República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-02677-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
12 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO / DERECHO DE PROTESTA - Se levantaron las manifestaciones
En el sub examine se presenta la carencia actual de objeto por hecho superado toda vez que las presuntas situaciones irregulares que habrían ocurrido en el ejercicio del derecho a la protesta no pueden ser objeto de control por la vía de amparo, por cuanto que es de notoriedad pública, que se levantaron las manifestaciones en la ciudad de Santiago de Cali. Ahora bien, en la referida sentencia, se examinaron las situaciones que pueden dar lugar a un pronunciamiento por parte del juez de tutela, pese a que las manifestaciones ya no se encuentren vigentes. (…) [L]a Sala observa que prima facie no existen elementos para que el juez constitucional ordene las medidas adicionales que se mencionan en la sentencia citada en tanto que los planteamientos de la acción de tutela como los expuestos por las accionadas implican un análisis de fondo de los elementos de prueba obrantes en el expediente, en aras de determinar su mérito para acceder a las pretensiones de la acción de tutela o para denegarla.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02677-00(AC)
Actor: SEBASTIÁN CAMILO ANGULO PATIÑO Y OTROS
Demandado: POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL Y OTROS
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por Sebastián Camilo Angulo Patiño, Ana María Vallecilla Quintero, Leidy Laura Sandoval Ruales, Linda Valeria Olaya Guerrero, Valentina Ramos Sandoval, Juan Diego Ortega Briñez y Juan Camilo Canizales Torres, en contra de la Policía Nacional de Colombia, el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Metropolitana de Cali, el Escuadrón Móvil Antidisturbios —Esmad—, el Ministerio Público y la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali
Antecedentes
La acción de tutela
Los señores Sebastián Camilo Angulo Patiño, Ana María Vallecilla Quintero, Leidy Laura Sandoval Ruales, Linda Valeria Olaya Guerrero, Valentina Ramos Sandoval, Juan Diego Ortega Briñez y Juan Camilo Canizales Torres, formulan acción de tutela en contra de la Policía Nacional de Colombia, el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Metropolitana de Cali, el Escuadrón Móvil Antidisturbios —Esmad—, el Ministerio Público y la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, y solicitan la protección del derecho a la protesta previsto en los artículos 20, 23, 24, 37, 38 y 40 de la Carta Política; el derecho a la vida contemplado en el artículo 11 ibidem; a la libertad personal en el artículo 28 idem y a la integridad física consagrado en los artículos 11 y 12 ejusdem.
Las pretensiones
En el escrito de tutela, se formulan las siguientes pretensiones:
1. Amparar los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, protesta, libertad de expresión, garantías judiciales, debido proceso, asociación o reunión pacífica, huelga y otras garantías atribuibles a la ciudadanía.
2. Ordenar a los Organismos competentes estructurar las mesas intersectoriales de derechos humanos para que éstas acompañen de forma permanente las diferentes manifestaciones que se realicen en el marco del desarrollo del Paro Nacional iniciado el día veintiocho (28) de abril del año que transcurre y a su vez las que se lleven a cabo en el ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
3. Ordenar al ESTADO - NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, que dentro de las veinticuatro (24) horas anteriores a la realización de sus operativos, se sirva informar a este Despacho, a la Personería Distrital de Santiago de Cali y a la Procuraduría Provincial de Santiago de Cali, la cantidad de agentes, su individualización y la cantidad e identificación de armamentos que se utilizarán para garantizar el orden público.
4. Ordenar al ESTADO - NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, que en un termino (sic) no superior a veinticuatro (24) horas siguientes a la realización de sus operativos, se sirva informar a este Despacho, a la Personería Distrital de Santiago de Cali y a la Procuraduría Provincial de Santiago de Cali, la cantidad de personas capturadas en el Distrito Especial de Santiago de Cali, la conducta tipica (sic) presuntamente cometida, objetos incautados, marco jurídico en el cual se amparan para llevar a cabo la detención y el Comando de Atención Inmediata (C.A.I.) o Unidad Permanente de Justicia (U.P.J), en el cual se encuentra detenido el ciudadano.
5. Ordenar al ESTADO - NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, que en un termino (sic) no superior a veinticuatro (24) horas siguientes a que sea proferido el fallo, se sirva informar a este Despacho, a la Personería Distrital de Santiago de Cali y a la Procuraduría Provincial de Santiago de Cali, la descripción de los vehículos que pertenencen (sic) a la Institución Policia (sic) Nacional de Colombia que operan dentro del Distrtio (sic) Especial de Santiago de Cali.
6. Ordenar al ESTADO - NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, que en un termino (sic) no superior a veinticuatro (24) horas siguientes a que sea proferido el fallo, se sirva informar a este Despacho, a la Personería Distrital de Santiago de Cali y a la Procuraduría Provincial de Santiago de Cali, el protocolo detallado bajo el cual se rige el accionar de los funcionarios de la Policia (sic) Nacional de Colombia cuando estos pese a estar en horario de servicio no portan el uniforme.
7. Ordenar a los Organismos adscritos al MINISTERIO PÚBLICO que se sirvan informar el Plan de acción generado para acompañar y garantizar los derechos fundamentales de los asistentes a las manifestaciones realizadas en el marco del desarrollo del Paro Nacional iniciado el día veintiocho (28) de abril del año que transcurre y a su vez las que se prevén se podrían llevar a cabo en el ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía, individualizando cantidad de funcionarios a cargo de las responsabilidades consignadas en el plan de acción y funciones particulares de cada uno.
Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, los accionantes señalaron los siguientes:
La acción de tutela se dirige contra las prácticas policiales sistemáticas implementadas y ejecutadas contra el derecho a la protesta en Colombia, las cuales quedaron visibilizadas desde el 28 de abril de 2021 y que se sintetizan seguidamente:
Con la estigmatización del ejercicio de la protesta en contra de los manifestantes y agentes protegidos tales como los defensores de los derechos humanos, por parte de funcionarios de la Policía Nacional, miembros del —Esmad—, de las Fuerzas Militares y del Gobierno Nacional.
Por la disolución sistemática, arbitraria e injustificada de protestas pacíficas sin que mediara algún hecho que perturbara la convivencia desde el 28 de abril del año en curso hasta la fecha, en los distintos sectores del distrito de Santiago de Cali.
Por las heridas causadas por los manifestantes con armas potencialmente letales usadas por la Policía y el —Esmad— que conllevaron la muerte de varios jóvenes, entre ellos, Nicolás Romero, y por el uso indiscriminado de traslados o detenciones policivas sin llevar a cabo los procedimientos y requisitos legalmente establecidos lo cual puede constituir una desaparición forzada y tratos crueles, inhumanos y violentos.
Por el uso de gases lacrimógenos o agentes químicos irritantes con el fin de dispersar la protesta pacífica.
Por los sucesos ocurridos el pasado 8 de mayo entre los integrantes de la minga indígena y habitantes del sector, los que dieron como resultado que miembros de esa población resultaran heridos por algunos miembros de la fuerza pública.
Fundamentos jurídicos de la acción
Se indica por los accionantes que las pretensiones tienen fundamento en los siguientes aspectos:
Se invoca el derecho a protestar o manifestarse pacíficamente previsto en los artículos 20, 23, 37, 38 y 40 de la Carta Política y el derecho a la vida protegido por el artículo 11 ibidem y en diversos tratados internacionales, que establecen la obligación de los Estados de preservar el derecho a la vida, abstenerse de desaparecer a las personas y tratarlas con igualdad.
Sobre el derecho a la vida, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su cuadernillo de jurisprudencia número 21 del año 2018, ha destacado que su protección es fundamental en el marco de una manifestación social lo cual presupone que ninguna persona puede ser privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa); además se requiere que los Estados adopten todas las medidas que sean apropiadas para proteger ese derecho (obligación positiva).
La preservación del orden público gira en torno a garantizar el respeto a la dignidad humana, principio fundante del Estado de Derecho y del cual se derivan otros derechos.
El derecho a la protesta puede vislumbrar una vía de hecho cuando, como sucede en el sub lite, el abuso de la fuerza pública, las detenciones arbitrarias, entre otros sucesos, que de manera estructural pretenden disuadir las manifestaciones públicas y causar pánico, desvían los objetivos reales del mentado derecho.
Respecto del derecho a la integridad física, la jurisprudencia ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la movilización y a la protesta social los cuales comportan los siguientes elementos:
La garantía del ejercicio de la protesta social deviene del ámbito de protección de la libertad de expresión.
Se prohíbe impedir el ejercicio de la protesta social, incluso en estados de excepción.
Se reconoce el carácter fundamental del derecho a la protesta.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 5, numeral 2, establece que nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente a todo ser humano.
El debido proceso se encuentra cimentado en el artículo 29 de la Carta Política y en su condición de derecho fundamental procura crear garantías reales para los ciudadanos en los diversos escenarios de su acontecer diario.
La sentencia que se profiera en la acción de tutela de la referencia, debe declarar el estado de cosas inconstitucional en razón a los hechos que se desarrollan en el territorio nacional, de manera similar a lo planteado por la Corte Constitucional en la sentencia T-024 de 2004, en la cual se identificaron los factores que se deben tener en cuenta para determinar cuando existe un estado de cosas inconstitucional: a) la vulneración masiva y generalizada de varios derechos que afecten un número significativo de personas; b) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus funciones; c) «[l]a adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado»; d) la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos; e) la existencia de un problema social que compromete a varias entidades y que requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones.
Trámite
Mediante auto del 14 de mayo de 2021, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Primera de Decisión Laboral, ordenó remitir por competencia la acción de tutela al Consejo de Estado con fundamento en el Decreto 333 de 2021 por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., numeral 12 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho por cuanto la acción se dirigió contra el presidente de la República y la temática incluye un asunto relacionado con la seguridad nacional.
A través de auto del 3 de junio de 2021 el consejero sustanciador remitió la actuación al despacho del consejero Julio Roberto Piza Rodríguez, teniendo en cuenta que en su despacho se avocó conocimiento de una acción de tutela cuyo contenido desde el punto de vista fáctico y jurídico es similar al asunto de la referencia.
En auto del 18 de junio de 2021 el despacho del consejero Julio Roberto Piza, consideró que la acumulación propuesta es improcedente porque la tutela que cursa en su despacho y la que fue enviada para examen de acumulación son disímiles, dado que, aunque tienen como hecho común las protestas sociales, la violación de los derechos fundamentales se predica de autoridades distintas y las pretensiones en cada caso son diferentes.
Mediante auto del 15 de julio de 2021, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a la Policía Nacional de Colombia, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Policía Metropolitana de Cali, al Escuadrón Móvil Antidisturbios —Esmad—, al Ministerio Público y la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali para que en el término de tres días siguientes a la notificación presentaran el correspondiente informe.
Intervenciones
Del Ministerio de la Defensa
A través de la jefe de la Oficina Jurídica, el Ministerio de Defensa intervino en la actuación y en sustento expuso los siguientes aspectos:
La Policía Nacional es un ente de carácter público permanente cuya finalidad primigenia es mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y, en ese orden de ideas, la actividad que despliegan los uniformados conforma una unidad indisoluble con el mandato superior para cumplir los siguientes fines: a) servir a la comunidad; b) promover la prosperidad general; c) garantizar la efectividad de los principios y derechos; y d) asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
El mandato de la Ley 62 de 1993, otorgado a la Policía Nacional, lo faculta para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para ello, el marco normativo —artículo 8—— y jurisprudencial— sentencia de la Corte Constitucional C-218 de 2018—, le confieren la misión eminentemente preventiva de evitar que el orden público sea alterado.
En virtud del artículo 2, numeral 8, de la Resolución 00912 de 2009 «[p]or la cual se expide el reglamento del servicio de Policía», la misión de la Policía Nacional es preservar y restablecer el orden público cuando es turbado.
En Colombia se reconoce y protege el derecho a la manifestación pública, la cual debe ser pacífica; esta prerrogativa es fundamental dentro de la concepción de la democracia representativa y es una herramienta transversal para lograr el cumplimiento estricto del pacto social.
Desde el 28 de abril de 2021, sectores civiles y políticos en el municipio de Santiago de Cali han convocado a la ciudadanía a diversas marchas, plantones y manifestaciones las cuales desencadenaron en actos vandálicos en contra de instalaciones policiales, bancos y establecimientos de comercio con desbordamiento de la concepción pacífica del derecho a la manifestación pública.
En la ciudad de Santiago de Cali se presentaron con motivo de las marchas, expresiones de violencia y vandalismo en el punto conocido como «puerto rellena» que hicieron necesaria la intervención policial.
Con respecto al uso de la fuerza y actuar del Escuadrón Móvil Antidisturbios —Esmad—por parte del mencionado medio de policía, se justificó el uso de la fuerza en virtud de la violencia desmedida que ocurrió en la ciudad de Santiago de Cali, para lo cual se observó la siguiente normatividad:
La contemplada en los instrumentos internacionales tales como:
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La Convención Americana de Derechos Humanos.
El Código de Conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley adoptado por la Asamblea General en la Resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979.
Los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento del delincuente celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.
La consignada en el ordenamiento jurídico interno:
El artículo 8 de la Ley 62 de 1993.
La Ley 1801 de 2016 «[p]or la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana».
La Resolución 03002 del 29 de junio de 2017 «[p]or la cual se expide el manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios para la Policía Nacional».
El Decreto 003 del 5 de enero de 2021«[p]or el cual se expide el protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores denominado «[e]statuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana».
La Resolución 02903 del 23 de junio de 2017 «[r]eglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, por la Policía Nacional».
La Resolución 03002 del 29 de junio de 2017 «[m]anual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios para la Policía Nacional».
La Resolución 01716 del 31 de mayo de 2021 «[p]or la cual se establecen los parámetros del empleo de las armas, municiones, elementos dispositivos menos letales para la prestación del servicio de policía».
La parte actora desconoce el grave contexto de alteración del orden público de la ciudad donde reside, y pretende limitar la actuación constitucional y legal de la Policía Nacional sin que hubiera demostrado, al menos sumariamente, las supuestas vulneraciones a los derechos fundamentales invocados, situación que hace improcedente la acción de tutela.
De la Procuraduría General de la Nación
A través de apoderada, la Procuraduría General de la Nación intervino en la actuación y señaló los siguientes aspectos:
La Procuraduría General de la Nación en ejercicio de su función de guardián y promotor de los derechos humanos, el interés general y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, acompaña las movilizaciones sociales en pro de garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la manifestación pública consagrado en el artículo 37 de la Carta Política.
La protección de los derechos de la ciudadanía se presenta en tres momentos: antes, durante y después de la movilización pacífica, de manera que se permita transformar el conflicto social subyacente a través del diálogo social sostenido y con la concurrencia de las entidades en cada etapa.
En conjunto con la Defensoría del Pueblo, se expidió la Guía de Acompañamiento a las Movilizaciones, documento que tiene por propósito tratar de manera general los aspectos básicos relacionados con el derecho a la protesta pacífica, el principio del uso de la fuerza y el acompañamiento y la asesoría jurídica en las fases previas, durante y posterior a las manifestaciones y protestas.
La Procuraduría General de la Nación, juntamente con la Policía Nacional, expidió el Protocolo de verificación en casos de captura y traslado de personas durante el desarrollo de cualquier mitin, reunión, o acto de protestas.
El órgano de control hace presencia en todos los puestos de mando unificado instalados en el territorio nacional para la vigilancia y seguimiento durante el desarrollo de las movilizaciones.
Se adelantan 127 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de la fuerza pública con ocasión de sus intervenciones en los actos de protesta.
Del municipio de Santiago de Cali
La apoderada del municipio de Santiago de Cali intervino en la actuación y expuso los siguientes argumentos:
Sobre los hechos a que se hace referencia en la demanda relacionados con la estigmatización en el ejercicio de la protesta a los manifestantes y defensores de los derechos humanos por parte de los miembros del Ejército y la Policía Nacional, respecto de la disolución arbitraria e injustificada de las protestas, las heridas a los manifestantes con armas potencialmente letales utilizadas por el —Esmad—, la disolución sistemática, arbitraria e injustificada de las protestas, no se indican hechos puntuales y concretos que permitan efectuar una valoración toda vez que aunque en el Distrito Especial de Santiago de Cali hubo manifestaciones pacíficas, lo cierto es que también se presentaron hechos de violencia y vandalismo contra el mobiliario de la ciudad y en las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Mio, que implicaron la necesidad de que la fuerza pública interviniera.
De manera similar ocurre con el argumento que se funda en que los miembros del —Esmad— ocasionaron heridas a los manifestantes con armas potencialmente letales y sobre el uso injustificado de gases lacrimógenos y otros agentes químicos para dispersar las protestas, velatones y homenajes a las víctimas, toda vez que no se precisan las circunstancias concretas que permitan inferir excesos en la actividad que le corresponde desplegar a la fuerza pública.
La acción de tutela tiene un carácter individual, particular, subjetivo o personal y lo que se pretende en el sub lite, es la protección de derechos de un colectivo o comunidad indeterminada e ilimitada. Además, los accionantes no se presentan como agente oficioso de la ciudadanía y, por ende, no se cumplen las condiciones para reclamar la protección de los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, la protesta, la libertad de expresión y las garantías judiciales, el debido proceso y la asociación o reunión pacífica.
El municipio de Santiago de Cali a través del primer mandatario ha proferido diversas medidas con el propósito de proteger a la ciudadanía, entre ellas:
El Decreto 4112.010.20.0243 del 9 de mayo de 2021 «[p]or el cual se convoca a conformar una instancia de articulación interinstitucional en el marco del paro cívico nacional de abril de 2021».
El Decreto 4112.010.20.257 del 12 de mayo de 2021 «[p]or el cual se imparten órdenes para la estabilización y normalización del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios en Santiago de Cali».
El Decreto 4112.020.20.0304 del 31 de mayo de 2021 «[p]or el cual se adoptan garantías para la construcción de acuerdos, se institucionaliza la mesa de diálogo en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios en Santiago de Cali en el marco del paro nacional del 28 de abril de 2021».
Además, con fundamento en el Decreto 4112.010.20.0304 del 31 de mayo de 2021, se crea una mesa interinstitucional de derechos humanos que acompaña de manera permanente las diferentes manifestaciones en la que, además, se instituye el canal de salvaguarda de vida, una comisión de derechos humanos y una mesa de diálogo.
La Secretaría de Salud Pública ha articulado con distintos estamentos, un corredor humanitario para el suministro de oxígeno, medicinas y demás elementos requeridos para la atención médica hospitalaria en procura de cuidar y salvar vidas; a su turno, la Secretaría de Desarrollo Económico ha previsto un corredor humanitario para el abastecimiento de alimentos con el fin de posibilitar su acceso físico y económico y un corredor humanitario para el suministro de combustible como factor importante en la economía y la movilidad.
Se institucionalizó la mesa de diálogo en el marco del paro nacional del 28 de abril de 2021, como un espacio inclusivo y participativo para la definición de agendas que conduzcan de manera concertada a distensionar las dificultades, trazar líneas de inclusión social y brindar garantías de participación. En ese instrumento se reconocen como actores: a) a la unión de resistencia Cali- Primera Línea Somos Tod@s; b) la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali junto con las entidades públicas del orden departamental; y c) cooperantes: la minga indígena social y comunitaria, así como el sector académico, gobiernos de otros estados y entidades de cooperación internacional.
Se establecieron como mediadores de diálogo entre la Unión de Resistencia Cali Primera Línea Somos Tod@s y los entes gubernamentales: La Arquidiócesis de Cali, la Organización de Naciones Unidas —ONU DDHH—, la Misión de Verificación Colombia —MAPP OEA—, el Ministerio Público, la Coordinación de la Mesa por la Paz y la Justicia, las organizaciones defensoras de derechos humanos, y como veedores de los acuerdos resultantes de los diálogos: La Organización de las Naciones Unidas —ONU—, la Organización de los Estados Americanos —MAPP OEA—, la Minga Social y Comunitaria, las comunidades afroamericanas, las organizaciones defensoras de derechos humanos y demás organizaciones que las partes de común acuerdo aprobaron.
Verificados los hechos enlistados en la presente acción, se considera que la tutela no tiene vocación de prosperidad pues los sucesos que la edificaron, ya no se encuentran vigentes, toda vez que las gestiones adelantadas se enfocaron en privilegiar la interlocución verbal respetuosa y permanente entre las autoridades, los organismos de control y los manifestantes.
En ese orden de ideas, como los hechos que motivaron la acción de tutela datan de los primeros días de las protestas y actualmente las condiciones han variado sustancialmente gracias al diálogo y no existen bloqueos permanentes en las vías de acceso a la ciudad de Santiago de Cali se presenta la figura del hecho superado.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019, según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela instaurada por Sebastián Camilo Angulo Patiño, Ana María Vallecilla Quintero, Leidy Laura Sandoval Ruales, Linda Valeria Olaya Guerrero, Valentina Ramos Sandoval, Juan Diego Ortega Briñez y Juan Camilo Canizales Torres, en contra de la Policía Nacional de Colombia, el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Metropolitana de Cali, el Escuadrón Móvil Antidisturbios —Esmad—, el Ministerio Público y la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali
2.2. Problema jurídico
La acción de tutela se dirige contra la Policía Nacional de Colombia, el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Metropolitana de Cali, el Escuadrón Móvil Antidisturbios —Esmad—, el Ministerio Público y la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali y en ella se solicita la protección del derecho a la protesta previsto en el artículo 37 de la Carta Política, el derecho a la vida contemplado en el artículo 11 ibidem, a la libertad personal en el artículo 28 idem y a la integridad física consagrado en el artículo 12 ejusdem.
Los problemas jurídicos que se suscitan en el asunto de la referencia se dividen en dos aspectos:
i) Si como lo sostiene el apoderado del municipio de Santiago de Cali se presenta el hecho superado porque los sucesos que edificaron la acción de tutela ya no se encuentran vigentes, vale decir si las condiciones que dieron origen a la vía de amparo han variado porque actualmente no se presentan bloqueos permanentes.
Si no se presenta la causal de rechazo por hecho superado, corresponde examinar si se han vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes a la protesta y a la vida, consagrados en los artículos 37 y 11 de la Carta Política.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho a la protesta
La Corte Constitucional en la Sentencia C-009/18 al examinar la exequibilidad de los artículos 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana se pronunció sobre el derecho a la reunión y a la manifestación pacífica en espacios públicos y señaló que el artículo 27 de la Carta Política lo consagró como una prerrogativa fundamental para los ciudadanos en el fortalecimiento de una democracia participativa y robusta.
Se indicó que, en la Carta Política de 1991, la protección a la libre expresión de ideas y opiniones a través de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica inciden en el desarrollo de uno de los principios fundantes del Estado como es el pluralismo, el cual plasma los contenidos axiológicos de la democracia constitucional.
A su turno, se esbozó que la reunión y la manifestación pacífica en espacios públicos y específicamente la protesta en el régimen constitucional, constituyen un mecanismo útil para la democracia y para lograr el cumplimiento cabal del pacto social puesto que solamente a través de esos medios de participación se expresan las inconformidades ciudadanas de grupos sociales que no han sido escuchados institucionalmente.
En ese orden de ideas, expresó la Corte Constitucional, que de conformidad con el artículo 37 de la Constitución y el bloque de constitucionalidad, los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica son autónomos y que, además, se encuentran interrelacionados con los derechos a la libertad de expresión, de asociación y a la participación y solo pueden ser limitados mediante ley, tienen una dimensión estática, cuando se trata de la reunión, o dinámica, en los eventos de manifestación, y su titularidad es individual, aun cuando su ejercicio es colectivo y convoca a una agrupación transitoria con un mismo objetivo.
Destaca la Corte Constitucional que, en este punto, se debe resaltar que el artículo 37 de la Constitución somete la protección de estos derechos en la esfera pública a condiciones pacíficas, lo cual excluye su ejercicio a través de medios violentos. Así, además de los mencionados elementos que son aplicables al artículo 37 de la Constitución (subjetivo, temporal, finalístico y real), el ejercicio de estos derechos solo se permite en esas condiciones.
Igualmente, expresó que el ejercicio de los derechos a la reunión y manifestación pública y pacífica, al tener lugar en el espacio público, inciden en los derechos y deberes de otros ciudadanos y en la posibilidad de su uso de los bienes públicos. Luego, aun cuando la protección a esta libertad es amplia, de su ejercicio no se puede desencadenar un desequilibrio irrazonable en relación con los derechos de terceros, la seguridad ciudadana y el orden público, ni puede significar un bloqueo absoluto de la vida en sociedad. A su turno, se adujo que, no obstante, se debe recordar que estas posibles tensiones deben abordarse desde la razonabilidad y la proporcionalidad.
Puntualizó la Corte Constitucional que, en suma, los derechos a la reunión y a la manifestación pública y pacífica son de libertad, fundamentales y autónomos, y están interrelacionados con los derechos a la libertad de expresión, de asociación y participación al ser medios para ejercer los anteriores.
Y concluyó esa corporación que, inclusive, se ha determinado que el ejercicio de estos derechos es una manifestación de la libertad de expresión. Así mismo, sólo es posible su limitación mediante ley, y la protección a la comunicación colectiva, estática o dinámica, de ideas, opiniones o de la protesta está supeditada a que se haga de forma pacífica, lo cual excluye las manifestaciones violentas.
2.4. Análisis de la Sala. Caso concreto
El hecho superado
Esta Subsección en pronunciamiento del 29 de julio de 2021, examinó la consecuencia jurídica que implica la circunstancia de que las manifestaciones objeto de la acción de tutela ya se hayan realizado.
En ese orden de ideas, de forma similar a lo acontecido en el asunto estudiado por la Subsección, se aprecia que en el sub lite, las manifestaciones que se convocaron desde el 28 de abril de 2021 en la ciudad de Santiago de Cali se llevaron a cabo y ya finalizaron.
Sobre el particular, en el proveído del 29 de julio de 2021, se expresó lo siguiente:
Primer problema jurídico
¿En el presente asunto se encuentra configurada la carencia actual de objeto por situación sobreviniente, en atención a que las manifestaciones que fueron aplazadas mediante el auto del 27 de abril de 2021 proferido en la acción de tutela 2020-02700-00 a la fecha ya fueron realizadas?
I. Carencia actual de objeto
La acción de tutela fue implementada en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo de defensa inmediato y subsidiario de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados, por una acción u omisión de una autoridad o un particular en los casos fijados por la ley. En ese sentido, el máximo tribunal constitucional ha considerado que la tutela pierde su razón de ser, cuando en el trámite de esta se supera la situación que ponía en riesgo o transgredía los derechos fundamentales o cuando no haya forma de evitar el daño que buscaba evitarse. Con lo anterior se pretende que los fallos de tutela no sean ineficaces. Este fenómeno se ha denominado carencia actual de objeto, en el primer caso, por hecho superado y, en el segundo, por daño consumado.
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha precisado que existen algunos eventos en que la carencia actual de objeto no se produce por hecho superado o daño consumado, sino por la existencia de otra circunstancia que conlleva que la orden de tutela no produzca efectos porque los fundamentos de la amenaza o conculcación desaparecieron. En este último escenario deberá declararse la carencia actual de objeto por sustracción de materia o situación sobreviniente.
En ese entendido, la carencia de objeto por sustracción de materia implica, en términos del órgano de cierre constitucional, la existencia de una situación sobreviniente que se origina, entre otros casos, cuando: (i) el accionante es quien asume la carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora, (ii) un tercero ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental, (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada o (iv) el peticionario del amparo pierde interés en el objeto de la litis, circunstancias que modifican los hechos y generan que la posible orden a impartirse, relativa a lo solicitado en la acción de amparo, no surta ningún efecto.
Así las cosas, en cada caso concreto el juez de tutela debe analizar si, para el momento de adoptar una decisión dentro de la acción de tutela, aquella producirá efectos o si, por el contrario, resultará inocua.
En consecuencia, en el sub examine se presenta la carencia actual de objeto por hecho superado toda vez que las presuntas situaciones irregulares que habrían ocurrido en el ejercicio del derecho a la protesta no pueden ser objeto de control por la vía de amparo, por cuanto que es de notoriedad pública, que se levantaron las manifestaciones en la ciudad de Santiago de Cali.
Ahora bien, en la referida sentencia, se examinaron las situaciones que pueden dar lugar a un pronunciamiento por parte del juez de tutela, pese a que las manifestaciones ya no se encuentren vigentes.
Sobre el particular, se mencionó lo siguiente:
II. Análisis de la configuración de la carencia actual de objeto por situación sobreviniente
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia de primera instancia de la acción de la referencia, declaró la carencia actual de objeto por situación sobreviniente porque consideró que las manifestaciones del 28 de abril y del 1.° de mayo del presente año, a pesar de la expedición del auto del 27 de abril de 2021, se llevaron a cabo, motivo por el cual una eventual orden carece de objeto. Por su parte, el señor Rubén Darío Restrepo Rodríguez, en el recurso de impugnación, afirmó que no se presentó dicha carencia, comoquiera que el proveído continúa existiendo y tiene validez en el ordenamiento jurídico.
Por consiguiente, lo primero que debe dilucidarse es si en el sub lite aconteció una situación sobreviniente que ocasione que la orden dictada por el juez constitucional resulte inocua. Sobre el particular, es claro que la medida provisional decretada recayó puntualmente en las manifestaciones que se iban a llevar a cabo en las fechas referidas y estas, como lo denotó la Subsección de primera instancia, ya se realizaron en los días inicialmente dispuestos para ese fin. Así las cosas, ciertamente emitir una decisión en este momento respecto a la orden impuesta no tendría ninguna eficacia material, dado que el aplazamiento de las protestas se ordenó específicamente frente a dos días puntuales que ya transcurrieron, por lo que actualmente no tiene incidencia en el ejercicio de los derechos a la reunión y a la manifestación pública y pacífica.
Sin embargo, es importante precisar que si bien los efectos de la providencia controvertida, esto es, la postergación de las jornadas de la reunión pública ahora no tiene consecuencias prácticas, no sucede lo mismo con la existencia jurídica de aquella, como lo afirmó el recurrente, pues, una vez adquirió ejecutoria, quedó en firme y, por tanto, es de obligatorio cumplimiento. En ese orden de ideas, ineludiblemente, y en atención a las particularidades del caso, resulta indispensable analizar el fondo del asunto.
Lo anterior guarda concordancia, como lo determinó la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación, con la jurisprudencia constitucional, la cual ha sido consistente en sostener que si bien, en principio, la carencia actual sustrae del conocimiento del juez constitucional un asunto, ante la ausencia de razones para pronunciarse de fondo, lo cierto es que ello no impide que aquel se manifieste sobre la vulneración invocada en la dimensión objetiva, con el fin de evitar, por ejemplo, que se vuelvan a presentar transgresiones en el futuro, para cuyo fin, incluso, puede adoptar medidas adicionales. En ese sentido, el juez constitucional puede: 1. Llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, 2. Advertir la inconveniencia de su repetición, 3. Corregir las decisiones judiciales de instancia y 4. Avanzar en la comprensión de un derecho fundamental.
La Sala observa que prima facie no existen elementos para que el juez constitucional ordene las medidas adicionales que se mencionan en la sentencia citada en tanto que los planteamientos de la acción de tutela como los expuestos por las accionadas implican un análisis de fondo de los elementos de prueba obrantes en el expediente, en aras de determinar su mérito para acceder a las pretensiones de la acción de tutela o para denegarla.
Conclusión
Con fundamento en las razones precedentes la Sala declarará la cesación de la actuación por carencia actual de objeto por hecho superado, por cuanto observa que las manifestaciones que en ejercicio del derecho a la protesta se realizaron en la ciudad de Santiago de Cali a partir del 28 de abril del año en curso ya finalizaron.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Declarar la cesación de la actuación por carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la acción de tutela instaurada por Sebastián Camilo Angulo Patiño, Ana María Vallecilla Quintero, Leidy Laura Sandoval Ruales, Linda Valeria Olaya Guerrero, Valentina Ramos Sandoval, Juan Diego Ortega Briñez y Juan Camilo Canizales Torres.
Segundo: En caso de que no fuere impugnada la presente providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MECG
La actuación se adelanta a través de expediente electrónico.
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.
El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.
Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.
En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.
Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
La actuación se adelanta a través de expediente electrónico.
Referencia: Expedientes D-11747 y D-11755 (acumulados), sentencia de 7 de marzo de 2018, demandantes: Carlos Esteban Romo Delgado, César Rodríguez Garavito y Sebastián Lalinde Ordoñez, magistrada sustanciadora: Gloria Stella Ortiz Delgado.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: William Hernández Gómez, sentencia del 29 de julio de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-01984-01 y acumulados, accionantes: Carlos Felipe Parra Rojas y otros, accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.
Ver entre otras sentencias: T-358 de 2014 y T-011 de 2016.
Sentencia SU-522 de 2019 proferida por la Corte Constitucional.
Al respecto, ver entre otras: SU-522-19.
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