no acreditaron la afectación directa de los derechos fundamentales deprecados, los que además están relacionadas con personas indeterminadas y la Policía Nacional fundamentó su petición en el hecho de no haber transgredido las garantías señaladas en el libelo genitor.

119. Al respecto, señala la Sala que no accederá a las desvinculaciones pretendidas por cuanto, como se concluyó en el acápite que antecede, los tutelantes sí ostentan tal legitimación por cuanto como se determinó son los titulares de los derechos fundamentales que reclaman.

2.2.3. De las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva

120. La Personería Municipal de San Juan de Pasto, el Municipio de Pasto, el Departamento de Nariño, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, en sus intervenciones, solicitaron ser desvinculadas del trámite constitucional del vocativo de la referencia, al considerar que no habían vulnerado o amenazado los derechos fundamentales de los accionantes.

121. Por su parte, la Defensoría del Pueblo Regional Nariño, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior, pidieron su desvinculación al considerar que no son competentes para conservar el orden público.

122. La Sala negará estas peticiones, comoquiera que las referidas entidades fueron vinculadas como autoridades accionadas teniendo en cuenta que los señores María Daniela Castillo Legarda y otros aseguraron que eran responsables de la amenaza de sus derechos fundamentales y, por ello, en el estudio de fondo de la controversia constitucional corresponde establecer si eso es así, independientemente de las facultades que ostenten en el marco de las protestas.

2.2.4. Relativa al recurso de reposición y las solicitudes de pruebas

123. El Municipio de Pasto señaló que interponía recurso de reposición contra el auto del 13 de junio de 2021 al considerar que al decretar las declaraciones juramentadas sin tener un objeto claro y sin haberse especificado “la razón en virtud de la cual tiene conocimiento de los hechos sobre los cuales se efectuará la declaración”, afectarían la objetividad de la declaración sesgada por la posición política del declarante al ser un concejal opositor de la actual administración y el derecho de contradicción.

124. Indicó que, de forma subsidiaria, en caso de no revocar el decreto de dicha prueba, solicitaba la práctica de las declaraciones juramentadas de los demás intervinientes, incluyendo la de los funcionarios que han participado en las mesas de garantías al ejercicio de la protesta, así mismo, los funcionarios de la defensoría del pueblo y de la Secretaría de Gobierno (Carlos Hernán Bastidas Torres: secretario de Gobierno; Jimmy Alexander Mosquera: subsecretario de Justicia y Seguridad; Heiman Yessid Guerrero Rosero: subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos.

125. De otro lado, solicitó como prueba el testimonio de la señora María Isabel Calvache, subdirectora de Salud Pública de la Secretaría de Salud, para que se manifestara respecto de las acciones desarrolladas por la Secretaría de Salud en el marco de las protestas sociales.

126. En ese orden de ideas, la Sala advierte que negará las solicitudes hechas por el municipio de Pasto, con base en las razones que se exponen a continuación:

127. En primer lugar, el Decreto Ley 2591 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, no prevé una etapa procesal para que se controviertan las decisiones relativas a las pruebas y, por ello, cualquier solicitud o petición que se haga respecto de lo decidido en tal sentido resulta improcedente.

128. En segundo lugar, los principios de economía, celeridad y eficacia impiden que en el trámite de tutela se otorguen oportunidades procesales para controvertir pruebas, más allá de la posibilidad tienen las autoridades para contestar la demanda y aportar los medios de convicción que consideren relevantes para resolver la controversia constitucional.

129. En ese sentido, no puede equipararse el mecanismo de amparo constitucional con un proceso ordinario y, por ello, no es dable correrle traslado a las demás partes para que se pronuncien al respecto o convocar a audiencia para la práctica de pruebas testimoniales, pues la acción de tutela es un mecanismo judicial expedito en el que se pretende la protección de derechos fundamentales, lo que implica que la intervención del juez constitucional es urgente.

130. Finalmente, la Defensoría del Pueblo Regional Nariño aportó a través del informe rendido algunos expedientes de tutela en el marco del desarrollo de las manifestaciones pacíficas desde el 28 de abril de 2021 hasta la actualidad con el fin de que fueran tenidos en cuenta en la presente acción como pruebas documentales.

131. A lo que accederá la Sala por cuanto precisamente fueron aportados con su intervención, dando cumplimiento a lo señalado en el auto admisorio de la demanda, pues la parte demandada puede intervenir y arrimar las pruebas que a bien tenga para controvertir las pretensiones de los accionantes.

2.3. Problema jurídico

132. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los argumentos del libelo introductorio y las intervenciones de las autoridades accionadas, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

¿Se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional con ocasión de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, a través de la cual se amparó el derecho fundamental a la protesta pacífica y sus efectos se hicieron extensivos a todos los ciudadanos que a futuro ejercieran esa garantía constitucional?

133. Si la respuesta al anterior cuestionamiento es negativa, se deberá establecer:

¿Amenazan las autoridades accionadas los derechos fundamentales “a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la libertad de expresión, al de reunión, al de la manifestación y protesta pública y pacífica” de los señores María Daniela Castillo Legarda Benavides, Harold Pardo Urbano, Anny Viviana Caicedo Cárdenas, Luis Alfonso Torres Eraso, Nathalia Burbano Diaz, Luis Delgado Ordóñez, Jorge Sánchez Meza, Ana Cristina López, Esteban David Martínez Rodríguez, Martha Lucia Ceballos Vega, Yanira del Carmen Vallejo, María Fernanda Salazar, con ocasión del presunto uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía Nacional en el marco de las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan en varias ciudades del país desde el 28 de abril de 2021?

134. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el panorama general de la acción de tutela; (ii) el derecho fundamental a la protesta pacífica en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional; (iii) el fenómeno de la cosa juzgada constitucional; (iv) la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020; y (v) el análisis del caso concreto.

2.4. El panorama general de la acción de tutela

135. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

136. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

2.5. El derecho fundamental a la protesta pacífica en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

2.5.1. La protesta pacífica en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

2.5.1.1. Principios rectores y marco jurídico aplicable

137. En su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de septiembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (de ahora en adelante, CIDH) estableció unos estándares generales sobre las garantías fundamentales involucradas en el ejercicio del derecho a la protesta social y, así mismo, dispuso las obligaciones que, en consonancia con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, deben guiar la respuesta estatal en estos escenarios.

138. De esta forma, la CIDH estableció que la protesta social es un pilar elemental en la consolidación de toda sociedad democrática, cuya protección es transversal a una multiplicidad de derechos y libertades garantizados por el Sistema Interamericano, tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre (DADH), como en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). En este sentido, el ejercicio de este derecho implica, necesariamente, una yuxtaposición entre garantías tales como la libertad de expresión, la reunión pacífica y asociación que, a su vez, son comúnmente utilizados como mecanismos que posibilitan demandar la defensa o el cumplimiento de otros derechos humanos como los sociales, culturales, ambientales, etc.

139. La CIDH define a la protesta social como “una forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación”. Existe una relación intrínseca entre este derecho y el de libertad de expresión, de reunión y de asociación, en la medida en que su ejercicio implica que se manifieste una congregación intencional y temporal de un grupo de personas en un espacio público y privado con un propósito concreto, como la expresión de opiniones individuales o colectivas y/o la formulación de reclamaciones y aspiraciones mediante las cuales se busca ejercer algún grado de influencia en la política pública de los Estados.

140. De acuerdo con lo anterior, no existe una forma única y exclusiva del ejercicio de esta garantía, en la medida en que su exteriorización implica la armonización de otros derechos en juego y está determinada por el contexto y las condiciones de su materialización. Así, las distintas formas en que se ejerce pueden variar desde formas de denuncia y presión directas, hasta acciones institucionalizadas o estructuradas a través de organizaciones formalmente constituidas o, por el contrario, puede abarcar estrategias no institucionales, como manifestaciones públicas y espontáneas con o sin coordinación previa. De igual forma, su ejercicio puede ser el vehículo de expresión de: i) una sola persona; ii) pequeños grupos de personas con intereses comunes establecidos previamente o en el marco de una coyuntura en específico; iii) grupos multitudinarios de personas sin pertenencia asociativa específica o articuladas alrededor de organizaciones estructuradas.

141. En este sentido, la CIDH advierte que, si bien el ejercicio de este derecho suele estar asociado a concentraciones o marchas en espacios públicos, aquel puede adoptar distintas modalidades tales como un bloqueo pacífico de una vía o ruta, cacerolazos, vigilias, eventos deportivos, huelgas, ocupaciones pacíficas, etc. En este sentido, la protesta social no puede ser interpretada de una forma restrictiva, pues constituye un elemento fundamental de la democracia determinado por la libertad y creatividad de las subjetividades actuantes. En consonancia con ello, el actuar estatal siempre debe atender a las condiciones del caso en concreto, pues las formas de la protesta social pueden variar si se trata de un contexto rural, urbano o si es ejercida por un grupo vulnerable y, en todo caso, las respuestas de los Estados se deben encontrar en el marco del diálogo y las garantías para el ejercicio de los derechos vinculados.

142. Ahora bien, la CIDH establece que, sin importar la modalidad de la protesta, este derecho siempre debe ejercerse de manera pacífica y sin armas de ningún tipo (artículo 15 CADH). Por tanto, los Estados cuentan con el deber de desplegar su actuar con el fin de evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público; no obstante, el uso de la fuerza en estos contextos debe ser siempre proporcional al logro de tales objetivos sin llegar a obstaculizar, de manera arbitraria, el ejercicio de la constelación de derechos en juego en las protestas.

143. En este sentido, al interior del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el marco jurídico aplicable a los contextos de protesta social es amplio, en la medida en que abarca derechos tales como: i) derecho a la libertad de expresión (artículo IV, DADH y artículo 13 CADH); ii) derecho de reunión (artículo XXI, DADH y artículo 15 CADH); iii) libertad de asociación (artículo XXII DADH y artículo 16 CADH); iv) libertad sindical y derecho a la huelga (artículo 8 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y culturales); iv) derecho a la participación política (artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana y artículo 23 CADH); v) derechos económicos, sociales y culturales.

144. De igual forma, en el estudio de los derechos involucrados en contextos de manifestaciones y protestas, para la CIDH es necesario advertir que las respuestas incorrectas por parte del Estado cuentan con la virtualidad no sólo de afectar aquellas garantías mencionadas, sino también otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad y a la seguridad personal. Esto tiene lugar cuando el actuar de los agentes estatales produce lesiones o incluso muertes a los manifestantes, en hechos de uso indebido y arbitrario de la fuerza. Al respecto, señala la Comisión que en algunos casos la responsabilidad no recae exclusivamente en el Estado, sino “también en actores privados que actúan con la connivencia de funcionarios públicos”.

2.5.1.2. Restricciones legítimas a los derechos yuxtapuestos en contextos de protestas y manifestaciones

145. Al interior del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (de ahora en adelante, Corte IDH) han señalado que los Estados se encuentran en la obligación tanto de garantizar y facilitar el ejercicio de los derechos humanos en escenarios de manifestaciones y protestas, como de implementar medidas para posibilitar su materialización en la práctica. Por tanto, la garantía del orden público y la seguridad ciudadana no pueden tener como fundamento el paradigma de un uso de la fuerza que parta de la perspectiva de percibir a la población civil que se manifiesta como un potencial enemigo.

146. Si bien el ejercicio de la multiplicidad de derechos en juego en contextos de manifestación pacífica no es absoluto, las restricciones de garantías tales como la libertad de expresión, de asociación y de participación, deben estar fijadas expresamente por la ley y ser estrictamente necesarias para la garantía de los derechos de los demás, o para la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud. En este sentido, la garantía del derecho a la protesta es la regla general y sus limitaciones son la excepción, por lo que la protección de los derechos y libertades de otros no deben ser usados simplemente como excusa para restringir las manifestaciones públicas y pacíficas.

147. La Corte IDH y la CIDH han establecido unos estándares de análisis integral en relación con las restricciones a los derechos en contextos de protesta social, a partir de los cuales se ha planteado la necesidad de, en estos casos, aplicar un test tripartito que debe tener en cuenta los siguientes elementos: i) toda limitación debe estar prevista en la ley; ii) debe buscar garantizar los objetivos legítimos previstos en la CADH; iii) los límites deben ser necesarios y proporcionales. Por tanto, la autoridad que imponga límites a una manifestación pública deberá demostrar que se ha cumplido con tales requisitos y se han respetado simultáneamente. A continuación, se desarrolla el contenido de cada uno de estos elementos.

2.5.1.2.1. Las restricciones deben estar previstas previamente por la ley

148. Todo límite a los derechos yuxtapuestos en el marco de manifestaciones y protestas pacíficas debe estar consagrado de forma previa, expresa, taxativa, precisa y clara por una norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, expedida por los órganos legislativos previstos por la Constitución y elegidos democráticamente y elaborada de acuerdo con los procedimientos establecidos constitucionalmente por los Estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

149. Esto permite que tales restricciones no estén fundamentadas en potenciales actos de arbitrariedad que equivalgan a una censura previa o que impongan responsabilidad desproporcionadas. De igual forma, este elemento busca que la normatividad que regula los límites a la protesta social no disuada, por miedo a sanciones arbitrarias, a las personas de emitir opiniones o informaciones protegidas por el derecho a la libertad de expresión.

2.5.1.2.2. Los límites a la protesta pacífica deben buscar la garantía de los objetivos de la CADH

150. El artículo 15 de la CADH establece que el derecho de reunión pacífica puede estar sujeto a restricciones impuestas en interés de la seguridad nacional, el orden público, la salud o moral públicas y los derechos y libertades de los demás. A su vez, el artículo 16.2 de dicha norma del Sistema Interamericano establece las mismas condiciones para que tenga lugar una restricción legítima del derecho a la libertad de asociación y, en términos similares, el artículo 13.2 establece cuáles son los límites a la libertad de expresión acordes con la CADH.

151. No obstante, la CIDH ha advertido que los Estados parte no son libres de interpretar el contenido de aquellos objetivos para justificar una restricción al derecho a la protesta en un caso en concreto, dado que categorías jurídicas como “seguridad nacional”, “orden público” y “protección de los derechos de los demás” deben ser definidas de conformidad con el marco jurídico del Sistema Interamericano. Además de lo anterior, si dichos conceptos se invocan como el fundamento de una limitación a los derechos en juego en una manifestación, aquellos deben ser interpretados de tal forma que se ajuste a las exigencias de una sociedad democrática a partir de la cual se establezca una ponderación real y un equilibrio entre los distintos bienes jurídicos y garantías en tensión.

2.5.1.2.3. Las restricciones deben ser necesarias y proporcionales al objetivo buscado

152. El límite impuesto debe obedecer a una necesidad social clara, cierta e imperiosa de ser efectuado, esto es, que el objetivo legítimo buscado no sea posible de ser alcanzado de forma razonable por un medio menos restrictivo de los derechos fundamentales involucrados en la manifestación. En este sentido, la restricción a estas garantías no debe ir más allá de lo estrictamente indispensable y, por tanto, los agentes estatales se encuentran en la obligación de seleccionar el medio más gravoso disponible para proteger los bienes jurídicos fundamentales que se encuentren en tensión con los derechos ejercidos en el marco de una manifestación.

153. De conformidad con lo anterior, todo Estado parte debe desarrollar permanentemente una tarea de ponderación entre derechos e intereses legítimos en tensión, lo que implica partir del presupuesto de que en ocasiones, el ejercicio del derecho a la protesta puede alterar la cotidianidad social e incluso afectar el ejercicio de otras garantías y libertades protegidas tales como el derecho a la libre circulación; no obstante, dicha irrupción en la rutina cotidiana es parte de las dinámicas que tienen lugar al interior de una sociedad plural y democrática, donde conviven perspectivas y cosmovisiones disímiles y muchas veces contradictorias, las cuales deben encontrar medios idóneos para ser expresadas.

154. De acuerdo con lo anterior, en estos contextos, el uso de la fuerza por parte de los agentes estatales debe ser necesario y proporcional. La Corte IDH ha establecido que, si bien el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio mediante el uso legítimo de la fuerza, incluso letal, este poder no es ilimitado para alcanzar sus fines, independientemente de la gravedad que puedan tener algunas acciones en el marco de una manifestación o la culpabilidad de sus autores.

155. En este sentido, el uso de la fuerza acarrea las siguientes obligaciones específicas para los Estados: i) regular su aplicación mediante un marco normativo claro y efectivo; ii) capacitar y entrenar a sus cuerpos de seguridad sobre el marco normativo de protección de derechos humanos y los límites y condiciones que rige toda circunstancia de uso de la fuerza; iii) establecer mecanismos adecuados de control y verificación de la legitimidad del uso de la fuerza. Es así como este poder estatal debe satisfacer los siguientes principios:

I. Legalidad: el uso de la fuerza debe dirigirse a lograr un objetivo legítimo, regido bajo un marco normativo que regule la forma de actuación en tales contextos.

II. Absoluta necesidad o excepcionalidad: este poder está definido, en esencia, por su carácter estrictamente excepcional y, por tanto, únicamente puede ser desplegado una vez se hayan agotado todos los demás mecanismos de control. Por tanto, el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes estatales contra la población civil, tanto en escenarios de protesta como en cualquier otro, está prohibido por regla general, por lo que su uso excepcionalísimo, además de cumplir con el principio de legalidad, deberá ser interpretado de manera restrictiva, de manera que sea minimizado en toda circunstancia, a menos que sea absolutamente necesario en relación con la amenaza que pretende repeler. Cuando el uso de la fuerza es excesivo, toda privación de la vida e integridad es arbitraria.

III. Proporcionalidad: los medios empleados deben ser acordes con la resistencia ofrecida y el peligro existente, por lo que la fuerza estatal debe ser aplicada bajo un criterio diferenciado y progresivo, con el fin de determinar el grado de cooperación o agresión por parte del sujeto al cual se pretende intervenir y, así, emplear tácticas de negociación o control según corresponda al caso.

2.5.2. La protesta pacífica en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

2.5.2.1. Principios rectores y marco jurídico aplicable

156. El artículo 37 de la Constitución Política consagra expresamente el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, en los siguientes términos: “Toda parte del pueblo, puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.” De forma similar al Sistema Interamericano, la Corte Constitucional ha establecido que el ejercicio de la protesta social implica una relación intrínseca y compleja con una amplia constelación de derechos y garantías fundamentales.

157. En primer lugar, la Alta Corporación ha establecido que aquel derecho es una manifestación específica de la libertad de expresión (artículo 20 constitucional) la cual, como garantía genérica, abarca un vasto espectro de derechos fundamentales. Así mismo, el derecho a la manifestación pública se establece como un pilar fundamental de todo sistema jurídico democrático y pluralista, el cual se encuentra relacionado intrínsecamente con el ejercicio de derechos como el de asociación (artículo 38 constitucional) y el de participación en asuntos públicos (artículos 2 y 40 constitucionales).

158. En una sociedad democrática, la protesta social tiene como función llamar la atención de las autoridades, agentes estatales y de la opinión pública bien sea sobre un tema de interés común, sobre una problemática específica o en relación con las necesidades de ciertos sectores. La Constitución garantiza una doble dimensión de este derecho: una dimensión estática, que abarca la posibilidad de reunirse, y una dinámica, que implica el poder movilizarse; lo anterior, de forma tanto individual como colectiva, sin discriminación alguna de las subjetividades actuantes, en consonancia con la expresión “toda parte del pueblo” del artículo 37 constitucional.

159. El ejercicio de este derecho materializa el principio pluralista de la Constitución, en la medida en que parte de una confianza amplia y justificada en la capacidad colectiva del pueblo para discutir abiertamente y en la esfera pública los asuntos de su interés y, así mismo, para conformar, controlar y transformar la institucionalidad. Por tanto, constituye una pieza fundamental en la consolidación de una sociedad democrática, pues parte del reconocimiento de que toda persona está en la capacidad de deliberar y gobernar, no sólo por medio de sus representantes, sino por sí misma en espacios de deliberación colectiva, pública y pacífica.

160. En este sentido, la Corte Constitucional ha caracterizado el ejercicio de este derecho como una asociación transitoria, con una dimensión individual en relación con su titularidad, pero colectiva en su manifestación concreta, cuya finalidad es el intercambio o la exposición de ideas, la defensa de intereses y/o poner en la esfera pública algún problema o reivindicación. De esta forma, se constituye como un móvil de la democracia participativa con los siguientes elementos: i) subjetivo, ejercido colectivamente, cuya titularidad es individual; ii) temporal, pues su duración es transitoria; iii) su finalidad debe ser lícita; iv) ejercido en un lugar determinado.

161. De acuerdo con estos elementos, la Corte Constitucional ha establecido como condición para el ejercicio de este derecho que sea pacífico, es decir, que se ejerza sin violencia ni armas de ningún tipo. Esto, en concordancia con la finalidad lícita con la que debe contar toda protesta, por lo que toda manifestación violenta no cuenta con la garantía de los derechos en juego en estos contextos, en la medida en que escapa de la esfera material de protección prevista por el constituyente.

162. No obstante, este derecho cuenta con una naturaleza disruptiva, en la medida en que su objetivo es irrumpir en la cotidianidad social para manifestar alguna idea o preocupación, lo que lleva incluso a que se entre en tensión con el ejercicio de otros derechos, debido a que es de su esencia el causar alteraciones del orden público y social. La Corte Constitucional ha establecido que, por regla general, la condición no violenta para el ejercicio de este derecho, implica una prohibición de uso de armas tanto para sus titulares como para los miembros de la fuerza pública, en la medida en que el uso de la fuerza siempre debe ser excepcional. Por tanto, el atributo conflictivo de la protesta social no puede ser la única causa que justifique restricciones a tal garantía.

2.5.2.2. Restricciones legítimas al derecho a la protesta

163. El límite intrínseco a todos los derechos yuxtapuestos en escenarios de protesta es que su ejercicio debe ser pacífico, lo cual implica las siguientes dos condiciones: i) debe excluirse cualquier uso de armas; ii) las acciones de los manifestantes no pueden tener como objetivo la provocación de alteración violenta del orden público o el desconocimiento del Estado de derecho, elemento que requiere necesariamente remitirse al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a las restricciones a la protesta que allí se contemplan, las cuales fueron desarrolladas con antelación y que todo límite debe estar previsto por la ley, en cumplimiento de los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

164. De conformidad con la normatividad convencional, los límites previstos por la ley serán constitucionalmente aceptables sólo si, una vez aplicadas las fórmulas de equilibrio y proporcionalidad, es posible establecer una armonía entre el ejercicio de este derecho fundamental, frente al orden público y los derechos fundamentales que entren en tensión con los contextos de manifestación. En este sentido, el legislador está obligado a implementar las reglas y subreglas establecidas por la Corte Constitucional y a expedir normas claras y precisas que eviten toda ambigüedad que sea aprovechada para un actuar arbitrario y desproporcional e imposibiliten todo margen de discrecionalidad a los agentes de la fuerza pública para restringir estos derechos.

165. De acuerdo con la Corte Constitucional, es posible afirmar que este derecho cuenta con tres ejes de limitación: i) un eje de fase preliminar del derecho; ii) un segundo eje de ejecución de la protesta; iii) un eje orientado a los derechos de los demás.

2.5.2.2.1. Límites relacionados con la preparación y organización de manifestaciones

166. Los límites que imponga el legislador al respecto deben interpretarse como reglas que facilitan la garantía de otros derechos fundamentales y de los fines esenciales del Estado de Derecho, por lo que, estas normas que tienen lugar en la fase previa a la materialización de la protesta no pueden implicar una anulación o impedimento de los derechos en cuestión, sino que deben ser tomadas como medidas que posibilitan la labor estatal. En relación con ello, existen tres tipos de reglas: i) autorización previa; ii) anuncio previo; iii) análisis del fin legítimo.

167. La autorización previa, como el proceso en el que se somete a consideración de la autoridad competente la realización de una protesta, es tanto inconstitucional como inconvencional, pues ello implicaría tanto la posibilidad de una censura previa como un margen amplio de discrecionalidad de los agentes estatales para permitir o prohibir cierto tipo de temas. En esta medida, en situaciones de normalidad, una restricción de este tipo estaría en contravía tanto de los artículos 20 y 37 constitucionales, como del artículo 15 de la CADH.

168. El aviso previo es el acto de informar a la autoridad competente sobre la realización de una manifestación pública, límite que le permite a los agentes estatales tomar las medidas necesarias para que la protesta pueda transcurrir en normalidad, sin alteraciones graves a la cotidianidad de las demás personas, lo cual implica una garantía para la seguridad y el orden público. En sentencia C-287 de 2017 la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 53 de la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía) que establece un término de 48 horas para el aviso previo, debido a que la medida se consideró como proporcionada al derecho de manifestación pública, razonable acorde con el fin perseguido, no discriminatoria y tampoco daba lugar a dificultades interpretativas.

169. En relación con el análisis del fin legítimo, el legislador cuenta con una facultad de intervención en extremo restringida, en la medida en que, por regla general, no puede definir qué temáticas o problemáticas pueden ser objeto de discusión pública. Por tanto, los fines legítimos de este derecho deben interpretarse, caso a caso, de acuerdo con la naturaleza de tal garantía fundamental definida en el artículo 37 constitucional y bajo el presupuesto normativo del respeto por los principios esenciales de la Constitución Política, por lo que, en principio, no podría tener lugar una protesta cuyo objeto sea la promoción de discursos de odio -como, por ejemplo, el racismo, la xenofobia, la homofobia, etc.- o la incitación a la comisión de actos delictivos.

2.5.2.2.2. Limites legítimos relacionados con el ejercicio del derecho

170. Están relacionados con la naturaleza pacífica y no violenta de esta garantía fundamental, cuya regla general de prohibición de uso de armas, rige el actuar tanto de manifestantes como de miembros de la fuerza pública. De igual forma, como se estableció con antelación, dada la naturaleza conflictiva de este derecho, toda restricción a su ejercicio que esté fundamentada meramente en la irrupción del orden público es inconstitucional. En esta medida, los límites únicamente son admisibles si son impuestos ante la afectación grave al orden público, en espacios en los que el curso del contexto de protesta lleve a que el ejercicio del derecho deje de ser pacífico.

171. A su vez, la Corte Constitucional ha establecido que, en relación con la elección del lugar en donde se lleva a cabo la manifestación, la regla general es que no es posible imponer límite alguno, pues ello implicaría un ejercicio de censura indirecta, prohibida por el inciso 2 del artículo 20 constitucional. Por tanto, es propio del ejercicio de este derecho que los manifestantes elijan el espacio público donde expresarse pacíficamente, dado que tal Corporación ha considerado que el espacio urbano, además de ser un área de circulación, es un lugar de participación, “el ágora más accesible en la que se encuentran y manifiestan los ciudadanos”.

172. En consonancia con ello, las autoridades tienen la obligación de establecer las medidas posibles que garanticen la disponibilidad de este lugar para el ejercicio del derecho. Únicamente por razones graves de seguridad pública y afectación de los derechos de los manifestantes, la posibilidad de elegir un sitio público puede ser limitada.

2.5.2.2.3. Límites relacionados con la afectación de los derechos de terceros

173. El ejercicio de este derecho conlleva a que quienes no están protestando, soporten determinadas cargas y limitaciones a derechos fundamentales como el de locomoción; no obstante, cuando existe una alteración injustificada o grave que trascienda la órbita no violenta del derecho y repercuta en daños a terceros, este derecho puede limitarse.

174. Debido a la naturaleza jurídica compleja del derecho a la protesta y la amplitud de derechos que su ejercicio implica para una sociedad democrática, cualquier tensión entre estas garantías y otros valores o derechos, daría al derecho de manifestación pública un peso abstracto mayor al de los otros. Por lo anterior, la Corte ha considerado que es necesario llevar a cabo una interpretación restrictiva de los derechos de los terceros y una presunción en favor de las libertades en juego en estos contextos, en especial, en favor del derecho a la libertad de expresión, dado su carácter fundante de toda democracia. En este sentido, consideró tal Corporación que:

“(…) derechos como la integridad personal, la propiedad, el bienestar general y el orden público deben ser analizados caso por caso, ya que solo en un control concreto es posible determinar cuando el ejercicio del derecho de reunión, manifestación o protesta, puede llegar a hacer nugatorio o afectar tales derechos. Si no es posible establecer esto, toda duda se resolverá en favor de los titulares del derecho de reunión.”

175. En este sentido, la tensión entre la libertad y el orden público se ha resuelto siempre en favor de la primera, de acuerdo con parámetros internacionales, convencionales y constitucionales, lo que ha permitido fijar reglas para el control policial en estos contextos. La Policía únicamente puede adoptar medidas que sean necesarias, proporcionales y que sirvan razonablemente para restablecer el orden público, por lo que aquellas acciones que impliquen un uso mayor de la fuerza represiva estatal, únicamente es admisible si está sustentada en su absoluta y excepcional necesidad y siempre y cuando, dichas restricciones no hagan nulo el derecho a la protesta ni vulnere derechos concomitantes, tales como la vida o la integridad personal de los manifestantes.

176. La Corte Constitucional ha establecido que el artículo 37 consagra un “modelo de gestión negociada de intervención policial en las manifestaciones sociales” a partir del cual se establece un uso absolutamente excepcional de la fuerza, en la medida en que “tiene una tendencia a la selectividad estratégica de intervención de la policía y que prohíbe un modelo de fuerza estatal intensificado”. En este sentido, se han establecido las siguientes subreglas de derecho que deben guiar el actuar del legislador las cuales, debido a su especificidad e importancia, se transcriben a continuación:

“(...) el Legislador colombiano debe, como mínimo, establecer pautas que: (i) permitan un dialogo entre los organizadores de la marcha y la autoridad, (ii) que tal dialogo construya una planificación de la protesta y evite el choque de intereses, (iii) que al existir un choque, exista una gestión negociada del conflicto que se resuelva con favorabilidad al derecho de reunión, (iv) una vez se supere la planeación y se pase a materializar la marcha, será deber de la autoridad mantener altos niveles de tolerancia social hacia la expresión de las ideas difundidas en la marcha, (v) que dentro del proceso de comunicación entre la autoridad y los organizadores se dejen reglas claras sobre que comportamientos son tolerables y cuales están prohibidos legislativamente, sin que ello consista en instrucciones o pautas institucionales para realizar la manifestación, (vi) si se incumplen tales límites, la autoridad debe recurrir como ultima ratio a las detenciones preventivas, se prohíben las detenciones fundadas en el derecho legítimo que tienen las personas a la desobediencia civil, más sí son constitucionales aquellas detenciones fundadas en razonamientos preventivos para la comisión de delitos; (vii) igualmente, está facultada la policía para usar, como último recurso la fuerza no letal, solo si existe un agotamiento previo de las etapas de dialogo y comunicación, pudiendo ser selectiva la policía con aquellos manifestantes que promuevan actos contrarios a lo permitido por el legislador, (ix) es permitida la vigilancia selectiva –peligrosista- de participantes en las marchas, solo si el estado tiene motivos constitucional y legalmente fundados –desvirtuando la presunción de inocencia- para intervenir a aquellos que este considere “potencialmente disruptivos” o peligrosos.”

2.6. El fenómeno de la cosa juzgada constitucional

177. La Corte Constitucional ha señalado que, como regla general, cuando el juez constitucional resuelve un asunto y, posteriormente, dicha Corporación decide sobre su selección, aquella decisión judicial se torna definitiva, inmutable y vinculante. En este sentido, si la Corte decide seleccionar el caso para su estudio, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del fallo de la propia Corte y, en los casos en los que no se selecciona el asunto en cuestión, el fenómeno opera desde la ejecutoria del auto en que se decide la no selección.

178. Posteriormente, la decisión adoptada por el juez constitucional queda ejecutoriada desde el punto de vista formal y material, por lo que no es posible que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, ya que eso desconocería el principio de seguridad jurídica. De conformidad con lo anterior, la jurisdicción constitucional no está autorizada para estudiar de fondo tutelas sobre las cuales pesa ya la cosa juzgada constitucional.

179. De acuerdo con la particularidad del caso en concreto, la tutela deberá declararse temeraria o improcedente, en la medida en que en tales eventos la acción pierde su carácter de instrumento preferente y sumario de defensa de derechos fundamentales, para dar lugar a un mecanismo que puede socavar los mínimos de seguridad exigidos a un ordenamiento.

2.7. La sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020

180. La Sala encuentra acreditado que, el 22 de septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, dictó sentencia en la acción de tutela ejercida por Soledad María Granda Castañeda y otros en contra de la Presidencia de la República, los Ministros de Defensa y del Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Director General de la Policía, el Comandante General de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

181. A esta acción de tutela fueron vinculados igualmente la Fiscalía General de la Nación, los comandantes del Ejército Nacional, ESMAD, COPES y GOES, por tener interés jurídico en el resultado de la actuación.

182. Así mismo, se dispuso convocar a (i) la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos –OACNUDH-; (ii) la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres –ONU Mujeres-; (iii) la Organización Internacional del Trabajo –OIT-; (iv) el comandante de la Decimotercera Brigada de la Quinta División del Ejército Nacional; (v) la Contraloría General de la República; (vi) la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP-; (vii) la Universidad Nacional de Colombia; (viii) la Universidad Distrital; (ix) la Universidad de los Andes; (x) la Universidad Javeriana; (xi) la Universidad de Antioquia; (xii) la Universidad del Valle; (xiii) la Universidad del Atlántico; (xiv) la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; (xv) la Universidad Industrial de Santander; (xvi) el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-; (xvii) la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-; y (xviii) la Central Unitaria de Trabajadores –CUT-; y (xix) a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

183. Los derechos fundamentales que la autoridad judicial examinó bajo el referido radicado correspondieron a los de protesta pacífica, participación ciudadana, vida, integridad personal, debido proceso, “no ser sometidos a desaparición forzada”, libertad de expresión, reunión, circulación y movimiento.

184. Para la protección de los citados derechos, los actores de la referida acción de tutela solicitaron en favor de todos los ciudadanos que deseen ejercer el derecho a la protesta: “ordenar (i) al Presidente de la República “conformar una mesa de trabajo” para reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas; (ii) a las autoridades encausadas, en lo sucesivo, abstenerse de incurrir en conductas como las acá denunciadas; (iii) al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, acompañar a las personas en actos de protestas y brindarles asesoría jurídica a quienes resulten afectados en ellas; (iv) a la Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional, permitir que organizaciones defensoras de derechos humanos realicen verificaciones en casos de capturas y traslado de personas durante el desarrollo de cualquier clase de mitin; y (v) suspender las actividades del ESMAD, hasta tanto se produzcan cambios estructurales y de fondo en los procedimientos en los cuales intervienen.”

185. Los hechos de la demanda fueron sintetizados por la autoridad judicial señalando que en las protestas o manifestaciones se han desplegado conductas constantes, reiterativas y persistentes, para socavar, desestimular y debilitar su derecho a expresarse sin temor, exigiendo cambios de políticas a las distintas autoridades para las manifestaciones actuales y aquellas que se lleguen a presentar en el futuro. Al respecto, señaló:

“Entre los comportamientos que los actores identifican como violatorios, se encuentran: (i) intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas; (ii) “estigmatización” frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; (iii) uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos; (iv) detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (v) ataques contra la libertad de expresión y de prensa”.

186. Los supuestos que refirieron corresponden a la utilización de gases lacrimógenos contra la población civil, a las personas que han resultado lesionadas, con fundamento en el estudio realizado por la Universidad de los Andes denominado “el manual 070 de autoprotección contra el ESMAD”.

187. Hicieron referencia a las situaciones acaecidas en las protestas llevadas a cabo el 21 de noviembre de 2019, en términos similares a los narrados por el accionante del radicado de la referencia, dando cuenta de lo acaecido en la Plaza de Bolívar y las circunstancias particulares que consideran violatorias de los derechos humanos, con los correspondientes datos estadísticos. Posteriormente, se refirieron a las protestas llevadas a cabo en el año 2020, hechos todos por los que la Corte relacionó esencialmente con “los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la protesta pacífica y no violenta” de todos los ciudadanos, aclarando que censura todas las formas violentas e irracionales de formular reclamos para la protección de derechos y, llamó a la convivencia, la tolerancia y la no violencia.

188. La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil resolvió el caso concreto con fundamento en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Económicos, ratificado por Colombia por medio de la Ley 74 de 1968, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución Política de 1991.

189. Examinó las sentencias de la Corte Constitucional en punto del derecho fundamental objeto de análisis y la reglamentación contenida en el Código Nacional de Policía y Convivencia, de las cuales transcribió ampliamente las principales consideraciones, al tiempo que se refirió al concepto de orden público y sus principales manifestaciones, al principio de la división de poderes frente al poder de policía y la reglamentación como atribución conferida a la rama legislativa.

190. Se refirió a la Resolución No. 02903 del 23 de junio de 2017, en la que se “reglamentó el uso de la fuerza y el empleo de armas y municiones, elementos y dispositivos menos letales”, que regula las actuaciones de la policía nacional y a los demás protocolos vigentes, particularmente el que regula las actuaciones del ESMAD.

191. De la valoración en su conjunto de las pruebas allegadas en esa oportunidad concluyó que se presentó y existe la posibilidad de que se siga presentando agresión de la Fuerza Pública con respecto a quienes se manifiestan, por lo que encontró inaplazable la necesidad de que todos los habitantes del territorio nacional cuenten, por parte de la Rama Ejecutiva, encargada de mantener responsablemente el orden público, con entidades formadas suficientemente para entender, comprender y racionalizar el derecho de las personas y de los habitantes del territorio y disentir y hacer público su pensamiento.

192. Las órdenes impartidas en esa oportunidad para la protección de los derechos de los accionantes del caso y de todos los habitantes del territorio nacional, en relación con las cuales dispuso publicar la sentencia para cumplir con la garantía de publicidad y aplicación a todo el conglomerado social, fueron las que se transcriben a continuación, no obstante su extensión, por la importancia de las mismas para el caso analizado y por cuanto explican por sí mismas la garantía que confieren a los derechos de los accionantes que quedan subsumidos en ellas:

“SEGUNDO: ORDENAR a los aquí encausados que, en lo sucesivo, se abstengan de incurrir en conductas como las que dieron lugar a esta acción.

TERCERO: ORDENAR a los demandados que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, insertar y facilitar la descarga del contenido completo y legible de este pronunciamiento, en la parte principal de sus respectivas páginas web y redes sociales, en un lugar visible y fácilmente identificable, hasta tanto el Congreso de la República emita una Ley Estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta pacífica.

CUARTO: ORDENAR al Ministro de Defensa que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes el enteramiento de esta providencia, proceda a presentar disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial, aquéllos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional – ESMAD- durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019, las cuales deberán difundirse en el mismo término, por radio, televisión y redes sociales.

QUINTO: ORDENAR al Gobierno Nacional – Presidente de la República que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, proceda a:

a. Expedir un acto administrativo en el cual ordene a todos los miembros de la Rama Ejecutiva en el nivel nacional, mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del Gobierno Nacional, en el cual se incluya la obligación permanente de garantizar y facilitar, de manera imparcial, el ejercicio de los derechos fundamentales a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa, aun durante eventos de (i) guerra exterior; (ii) conmoción interior; o (iii) estado de emergencia.

b. Convocar y conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionados con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas, para que escuche y atienda los planteamientos, no sólo de los aquí accionantes, sino de cualquier persona interesada en el tema.

De llegarse o no a un consenso al respecto, el Gobierno Nacional estará en la obligación de expedir un acto administrativo, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de esta sentencia, una reglamentación sobre la materia que tenga en cuenta, como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos las recomendaciones de Naciones Unidas y las aquí señaladas, relacionadas con la intervención y el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, en manifestaciones y protestas.

Para tal efecto, se hará énfasis en conjurar, prevenir y sancionar la (i) intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas; (ii) “estigmatización” frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; (iii) uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos; (iv) detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (v) ataques contra la libertad de expresión y de prensa.

En esa línea, deberá realizarse, con la participación directa de la ciudadanía, órganos de control y los mandatarios regionales y locales, un protocolo de acciones preventivas concomitantes y posteriores que se denominará: “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO, Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA”, que incluya, como mínimo, lo siguiente:

Protocolo de acciones preventivas

El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales deberá estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. Así las cosas, es imprescindible que los miembros de la fuerza pública conozcan las disposiciones normativas que permiten el uso de las armas letales y no letales, y que tengan el entrenamiento adecuado para que en el evento en que deban decidir acerca de su uso posean los elementos de juicio para hacerlo.

Igualmente, se establecerán límites al máximo del uso de la fuerza para el control de disturbios, por cuanto el entrenamiento que reciben no debe estar dirigido a derrotar al enemigo, sino en función de la protección y control de civiles.

Deberá hacerse énfasis en la formación y capacitación inmediata en ética y derechos humanos de sus miembros, guiada por el respeto a la comunidad, donde sus integrantes actúen como agentes de paz, de protección a la ciudadanía y al derecho a la vida.

Así mismo, se hará un análisis cuantitativo y cualitativo del incremento de la profesionalización de los agentes destinados a la contención y alteración del orden público por causa del ejercicio de marchas y manifestaciones públicas, incluyendo una veeduría permanente de la ciudadanía y los órganos de control.

Protocolo de acciones concomitantes

Al momento de realizar el despliegue de la autoridad, los agentes estatales, en la medida de lo posible, deben implementar un procedimiento verificable que evalué la situación y un plan de acción previo a su intervención. De tal forma, los operativos policiales deben estar dirigidos a la contención o restablecimiento del orden, y no a la privación de la vida o agresiones injustificadas.

Con todo, en caso de que resultare obligatorio el uso de la fuerza, ésta debe realizarse en armonía con los principios de la finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad.

Para determinar la proporcionalidad del uso de la fuerza, debe evaluarse la gravedad de la situación que enfrenta el funcionario. Para ello, se debe considerar, entre otras circunstancias: la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo; las condiciones del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica.

Protocolo de acciones posteriores

Del mismo modo, debe implementarse procedimientos que verifiquen la legalidad y/o proporcionalidad del uso de la fuerza letal ejercida por agentes estatales, así como de las órdenes de la cadena de mando relacionados con el hecho.

En efecto, una vez que se tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad hicieron uso de armas letales o no letales, causando daños a la vida e integridad de las personas, deberá iniciarse inmediatamente, y dentro de un plazo que no supere los seis (6) meses contados a partir del suceso, al margen de las investigaciones a que haya lugar, la obligación de proveer una explicación pública satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados.

Tal procedimiento será acompañado por redes de veeduría ciudadana, mandatarios regionales, locales, y órganos de control. Al señalado estatuto se le hará pedagogía nacional, es decir, se enseñará y divulgará a todos los colombianos. c. De los avances para el cumplimiento de lo antes ordenado, el Gobierno Nacional – Presidente de la República deberá rendir, de manera directa a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, un informe quincenal, claro, detallado y exhaustivo del desarrollo de las negociaciones hasta la emisión del correspondiente acto administrativo.

SEXTO: ORDENAR a la Policía Nacional, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, expidan un protocolo que permita a las ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de mitin, reunión o acto de protestas.

SÉPTIMO: ORDENAR al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que, dentro de los treinta (30) días siguientes al enteramiento de este fallo, diseñen planes de fácil acceso para el acompañamiento y asesoría jurídica para las personas que, en actos de protestas resulten o, se hayan visto afectadas en ellas, brindando apoyo en tal sentido para acudir, incluso, a instancias internacionales cuando a ello hubiere lugar.

OCTAVO: ORDENAR al DEFENSOR DEL PUEBLO que, hasta tanto se constate que el ESMAD está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas, realizar un control estricto, fuerte e intenso de toda actuación de ese cuerpo policial en el desarrollo de manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus procedimientos.

Cuando se requiera cualquier participación del ESMAD en eventos públicos o privados, ese organismo de manera antelada, deberá poner a disposición DEL DEFENSOR el listado de los comandantes o jefes de unidad del personal asignado para el servicio requerido e, igualmente, la Policía Nacional deberá designar a un oficial superior común que sirva de enlace entre los agentes y el DEFENSOR DEL PUEBLO.

Asimismo, la aludida institución recibirá las quejas y denuncias que, por cualquier medio expedito y eficaz, se hagan sobre las conductas del ESMAD o integrantes de la fuerza pública en el desarrollo de manifestaciones y protestas.

NOVENO: ORDENAR a los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional -ESMAD- y a cualquier institución que efectué “actividades de policía” que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, suspenda el uso de las “escopetas calibre 12”, hasta tanto el a quo constitucional, previa verificación exhaustiva, constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento.

DÉCIMO: ORDENAR al DEFENSOR DEL PUEBLO que, mensualmente remita un informe al juez de primera instancia de esta acción constitucional del cumplimiento de las disposiciones aquí adoptadas.

DÉCIMOPRIMERO: INDICAR que cuando la Corte lo considere necesario, asumirá la competencia para exigir el obedecimiento de lo aquí ordenado.

DÉCIMOSEGUNDO: DISPONER la remisión de la reproducción total de este expediente con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes, con relación a los hechos materia de esta salvaguarda, debiendo rendir, por conducto de sus directores principales, informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sobre el avance de las actividades desplegadas para el señalado fin.” (Negrita y subrayado fuera del texto)

193. El fallo de tutela fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión, siendo excluida de la misma, según auto interlocutorio dictado el 26 de febrero de 2021 por la Sala de Selección de Tutelas No. 2, con lo cual la sentencia hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y el cumplimiento de las disposiciones –que se reitera se refieren a todas las marchas y todos los ciudadanos que son titulares del derecho a la protesta pacífica consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política– se encuentra a cargo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil, con respecto al cual la Sala de Casación Civil de la Corte se reservó el derecho a ejercer el control cuando lo considerara necesario.

194. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, mediante auto del 27 de mayo de 2021, se pronunció sobre las solicitudes de “cumplimiento de fallo” e interposición de “incidente de desacato” que presentaron las señoras Laura Gómez y Angie Rusinque respecto de la sentencia del 22 de septiembre de 2020.

195. Las solicitantes manifestaron que, el derecho fundamental protegido por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil estaba siendo vulnerado desde el 28 de abril de 2021, comoquiera que se estaban desconociendo varias de las órdenes dadas, en especial la de abstenerse de incurrir en “abuso sistemático del uso de la fuerza, por parte de la Policía Nacional y el Esmad”.

196. Por otra parte, el señor Ermes Evelio Pete Vivas, Consejero Mayor y representante legal del Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC-, presentó un memorial en el que afirmó que desde el 28 de abril de 2021 se habían presentado casos de “violencia policial”, “detenciones arbitrarias” y homicidios, y que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo no han actuado diligentemente ante esas situaciones.

197. Aunado a lo anterior, otras personas que manifestaron ser “accionantes y apoderados” solicitaron que se diera cumplimiento a las órdenes de la sentencia del 22 de septiembre de 2020, por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía Nacional en las ciudades de Bogotá, Cali y Popayán y la “estigmatización” de las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan desde el 28 de abril de 2021 por parte del Presidente de la República.

198. La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil consideró que las solicitudes que presentaron los ciudadanos debían ser tramitadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil, por haber sido el juez constitucional que conoció de la acción de tutela en primera instancia; sin embargo, decretó pruebas complementarias y advirtió, entre otras cosas, lo siguiente:

“Si bien lo alegado por los memorialistas y los hechos actuales, de público conocimiento, sustentan la necesidad de intervención de esta Corte, la injerencia de la misma tendrá lugar, por ahora, con el decreto de pruebas complementarias respecto de las impartidas por el juez constitucional de primer grado, correspondiéndole a éste recabarlas durante el trámite de desacato que actualmente adelanta en esa etapa procesal, garantizando ante todo, el acatamiento del fallo, el derecho de contradicción y defensa de los involucrados y la doble instancia.

2.4.1. Como lo expusieron los aquí solicitantes, la Sala en la sentencia STC-7641-2020 -hoy en firme al excluirse de revisión y negarse la insistencia- amparó las prerrogativas invocadas, relativas a «(…) la protesta pacífica, participación ciudadana, vida, integridad personal, debido proceso, “no ser sometidos a desaparición forzada», y a las libertades de expresión, reunión, circulación y movimiento (…)».

(…)

Como una de las finalidades de la sentencia STC7641-2020 consistió en evitar la repetición de lo ocurrido en las fechas mencionadas y en las anteriores, analizadas en el fallo en cuestión, ha de verificarse si se han reiterado los hechos denunciados.

2.4.2. No puede, ensancharse el debilitamiento de la confianza ciudadana frente a las instituciones. La exigencia pacífica del ejercicio del derecho de reunión, manifestación y protesta conlleva entre las muchas, una obligación de doble vía, tanto para los titulares del derecho, como para el Estado. El derecho no se puede asimilar al caos, al vandalismo o al desorden; tampoco procede la estigmatización y la intimidación, porque ninguna de tales circunstancias, contribuyen al proceso democrático y constitucional de hacer un país incluyente y un Estado Social de Derecho, tolerante, armonioso, en desarrollo, respetuoso de la dignidad humana. Por ello, es del caso, instar a todas las autoridades accionadas y a la ciudadanía a acatar con diligencia y plena observancia, los mandatos contenidos en la sentencia STC-7641-2020.

(…)

2.4.3.1. Ordenar al Gobierno Nacional -Presidencia de la República y Ministerio de Defensa Nacional, que en el término de quince (15) días, informe lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha:

(…)

2.4.3.2. Ordenar a la Procuradora General de la Nación, al Defensor del Pueblo, y al Fiscal General de la Nación, que en el término de quince (15) días, informen lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha:

(…)

2.4.3.3. Ordenar al Defensor del Pueblo, que en el término de quince (15) días, informe lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha:

(…)

2.5. Finalmente, se remitirán las presentes diligencias a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para que se pronuncie, sobre la apertura o complementación del trámite incidental deprecado por los memorialistas y, en adición, supervise la práctica de las pruebas decretadas en esta decisión, sin perjuicio de la verificación a cargo de esta Corporación.” (Negrita y subrayado fuera del texto)

2.8. Caso concreto

199. La parte accionante manifestó que la finalidad del presente amparo es que el juez de tutela disponga que cese la amenaza de sus derechos fundamentales “a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la libertad de expresión, al de reunión, al de la manifestación y protesta pública y pacífica”. Si bien son varias las garantías invocadas, esta Sala entiende que, en consonancia con los presupuestos fácticos y los argumentos que sustentan la solicitud de amparo, el derecho a la manifestación pública y pacífica es el que se principalmente se considera como amenazado.

200. Como se expuso con antelación, el derecho a la protesta pacífica cuenta con una naturaleza intrínsecamente compleja y, debido a la convergencia de otros derechos en su ejercicio, su restricción arbitraria puede acarrear la vulneración de garantías tales como la integridad personal, la salud y la dignidad.

201. Si bien, de acuerdo con la Corte Constitucional, el derecho a la protesta pacífica tiene una dimensión colectiva en relación con su concreción, la titularidad de este es esencialmente individual, por lo que la presunta amenaza a dicha garantía se examinará a partir de la situación específica de los señores María Daniela Castillo Legarda y otros como accionantes, en el marco de los presupuestos fácticos expuestos.

202. Es decir, teniendo en cuenta el marco convencional y constitucional expuesto, así como las órdenes dadas por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil en la sentencia del 22 de septiembre de 2020, la Sala analizará cada una de las pretensiones de la demanda de tutela y precisará si se configura la cosa juzgada constitucional o si hay lugar a pronunciarse de fondo.

203. Ahora, si se configura la cosa juzgada constitucional se deberá declarar la improcedencia de la acción por no superarse el requisito de subsidiariedad, comoquiera que la parte accionante cuenta con el incidente de desacato para poner de presente sus inconformidades ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones a que haya lugar.

204. Conviene precisar que, el incidente de desacato en el trámite de una acción de tutela está regulado en el artículo 52 del Decreto Ley 2591 de 1991, y respecto de la naturaleza jurídica de este, la Corte Constitucional en la sentencia SU-034 de 2018, indicó:

“En síntesis: el incidente de desacato es un instrumento procesal para garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales amparados mediante la acción de tutela, que tiene lugar cuando el obligado a cumplir una orden de tutela no lo hace. En este trámite incidental, el juez constitucional, en ejercicio de sus potestades disciplinarias, puede sancionar con arresto o multa a quien con responsabilidad subjetiva desatienda las órdenes judiciales encaminadas a restaurar el derecho vulnerado, lo cual debe efectuarse con plena observancia del debido proceso de los intervinientes y dentro de los márgenes trazados por la decisión de amparo” (Negrita y subrayado fuera del texto).

205. Lo anterior, significa que el incidente de desacato constituye el mecanismo judicial idóneo para buscar el cumplimiento de una orden de tutela y que se garantice realmente la protección de los derechos fundamentales amparados.

206. En el caso concreto de los señores María Daniela Castillo Legarda y otros, si bien no fungieron como accionantes en la solicitud de amparo que culminó con la sentencia del 22 de septiembre de 2020, lo cierto es que, como quedó expuesto en el numeral 2.7. de esta providencia, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil hizo extensivos los efectos de la protección del derecho a la protesta pacífica a todos los ciudadanos.

207. En este punto, se resalta que la gran mayoría de las personas que presentaron incidentes de desacato y solicitaron el cumplimiento de la sentencia del 22 de septiembre de 2020 no fungieron como accionantes, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil atendió a sus argumentos para decretar pruebas complementarias en el trámite del incidente de desacato y remitió las peticiones al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil.

208. Lo anterior, significa que, en efecto, los titulares del derecho fundamental consagrado en el artículo 37 de la Constitución están legitimados para promover un incidente de desacato para obtener el cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020.

209. Por otra parte, en las pretensiones que se estudien de fondo, si se advierte que existe una amenaza cierta e inminente se adoptarán las decisiones que en mayor medida protejan y reivindiquen los derechos fundamentales que invocó el accionante, en especial, el de la protesta pacífica.

210. Precisada la metodología de estudio, la Sala procede con su análisis, sin tener en cuenta la pretensión primera que corresponde a “1. Tutelar nuestros derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, integridad personal, salud, libertad de expresión, reunión, manifestación y protesta pública y pacífica”, ya que esta dependerá de lo que arroje el mencionado estudio.

2.8.1. Respecto de las pretensiones que hacen tránsito a cosa juzgada y que, en consecuencia, la Sala declarará su improcedencia porque cuentan con el incidente de desacato para el efecto perseguido por la parte actora.

211. Pretensiones segunda y sexta

“2. (…) se sirva ordenar al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO y a la NACIÓN – a la NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL –POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO, COMANDANTES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (Comandantes del ESMAD, Copes – Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo- y Goes -Grupos Operativos Especiales de Seguridad-) NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL –BATALLÓN DE BOYACÁ PASTO, dar instrucción clara e inmediata a todos los miembros de la Policía Nacional y del Ejército Nacional de hacer uso de la fuerza de manera EXCEPCIONAL, proporcionada y con el fin real de proteger los derechos de la ciudadanía, también de abstenerse de usar armas de fuego y/o armas no letales, en contra de la población civil en las protestas que se desarrollen en los próximos días y meses en el MUNICIPIO DE PASTO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

“6. Se ORDENE al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO y al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO, que en las manifestaciones o concentraciones a realizarse en los próximos días y meses en el MUNICIPIO DE PASTO, disponga el acompañamiento permanente en los lugares de concentración, además de la Policía Nacional, de los gestores de convivencia o funcionarios delegados, para que promuevan el diálogo, interlocución y mediación, con las autoridades cuando se den situaciones de enfrentamiento, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 003 de enero de 2021”.

212. La Sala advierte que, respecto de estas pretensiones, se configura el fenómeno de cosa juzgada constitucional por las razones que a continuación se exponen:

213. En el literal b, del numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se ordenó al Gobierno Nacional – Presidente de la República que dentro de los 30 días siguientes a la notificación de dicha providencia procediera a:

“b. Convocar y conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionados con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas, para que escuche y atienda los planteamientos, no sólo de los aquí accionantes, sino de cualquier persona interesada en el tema.

De llegarse o no a un consenso al respecto, el Gobierno Nacional estará en la obligación de expedir un acto administrativo, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de esta sentencia, una reglamentación sobre la materia que tenga en cuenta, como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos las recomendaciones de Naciones Unidas y las aquí señaladas, relacionadas con la intervención y el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, en manifestaciones y protestas.

Para tal efecto, se hará énfasis en conjurar, prevenir y sancionar la (i) intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas; (ii) “estigmatización” frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; (iii) uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos; (iv) detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (v) ataques contra la libertad de expresión y de prensa.

(…)

Protocolo de acciones preventivas

El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales deberá estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades.”

(…)

Así mismo, se hará un análisis cuantitativo y cualitativo del incremento de la profesionalización de los agentes destinados a la contención y alteración del orden público por causa del ejercicio de marchas y manifestaciones públicas, incluyendo una veeduría permanente de la ciudadanía y los órganos de control. (Negrita y subrayado fuera del texto)

214. En cumplimiento de dicha orden, el Presidente de la República expidió el Decreto 003 del 5 de enero de 2021 por medio del cual se estableció el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores denominado como el “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.

215. De acuerdo con la orden dispuesta por la Corte Suprema de Justicia y con el protocolo que la materializó, la regla general es que el uso de armas de fuego o cualquier otro tipo de dispositivo letal está prohibido para cualquier miembro de la fuerza pública en contextos en los que se ejerza el derecho fundamental a la protesta pacífica. Asimismo, el acompañamiento permanente de la ciudadanía y los órganos de control en las manifestaciones para garantizar el respeto por los derechos fundamentales de los involucrados.

216. En consonancia con las normas constitucionales y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el uso de la fuerza por parte de los agentes estatales obedece al principio de excepcionalidad y absoluta necesidad, por lo que el empleo de armas letales y de fuego contra la población civil, tanto en escenarios de protesta como en cualquier otro, está prohibido por regla general. Debido a que la reglamentación que la sentencia en cuestión ordenó proferir, debe regirse por dicha normatividad, la pretensión del accionante se ve cobijada por lo dispuesto en tal providencia.

217. Ahora bien, si el accionante considera que dicha orden no fue cumplida, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y que se adopten las decisiones necesarias para que se haga la referida verificación.

218. A su vez, si la parte tutelante considera que el Decreto 003 del 5 de enero de 2021 no cumple con el mandato convencional y constitucional de que el uso de armas de fuego debe estar prohibido, por regla general, cuenta con el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, regulado por el artículo 135 de la Ley 1437 del 2011 y el cual es un mecanismo judicial idóneo para controvertir dicha norma, al ser un decreto de carácter general dictado por el Gobierno Nacional, y un proceso en el que se puede solicitar que se adopten medidas cautelares, de conformidad con el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011.

219. En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedentes estas pretensiones.

220. Pretensiones cuarta y séptima

“4. Se ORDENE al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO y a la NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL –POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO, COMANDANTES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (Comandantes del ESMAD, Copes -Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo- y Goes -Grupos Operativos Especiales de Seguridad-) NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE BOYACÁ PASTO, que den cumplimiento estricto al protocolo denominado “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA”, adoptado mediante Decreto 003 de enero de 2021, en las protestas que se realizaran en los próximos días y meses en el MUNICIPIO DE PASTO.

“7. ORDENAR al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO, a la a la NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL –POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO, COMANDANTES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (Comandantes del ESMAD, Copes -Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo- y Goes -Grupos Operativos Especiales de Seguridad-) NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE BOYACÁ PASTO se sirvan realizar una campaña pedagógica que promueva el derecho a la reunión y manifestación pacífica que incluya comunicados oficiales previo al inicio de las movilizaciones donde se garantice el cumplimiento de su función y el ejercicio constitucional de estos derechos como garantía de no repetición”.

221. Respecto de estas pretensiones también opera el fenómeno de cosa juzgada constitucional. Como ha sido expuesto con suficiencia, la Corte Suprema de Justicia en el numeral quinto ordenó la expedición y el cumplimiento estricto de un “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”, de conformidad con todos los parámetros constitucionales, convencionales e internacionales en materia de protección del derecho fundamental a la protesta pacífica.

222. Ahora, dentro del protocolo de acciones posteriores se ordenó:

“Del mismo modo, debe implementarse procedimientos que verifiquen la legalidad y/o proporcionalidad del uso de la fuerza letal ejercida por agentes estatales, así como de las órdenes de la cadena de mando relacionados con el hecho.

En efecto, una vez que se tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad hicieron uso de armas letales o no letales, causando daños a la vida e integridad de las personas, deberá iniciarse inmediatamente, y dentro de un plazo que no supere los seis (6) meses contados a partir del suceso, al margen de las investigaciones a que haya lugar, la obligación de proveer una explicación pública satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados.

Tal procedimiento será acompañado por redes de veeduría ciudadana, mandatarios regionales, locales, y órganos de control. Al señalado estatuto se le hará pedagogía nacional, es decir, se enseñará y divulgará a todos los colombianos. c. De los avances para el cumplimiento de lo antes ordenado, el Gobierno Nacional – Presidente de la República deberá rendir, de manera directa a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, un informe quincenal, claro, detallado y exhaustivo del desarrollo de las negociaciones hasta la emisión del correspondiente acto administrativo”. (Las subrayas no son del original)

223. Así, el Presidente de la República expidió el Decreto 003 del 5 de enero de 2021 por medio del cual se estableció dicho protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores. Ahora bien, si el accionante considera dicha orden no está siendo cumplida a cabalidad por las autoridades estatales, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y que se adopten las decisiones necesarias para que se haga la referida verificación.

224. En ese orden de ideas, no se cumple con el requisito de subsidiariedad respecto de estas pretensiones y, por ello, habrá que declarar su improcedencia.

225. Pretensión quinta

“5. ORDENAR al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO, a la a la NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL –POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO, COMANDANTES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (Comandantes del ESMAD, Copes -Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo- y Goes -Grupos Operativos Especiales de Seguridad-) NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE BOYACÁ PASTO que el despliegue de la fuerza pública en las próximas manifestaciones a realizarse en el MUNICIPIO DE PASTO, se adelante únicamente con los agentes policiales y del ESMAD que cuenten con la formación, capacitación, actualización y entrenamiento en derechos humanos, principios básicos sobre el uso de la fuerza, el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, empleo de dispositivos menos letales y demás temas alusivos a los escenarios del servicio de policía en manifestaciones y control de disturbios ya ordenada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC7641-2020 de 22 de septiembre dentro del expediente de tutela Radicado nro. 11001-22- 03-000-2019-02527-02 y que se encuentra establecida en el Decreto 003 de enero de 2021”.

226. En relación con esta solicitud, por un lado, es dable señalar que la Corte Suprema de Justicia en el fallo que la Sala viene referenciando ordenó en el artículo quinto de la parte resolutiva, dentro del “protocolo de acciones preventivas” que el gobierno nacional:

“Deberá hacerse énfasis en la formación y capacitación inmediata en ética y derechos humanos de sus miembros, guiada por el respeto a la comunidad, donde sus integrantes actúen como agentes de paz, de protección a la ciudadanía y al derecho a la vida.

Así mismo, se hará un análisis cuantitativo y cualitativo del incremento de la profesionalización de los agentes destinados a la contención y alteración del orden público por causa del ejercicio de marchas y manifestaciones públicas, incluyendo una veeduría permanente de la ciudadanía y los órganos de control.”

227. Es decir, que la pretensión de la parte actora ya fue objeto de pronunciamiento por parte del Alto Tribunal, razón por la cual, esta particular situación hizo tránsito a cosa juzgada, de tal manera que cuenta entonces con el desacato para cuestionar su inconformidad, pues no es dable que en esta sede se recabe frente a un asunto que ya fue resuelto, precisamente con base en el principio de la cosa juzgada, conforme a los razonamientos decantados por la Sala en el marco jurídico y jurisprudencial que antecede.

228. De otra parte, si en gracia de discusión se aceptara que lo que, además, pretende la parte demandante es la exclusión de las Fuerzas Militares, concatenando esta pretensión al hecho consistente en que el Ejército Nacional al hacer presencia armada infundiendo temor ante las movilizaciones artísticas y culturales del 9 de mayo del presente año en la mencionada ciudad, la Sala pone de presente que la figura de la asistencia militar está consagrada en el artículo 170 de la Ley 1801 del 2016, el cual la define como un instrumento legal que puede ser dispuesto por el Presidente de la República en los siguientes escenarios: i) ante hechos que alteren gravemente la seguridad o la convivencia; ii) ante riesgo o peligro inminente; iii) para afrontar emergencia o calamidad pública.

229. Así que solo en el evento en que haya un abuso de tal autoridad que atente contra los derechos de los accionantes de forma particular y concreta la cual deberá estar debidamente probada será posible el amparo en tal sentido, contrario a esto, lo que se evidencia sobre esta particular situación es que los tutelantes mencionan que son intimidados con el solo hecho de la presencia de los uniformados que a la postre no pone en evidencia de qué forma consideran que sus derechos fueron quebrantados, pues no es dable aceptar una acusación genérica y con falta de sustento probatorio.

230. Así las cosas, se declarará la improcedencia de la acción frente a la pretensión quinta, por cuanto la parte actora cuenta con el desacato.

231. Pretensiones novena y decimosegunda

“9. Se ORDENE a la PROCURADURÍA REGIONAL NARIÑO y a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL NARIÑO activar sus protocolos internos de acompañamiento, desplegar sus equipos de manera permanente para que asistan a las personas que hacen parte de las manifestaciones públicas, en aras de garantizar sus derechos fundamentales, brindando la asesoría jurídica que requieran”.

“12. Se ORDENE a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la POLICÍA NACIONAL POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO, COMANDANTES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (Comandantes del ESMAD, Copes - Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo- y Goes -Grupos Operativos Especiales de Seguridad-) NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL –BATALLÓN DE BOYACÁ PASTO permitir que organizaciones defensoras de derechos humanos, comisiones de verificación de garantías a la protesta social, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, MINISTERIO PÚBLICO, puedan estar presentes y realizar verificaciones en caso de capturas y traslado de personas durante el desarrollo de las manifestaciones ocurridas en el MUNICIPIO DE PASTO, el cual, deberá realizarse en los sitios de reclusión permitidos legalmente y con enfoque de género”.

232. Respecto de estas pretensiones hay cosa juzgada constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

233. En los numerales sexto, séptimo, octavo y décimo segundo de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se ordenó:

“SEXTO: ORDENAR a la Policía Nacional, Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, expidan un protocolo que permita a las ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de mitin, reunión o acto de protestas.

SÉPTIMO: ORDENAR al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que, dentro de los treinta (30) días siguientes al enteramiento de este fallo, diseñen planes de fácil acceso para el acompañamiento y asesoría jurídica para las personas que, en actos de protestas resulten o, se hayan visto afectadas en ellas, brindando apoyo en tal sentido para acudir, incluso, a instancias internacionales cuando a ello hubiere lugar.

OCTAVO: ORDENAR al DEFENSOR DEL PUEBLO que, hasta tanto se constate que el ESMAD está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas, realizar un control estricto, fuerte e intenso de toda actuación de ese cuerpo policial en el desarrollo de manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus procedimientos.

(…)

DÉCIMOSEGUNDO: DISPONER la remisión de la reproducción total de este expediente con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes, con relación a los hechos materia de esta salvaguarda, debiendo rendir, por conducto de sus directores principales, informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sobre el avance de las actividades desplegadas para el señalado fin.” (Negrita y subrayado fuera del texto)

234. Lo anterior significa que, en principio, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación están ejerciendo acciones tendientes a garantizar los derechos fundamentales de las personas que participan en las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan en varias ciudades del país desde el 28 de abril de 2021.

235. Así mismo, no se observa cuál otra acción es necesaria para hacer cesar la amenaza de los derechos fundamentales que invocó el tutelante, comoquiera que lo que ordenó el Máximo Tribunal de la Jurisdiccional Civil es lo que las referidas entidades pueden hacer, de conformidad con sus competencias y funciones.

236. Ahora, si el accionante considera que ello no se está cumpliendo, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones necesarias para que se la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo ejerzan las acciones necesarias para garantizar los derechos fundamentales de los manifestantes.

237. En ese orden de ideas, no se cumple con el requisito de subsidiariedad respecto de estas pretensiones y, por ello, habrá que declararse su improcedencia.

238. Pretensiones décima, decimoprimera y decimocuarta

“10. Se ORDENE al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO y al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO se sirvan rendir en el menor tiempo posible y en un plazo que no supere los tres (3) meses, una explicación pública satisfactoria, a través de los medios de comunicación y las redes sociales institucionales, sobre las actuaciones administrativas adelantadas por el Gobernador, el Alcalde y policía, relacionadas con el uso de la fuerza durante las manifestaciones realizadas desde el 28 de abril de 2021 en el MUNICIPIO DE PASTO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 46 del Decreto 003 de 2021.

11. CONMÍNASE al FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN para que imprima un criterio de celeridad prevalente y especial a las investigaciones penales que se adelantan por los posibles hechos delictivos, especialmente, la desaparición forzada, acaecidos en el marco de las protestas realizadas desde el 28 de abril de 2021 en el MUNICIPIO DE PASTO, con el fin de que las acciones penales respectivas no lleguen a prescribir.
14. Se ORDENE al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO y al COMANDANTE DE POLICÍA a que dentro de las 48 siguientes a la notificación de la presente tutela proceda, por medios masivos de comunicación nacionales y locales, a solicitar disculpas públicas por el uso excesivo de la fuerza pública durante las protestas desarrolladas desde el 28 de abril de 2021 en el MUNICIPIO DE PASTO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

239. Respecto de esta pretensión hay cosa juzgada constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

240. En el numeral décimo segundo de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se ordenó:

“CUARTO: ORDENAR al Ministro de Defensa que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes el enteramiento de esta providencia, proceda a presentar disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial, aquéllos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional – ESMAD- durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019, las cuales deberán difundirse en el mismo término, por radio, televisión y redes sociales”.

DÉCIMOSEGUNDO: DISPONER la remisión de la reproducción total de este expediente con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes, con relación a los hechos materia de esta salvaguarda, debiendo rendir, por conducto de sus directores principales, informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sobre el avance de las actividades desplegadas para el señalado fin.” (Negrita y subrayado fuera del texto)

241. Así mismo, el Máximo Tribunal de la Jurisdicción Civil en el auto del 27 de mayo de 2021, dispuso:

“2.4.3.2. Ordenar a la Procuradora General de la Nación, al Defensor del Pueblo, y al Fiscal General de la Nación, que en el término de quince (15) días, informen lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha:

(…)

2-. En lo relativo con los avances en las investigaciones penales y disciplinarias seguidas contra los miembros de la fuerza pública involucrados en delitos contra los manifestantes, indicar, sin violar la reserva sumarial, si existe o no un plan metodológico que aborde esas investigaciones a partir de un contexto sistemático, generalizado y grave de abuso de la autoridad y violación de los derechos humanos. En sentido negativo, deberán explicar las razones por las cuales no se abordó ese enfoque con base en la sentencia STC 7641-2020.” (Negrita y subrayado fuera del texto)

242. Lo anterior significa que, en principio, la Fiscalía General de la Nación debe adelantar las investigaciones de los hechos constitutivos de conductas punibles en el marco de las protestas y manifestaciones públicas adelantadas desde el 28 de abril de 2021. Asimismo, al Ministro de Defensa es a quien le corresponde presentar las disculpas públicas ante el exceso del uso de la fuerza pública.

243. Ahora, si los accionantes consideran que ello no se está cumpliendo, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones necesarias para que se hagan las referidas investigaciones.

244. En ese orden de ideas, no se cumple con el requisito de subsidiariedad respecto de esta pretensión y, por ello, habrá que declararse su improcedencia.

2.8.2. Respecto de las pretensiones que serán negadas al no encontrar quebrantamiento de los derechos deprecados por la parte tutelante

245. Pretensión tercera

“3. Se ORDENE al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO y a la NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL –POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO, COMANDANTES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (Comandantes del ESMAD, Copes -Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo- y Goes -Grupos Operativos Especiales de Seguridad-) NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE BOYACÁ PASTO que suspenda el uso de los agentes químicos, a) Dispositivo lanzador de pimienta, con propulsión pirotécnica, gas o aire comprimido; b) Granadas con carga química CS, OC; c) Granadas fumígenas; d) Cartuchos con carga química CS, OC y, e) Cartuchos fumígenos y/o cualquier otra sustancia semejante en las protestas que se desarrollen en los próximos días y meses en el MUNICIPIO DE PASTO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO, mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria a causa de la propagación la Covid-19, dispuesta por el Gobierno Nacional y/o local y sus prorrogas”.

246. En relación con esta pretensión, se pone de presente que el uso de “los agentes químicos, a) Dispositivo lanzador de pimienta, con propulsión pirotécnica, gas o aire comprimido; b) Granadas con carga química CS, OC; c) Granadas fumígenas; d) Cartuchos con carga química CS, OC y, e) Cartuchos fumígenos y/o cualquier otra sustancia semejante por parte de la Policía Nacional para dispersar aglomeraciones o restablecer el orden público es una actividad lícita que está regulada en la Ley 525 de 1999 y reglamentada por la Resolución 3002 del 29 de junio de 2017 y la Resolución 02903 del 23 de junio de 2017

247. Por otra parte, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud - OMS calificó el brote del virus Covid-19 como una pandemia, con fundamento en lo cual el Ministerio de Salud y de la Protección Social profirió la Resolución N° 385 del 12 de marzo del 2020, mediante la cual declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.

248. La emergencia sanitaria se prorrogó mediante las Resoluciones N° 844 del 26 de mayo de 2020, N° 1462 del 25 de agosto de 2020, N° 2230 del 27 de noviembre de 2020 y N° 222 del 25 de febrero de 2021. Finalmente, a través de la Resolución N° 783 del 26 de mayo de 2021, se determinó que dicha prorroga sería hasta el 31 de agosto de 2021.

249. Ahora bien, el inciso cuarto del artículo 49 de la Constitución establece que “Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad”, esto significa que los ciudadanos tienen la obligación constitucional de actuar de manera diligente para preservar la salubridad pública.

250. Desde el panorama fáctico y jurídico expuesto, se advierte que, si bien el derecho a la protesta pacífica no se suspende con ocasión de la emergencia sanitaria, lo cierto es que las personas deberían abstenerse de concurrir a escenarios en donde se presenten aglomeraciones o no se cumplan los protocolos de bioseguridad, por cuanto esto produce que los contagios y muertes por el virus covid-19 aumenten de manera acelerada.

251. Por supuesto, quien decida libremente participar de las protestas y manifestaciones públicas debe asumir los riesgos que ello implica, tanto a nivel de contagio del virus como de las situaciones que se presentan cuando la Policía Nacional debe intervenir para preservar la seguridad y la convivencia ciudadana.

252. Por ello, no es dable que un manifestante invoque la emergencia sanitaria producida por el covid-19 para que se suspenda el uso de los mencionados agentes químicos por parte de la Policía Nacional, pues, se reitera que al participar hoy en día en actividades en donde se presentan aglomeraciones y alteraciones al orden público se expone autónomamente a los riesgos que ello conlleva.

253. Además, el uso de estos agentes químicos no constituye un uso desproporcionado de la fuerza, pues, es un recurso legal con el que cuenta la Policía Nacional que se encuentra regulado y reglamentado.

254. En ese orden de ideas, no se observa que el uso del dispositivo lanzador de pimienta, con propulsión pirotécnica, gas o aire comprimido; Granadas con carga química CS, OC; Granadas fumígenas; Cartuchos con carga química CS, OC y, Cartuchos fumígenos durante la emergencia sanitaria producida por el covid-19 amenace los derechos fundamentales invocados por los tutelantes.

255. Así las cosas, se negará esta pretensión.

256. Pretensión octava

“8. Se ORDENE al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO y al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO, la difusión pública y masiva de la ruta de acción, acompañamiento y ubicación de los gestores de convivencia durante las manifestaciones o concentraciones a realizarse en los próximos días y meses en el MUNICIPIO DE PASTO”.
257. Al respecto es necesario aclarar que, conforme a las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia, queda claro el tipo de acompañamiento que debe hacer el Ministerio Público, pero no sobra señalar que es precisamente al grupo de manifestantes en las marchas quienes son convocados por sus líderes, tienen pleno conocimiento de las rutas a seguir en la jornada de protesta. Ahora bien, previo a cada manifestación, conforme a lo señalado por el Municipio de Pasto, se activa en dicho territorio la “mesa de seguimiento a la protesta pacífica” para hacer el respectivo seguimiento y generar espacios de comunicación directa con los líderes convocantes.

258. Asimismo, la entidad territorial explicó que el Alcalde de Pasto y su gabinete han adelantado acciones tendientes a conformar mesas de diálogo permanente con los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente con el fin de lograr soluciones y que se garantice el orden público, la protesta pacífica, la libertad de expresión, la libertad personal, el derecho de reunión, la integridad física, la vida y “otros derechos relacionados con la protesta pacífica”.

259. Las anteriores actuaciones, debidamente documentadas a través de actas de mesas de seguimiento, informes, listados, comunicados, entre otros, demuestran la voluntad de la administración territorial por propender por las garantías constitucionales alegadas como desatendidas por los tutelantes, a través del diálogo constante, en las se tratan todos los temas relativos a las inconformidades de los manifestantes. A su vez, en todos estos espacios se cuenta, en principio, con el acompañamiento de la procuraduría, la Gobernación de Nariño, la defensoría del pueblo y también con los gestores de paz, quienes tienen a su cargo la vigilancia del actuar policial para evitar el uso desmedido de la fuerza y el respeto por la integridad física de los marchantes pacíficos.

260. Es por ello que la Sala no considera necesario dar la orden pretendida por cuanto los manifestantes a través de sus líderes pueden acceder a toda la información que requieran, en tanto se encuentra probado el diálogo permanente de los interesados con el ente gubernamental.

261. En consecuencia, la pretensión octava será negada.

262. Pretensión decimotercera

“13 ORDENAR al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO y al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO se abstengan limitar el derecho a la protesta social con la expedición de decretos de toque de queda para los días en que se tienen programadas las manifestaciones, pues con ello están excediendo su función de policía administrativa, tal como ocurrió con la expedición del Decreto 0187 del 05 de mayo de 2021”.
263. Al respecto, es dable precisar que los tutelantes hacen referencia a la posible afectación con hechos futuros e inciertos, es decir, de los que no se puede tener certeza de su acaecimiento, así que es inoportuno emitir la orden en tal sentido siendo que el alcalde municipal de Pasto en uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere los artículos 37 y 315 de la Constitución y el artículo 202 de la Ley 1801 de 2016 -tal como se señaló en el Decreto 187 del 5 mayo de 2021-, dentro de sus competencias extraordinarias, puede optar por “decretar el toque de queda cuando las circunstancias así lo exijan”.
264. Del decreto en cita se destaca el siguiente apartado:
“Que el día de hoy, 05 de mayo de 2021, diferentes grupos sociales, sindicalistas y comunidad en general, organizaron protesta pacífica en diferentes puntos de la ciudad, la cual se desarrolló con acompañamiento de la administración municipal. Sin embargo, actores externos han propiciado desmanes y hechos que alteraron considerablemente el orden público, siendo necesario adoptar una medida excepcional que permita garantizar la sana convivencia, el respeto por los derechos humanos y la seguridad en nuestro municipio, tanto para aquellos que participan en ella como para quienes voluntariamente han decidido no hacerlo”.
(…)

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR EL TOQUE DE QUEDA en el municipio de Pasto, a partir del las cinco de la tarde (5:00 p.m.) del día miércoles 05 de mayo de 2021 hasta las cinco de la mañana (5:00 a.m.) del día jueves 06 de mayo de 2021, como acción transitoria y excepcional de policía con el fin de prevenir y proteger a la comunidad de hechos y/o desmanes generados en el marco y desarrollo la protesta desarrollada para el día de hoy 05 de mayo de 2021.”

265. Así las cosas, contrario a lo manifestado por los tutelantes, no se avizora el ánimo de la administración por cercenar el derecho a la protesta social, sino que, contrario a ello, se propendió por dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado que consiste en garantizar tanto los principios y deberes como los derechos fundamentales de los ciudadanos, situación que puede efectivizarse a través de los decretos municipales.

266. Además, la protesta del 5 de mayo sí se llevó a cabo, tanto es así que el decreto del toque de queda se estipuló para ese día, pero a partir de las cinco de la tarde, atendiendo a la alteración del orden público que se suscitó. En tal sentido, haría mal la Sala en ordenar que el ente municipal deba despojarse de su facultad dada la falta de convicción de una posible afectación del derecho a la protesta basada en hechos inciertos, pues tal como se observa, la medida del toque de queda depende de si hay situaciones de alteración del orden público que ameriten tal determinación para propender, no solo por dicho orden, sino por la seguridad y el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos.

267. Por las razones expuestas concluye la Sala que la pretensión decimotercera será negada.

268. Pretensión decimoquinta

“15.ORDENAR al GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, al ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO y a la a la NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL –POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO, COMANDANTES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (Comandantes del ESMAD, Copes -Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo- y Goes -Grupos Operativos Especiales de Seguridad-) NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE BOYACÁ PASTO, que en adelante, para cualquier protesta que se llegaré a presentar en el MUNICIPIO DE PASTO, se abstengan de incurrir en conductas como las que dieron lugar a la presente acción de tutela.”

269. La Sala considera que si bien no es necesario proferir alguna orden adicional a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil en sentencia del 22 de septiembre de 2020, en la medida en que dicha providencia dispuso, con suficiencia, todas las medidas que las autoridades estatales deben adoptar en materia de protección tanto del derecho a la protesta pacífica, en todo caso, se insiste en la necesidad de que las autoridades estatales cumplan a cabalidad con la normatividad constitucional y convencional que las rige en el sentido de garantizar plenamente el ejercicio de la protesta.

270. Esto bajo el entendido de que esta goza de protección siempre y cuando sea pacífica. Por tanto, se reitera que, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional, la CIDH y la Corte IDH, la naturaleza no violenta de este derecho y la prohibición de uso de cualquier tipo de armas en contextos de manifestaciones, rige tanto para los protestantes, como para los miembros de la fuerza pública, en este último caso, por regla general.

271. La reiteración de instar a dichas autoridades a garantizar el ejercicio del derecho a la manifestación pública y pacífica, se hace más urgente tomando en consideración las “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021”. En efecto, en dicho documento, la CIDH expuso sus preocupaciones en relación con el contexto de vulneración generalizada de derechos humanos en el país, en donde identificó como principales violaciones a tales garantías fundamentales las siguientes: (i) uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales; (ii) violencia de género en el marco de las protestas; (iii) violencia étnico-racial y contra periodistas y misiones médicas en el marco de las manifestaciones; (iv) irregularidades en los traslados por protección; (v) denuncias por desaparición.

272. A su vez, en dicho documento, la CIDH estableció unas recomendaciones generales y específicas al Estado colombiano, encaminadas a la superación de dicho contexto de vulneración de derechos humanos y a la garantía efectiva de los mismos, entre las cuales se encuentran: (i) promover y reforzar un proceso nacional de diálogo con enfoque territorial que permite para participación de todos los sectores; (ii) garantizar plenamente el ejercicio del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población; (iii) cumplir cabalmente los protocolos del uso legítimo de la fuerza siguiendo los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad establecidos por los estándares internacionales y teniendo como prioridad la defensa de la vida y la integridad de las personas; (iv) garantizar el debido proceso de las personas detenidas en el marco de las protestas.

273. En este sentido, esta Sala insiste en la necesidad de que las autoridades estatales cumplan a cabalidad con lo dispuesto en la normatividad internacional, convencional y constitucional en materia de protección del derecho a la protesta pacífica y todos los derechos concomitantes en contextos a dicha garantía.

2.9. Conclusión

274. La acción de tutela que ejerció la señora María Daniela Castillo Legarda y otros no cumple con el requisito de subsidiariedad en relación con las pretensiones segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima, novena, décima, decimoprimera, decimosegunda y decimocuarta, toda vez que los accionantes cuentan con el incidente de desacato para solicitar el cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020.

275. Los derechos de los tutelantes no resultan amenazados por alguna acción u omisión de las autoridades accionadas y, por ello, no procede el amparo deprecado respecto de las pretensiones primera, tercera, octava, decimotercera y decimoquinta.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Fiscalía General de la Nación, el Municipio de Pasto, la Personería Municipal de San Juan de Pasto, el Departamento de Nariño, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo Regional Nariño, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.2.2. y 2.2.3. de la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes presentadas por el Municipio de Pasto, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.2.4. de los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL y, en consecuencia, la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela ejercida por la señora María Daniela Castillo Legarda y otros en relación con las pretensiones segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima, novena, décima, decimoprimera, decimosegunda y decimocuarta, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.8.1. de la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: NEGAR el amparo solicitado por la señora María Daniela Castillo Legarda y otros respecto de las pretensiones primera, tercera, octava, decimotercera y decimoquinta, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.8.2 de la parte considerativa de esta providencia.

QUINTO: Insistir a las autoridades demandadas que den cumplimiento a las directrices previstas en la normatividad internacional, convencional y constitucional en materia de protección del derecho a la protesta pacífica.

SÉXTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SÉPTIMO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente (E)

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Kelly Natalia Melo Andrade, Lizbeth Cristina Bolaños Calvache, Daniela Carolina Narváez Benavides, Harold Pardo Urbano, Anny Viviana Caicedo Cárdenas, Luis Alfonso Torres Eraso, Nathalia Burbano Diaz, Luis Delgado Ordóñez, Jorge Sánchez Meza, Ana Cristina López, Esteban David Martínez Rodríguez, Martha Lucia Ceballos Vega, Yanira del Carmen Vallejo, María Fernanda Salazar.
El municipio de Pasto, la Fiscalía General de la Nación- Seccional Nariño, la Defensoría del Pueblo –Regional Nariño, la Procuraduría General de la Nación – Regional Nariño, la Personería Municipal Nariño, la Nación – Ministerio Defensa Nacional – Policía Nacional –Policía Metropolitana de Pasto, los Comandantes del Departamento de Nariño (comandantes del ESMAD, Copes -Comandos en Operaciones Especiales Y Antiterrorismo- y GOES-Grupos Operativos Especiales de Seguridad-) Nación – Ministerio Defensa Nacional – Ejército Nacional – Batallón de Boyacá y la Secretaría de Salud de Pasto.
“Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA”.
Para el efecto citó la sentencia C- 281 de 2007 de la Corte Constitucional.
“POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA”.
Artículos 20, 37 y 93 Superior y artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
“Por el cual se expide el reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de las armas, municiones. Elementos y dispositivos menos letales por la Policía Nacional”.
Para el efecto citó la el informe rendido por el comité de expertos de la Universidad de Valparaíso de Chile.
“Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción" hecha en París el trece (13) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993)”.
Debido a la urgencia por la protección de los derechos fundamentales alegados como violados y en aras de evitar un perjuicio irremediable.
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pasto, radicado 52001-33-33-002-2021-00089-00; Juzgado Octavo Administrativo del circuito de Pasto, radicado 52-001-33-33-008-2021- 00092-00; Tribunal Administrativo de Nariño, radicado No. 2021-00236.

De conformidad con la Resolución N° 0048 del 17 de enero de 2018.
“Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y Bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República”
“Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional”.
“Por la cual se define la estructura orgánica internas, se determinan las funciones de la Dirección de Seguridad Ciudadana y se dictan otras disposiciones”
“Por el cual se expide el protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGPITIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA”.
“Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción" hecha en París el trece (13) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993)”. Expedido por la Policía Nacional.
“Por el cual se establecen los parámetros del empleo de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales para la prestación del servicio de policía”. Citó entre otras fuentes, la Resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, mediante la cual, la Organización de las Naciones Unidas aprobó el Código de Conducta para funcionarios Policiales. Ya referidas en el acápite anterior, razón por la que la Sala no hará reiteración, por el comandante de la Unidad de Escuadrones Móviles – Antidisturbios – Departamento de Policía de Nariño
“Por la cual se define la estructura orgánica interna, se determinan las funciones del Departamento de Policía Nariño y se dictan unas disposiciones". Si bien hizo esta aseveración, hizo parte de los argumentos de defensa, pero no de una pretensión propiamente dicha. Kelly Natalia Melo Andrade, Lizbeth Cristina Bolaños Calvache, Daniela Carolina Narváez Benavides, Harold Pardo Urbano, Anny Viviana Caicedo Cárdenas, Luis Alfonso Torres Eraso, Nathalia Burbano Diaz, Luis Delgado Ordóñez, Jorge Sánchez Meza, Ana Cristina López, Esteban David Martínez Rodríguez, Martha Lucia Ceballos Vega, Yanira del Carmen Vallejo, María Fernanda Salazar. Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511, 08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”.

Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00. Fundamentó la desvinculación con base en los dos argumentos. Mediante el cual, la Magistrada Ponente ordenó la vinculación de un tercero con interés. Juzgado Segundo administrativo del Circuito de Pasto, radicado 52001-33-33-002-2021-00089-00; Juzgado Octavo Administrativo del circuito de Pasto, radicado 52-001-33-33-008-2021- 00092-00; Tribunal Administrativo de Nariño, radicado No. 2021-00236.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Protesta y Derechos Humanos (estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal). Septiembre de 2019. Relator Especial: Edison Lanza. Ibídem: p.1
Ibídem: p.5
Ibídem
Ibídem: p.6
Ibídem.
“Artículo 15. Derecho de Reunión: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Protesta y Derechos Humanos (estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal). Septiembre de 2019. Relator Especial: Edison Lanza: p7. Respecto a la relación intrínseca entre el derecho a la protesta social con el ejercicio de otros derechos, ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia mujeres víctimas de tortura sexual Vs. México de 28.11.18.; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia López Lone y otros Vs. Honduras de 05.10.15. Ibídem: p14. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Protesta y Derechos Humanos (estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal). Septiembre de 2019. Relator Especial: Edison Lanza: p15. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Moreno Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela del 05.07.06. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia López Lone y otros Vs. Honduras de 05.10.15. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86, 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Protesta y Derechos Humanos (estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal). Septiembre de 2019. Relator Especial: Edison Lanza: p17.
“Artículo 16. Libertad de Asociación. (…) El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.”
“Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
(…) 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Protesta y Derechos Humanos (estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal). Septiembre de 2019. Relator Especial: Edison Lanza: p18. Ibídem: p19. Ibídem: p20. Ibídem. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México del 28.11.18. Ibídem. Ibidem. Corte Interamericana de Derechos humanos, Sentencia Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador del 04.07.07. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Moreno Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela del 05.07.06. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México del 28.11.18. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-742 del 26.09.21. M.P.

María Victoria Calle Correa. Expediente: D-8991. Ibídem
“ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.”
“ARTICULO 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.”
“ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”
“ARTÍCULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido. 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. 3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley. 5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.”
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-742 del 26.09.21. M.P. María Victoria Calle Correa. Expediente: D-8991
Ibídem. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-009 del 07.03.18. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Expedientes: D-11747 y D-11755 (acumulados)
Ibidem. Ibídem. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-742 del 26.09.21. M.P. María Victoria Calle Correa. Expediente: D-8991
Ibídem. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-223 del 20.04.17. M.P. Alberto Rojas Ríos. Expedientes: D-11604 y D-11611
Ibídem. Ibídem. Ibídem. Ibídem. Ibídem. Al respecto ver: Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-281 del 03.05.17. M.P. Aquiles Arrieta Gómez. Expediente: D-11670; Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-009 del 07.03.18. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Expedientes: D-11747 y D-11755 (acumulados)
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-223 del 20.04.17. M.P. Alberto Rojas Ríos. Expedientes: D-11604 y D-11611
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-281 del 03.05.17. M.P. Aquiles Arrieta Gómez. Expediente: D-11670. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-223 del 20.04.17. M.P. Alberto Rojas Ríos. Expedientes: D-11604 y D-11611
Ibídem. Ibídem. Ibídem. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-265 del 16.04.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Expediente: D-3721
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-223 del 20.04.17. M.P. Alberto Rojas Ríos. Expedientes: D-11604 y D-11611
Ibídem. Ibídem. Ibídem. Ibídem. Al respecto, ver: Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-1219 del 21.11.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Expediente: T-388435;

Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-001 del 13.01.16. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Expediente: T- 5158521. Los demás accionantes de esa tutela fueron los señores Sandra Borda Guzmán, Sergio Alejandro Martín Vergara, Andrés Juan Guerrero, Alejandro Briceño Díaz, Ana Benilda Ángel Orjuela, Alexandra Paola González Zapata, Fabián de Jesús Laverde Doncel, Cristian Raúl Delgado Bolaños, Aleida Murillo Gómez, Jenny Alejandra Romero González, Carlos Sleyter Obregón Ramírez, Juan Felipe Castañeda Durán, Olga Lucía Quintero Sierra, Alirio Andrés Mojica Montañez, Paola Marcela Silva Pérez, Héctor Alejandro Alba Siboche, María Fernanda Ovalle Alvarado, Angye Katherine Rojas Rivera, Wilman Silva Betancourt, Eneried Aranguren, Frank Melo Restrepo, Ángel Duván Ortiz Rodríguez, Yuri Enrique Neira Salamanca, Peter Esteban Santiesteban Castillo, María Alejandra López Mendoza, Diana Carolina Ojeda Ojeda, Victoria Lucena Góez, Mariángela Villamil Cancino, Alejandra Soriano Wilches, Carolina Moreno Velásquez, Carlos Perdomo Guerrero, Catalina Botero Marino, Manuel Alejandro Iturralde, Natalia Ramírez Bustamante, Carlos Julián Mantilla Copete, Johan Sebastián Ramírez Vargas, Fabián Darío Bernate Bastidas, Brian Valencia Ayala, Harrison Steven Valderrama Palencia, David Ricardo Pérez Castro, Carol Tatiana Gómez Suarez, Perla Tatiana Bayona Rojas, Eduardo Enrique Cáceres Téllez, Cristian Andrés Aristizábal Parra, Mohamed Mussa Shek Giraldo, Juan Camilo Gómez Olarte, María Fernanda Montiel Murillo y Santiago de Jesús Andrade Gaitán. Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 22.09.2020, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona, STC7641-2020 Radicación No. 11001-22-03-000-2019-02527-02
María Alejandra Garzón Mora, Germán Romero Sánchez, Douglas Lorduy Montañez, Raissa Carrillo Villamizar, Gustavo Gallón Giraldo, Alejandro Jiménez Ospina, Jormay Ortegón Osorio, Reymundo Rafael Vásquez Barrios, Juan David Romero Preciado, Franklin Castañeda Villacob, Ana Bejarano Ricaurte y Olga Ligia Silva López. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-034 del 03.05.18., M.P. Alberto Rojas Ríos.
“Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA”
“Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA”
“ARTÍCULO 170. ASISTENCIA MILITAR. Es el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el Presidente de la República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar. No obstante, los gobernadores y Alcaldes Municipales o Distritales podrán solicitar al Presidente de la República tal asistencia, quien evaluará la solicitud y tomará la decisión. La asistencia militar se regirá por los protocolos y normas especializadas sobre la materia y en coordinación con el comandante de Policía de la jurisdicción. PARÁGRAFO.

En caso de emergencia, catástrofe o calamidad pública, la asistencia militar se regirá por los procedimientos y normas especializadas, bajo la coordinación de los comités de emergencia y oficinas responsables en la materia.”
“Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.”
“Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción” hecha en Paris el trece (13) de enero de (1993)”.
“Por el cual se expide el manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios para la Policía Nacional”
“Por el cual se expide el reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, por la Policía Nacional”.
“Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

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