Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-02776-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-02776-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-02776-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate (e)
12 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SOLICITUD DE RELIQUIDACIÓN PENSIONAL DE EX SERVIDORES DEL INPEC / RÉGIMEN ESPECIAL DEL INPEC / CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DEL INPEC / DEFECTO SUSTANTIVO - No configuración / ADECUADA APLICACIÓN DE LAS REGLAS NORMATIVAS PARA EL CÁLCULO DEL IBL DE LA MESADA PENSIONAL - De conformidad con lo dispuesto por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional
¿Vulneraron, el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Ibagué, las garantías constitucionales invocadas, por presuntamente incurrir en defecto sustantivo al proferir las sentencias del 15 de abril de 2021 y del 9 de octubre de 2018 respectivamente, que negaron las pretensiones de la demanda en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado No. 730013333-008-2016-00215-00/01? (…) [Observa la Sala que,] para el Tribunal accionado, las personas vinculadas al INPEC con anterioridad al 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003 y que desempeñaron actividades de alto riesgo como integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia carcelaria del INPEC, le resultan aplicables las prerrogativas de edad y tiempo de servicios establecidas en el artículo 96 de la ley 32 de 1986 para la obtención de su pensión, pero como en dicha ley no se establece la forma de liquidar tal prestación pues remite a las normas vigentes para los servidores públicos nacionales, debe acudirse a las regulaciones del Sistema General de Pensiones que se aplica a la generalidad de los empleados públicos que reciben su pensión durante su vigencia. Así las cosas, la autoridad judicial demandada manifestó que, el IBL se determina con base en el promedio de los ingresos obtenidos por el pensionado en los últimos 10 años de servicio, incluyendo en su liquidación los factores salariales previstos para ese efecto en el Decreto 1158 de 1994, aplicable para todos los servidores públicos a partir de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones. (…) Contrario a lo sustentado por el accionante, no se desconoció el régimen de transición ni tampoco lo dispuesto por el Decreto 2655 de 2014 que amplió la vigencia del régimen de pensiones para las actividades de alto riesgo dispuestas en el Decreto 2090 de 2003, sino que se reconoció su derecho y se hizo aplicación de las disposiciones jurisprudenciales vigentes, según las cuales el IBL con el que se liquidó su derecho pensional no era susceptible de incluir los factores únicamente devengados en el último año de servicios, pues ya la postura tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, ordenaban fuese liquidada la pensión teniendo en consideración los factores de los últimos diez años, al haber adquirido su derecho pensional con posterioridad al 08 de mayo de 2013. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala no encuentra que la providencia proferida por la autoridad judicial accionada esté revestida de arbitrariedad o capricho, en la medida en que la interpretación y aplicación de las disposiciones normativas sobre el régimen pensional que cobija a los funcionarios del INPEC, fueron producto de un razonable proceder. (…) De esta manera, no hay lugar a la declaratoria de amparo constitucional, pues se desestima la configuración del defecto sustancial en la providencia judicial censurada.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02776-01(AC)
Actor: WILSON HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el señor Wilson Hernández Gutiérrez contra la sentencia proferida por el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A, el 02 de julio de 2021, mediante la cual se negó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social, vulnerados presuntamente con ocasión de las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Ibagué dentro del ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (de ahora en adelante, COLPENSIONES).
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado por correo electrónico el 21 de mayo de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Wilson Hernández Gutiérrez, mediante apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Ibagué, con el fin de que le fueran amparadas sus garantías constitucionales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social así como la protección a los principios de inescindibilidad de la norma, de seguridad jurídica y de favorabilidad.
2. Consideró vulnerados los derechos invocados, con ocasión de las sentencias dictadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado No. 73001-33-33-008-2016-00215-00/01, proferidas por el Tribunal Administrativo del Tolima el 15 de abril de 2021 y el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Ibagué el 21 de marzo de 2018, que negó las pretensiones de la demanda.
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
3. El señor Wilson Hernández Gutiérrez prestó sus servicios en actividades de alto riesgo en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, entre el 12 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2014.
4. Mediante la Resolución GNR 27868 del 6 de febrero de 2015, COLPENSIONES le reconoció la pensión especial de jubilación al señor Hernández Gutiérrez, por un valor de un millón doscientos setenta y dos mil setecientos ochenta y siete pesos ($ 1.272.787 COP).
5. Inconforme con la liquidación, el accionante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por medio de Resolución VPB 14653 del 1 de abril de 2016, en la que se reliquidó dicha prestación y se fijó en una suma de un millón doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos ($1.274.456 COP).
6. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Wilson Hernández Gutiérrez demandó a COLPENSIONES, con el fin de que se declarara la nulidad parcial de los actos administrativos en mención y, en su lugar, se reliquidara su pensión teniendo en cuenta los factores salariales que sirvieron de base para los aportes, como aquellos señalados en el artículo 4 de la Ley 4 de 1966 y el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
7. Mediante sentencia del 21 de marzo de 2018, el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué negó las pretensiones de la demanda. Al respecto, consideró que en los términos señalados por la Corte Constitucional el ingreso base de liquidación no hace parte del régimen de transición, pues este solo comprende los conceptos de edad, monto y semanas de cotización, por lo que “resulta claro que la entidad accionada no infringió el orden jurídico en que debía fundar su decisión, en tanto que calculó el Ingreso Base de Liquidación en los términos del artículo 21 de la Ley 100 de 1993; situación fáctica que confirma la improcedencia de la reliquidación reclamada”.
8. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Tolima, que mediante sentencia del 15 de abril de 2021, confirmó la decisión de primera instancia.
1.3. Pretensiones
9. A título de amparo constitucional, el accionante solicitó la protección de las garantías invocadas y, en consecuencia, solicitó:
“PRIMERA: Dejar sin efecto el fallo de primera instancia proferido por el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE IBAGUÉ TOLIMA, el día 21 de marzo de 2018, y el fallo de segunda instancia proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, el día 15 de abril de 2021, dentro del proceso de Radicación No. 730013333-008-2016-00215-00, de conformidad con lo expuesto en la parte argumentativa de la presente acción.
SEGUNDA: Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima, proferir una nueva decisión, y se ordene en la misma la reliquidación de su pensión teniendo en cuenta los factores salariales señalados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, sobre los cuales se efectuó las respectivas cotizaciones, tal como lo certificó el INPEC, siendo estos los siguientes. (1). Asignación básica; (2). Sobresueldo; (3). Subsidio de alimentación; (4). Auxilio de transporte; (5). Bonificación por servicios prestados; (6). Prima de servicios; (7). Prima de navidad; (8). Prima de vacaciones”.
1.4. Sustento de la solicitud
10. De acuerdo con los argumentos presentados por el señor Wilson Hernández Gutiérrez, las sentencias del proceso ordinario incurrieron en defecto fáctico toda vez que señalaron la no aplicación del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en consecuencia negaron la aplicación del Decreto 2655 del 17 de diciembre de 2014, que ampara a los funcionarios del INPEC, por el régimen especial de alto riesgo hasta el 31 de diciembre de 2024.
11. Expuso que se desconoció el principio de inescindibilidad de la norma, toda vez que “escogieron distintas normas para adecuarlas al caso concreto”.
12. Adujo que, de conformidad con el principio de igualdad, para la liquidación de las pensiones, se deben tener en cuenta todos los factores salariales que sirven de base para efectuar las cotizaciones, señalados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
13. Señaló que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 de 2005, se ordena que a partir de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC que ingresaron con anterioridad a dicha fecha, se aplicará el régimen de alto riesgo hasta entonces vigente, es decir el dispuesto en la Ley 32 de 1986.
14. Con respecto al desconocimiento del principio de favorabilidad, argumentó que a él sí se le realizaron los descuentos de ley sobre los factores salariales hoy reclamados. En su criterio, la Ley 32 de 1986 no estableció los factores sobre los cuales se debe establecer el IBL de la pensión, dado que esa misma disposición remite a las normas vigentes, esto es, la Ley 4ª de 1966 y el Decreto 1045 de 1978.
15. Manifestó que lo considerado en la sentencia SU- 395 de 2017 de la Corte Constitucional, citada por el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Ibagué, no es aplicable para la resolución de su caso, pues esa providencia tiene efectos inter partes y, además, la situación fáctica es sustancialmente diferente, porque “se trató de un dragoneante que salió pensionado en el año 1996”, por lo que en ese entonces no estaba vigente el Acto Legislativo 01 de 2005, el Decreto 1950 de 2005 y el Decreto 2655 de 2014. Asimismo, indicó que esa sentencia “dejó claro que se debe tener como IBL los factores salariales sobre los cuales cotizó, o, se le hicieron sus descuentos”.
1.5. Actuaciones procesales relevantes
1.5.1. Admisión y trámite de la demanda
16. Mediante auto del 24 de mayo de 2021, la magistrada ponente de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar al accionante y a las autoridades judiciales censuradas y vinculó, en calidad de tercero con interés, al presidente de COLPENSIONES, quien actuó como entidad demandada en el proceso ordinario.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Juzgado Octavo Administrativo Oral de Ibagué
17. Mediante correo remitido el 31 de mayo de 2021 al buzón web de la Secretaría del Consejo de Estado, el Juzgado manifestó que denegó las pretensiones de la demanda instaurada por el aquí actor, en consideración al precedente fijado en las sentencias SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional, para concluir que la pensión debía calcularse con el promedio de las cotizaciones realizadas durante los últimos diez (10) años y los factores salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994.
18. Adicionalmente consideró que el reconocimiento de la pensión de jubilación en virtud del régimen especial dispuesto por la Ley 32 de 1986 y desarrollado en el Decreto 407 de 1994, exige la acreditación de ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debiendo cumplir los requisitos de edad o tiempo de servicio y adicionalmente, haberse encontrado laborando para el INPEC una vez dichas disposiciones hubiesen entrado en vigor.
19. Finalmente, solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud de amparo, toda vez que no existió vulneración de derecho fundamental alguno.
1.6.2. Tribunal Administrativo del Tolima
20. Mediante correo electrónico enviado el 03 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la autoridad judicial accionada allegó contestación de la demanda, mediante la cual solicitó que se declarara improcedente el amparo de los derechos invocados por el señor Wilson Hernández Gutiérrez toda vez que se carecía del requisito de relevancia constitucional y lo que buscaba era “lograr un nuevo pronunciamiento judicial frente a su caso”.
21. Aseguró que no está en discusión si el tutelante es beneficiario o no del régimen especial de alto riesgo para miembros del INPEC, pues como bien lo atendió COLPENSIONES, mediante la Resolución No. GNR 27868 de 6 de febrero de 2015, sí lo es.
22. Señaló que el punto central, es la posibilidad de incluir todos los factores económicos percibidos por el accionante durante su último año de servicio con la finalidad de obtener la reliquidación de su mesada pensional. De esta forma, si bien no existe una posición pacífica dentro de la jurisprudencia del Consejo de Estado, sobre el Ingreso Base de Liquidación (en adelante IBL) aplicable a los miembros del régimen del INPEC, sí se puede hallar una tendencia a unificar la postura respecto al régimen de transición dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a través de la cual “si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, y si le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, 2 Artículo 1.° Contestación Tutela- Rad. 2021-002776 16 (sic) el que fuere superior, actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE”.
1.6.3. Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
23. Por medio de correo electrónico enviado el 02 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la entidad allegó informe mediante el cual solicitó que se declarara improcedente la acción, al considerar que se buscaba usarse la acción de tutela como una tercera instancia.
24. Indicó que sobre la materia existe cosa juzgada toda vez que el asunto ya fue revisado por el juez natural de la causa, por lo que la acción de tutela aquí presente “invade la órbita del juez ordinario y su autodominio, pero además excede las competencias del juez constitucional, en la medida que no se probó vulneración a derechos fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga viable proteger derecho alguno”.
1.6.4. Wilson Ayala Pérez – Presidente Federación Colombiana de Trabajadores del Sistema Penitenciario y Carcelario (FECOSPEC)
25. Mediante correo remitido el 1º de julio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el presidente de FECOSPEC, remitió memorial de coadyuvancia en el que manifestó que se han venido profiriendo fallos por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los que se ha reconocido el pago de la mesada pensional a los funcionarios del INPEC, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, bajo el régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
1.7. Fallo impugnado
26. Mediante sentencia del 2 de julio de 2021, notificada vía correo electrónico el 12 del mismo mes y año, la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado negó lo pretendido en la demanda interpuesta por el señor Wilson Hernández Gutiérrez, encausando los argumentos bajo el defecto sustantivo.
27. De esta manera, explicó que a través de la extensa línea jurisprudencial dispuesta por la Corte Constitucional, se ha establecido que el IBL no hace parte del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
28. Argumentó que incluso, mediante sentencia SU – 395 de 2017 al resolver un caso de un servidor que fungió como dragoneante del INPEC, se plasmó dicha postura en los siguientes términos:
“10.2.3.2. Sobre el particular, la Sala Plena anticipa que denegará el amparo solicitado debido a que no encuentra que el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca haya incurrido en ningún defecto específico susceptible de ser protegido mediante la acción de tutela.
A esta conclusión se arriba con fundamento en el análisis esbozado en los casos anteriores sobre el alcance del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según el cual sólo deben mantenerse las prerrogativas de los regímenes anteriores en cuanto a (i) edad, (ii) tiempo de servicios y (iii) monto de la pensión, entendido como tasa de reemplazo. De manera que el ingreso base de liquidación y los factores salariales por aplicar deben ser los consagrados en la Ley 100 de 1993 y el desarrollo normativo posterior (Decreto 1158 de 1994). A esta misma inferencia llegó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia impugnada, atendiendo la interpretación constitucionalmente admisible en los términos de los argumentos ya explicados en la presente sentencia”.
29. Concluyó entonces el a-quo que “la regla fijada por la Corte Constitucional, consiste en que el Ingreso Base de Liquidación (IBL) no hace parte del régimen de transición consagrado en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aplica tanto para el régimen general como para los regímenes especiales, por lo que el IBL se debe calcular en los términos del inciso tercero de ese artículo, en concordancia con el artículo 21 de la misma ley, y solo teniendo en cuenta los factores sobre los que se hubiera cotizado”.
30. Así, señaló dicha Sala que las sentencias aducidas y las autoridades censuradas no incurrieron en defecto sustantivo y desde el punto de vista constitucional, sus decisiones no merecen reproche alguno.
1.8. Impugnación
31. Mediante escrito enviado el 14 de julio de 2021 al correo electrónico de la Secretaría General de la Corporación, el accionante impugnó la sentencia del 2 del mismo mes y año proferida por la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado y notificada el 12 de julio siguiente.
32. La impugnación fue concedida por auto del 19 de julio de 2021, notificando a las partes y los terceros intervinientes el 21 del mismo mes y año e ingresó al Despacho de la Magistrada que funge como ponente el 22 siguiente.
33. Arguyó el accionante que de conformidad con el artículo 48 constitucional, la liquidación de las pensiones tendrá en cuenta solamente los factores sobre los que cada persona hubiese efectuado las cotizaciones.
34. De lo anterior, indicó que por lo dispuesto en el Decreto 1950 de 2005, los miembros del INPEC que hubiesen ingresado antes del 26 de julio de 2003 les será aplicable lo dispuesto por la Ley 32 de 1986 y los factores salariales señalados en el Decreto 1045 de 1978.
35. Adicionalmente, apuntó que el régimen pensional al que se encuentra sujeto es especial y por lo tanto por fuera de la órbita del Sistema General de Pensiones, esto es el de régimen solidario de prima media con prestación definida o el régimen de ahorro individual con solidaridad, por lo que no puede afirmarse que los factores a tener en cuenta en el IBL deban ser los que dispone la Ley 100 de 1993.
36. Así las cosas, señaló que el INPEC expidió la Circular No. 00000027 del 12 de junio de 2013 que estableció que para los funcionarios cobijados por el régimen de transición los descuentos y aportes pensionales deberán efectuarse sobre los factores salariales de: asignación básica mensual, gastos de representación y la prima técnica, los dominicales y feriados, horas extras, auxilios de alimentación y transporte, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, viáticos, incrementos salariales por antigüedad, prima de vacaciones, valor de trabajo suplementario y, primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de 1968.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
37. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la parte actora en contra de la sentencia del 02 de julio del 2021 proferida por la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2 Cuestión previa
2.2.1. Sobre la coadyuvancia
38. Un día antes de ser proferida la sentencia de primera instancia, el señor Wilson Hugo Ayala Pérez, en su calidad de teniente del INPEC y presidente de FECOSPEC, manifestó su intención de coadyuvar la demanda.
39. Sobre la coadyuvancia en la acción de tutela, se resalta que está expresamente prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, y que frente a la misma la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente: “El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 consagra que “[…] [q]uien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
40. Para actuar como coadyuvante, la jurisprudencia ha interpretado que la disposición antes transcrita contiene solo una exigencia: demostrar un interés legítimo en el resultado del proceso. Luego, si el juez de tutela ha acreditado el interés del tercero o terceros intervinientes para actuar dentro del proceso, se les debe permitir su vinculación sin que para el efecto se señale una forma específica para hacerlo.
41. En este respecto, en la sentencia T- 435 de 2006, se expuso lo siguiente:
“En sus pronunciamientos sobre la coadyuvancia, la Corte Constitucional, interpretando el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, ha entendido que terceros ajenos a la conculcación de los derechos fundamentales con interés en el resultado de un proceso de tutela pueden intervenir de diferentes formas, buscando defender sus intereses”.
6.2.1 Además, esta Corporación ha considerado que permitir la participación de la persona o personas dentro del proceso de tutela cuando la decisión que se adopte dentro del mismo pueden afectarlos, realiza el contenido del artículo 2 Superior que establece como fin esencial del Estado: “…facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan…”, como también la efectividad del artículo 29 de la Constitución, en lo atinente a la garantía del derecho al debido proceso”.
42. A juicio de la Sala, aunque el juez de tutela de primera instancia no realizó pronunciamiento alguno sobre la solicitud de coadyuvancia del señor Wilson Hugo Ayala, no se evidencia que exista un interés legítimo ni se acreditó la afectación sustancial y concreta que podría sufrir el solicitante con el resultado de la presente acción constitucional.
43. Aun cuando el señor Wilson Hugo cuenta con la calidad de pre-pensionado del INPEC, la solicitud se limita a señalar dos sentencias dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con fechas del 2019 y 2020 en las que no figura como sujeto procesal y que no dan cuenta de ser providencia judicial que dé finalización a los respectivos procesos en segunda instancia, por lo que tampoco se estiman como argumento para aceptar la solicitud de coadyuvancia.
44. En ese orden de ideas, en la parte resolutiva de la presente decisión, se negará
la coadyuvancia a la parte accionante, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 71 del Código General del Proceso, la solicitud de coadyuvancia puede realizarse mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia, y en el presente caso, dicha petición se realizó antes del fallo de segunda instancia, esto es, en un momento procesal en el que no se ha proferido una decisión definitiva.
2.3. Legitimación en la causa
45. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
46. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.
47. Desde que fue proferida la sentencia T-416 de 1997 por parte de la Corte Constitucional, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.
48. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “[e]sta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.
49. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, se indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
50. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.
51. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el señor Wilson Hernández Gutiérrez es el titular de los derechos fundamentales que reclama en consideración a que figura como el demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 730013333-008-2016-00215-00/01.
52. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial del derecho presuntamente vulnerado.
53. En relación con las autoridades accionadas, se advierte que la demanda se dirigió contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Ibagué que, a juicio de la parte actora, vulneraron sus derechos fundamentales, por lo que estas se encuentran legitimadas en la causa por pasiva.
54. Sin embargo, se debe precisar que la presente acción se estudiará en contra de la decisión de segunda instancia proferida en el marco de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el hoy accionante que dio finalización al proceso ordinario.
55. Lo anterior por cuanto se vulneraría el derecho al debido proceso pues de acceder a la totalidad de las pretensiones planteadas por la parte accionante se estaría obligando a los sujetos procesales a repetir el proceso desde el estudio de primera instancia, vulnerando la autonomía e independencia del juez de causa.
2.4. De la adecuación del defecto alegado
56. Si bien el tutelante alegó que las sentencias discutidas habían incurrido en un defecto fáctico, la Sección Tercera – Subsección A de esta corporación al analizar en primera instancia la presente acción constitucional encausó, conforme a los argumentos esgrimidos por la parte actora el defecto como sustantivo.
57. De conformidad con lo anterior y bajo la línea argumentativa expuesta por el demandante, tanto en la acción de tutela como en el memorial de impugnación, esta Sala concluye que el defecto alegado es el sustantivo.
2.5. Problema jurídico
58. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la providencia del 02 de julio de 2021, dictada en la acción de tutela del vocativo de la referencia, instaurada con el fin de reclamar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social así como la protección a los principios de inescindibilidad de la norma, de seguridad jurídica y de favorabilidad.
59. En consecuencia, en lo atinente al examen de la situación fáctica expuesta por la parte actora, del material probatorio recaudado, de los argumentos expuestos en el libelo introductorio y en la impugnación, el problema jurídico que subyace al caso concreto es el siguiente:
¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?
60. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿Vulneraron, el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Ibagué, las garantías constitucionales invocadas, por presuntamente incurrir en defecto sustantivo al proferir las sentencias del 15 de abril de 2021 y del 9 de octubre de 2018 respectivamente, que negaron las pretensiones de la demanda en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado No. 730013333-008-2016-00215-00/01?
61. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; iii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; iii) análisis del caso en concreto.
2.6. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
62. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema y declaró su procedencia.
63. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
64. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
65. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.7. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.7.1. Relevancia constitucional
66. Para el caso en concreto, la Sala encuentra que este requisito sí se encuentra cumplido, por cuanto, al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la controversia propuesta por la parte actora es de naturaleza constitucional al solicitar la protección de sus garantías constitucionales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social así como la protección a los principios de inescindibilidad de la norma, de seguridad jurídica y de favorabilidad.
67. De acuerdo con lo anterior, en el presente caso, el accionante cumple con el requisito de evidenciar una tensión entre la providencia censurada y el núcleo esencial de los derechos fundamentales alegados, mediante la argumentación que desplegó en torno a los motivos por los que consideró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico.
68. Dicha pericia argumentativa en la exposición del criterio del demandante con respecto a la relación entre la providencia judicial y la vulneración de sus derechos fundamentales, es lo que permite la superación de este requisito y evidencia que la controversia trasciende de un orden exclusivamente legal; lo anterior, se cumple con independencia del yerro en el razonamiento jurídico en que pueda incurrir la parte actora, pues precisamente lo acertado o erróneo de su proceder argumentativo es lo que debe ser indagado con suficiencia por el juez en las consideraciones de fondo que sustenten su decisión, en caso de ser superados los requisitos de procedibilidad adjetiva.
2.7.2. Tutela contra tutela
69. La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, ya que las providencias censuradas fueron proferidas dentro del proceso interpuesto por el señor Hernández Gutiérrez contra Colpensiones, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 730013333-008-2016-00215-00/01que promovió el accionante contra COLPENSIONES.
2.7.3. Inmediatez
70. En relación con este requisito, al igual que el a quo constitucional, la Sala advierte que la parte actora interpuso la tutela en un plazo razonable y proporcionado frente a los cargos esbozados contra la sentencia del 15 de abril de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.
71. Lo anterior, por cuanto al revisar el expediente que reposa en el acervo probatorio allegado, se evidenció que la providencia fue notificada el 27 de abril del año en curso a través de correo electrónico.
2.7.4. Subsidiariedad
72. La Sala encuentra que se supera este requisito, pues la parte actora no dispone de otros medios de defensa judicial ordinarios para debatir la providencia cuestionada, teniendo en cuenta que se trató de un fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima que confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Ibagué.
73. En cuanto a los mecanismos extraordinarios establecidos, no proceden en el caso concreto, por no cumplirse con los presupuestos de los artículos 248, 250 y 257 de la Ley 1437 de 2011.
2.8. Caso concreto
2.8.1. Del defecto sustantivo
74. Mediante la sentencia de unificación SU – 632 de 2017, se aclaró que este defecto “parte del reconocimiento de que la competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta. En consecuencia este defecto se materializa cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto”.
75. Ha señalado el demandante que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en este error al hacer uso de la normatividad no aplicable al caso por cuanto deben tenerse en cuenta los factores salariales a los que hace referencia el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 devengados durante el último año de servicio para el cálculo de su IBL en la liquidación pensional y no, como lo expusieron los jueces de causa, lo dispuesto por la Ley 100 de 1993.
76. Se alegó también que se hizo una aplicación indebida de los preceptos contenidos en la sentencia SU – 230 de 2015, cuyo ejercicio racional excluye otras posturas dictadas por el Consejo de Estado en el que se armoniza el derecho a la obtención de una pensión con el 75 % de todos los factores salariales devengados en el último año sin afectar el equilibrio financiero del régimen pensional.
77. La Sección Quinta, sobre el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, de forma reiterada ha manifestado que a partir de la sentencia de unificación dictada 28 de agosto de 2018, se propicio por realizar una interpretación armónica en la que para la liquidación del monto pensional el IBL a tener en cuenta es el previsto en el inciso 3º del artículo 36 de dicha norma.
78. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desde el año 2008, ha mantenido una posición reiterada en relación con el tema, al indicar que:
“Es sabido que con los regímenes de transición especialmente creados para cuando se modifiquen los requisitos para acceder a los derechos pensionales, se ha buscado por el legislador no afectar de manera grave las expectativas legítimas de quienes, al momento de producirse el cambio normativo, se hallaban más o menos próximos a consolidar el derecho.
Desde luego, esos regímenes pueden tener diferentes modalidades respecto de la utilización de la nueva preceptiva y la vigencia de las normas derogadas o modificadas, de ahí que no impliquen necesariamente la aplicación, en su integridad, de estas normas, que, por lo general, consagran beneficios más favorables al trabajador o al afiliado a la seguridad social. Ya la Corte Constitucional ha explicado, al referirse al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que goza el legislador de un amplio poder de configuración al momento de definir la protección que le otorgue a las expectativas de los ciudadanos, como las referidas a los derechos prestacionales.
Precisamente con el régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para los beneficiarios la aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del Sistema General de Pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones legales, sino que pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo 36 citado.
[…] De tal suerte que esa mixtura normativa, que no constituye un exabrupto jurídico, pues es característica de los regímenes expedidos para regular transiciones normativas, surge del propio texto de la ley y no es resultado de una caprichosa interpretación de las normas que instituyeron el sistema de seguridad social integral en pensiones.
Y es claro, además, que al ingreso base de liquidación de la pensión se le quiso continuar otorgando una naturaleza jurídica propia, no vinculada al monto, porcentaje o tasa de reemplazo de la prestación, que es otro elemento de ésta, pero diferente e independiente; pues al paso que el ingreso base corresponde a los salarios devengados por el trabajador o a la base sobre la cual ha efectuado sus aportes al sistema, según el caso y el régimen aplicable, el monto de la pensión debe entenderse como el porcentaje que se aplica a ese ingreso, para obtener la cuantía de la mesada”.
79. Por su parte, el 7 de mayo de 2013, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-258 de 2013 fijó la regla de aplicación del IBL en el siguiente sentido:
“4.3.6.3. Sobre el Ingreso Base de Liquidación
La Corte declarará la inexequibilidad de la expresión “durante el último año”, contenida en el primer inciso del artículo 17 de la Ley 4 de 1992. Además, teniendo en cuenta que, de un lado, la declaración de inconstitucionalidad de la expresión referida creará un vacío en materia de regla de Ingreso Base de Liquidación, y de otro, tal vacío puede conducir a una situación de inconstitucionalidad aún más grave, pues haría imposible la liquidación de las pensiones y limitaría entonces de forma absoluta el derecho a la seguridad social en pensiones de los beneficiarios del régimen especial bajo estudio, la Sala, por medio de un condicionamiento, debe establecer un criterio compatible con la Constitución dentro del respeto al margen de configuración del Legislador.
Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100. En efecto, el artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para quienes el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años para pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar el derecho a la pensión, o (b) el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”. (ii) En los demás casos, es decir, en la hipótesis de las personas a quienes el 1° de abril de 1994 les faltaban más de 10 años para reunir los requisitos de causación de la pensión, a falta de regla especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta que el inciso segundo ibídem solamente ordena la aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes especiales sobre edad, tiempo de cotización o servicios prestados, y tasa de reemplazo, se les debe aplicar la regla general del artículo 21 de la Ley 100, el cual indica:
‘ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo’.
En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100, el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo 36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la Ley 100 referidas.
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionadas a que se entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso”.
80. Así pues, aunque la Corte se ocupaba, en dicha oportunidad, de un asunto relacionado con el régimen de transición en pensiones de los Congresistas, lo cierto es que en materia de aplicación del IBL, para efectos de la liquidación de la pensión, fijó una regla general al indicar que este no quedaba cobijado por las normas de transición. Su estudio se basó en las normas del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con el análisis correspondiente y, adicionalmente, señaló que esa interpretación permitía llenar el vacío que se produciría por la declaración de inexequibilidad que en este caso se estaba haciendo.
81. Es así como en posteriores decisiones, la Corte Constitucional tuvo en cuenta esa regla para señalar que el ingreso base de liquidación debe ser el fijado de conformidad con el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
82. Igualmente, en la sentencia SU-230 de 2015, consideró que:
“2.6.2. Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 fijó el precedente que debe ser aplicado al caso que se estudia, en cuanto a la interpretación otorgada sobre el monto y el ingreso base de liquidación en el marco del régimen de transición, y por ende, a todos los beneficiarios de regímenes especiales.
[…] Con fundamento en estas razones, la Sala Plena de la Corte declaró inexequible la expresión “durante el último año” y estableció que el IBL aplicable debía ser el dispuesto en el régimen general del artículo 36 de la Ley 100. Es necesario advertir en este punto que, a diferencia de la jurisprudencia vigente de las Salas de Revisión de Tutela de la Corte Constitucional sobre la aplicación inescindible de los regímenes especiales, incluyendo las condiciones del IBL, esta providencia declara la inexequibilidad de la norma especial y ordena remitirse al régimen general de pensiones. Esto se encuentra suficientemente justificado en la medida en que, para la Sala, al igual que ocurre con las reglas de Ingreso Base de Liquidación, factores y beneficiarios, la expresión aludida (i) vulnera el principio de igualdad en tanto conduce a la transferencia de subsidios públicos excesivos a un grupo de personas que no sólo no están en condición de vulnerabilidad o debilidad, sino que, por el contrario, por regla general pertenecen a un sector en mejores condiciones socio-económicas; e (ii) impone un sacrificio desproporcionado de los principios y finalidades de la seguridad social.
[…] 3.2.2.1. Es importante recordar que el propósito original del legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 fue crear un régimen de transición que beneficiara a las personas que tenían una expectativa legítima de pensionarse bajo la normativa que sería derogada con la entrada en vigencia de la ley 100. En concreto, en la Sentencia C-258 de 2013 se señaló que, el beneficio derivado de pertenecer al régimen de transición se traduce en la aplicación posterior de las reglas derogadas en cuanto a los requisitos de (i) edad, tiempo de servicios o cotizaciones y (iii) tasa de reemplazo. Sin embargo, frente al ingreso base de liquidación (IBL) la Corte sostuvo que no era un aspecto a tener en cuenta en dicho régimen.
Dicha voluntad del legislador, afirmó la Corte, puede evidenciarse del mismo texto del inciso tercero del artículo 36 de la ley 100. Agregó que entender lo contrario, en el caso particular del régimen especial derivado del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, desconocía el derecho a la igualdad.
Así, este Tribunal declaró inexequible la expresión ‘durante el último año’ señalando que el IBL debía calcularse de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Como se evidencia, la Corte, en sede de control abstracto de constitucionalidad, adoptó una interpretación sobre la aplicación integral del régimen especial de los beneficiarios del régimen de transición e interpretó la regla a seguir sobre el IBL, estableciendo que este no era un aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 100.
[…] 3.2.2.2. Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca.
[…] 3.2.2.5. Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Sala evidencia que en el caso del actor no existe vulneración de su derecho al debido proceso, específicamente, no se estructuró el defecto sustantivo alegado, en razón a que si bien existía un precedente jurisprudencial que seguían las salas de revisión para resolver problemas jurídicos como el que ahora el actor pone a consideración de la Corte, lo cierto es que dicho precedente cambió a partir de los recientes pronunciamientos de la Sala Plena, en donde fijan un precedente interpretativo sobre el alcance de los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Sobre este punto, la sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia objeto de reproche, realiza el siguiente análisis:
‘Precisamente con el régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para los beneficiarios la aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del Sistema General de Pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones legales, sino que pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo 36 citado’”.
83. Como se observa la interpretación de la Sala Laboral del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria no contraría la interpretación que fijó la Sala Plena de la Corte Constitucional acerca del IBL en el régimen de transición.
84. Establecido el punto anterior y aclarando que el IBL no hace parte del régimen de transición, en concordancia con la respuesta del Tribunal Administrativo del Tolima, no se discute si la parte accionante es o no beneficiaria del régimen de riesgo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 y cuyos efectos se extienden de conformidad con el parágrafo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 de 2005.
85. Para el juez de la causa, se trató entonces de determinar si la mesada pensional otorgada al tutelante debía ser calculada con un IBL que incluyera la prima de riesgo, el subsidio de alimentación, el subsidio de unidad familiar, el auxilio de transporte, la prima de vacaciones, la prima de navidad, la prima de servicios, la prima de capacitación y la prima de vigilante de instructores.
86. El Tribunal Administrativo del Tolima concluyó que de conformidad con la interpretación hermenéutica del artículo 48 de la Constitución Política, se hizo la debida aplicación de las normas legales al caso.
87. Fue a partir de allí que la autoridad accionada indicó que la aplicación del artículo 48 constitucional únicamente integra, en el conjunto de normas aplicables al caso en concreto, a las disposiciones de la Ley 32 de 1986, sin otorgar vigencia a la normatividad aplicable en dicha época y que el accionante alega como desconocida.
88. Así mismo, a través del estudio de la jurisprudencia fijada por el Consejo de Estado, la autoridad judicial demandada señaló que de conformidad con las reglas fijadas en la sentencia del 28 de agosto de 2018, al señor Wilson Hernández Gutiérrez no le era posible obtener una reliquidación pensional teniendo en cuenta únicamente lo cotizado durante el último año. Citó el Tribunal sobre dicha decisión lo siguiente:
“1. El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
2. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones”.
89. La sentencia que fue referida por el Tribunal avaló la tesis de la Corte Constitucional ya expuesta y la cual fijó una posición pacífica por parte del Consejo de Estado respecto de la determinación del IBL, estableciendo un precedente que se ha venido aplicando de manera uniforme.
90. De manera razonable, sustentó la autoridad judicial accionada, que al hoy tutelante, le era aplicable el régimen dispuesto en la Ley 32 de 1986 pero que su IBL debía ser calculado de conformidad con el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Dijo el Tribunal:
“En ese orden de ideas, se evidencia que COLPENSIONES para liquidar la pensión del señor ALDEMAR GUZMAN QUINTERO tuvo en cuenta el 75% de los factores devengados durante los ultimo diez (10) años de servicios incluyendo como factores la asignación básica y la bonificación por servicios prestados al estar dentro de los emolumentos señalados en el Decreto 1154 de 1998, sin tener en cuenta la prima de capacitación, advirtiéndose que no era procedente su inclusión, como quiera que la misma no constituye factor salarial, tal y como lo dispuso el artículo 6 del Decreto 446 de 1994, mediante el cual se estableció el régimen prestacional de los servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario, INPEC
[…] En este sentido, del contenido de las resoluciones demandadas, se aprecia que COLPENSIONES efectuó la liquidación de la pensión del señor WILSON HERNANDEZ GUTIERREZ, tomando como base el promedio de lo devengado o cotizado durante los ultimo diez (10) años de servicios, es decir, siguiendo las reglas establecidas en el régimen de transición del Sistema General de Pensiones, así mismo, para establecer el Ingreso Base de Liquidación tuvo en cuenta los factores salariales señalados en el Decreto 1158 de 1994, por tales motivos se despachará desfavorablemente la pretensión elevada referente a la reliquidación pensional, como quiera que la misma estuvo ajustada a ley y la jurisprudencia, tal y como lo consideró la Juez de primera instancia”.
91. En efecto, para el Tribunal accionado, las personas vinculadas al INPEC con anterioridad al 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003 y que desempeñaron actividades de alto riesgo como integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia carcelaria del INPEC, le resultan aplicables las prerrogativas de edad y tiempo de servicios establecidas en el artículo 96 de la ley 32 de 1986 para la obtención de su pensión, pero como en dicha ley no se establece la forma de liquidar tal prestación pues remite a las normas vigentes para los servidores públicos nacionales, debe acudirse a las regulaciones del Sistema General de Pensiones que se aplica a la generalidad de los empleados públicos que reciben su pensión durante su vigencia. Así las cosas, la autoridad judicial demandada manifestó que, el IBL se determina con base en el promedio de los ingresos obtenidos por el pensionado en los últimos 10 años de servicio, incluyendo en su liquidación los factores salariales previstos para ese efecto en el Decreto 1158 de 1994, aplicable para todos los servidores públicos a partir de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones.
92. Valga la pena recalcar que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-258 de 2013, fijó la regla de aplicación del IBL en el sentido de indicar que era inexequible la expresión "durante el último año" contenida en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, y exequible el resto del precepto normativo, bajo la condición de que se entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso.
93. Teniendo en cuenta lo anterior, no le asiste razón al tutelante al afirmar que no es aplicable la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, debido a que la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 consideró que la ratio de esta no sería aplicable a otros regímenes especiales o exceptuados, como sería aquel del INPEC, pues aquello no fue lo resuelto por la Corte Constitucional en la mencionada decisión de constitucionalidad.
94. Sumado a lo anterior, si bien el Consejo de Estado no se pronunció sobre el régimen pensional del INPEC en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, lo cierto es que la regla allí establecida fue aplicada por el Tribunal accionado, en la medida en que para el IBL se deben tener en cuenta los últimos 10 años de servicio y no solamente el último.
95. Es así como en posteriores decisiones, la Corte Constitucional tuvo en cuenta esa regla para señalar que el ingreso base de liquidación debe ser fijado de conformidad con el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
96. Por su parte, la sentencia de constitucionalidad C-651 de 2015, al analizar la naturaleza de las pensiones en las profesiones de alto riesgo contenida en el Decreto 2090 de 2003, consideró que la Ley 32 de 1986 no determinó un régimen de naturaleza especial sino que, por el contrario, estableció normas particulares para la adquisición de la pensión de vejez por la actividad desarrollada dentro del estatuido de manera general por la Ley 100 de 1993, reiterándose el cumplimiento de los requisitos de los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 6 del Decreto 2090 de 2003, para gozar de la aplicación de la referida ley; de tal manera que la actividad de riesgo no se considera exceptuada en relación con el sistema general de pensiones.
97. Contrario a lo sustentado por el accionante, no se desconoció el régimen de transición ni tampoco lo dispuesto por el Decreto 2655 de 2014 que amplió la vigencia del régimen de pensiones para las actividades de alto riesgo dispuestas en el Decreto 2090 de 2003, sino que se reconoció su derecho y se hizo aplicación de las disposiciones jurisprudenciales vigentes, según las cuales el IBL con el que se liquidó su derecho pensional no era susceptible de incluir los factores únicamente devengados en el último año de servicios, pues ya la postura tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, ordenaban fuese liquidada la pensión teniendo en consideración los factores de los últimos diez años, al haber adquirido su derecho pensional con posterioridad al 08 de mayo de 2013.
98. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala no encuentra que la providencia proferida por la autoridad judicial accionada esté revestida de arbitrariedad o capricho, en la medida en que la interpretación y aplicación de las disposiciones normativas sobre el régimen pensional que cobija a los funcionarios del INPEC, fueron producto de un razonable proceder.
99. Esta conclusión ya había sido señalada por el a-quo de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, quien tomó en cuenta la respuesta otorgada por COLPENSIONES que indicó que de conformidad con la Circular Interna 01, se entiende que quien hubiese adquirido el derecho pensional a partir del 8 de mayo de 2013, se hará el cálculo del IBL de acuerdo con los dispuesto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, situación que se ajustaba a los presupuestos fácticos del demandante.
100. Con respecto a la labor del juez de tutela en los casos en los que debe estudiar de fondo la existencia o no de un defecto sustantivo, es menester traer a colación lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia T-192 del 17 de abril de 2015, pronunciamiento mediante el cual se precisa que el operador jurídico se enfrenta a múltiples posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación de normas a un caso en específico.
101. En tal sentido, indica el Máximo Tribunal que no es labor del juez constitucional señalar cuál de tales posibilidades es la “correcta” o aquella que más conviene en un caso en concreto, pues ello vulneraría la independencia y autonomía con la que cuenta el juez en el trámite ordinario; no obstante, dicha autonomía encuentra su límite en las interpretaciones arbitrarias o caprichosas que pueda llevar a cabo y, por tanto, el juez constitucional debe constatar, caso a caso, que el ejercicio hermenéutico del juez se ajusta a una interpretación razonable de la Constitución, la ley y los precedentes sobre la materia.
102. De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que abordar una discusión sobre la especificidad legal de la materia estudiada implicaría, en el presente caso, trascender la órbita en la que debe actuar el juez constitucional.
103. De esta manera, no hay lugar a la declaratoria de amparo constitucional, pues se desestima la configuración del defecto sustancial en la providencia judicial censurada.
2.9. Conclusión
104. De conformidad con las razones expuestas, se confirmará el fallo de primera instancia que negó la protección constitucional al no encontrarse probado el defecto sustantivo de las sentencias proferidas en primera y segunda instancia dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, por el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la coadyuvancia a la parte accionante de Wilson Ayala Pérez como presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores del Sistema Penitenciario y Carcelario.
SEGUNDO: CONFIRMAR la providencia del 02 de julio de 2021 dictada por la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado que NEGÓ la acción de tutela promovida por el señor Wilson Hernández Gutiérrez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAUJO OÑATE
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
La acción de tutela fue enviada al buzón web HYPERLINK "mailto:secgeneral@consejodeestado.gov.co" secgeneral@consejodeestado.gov.co. Consideró el Tribunal que no se discutía si al demandante debía aplicársele el régimen especial para los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria contenido en la Ley 32 de 1986, sino que en virtud del principio de congruencia, se debía analizar la reliquidación del monto pensional. De esta manera y a través de la aplicación de la jurisprudencia del Consejo de Estado, consideró que el IBL sobre el cuál debía efectuarse la liquidación teniendo en cuenta los factores salariales cotizados durante los últimos 10 años y no sobre aquellos percibidos durante el último año. Para ello, tomó en cuenta los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994. Citó las sentencias C–258 de 2013, SU–210 de 2017, SU–631 de 2017, SU–427 de 2016 y SU-395 de 2017. Corte Constitucional, sentencia T-533 del 30 de septiembre de 1998. M.P. Hernando Herrera Vergara. Corte Constitucional, sentencia de T-349 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511, 08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicado No. 33343, sentencia de 17 de octubre de 2008, Magistrado Ponente. Gustavo José Gnecco Mendoza. Corte Constitucional. Sentencia T-078/14, M.P. Mauricio González Cuervo. Ídem. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia 52001-23-33-000-2012-00143-01. M.P César Palomino Cortés.
Ídem.
“[...] si el legislador hubiera en ese contexto querido atribuirles la connotación de un régimen especial o exceptuado, las previsiones habrían estado, mejor, ubicadas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, donde se enunciaron los regímenes especiales, exceptuados de las prescripciones del nuevo sistema general de pensiones [...]” (Sentencia C-651-15).
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