Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-02831-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-02831-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-02831-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-02831-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: JORGE ROBERTO ALVARADO VILLAREAL
TESIS: SE REVOCA EN SU TOTALIDAD LA DECISIÓN DEL A QUO Y,
EN SU LUGAR, SE DENIEGA EL AMPARO, TODA VEZ QUE LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN DEFECTO
ORGÁNICO - COMPETENCIA DE LOS MAGISTRADOS DE LA SALA
JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA OPERÓ HASTA LA FECHA DE POSESIÓN DE LOS
MIEMBROS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la
sentencia de 6 de agosto de 2021, proferida por la Sección Tercera -
Subsección “C”- del Consejo de Estado1 que declaró improcedente la
solicitud de amparo.
1 En adelante Sección Tercera.
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ACTOR: JORGE ROBERTO ALVARADO VILLAREAL
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor JORGE ROBERTO ALVARADO VILLAREAL, actuando a
través de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, hoy Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al
proferir la providencia de 15 de enero de 2020, dentro del proceso
disciplinario identificado con el número único de radicación 52001-
11-02-000-2014-00696-02.
I.2.- Hechos
Refirió que mediante el Acuerdo núm. 009 de 19 de febrero de 2009,
expedido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, fue
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nombrado Juez Primero Penal del Circuito Judicial de Tumaco, en
provisionalidad.
Sostuvo que el 9 de septiembre de 2014, el señor JOSÉ JUNIOR
MEZA RIVERA, quien se encontraba privado de la libertad en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Tumaco, presentó queja en su contra porque había transcurrido un
año y siete meses desde la emisión del sentido del fallo, sin que se
hubiese dictado la sentencia correspondiente.
Adujo que el conocimiento de la referida acción disciplinaria le
correspondió a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Nariño que, mediante sentencia de 21 de junio de
2019, lo declaró disciplinariamente responsable y ordenó su
suspensión por dos meses en el ejercicio del cargo, bajo el
argumento de que permitió un gran de número de aplazamientos, lo
que derivó en una tardanza excesiva entre la fecha en que se dictó
el sentido del fallo y aquella en la que se profirió.
Resaltó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación el cual fue desatado por la Sala Disciplinaria del Consejo
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Superior de la Judicatura que, mediante sentencia de 15 de enero de
2020, confirmó la sentencia de primera instancia, bajo el argumento
de que el sancionado había cometido una falta grave en la modalidad
culposa.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
orgánico, toda vez que la Sala que profirió y suscribió la providencia
controvertida estaba conformada por dos magistrados que carecían
de competencia para ello, pues cuando la suscribieron ya había
fenecido el período constitucional del cargo de los doctores JULIA
EMMA GARZÓN DE GÓMEZ y PEDRO SANABRIA BUITRAGO.
Afirmó que en la sentencia SU-355 de 2020, la Corte Constitucional
sostuvo que los magistrados de las altas Cortes pueden permanecer
en sus cargos durante un término máximo de 8 años; y transcribió
apartes de la sentencia dictada el 21 de octubre de 20202 por la Corte
Suprema de Justicia, que reiteraban esa premisa.
2 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 21 de octubre de 2020, rad. 56732, M.P. José
Francisco Acuña Viscaya.
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Manifestó que la decisión cuestionada incurrió en violación directa de
la Constitución, toda vez que desconoció el principio del juez natural,
el cual tuvo desarrollo, entre otras, en la sentencia SU-198 de 2013,
proferida por la Corte Constitucional.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
“[…] SEGUNDA. - Sírvase H. Magistrado decretar para que dentro
de los 10 días de expedido su fallo de tutela ordene al Consejo
Superior de la Judicatura hoy comisión seccional de disciplina
judicial suspenda los efectos del fallo de segunda instancia de
fecha 15 de enero de 2020 dentro del disciplinario radicado como
No. 2014-00696-02 (17154-38) que confirmó la sentencia de
primera instancia de fecha Junio 19 de 2019 proferida por el
Consejo Seccional de la Judicatura, por haber sido expedido por
un exmagistrado el cual no tenía competencia por vencimiento
de su periodo.
TERCERA. - Sírvase, oficiar a la Sala plena del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pasto se sirva suspender la ejecución del
fallo y el acto administrativo proferido en sesión de 6 de mayo
de 2021 a fin de que se abstenga de ejecutar la sanción impuesta
a mi poderdante Juez Primero Penal del Circuito de Tumaco (N)
Dr. Jorge Roberto Alvarado Villareal, dentro del disciplinario
radicado corno No. 2014-00696-02 (17154-38)
CUARTA. - Decrétese subsidiariamente solicito que este fallo de
tutela se tutele el derecho fundamental al debido proceso como
MECANISMO TRANSITORIO que permita garantizar dentro del
término de ley el acceso al servicio público de administración de
justicia mediante el medio de control de nulidad ante las
instancias administrativas […]”.
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I.5.- Defensa
I.5.1.- La Comisión Nacional de Disciplina Judicial señaló que
no fue quien emitió la decisión censurada, comoquiera que cuando
esta fue proferida, la competencia recaía en la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Agregó que el Acto Legislativo 02 de 2015, estableció que los ex
magistrados JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ y PEDRO
SANABRIA BUITRAGO ejercerían sus funciones hasta que se
posesionaran los titulares de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, posición que fue reiterada por esa Corporación mediante el
Auto 278 de 2015, por lo cual no se había configurado el defecto
alegado por el actor.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño
afirmó que los hechos esgrimidos en el escrito tuitivo no tienen
relación con el fallo de 21 de junio de 2019, proferido por esa
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Corporación, por lo que solicitó su desvinculación del trámite
constitucional de la referencia.
I.6.2.- La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial rindió
informe en el cual manifestó que en los registros del aplicativo de
nómina constaba que los ex magistrados SANABRIA BUITRAGO y
GARZÓN DE GÓMEZ registraron vinculación a la Rama Judicial, en
el cargo de magistrados de Alta Corte de la Sala Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, hasta el 12 de enero de 2021.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Sección Tercera mediante sentencia de 6 de agosto de 2021,
declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que no se
satisfizo el requisito de subsidiariedad, toda vez que lo que se
pretende es utilizar la solicitud de amparo constitucional para revivir
etapas procesales o medios defensivos que fueron omitidos por el
tutelante en la oportunidad procesal pertinente.
Afirmó que a pesar de haber tenido la oportunidad de censurar la
supuesta falta de competencia de la Magistrada ponente de la
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decisión y la transgresión del principio de juez natural en el desarrollo
del proceso disciplinario seguido en su contra, el actor se abstuvo de
hacerlo sin justificación alguna.
Adicionalmente, estimó que de conformidad con lo establecido en la
sentencia SU-355 de 2020 proferida por la Corte Constitucional, la
decisión cuestionada se dictó por dos particulares sin jurisdicción,
pues para la fecha en que suscribieron la sentencia cuestionada, esto
es, el 15 enero de 2020, no ostentaban la condición de funcionarios
de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, pues, su período de 8 años había concluido.
Así las cosas, ordenó que, por la Secretaría General, se remitiera
copia de la decisión y del expediente disciplinario núm. 52001-11-
02-000-2014-00696-02, a la Fiscalía General de la Nación para que,
si lo consideraba procedente, realizara las investigaciones tendientes
a determinar si los ex magistrados PEDRO ALONSO SANABRIA
BUITRAGO y JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ incurrieron en
alguna conducta que denotara responsabilidad penal.
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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Tercera, en los
siguientes términos3:
Sostuvo que la providencia cuestionada adolece de defecto orgánico
y además incurrió en violación directa de la Constitución, en la
medida en que dos de los magistrados que suscribieron dicha
sentencia, carecían de competencia para ello, pues, para esa fecha,
su período constitucional de 8 años había concluido.
Reiteró que la presente acción de tutela sí cumplía con el requisito
de subsidiariedad, pues dicho requisito no podía ser exigible en su
caso, pues estaba cuestionando un fallo suscrito por un juez sin
competencia y, además, utilizaba la presente solicitud de amparo
constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
3
La Sala advierte que la presente impugnación fue concedida mediante auto de 9 de
septiembre de 2022.
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Sostuvo que la providencia controvertida fue suscrita por
magistrados que carecían de competencia para ello, sin embargo, el
a quo desconoció dicha situación y centró su análisis únicamente en
la improcedencia de la acción y el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, lo cual, vulneraba su derecho al acceso a la
administración de justicia.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
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Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Nariño solicitó su desvinculación en la presente acción de tutela,
por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a
que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones
del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes
en relación con el interés sustancial que se discute en el
proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
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procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como
un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho
proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr
que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las
personas, y lo mismo señala el segundo
estatuto."(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es
responsable del menoscabo de los derechos fundamentales
del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse
la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción
de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable
de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o
cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”
(Destacado de la Sala).
Comoquiera que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Nariño fue la autoridad que profirió la sentencia de primera
instancia dentro del proceso disciplinario identificado con el número
único de radicación 52001-11-02-000-2014-00696-02, objeto de
reproche, como tercera le asiste interés en las resultas de la acción
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de tutela de la referencia, razón por la que la Sala denegará su
solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
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una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
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deje sin efecto la providencia de 15 de enero de 2020, proferida
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura – ahora Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por
medio de la cual se le sancionó con suspensión de dos (2) meses en
el cargo de Juez Primero Penal del Circuito Judicial de Tumaco, en
provisionalidad, dentro del proceso disciplinario identificado con el
número único de radicación 52001-11-02-000-2014-00696-02.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, habida cuenta que, a juicio del actor, la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos orgánico y violación directa de la
Constitución, en la medida que dos de los magistrados que
suscribieron la sentencia controvertida, carecían de competencia
para ello, pues, para ese momento su período constitucional de 8
años había concluido.
Añadió que la autoridad judicial accionada incurrió en violación
directa de la Constitución Política, en tanto violó el principio del juez
natural, el cual tiene desarrollo, entre otras, en la SU-198 de 2013,
proferida por la Corte Constitucional.
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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
Sección Tercera de esta Corporación que, mediante sentencia de 6
de agosto de 2021, declaró improcedente la solicitud de amparo al
considerar que no se satisfizo el requisito de la subsidiariedad, toda
vez que el accionante, a pesar de haber tenido la oportunidad de
censurar la supuesta falta de competencia y la trasgresión del
principio del juez de natural en el desarrollo del proceso disciplinario
seguido en su contra, se abstuvo de hacerlo.
Adicionalmente, ordenó que, por la Secretaría General, se remitiera
copia de la decisión y del expediente disciplinario núm. 52001-11-
02-000-2014-00696-02, a la Fiscalía General de la Nación para que,
si lo consideraba procedente, realizara las investigaciones tendientes
a determinar si los ex magistrados PEDRO ALONSO SANABRIA
BUITRAGO y JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ incurrieron en
alguna conducta que denotara responsabilidad penal, teniendo en
cuenta que al momento de proferirse la sentencia cuestionada, el
período constitucional de los citados magistrados ya se encontraba
caducado.
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Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión al estimar
que, contrario a lo advertido por el a quo, sí se cumple con el
requisito de la subsidiariedad, comoquiera que dicho requisito no
podía ser exigible en su caso, pues estaba cuestionando un fallo
suscrito por un juez sin competencia y, además utilizaba la presente
solicitud de amparo constitucional como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, hoy
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, incurrió en los defectos
endilgados al proferir la providencia de 15 de enero de 2020.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación.
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La Sala observa que, contrario a lo afirmado por el a quo, contra la
decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran
las causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248
y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss.,
ídem); en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, por cuanto la parte actora plantea con suficiente carga
argumentativa, las razones por las cuales, en su criterio, la autoridad
judicial accionada incurrió en los defectos endilgados y vulneró sus
derechos fundamentales invocados; la acción de tutela se interpuso
en un plazo razonable4 y, por último, la solicitud identifica los hechos
y derechos que se estiman lesionados.
Verificado lo anterior, corresponde determinar si la autoridad judicial
accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia del actor, dentro del proceso
disciplinario identificado con el número único de radicación 52001-
11-02-000-2014-00696-02.
4 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero
ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
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Conforme con lo anterior, la Sala procede a hacer el estudio del fondo
del asunto, circunscribiéndolo a los argumentos planteados en la
impugnación, a partir de los presupuestos del defecto orgánico.
Del defecto orgánico
En términos generales este defecto se presenta cuando la autoridad
judicial que profirió la providencia acusada carecía de competencia
para tal efecto, bien sea porque no existe norma que le otorgue la
respectiva función, o porque esta estuvo supeditada a un factor
temporal agotado para el momento en que fue ejercida.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU 072 de 2018,
con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, señaló:
“[…] Defecto orgánico. Tiene como fuente principal el artículo
121 de la Constitución, el cual dispone que las autoridades del
Estado solo pueden ejercer las funciones que les asigna la
Constitución y la ley. Ahora bien, ese postulado se
complementa, para el caso de los jueces, con lo dispuesto en el
artículo 29, ibídem, el cual establece que los ciudadanos deben
ser juzgados por juez o tribunal competente, esto es, por quien
la Constitución o la ley le asignó el conocimiento de un
determinado proceso, en otras palabras, por el juez natural.
La Corte, además de precisar esas fuentes, también ha
establecido su relación con el derecho al acceso a la
administración de justicia, anotando que exige: “(i) la
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preexistencia del juez, (ii) la determinación legal y previa de su
competencia en abstracto, incluso si es una competencia
especial o por fuero, y (iii) la garantía de que no será excluido
del conocimiento del asunto, una vez ha asumido regularmente
competencia, aunque una modificación legal de competencia
pueda significar un cambio de radicación del proceso en curso,
sin que se entienda que se desconoce el derecho al juez natural,
al tratarse de una “garantía no absoluta y ponderable”.
El desarrollo jurisprudencial también explica que este defecto
puede presentarse no solo por desconocer el factor funcional,
esto es, cuando se actúa sin que una norma otorgue facultad
para ello; sino también por el factor temporal si a pesar de tener
la competencia el funcionario actúa por fuera del tiempo previsto
[…]”.
En el presente asunto, el actor alegó que la Sala que profirió la
sentencia acusada no estuvo debidamente conformada, en razón a
que dos de sus siete miembros no tenían la investidura para tal
efecto.
Sobre el particular, en la sentencia de 15 de enero de 2020, aquí
cuestionada, en el acápite de competencia, la SALA
JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, explicó lo siguiente:
“[…] Competencia
Conforme a lo dispuesto en los artículos 256 numeral 3° de la
Constitución Política, 112 numeral 4° de la Ley 270 de 1996 y
59.1 de la Ley 1123 de 2007, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
es competente parara resolver el recurso de apelación
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interpuesto por el apoderado del doctor JORGE ROBERTO
ALVARADO VILLAREAL, Juez Primero Penal del Circuito de
Tumaco, contra el proveído proferido por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño,
de fecha 21 de junio de 2019, por medio de la cual el Juez
Disciplinado fue sancionado con DOS MESES DE SUSPENSIÓN
EN EL EJERCICIO DEL CARGO por desconocer los deberes
establecidos en los numerales 1, 2 y 20 del artículo 153 de la
Ley 270 de 1996 en concordancia con el artículo 29 de la
Constitución, los numerales 1 y 2 del artículo 139 del Código de
Procedimiento Penal y el artículo 143 ibídem, cometiendo de esta
forma, una falta grave en la modalidad culposa.
Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo
No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial,
denominada "equilibrio de poderes", en lo atinente al Consejo
Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio
primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional,
enunció: "(...) Los actuales Magistrados de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se
posesionen los miembros de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial”
En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en
Autos 278 del 9 de julio, al pronunciarse respecto a la
competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó
el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido
Acto Legislativo nro. 02 de 2015, concluyendo que en relación a
las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las
modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la
siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la
jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la
relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan
entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte
Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de
las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del
artículo 19 dispuso expresamente que "la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina
Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de
tutela".
Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones
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jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido
en el Acto legislativo 02 de 2015, así: "los actuales Magistrados
de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se
posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial", en consecuencia, conforme las medidas transitorias
previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la
Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los
Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus
funciones, lo cual significa que actualmente ésta Colegiatura
conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente
habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional
disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de
competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para
conocer de acciones de tutela […]”.
Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que la
autoridad judicial accionada fundamentó su competencia para
proferir la sentencia cuestionada, en lo dispuesto en el parágrafo
transitorio del artículo 19 del Acto Legislativo núm. 2 de 1o. de julio
de 20155, que prevé lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 19. El artículo 257 <257A> de la Constitución
Política quedará así:
[…]
PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. Los Magistrados de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial deberán ser elegidos dentro del año
siguiente a la vigencia del presente acto legislativo. Una vez
posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los
procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
5
“Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan
otras disposiciones”.
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Consejo Superior de la Judicatura. Los actuales Magistrados de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se
posesionen los miembros de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial. Las Salas Disciplinarias de los Consejos
Seccionales de la Judicatura serán transformadas en Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial. Se garantizarán los derechos de
carrera de los Magistrados y empleados de las salas disciplinarias de
los Consejos Seccionales de la Judicatura quienes continuarán
conociendo de los procesos a su cargo, sin solución de continuidad
[…]”.
En ese orden de ideas, en la medida en que la norma en cita
establece que quienes para esa fecha6 fueran magistrados de la
SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, debían continuar con el ejercicio
de sus funciones hasta que se posesionaran los miembros de la
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, esta Sala no
advierte falta de competencia alguna de los magistrados que
profirieron la sentencia cuestionada.
Lo anterior, por cuanto, conforme lo dispone el parágrafo 1° del
artículo 19 del Acto Legislativo número 2 de 1o. de julio de 2015, los
magistrados de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, ejercieron sus funciones hasta que
6 Norma publicada en el diario oficial núm. 49560 de 1o. de julio de 2015.
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se posesionaron los magistrados de la COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL que, de conformidad con el informe
allegado por esa Corporación al presente trámite, tuvo lugar el 13 de
enero de 2021, mientras que la providencia cuestionada fue proferida
el 15 de enero de 2020.
Cabe resaltar que esta Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse
frente a este asunto en providencias de 6 de noviembre de 20207 y
9 de septiembre de 20218.
De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad del
accionante con las razones de la providencia judicial acusada, más
no así la vulneración de los derechos fundamentales invocados,
motivo por el cual, al no haberse acreditado el defecto endilgado, la
Sala revocará en su totalidad el fallo impugnado y, en su lugar,
denegará el amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
7 M.P.: Oswaldo Giraldo López; Radicado núm.: 11001-03-15-000-2020-04071-00; Actor:
JUAN CARLOS MUÑOZ MONTOYA
8 M.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés; Radicado núm.: 11001-03-15-000-2021-01891-
01; Actor: ANTONIO RAFAEL BARRANCO CUELLO
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Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la COMISIÓN
SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE NARIÑO, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en precedencia y, en su lugar: DENEGAR el amparo
solicitado en la presente acción de tutela, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de octubre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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