Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-02617-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-02617-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-02617-00
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
22 de julio de 2021
ACCIÓN DE TUTELA / LEGITIMACIÓN POR PASIVA EN LA ACCIÓN DE TUTELA / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / DESVINCULACIÓN DEL PROCESO – Petición negada
La Procuraduría General de la Nación solicitó ser desvinculada del trámite constitucional del vocativo de la referencia, al considerar que no había vulnerado o amenazado los derechos fundamentales del accionante. La Sala advierte que negará esta petición, comoquiera que la referida entidad fue vinculada como autoridad accionada teniendo en cuenta que el señor [O.A.M.A.] aseguró que era responsable, por acción u omisión, de la presunta vulneración y amenaza de sus derechos fundamentales y, por ello, en el estudio de fondo de la controversia constitucional corresponde establecer si eso es así.
ACCIÓN DE TUTELA / DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTESTA PACÍFICA / PARO NACIONAL / SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – Sentencia 7641-2020 que amparó el derecho a la protesta pacífica a todos los ciudadanos / MESA DE TRABAJO – Restructuración de directrices sobre el uso de la fuerza / NORMATIVA DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA – Protocolo de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima y protección del derecho a la protesta pacífica y ciudadana / MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO – Decreto de carácter general, impersonal y abstracto / PROHIBICIÓN DE ARMAS DE FUEGO Y CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO LETAL / USO DE LA FUERZA – De carácter excepcional y de absoluta necesidad / PROHIBICIÓN DE TODO ACTO DE VIOLENCIA FÍSICA, MENTAL, SEXUAL O DE CUALQUIER TIPO POR PARTE DE LAS FUERZAS DE POLICÍA Y MILITARES EN EL MARCO DE LAS MANIFESTACIONES PÚBLICAS / SEGUIMIENTO A LA PROTECCIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTESTA PACÍFICA - Labores de veeduría, acompañamiento, verificación y control en el respeto y la garantía de los derechos fundamentales / DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA – Corte Suprema de Justicia dispuso con suficiencia las medidas que deben adoptar todas las autoridades estatales para su protección / IMPROCEDENCIA DE LA ADICIÓN A LA SENTENCIA – La Sentencia 7641-2020 no requiere orden adicional a la contenida en dicha providencia / INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS Y MANIFESTACIONES PÚBLICAS / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
A pesar de que en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil en la providencia del 22 de septiembre de 2020, no se dictó ninguna orden relacionada con las funciones que cumple la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, las disposiciones proferidas en dicha sentencia estuvieron dirigidas, principalmente, a la salvaguarda y protección de todos los derechos concomitantes al ejercicio de la protesta pacífica, entre los que se encuentra la vida, la integridad personal y la prohibición de ser sometido a tortura y tratos crueles e inhumanos. En este sentido, en el literal b, del numeral quinto de la parte resolutiva de tal sentencia, se ordenó al Presidente de la República convocar una mesa de trabajo, con el fin de reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza en contextos de protesta y, como producto de tal labor, expedir un “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica y ciudadana”. Dicho protocolo debe estar regido por los estándares internacionales, convencionales y constitucionales en relación con la protección del derecho a la protesta pacífica y el uso de la fuerza en contextos en que tal garantía se ejerza. En cumplimiento de tal orden, el Presidente de la República expidió el Decreto 003 del 5 de enero de 2021. (…) De acuerdo con la orden dispuesta por la Corte Suprema de Justicia y con el protocolo que la materializó, la regla general es que el uso de armas de fuego o cualquier otro tipo de dispositivo letal está prohibido para cualquier miembro de la fuerza pública en contextos en los que se ejerza el derecho fundamental a la protesta pacífica. En consonancia con las normas constitucionales y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, todo uso de la fuerza por parte de los agentes estatales obedece al principio de excepcionalidad y absoluta necesidad, por lo que el empleo de armas letales y de fuego contra la población civil, tanto en escenarios de protesta como en cualquier otro, está prohibido por regla general. De igual forma, cualquier ejercicio de violencia excesiva y arbitraria, como por ejemplo en casos de tortura y violencia sexual, está tajantemente prohibido, por lo que la reglamentación que la sentencia en cuestión ordenó proferir, debe partir de tales presupuestos normativos en su ejecución. (…) Así mismo, por medio de los numerales quinto, sexto, séptimo, octavo y décimo de tal sentencia, se dictaron órdenes relacionadas con labores de veeduría, acompañamiento, verificación y control en el respeto y la garantía de los derechos fundamentales que puedan verse involucrados en contextos de manifestación pública y pacífica. La ejecución de dichas órdenes está en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Por los motivos señalados con antelación, la Sala encuentra que en la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia existen órdenes suficientes dirigidas a salvaguardar y proteger derechos fundamentales tales como la vida y la integridad personal. Aunado a lo anterior, dado que el accionante no formuló ningún argumento que permita establecer la necesidad de la intervención de la ONU en los términos de esta pretensión, se advierte que se negará lo solicitado. (…) [P]or las consideraciones expuestas en el estudio de la anterior pretensión, la Sala encuentra que las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia del 22 de septiembre de 2020, son suficientes para cumplir con la finalidad de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas que ejercen su derecho a la protesta pacífica.
En este sentido, no se considera necesario proferir alguna orden adicional dirigida a la protección de las garantías constitucionales invocadas por el accionante. (…) [L]a Sala encuentra que en tal sentencia se profirieron órdenes suficientes dirigidas a salvaguardar y proteger derechos fundamentales tales como la vida y la integridad personal. (…) [Así mismo,] se encuentra que el accionante no formuló ningún argumento que permita establecer la necesidad de ordenar que los altos mandos militares entreguen a la ONU un informe en relación con su accionar en contextos de manifestaciones públicas. Ante la ausencia de dicha argumentación y al no advertirse que se requiera una orden adicional dirigida a la protección de los derechos que el señor [M.A.] considera amenazados, esta Sala advierte que se negará lo solicitado. (…) [E]sta Sala considera que se han proferido órdenes suficientes dirigidas a que la Fiscalía General de la Nación lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación con hechos que involucren la vulneración de los derechos invocados por el accionante. Ahora bien, se tiene que lo resuelto en dicha providencia, no establece ninguna disposición relacionada con la especificidad de la pretensión en cuestión; no obstante, se encuentra que el accionante no formuló ningún argumento que haga palpable la necesidad de ordenar a dicho organismo investigador que ejecute lo solicitado. Ante la ausencia de dicha argumentación y al no advertirse que se requiera una orden adicional dirigida a la protección de los derechos que el señor [M.A.] considera amenazados, esta Sala advierte que se negará lo solicitado. (…) Por último, la Sala insiste en la necesidad de que se cumpla con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil en sentencia del 22 de septiembre de 2020, y se lleven a cabo todas las medidas que las autoridades deben adoptar en materia de protección tanto del derecho a la protesta pacífica, como de todos los derechos que pueden resultar afectados en el ejercicio de dicha garantía fundamental, tales como la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, entre otros. De igual forma, se considera necesario que los agentes estatales cumplan a cabalidad con la normatividad constitucional y convencional que las rige en el sentido de garantizar plenamente el ejercicio de la protesta, bajo el entendido de que esta goza de protección siempre y cuando sea pacífica.
FUENTE FORMAL: DECRETO 003 - 2021
ACCIÓN DE TUTELA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - Sentencia 7641-2020 proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020 / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DESACATO - Si se considera incumplida la orden dada en sentencia de acción de tutela / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD / DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTESTA PACÍFICA / PARO NACIONAL / SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – Sentencia 7641-2020 que amparó el derecho a la protesta pacífica a todos los ciudadanos / DEBER DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA Y LOS EQUIPOS DE LOS CUALES DISPONEN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES./ PROHIBICIÓN DE ARMAS DE FUEGO Y CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO LETAL / USO DE LA FUERZA – Bajo los principios de legalidad, excepcionalidad y proporcionalidad / PRECEDENTE CONSTITUCIONAL – Aplicación de la sentencia C 281 de 2017 sobre la habilitación excepcional de las Fuerzas Militares para intervenir únicamente en operativos para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta / OPERACIONES DE CARÁCTER MILITAR – En el marco de la protesta pacífica / DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA – Corte Suprema de Justicia dispuso con suficiencia las medidas que deben adoptar todas las autoridades estatales para su protección
La orden impartida por la Corte Suprema de Justicia al Presidente de la República, en relación con la expedición de un “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica y ciudadana”, que fue desarrollada en el acápite 2.9.1 del presente fallo, estaba dirigida también a su estricto cumplimiento por parte de todos los agentes estatales y de la fuerza pública, siguiendo los estándares internacionales, convencionales y constitucionales en relación con la protección del derecho a la protesta pacífica y el uso de la fuerza en contextos en que tal garantía se ejerza. A su vez, se encuentra que en cumplimiento de dicha orden, el Presidente de la República expidió el Decreto 003 del 5 de enero de 2021. (…) Ahora bien, si el accionante considera la orden dictaminada por el Alto Tribunal no fue cumplida, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y que se adopten las decisiones necesarias para que se haga la referida verificación. A su vez, si el señor [M.A.] considera que el Decreto 003 del 5 de enero de 2021 no cumple con los estándares internacionales, convencionales y constitucionales, cuenta con el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, regulado por el artículo 135 de la Ley 1437 del 2011 y el cual es un mecanismo judicial idóneo para controvertir dicha norma, al ser un decreto de carácter general dictado por el Gobierno Nacional, y un proceso en el que se puede solicitar que se adopten medidas cautelares, de conformidad con el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011. (…) [Las] solicitudes [que] corresponden a los numerales 2, 3, 5, 6 y 7, de acuerdo con la enumeración formulada por el accionante en la pretensión “C”; si bien fueron expuestas individualmente, la Sala considera necesario estudiarlas de manera conjunta, en la medida en que todas están relacionadas con el deber de identificación de los miembros de la fuerza pública y los equipos de los cuales disponen para el cumplimiento de sus funciones. Se tiene que, de acuerdo con los supuestos fácticos expuestos por el accionante, todos los hechos que involucran tanto a miembros de la fuerza pública, como a equipos para el cumplimiento de sus funciones, sin la debida identificación, están relacionados con hechos de violencia desproporcionada, ilegítima y arbitraria. De igual forma, en las “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021”, la CIDH encuadra las denuncias relacionadas con la falta de identificación plena de integrantes de la fuerza pública, con el contexto de uso desproporcionado de la fuerza por parte de tales agentes estatales. En este sentido, la Sala advierte que, respecto de la pretensión estudiada, se configura el fenómeno de cosa juzgada constitucional por las razones que a continuación se exponen. (…) Es necesario resaltar que atendiendo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la República decidió expedir una disposición normativa expresa en relación con la posibilidad de verificación, por parte del Ministerio Público, de la identificación y dotación de los miembros de la fuerza pública asignados para el acompañamiento de las protestas. Ello establece, como acción preventiva, un procedimiento que controla el cumplimiento de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 56 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y de Convivencia) que establece que toda actuación de la fuerza pública, en contextos de movilización social, deberá ser desarrollada mediante personal y equipos siempre identificados, de manera que tal identificación resulte visible sin ninguna dificultad.
En efecto, estas disposiciones hacen parte de la normatividad que regula el uso legítimo de la fuerza y que la Corte Suprema de Justicia ordenó atender y aplicar, en armonía con las normas internacionales, convencionales y constitucionales. Por tanto, la identificación visible y permanente, por parte de los integrantes de la fuerza pública que acompañen las movilizaciones sociales, constituye un presupuesto normativo que legitima toda intervención de tales agentes en los contextos en que se ejerce el derecho a la protesta pacífica. En este sentido, el conjunto de las pretensiones estudiadas hace parte de la normatividad que se erige como condición que posibilita y legitima todo uso de la fuerza en cumplimiento de lo ordenado por el Alto Tribunal. Por lo anterior y bajo el entendido de la amplitud de las órdenes dispuestas en la sentencia del 22 de septiembre de 2020, lo solicitado por el accionante se ve cobijado por lo resuelto en tal providencia. (…) [Respecto a la pretensión de] “Abstenerse de Hacer Disparos con Armas de Fuego en Contubernio con Civiles Armados, como lo ha hecho en Cali VALLE DEL CAUCA.” (…) se configura el fenómeno de cosa juzgada constitucional. Como se ha puesto de presente, la Corte Suprema de Justicia amparó el derecho fundamental a la protesta pacífica y todos los derechos yuxtapuestos en su ejercicio y, en este sentido, ordenó que todo actuar por parte de los agentes estatales y de policía, en contextos de manifestaciones públicas, estuvieran regidos de conformidad con todos los parámetros constitucionales, convencionales e internacionales en materia de protección del derecho fundamental a la protesta pacífica. Tales parámetros normativos prohíben el uso de la fuerza que no esté regido por los principios de legalidad, excepcionalidad y proporcionalidad, lo que implica que, por regla general, tanto cualquier tipo de uso de arma letal, como la participación de personas sin la debida identificación policial en operativos de la fuerza pública, no está permitido, en ninguna circunstancia, en contextos de ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica. Por tanto, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia cobija lo pretendido por el accionante. (…) [Por otra parte,] .[d]ado que el accionante lleva a cabo una referencia específica a las operaciones de carácter militar, es necesario hacer mención del marco normativo que regula la figura jurídica de la asistencia militar en escenarios de protesta social, consagrada en el artículo 170 de la Ley 1801 del 2016, la asistencia militar está definida como un instrumento legal que puede ser dispuesto por el Presidente de la República. (…) En este sentido, el legislador decidió establecer, como regla general, la prohibición del despliegue de operativos militares en contextos de protesta social, exceptuando los eventos autorizados por la ley y la Constitución. Ante la situación de orden público en el marco de las distintas jornadas de protesta adelantadas desde el 28 de abril del 2021, el Presidente expidió el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021 y ordenó que se aplicara, entre otras medidas, la figura de asistencia militar en coordinación con algunas autoridades locales específicas, con el fin de: (i) “afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”; (ii) adoptar las medidas necesarias, en coordinación con la fuerza pública, para levantar los bloqueos internos y evitar la instalación de nuevos cortes de ruta; (iii) adoptar las medidas y acciones necesarias para reactivar la productividad y movilidad en sus respectivas jurisdicciones.
Al respecto, es necesario advertir que la Corte Constitucional, en la sentencia C-281 de 2017, declaró la exequibilidad condicionada del parágrafo del artículo 56 de la Ley 1801 de 2016, citado con antelación, bajo el entendido de que, con la habilitación de una segunda norma legal, las Fuerzas Militares podrían, eventualmente, intervenir únicamente en operativos para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta, en relación con su misión fundamental de defensa nacional del orden constitucional y de protección de la población civil contra amenazas y ataques de grupos armados. Lo anterior, en la medida en que la institución militar tiene constitucionalmente prohibido el despliegue de acciones de control y contención en contextos de movilizaciones sociales. (…) De acuerdo con lo anterior, se advierte que la pretensión formulada por el accionante se encuentra cobijada por lo ordenado en la sentencia del 22 de septiembre de 2020, proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, por lo que se configura el fenómeno de cosa juzgada constitucional. Ahora bien, como se ha advertido, si el accionante considera dicha orden no ha sido cumplida, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil, por lo que se declarará la improcedencia de esta pretensión. En ese orden de ideas, la Sala advierte que se declarará la improcedencia de esta pretensión.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 135 – ARTÍCULO 229 / LEY 1801 DE 2016 -ARTÍCULO 56 - ARTÍCULO 170 / DECRETO 575 DE 2021
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02617-00(AC)
Actor: OMAR ANTONIO MUÑOZ ÁLVAREZ
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela de fondo – derecho fundamental a la protesta pacífica – análisis de cosa juzgada constitucional – idoneidad del incidente de desacato para obtener el cumplimiento de una orden de tutela.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda interpuesta por el señor Omar Antonio Muñoz Álvarez contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas de Colombia, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado el sábado 15 de mayo del 2021 al buzón de recepción de tutelas y habeas corpus dispuesto por la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, remitido a la Secretaría General del Consejo de Estado el señor Omar Antonio Muñoz Álvarez, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas de Colombia, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la “libertad de asociación, protesta pacífica, a la vida en condiciones dignas y justas, de acceso a la administración de justicia, al debido proceso penal, a la libertad y a la democracia.”
2. Tales derechos los consideró vulnerados con ocasión de lo que -a su juicio- constituye un accionar sistemático, violento y arbitrario de la Fuerza Pública, en especial de la Policía y del ESMAD.
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
“PRIMERA: DECLARAR que: LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA; MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZAS ARMADAS o (sic) DE COLOMBIA – EJÉRCITO NACIONAL – POLICÍA NACIONAL – SMAD; FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN; PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN; DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA De manera concertada, Están violando de una Manera Grosera por Acción o por Omisión que irrita el espíritu Humano de los Derechos Humanos Fundamentales de la Población Más Vulnerable de COLOMBIA; En especial y a modo de ejemplo los siguientes Derechos Humanos:
1: A LA PROTESTA Y A Disentir de las Políticas del gobierno
2: LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS.
3: ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
4: AL DEBIDO PROCESO PENAL.
5: A LA LIBERTAD
6: A LA DEMOCRACIA
SEGUNDA: como consecuencia de una o varias de las pretensiones anteriores:
A: SOLICITARÁ (sic) a la Dirección de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ONU Reforzar en Todo el Territorio del Estado Colombiano su presencia, con personal identificado y neutral con el objetivo concreto de salvaguardar la vida de miles de manifestantes que están siendo brutalmente torturados, asesinados y hasta violados por las que dicen ser nuestras “Instituciones Legales”.
B: ORDENARÁ (sic) a los Jueces del Circuito de COLOMBIA: Penales, Laborales, Administrativos, Civiles, Familia: Dejar de ver televisión en sus cómodas mansiones y hacer acompañamientos con los Agentes de las Naciones Unidas a todas las marchas con el fin de salvaguardar la mayor cantidad de vidas posibles.
C: ORDENARÁ a MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZAS ARMAS DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – POLICÍA NACIONAL – SMAD:
1: Respetar los Protocolos del Derecho Internacional Humanitario en el Acompañamiento y Control a las Manifestaciones de Protesta en contra de las Políticas Económicas del Gobierno Nacional.
2: Usar el uniforme al Derecho, donde se pueda ver su número de agente de Policía.
3: Abstenerse de Quitarles las Placas a las Motos de la Policía Nacional para permitir su identificación.
4: Abstenerse de Hacer Disparos con Armas de Fuego en Contubernio con Civiles Armados, como lo ha hecho en Cali VALLE DEL CAUCA.
5: Usar vehículos oficiales, plenamente identificados con placas públicas en todas sus operaciones militares (recordar el uso del camión de plazas privadas de Envigado, donde salieron policías de civil disparando en contra de jóvenes y niños desarmados).
6: Abstenerse de usar vehículos con plazas cambiadas, sin estar identificados como de las Fuerzas Militares en todas sus operaciones militares en contra de las protestas pacíficas que adelantamos en contra de unas Políticas Económicas que sacrifican a los más débiles e indefensos de COLOMBIA (recordar el uso del camión de plazas privadas de Envigado, donde salieron policías de civil disparando en contra de jóvenes y niños desarmados).
7: Abstenerse de infiltrarse a las Protestas del Pueblo vestidos de civil (como lo ha hecho en CALI donde se denuncian asesinatos de jóvenes y niños desarmados por miembros de la Policía con ropa de civil).
8: Abstenerse de utilizar Establecimientos Educativos como sedes parciales o permanentes para sus operaciones militares.
9: Informar por Escrito (sic) en papel sellado y firmado por los Altos Mandos Militares de las Diferentes Operaciones que se realicen en contra de las Manifestaciones sociales a los Delegados de la ONU con el fin de evitar mayor número posible de Asesinatos de Civiles en las Protestas contra el Régimen de IVÁN DUQUE
E: ORDENARÁ (sic) a LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN en cabeza del FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN:
1: EVITAR en lenguaje ilegal de Declaraciones falsas y difamatorias como las de expropiar camiones. Ya que como Abogado titulado debe saber este señor que parquear en un sitio no permitido solo da una multa y una recogida del vehículo automotor con grúa, para luego ser conducido a los Patios del Tránsito respectivo.
2. Enviar las necropsias de los cuerpos de cincuenta jóvenes y niños brutalmente asesinados estando en total indefensión, por las Fuerzas Militares, a la Secretaría General de las Naciones Unidas ONU para que se realicen investigaciones serias, imparciales y sin corrupción.
3. Informar por Escrito en papel sellado y firmado por la FISCALÍA en que van las investigaciones por el Asesinato de Cincuenta Civiles Desarmados a manos de las Fuerzas Militares de COLOMBIA a los Delegados de la ONU con el fin de que estos crímenes no queden en la impunidad.
F: ORDENARÁ (sic) a LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN que comuniquen por escrito, con sello y firma de los Delegados para cada Municipio de COLOMBIA sus investigaciones por las Graves Violaciones a los Derechos Humanos a los Delegados de la ONU.
G: ORDENARÁ (sic) a LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO que comuniquen por escrito, con sello y firma de los Delegados para cada Municipio de COLOMBIA sus investigaciones por las Graves Violaciones a los Derechos Humanos a los Delegados de la ONU.
H: ENVIARÁ (sic) a la ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS ONU el nombre completo y número de cédula de los distinguidos Doctores y Seres Humanos:
1: IVAN DUQUE MARQUEZ.
2. DIEGO MOLANO.
3. FRANCISCO BARBOSA
4. MARGARITA CABELLO BLANCO.
5. CARLOS CAMARGO.
Con el fin de que se identifiquen plenamente y se inicien Investigaciones Penales imparciales y justas en las Instancias Internacionales (CORTE PENAL INTERNACIONAL) en su contra por Violación Grave de los Derechos Humanos en su calidad de Cadena de Mando bien por Acción o bien por Omisión y en su calidad de Garantes de los Derechos Humanos por ser funcionarios públicos adscritos a Entidades del Estado Colombiano.” (Sic para todo lo transcrito)
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El 24 de abril de 2021, varias organizaciones sociales convocaron a la ciudadanía con el fin de que el 28 de abril de 2021 se realizara un “paro nacional” con protestas y manifestaciones públicas en distintas ciudades del país.
5. En el marco de la referidas protestas y manifestaciones públicas, se han presentado disturbios y alteraciones al orden público que han provocado saqueos, destrucción de bienes y bloqueos.
6. Así mismo, algunos miembros de la Policía Nacional han utilizado de manera desproporcionada la fuerza y se han denunciado lesiones personales, homicidios y desapariciones forzadas.
7. Actualmente, en algunas ciudades del país persisten las protestas y manifestaciones públicas, así como los disturbios, alteraciones al orden público y las denuncias contra miembros de la Policía Nacional.
1.3. Fundamentos de la solicitud
Con independencia de los hechos que la Sala señala como demostrados o admitidos, se advierte que el accionante señaló los siguientes:
8. Que, durante las manifestaciones iniciadas en el mes de abril de 2021, las personas que han participado en aquellas han padecido la represión armada, que ha sido desproporcionada y abusiva por la fuerza pública, además por civiles que arremeten contra ellos.
9. Afirmó que, gracias a las redes sociales, se puede apreciar en videos cómo la Policía Nacional presta acompañamiento a camionetas blancas de alta gama, de donde salen hombres de civil disparando contra los jóvenes, que con piedras y palos buscan defenderse.
10. Refirió que la Fiscalía General de la Nación ha adoptado medidas fuera de la ley, consistentes en la expropiación de camiones que se encuentren parqueados en las vías públicas.
11. Por otra parte, indicó que ni la Procuraduría General de la Nación ni la Defensoría del Pueblo han llevado a cabo acciones para proteger a los jóvenes que se han visto amedrentados en las calles, a pesar de ser las autoridades competentes que deben garantizar los derechos humanos; por el contrario, de acuerdo a lo informado por los medios de comunicación, encontró que el Defensor del Pueblo, el 1º de mayo de 2021, en medio de las jornadas de protesta, se encontraba en Anapoima y agregó que a la fecha de interposición de la tutela no se ha manifestado sobre “los cincuenta homicidios acaecidos en las calles de Colombia a manos de las fuerzas armadas”.
12. En ese mismo sentido arguyó que, según Noticias Uno, los jueces de la República “respaldan las políticas del Presidente” y no atienden los sucesos desarrollados en el marco de las manifestaciones, contexto en el que se han presentado muertes de varios jóvenes de bajos recursos económicos.
13. Precisó además, que la ONG Human Rights Watch, por medio de su director para las Americas, posee evidencia de que la fuerza pública ejerce actos de tortura a los civiles y detonan sus armas de corto y largo alcance en contra de los manifestantes. Indicó que, en particular, estos sucesos se evidencian en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), con un reporte aproximado de cincuenta “asesinatos” de personas a manos de agentes policiales y militares.
14. Afirmó que a través Noticias Uno, se logró evidenciar que: i) los agentes se están tapando su número de placa con el chaleco puesto al revés, para evitar ser identificados, además que ii) varios camiones con placas particulares alteradas, en cuyo interior se encontraron chalecos, esposas y material de uso exclusivo de la fuerza pública, circulan en la ciudad de Cali de donde salen civiles armados disparando contra los manifestantes.
15. Refirió sobre otro suceso, en el que las fuerzas armadas aterrizaron con varios helicópteros en el parqueadero del Colegio Claretiano de Bosa (al sur de la ciudad de Bogotá), en donde amenazaron a los vigilantes del centro educativo y desplegaron una operación militar, lo cual constituye una violación directa al Derecho Internacional Humanitario que prohíbe utilizar este tipo de lugares para ejercer esas acciones.
1.4. Trámite de la acción de tutela
1.4.1. Auto que dispuso la remisión del expediente a la Sección Segunda, del Consejo de Estado
16. La Magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del 24 de mayo de 2021, dispuso la remisión del expediente al despacho del Magistrado Gabriel Valbuena Hernández, integrante de la Sección Segunda de esta Corporación, para que se estudiara la posible acumulación de la presente acción al proceso 11001-03-15-000-2021-02297-00, por tratarse de los hechos ocurridos como consecuencia de las manifestaciones sociales que se han adelantado en el territorio nacional cuya génesis se remonta al 28 de abril de 2021, en ese sentido guardando identidad de objeto y causa para de esa manera garantizar, que no se profieran decisiones contradictorias.
1.4.2. Auto que dispuso la devolución del expediente
17. La Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Gabriel Valbuena Hernández, en proveído dictado el 1º de junio de 2021, al momento de estudiar la acumulación refirió que el despacho del consejero Julio Roberto Piza perteneciente a la Sección Cuarta, había proferido auto admisorio el 7 de mayo de 2021, en el proceso de tutela con radicación 11001-03-15-000-2021-02250-00 en el que se pretende igualmente la protección de derechos fundamentales presuntamente amenazados por hechos ocurridos en el marco del paro nacional iniciado desde el 28 de abril de 2021.
18. En razón a lo anterior, remitió el expediente a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a fin de que allí se resolviera sobre la posible acumulación del vocativo de la referencia.
1.4.4. Auto que dispuso la devolución del expediente
19. El Magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez, en proveído dictado el 9 de junio de la presente anualidad, ordenó la devolución del expediente, por considerar que “los derechos presuntamente vulnerados y las pretensiones en ambas tutelas son distintas, al paso que la vulneración se predica de autoridades diferentes”.
20. Precisó que, si bien en las dos acciones de tutela el hecho común era el ejercicio de las garantías constitucionales de reunión y manifestación en el marco de las protestas sociales, lo cierto es que esa sola circunstancia no hacía procedente la acumulación de los procesos, toda vez que la vulneración de derechos fundamentales se imputaba a autoridades distintas y las pretensiones eran diferentes.
21. Así las cosas, indicó que las dos solicitudes de amparo debían tramitarse de manera independiente, con el fin de que se analizaran los argumentos de las demandas teniendo en cuenta las razones de defensa que expusieran las autoridades accionadas en cada caso concreto.
22. Finalmente, en relación con las acumulaciones de demandas que había ordenado, precisó:
“Por último, el despacho destaca que, en otras oportunidades, ha identificado auténticos casos de tutelas masivas, al punto que se trata de solicitudes tipo formato en las que únicamente varía o cambia el nombre del solicitante, pero se dirigen contra las mismas autoridades y se pretende la protección de los mismos derechos fundamentales. En esos casos, se ha dispuesto la acumulación respectiva.”
1.4.5. Auto admisorio de la demanda
23. La Magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del 24 de junio de 2021, admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte actora, así como al Presidente de la República, a los Ministros de Defensa Nacional, del Interior, de Justicia y del Derecho, a los Comandantes del Ejército Nacional, de la Policía Nacional y del ESMAD, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo .
24. Adicionalmente, ofició a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá con el fin de que informara el trámite impartido a los incidentes de desacato que se han presentado para hacer cumplir la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia el 22 de septiembre de 2020 con respecto al derecho a las manifestaciones públicas y los informes rendidos por las autoridades accionadas en relación con el cumplimiento de la decisión.
1.5. Intervenciones
25. Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.5.1. Defensoría del Pueblo
26. Con escrito enviado por correo electrónico el 29 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el abogado Felipe Vargas Rodríguez profesional del Grupo de Representación y Defensa Judicial de la Oficina Jurídica de la entidad, sostuvo que su intervención estaba dirigida a exponer las acciones adelantadas por la Defensoría del Pueblo relacionadas con: (i) el cumplimiento de las órdenes dadas por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil en la sentencia de tutela del 22 de septiembre de 2020; (ii) el desarrollo de las protestas y manifestaciones públicas adelantadas desde el 28 de abril de 2021; y (iii) las quejas que han presentado los ciudadanos por “presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco del paro nacional”.
27. Respecto de las órdenes dadas por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, manifestó que ha presentado 9 informes de cumplimiento que son el resultado de las actividades desarrolladas por la entidad para adelantar la promoción, divulgación y protección del derecho a la protesta pacífica, así como del “control “estricto, fuerte e intenso” al actuar del ESMAD” cuya labor ha sido desempeñada desde septiembre del año 2020 y el 18 de mayo de 2021.
28. Precisó que, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación elaboraron de manera conjunta el documento “Guía de acompañamiento a las movilizaciones ciudadanas: Alcance e Intervención del Ministerio Público”, con el fin de orientar a las personas acerca del concepto de protesta pacífica, las normas que la garantizan, cuándo se presenta intervención arbitraria de la fuerza pública, cuál es el acompañamiento que brinda la entidad y cómo se puede presentar una queja en el marco de esta.
29. Indicó que, la entidad diseñó y publicó una “guía de bolsillo” titulada “Derechos, deberes, servicios y rutas de atención en el marco de la protesta social pacífica” que ha sido distribuida entre las personas que concurren a las manifestaciones para que estén informadas de la manera como se ejerce el referido derecho fundamental y la cómo la entidad puede brindarles asesoría jurídica cuando se vean afectados.
30. Diseñó la estrategia “Se lo explico con plastilina”: a partir de esta, se elaboraron videos animados (con figuras en plastilina) dirigidos particularmente a la población joven, los cuales están siendo socializados en la página web de la Defensoría del Pueblo y en sus diferentes redes sociales. De igual manera, se realizaron cuatro videos sobre el contenido del derecho a la protesta y sobre el papel de la Defensoría antes, durante y después de la protesta, así́ como la ruta de atención en caso de que se presenten vulneraciones a sus derechos, estos documentos se pueden consultar en el canal de Youtube “El saber de tus derechos”
31. Señaló que, se crearon micro-sitios en la página web de la Defensoría del Pueblo en los que se han publicado videos animados para hacer pedagogía respecto del derecho fundamental a la protesta pacífica y las rutas de atención de la entidad ante situaciones que afecten esa garantía constitucional.
32. Aseguró que, desde el mes de octubre de 2020, ha realizado actividades de verificación de los implementos que utilizan los miembros del Escuadrón Móvil Anti Disturbios y se expidió la Resolución N° 481 del 13 de abril de 2021 en la que se adoptaron “Los Lineamientos para la revisión de elementos de dotación e identificación del escuadrón móvil anti disturbios –ESMAD- en el marco de las manifestaciones públicas y en eventos privados”.
33. Manifestó que, de conformidad con lo dispuesto en el referido acto administrativo, los defensores del pueblo regionales entablan comunicación directa con los comandantes del lugar en donde el Escuadrón Móvil Anti Disturbios debía intervenir y verificaban que sólo se portaran los elementos establecidos en el artículo 18 de la Resolución 2903 de 2017 “Por la cual se expide el reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, por la Policía Nacional”.
34. Aclaró que, los funcionarios de la entidad debían dejar constancia en un acta de los elementos que encontraran que no estuvieran permitidos y solicitar al comandante del escuadrón que el uniformado que actuara de manera irregular no participara del servició, así mismo tenía que solicitar a la Procuraduría General de la Nación y a la Policía Nacional que adelantaran las investigaciones disciplinarias a que haya lugar
35. Puso de presente que, desde “septiembre de 2020 y hasta la fecha” las defensorías regionales han visitado las unidades de los escuadrones móviles anti disturbios en las ciudades en las que se han adelantado protestas y manifestaciones públicas, con el fin de realizar el proceso de verificación y si se presentaran disturbios “garantizando que no se utilizara la “escopeta calibre 12”, así como tampoco las mecánicas cinéticas, agentes químicos, acústicas y lumínicas ni dispositivo de control eléctrico y auxiliares
36. En relación con el desarrollo de las protestas y manifestaciones públicas adelantadas desde el 28 de abril de 2021, indicó que el 23 de abril de 2021 la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la entidad emitió un memorando dirigido a los 42 defensores regionales con los lineamientos institucionales para la atención de las manifestaciones pacíficas y la verificación de dotación e información de los miembros de los escuadrones móviles antidisturbios.
37. Aseguró que, se han realizado 235 procesos de verificación y se ha garantizado que no se porte la “escopeta calibre 12”, así mismo varios funcionarios de la entidad han participado en el Puesto de Mando Unificado –PMU- Nacional con el fin de coordinar la atención de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y recomendar a los comandantes de la Policía Nacional sobre el uso proporcional de la fuerza y el respeto a los derechos humanos.
38. Manifestó que, desde el 28 de abril hasta el 18 de mayo de 2021 se adelantaron 8.037 manifestaciones en 784 municipios en las que hubo una participación aproximada de 1.249.719 personas y que los escuadrones móviles antidisturbios intervinieron 948 registrándose 1945 personas lesionadas, de las cuales 979 eran civiles y 966 miembros de la Policía Nacional.
39. Advirtió que, que la Inspección General de la Policía Nacional inició 142 indagaciones disciplinarias “(68 por abuso de autoridad, 28 por agresiones físicas, 10 por homicidio, 14 por lesiones personales, 9 incumplimientos a órdenes y 13 por otras conductas)” y que el 11 de mayo de 2021 la Defensoría del Pueblo le solicitó al Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional un informe detallado de las actuaciones del Escuadrón Móvil Anti Disturbios desde el 28 de abril de 2021 y la utilización del lanzador de proyectiles denominado “Venom”.
40. Señaló que, la entidad ha dispuesto 441 funcionarios para que hagan acompañamiento a las protestas y manifestaciones públicas y que 303 más han estado disponibles para prestar el servicio de defensoría pública para las personas que lo requieran.
41. Aclaró que, la gestión de la entidad permitió que se crearan 237 corredores humanitarios para el tránsito de bienes de primera necesidad y que en la ciudad de Cali se realizó una asamblea con los manifestantes para que se permitiera el abastecimiento de oxígeno, medicamentos y vacunas.
42. Precisó que, ha realizado 331 mediaciones para que las manifestaciones fueran pacíficas y 213 mesas de diálogo con las autoridades para dar a conocer los pliegos de peticiones que motivan las protestas y así generar acuerdos entre las partes.
43. Respecto de las quejas que han presentado los ciudadanos por “presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco del paro nacional”, aseguró que entre el 28 de abril y el 18 de mayo de 2021 se han registrado en el Sistema de Información Institucional Visión Web – ATQ 216 quejas. En este punto, precisó lo siguiente: i) de esas 216 quejas, en 1509 que equivalen al 69%, se refiere como presuntos responsables a los miembros de la fuerza pública, ii) en 147 se señalan a los miembros de la Policía Nacional y 3 del Ejército Nacional. Por otro lado, en lo relativo a las quejas con presunta responsabilidad de miembros de la Policía Nacional según la especialidad, 61% correspondería al ESMAD, 36% a la Policía de vigilancia y 3% al grupo de operaciones especiales GOES y finalmente en lo que respecta a los derechos presuntamente vulnerados en el marco de la protesta por parte de los miembros de la Policía Nacional, en las 147 en las que se aluden como responsables aquellos, fueron contabilizadas 188 violaciones a los derechos humanos, entre ellas, a la integridad personal (78), a la libertad de reunión (36), a la libertad personal (21), a la libertad de opinión y expresión (10), a la vida (8), al derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres (6) y a los derechos reconocidos a los jóvenes (6).
44. Indicó que la Defensoría del Pueblo ha analizado individualmente las quejas que se han presentado y las ha remitido a las entidades competentes para asumir las investigaciones, solicitando que se adoptaran las decisiones necesarias para evitar que se siguieran presentando vulneraciones a derechos fundamentales.
45. Aclaró que, la entidad “tuvo conocimiento” de que fallecieron 41 civiles y 1 integrante de la Policía Nacional, sin embargo, los hechos son materia de investigación y verificación por parte la Fiscalía General de la Nación, a quien le corresponde establecer si esos delitos están directamente relacionados con las manifestaciones.
46. Puso de presente que, junto con la Fiscalía General de la Nación instalaron una Mesa Interinstitucional de Información en el Marco de la Protesta Social, con el fin de comunicar de manera oportuna y transparente sobre los casos de homicidios y “personas no localizadas”. En relación con esto último, aseguró que por parte de la Defensoría del Pueblo se han adelantado gestiones para garantizar los derechos durante el Paro Nacional iniciado el 28 de abril, entre aquellas, la disposición de los canales de comunicación abiertos y flexibles para recibir la información de los representantes de las organizaciones de derechos humanos, la revisión continúa de las redes sociales, que advierten sobre posibles violaciones a las garantías constitucionales y convencionales, además de las diversas fuentes ha logrado recolectar información sobre 548 solicitudes de activación del mecanismo de búsqueda urgente de personas no localizadas en el marco de las protestas sociales.
47. En ese orden de ideas, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, por cuanto la “institución ha cumplido a cabalidad las órdenes a ella impartidas en la sentencia de tutela STC 7641 de 2020”.
1.5.2. Ministerio de Defensa Nacional
48. Con escrito enviado por correo electrónico el 29 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la abogada Diana Marcela Cañón, después de hacer un recuento de los hechos relacionados por el actor y las pretensiones de la solicitud de amparo, sostuvo que la acción de tutela es improcedente por la inexistencia de legitimación en la causa por activa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 y la reiterada jurisprudencia constitucional.
49. Aseguró que el accionante no acreditó ser líder estudiantil ni su interés legítimo, tampoco que sea un participante en las marchas para considerar vulnerados sus derechos fundamentales.
50. En ese sentido infirió que el tutelante no está actuando como agente oficioso o representante legal, toda vez que no aportó poder conferido por los ciudadanos que consideran vulnerados sus derechos, más aun, teniendo en cuenta que el grupo es indeterminado y que sus integrantes probablemente podrían ejercer su propia defensa.
51. Aunado a lo anterior, señaló que el accionante no probó la situación de vulnerabilidad en la que presuntamente se encuentra, en consecuencia, solicitó que se negara el amparo constitucional, toda vez que ha realizado esfuerzos en aras restablecer el Orden Público.
1.5.3. Policía Nacional
52. Con escrito enviado por correo electrónico el 30 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la Jefe del Área Jurídica de la entidad, se pronunció respecto del marco general de las manifestaciones del cual sacó un balance que da cuenta de los hechos violentos y actos vandálicos, para lo cual aportó material fotográfico.
53. En ese sentido indicó que la situación ha desbordado el concepto de legitimidad del derecho a manifestarse pacíficamente, ante lo cual la institución ha actuado conforme a los fines esenciales del Estado para salvaguardar la convivencia, contrarrestar la violencia y los hechos criminales que conllevaron a afectaciones graves de las garantías de los ciudadanos.
54. Frente a lo cual advirtió que existe coordinación entre la Policía Nacional, la Personería y Defensoría del Pueblo con el objetivo de inspeccionar los elementos utilizados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios “ESMAD” en las diferentes ciudades del país y por los uniformados de las diferentes dependencias de la Policía Nacional, para brindar certeza sobre los elementos que van a ser utilizados.
55. Señaló que el Presidente, en cumplimiento del literal b ordinal quinto de la Sentencia de Tutela de segunda instancia STC 7641 de 22 de septiembre de 2020, proferida por la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, (rad. 11001-22-03-000-2019-02527-02), expidió el Decreto 003 de 5 de enero de 2021, por el cual se creó el protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominada “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA”, cuyo documento contiene las directrices para la actuación de las autoridades administrativas y de la policía en el ejercicio de sus funciones, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la protesta pacífica.
56. Advirtió además que el Director General de la Policía Nacional mediante varias comunicaciones oficiales se ha pronunciado y dado directrices, a saber: (i) el 7 de enero de 2021, (S-2021-000356-Dipon) ordenó al Inspector General, Directores, Jefes de Oficinas Asesoras, Director Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, Comandantes de Región, Metropolitanas, Departamentos y Directores de Escuelas de Policía, impartir instrucción, verificación, control y seguimiento al cumplimiento estricto del Decreto 003 de 2021, (ii) el 1º de marzo de 2021, expidió la Directiva Operativa Transitoria (005/DIPON-DISEC-22.2) contentiva de los parámetros institucionales para garantizar la continuidad del despliegue de las responsabilidades de carácter misional para activar el “Sistema de Anticipación y Atención de Manifestaciones Públicas y Control de Disturbios en el territorio nacional”, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 003 de 2021, adicionalmente, (iii) el 30 de abril de 2021 (Comunicado oficial GS-2021-017415-DIPON-SEGEN 10.1) ordenó al Inspector General, que se acaten las directrices y parámetros en el marco legítimo del uso de la fuerza durante la prestación del servicio de policía y finalmente, (iv) mediante comunicados del 29 de diciembre de 2020 y 27 de abril de 2021, (S-2020-026391-DIPON y GS-2021-014481/DISEC ), se dirigió a la Defensoría del Pueblo para indicarle la disposición de la institución para efectos que pueda realizar las visitas y acompañamientos que considere pertinentes con el objetivo de atender las recomendaciones de previsión de la violencia.
57. Aunado a lo anterior, puso de presente la instrucción permanente al personal de las diferentes unidades policiales a nivel del país frente a la aplicación del Decreto 003 de 2021, sobre los derechos humanos, el uso de fuerza, el código de conducta, para aquellos funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y la utilización de dispositivos menos letales durante su servicio.
58. Advirtió que, los miembros de la Policía Nacional que hacen acompañamiento a las protestas y manifestaciones públicas también han ejercido varias acciones, a saber: i) cumplir la normatividad, ii) intervenir para dispersar los ciudadanos violentos, garantizando los derechos a quienes participan en forma pacífica, iii) coordinar con el Ministerio Público como garantes de los procedimientos policiales, iv) propiciar la presencia de gestores de convivencia municipales y distritales, así como v) ejercer la fuerza como último recurso, con observancia a los principios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad.
59. Respecto de las pretensiones refirió que, en definitiva, no se encuentra probada la afectación a los derechos fundamentales invocados por el actor, debido a que de los registros fotográficos y videos que aporta no se logra identificar de manera determinada quienes son los presuntos autores de las actuaciones irregulares.
60. Adicionalmente, indicó que el actor no se encuentra legitimado para presentar la acción constitucional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.
61. Finalmente, solicitó negar las pretensiones de la demanda, comoquiera que la Policía Nacional ha actuado en el marco de sus funciones legales y constitucionales, para la garantía del derecho a la protesta pacífica y además para contrarrestar las graves alteraciones que se han presentado en diferentes ciudades en el territorio nacional.
1.5.4. Presidencia de la República
62. Con escrito enviado por correo electrónico el 28 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la abogada María Carolina Rojas Charry, quien contestó la demanda en nombre de la Presidencia de la República y de todo el Gobierno Nacional, después de hacer un recuento de los hechos relacionados por el actor y las pretensiones de la solicitud de amparo, sostuvo que la acción de tutela era improcedente.
63. Afirmó que el accionante dice que actúa en nombre propio, pero se refierió de manera general a las garantías de la protesta de todos los que salen a las calles y pretende la protección de derechos de terceros, además de que no allegó prueba siquiera sumaria de la supuesta afectación. Aunado a ello, no acreditó la imposibilidad de los agenciados, para acudir directamente ante el juez constitucional en busca de la protección de los derechos fundamentales invocados.
64. Señaló que en el fallo proferiro por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, amparó el derecho a la protesta de los accionantes advirtiendo previamente que el derecho a la protesta pacífica es un derecho fundamental en su dimensión estática y dinámica, protegido por la Constitución Política y por el derecho internacional de los derechos humanos. De tal manera que la proteata “intolerante y violenta, no pacífica, que aboga por el discurso y la apología al odio, a la hostilidad, que patrocina la propaganda a favor de la guerra, que propende por el odio nacional, racial, religioso, y por la discriminación, o que incite a la pornografía infantil, al delito o al genocidio”, no están protegidas por la Constitución.
65. Refirió que en el marco del Paro Nacional el cual inició el 28 de abril, se reporta que, hasta el 4 de junio de 2021, se han realizado 12.478 actividades de protesta social en 862 municipios de los 32 departamentos, de las cuales se han llevado a cabo 6.328 concentraciones, 2.300 marchas, 3.190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas.
66. Indicó que del total de 12.478 actividades realizadas a la fecha, 11.060 han sido pacíficas, esto implica el 89%, evidenciando la protección y el acompañamiento que se ha dado desde el Gobierno Nacional a la manifestación. Tan sólo en 1.418 ocasiones, correspondientes al 11% del total, se han presentado disturbios o acciones violentas que afectan la convivencia, hechos que han habilitado la intervención del ESMAD, lo cual demuestra que el uso de la fuerza ha sido excepcional y bajo los criterios de prevención, persuasión, disuasión, reacción y contención.
67. Enfatizó que el Gobierno Nacional ha tenido la disposición de dialogar con los sectores que están manifestando y para ello ha dispuesto varios mecanismos con el objetivo de llegar a un acuerdo en relación con las problemáticas que generaron las protestas.
68. Expuso que en los eventos en los que se han suscitado hechos de violencia graves han sido en los que la Fuerza Pública ha tenido que intervenir y desplegar sus capacidades para restablecer el orden.
69. Consideró relevante mencionar que, durante el Paro Nacional, se ha confirmado que 19 civiles y 2 uniformados han fallecido. Adicionalmente, 1.106 civiles han resultado lesionados en Bogotá, Cali, Yumbo, Neiva, Medellín, Pasto y Popayán y otros municipios de Risaralda y Valle del Cauca. De otra parte, 1.253 policías (1.194 hombres y 59 mujeres) han sido lesionados.
70. Igualmente, señaló que desde el 28 de abril de 2021, se han presentado 3.190 eventos de bloqueo que han afectado la libre movilidad a los habitantes del territorio nacional, el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles en 26 departamentos y 311 municipios del país. Las zonas con mayor concentración de bloqueos son: el departamento de Valle del Cauca con 1.130 (41,7%), el departamento del Cauca con 262 (8,2%), el departamento de Nariño con 190 (6%), el departamento del Huila con 184 (5,8%), departamento de Cundinamarca con 160 (5%) y la ciudad de Bogotá con 107 (3,4%).
71. Además expuso que esos bloqueos han impedido la movilización de medicamentos, dispositivos, insumos y personal de salud, lo cual generó el desabastecimiento, especialmente de oxígeno, esencial para la atención de la pandemia, así como de insumos y reactivos para el procesamiento de muestras PCR y antígeno para Covid-19 en 73 laboratorios.
72. Precisó que en lo referente a los niños y niñas de preescolar, básica y media, se han visto afectados 4 millones de estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar por los bloqueos. En el mismo sentido expuso que se han generado afectaciones a varios sectores económicos.
73. Adicionalmente, refirió que se vulneró el derecho al agua potable y a vivir en condiciones salubres, debido a que los bloqueos en diferentes corredores viales del país llevaron a que el abastecimiento de insumos químicos necesarios para el tratamiento del agua, tanto para su potabilización como para el tratamiento de aguas residuales, no se pudiera realizar.
74. Por otra parte, arguyó que se presentaron actos violentos contra bienes públicos y privados, hechos de relevancia en la afectación en contra de instalaciones públicas como la incineración del Palacio de Justicia en Tuluá, Valle del Cauca; el incendio de la Gobernación de Nariño; la afectación a las instalaciones de la Fiscalía de Popayán, Cauca y de la Alcaldía Municipal de La Plata, Huila. En los casos de Popayán y Tuluá, estos actos violentos han generado la pérdida de expedientes judiciales, lo cual repercute en el acceso a la justicia.
75. Bajo esas consideraciones advirtió que los bloqueos de carreteras y vías de comunicación, además de ser ilegales, atentan contra los derechos de las personas a la alimentación, la salud, el trabajo, la circulación, la seguridad personal y los derechos de los niños, entre otros. Potencialmente configuraron violaciones del derecho a la vida, como ocurrió en dos casos de muertes de bebés al interior de ambulancias detenidas por los bloqueos.
76. También inquirió que en el marco de las protestas las autoridades bajo sus competencias han iniciado procesos en i) la Inspección General de Policía, ii) la Procuraduría General, iii) la Justicia Penal Militar; y iv) la Fiscalía General de la Nación. Respecto a las investigaciones a la fuerza pública informó que hay 143 expedientes, 4 son investigaciones disciplinarias y 139 indagaciones preliminares. Presentó las cifras de las Investigaciones disciplinarias adelantadas por la Inspección General de la Policía Nacional.
77. Además, informó que entre el 28 de abril al 04 de junio de 2021, fecha de corte de este informe, se han abierto a nivel nacional 178 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias, las cuales se encuentran distribuidas en las siguientes Oficinas con atribución disciplinaria en el territorio nacional por el factor de competencia:
78. En las actividades adelantadas por la Inspección General, se logró identificar que, de las 16 conductas investigadas por esta entidad, el abuso de autoridad es la de mayor reincidencia con un 49, seguido por agresión física con un 18% y lesiones personales con un 10%, lo que denotaría un presunto exceso en el uso legítimo de la fuerza, (13 investigaciones son por presunta conducta de homicidio; 2 por acoso sexual; 2 por pérdida de elementos; y 1 por fuga de retenidos).
79. Además impuso fallo sancionatorio con suspensión e inhabilidad especial por el término de 95 días a un funcionario en el grado de Patrullero, quien fue hallado responsable por los hechos ocurridos el 1º de mayo de la presente anualidad, cuando quedó registrado en video y difundido a través de medio de comunicación City Tv, el uso de un arma de fuego en la Estación de Transmilenio El Tintal ubicada en la ciudad de Bogotá D.C.
80. Por otro lado, se refirió a las actuaciones adelantadas por la Procuraduría General de la Nación en el marco de las manifestaciones, cuyo ente de control elaboró la infografía denominada “Balance Paro Nacional 2021” con fecha de corte al 7 de junio de 2021, en cuyo documento registró “172 acciones disciplinaria”.
81. En lo referente a la Justicia Penal Militar informó que, desde el 28 de abril al 4 de junio del presente año, ha iniciado diferentes investigaciones en contra de integrantes de la Policía Nacional por delitos conexos a la intervención policial en el restablecimiento del orden público a nivel nacional.
82. A la fecha ha dado apertura a “40 investigaciones en la Jurisdicción Especializada”.
83. Como aspecto relevante destacó que el 5 de junio del 2021, la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar y Policial anunció en un comunicado que frente a los videos que han circulado en redes sociales por hechos ocurridos el 28 de mayo del 2021, en los cuales se observa civiles haciendo uso de armas en presencia de uniformados de la Policía en la ciudad de Cali (barrio Ciudad Jardín), el Juzgado Penal Militar y Policial inició la Indagación Preliminar No. 4293 y vinculó a 7 miembros de la Institución por presunta responsabilidad en el delito de Prevaricato por Omisión.
84. En cuanto a la Fiscalía General de la Nación, refirió que mediante “informe sobre las actuaciones investigativas y de interlocución que ha llevado a cabo la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de los hechos ocurridos en el marco del paro nacional” remitió la información sobre las actuaciones investigativas y de interlocución que ha llevado a cabo, con ocasión de los hechos ocurridos en el marco del Paro Nacional, desde el 28 de abril al 6 de junio de 2021.
85. Concluyó que conforme a lo expuesto, solo el 11% de las manifestaciones fueron violentas y requirieron intervención, pero casi 13 mil manifestaciones públicas pacíficas gozaron de protección y garantías.
86. Finalmente, solicitó que se nieguen las pretensiones del proceso de tutela, por cuanto no ha vulnerado ninguno de los derechos invocados en el vocativo de la referencia.
1.5.5. Tribunal Superior de Bogotá - Sala Civil
87. Con escrito enviado por correo electrónico el 28 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el Magistrado Julián Sosa Romero rindió el informe requerido por el despacho, referente al trámite impartido a los incidentes de desacato presentados para hacer cumplir la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia el 22 de septiembre de 2020, en el que indicó que esa judicatura mediante auto de 10 de mayo de 2021, dispuso requerir a los señores Yuliana Judith Anaya Doria, Alba Luz Ruiz Rios y Juan David Restrepo Benjumea, para que acreditaran su condición de agentes oficiosos que los facultara para intervenir en el trámite de incidente de desacato; asimismo requirió al Presidente de la República y a los demás accionados para que informaran lo relativo al cumplimiento de la orden tutelar emitida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (STC7641-2020).
88. Indicó que a través de proveído de 19 de mayo de 2021 se abrió a trámite el incidente de desacato, se corrió traslado a los Ministros de Defensa e Interior, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, al Director General de la Policía, al Comandante General de la Policía Metropolitana de esta ciudad, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, para que aportaran las pruebas que pretendieran hacer valer y acompañaran los documentos que tuvieran en su poder para ejercer su derecho de defensa en el trámite incidental.
89 Entre otras actuaciones, mencionó que el 8 de junio se decretó la acumulación de la solicitud elevada por Jhoan Estiven Plata Gil y Johan Sebastián Moreno Castro con el desacato e incumplimiento seguido por el despacho y sobre la última actuación que se encuentra en trámite además señaló que el 9 de junio de 2021, entre otras determinaciones, se decretaron diferentes probanzas.
90. Con el informe aportó el expediente del incidente de desacato.
1.5.6. Procuraduría General de la Nación
91. Con escrito enviado por correo electrónico el 29 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la abogada Asesora adscrita a la Oficina Jurídica Andrea Lyzeth londoño Restrepo, sostuvo que la Procuraduría General de la Nación en conjunto con la Defensoría del Pueblo, en aras de materializar el derecho que tiene la ciudadanía de manifestar y gozar de la protección por los organismos del Estado, expidieron la “Guía de acompañamiento a las movilizaciones ciudadanas: Alcance de intervención del Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación - Defensoría del Pueblo”, cuyo documento tiene como propósito tratar de manera general los aspectos básicos relacionados con el derecho a la protesta pacífica, el principio del uso de la fuerza y el acompañamiento y la asesoría jurídica que ofrecen en las fases previas, durante y posterior a las manifestaciones y protestas.
92. Señaló que el ente de control, conjuntamente con la Policía Nacional, expidió el Protocolo de Verificación en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo del cualquier mitín, reunión o acto de protestas, instrumento que tiene por objetivo: (i) garantizar los derechos; (ii) establecer mecanismos de articulación entre las entidades; (iii) fijar lineamientos; (iv) establecer mecanismos de comunicación.
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94. Refirió que dichos instrumentos están siendo utilizados por el Ministerio público, garantizando de esta manera la presencia de la entidad en lugar y tiempo exacto de las movilizaciones además en los Puestos de Mando Unificado (PMU) instalados en el territorio nacional para la vigilancia y seguimiento como ente de control al desarrollo de las movilizaciones y a la protección de los derechos de los ciudadanos.
94. Arguyó que, para el efecto, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Entidad ha acompañado la recolección probatoria, como la visita a los expedientes disciplinarios de la Inspección General de la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y otras denuncias, en las cuales se constituyeron agencias especiales del Ministerio Público que adelantan el seguimiento a las actuaciones penales en representación de los intereses de la sociedad y las garantías del debido proceso.
95. En razón a ello, afirmó que al 1º de junio se adelantan 154 acciones disciplinarias (de quienes protestan y quienes deciden no hacerlo). Así como el esclarecimiento de los hechos que involucran violaciones a los derechos humanos.
96. Adicionalmente, dio a conocer el balance del ente de control de la siguiente manera:
Se adelantan 127 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de la fuerza pública, con ocasión de sus intervenciones en los actos de protesta. De estas, tres (3) son investigaciones disciplinarias, y las demás son indagaciones preliminares.
Diez (10) expedientes contra otros funcionarios públicos, entre ellos: investigación disciplinaria contra una funcionaria de la Defensoría del Pueblo por presunta obstrucción de procedimiento de policía. Y una indagación al gerente de la ESE Hospital San Joaquín del municipio de Nariño (Antioquia) por manifestaciones públicas contra los participantes de las protestas.
17 actuaciones se adelantan contra funcionarios públicos de elección popular por posible incumplimiento de sus deberes o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, detalladas así́:
Tres (3) congresistas son investigados disciplinariamente: Dos miembros del Senado y una integrante de la Cámara de Representantes.
Siete alcaldes de los municipios de: Cartagena, Pasto, Pereira, Neiva y Villavicencio (5 indagaciones preliminares); y Paipa, Zipaquirá (2 investigaciones disciplinarias).
Una indagación preliminar al Gobernador del Magdalena
Seis (6) Concejales de: La Tebaida (Quindío), Ibagué (Tolima), Bogotá DC, Riosucio (Caldas), Girón (Santander) y Guarne (Antioquia). Todos en indagación preliminar.
98. Afirmó que continuará acompañando desde los Puestos de Mando Unificado Nacional, departamentales, y municipales las movilizaciones ciudadanas para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
99. Finalmente, solicitó que se desvinculara a la Procuraduría General de la Nación de la presente acción de tutela comoquiera que ha realizado sus funciones en el marco legal y constitucional.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
100. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el señor Omar Antonio Muñoz Álvarez contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas de Colombia, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. De la virtualidad de la Rama Judicial y del Consejo de Estado
101. Con ocasión del contagio a gran escala de la pandemia del Covid-19 y el aumento de ocupación en las unidades de cuidado intensivo del país, el Consejo Superior de la Judicatura ha recomendado a los titulares de los despachos judiciales que implementen medidas que beneficien el trabajo en casa, a través de las plataformas tecnológicas institucionales, con el fin de preservar la salud e integridad de los funcionarios de la Rama Judicial, así como de los usuarios de la administración de justicia. En el Consejo de Estado se crearon correos electrónicos exclusivos para la interacción de los ciudadanos y se implementó el sistema de gestión judicial SAMAI, lo que ha permitido que las funciones del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo se sigan desarrollando de manera virtual.
2.2.2. De la solicitud de desvinculación formulada por la Procuraduría General de la Nación
102. La Procuraduría General de la Nación solicitó ser desvinculada del trámite constitucional del vocativo de la referencia, al considerar que no había vulnerado o amenazado los derechos fundamentales del accionante.
103. La Sala advierte que negará esta petición, comoquiera que la referida entidad fue vinculada como autoridad accionada teniendo en cuenta que el señor Omar Antonio Muñoz Álvarez aseguró que era responsable, por acción u omisión, de la presunta vulneración y amenaza de sus derechos fundamentales y, por ello, en el estudio de fondo de la controversia constitucional corresponde establecer si eso es así.
2.3. Legitimación en la causa
104. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
105. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo, por medio de apoderado, o a través de un agente oficioso, en los casos en que el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.
106. Desde que se profirió la sentencia T-416 de 1997 por parte de la Corte Constitucional, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.
107. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró lo siguiente:
“Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.
108. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
109. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de las cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, donde, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.
110. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el señor Omar Antonio Muñoz Álvarez es el titular de los derechos fundamentales que reclama. Lo anterior, debido a que es posible inferir que el accionante promovió el amparo al encontrar amenazados los derechos fundamentales invocados por el presunto uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional, en el marco de las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan en varias ciudades del país desde el 28 de abril de 2021.
111. Es posible sustentar dicha inferencia a la luz de la siguiente afirmación del señor Muñoz Álvarez en la descripción de los presupuestos fácticos de la tutela:
“(…) Con las Acciones y Omisiones de las Autoridades aquí tuteladas se me está impidiendo la Libertad de Asociación; Protesta Pacífica; La Vida en Condiciones Dignas y Justas; El Acceso a la Administración de Justicia; El Debido Proceso Penal; La Libertad y La Democracia” (Sic a toda la transcripción. Subrayas fuera del texto).
112. Si bien el señor Muñoz Álvarez no manifestó expresamente que, en su sentir, sus derechos se encuentran amenazados por la acción u omisión de las entidades accionadas, sí expresó que los distintos hechos relacionados con, entre otras cosas, el presunto abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza generalizado por parte de agentes estatales, están imposibilitando el ejercicio de los derechos fundamentales invocados.
113. En consonancia con lo anterior, se infiere que lo alegado por el accionante es una amenaza a tales garantías constitucionales, y no una vulneración como tal, dado que los presupuestos fácticos formulados, en el escrito de tutela, están relacionados con hechos generalizados que, de acuerdo con el criterio del accionante, ponen en peligro el ejercicio de los derechos invocados. En este sentido, no existe alguna descripción de la situación individual y concreta del demandante que permita inferir que lo alegado corresponde a alguna vulneración que se esté presentando en su calidad de persona que se manifiesta pública y pacíficamente.
114. Lo dicho con antelación, se afirma sin perjuicio de las conclusiones a las que se arribe después de que se analicen de manera concreta cada una de las pretensiones que formuló el demandante en el escrito de tutela.
115. En relación con el extremo accionado, se advierte que la demanda se dirigió contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas de Colombia, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo que, a juicio de la parte actora, amenazan sus derechos fundamentales a la protesta pacífica, a la vida, a la integridad personal, a la salud y dignidad humana.
2.4. Problema jurídico
116. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los argumentos del libelo introductorio y las intervenciones de las autoridades accionadas, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:
¿Se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, con ocasión de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, a través de la cual se amparó el derecho fundamental a la protesta pacífica y cuyos efectos se hicieron extensivos a todos los ciudadanos que a futuro ejercieran esa garantía constitucional?
117. Si la respuesta al anterior cuestionamiento es negativa, se deberá establecer:
¿Amenazan las autoridades accionadas los derechos fundamentales invocados por el señor Omar Antonio Muñoz Álvarez, con ocasión del presunto uso desproporcionado de la fuerza, abuso de poder y demás acciones y omisiones alegadas por el accionante, llevadas a cabo presuntamente por parte de algunos agentes estatales en el marco de las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan en varias ciudades del país desde el 28 de abril de 2021?
118. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el panorama general de la acción de tutela; (ii) el derecho fundamental a la protesta pacífica en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional; (iii) el fenómeno de la cosa juzgada constitucional; (iv) la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020; y (v) el análisis del caso concreto.
2.5. El panorama general de la acción de tutela
119. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.
120. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.
2.6. El derecho fundamental a la protesta pacífica en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional
2.6.1. La protesta pacífica en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
2.6.1.1. Principios rectores y marco jurídico aplicable
121. En su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de septiembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (de ahora en adelante, CIDH) estableció unos estándares generales sobre las garantías fundamentales involucradas en el ejercicio del derecho a la protesta social y, así mismo, dispuso las obligaciones que, en consonancia con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, deben guiar la respuesta estatal en estos escenarios.
122. De esta forma, la CIDH estableció que la protesta social es un pilar elemental en la consolidación de toda sociedad democrática, cuya protección es transversal a una multiplicidad de derechos y libertades garantizados por el Sistema Interamericano, tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre (DADH), como en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). En este sentido, el ejercicio de este derecho implica, necesariamente, una yuxtaposición entre garantías tales como la libertad de expresión, la reunión pacífica y asociación que, a su vez, son comúnmente utilizados como mecanismos que posibilitan demandar la defensa o el cumplimiento de otros derechos humanos como los sociales, culturales, ambientales, etc.
123. La CIDH define a la protesta social como “una forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación”. Existe una relación intrínseca entre este derecho y el de libertad de expresión, de reunión y de asociación, en la medida en que su ejercicio implica que se manifieste una congregación intencional y temporal de un grupo de personas en un espacio público y privado con un propósito concreto, como la expresión de opiniones individuales o colectivas y/o la formulación de reclamaciones y aspiraciones mediante las cuales se busca ejercer algún grado de influencia en la política pública de los Estados.
124. De acuerdo con lo anterior, no existe una forma exclusiva del ejercicio de esta garantía, en la medida en que su exteriorización implica la armonización de otros derechos en juego y está determinada por el contexto y las condiciones de su materialización. Así, las distintas formas en que se ejerce pueden variar desde formas de denuncia y presión directas, hasta acciones institucionalizadas o estructuradas a través de organizaciones formalmente constituidas o, por el contrario, puede abarcar estrategias no institucionales, como manifestaciones públicas y espontáneas con o sin coordinación previa.
125. En este sentido, la CIDH advierte que, si bien el ejercicio de este derecho suele estar asociado a concentraciones o marchas en espacios públicos, aquel puede adoptar distintas modalidades tales como un bloqueo pacífico a una vía o ruta, cacerolazos, vigilias, eventos deportivos, huelgas, ocupaciones pacíficas, etc. En este sentido, la protesta social no puede ser interpretada de una forma restrictiva, pues constituye un elemento fundamental de la democracia determinado por la libertad y creatividad de las subjetividades actuantes, por lo que el actuar estatal siempre debe atender a las condiciones del caso en concreto.
126. Ahora bien, la CIDH establece que, sin importar la modalidad de la protesta, este derecho siempre debe ejercerse de manera pacífica y sin armas de ningún tipo (artículo 15 CADH). Por tanto, los Estados cuentan con el deber de desplegar su actuar con el fin de evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público; no obstante, el uso de la fuerza en estos contextos debe ser siempre proporcional al logro de tales objetivos sin llegar a obstaculizar, de manera arbitraria, el ejercicio de la constelación de derechos en juego en las protestas.
127. En este sentido, al interior del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el marco jurídico aplicable a los contextos de protesta social es amplio, en la medida en que abarca derechos tales como: i) derecho a la libertad de expresión (artículo IV, DADH y artículo 13 CADH); ii) derecho de reunión (artículo XXI, DADH y artículo 15 CADH); iii) libertad de asociación (artículo XXII DADH y artículo 16 CADH); iv) libertad sindical y derecho a la huelga (artículo 8 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y culturales); iv) derecho a la participación política (artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana y artículo 23 CADH); v) derechos económicos, sociales y culturales.
128. De igual forma, en el estudio de los derechos involucrados en contextos de manifestaciones y protestas, la CIDH advierte que las respuestas incorrectas por parte del Estado cuentan con la virtualidad no sólo de afectar aquellas garantías mencionadas, sino también otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad y a la seguridad personal. Esto tiene lugar cuando el actuar de los agentes estatales produce lesiones o incluso muertes a los manifestantes, en hechos de uso indebido y arbitrario de la fuerza. Al respecto, señala la Comisión que en algunos casos la responsabilidad no recae exclusivamente en el Estado, sino “también en actores privados que actúan con la connivencia de funcionarios públicos”.
2.6.1.2. Restricciones legítimas a los derechos yuxtapuestos en contextos de protestas y manifestaciones
129. Al interior del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (de ahora en adelante, Corte IDH) han señalado que los Estados se encuentran en la obligación tanto de garantizar y facilitar el ejercicio de los derechos humanos en escenarios de manifestaciones y protestas, como de implementar medidas para posibilitar su materialización en la práctica. Por tanto, la garantía del orden público y la seguridad ciudadana no pueden tener como fundamento el paradigma de un uso de la fuerza que parta de la perspectiva de percibir a los manifestantes como un potencial enemigo.
130. Si bien el ejercicio de los derechos en juego en contextos de manifestación pacífica no es absoluto, las restricciones de tales garantías deben estar fijadas expresamente por la ley y ser estrictamente necesarias para la garantía de los derechos de los demás, o para la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud. En este sentido, la garantía del derecho a la protesta es la regla general y sus limitaciones son la excepción, por lo que la protección de los derechos y libertades de otros no deben ser usados simplemente como excusa para restringir las manifestaciones públicas y pacíficas.
131. La Corte IDH y la CIDH han establecido unos estándares de análisis integral en relación con las restricciones a los derechos en contextos de protesta social, a partir de los cuales se ha planteado la necesidad de, en estos casos, aplicar un test tripartito que debe tener en cuenta los siguientes elementos: i) toda limitación debe estar prevista en la ley; ii) debe buscar garantizar los objetivos legítimos previstos en la CADH; iii) los límites deben ser necesarios y proporcionales. Por tanto, la autoridad que imponga límites a una manifestación pública deberá demostrar que se ha cumplido con tales requisitos y se han respetado simultáneamente. A continuación, se desarrolla el contenido de cada uno de estos elementos.
2.6.1.2.1. Las restricciones deben estar previstas previamente por la ley
132. Todo límite a los derechos en cuestión debe estar consagrado de forma previa, expresa, taxativa, precisa y clara por una norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, expedida por los órganos legislativos previstos por la Constitución y elegidos democráticamente y elaborada de acuerdo con los procedimientos establecidos constitucionalmente por los Estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
133. Esto permite que tales restricciones no estén fundamentadas en potenciales actos de arbitrariedad que equivalgan a una censura previa o que impongan responsabilidad desproporcionadas. De igual forma, este elemento busca que la normatividad que regula los límites a la protesta social no disuada, por miedo a sanciones arbitrarias, a las personas de emitir opiniones o informaciones protegidas por el derecho a la libertad de expresión.
2.6.1.2.2. Los límites a la protesta pacífica deben buscar la garantía de los objetivos de la CADH
134. El artículo 15 de la CADH establece que el derecho de reunión pacífica puede estar sujeto a restricciones impuestas en interés de la seguridad nacional, el orden público, la salud o moral públicas y los derechos y libertades de los demás. A su vez, el artículo 16.2 de dicha norma del Sistema Interamericano establece las mismas condiciones para que tenga lugar una restricción legítima del derecho a la libertad de asociación y, en términos similares, el artículo 13.2 establece cuáles son los límites a la libertad de expresión acordes con la CADH.
135. No obstante, la CIDH ha advertido que los Estados parte no son libres de interpretar el contenido de aquellos objetivos para justificar una restricción al derecho a la protesta en un caso en concreto, dado que categorías jurídicas como “seguridad nacional”, “orden público” y “protección de los derechos de los demás” deben ser definidas de conformidad con el marco jurídico del Sistema Interamericano. Además de lo anterior, si dichos conceptos se invocan como el fundamento de una limitación a los derechos en juego en una manifestación, aquellos deben ser interpretados de tal forma que se ajuste a las exigencias de una sociedad democrática a partir de la cual se establezca una ponderación real y un equilibrio entre los distintos bienes jurídicos y garantías en tensión.
2.6.1.2.3. Las restricciones deben ser necesarias y proporcionales al objetivo buscado
136. El límite impuesto debe obedecer a una necesidad social clara, cierta e imperiosa de ser efectuado, esto es, que el objetivo legítimo buscado no sea posible de ser alcanzado de forma razonable por un medio menos restrictivo de los derechos fundamentales involucrados en la manifestación. En este sentido, la restricción a estas garantías no debe ir más allá de lo estrictamente indispensable y, por tanto, los agentes estatales se encuentran en la obligación de seleccionar el medio menos gravoso disponible para proteger los bienes jurídicos fundamentales que se encuentren en tensión con los derechos ejercidos en el marco de una manifestación.
137. De conformidad con lo anterior, todo Estado parte debe desarrollar permanentemente una tarea de ponderación entre derechos e intereses legítimos en tensión, lo que implica partir del presupuesto de que en ocasiones, el ejercicio del derecho a la protesta puede alterar la cotidianidad social e incluso afectar el ejercicio de otras garantías y libertades protegidas tales como el derecho a la libre circulación; no obstante, dicha irrupción en la rutina cotidiana es parte de las dinámicas que tienen lugar al interior de una sociedad plural y democrática, donde conviven perspectivas y cosmovisiones disímiles y muchas veces contradictorias, las cuales deben encontrar medios idóneos para ser expresadas.
138. De acuerdo con lo anterior, en estos contextos, el uso de la fuerza por parte de los agentes estatales debe ser necesario y proporcional. La Corte IDH ha establecido que, si bien el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio mediante el uso legítimo de la fuerza, incluso letal, este poder no es ilimitado para alcanzar sus fines, independientemente de la gravedad que puedan tener algunas acciones en el marco de una manifestación o la culpabilidad de sus autores.
139. En este sentido, el uso de la fuerza acarrea las siguientes obligaciones específicas para los Estados: i) regular su aplicación mediante un marco normativo claro y efectivo; ii) capacitar y entrenar a sus cuerpos de seguridad sobre el marco normativo de protección de derechos humanos y los límites y condiciones que rige toda circunstancia de uso de la fuerza; iii) establecer mecanismos adecuados de control y verificación de la legitimidad del uso de la fuerza. Es así como este poder estatal debe satisfacer los siguientes principios:
I. Legalidad: el uso de la fuerza debe dirigirse a lograr un objetivo legítimo, regido bajo un marco normativo que regule la forma de actuación en tales contextos.
II. Absoluta necesidad o excepcionalidad: este poder está definido, en esencia, por su carácter estrictamente excepcional y, por tanto, únicamente puede ser desplegado una vez se hayan agotado todos los demás mecanismos de control. Por tanto, el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes estatales contra la población civil, tanto en escenarios de protesta como en cualquier otro, está prohibido por regla general, por lo que su uso excepcionalísimo, además de cumplir con el principio de legalidad, deberá ser interpretado de manera restrictiva, con el fin de ser minimizado en toda circunstancia, a menos que sea absolutamente necesario en relación con la amenaza que pretende repeler. Cuando el uso de la fuerza es excesivo, toda privación de la vida e integridad es arbitraria.
III. Proporcionalidad: los medios empleados deben ser acordes con la resistencia ofrecida y el peligro existente, por lo que la fuerza estatal debe ser aplicada bajo un criterio diferenciado y progresivo, con el fin de determinar el grado de cooperación o agresión por parte del sujeto al cual se pretende intervenir y, así, emplear tácticas de negociación o control según corresponda al caso.
2.6.1.3. Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021
140. En cumplimiento de su función principal de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en las Américas, la CIDH llevó a cabo una visita de trabajo en las fechas señaladas, a raíz de la cual se produjo un documento en el que, en primer lugar, se expusieron, tanto los antecedentes, como los hechos que tuvieron lugar en el marco de las jornadas de manifestaciones públicas convocadas en torno al Paro Nacional que tuvo inicio el 28 de abril del 2021.
141. De igual forma, en dicho documento la CIDH expuso un informe de las principales violaciones a los derechos humanos observadas y los obstáculos que fueron identificados en relación con la garantía del derecho a la protesta. En relación con tales vulneraciones y restricciones ilegítimas se encontraron las siguientes: (i) uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales; (ii) violencia de género en el marco de las protestas; (iii) violencia étnico-racial y contra periodistas y misiones médicas en el marco de las manifestaciones; (iv) uso desproporcionado e irregular de la figura del traslado por protección y detenciones arbitrarias en vulneración del debido proceso (v) denuncias por desaparición; (vi) uso indebido de la figura de la asistencia militar; (vii) uso de la jurisdicción penal militar y el fuero militar en contravía de los preceptos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
142. A su vez, presentó unas consideraciones generales relacionadas con los “cortes de ruta” o bloqueos de vías, a partir de las cuales trajo a colación la normatividad convencional que regula la materia. De igual forma, puso de presente que este tipo de acciones, en el contexto colombiano, ha tenido formas heterogéneas de expresión que se han enmarcado, tanto en contextos de acciones delictivas contra la infraestructura pública y restricción desproporcionada de derechos tales como a la vida, la salud y la provisión de alimentos, como en escenarios de ejercicio legítimo y pacífico del derecho a la protesta.
143. En consonancia con lo anterior, la CIDH resaltó que la calificación genérica y a priori de los bloqueos como conductas al margen de la ley, pierde de vista aquella heterogeneidad en la que tales acciones se pueden llevar a cabo en el marco de una jornada de protesta, lo que puede afectar la posibilidad de mediación y diálogo para dar soluciones en dichos contextos.
144. Debido a que cada corte de ruta cuenta con actores distintos, peticiones diferenciadas y potenciales efectos sobre derechos fundamentales de terceros que no forman parte de la protesta, la Comisión resaltó que es necesario evaluar las condiciones caso por caso, en procura de la coexistencia armónica entre el derecho a la manifestación pública y las garantías fundamentales de otras personas, priorizando siempre todos los mecanismos de diálogo posibles y teniendo el uso de la fuerza como último recurso. Al respecto, enfatizó en que, a pesar de ser un derecho protegido por la CADH, la protesta no es una garantía absoluta y puede ser restringida en razón de la gravedad de la afectación de otros derechos fundamentales como la vida, la salud, el aprovisionamiento de alimentos, entre otros.
145. A su vez, en dicho documento, la CIDH estableció unas recomendaciones generales y específicas al Estado colombiano, encaminadas a la superación de dicho contexto de vulneración de derechos humanos y a la garantía efectiva de los mismos, entre las cuales se encuentran: (i) promover y reforzar un proceso nacional de diálogo con enfoque territorial que permite para participación de todos los sectores; (ii) garantizar plenamente el ejercicio del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población; (iii) cumplir cabalmente los protocolos del uso legítimo de la fuerza siguiendo los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad establecidos por los estándares internacionales y teniendo como prioridad la defensa de la vida y la integridad de las personas; (iv) garantizar el debido proceso de las personas detenidas en el marco de las protestas; (v) en caso de necesidad de participación de fuerzas armadas y militares, garantizar que sea extraordinaria, subordinada, complementaria y que su intervención esté acorde con la normatividad internacional que regula la materia; (vi) asegurar que la justicia ordinaria sea la competente para investigar, juzgar y sancionar a los autores de violaciones a derechos humanos; (vii) abstenerse de prohibir a priori los bloqueos de vías y priorizar el diálogo en esos escenarios.
2.6.2. La protesta pacífica en la jurisprudencia de la Corte Constitucional
2.6.2.1. Principios rectores y marco jurídico aplicable
146. El artículo 37 de la Constitución Política consagra expresamente el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, en los siguientes términos: “Toda parte del pueblo, puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.” De forma similar al Sistema Interamericano, la Corte Constitucional ha establecido que el ejercicio de la protesta social implica una relación intrínseca y compleja con una amplia constelación de derechos y garantías fundamentales.
147. En primer lugar, la Alta Corporación ha establecido que aquel derecho es una manifestación específica de la libertad de expresión (artículo 20 constitucional) la cual, como garantía genérica, abarca un vasto espectro de derechos fundamentales. Así mismo, el derecho a la manifestación pública se establece como un pilar fundamental de todo sistema jurídico democrático y pluralista, el cual se encuentra relacionado intrínsecamente con el ejercicio de derechos como el de asociación (artículo 38 constitucional) y el de participación en asuntos públicos (artículos 2 y 40 constitucionales).
148. En una sociedad democrática, la protesta social tiene como función llamar la atención de las autoridades, agentes estatales y de la opinión pública bien sea sobre un tema de interés común, sobre una problemática específica o en relación con las necesidades de ciertos sectores. La Constitución garantiza una doble dimensión de este derecho: una dimensión estática, que abarca la posibilidad de reunirse, y una dinámica, que implica el poder movilizarse; lo anterior, de forma tanto individual como colectiva, sin discriminación alguna de las subjetividades actuantes, en consonancia con la expresión “toda parte del pueblo” del artículo 37 constitucional.
149. El ejercicio de este derecho materializa el principio pluralista de la Constitución, en la medida en que parte de una confianza amplia y justificada en la capacidad colectiva del pueblo para discutir abiertamente y en la esfera pública los asuntos de su interés y, así mismo, para conformar, controlar y transformar la institucionalidad. Por tanto, constituye una pieza fundamental en la consolidación de una sociedad democrática, pues parte del reconocimiento de que toda persona está en la capacidad de deliberar y gobernar, no sólo por medio de sus representantes, sino por sí misma en espacios de deliberación colectiva, pública y pacífica.
150. En este sentido, la Corte Constitucional ha caracterizado el ejercicio de este derecho como una asociación transitoria, con una dimensión individual en relación con su titularidad, pero colectiva en su manifestación concreta, cuya finalidad es el intercambio o la exposición de ideas, la defensa de intereses y/o poner en la esfera pública algún problema o reivindicación. De esta forma, se constituye como un móvil de la democracia participativa con los siguientes elementos: i) subjetivo, ejercido colectivamente, cuya titularidad es individual; ii) temporal, pues su duración es transitoria; iii) su finalidad debe ser lícita; iv) ejercido en un lugar determinado.
151. De acuerdo con estos elementos, se ha establecido como condición para el ejercicio de este derecho que sea pacífico, es decir, que se ejerza sin violencia ni armas de ningún tipo. Esto, en concordancia con la finalidad lícita con la que debe contar toda protesta, por lo que toda manifestación violenta no cuenta con la garantía de los derechos en juego en estos contextos, en la medida en que escapa de la esfera material de protección prevista por el constituyente.
152. No obstante, este derecho cuenta con una naturaleza disruptiva, en la medida en que su objetivo es irrumpir en la cotidianidad social para manifestar alguna idea o preocupación, lo que lleva incluso a que se entre en tensión con el ejercicio de otros derechos, debido a que es de su esencia el causar alteraciones del orden público y social. La Corte Constitucional ha establecido que, por regla general, la condición no violenta para el ejercicio de este derecho, implica una prohibición de uso de armas tanto para sus titulares como para los miembros de la fuerza pública, en la medida en que el uso de la fuerza siempre debe ser excepcional. Por tanto, el atributo conflictivo de la protesta social no puede ser la única causa que justifique restricciones a tal garantía.
2.6.2.2. Restricciones legítimas al derecho a la protesta
153. El límite intrínseco a todos los derechos yuxtapuestos en escenarios de protesta es que su ejercicio debe ser pacífico, lo cual implica las siguientes dos condiciones: i) debe excluirse cualquier uso de armas; ii) las acciones de los manifestantes no pueden tener como objetivo la provocación de alteración violenta del orden público o el desconocimiento del Estado de derecho, elemento que requiere remitirse al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a las restricciones a la protesta que allí se contemplan, tomando en consideración que todo límite debe estar previsto por la ley, en cumplimiento de los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.
154. De conformidad con la normatividad convencional, los límites previstos por la ley serán constitucionalmente aceptables sólo si, una vez aplicadas las fórmulas de equilibrio y proporcionalidad, es posible establecer una armonía entre el ejercicio de este derecho fundamental, frente al orden público y los derechos fundamentales que entren en tensión con los contextos de manifestación. En este sentido, el legislador está obligado a implementar las reglas y subreglas establecidas por la Corte Constitucional y a expedir normas claras y precisas que eviten toda ambigüedad que sea aprovechada para un actuar arbitrario y desproporcional e imposibiliten todo margen de discrecionalidad a los agentes de la fuerza pública para restringir estos derechos.
155. De acuerdo con la Corte Constitucional, es posible afirmar que este derecho cuenta con tres ejes de limitación: i) un eje de fase preliminar del derecho; ii) un segundo eje de ejecución de la protesta; iii) un eje orientado a los derechos de los demás.
2.6.2.2.1. Límites relacionados con la preparación y organización de manifestaciones
156. Los límites que imponga el legislador al respecto deben interpretarse como reglas que facilitan la garantía de otros derechos fundamentales y de los fines esenciales del Estado de Derecho, por lo que, estas normas que tienen lugar en la fase previa a la materialización de la protesta no pueden implicar una anulación o impedimento de los derechos en cuestión, sino que deben ser tomadas como medidas que posibilitan la labor estatal. En relación con ello, existen tres tipos de reglas: i) autorización previa; ii) anuncio previo; iii) análisis del fin legítimo.
157. La autorización previa, como el proceso en el que se somete a consideración de la autoridad competente la realización de una protesta, es tanto inconstitucional como inconvencional, pues ello implicaría la posibilidad de una censura previa y un margen amplio de discrecionalidad de los agentes estatales para permitir o prohibir cierto tipo de temas. En esta medida, en situaciones de normalidad, una restricción de este tipo estaría en contravía tanto de los artículos 20 y 37 constitucionales, como del artículo 15 de la CADH.
158. El aviso previo es el acto de informar a la autoridad competente sobre la realización de una manifestación pública, límite que le permite a los agentes estatales tomar las medidas necesarias para que la protesta pueda transcurrir en normalidad, sin alteraciones graves a la cotidianidad de las demás personas, lo cual implica una garantía para la seguridad y el orden público. En sentencia C-287 de 2017 la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 53 de la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía) que establece un término de 48 horas para el aviso previo, debido a que la medida se consideró como proporcionada al derecho de manifestación pública, razonable acorde con el fin perseguido, no discriminatoria y tampoco daba lugar a dificultades interpretativas.
159. En relación con el análisis del fin legítimo, el legislador cuenta con una facultad de intervención en extremo restringida, en la medida en que, por regla general, no puede definir qué temáticas o problemáticas pueden ser objeto de discusión pública. Por tanto, los fines legítimos de este derecho deben interpretarse, caso a caso, de acuerdo con la naturaleza de tal garantía fundamental y bajo el presupuesto normativo del respeto por los principios esenciales de la Constitución Política, por lo que, en principio, no podría tener lugar una protesta cuyo objeto sea la promoción de discursos de odio -como, por ejemplo, el racismo, la xenofobia, la homofobia, etc.- o la incitación a la comisión de actos delictivos.
2.6.2.2.2. Limites legítimos relacionados con el ejercicio del derecho
160. Están relacionados con la naturaleza pacífica y no violenta de esta garantía fundamental, cuya regla general de prohibición de uso de armas, rige el actuar tanto de manifestantes como de miembros de la fuerza pública. En esta medida, los límites únicamente son admisibles si son impuestos ante la afectación grave al orden público, en espacios en los que el curso del contexto de protesta lleve a que el ejercicio del derecho deje de ser pacífico.
161. A su vez, la Corte Constitucional ha establecido que, en relación con la elección del lugar en donde se lleva a cabo la manifestación, la regla general es que no es posible imponer límite alguno, pues ello implicaría un ejercicio de censura indirecta, prohibida por el inciso 2 del artículo 20 constitucional. Por tanto, es propio del ejercicio de este derecho que los manifestantes elijan el espacio público dónde expresarse pacíficamente, dado que tal Corporación ha considerado que el espacio urbano, además de ser un área de circulación, es un lugar de participación, “el ágora más accesible en la que se encuentran y manifiestan los ciudadanos”.
162. En consonancia con ello, las autoridades tienen la obligación de establecer las medidas posibles que garanticen la disponibilidad de este lugar para el ejercicio del derecho. Únicamente por razones graves de seguridad pública y afectación de los derechos de los manifestantes, la posibilidad de elegir un sitio público puede ser limitada.
2.6.2.2.3. Límites relacionados con la afectación de los derechos de terceros
163. El ejercicio de este derecho conlleva a que quienes no están protestando, soporten determinadas cargas y limitaciones a derechos fundamentales como el de locomoción; no obstante, cuando existe una alteración injustificada o grave que trascienda la órbita no violenta del derecho y repercuta en daños a terceros, este derecho puede limitarse.
164. Debido a la naturaleza jurídica compleja del derecho a la protesta y la amplitud de derechos que su ejercicio implica para una sociedad democrática, cualquier tensión entre estas garantías y otros valores o derechos, daría al derecho de manifestación pública un peso abstracto mayor al de los otros. Por lo anterior, la Corte ha considerado que es necesario llevar a cabo una interpretación restrictiva de los derechos de los terceros y una presunción en favor de las libertades en juego en estos contextos, en especial, en favor del derecho a la libertad de expresión, dado su carácter fundante de toda democracia. En este sentido, consideró tal Corporación que:
“(…) derechos como la integridad personal, la propiedad, el bienestar general y el orden público deben ser analizados caso por caso, ya que solo en un control concreto es posible determinar cuando el ejercicio del derecho de reunión, manifestación o protesta, puede llegar a hacer nugatorio o afectar tales derechos. Si no es posible establecer esto, toda duda se resolverá en favor de los titulares del derecho de reunión.”
165. En este sentido, la tensión entre la libertad y el orden público se ha resuelto siempre en favor de la primera, de acuerdo con parámetros internacionales, convencionales y constitucionales, lo que ha permitido fijar reglas para el control policial en estos contextos. La Policía únicamente puede adoptar medidas que sean necesarias, proporcionales y que sirvan razonablemente para restablecer el orden público, por lo que aquellas acciones que impliquen un uso mayor de la fuerza represiva estatal, únicamente es admisible si está sustentada en su absoluta y excepcional necesidad y siempre y cuando, dichas restricciones no hagan nulo el derecho a la protesta ni vulnere derechos concomitantes, tales como la vida o la integridad personal de los manifestantes.
166. La Corte Constitucional ha establecido que el artículo 37 consagra un “modelo de gestión negociada de intervención policial en las manifestaciones sociales” a partir del cual se establece un uso absolutamente excepcional de la fuerza, en la medida en que “tiene una tendencia a la selectividad estratégica de intervención de la policía y que prohíbe un modelo de fuerza estatal intensificado”. En este sentido, se han establecido las siguientes subreglas de derecho que deben guiar el actuar del legislador las cuales, debido a su especificidad e importancia, se transcriben a continuación:
“(...) el Legislador colombiano debe, como mínimo, establecer pautas que: (i) permitan un dialogo entre los organizadores de la marcha y la autoridad, (ii) que tal dialogo construya una planificación de la protesta y evite el choque de intereses, (iii) que al existir un choque, exista una gestión negociada del conflicto que se resuelva con favorabilidad al derecho de reunión, (iv) una vez se supere la planeación y se pase a materializar la marcha, será deber de la autoridad mantener altos niveles de tolerancia social hacia la expresión de las ideas difundidas en la marcha, (v) que dentro del proceso de comunicación entre la autoridad y los organizadores se dejen reglas claras sobre que comportamientos son tolerables y cuales están prohibidos legislativamente, sin que ello consista en instrucciones o pautas institucionales para realizar la manifestación, (vi) si se incumplen tales límites, la autoridad debe recurrir como ultima ratio a las detenciones preventivas, se prohíben las detenciones fundadas en el derecho legítimo que tienen las personas a la desobediencia civil, más sí son constitucionales aquellas detenciones fundadas en razonamientos preventivos para la comisión de delitos; (vii) igualmente, está facultada la policía para usar, como último recurso la fuerza no letal, solo si existe un agotamiento previo de las etapas de dialogo y comunicación, pudiendo ser selectiva la policía con aquellos manifestantes que promuevan actos contrarios a lo permitido por el legislador, (ix) es permitida la vigilancia selectiva –peligrosista- de participantes en las marchas, solo si el estado tiene motivos constitucional y legalmente fundados –desvirtuando la presunción de inocencia- para intervenir a aquellos que este considere “potencialmente disruptivos” o peligrosos.”
2.7. El fenómeno de la cosa juzgada constitucional
167. La Corte Constitucional ha señalado que, como regla general, cuando el juez constitucional resuelve un asunto y, posteriormente, dicha Corporación decide sobre su selección, aquella decisión judicial se torna definitiva, inmutable y vinculante. En este sentido, si la Corte decide seleccionar el caso para su estudio, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del fallo de la propia Corte y, en los casos en los que no se selecciona el asunto en cuestión, el fenómeno opera desde la ejecutoria del auto en que se decide la no selección.
168. Posteriormente, la decisión adoptada por el juez constitucional queda ejecutoriada desde el punto de vista formal y material, por lo que no es posible que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, ya que eso desconocería el principio de seguridad jurídica. De conformidad con lo anterior, la jurisdicción constitucional no está autorizada para estudiar de fondo tutelas sobre las cuales pesa ya la cosa juzgada constitucional.
169. De acuerdo con la particularidad del caso en concreto, la tutela deberá declararse temeraria o improcedente, en la medida en que en tales eventos la acción pierde su carácter de instrumento preferente y sumario de defensa de derechos fundamentales, para dar lugar a un mecanismo que puede socavar los mínimos de seguridad exigidos a un ordenamiento.
2.8. La sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020
170. El 22 de septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil dictó sentencia en la acción de tutela ejercida por Soledad María Granda Castañeda y otros en contra de la Presidencia de la República, los Ministros de Defensa y del Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Director General de la Policía, el Comandante General de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
171. Los derechos fundamentales que la autoridad judicial examinó bajo la referida providencia correspondieron a los de protesta pacífica, participación ciudadana, vida, integridad personal, debido proceso, “no ser sometidos a desaparición forzada”, libertad de expresión, reunión, circulación y movimiento.
173. Los hechos de la demanda fueron sintetizados por la autoridad judicial señalando que en las protestas o manifestaciones se han desplegado conductas constantes, reiterativas y persistentes, para socavar, desestimular y debilitar su derecho a expresarse sin temor, exigiendo cambios de políticas a las distintas autoridades para las manifestaciones actuales y aquellas que se lleguen a presentar en el futuro. Al respecto, señaló:
“Entre los comportamientos que los actores identifican como violatorios, se encuentran: (i) intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas; (ii) “estigmatización” frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; (iii) uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos; (iv) detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (v) ataques contra la libertad de expresión y de prensa”.
174. Los supuestos referidos corresponden a la utilización de gases lacrimógenos contra la población civil, a las personas que han resultado lesionadas, con fundamento en el estudio realizado por la Universidad de los Andes denominado “el manual 070 de autoprotección contra el ESMAD”.
175. Hicieron referencia a las situaciones acaecidas en las protestas llevadas a cabo el 21 de noviembre de 2019, en términos similares a los narrados por el accionante del radicado de la referencia, dando cuenta de lo acaecido en la plaza de Bolívar y las circunstancias particulares que consideran violatorias de los derechos humanos, con los correspondientes datos estadísticos. Posteriormente, se refirieron a las protestas llevadas a cabo en el año 2020, hechos todos por los que la Corte relacionó esencialmente con “los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la protesta pacífica y no violenta” de todos los ciudadanos, aclarando que censura todas las formas violentas e irracionales de formular reclamos para la protección de derechos y llamó a la convivencia, la tolerancia y la no violencia.
176. La Corte Suprema de Justicia resolvió el caso concreto con fundamento en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Económicos, ratificado por Colombia por medio de la Ley 74 de 1968, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución Política de 1991.
177. Se refirió a la Resolución No. 02903 del 23 de junio de 2017, en la que se “reglamentó el uso de la fuerza y el empleo de armas y municiones, elementos y dispositivos menos letales”, que regula las actuaciones de la Policía Nacional y a los demás protocolos vigentes, particularmente el que regula las actuaciones del ESMAD.
178. De la valoración en su conjunto de las pruebas allegadas en esa oportunidad, concluyó que se presentó y existe la posibilidad de que se siga presentando agresión de la Fuerza Pública con respecto a quienes se manifiestan, por lo que encontró inaplazable la necesidad de que todos los habitantes del territorio nacional cuenten, por parte de la Rama Ejecutiva, encargada de mantener responsablemente el orden público, con entidades formadas suficientemente para entender, comprender y racionalizar el derecho de las personas y de los habitantes del territorio y disentir y hacer público su pensamiento.
179. Las órdenes impartidas en esa oportunidad para la protección de los derechos de los accionantes del caso y de todos los habitantes del territorio nacional fueron las que, no obstante su extensión, se transcriben a continuación, por su importancia para el caso analizado y por cuanto explican, por sí mismas, la garantía que confieren a los derechos del accionante que quedan subsumidos en ellas:
“SEGUNDO: ORDENAR a los aquí encausados que, en lo sucesivo, se abstengan de incurrir en conductas como las que dieron lugar a esta acción.
TERCERO: ORDENAR a los demandados que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, insertar y facilitar la descarga del contenido completo y legible de este pronunciamiento, en la parte principal de sus respectivas páginas web y redes sociales, en un lugar visible y fácilmente identificable, hasta tanto el Congreso de la República emita una Ley Estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta pacífica.
CUARTO: ORDENAR al Ministro de Defensa que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes el enteramiento de esta providencia, proceda a presentar disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial, aquéllos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional – ESMAD- durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019, las cuales deberán difundirse en el mismo término, por radio, televisión y redes sociales.
QUINTO: ORDENAR al Gobierno Nacional – Presidente de la República que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, proceda a:
a. Expedir un acto administrativo en el cual ordene a todos los miembros de la Rama Ejecutiva en el nivel nacional, mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del Gobierno Nacional, en el cual se incluya la obligación permanente de garantizar y facilitar, de manera imparcial, el ejercicio de los derechos fundamentales a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa, aun durante eventos de (i) guerra exterior; (ii) conmoción interior; o (iii) estado de emergencia.
b. Convocar y conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionados con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas, para que escuche y atienda los planteamientos, no sólo de los aquí accionantes, sino de cualquier persona interesada en el tema.
De llegarse o no a un consenso al respecto, el Gobierno Nacional estará en la obligación de expedir un acto administrativo, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de esta sentencia, una reglamentación sobre la materia que tenga en cuenta, como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos las recomendaciones de Naciones Unidas y las aquí señaladas, relacionadas con la intervención y el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, en manifestaciones y protestas.
Para tal efecto, se hará énfasis en conjurar, prevenir y sancionar la (i) intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas; (ii) “estigmatización” frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; (iii) uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos; (iv) detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (v) ataques contra la libertad de expresión y de prensa.
En esa línea, deberá realizarse, con la participación directa de la ciudadanía, órganos de control y los mandatarios regionales y locales, un protocolo de acciones preventivas concomitantes y posteriores que se denominará: “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO, Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA”, que incluya, como mínimo, lo siguiente:
Protocolo de acciones preventivas
El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales deberá estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. Así las cosas, es imprescindible que los miembros de la fuerza pública conozcan las disposiciones normativas que permiten el uso de las armas letales y no letales, y que tengan el entrenamiento adecuado para que en el evento en que deban decidir acerca de su uso posean los elementos de juicio para hacerlo.
Igualmente, se establecerán límites al máximo del uso de la fuerza para el control de disturbios, por cuanto el entrenamiento que reciben no debe estar dirigido a derrotar al enemigo, sino en función de la protección y control de civiles.
Deberá hacerse énfasis en la formación y capacitación inmediata en ética y derechos humanos de sus miembros, guiada por el respeto a la comunidad, donde sus integrantes actúen como agentes de paz, de protección a la ciudadanía y al derecho a la vida.
Así mismo, se hará un análisis cuantitativo y cualitativo del incremento de la profesionalización de los agentes destinados a la contención y alteración del orden público por causa del ejercicio de marchas y manifestaciones públicas, incluyendo una veeduría permanente de la ciudadanía y los órganos de control.
Protocolo de acciones concomitantes
Al momento de realizar el despliegue de la autoridad, los agentes estatales, en la medida de lo posible, deben implementar un procedimiento verificable que evalué la situación y un plan de acción previo a su intervención. De tal forma, los operativos policiales deben estar dirigidos a la contención o restablecimiento del orden, y no a la privación de la vida o agresiones injustificadas.
Con todo, en caso de que resultare obligatorio el uso de la fuerza, ésta debe realizarse en armonía con los principios de la finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad.
Para determinar la proporcionalidad del uso de la fuerza, debe evaluarse la gravedad de la situación que enfrenta el funcionario. Para ello, se debe considerar, entre otras circunstancias: la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo; las condiciones del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica.
Protocolo de acciones posteriores
Del mismo modo, debe implementarse procedimientos que verifiquen la legalidad y/o proporcionalidad del uso de la fuerza letal ejercida por agentes estatales, así como de las órdenes de la cadena de mando relacionados con el hecho.
En efecto, una vez que se tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad hicieron uso de armas letales o no letales, causando daños a la vida e integridad de las personas, deberá iniciarse inmediatamente, y dentro de un plazo que no supere los seis (6) meses contados a partir del suceso, al margen de las investigaciones a que haya lugar, la obligación de proveer una explicación pública satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados.
Tal procedimiento será acompañado por redes de veeduría ciudadana, mandatarios regionales, locales, y órganos de control. Al señalado estatuto se le hará pedagogía nacional, es decir, se enseñará y divulgará a todos los colombianos. c. De los avances para el cumplimiento de lo antes ordenado, el Gobierno Nacional – Presidente de la República deberá rendir, de manera directa a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, un informe quincenal, claro, detallado y exhaustivo del desarrollo de las negociaciones hasta la emisión del correspondiente acto administrativo.
SEXTO: ORDENAR a la Policía Nacional, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, expidan un protocolo que permita a las ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de mitin, reunión o acto de protestas.
SÉPTIMO: ORDENAR al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que, dentro de los treinta (30) días siguientes al enteramiento de este fallo, diseñen planes de fácil acceso para el acompañamiento y asesoría jurídica para las personas que, en actos de protestas resulten o, se hayan visto afectadas en ellas, brindando apoyo en tal sentido para acudir, incluso, a instancias internacionales cuando a ello hubiere lugar.
OCTAVO: ORDENAR al DEFENSOR DEL PUEBLO que, hasta tanto se constate que el ESMAD está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas, realizar un control estricto, fuerte e intenso de toda actuación de ese cuerpo policial en el desarrollo de manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus procedimientos.
Cuando se requiera cualquier participación del ESMAD en eventos públicos o privados, ese organismo de manera antelada, deberá poner a disposición DEL DEFENSOR el listado de los comandantes o jefes de unidad del personal asignado para el servicio requerido e, igualmente, la Policía Nacional deberá designar a un oficial superior común que sirva de enlace entre los agentes y el DEFENSOR DEL PUEBLO.
Asimismo, la aludida institución recibirá las quejas y denuncias que, por cualquier medio expedito y eficaz, se hagan sobre las conductas del ESMAD o integrantes de la fuerza pública en el desarrollo de manifestaciones y protestas.
NOVENO: ORDENAR a los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional -ESMAD- y a cualquier institución que efectué “actividades de policía” que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, suspenda el uso de las “escopetas calibre 12”, hasta tanto el a quo constitucional, previa verificación exhaustiva, constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento.
DÉCIMO: ORDENAR al DEFENSOR DEL PUEBLO que, mensualmente remita un informe al juez de primera instancia de esta acción constitucional del cumplimiento de las disposiciones aquí adoptadas.
DÉCIMOPRIMERO: INDICAR que cuando la Corte lo considere necesario, asumirá la competencia para exigir el obedecimiento de lo aquí ordenado.
DÉCIMOSEGUNDO: DISPONER la remisión de la reproducción total de este expediente con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes, con relación a los hechos materia de esta salvaguarda, debiendo rendir, por conducto de sus directores principales, informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sobre el avance de las actividades desplegadas para el señalado fin.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
180. El fallo de tutela fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión, siendo excluida de la misma, según auto interlocutorio dictado el 26 de febrero de 2021 por la Sala de Selección de Tutelas No. 2, con lo cual la sentencia hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y el cumplimiento de las disposiciones –que se reitera se refieren a todas las marchas y todos los ciudadanos que son titulares del derecho a la protesta pacífica consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política– se encuentra a cargo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil, con respecto al cual la Sala de Casación Civil de la Corte se reservó el derecho a ejercer el control cuando lo considerara necesario.
181. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, mediante auto del 27 de mayo de 2021, se pronunció sobre las solicitudes de “cumplimiento de fallo” e interposición de “incidente de desacato” que presentaron las señoras Laura Gómez y Angie Rusinque respecto de la sentencia del 22 de septiembre de 2020.
182. Las solicitantes manifestaron que, el derecho fundamental protegido por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil estaba siendo vulnerado desde el 28 de abril de 2021, comoquiera que se estaban desconociendo varias de las órdenes dadas, en especial la de abstenerse de incurrir en “abuso sistemático del uso de la fuerza, por parte de la Policía Nacional y el Esmad”.
183. Por otra parte, el señor Ermes Evelio Pete Vivas, Consejero Mayor y representante legal del Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC-, presentó un memorial en el afirmó que desde el 28 de abril de 2021 se habían presentado casos de “violencia policial”, “detenciones arbitrarias” y homicidios, y que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo no han actuado diligentemente ante esas situaciones.
184. Aunado a lo anterior, otras personas que manifestaron ser “accionantes y apoderados” solicitaron que se diera cumplimiento a las órdenes de la sentencia del 22 de septiembre de 2021, por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía Nacional en las ciudades de Bogotá, Cali y Popayán y la “estigmatización” de las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan desde el 28 de abril de 2021 por parte del Presidente de la República.
185. La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil consideró que las solicitudes que presentaron los ciudadanos debían ser tramitadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil, por haber sido el juez constitucional que conoció de la acción de tutela en primera instancia; sin embargo, decretó pruebas complementarias y advirtió, entre otras cosas, lo siguiente:
“Si bien lo alegado por los memorialistas y los hechos actuales, de público conocimiento, sustentan la necesidad de intervención de esta Corte, la injerencia de la misma tendrá lugar, por ahora, con el decreto de pruebas complementarias respecto de las impartidas por el juez constitucional de primer grado, correspondiéndole a éste recabarlas durante el trámite de desacato que actualmente adelanta en esa etapa procesal, garantizando ante todo, el acatamiento del fallo, el derecho de contradicción y defensa de los involucrados y la doble instancia.
2.4.1. Como lo expusieron los aquí solicitantes, la Sala en la sentencia STC-7641-2020 -hoy en firme al excluirse de revisión y negarse la insistencia- amparó las prerrogativas invocadas, relativas a «(…) la protesta pacífica, participación ciudadana, vida, integridad personal, debido proceso, “no ser sometidos a desaparición forzada», y a las libertades de expresión, reunión, circulación y movimiento (…)».
(…)
Como una de las finalidades de la sentencia STC7641-2020 consistió en evitar la repetición de lo ocurrido en las fechas mencionadas y en las anteriores, analizadas en el fallo en cuestión, ha de verificarse si se han reiterado los hechos denunciados.
2.4.2. No puede, ensancharse el debilitamiento de la confianza ciudadana frente a las instituciones. La exigencia pacífica del ejercicio del derecho de reunión, manifestación y protesta conlleva entre las muchas, una obligación de doble vía, tanto para los titulares del derecho, como para el Estado. El derecho no se puede asimilar al caos, al vandalismo o al desorden; tampoco procede la estigmatización y la intimidación, porque ninguna de tales circunstancias, contribuyen al proceso democrático y constitucional de hacer un país incluyente y un Estado Social de Derecho, tolerante, armonioso, en desarrollo, respetuoso de la dignidad humana. Por ello, es del caso, instar a todas las autoridades accionadas y a la ciudadanía a acatar con diligencia y plena observancia, los mandatos contenidos en la sentencia STC-7641-2020.
(…)
2.4.3.1. Ordenar al Gobierno Nacional -Presidencia de la República y Ministerio de Defensa Nacional, que en el término de quince (15) días, informe lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha:
(…)
2.4.3.2. Ordenar a la Procuradora General de la Nación, al Defensor del Pueblo, y al Fiscal General de la Nación, que en el término de quince (15) días, informen lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha:
(…)
2.4.3.3. Ordenar al Defensor del Pueblo, que en el término de quince (15) días, informe lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha:
(…)
2.5. Finalmente, se remitirán las presentes diligencias a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para que se pronuncie, sobre la apertura o complementación del trámite incidental deprecado por los memorialistas y, en adición, supervise la práctica de las pruebas decretadas en esta decisión, sin perjuicio de la verificación a cargo de esta Corporación.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
2.9. Caso concreto
186. La Sala encuentra que la finalidad del presente amparo es que el juez de tutela disponga que cese la amenaza de los derechos fundamentales invocados que, a pesar de ser varios, se entiende que, en consonancia con los presupuestos fácticos y los argumentos que sustentan la solicitud de amparo, el derecho a la manifestación pública y pacífica es el que se principalmente se considera como amenazado.
187. La amenaza de las garantías restantes, en este sentido, puede ser considerada como concomitante en el presente asunto. Como se expuso con antelación, el derecho a la protesta pacífica cuenta con una naturaleza intrínsecamente compleja y, debido a la convergencia de otros derechos en su ejercicio, su restricción arbitraria puede acarrear la vulneración o amenaza de garantías tales como la integridad personal, la libertad de reunión y asociación, la dignidad, entre otras.
188. Si bien, de acuerdo con la Corte Constitucional, el derecho a la protesta pacífica tiene una dimensión colectiva en relación con su concreción, la titularidad de este es esencialmente individual, por lo que la presunta amenaza a dicha garantía se examinará a partir de la situación específica del señor Omar Antonio Muñoz Álvarez como accionante, en el marco de los presupuestos fácticos expuestos.
189. Es decir, teniendo en cuenta el marco convencional y constitucional expuesto, así como las órdenes dadas por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil en la sentencia del 22 de septiembre de 2020, la Sala analizará cada una de las pretensiones de la demanda de tutela y precisará si se configura la cosa juzgada constitucional o si hay lugar a pronunciarse de fondo.
190. Ahora, si se configura la cosa juzgada constitucional, se deberá declarar la improcedencia de la acción por no superarse el requisito de subsidiariedad, comoquiera que el accionante cuenta con el incidente de desacato para poner de presente sus inconformidades ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil y solicitar que se adopten las decisiones a que haya lugar.
191. Conviene precisar que, el incidente de desacato en el trámite de una acción de tutela está regulado en el artículo 52 del Decreto Ley 2591 de 1991, y respecto de la naturaleza jurídica de este, la Corte Constitucional en la sentencia SU-034 de 2018, indicó:
“En síntesis: el incidente de desacato es un instrumento procesal para garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales amparados mediante la acción de tutela, que tiene lugar cuando el obligado a cumplir una orden de tutela no lo hace. En este trámite incidental, el juez constitucional, en ejercicio de sus potestades disciplinarias, puede sancionar con arresto o multa a quien con responsabilidad subjetiva desatienda las órdenes judiciales encaminadas a restaurar el derecho vulnerado, lo cual debe efectuarse con plena observancia del debido proceso de los intervinientes y dentro de los márgenes trazados por la decisión de amparo” (Negrita y subrayado fuera del texto).
192. Lo anterior, significa que el incidente de desacato constituye el mecanismo judicial idóneo para buscar el cumplimiento de una orden de tutela y que se garantice realmente la protección de los derechos fundamentales amparados.
193. En el caso concreto del señor Omar Antonio Muñoz Álvarez, si bien no fungió como accionante en la solicitud de amparo que culminó con la sentencia del 22 de septiembre de 2020, lo cierto es que, como quedó expuesto en el numeral 2.8. de esta providencia, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil hizo extensivos los efectos de la protección del derecho a la protesta pacífica a todos los ciudadanos.
194. En este punto, se resalta que la gran mayoría de las personas que presentaron incidentes de desacato y solicitaron el cumplimiento de la sentencia del 22 de septiembre de 2020 no fungieron como accionantes, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil atendió a sus argumentos para decretar pruebas complementarias en el trámite del incidente de desacato y remitió las peticiones al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil.
195. Lo anterior, significa que, en efecto, todo titular del derecho fundamental consagrado en el artículo 37 de la Constitución está legitimado para promover un incidente de desacato y, de esta forma, exigir el cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020.
196. Por otra parte, en las pretensiones que se estudien de fondo, si se advierte que existe una amenaza cierta e inminente, se adoptarán las decisiones que en mayor medida protejan y reivindiquen los derechos fundamentales que invocó el accionante, en especial, el de la protesta pacífica.
197. Precisada la metodología de estudio, la Sala procede con su análisis:
2.9.1. “A: SOLICITARÁ a la Dirección de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ONU Reforzar en Todo el Territorio del Estado Colombiano su presencia, con personal identificado y neutral con el objetivo concreto de salvaguardar la vida de miles de manifestantes que están siendo brutalmente torturados, asesinados y hasta violados por las que dicen ser nuestras “Instituciones Legales” (Sic a toda la transcripción)
198. En primer lugar, si bien esta pretensión se formula con la finalidad expresa de “salvaguardar la vida de miles de manifestantes”, por lo afirmado con antelación en el acápite 2.3. en donde se estudió la legitimación en la causa por activa del accionante, es posible inferir que lo solicitado está relacionado con la presunta amenaza de los derechos que individualmente invoca. Por tanto, desde esta perspectiva se estudiará esta solicitud.
199. A pesar de que en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil en la providencia del 22 de septiembre de 2020, no se dictó ninguna orden relacionada con las funciones que cumple la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, las disposiciones proferidas en dicha sentencia estuvieron dirigidas, principalmente, a la salvaguarda y protección de todos los derechos concomitantes al ejercicio de la protesta pacífica, entre los que se encuentra la vida, la integridad personal y la prohibición de ser sometido a tortura y tratos crueles e inhumanos.
200. En este sentido, en el literal b, del numeral quinto de la parte resolutiva de tal sentencia, se ordenó al Presidente de la República convocar una mesa de trabajo, con el fin de reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza en contextos de protesta y, como producto de tal labor, expedir un “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica y ciudadana”. Dicho protocolo debe estar regido por los estándares internacionales, convencionales y constitucionales en relación con la protección del derecho a la protesta pacífica y el uso de la fuerza en contextos en que tal garantía se ejerza.
201. En cumplimiento de tal orden, el Presidente de la República expidió el Decreto 003 del 5 de enero de 2021 por medio del cual se estableció el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores denominado como el “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.
202. De acuerdo con la orden dispuesta por la Corte Suprema de Justicia y con el protocolo que la materializó, la regla general es que el uso de armas de fuego o cualquier otro tipo de dispositivo letal está prohibido para cualquier miembro de la fuerza pública en contextos en los que se ejerza el derecho fundamental a la protesta pacífica.
203. En consonancia con las normas constitucionales y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, todo uso de la fuerza por parte de los agentes estatales obedece al principio de excepcionalidad y absoluta necesidad, por lo que el empleo de armas letales y de fuego contra la población civil, tanto en escenarios de protesta como en cualquier otro, está prohibido por regla general. De igual forma, cualquier ejercicio de violencia excesiva y arbitraria, como por ejemplo en casos de tortura y violencia sexual, está tajantemente prohibido, por lo que la reglamentación que la sentencia en cuestión ordenó proferir, debe partir de tales presupuestos normativos en su ejecución.
204. De igual forma, el numeral 2 de la parte resolutiva de la providencia en cuestión, ordenó a los accionados en aquella oportunidad que se abstuvieran de incurrir nuevamente en conductas como las que dieron lugar a dicha acción, las cuales correspondían, en esencia, a hechos de uso excesivo de la fuerza y vulneración de derechos fundamentales en contextos de protesta.
205. Así mismo, por medio de los numerales quinto, sexto, séptimo, octavo y décimo de tal sentencia, se dictaron órdenes relacionadas con labores de veeduría, acompañamiento, verificación y control en el respeto y la garantía de los derechos fundamentales que puedan verse involucrados en contextos de manifestación pública y pacífica. La ejecución de dichas órdenes está en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
206. Por los motivos señalados con antelación, la Sala encuentra que en la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia existen órdenes suficientes dirigidas a salvaguardar y proteger derechos fundamentales tales como la vida y la integridad personal. Aunado a lo anterior, dado que el accionante no formuló ningún argumento que permita establecer la necesidad de la intervención de la ONU en los términos de esta pretensión, se advierte que se negará lo solicitado.
2.9.2. “B: ORDENARÁ a los Jueces del Circuito de COLOMBIA: Penales, Laborales, Administrativos, Civiles, Familia: Dejar de ver televisión en sus cómodas mansiones y hacer acompañamientos con los Agentes de las Naciones Unidas a todas las marchas con el fin de salvaguardar la mayor cantidad de vidas posibles.”
207. En primer lugar, por las consideraciones expuestas en el estudio de la anterior pretensión, la Sala encuentra que las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia del 22 de septiembre de 2020, son suficientes para cumplir con la finalidad de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas que ejercen su derecho a la protesta pacífica.
208. En este sentido, no se considera necesario proferir alguna orden adicional dirigida a la protección de las garantías constitucionales invocadas por el accionante. Aunado a ello, es necesario advertir que no hace parte de las funciones públicas de los miembros de la Rama Judicial llevar a cabo lo solicitado por el señor Muñoz Álvarez. En este orden de ideas, se negará esta pretensión.
2.9.3 “C: ORDENARÁ al MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – POLICÍA NACIONAL – SMAD:
2.9.3.1. “1: Respetar los Protocolos del Derecho Internacional Humanitario en el Acompañamiento y Control a las Manifestaciones de Protesta en contra de las Políticas Económicas del Gobierno Nacional.
209. La orden impartida por la Corte Suprema de Justicia al Presidente de la República, en relación con la expedición de un “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica y ciudadana”, que fue desarrollada en el acápite 2.9.1 del presente fallo, estaba dirigida también a su estricto cumplimiento por parte de todos los agentes estatales y de la fuerza pública, siguiendo los estándares internacionales, convencionales y constitucionales en relación con la protección del derecho a la protesta pacífica y el uso de la fuerza en contextos en que tal garantía se ejerza.
210. A su vez, se encuentra que en cumplimiento de dicha orden, el Presidente de la República expidió el Decreto 003 del 5 de enero de 2021 por medio del cual se estableció el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores denominado como el “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.
211. Ahora bien, si el accionante considera la orden dictaminada por el Alto Tribunal no fue cumplida, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y que se adopten las decisiones necesarias para que se haga la referida verificación.
212. A su vez, si el señor Muñoz Álvarez considera que el Decreto 003 del 5 de enero de 2021 no cumple con los estándares internacionales, convencionales y constitucionales, cuenta con el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, regulado por el artículo 135 de la Ley 1437 del 2011 y el cual es un mecanismo judicial idóneo para controvertir dicha norma, al ser un decreto de carácter general dictado por el Gobierno Nacional, y un proceso en el que se puede solicitar que se adopten medidas cautelares, de conformidad con el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011.
213. En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente esta pretensión.
2.9.3.2. “Usar el uniforme al Derecho, donde se pueda ver su número de agente de Policía; Abstenerse de Quitarles las Placas a las Motos de la Policía Nacional para permitir su identificación; Usar vehículos oficiales, plenamente identificados con placas públicas en todas sus operaciones militares (recordar el uso del camión de plazas privadas de Envigado, donde salieron policías de civil disparando en contra de jóvenes y niños desarmados); Abstenerse de usar vehículos con placas cambiadas, sin estar identificados como de las Fuerzas Militares en todas sus operaciones militares en contra de las protestas pacíficas que adelantamos en contra de unas Políticas Económicas que sacrifican a los más débiles e indefensos de COLOMBIA (recordar el uso del camión de plazas privadas de Envigado, donde salieron policías de civil disparando en contra de jóvenes y niños desarmados); Abstenerse de infiltrarse a las Protestas del Pueblo vestidos de civil (como lo ha hecho en CALI donde se denuncian asesinatos de jóvenes y niños desarmados por miembros de la Policía con ropa de civil). (Sic a toda la transcripción)
214. Estas solicitudes corresponden a los numerales 2, 3, 5, 6 y 7, de acuerdo con la enumeración formulada por el accionante en la pretensión “C”; si bien fueron expuestas individualmente, la Sala considera necesario estudiarlas de manera conjunta, en la medida en que todas están relacionadas con el deber de identificación de los miembros de la fuerza pública y los equipos de los cuales disponen para el cumplimiento de sus funciones.
215. Se tiene que, de acuerdo con los supuestos fácticos expuestos por el accionante, todos los hechos que involucran tanto a miembros de la fuerza pública, como a equipos para el cumplimiento de sus funciones, sin la debida identificación, están relacionados con hechos de violencia desproporcionada, ilegítima y arbitraria. De igual forma, en las “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021”, la CIDH encuadra las denuncias relacionadas con la falta de identificación plena de integrantes de la fuerza pública, con el contexto de uso desproporcionado de la fuerza por parte de tales agentes estatales.
216. En este sentido, la Sala advierte que, respecto de la pretensión estudiada, se configura el fenómeno de cosa juzgada constitucional por las razones que a continuación se exponen.
217. En el literal b, del numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020, se ordenó al Gobierno Nacional – Presidente de la República que dentro de los 30 días siguientes a la notificación de dicha providencia procediera a:
“b. Convocar y conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionados con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas, para que escuche y atienda los planteamientos, no sólo de los aquí accionantes, sino de cualquier persona interesada en el tema.
De llegarse o no a un consenso al respecto, el Gobierno Nacional estará en la obligación de expedir un acto administrativo, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de esta sentencia, una reglamentación sobre la materia que tenga en cuenta, como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos las recomendaciones de Naciones Unidas y las aquí señaladas, relacionadas con la intervención y el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, en manifestaciones y protestas.
Para tal efecto, se hará énfasis en conjurar, prevenir y sancionar la (i) intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas; (ii) “estigmatización” frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; (iii) uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos; (iv) detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (v) ataques contra la libertad de expresión y de prensa.
(…)
Protocolo de acciones preventivas
El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales deberá estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. Así las cosas, es imprescindible que los miembros de la fuerza pública conozcan las disposiciones normativas que permiten el uso de las armas letales y no letales, y que tengan el entrenamiento adecuado para que en el evento en que deban decidir acerca de su uso posean los elementos de juicio para hacerlo.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
218. Como se afirmó con antelación, en cumplimiento de dicha orden, el Presidente de la República expidió el Decreto 003 del 5 de enero de 2021 por medio del cual se estableció el “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. El artículo 19 de dicho decreto establece lo siguiente:
ARTÍCULO 19. Verificación de identificación, dotación y órdenes de servicio por parte del Ministerio Público. Los integrantes o delegados del Ministerio Público, en el marco de sus competencias constitucionales y legales y de acuerdo con sus directrices institucionales, a iniciativa propia o a solicitud podrán realizar verificaciones previas de la identificación y los elementos de dotación con los que cuentan los policías asignados para el acompañamiento de las movilizaciones, así como de las órdenes de servicio. (Subrayas y negrita fuera del texto)
219. En este sentido, es necesario resaltar que atendiendo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la República decidió expedir una disposición normativa expresa en relación con la posibilidad de verificación, por parte del Ministerio Público, de la identificación y dotación de los miembros de la fuerza pública asignados para el acompañamiento de las protestas. Ello establece, como acción preventiva, un procedimiento que controla el cumplimiento de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 56 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y de Convivencia) que establece que toda actuación de la fuerza pública, en contextos de movilización social, deberá ser desarrollada mediante personal y equipos siempre identificados, de manera que tal identificación resulte visible sin ninguna dificultad.
220. En efecto, estas disposiciones hacen parte de la normatividad que regula el uso legítimo de la fuerza y que la Corte Suprema de Justicia ordenó atender y aplicar, en armonía con las normas internacionales, convencionales y constitucionales. Por tanto, la identificación visible y permanente, por parte de los integrantes de la fuerza pública que acompañen las movilizaciones sociales, constituye un presupuesto normativo que legitima toda intervención de tales agentes en los contextos en que se ejerce el derecho a la protesta pacífica.
221. En este sentido, el conjunto de las pretensiones estudiadas hace parte de la normatividad que se erige como condición que posibilita y legitima todo uso de la fuerza en cumplimiento de lo ordenado por el Alto Tribunal. Por lo anterior y bajo el entendido de la amplitud de las órdenes dispuestas en la sentencia del 22 de septiembre de 2020, lo solicitado por el accionante se ve cobijado por lo resuelto en tal providencia.
222. Ahora bien, si el accionante considera dicha orden no fue cumplida, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y que se adopten las decisiones necesarias para que se haga la referida verificación.
223. En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente esta pretensión.
2.9.3.3. “Abstenerse de Hacer Disparos con Armas de Fuego en Contubernio con Civiles Armados, como lo ha hecho en Cali VALLE DEL CAUCA.”
224. Respecto de esta pretensión se configura el fenómeno de cosa juzgada constitucional. Como se ha puesto de presente, la Corte Suprema de Justicia amparó el derecho fundamental a la protesta pacífica y todos los derechos yuxtapuestos en su ejercicio y, en este sentido, ordenó que todo actuar por parte de los agentes estatales y de policía, en contextos de manifestaciones públicas, estuvieran regidos de conformidad con todos los parámetros constitucionales, convencionales e internacionales en materia de protección del derecho fundamental a la protesta pacífica.
225. Tales parámetros normativos prohíben el uso de la fuerza que no esté regido por los principios de legalidad, excepcionalidad y proporcionalidad, lo que implica que, por regla general, tanto cualquier tipo de uso de arma letal, como la participación de personas sin la debida identificación policial en operativos de la fuerza pública, no está permitido, en ninguna circunstancia, en contextos de ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica.
226. Por tanto, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia cobija lo pretendido por el accionante. Ahora bien, como se ha advertido, si el accionante considera dicha orden no fue cumplida, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil y que se adopten las decisiones necesarias para que se haga la referida verificación. En ese orden de ideas, la Sala advierte que se declarará la improcedencia de esta pretensión.
2.9.3.4. “Abstenerse de utilizar Establecimientos Educativos como sedes parciales o permanentes para sus operaciones militares.”
227. Dado que el accionante lleva a cabo una referencia específica a las operaciones de carácter militar, es necesario hacer mención del marco normativo que regula la figura jurídica de la asistencia militar en escenarios de protesta social, consagrada en el artículo 170 de la Ley 1801 del 2016, la asistencia militar está definida como un instrumento legal que puede ser dispuesto por el Presidente de la República en los siguientes escenarios: i) ante hechos que alteren gravemente la seguridad o la convivencia; ii) ante riesgo o peligro inminente; iii) para afrontar emergencia o calamidad pública.
228. A su vez, el parágrafo del artículo 56 de dicha Ley dispone que “[l]as Fuerzas Militares no podrán intervenir en el desarrollo de operativos de control, contención o garantía de la realización de las movilizaciones sociales terrestres, salvo los casos en los que excepcionalmente los autoriza la Constitución y la ley.” (Subrayas fuera del texto). En este sentido, el legislador decidió establecer, como regla general, la prohibición del despliegue de operativos militares en contextos de protesta social, exceptuando los eventos autorizados por la ley y la Constitución.
229. Ante la situación de orden público en el marco de las distintas jornadas de protesta adelantadas desde el 28 de abril del 2021, el Presidente expidió el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021 y ordenó que se aplicara, entre otras medidas, la figura de asistencia militar en coordinación con algunas autoridades locales específicas, con el fin de: (i) “afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”; (ii) adoptar las medidas necesarias, en coordinación con la fuerza pública, para levantar los bloqueos internos y evitar la instalación de nuevos cortes de ruta; (iii) adoptar las medidas y acciones necesarias para reactivar la productividad y movilidad en sus respectivas jurisdicciones.
230. Al respecto, es necesario advertir que la Corte Constitucional, en la sentencia C-281 de 2017, declaró la exequibilidad condicionada del parágrafo del artículo 56 de la Ley 1801 de 2016, citado con antelación, bajo el entendido de que, con la habilitación de una segunda norma legal, las Fuerzas Militares podrían, eventualmente, intervenir únicamente en operativos para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta, en relación con su misión fundamental de defensa nacional del orden constitucional y de protección de la población civil contra amenazas y ataques de grupos armados. Lo anterior, en la medida en que la institución militar tiene constitucionalmente prohibido el despliegue de acciones de control y contención en contextos de movilizaciones sociales.
231. A su vez, se pone de presente que en las “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021”, dicha Comisión consideró que el Decreto 578 de 2021 no establece explícitamente el límite operativo de la participación de las Fuerzas Militares en contextos de protesta social, de tal forma que se garantice su excepcionalidad; por el contrario, la CIDH afirmó que dicha norma sugiere la priorización del uso de las fuerzas armadas para cumplir con la finalidad del levantamiento de los bloqueos a vías. En consonancia con lo anterior, se recomendó al Estado colombiano asegurar que, en caso de que fuera necesaria la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad, dicha intervención sea extraordinaria, subordinada, complementaria al actuar de los cuerpos policiales y compatible con el derecho internacional que rige la materia.
232. Ahora bien, como se ha reiterado con antelación, en sentencia del 22 de septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia dispuso que en contextos de ejercicio del derecho a la protesta, todo actuar de la fuerza pública debía regirse de acuerdo con la normatividad internacional, convencional y constitucional que regula la materia. En este sentido, es dable afirmar que el uso de establecimientos educativos para la ejecución de cualquier operación de carácter militar no cumple con los principios convencionales de legalidad, excepcionalidad y proporcionalidad que rige el uso de la fuerza por parte de agentes estatales, máxime cuando los bienes civiles, como las escuelas, cuentan con especial protección de acuerdo con la normativa del Derecho Internacional Humanitario que rige el actuar de las Fuerzas Militares.
233. De acuerdo con lo anterior, se advierte que la pretensión formulada por el accionante se encuentra cobijada por lo ordenado en la sentencia del 22 de septiembre de 2020, proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, por lo que se configura el fenómeno de cosa juzgada constitucional. Ahora bien, como se ha advertido, si el accionante considera dicha orden no ha sido cumplida, cuenta con el incidente de desacato para poner de presente esta inconformidad ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil, por lo que se declarará la improcedencia de esta pretensión. En ese orden de ideas, la Sala advierte que se declarará la improcedencia de esta pretensión.
2.9.3.5. “Informar por Escrito en papel sellado y firmado por los Altos Mandos Militares de las Diferentes Operaciones que se realicen en contra de las Manifestaciones sociales a los Delegados de la ONU con el fin de evitar mayor número posible de Asesinatos de Civiles en las Protestas contra el Régimen de IVÁN DUQUE” (Sic a toda la transcripción)
234. Como se ha indicado con antelación, el Máximo Tribunal de la Jurisdicción Civil ordenó la expedición de un Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, el cual debía incluir, como mínimo, un protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores dirigido, entre otras cosas, a prevenir y evitar cualquier tipo de amenaza y vulneración tanto del derecho a la protesta, como de todas las garantías que entran en juego en estos contextos. A su vez, es necesario reiterar que el Presidente de la República, en cumplimiento de dicha orden, expidió el Decreto 003 del 5 de enero de 2021.
235. A su vez, en los numerales sexto, séptimo, octavo y décimo segundo de aquella providencia, se ordenaron las siguientes acciones en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo:
“SEXTO: ORDENAR a la Policía Nacional, Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, expidan un protocolo que permita a las ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de mitin, reunión o acto de protestas.
SÉPTIMO: ORDENAR al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que, dentro de los treinta (30) días siguientes al enteramiento de este fallo, diseñen planes de fácil acceso para el acompañamiento y asesoría jurídica para las personas que, en actos de protestas resulten o, se hayan visto afectadas en ellas, brindando apoyo en tal sentido para acudir, incluso, a instancias internacionales cuando a ello hubiere lugar.
OCTAVO: ORDENAR al DEFENSOR DEL PUEBLO que, hasta tanto se constate que el ESMAD está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas, realizar un control estricto, fuerte e intenso de toda actuación de ese cuerpo policial en el desarrollo de manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus procedimientos.
(…)
DÉCIMOSEGUNDO: DISPONER la remisión de la reproducción total de este expediente con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes, con relación a los hechos materia de esta salvaguarda, debiendo rendir, por conducto de sus directores principales, informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sobre el avance de las actividades desplegadas para el señalado fin.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
236. Lo anterior significa que, en principio, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación están ejerciendo acciones tendientes a garantizar los derechos fundamentales de las personas que participan en las protestas y manifestaciones públicas y a evitar su vulneración.
238. Por los motivos señalados con antelación, la Sala encuentra que en tal sentencia se profirieron órdenes suficientes dirigidas a salvaguardar y proteger derechos fundamentales tales como la vida y la integridad personal. Ahora bien, se tiene que lo resuelto en dicha providencia, no establece ninguna disposición relacionada con la especificidad de la pretensión en cuestión; no obstante, se encuentra que el accionante no formuló ningún argumento que permita establecer la necesidad de ordenar que los altos mandos militares entreguen a la ONU un informe en relación con su accionar en contextos de manifestaciones públicas. Ante la ausencia de dicha argumentación y al no advertirse que se requiera una orden adicional dirigida a la protección de los derechos que el señor Muñoz Álvarez considera amenazados, esta Sala advierte que se negará lo solicitado.
2.9.4. “E: ORDENARÁ a LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN en cabeza del FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN:”
2.9.4.1. “EVITAR en lenguaje ilegal de Declaraciones falsas y difamatorias como las de expropiar camiones. Ya que como Abogado titulado debe saber este señor que parquear en un sitio que parquear en sitio no permitido solo da una multa y una recogida del vehículo automotor con grúa, para luego ser conducido a los Patios del Tránsito respectivo.”
239. La Sala advierte que no existe una relación clara entre esta pretensión y los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el amparo ante la presunta amenaza de las garantías constitucionales accionadas. Lo anterior, en la medida en que la inminencia del perjuicio invocado tiene como argumento central el uso excesivo y arbitrario de la fuerza por parte de agentes militares y de policía. A su vez, de la situación particular del señor Muñoz Álvarez, no se advierte que lo pretendido tenga alguna virtualidad en el cese de la amenaza alegada.
240. En efecto, el accionante no estableció de forma alguna las razones por las cuales es necesario que se acceda a ordenar lo pretendido a la Fiscalía General de la Nación, debido a que no se hizo ningún énfasis en la forma como esta solicitud se relaciona con la garantía jurídica de los derechos invocados. Así las cosas, se negará lo solicitado.
2.9.4.2. “Enviar las necropsias de los cuerpos de cincuenta jóvenes y niños brutalmente asesinados estando en total indefensión, por las Fuerzas Militares, a la Secretaría General de las Naciones Unidas ONU para que se realicen investigaciones serias, imparciales y sin corrupción; Informar por Escrito en papel sellado y firmado por la FISCALÍA en que van las investigaciones por el Asesinato de Cincuenta Civiles Desarmados a manos de las Fuerzas Militares de COLOMBIA a los Delegados de la ONU con el fin de que estos crímenes no queden en la impunidad.”
241. Estas solicitudes corresponden a los numerales 2 y 3 de acuerdo con la enumeración formulada por el accionante en la pretensión “E”; si bien fueron expuestas individualmente, la Sala considera necesario estudiarlas de manera conjunta, en la medida en que todas están relacionadas con las funciones de investigación de la Fiscalía General de la Nación.
242. La Sala encuentra que en el numeral décimo segundo de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, se ordenó:
“DÉCIMOSEGUNDO: DISPONER la remisión de la reproducción total de este expediente con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes, con relación a los hechos materia de esta salvaguarda, debiendo rendir, por conducto de sus directores principales, informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sobre el avance de las actividades desplegadas para el señalado fin.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
243. Así mismo, el Máximo Tribunal de la Jurisdicción Civil en el auto del 27 de mayo de 2021, dispuso:
“2.4.3.2. Ordenar a la Procuradora General de la Nación, al Defensor del Pueblo, y al Fiscal General de la Nación, que en el término de quince (15) días, informen lo siguiente respecto de los hechos ocurridos en la jornada de protestas ocurridas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha:
(…)
2-. En lo relativo con los avances en las investigaciones penales y disciplinarias seguidas contra los miembros de la fuerza pública involucrados en delitos contra los manifestantes, indicar, sin violar la reserva sumarial, si existe o no un plan metodológico que aborde esas investigaciones a partir de un contexto sistemático, generalizado y grave de abuso de la autoridad y violación de los derechos humanos. En sentido negativo, deberán explicar las razones por las cuales no se abordó ese enfoque con base en la sentencia STC 7641-2020.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
244. Lo anterior significa que, en principio, la Fiscalía General de la Nación debe adelantar las investigaciones de los hechos constitutivos de conductas punibles en el marco de las protestas y manifestaciones públicas adelantadas desde el 28 de abril de 2021.
245. Por lo indicado anteriormente, esta Sala considera que se han proferido órdenes suficientes dirigidas a que la Fiscalía General de la Nación lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación con hechos que involucren la vulneración de los derechos invocados por el accionante. Ahora bien, se tiene que lo resuelto en dicha providencia, no establece ninguna disposición relacionada con la especificidad de la pretensión en cuestión; no obstante, se encuentra que el accionante no formuló ningún argumento que haga palpable la necesidad de ordenar a dicho organismo investigador que ejecute lo solicitado. Ante la ausencia de dicha argumentación y al no advertirse que se requiera una orden adicional dirigida a la protección de los derechos que el señor Muñoz Álvarez considera amenazados, esta Sala advierte que se negará lo solicitado.
2.9.5. “F: ORDENARÁ a LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN que comuniquen por escrito, con sello y firma de los Delegados para cada Municipio de COLOMBIA sus investigaciones por las Graves Violaciones a los Derechos Humanos a los Delegados de la ONU.”
246. Por las mismas razones expuestas en el acápite 2.9.3.4. del presente fallo, se negará esta pretensión.
2.9.6. “G: ORDENARÁ a LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO que comuniquen por escrito, con sello y firma de los Delegados para cada Municipio de COLOMBIA sus investigaciones por las Graves Violaciones a los Derechos Humanos a los Delegados de la ONU.
247. Por las mismas razones expuestas en el acápite 2.9.3.4. del presente fallo, se negará esta pretensión.
2.9.7. “H: ENVIARÁ a la ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS ONU el nombre completo y número de cédula de los distinguidos Doctores y Seres Humanos: 1: IVAN DUQUE MARQUEZ. 2. DIEGO MOLANO. 3. FRANCISCO BARBOSA 4. MARGARITA CABELLO BLANCO. 5. CARLOS CAMARGO. Con el fin de que se identifiquen plenamente y se inicien Investigaciones Penales imparciales y justas en las Instancias Internacionales (CORTE PENAL INTERNACIONAL) en su contra por Violación Grave de los Derechos Humanos en su calidad de Cadena de Mando bien por Acción o bien por Omisión y en su calidad de Garantes de los Derechos Humanos por ser funcionarios públicos adscritos a Entidades del Estado Colombiano” (Sic a toda la transcripción)
248. Por las mismas razones expuestas en el acápite 2.9.4.2. de la presente providencia, se negará esta solicitud.
249. Por último, la Sala insiste en la necesidad de que se cumpla con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil en sentencia del 22 de septiembre de 2020, y se lleven a cabo todas las medidas que las autoridades deben adoptar en materia de protección tanto del derecho a la protesta pacífica, como de todos los derechos que pueden resultar afectados en el ejercicio de dicha garantía fundamental, tales como la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, entre otros.
250. De igual forma, se considera necesario que los agentes estatales cumplan a cabalidad con la normatividad constitucional y convencional que las rige en el sentido de garantizar plenamente el ejercicio de la protesta, bajo el entendido de que esta goza de protección siempre y cuando sea pacífica. Por tanto, se reitera que, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional, la CIDH y la Corte IDH, la naturaleza no violenta de este derecho y la prohibición de uso de cualquier tipo de armas en contextos de manifestaciones, rige tanto para los protestantes, como para los miembros de la fuerza pública, en este último caso, por regla general.
251. La reiteración de instar a dichas autoridades a garantizar el ejercicio del derecho a la manifestación pública y pacífica se hace más urgente tomando en consideración las “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021”, las cuales fueron reseñadas en el acápite 2.6.1.3. de la presente providencia.
2.10. Conclusión
252. La acción de tutela que ejerció el señor Omar Antonio Muñoz Álvarez no cumple con el requisito de subsidiariedad en relación con las pretensiones estudiadas en los acápites 2.9.3.1, 2.9.3.2, 2.9.3.3., 2.9.3.4 de la presente providencia, toda vez que cuenta con el incidente de desacato para solicitar el cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil el 22 de septiembre de 2020.
253. Con respecto a las pretensiones analizadas en los acápites 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3.5, 2.9.4, 2.9.5, 2.9.6 y 2.9.7, se encuentra que no existe amenaza de los derechos invocados, por lo que esta Sala procede a negarlas.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.2.2. de la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL y, en consecuencia, la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela ejercida por el señor Omar Antonio Muñoz Álvarez en relación con las pretensiones estudiadas en los acápites 2.9.3.1, 2.9.3.2, 2.9.3.3., 2.9.3.4 de la presente providencia, de conformidad con los argumentos expuestos en tales numerales.
TERCERO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Omar Antonio Muñoz Álvarez respecto de las pretensiones analizadas en los acápites 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3.5, 2.9.4, 2.9.5, 2.9.6 y 2.9.7 de este fallo, de conformidad con los argumentos expuestos en tales numerales.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
Doctor José Miguel Vivanco
“Edición del 8 o 9 de mayo de 2021”
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Fusiles lanza gases y lanzadores múltiples, lanzadores de red nylon o materiales, lanzador de munición esférica, munición de goma, cartuchos impulsores.
Granadas con carga química CS, OC, Granadas fumígenas, Cartuchos con carga química CS,OC, Cartuchos, Fumígenos
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“1025 uniformados lesionados, 97 instalaciones policiales afectadas en su infraestructura, entre ellas 80 CAI, 16 Estaciones de Policía, 563 bienes afectados muebles 449 inmuebles 114, 63 vehículos afectados, entre ellos 19 incinerados, 239 establecimientos comerciales vandalizados, 16 estaciones de servicios afectadas, 1199 vehículos de transporte público vandalizados, 329 establecimientos comerciales saqueados, 841 bancos afectados, 189 cajeros electrónicos con daños(168 vandalizados, 13 destruidos, 4 incinerados, 4 saqueados, 122 estaciones de transporte afectadas, 107 instalaciones gubernamentales vandalizadas)”
La abogada María Carolina Rojas Charry afirmó que era apoderada del “señor presidente de la República y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, de conformidad con la Resolución N° 0048 del 17 de enero de 2018.
Al respecto, arguyó que por ejemplo, se han sostenido diálogos a nivel nacional y territorial, con el fin de atender los reclamos de la sociedad, de lo cual destaca la convocatoria del Presidente de la República a los Gobernadores y Alcaldes para que generaran espacios de diálogo y de esa manera encaminar las soluciones para los conflictos que se vienen presentando. Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado relacionadas con la gestión pacífica de los conflictos sociales.
El impacto en la economía de un día de paro equivale a un costo de COP 484,8 miles de millones (USD 134 millones). El impacto consolidado desde el 28 de abril al 4 de junio asciende a COP 11,9 billones (USD3,3 miles de millones).
De las cuales 11 son investigaciones disciplinarias y 161 son indagaciones preliminares. 12 por presunto homicidio, 19 por presuntas lesiones personales, 6 por presunto abuso de autoridad, 2 por presunto peculado culposo, 1 por presunto prevaricato por omisión. Así mismo, en el marco de las investigaciones ha vinculado formalmente tres Policías en la categoría oficiales. Además precisó que ha realizado tres (3) capturas en relación con los siguientes casos de homicidio, así́: 2 capturas realizadas en la Metropolitana de Ibagué́, por parte del Juzgado 188 de Instrucción Penal Militar, por el presunto homicidio del señor Santiago Andrés Murillo Meneses por los hechos ocurridos el 28 de abril de 2021, por parte de dos (2) oficiales de la especialidad de Vigilancia, a quien se les otorgó la libertad a los oficiales, no obstante, siguen vinculados al proceso penal, una (1) captura en la ciudad de Bogotá́ D.C., por el Juzgado 144 de instrucción Penal Militar, por el homicidio del joven Brayan Fernando Niño Araque presuntamente por parte de un (1) oficial superior en el grado de Mayor de la Policía Nacional adscrito al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), por los hechos ocurridos el 01 de mayo de 2021 en el municipio de Madrid (Cundinamarca), el 5 de junio del 2021, la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar y Policial anunció en un comunicado que frente a los videos que han circulado en redes sociales por hechos del 28 de mayo del 2021, en los cuales se observa civiles haciendo uso de armas en presencia de uniformados de la Policía en CALI barrido Ciudad Jardín un Juzgado Penal Militar y Policial inició la indagación preliminar No.4293 y vinculó a 7 miembros de la Institución por presunta responsabilidad en el delito de Prevaricato por Omisión
El PMU de la PGN está liderado por el Viceprocurador General, y conformado por procuradores provinciales, regionales, distritales y delegados, quienes hacen seguimiento en tiempo real a la situación que se presente en las diferentes ciudades, con la capacidad de reacción inmediata para acompañar, en sitio, en el momento que se advierta vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos. El 2 de junio de 2021 la Procuraduría General de la Nación publicó a través de su página, el boletín el siguiente balance del paro nacional 2021, noticia que puede ser analizada en el siguiente enlace: Procuraduría General de la Nación, República de Colombia (procuraduria.gov.co)
“SAMAI es un aplicativo web producto de la innovación interna, que recoge las necesidades y las buenas prácticas de gestión judicial; permite gestionar y controlar un expediente judicial desde su inicio hasta su terminación; la incorporación de los antecedentes del expediente digitalizados; notificaciones electrónicas; la participación de sujetos procesales autorizados y el trámite de los expedientes dentro cada despacho; integra en una sola aplicación funcionalidades dispersas y brinda un tablero de control al servidor judicial para el seguimiento de su despacho. Integra otros sistemas internos como la gestión de personal y el sistema de relatoría (…)”. Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511, 08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Protesta y Derechos Humanos (estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal). Septiembre de 2019. Relator Especial: Edison Lanza. Ibídem: p.1
Ibídem: p.5
Ibídem
Ibídem: p.6
Ibídem.
“Artículo 15. Derecho de Reunión: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Protesta y Derechos Humanos (estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal). Septiembre de 2019. Relator Especial: Edison Lanza: p7. Respecto a la relación intrínseca entre el derecho a la protesta social con el ejercicio de otros derechos, ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia mujeres víctimas de tortura sexual Vs. México de 28.11.18.; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia López Lone y otros Vs. Honduras de 05.10.15. Ibídem: p14. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Protesta y Derechos Humanos (estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal). Septiembre de 2019. Relator Especial: Edison Lanza: p15. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Moreno Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela del 05.07.06. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia López Lone y otros Vs. Honduras de 05.10.15. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86, 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Protesta y Derechos Humanos (estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal). Septiembre de 2019. Relator Especial: Edison Lanza: p17.
“Artículo 16. Libertad de Asociación. (…) El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.”
“Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
(…) 2.
El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Protesta y Derechos Humanos (estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal). Septiembre de 2019. Relator Especial: Edison Lanza: p18. Ibídem: p19. Ibídem: p20. Ibídem. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México del 28.11.18. Ibídem. Ibidem. Corte Interamericana de Derechos humanos, Sentencia Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador del 04.07.07. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Moreno Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela del 05.07.06. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México del 28.11.18. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-742 del 26.09.21. M.P. María Victoria Calle Correa. Expediente: D-8991. Ibídem
“ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.”
“ARTICULO 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.”
“ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”
“ARTÍCULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido. 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. 3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley. 5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.”
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-742 del 26.09.21. M.P. María Victoria Calle Correa. Expediente: D-8991
Ibídem. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-009 del 07.03.18. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Expedientes: D-11747 y D-11755 (acumulados)
Ibidem. Ibídem. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-742 del 26.09.21. M.P.
María Victoria Calle Correa. Expediente: D-8991
Ibídem. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-223 del 20.04.17. M.P. Alberto Rojas Ríos. Expedientes: D-11604 y D-11611
Ibídem. Ibídem. Ibídem. Ibídem. Ibídem. Al respecto ver: Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-281 del 03.05.17. M.P. Aquiles Arrieta Gómez. Expediente: D-11670; Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-009 del 07.03.18. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Expedientes: D-11747 y D-11755 (acumulados)
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-223 del 20.04.17. M.P. Alberto Rojas Ríos. Expedientes: D-11604 y D-11611
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-281 del 03.05.17. M.P. Aquiles Arrieta Gómez. Expediente: D-11670. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-223 del 20.04.17. M.P. Alberto Rojas Ríos. Expedientes: D-11604 y D-11611
Ibídem. Ibídem. Ibídem. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-265 del 16.04.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Expediente: D-3721
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-223 del 20.04.17. M.P. Alberto Rojas Ríos. Expedientes: D-11604 y D-11611
Ibídem. Ibídem. Ibídem. Ibídem. Al respecto, ver: Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-1219 del 21.11.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Expediente: T-388435; Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-001 del 13.01.16. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Expediente: T- 5158521. Los demás accionantes de esa tutela fueron los señores Sandra Borda Guzmán, Sergio Alejandro Martín Vergara, Andrés Juan Guerrero, Alejandro Briceño Díaz, Ana Benilda Ángel Orjuela, Alexandra Paola González Zapata, Fabián de Jesús Laverde Doncel, Cristian Raúl Delgado Bolaños, Aleida Murillo Gómez, Jenny Alejandra Romero González, Carlos Sleyter Obregón Ramírez, Juan Felipe Castañeda Durán, Olga Lucía Quintero Sierra, Alirio Andrés Mojica Montañez, Paola Marcela Silva Pérez, Héctor Alejandro Alba Siboche, María Fernanda Ovalle Alvarado, Angye Katherine Rojas Rivera, Wilman Silva Betancourt, Eneried Aranguren, Frank Melo Restrepo, Ángel Duván Ortiz Rodríguez, Yuri Enrique Neira Salamanca, Peter Esteban Santiesteban Castillo, María Alejandra López Mendoza, Diana Carolina Ojeda Ojeda, Victoria Lucena Góez, Mariángela Villamil Cancino, Alejandra Soriano Wilches, Carolina Moreno Velásquez, Carlos Perdomo Guerrero, Catalina Botero Marino, Manuel Alejandro Iturralde, Natalia Ramírez Bustamante, Carlos Julián Mantilla Copete, Johan Sebastián Ramírez Vargas, Fabián Darío Bernate Bastidas, Brian Valencia Ayala, Harrison Steven Valderrama Palencia, David Ricardo Pérez Castro, Carol Tatiana Gómez Suarez, Perla Tatiana Bayona Rojas, Eduardo Enrique Cáceres Téllez, Cristian Andrés Aristizábal Parra, Mohamed Mussa Shek Giraldo, Juan Camilo Gómez Olarte, María Fernanda Montiel Murillo y Santiago de Jesús Andrade Gaitán. Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 22.09.2020, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona, STC7641-2020 Radicación No. 11001-22-03-000-2019-02527-02
María Alejandra Garzón Mora, Germán Romero Sánchez, Douglas Lorduy Montañez, Raissa Carrillo Villamizar, Gustavo Gallón Giraldo, Alejandro Jiménez Ospina, Jormay Ortegón Osorio, Reymundo Rafael Vásquez Barrios, Juan David Romero Preciado, Franklin Castañeda Villacob, Ana Bejarano Ricaurte y Olga Ligia Silva López. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-034 del 03.05.18., M.P.
Alberto Rojas Ríos.
“Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA”
Los accionados en dicha oportunidad coinciden con todos los aquí demandados, exceptuando a las Fuerzas Armadas y al Ejército Nacional.
“Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA”
“Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA”
ARTÍCULO 56. Actuación de la Fuerza Pública en las movilizaciones terrestres. (…)
La actuación de la Policía Nacional deberá ser desarrollada en todo momento mediante personal y equipos identificados de tal manera que dicha identificación resulte visible sin dificultades. La fuerza disponible deberá estar ubicada de manera que su actuación pueda hacerse de forma oportuna, pero sin afectar el desarrollo de la movilización que se haga de conformidad con las normas de convivencia.
“ARTÍCULO 170. ASISTENCIA MILITAR. Es el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el Presidente de la República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar. No obstante, los gobernadores y Alcaldes Municipales o Distritales podrán solicitar al Presidente de la República tal asistencia, quien evaluará la solicitud y tomará la decisión. La asistencia militar se regirá por los protocolos y normas especializadas sobre la materia y en coordinación con el comandante de Policía de la jurisdicción.
PARÁGRAFO. En caso de emergencia, catástrofe o calamidad pública, la asistencia militar se regirá por los procedimientos y normas especializadas, bajo la coordinación de los comités de emergencia y oficinas responsables en la materia.”
“Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.”
“Por medio del cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público”
Las autoridades a las que se les ordenó el uso de esta figura fueron las siguientes: los gobernadores del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, a los alcaldes del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Cali, del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, de los municipios de Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva.
Al respecto, véase: Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949. Artículo 52.
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