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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-02873-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
12 de agosto de 2021
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-02873-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela presentada por los señores Luis Carlos Hilarión Ayala y María del Carmen Rodríguez, a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Tolima. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-02873-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

12 de agosto de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / FALLOS DE TUTELA PROFERIDOS POR EL CONSEJO DE ESTADO - No constituyen precedentes de obligatoria observancia para el para el juez natural de la causa / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE – Sentencia de unificación SU-072 de 2018 / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / AUTONOMÍA DEL JUEZ PARA DEFINIR RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO – En cumplimiento de los criterios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Del estudio de la providencia objetada, se observa que, con el fin de resolver el problema jurídico planteado, el Tribunal Administrativo del Tolima aplicó la sentencia SU-072 de 2018, precedente jurisprudencial aplicable para el caso y criterio acogido por la mayoría de las Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que la Corte Constitucional precisó, de manera específica, que en los casos de privación de la libertad no corresponde aplicar el régimen de responsabilidad objetiva de manera automática, sino que corresponde al juez de conocimiento valorar cada caso conforme sus particularidades. En esta, la autoridad judicial accionada aclaró que dicha sentencia de unificación resultaba aplicable, toda vez que el criterio aplicable hasta entonces, recogido en la sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, fue dejado sin efectos, con ocasión del fallo de tutela emanado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, en sentencia 11001031500020190016901 de 15 de noviembre de 2019. (…) la Sala observa que la regla jurisprudencial establecida en la sentencia de unificación SU-072 de 2018, precedente judicial aplicable al caso, respecto de la coexistencia de títulos de imputación de carácter objetivo y subjetivo en el análisis de los casos de privación injusta de la libertad y su relación con el principio iura novit curia, sí fue observada por la autoridad judicial accionada en el marco de su autonomía judicial, por lo que el defecto alegado por esta causal no se configura. En efecto, en la sentencia objeto de tutela la autoridad judicial accionada, con base en las pruebas allegadas, consideró que en el caso el juez de garantías adoptó una decisión legal, adecuada, necesaria y proporcional, “teniendo en cuenta la gravedad de las conductas investigadas, el quantum de la pena y la necesidad de proteger a las víctimas, ante la modalidad y gravedad del hecho”, razonamiento que da cuenta de la observancia de la regla jurisprudencial contenida en la sentencia SU-072 de 2018, precedente aplicable al caso, lo que descarta la configuración del desconocimiento del precedente judicial alegado. Así mismo, se observa que el tribunal accionado, acogiendo el precedente de la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018, analizó el carácter injusto de la privación de la libertad del señor [L.C.H.A.], a través de los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento, encontrando que existía fundamento probatorio que daba cuenta de su responsabilidad en la extorsión agravada por la que se le investigó, lo que permitía inferir razonablemente que este podía ser el autor de los delitos imputados. De este modo, encontró que la actuación de la Rama Judicial no merecía reproche alguno que condujera a declarar la responsabilidad del Estado, teniendo en cuenta que la instrucción penal no fue arbitraria, desproporcionada ni violatoria de los procedimientos legales. Ahora bien, respecto del alegato conforme con el cual la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial por no aplicar lo contenido en la sentencia de tutela de 15 de noviembre de 2019, emanada de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, se debe indicar que esta no constituye precedente de obligatoria observancia para el para el juez natural de la causa, aunado al hecho de que, como se anotó, el fallo objetado se apoyó en decisiones judiciales proferidas por la Corte Constitucional, lo que encuentra respaldo en el principio de autonomía judicial.

Para la Sala, contrario a lo afirmado por el actor, con dicha decisión la autoridad judicial demandada no incurrió en defecto alguno, pues, en el marco de su autonomía e independencia judicial, analizó el material probatorio que consideró apropiado para efectuar el juicio de responsabilidad, por lo que frente a este último tuvo en cuenta las pruebas con las que contaba el Juez de Control de Garantías para dictar la medida de aseguramiento preventiva y las consideraciones efectuadas en el marco del proceso penal para declarar su absolución, actuaciones que, como se indicó, se encuentran conforme con el precedente aplicable, contenido en la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional. Por lo demás, frente al argumento conforme con el cual el defecto alegado se configuró como consecuencia de no tener en cuenta lo decidido al interior del proceso penal afrontado por el accionante, como ya lo ha expresado reiteradamente esta Sala, las valoraciones que se efectúan en el proceso penal son distintas a aquellas que se hacen en el contencioso administrativo, pues en el primero van encaminadas a determinar si la conducta es típica, antijurídica y culpable, mientras en el contencioso, en los casos de privación injusta de la libertad, se realiza un análisis con elementos de juicio propios del dolo y la culpa civil, a tal punto que el hecho de que no se declare la responsabilidad penal, no establece per se la responsabilidad del Estado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000- 2021-02873-00(AC)

Actor: LUIS CARLOS HILARIÓN AYALA Y MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa. Privación injusta de la libertad. Defecto por desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por los señores Luis Carlos Hilarión Ayala y María del Carmen Rodríguez, a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Tolima, en la que piden el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la libertad y a la igualdad, vulnerados, supuestamente, por la sentencia de 8 de abril de 2021, mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó el fallo favorable de primera instancia, en el marco del proceso de reparación directa que promovieron contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los perjuicios irrogados con ocasión de la supuesta privación injusta de la libertad soportada por el señor Hilarión Ayala.

I. ANTECEDENTES

Hechos

Los accionantes indicaron que en ejercicio del medio de control de reparación directa presentaron demanda contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables de la privación de la libertad por lapso de 8 meses y 17 días (26 de julio de 2011 a 13 de abril de 2012), que soportó el señor Luis Carlos Hilarión Ayala, como supuesto responsable del delito de extorsión agravada.

Indicaron que, en primera instancia, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, en sentencia de 26 de octubre de 2018, accedió a las pretensiones y dispuso condenar a las demandadas al pago de los perjuicios reclamados, luego de concluir que, si bien las entidades demandadas actuaron en cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución Política y la ley, también lo era que la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 11, reafirma el carácter fundante de la presunción de inocencia, contenido a su turno en la Carta y en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, que se mantiene incólume mientras no sea desvirtuada, como había ocurrido en el caso, en el que el señor Hilarión Ayala había obtenido sentencia absolutoria a su favor en el proceso penal adelantado en su contra.

Por último, sostuvieron que dicha decisión fue objeto de recurso de apelación por las entidades demandadas ante el Tribunal Administrativo del Tolima, que en providencia de 8 de abril de 2021, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, luego de considerar que las decisiones adoptadas por el Juez de Control de Garantías estuvieron sustentadas en los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, conclusión a la que arribó luego de aplicar el principio iura novit curia, conforme con la sentencia de unificación SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional.

2. Fundamentos de la acción

Los accionantes consideran que la sentencia de 21 de abril de 2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Tolima revocó el fallo favorable de primera instancia, en el marco del medio de control de reparación directa que promovieron contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la libertad y a la igualdad, por cuanto incurre en desconocimiento del precedente judicial aplicable, emanado de la sentencia de tutela de 15 de noviembre de 2019, de la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado proferida en el proceso radicado con Nº 11001031500020190016901, en la que se dejó sin efectos la sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, relativa a la responsabilidad del Estado en los casos de privación injusta de la libertad.

Refirieron que la autoridad judicial demandada “quebrantó el principio de favorabilidad en el proceso que promovió contra la NACIÓN-RAMA JUDICIAL y FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, como quiera que la construcción de la causal de exoneración de responsabilidad fue realizada a partir de una conducta procesal, ignorando la existencia de una decisión por parte de la Fiscalía y del Juez Penal, que ya había hecho tránsito a cosa juzgada”.

Agregaron que “en el fallo de segunda instancia el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, hoy tutelado, tampoco logró demostrar la conducta del accionante, esto es, si el accionante actuó de manera dolosa o culposa, a la luz de la jurisprudencia del 2018, la cual no era pertinente aplicarla al caso en cuestión como quiera que se trata de una acción de Reparación Directa que fue iniciada años antes de que entrara a regir dicha jurisprudencia y que los hechos fueron mucho antes del citado fallo del Consejo de Estado aplicado al caso Concreto del señor LUIS CARLOS HILARIÓN AVALA, o sea que por lo que no lo condenó el Juez penal si lo condena ahora el Tribunal Administrativo Accionado”.

Finalmente, indicaron que el tribunal accionado “apreció con error los artículos de las normas antes mencionados entre otras, entre otros ignorando por completo que la acción penal es la última ratio y que el derecho fundamental de la libertad, no se puede coaccionar ante el primer indicio en contra del investigado”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1. Se ordene a las entidades tuteladas, el respeto y protección de los derechos fundamentales, constitucionales y legales a la presunción de inocencia, igualdad y favorabilidad, y buena fe.

2. Como consecuencia de lo anterior ordenar dejar sin efecto el fallo del Tribunal Administrativo accionado.

3. Solicito que se ordene al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Tolima Accionado, respecto del fallo del 8 de abril del año 2021, que profiriera un fallo de reemplazo en el que, al resolver el caso concreto y teniendo en cuenta las consideraciones que ustedes vean convenientes, valore la responsabilidad del Estado bajo los términos del precedente actual de la jurisdicción administrativa y realice un análisis de los elementos de la responsabilidad sin vulneración de ningún derecho fundamental de los accionantes en ese proceso”.

4. Pruebas relevantes

Al trámite de la tutela se allegó copia digital del expediente del medio de control de reparación directa radicado con el Nº 2014-00464-01, actor: Luis Carlos Hilarión Ayala y otra.

5. Trámite procesal

Por auto de 25 de mayo de 2021, el despacho admitió la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar al accionante, a la autoridad judicial accionada, así como al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, a la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia Nacional y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº 45419 a 45425, todas de 27 de mayo de 2021, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Tolima

El ponente de la decisión objeto de tutela rindió informe en el que solicitó que se denegaran las pretensiones de la solicitud de amparo constitucional, por cuanto, manifestó, “de la lectura del escrito tutelar claramente se colige que lo que la parte actora pretende es lograr un nuevo pronunciamiento judicial frente a su caso, que sea de anotar, ya fue ampliamente debatido en la instancia judicial competente para dirimir su conflicto”.

6.2. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

A través de la Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos, la entidad rindió informe en el que solicitó que la acción de tutela se declarara improcedente, por cuanto, adujo, la parte tutelante no da cuenta de por qué a pesar de existir otros mecanismos judiciales idóneos para ventilar la controversia objeto de esta acción, no hizo uso de los mismos para controvertir el fallo que objeta.

Refirió que, en su criterio, la parte accionante no sustenta las causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente contra una providencia judicial, pues no logra identificar el tipo de error en el que presuntamente incurrió la providencia controvertida, razón por la cual, aduce, el juez constitucional no puede entrar a estudiar la totalidad de la providencia para identificar dichos defectos.

Adujo que a través de acción de tutela los demandantes pretenden retrotraer una instancia judicial, las actuaciones y etapas procesales de un asunto que ya surtió su trámite, para establecer confusión y proyectar que se transgreden derechos fundamentales, “lo cual es inconcebible por el carácter subsidiario que acompaña tan especial mecanismo constitucional y por cuanto en ningún momento en el escrito de tutela se demuestra vulneración a derecho fundamental alguno”.

Afirmó que no se evidencia que la decisión del juez dentro del proceso de reparación directa que originó la controversia sea arbitraria o irracional, y que, por el contrario, se ajusta a derecho, el análisis probatorio fue razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica y sus argumentos hacen parte de la independencia y autonomía con la que cuentan los jueces al momento de dictar sentencia.

6.3. Respuesta del Ministerio de Justicia y del Derecho

A través de apoderado, el ministerio rindió informe en el que solicitó desvincular del trámite de la acción de tutela de la referencia al ministerio, en tanto, afirmó, (i) no existe ninguna relación jurídica sustancial entre éste y la parte actora que implique responsabilidad alguna en la afectación de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados, (ii) se configura, respecto de esta Cartera Ministerial, falta de legitimación en la causa por pasiva, y (iii) en este caso no existe vulneración alguna, por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 21 de abril de 2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Tolima revocó el fallo favorable de primera instancia, en el marco del medio de control de reparación directa que los actores promovieron contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la libertad y a la igualdad, por cuanto incurre en desconocimiento del precedente judicial aplicable, emanado de la sentencia de tutela de 15 de noviembre de 2019, de la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, proferida en el proceso radicado con Nº 11001031500020190016901, en la que se dejó sin efectos la sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, relativa a la responsabilidad del Estado en los casos de privación injusta de la libertad.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico; (ii) Defecto procedimental absoluto; (iii) Defecto fáctico; (iv) Defecto material o sustantivo; (v) Error inducido; (vi) Decisión sin motivación; (vii) Desconocimiento del precedente y (viii) Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela es de relevancia constitucional, pues debe definirse si se vulneraron a los accionantes los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la libertad, con la sentencia de 21 de abril de 2021, mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó el fallo favorable de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda, en el marco de la acción de reparación directa que promovieron contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación; (ii) los accionantes no cuentan con otro medio de defensa judicial, pues en el proceso ordinario se agotó el recurso de apelación contra la sentencia de 26 de octubre de 2018, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, a lo que se debe agregar que no se configura ninguna causal que haga procedente el recurso extraordinario de revisión, lo que desvirtúa el argumento de la Fiscalía General de la Nación de tener por incumplido este requisito de procedencia, aun cuando no hizo referencia expresa al medio judicial al que podían acudir los demandantes; (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que la providencia objetada fue notificada personalmente el 23 de abril de 2021 y la acción de tutela se presentó el 23 de mayo de 2021, esto es, veintinueve (29) días después, dentro del término prudencial precisado por esta Corporación; (iv) se identificaron de manera razonable los hechos que generaron la supuesta vulneración de derechos fundamentales y (v) la acción no se dirige contra un fallo de tutela.

Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la Sala entrará a efectuar el estudio de fondo del asunto bajo consideración.

4.2. El desconocimiento del precedente judicial alegado no se configura

4.2.1. En el presente caso, los accionantes consideran que la sentencia de 21 de abril de 2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Tolima revocó el fallo favorable de primera instancia, en el marco del medio de control de reparación directa que promovieron contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la libertad y a la igualdad, por cuanto incurre en desconocimiento del precedente judicial aplicable, emanado de la sentencia de tutela de 15 de noviembre de 2019, de la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, proferida en el proceso radicado con Nº 11001031500020190016901, en la que se dejó sin efectos la sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, relativa a la responsabilidad del Estado en los casos de privación injusta de la libertad.

Sostuvieron que en el caso se “quebrantó el principio de favorabilidad en el proceso que promovió contra la NACIÓN-RAMA JUDICIAL y FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, como quiera que la construcción de la causal de exoneración de responsabilidad fue realizada a partir de una conducta procesal, ignorando la existencia de una decisión por parte de la Fiscalía y del Juez Penal, que ya había hecho tránsito a cosa juzgada”.

4.2.2. La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica que: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación».

Ahora bien, el precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía -y, en especial, de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones- no constituye una facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el derecho a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la regla jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.
En resumidas cuentas, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas:

El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció.
El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez expone las razones para apartarse.
El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto.
Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la confianza legítima.

4.2.3. Del estudio de la providencia objetada, se observa que, con el fin de resolver el problema jurídico planteado, el Tribunal Administrativo del Tolima aplicó la sentencia SU-072 de 2018, precedente jurisprudencial aplicable para el caso y criterio acogido por la mayoría de las Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que la Corte Constitucional precisó, de manera específica, que en los casos de privación de la libertad no corresponde aplicar el régimen de responsabilidad objetiva de manera automática, sino que corresponde al juez de conocimiento valorar cada caso conforme sus particularidades.

En esta, la autoridad judicial accionada aclaró que dicha sentencia de unificación resultaba aplicable, toda vez que el criterio aplicable hasta entonces, recogido en la sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, fue dejado sin efectos, con ocasión del fallo de tutela emanado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, en sentencia 11001031500020190016901 de 15 de noviembre de 2019.

Sobre este particular, la autoridad judicial accionada indicó:

“FUNDAMENTOS NORMATIVOS

DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACION DE LA LIBERTAD

(…) la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de tutela proferida el 15 de noviembre de 2019, dentro del proceso con radicado No. 11001-03-15-000-2019-00169-01, Magistrado Ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ, DEJÓ SIN EFECTOS la Sentencia de Unificación del 15 de agosto de 2018 proferida por la misma sección del Consejo de Estado, al considerar que la exigencia de verificar actos pre procesales, como lo es, que la detención de la demandante fue generada por su propia conducta, no sólo invade competencias de otras jurisdicciones, sino que desconoce la decisión penal absolutoria, porque implica considerar, que al desplegar su conducta obró como sospechosa de estar cometiendo un delito y determinó que la Fiscalía abriera la investigación y ordenara su detención; transgrediendo con ello el principio de presunción de inocencia. Sobre el particular, expresó el Alto Tribunal lo siguiente: (…)

Ahora bien, resulta conveniente precisar que dentro de los análisis recientes efectuados por el Consejo de Estado acerca de privación injusta de la libertad, han sido concordantes con los argumentos expuestos por la Corte Constitucional en Sentencia de Unificación SU-072 del 05 de julio de 2018, dentro de la cual se precisó que en materia de reparación directa era aceptable la aplicación del principio "iura novít curia", de acuerdo con las particularidades de cada caso, toda vez que definir de manera rigurosa un solo título de imputación para este tipo de casos contravendría la interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y del régimen general de responsabilidad estatal del artículo 90 de la Constitución Política.

Así mismo, el Alto Tribunal Constitucional señaló que en determinados eventos, entre los cuales se hace referencia a la absolución por in dubio pro reo, y a aquellos en los cuales se declaró atipicidad subjetiva, la aplicación automática de régimen de responsabilidad objetiva, sin que medie un razonamiento sobre si la privación de la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, vulnera el precedente constitucional con efectos erga omnes, esto es la sentencia C-037 de 1996.

Como fundamento de lo anterior, argumentó que el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, impone al Juez Administrativo que al momento de definir si una privación; de la libertad es injusta o no, independientemente del título de imputación que se elija aplicar, debe considerar si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de "razonabilidad, proporcionalidad y legalidad". Al respecto, señaló el Alto Tribunal Constitucional lo siguiente: (…)”.

Posteriormente, al momento de analizar la imputación, indicó lo siguiente:

“Estima la Sala que, en principio, no es posible exigirle al demandante que asumiera la investigación penal durante todo el tiempo que permaneció privado de la libertad, como si se tratara de una carga pública que estuviera en la obligación de soportar, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones, del Estado; motivo que, conllevaría a determinar que en efecto el daño irrogado al señor LUIS CARLOS HILARION AYALLA debe ser calificado como antijurídico y por tal razón, surgiría la obligación para la administración de resarcirle los perjuicios que dicha medida le ocasionó.

No obstante, es necesario examinar la conducta del accionante, es decir, establecer si en el presente caso, la víctima directa actuó de manera dolosa o gravemente culposa, desde la óptica del derecho civil, con la cual hubiese dado lugar a dar apertura a la investigación penal y a la imposición de la medida de aseguramiento y que conlleve a exonerar o disminuir la participación de la parte demandada en la causación del daño.

Al respecto, resulta conveniente precisar que en el sub lite, fue precisamente la actuación desplegada por la víctima directa del daño la que dio lugar a que se iniciara un proceso penal en su contra, y por ende, a la imposición de una medida de aseguramiento, en razón a que el señor LUIS CARLOS HILARION AYALA fue objeto de diferentes señalamientos por parte de testigos y de las víctimas directas, de amenazas llevadas a cabo contra estos, incluso conforme a las entrevistas realizadas por parte de la Policía Judicial Gaula, quedó evidenciado que él junto a otras personas amenazaron a la denunciante en repetidas ocasiones (Ver escrito de acusación, Folios 18 a 26 cdno. Ppal).

Fue entonces este el fundamento de gran envergadura que llevó a las entidades accionadas a considerar como necesaria la adopción de decisiones con la suficiencia de restringir su derecho fundamental a la libertad.

Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, estima el Tribunal que atendiendo las circunstancias propias del presente caso, si existían serios indicios para endilgar responsabilidad penal en contra del señor LUIS CARLOS HILARION AYALA al momento que se decidiera sobre la procedencia de la imposición de la medida de aseguramiento en Establecimiento Carcelario, en razón a que el delito por el cual fue investigado (Extorsión Agravada 6), superaba la pena de cuatro años de prisión. Además, que dicha conducta fue agravada, lo cual aumentaba el quantum punitivo.

Cabe resaltar que la medida de aseguramiento impuesta en su momento en contra del hoy accionante, atendió a los requisitos que para ello exige la ley, puesto que era necesaria para evitar un perjuicio para la sociedad por la naturaleza del delito endilgado.

Así las cosas, considera la Sala que la medida de aseguramiento a que fue sometido en su momento el señor LUIS CARLOS HILARION estuvo plenamente sustentada y justificada, atendiendo la naturaleza del delito que se estaba investigando igualmente, la cual ameritaba la restricción de su libertad, en aras de garantizar no solo la comparecencia del sindicado, sino para evitar el peligro para la comunidad y la continuidad de la conducta delictiva por la cual se vinculó al proceso penal.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, como se, relacionó de la declaración rendida por la denunciante, su esposo y demás testigos, fue en repetidas ocasiones que el hoy accionante junto al otro acusado, realizaron amenazas, además de las exigencias dinerarias de las que otras personas también se enteraron.

Además, la propia versión de la denunciante y las posteriores investigaciones por parte de la Policía Judicial del Líbano que dieron lugar al inicio de la investigación en su momento, constituyeron un indicio grave de responsabilidad en contra del investigado penalmente, lo cual tuvo mayor incidencia frente a la solicitud del ente investigador para que se impusiera la medida de aseguramiento de carácter intramural y que la misma, hubiese sido decretada por el Juez de Control de Garantías, independientemente, que surtiendo el proceso, se hubiese considerado que existía mérito para condenar al señor HILARION AYALA del delito endilgado, al no existir suficientes elementos de prueba que le permitieran establecer más allá de toda duda razonable su responsabilidad penal, decidiendo absolverlo en aplicación al principio de "In Dubio Pro Reo".

En este sentido, reitera el Tribunal que atendiendo las circunstancias propias del presente caso, si existían serios indicios para endilgar responsabilidad penal en contra del señor LUIS CARLOS HILARION AYALA y por ello en su momento, haberle dictado medida de aseguramiento, la cual es menester resaltar que si no estaban de acuerdo, contaron con la oportunidad de recurrirla, lo cual no sucedió. A su vez, atendiendo los requisitos previstos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, la medida de aseguramiento impuesta al señor HILARION AYALA, estuvo ajustada a los parámetros legales y jurisprudenciales.

Así las cosas, en cuanto a la responsabilidad de la administración respecto a la comisión del daño que se endilga en su contra, considera el suscrito que en el sub judice no se puede predicar una conducta contraria a derecho por parte de las entidades demandadas, en tanto la medida de aseguramiento a que fue sometido en su momento el señor LUIS CARLOS HILARION AYALA, estuvo plenamente sustentada tanto en la normatividad que regula el procedimiento a seguir en el tipo de investigación a que estaba siendo sometido, como en el material probatorio que fue exhibido por la Fiscalía ante el juez de control de garantías. (…)

Bajo esta premisa, concluye la Corporación, que las decisiones adoptadas por el Juez de Control de Garantías, estuvieron sustentadas sobre los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, criterios que deben ser revisados tal y como lo dijo el reciente pronunciamiento nuestro Máximo Órgano de Cierre, en virtud a que para ese momento procesal fueron aportados elementos de juicio que gozaban de credibilidad para la legalización de la captura, la imputación de cargos en contra del señor Rojas, así como para la imposición de la medida de aseguramiento intramural, puesto que se podía inferir razonablemente que el demandante estaba implicado en los hechos materia de investigación penal.” (Resaltado de la Sala).

Conforme con lo anterior, la Sala observa que la regla jurisprudencial establecida en la sentencia de unificación SU-072 de 2018, precedente judicial aplicable al caso, respecto de la coexistencia de títulos de imputación de carácter objetivo y subjetivo en el análisis de los casos de privación injusta de la libertad y su relación con el principio iura novit curia, sí fue observada por la autoridad judicial accionada en el marco de su autonomía judicial, por lo que el defecto alegado por esta causal no se configura.

En efecto, en la sentencia objeto de tutela la autoridad judicial accionada, con base en las pruebas allegadas, consideró que en el caso el juez de garantías adoptó una decisión legal, adecuada, necesaria y proporcional, “teniendo en cuenta la gravedad de las conductas investigadas, el quantum de la pena y la necesidad de proteger a las víctimas, ante la modalidad y gravedad del hecho”, razonamiento que da cuenta de la observancia de la regla jurisprudencial contenida en la sentencia SU-072 de 2018, precedente aplicable al caso, lo que descarta la configuración del desconocimiento del precedente judicial alegado.

Así mismo, se observa que el tribunal accionado, acogiendo el precedente de la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018, analizó el carácter injusto de la privación de la libertad del señor Luis Carlos Hilarión Ayala, a través de los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento, encontrando que existía fundamento probatorio que daba cuenta de su responsabilidad en la extorsión agravada por la que se le investigó, lo que permitía inferir razonablemente que este podía ser el autor de los delitos imputados. De este modo, encontró que la actuación de la Rama Judicial no merecía reproche alguno que condujera a declarar la responsabilidad del Estado, teniendo en cuenta que la instrucción penal no fue arbitraria, desproporcionada ni violatoria de los procedimientos legales.

4.2.4. Ahora bien, respecto del alegato conforme con el cual la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial por no aplicar lo contenido en la sentencia de tutela de 15 de noviembre de 2019, emanada de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, se debe indicar que esta no constituye precedente de obligatoria observancia para el para el juez natural de la causa, aunado al hecho de que, como se anotó, el fallo objetado se apoyó en decisiones judiciales proferidas por la Corte Constitucional, lo que encuentra respaldo en el principio de autonomía judicial.

Para la Sala, contrario a lo afirmado por el actor, con dicha decisión la autoridad judicial demandada no incurrió en defecto alguno, pues, en el marco de su autonomía e independencia judicial, analizó el material probatorio que consideró apropiado para efectuar el juicio de responsabilidad, por lo que frente a este último tuvo en cuenta las pruebas con las que contaba el Juez de Control de Garantías para dictar la medida de aseguramiento preventiva y las consideraciones efectuadas en el marco del proceso penal para declarar su absolución, actuaciones que, como se indicó, se encuentran conforme con el precedente aplicable, contenido en la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional.

Por lo demás, frente al argumento conforme con el cual el defecto alegado se configuró como consecuencia de no tener en cuenta lo decidido al interior del proceso penal afrontado por el accionante, como ya lo ha expresado reiteradamente esta Sala, las valoraciones que se efectúan en el proceso penal son distintas a aquellas que se hacen en el contencioso administrativo, pues en el primero van encaminadas a determinar si la conducta es típica, antijurídica y culpable, mientras en el contencioso, en los casos de privación injusta de la libertad, se realiza un análisis con elementos de juicio propios del dolo y la culpa civil, a tal punto que el hecho de que no se declare la responsabilidad penal, no establece per se la responsabilidad del Estado.

Sobre el particular la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, ha precisado que al juez de la responsabilidad no le corresponde desvirtuar la presunción de inocencia sino analizar la culpa civil, de modo que existe una “separación entre la investigación penal y la absolución y la indemnización que debe ordenar el juez de la responsabilidad del Estado, esto último siguiendo los parámetros del artículo 90 Constitucional bajo los lineamientos de los artículos 2, 83 y 95 del mismo ordenamiento”.

En ese mismo sentido, la Subsección “C” de la Sección Tercera de esta Corporación, indicó que:

“El Juez Administrativo tiene la posibilidad de apartarse de la sentencia penal, o su equivalente, ya que no tiene incidencia ni efectos de cosa juzgada en el proceso de reparación directa que se adelanta ante esta jurisdicción por cuanto

“…(i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de inocencia que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio. Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular”.

Esta Sala ha reiterado que “la parte demandante no puede suponer que la absolución de responsabilidad penal del investigado constituya per se un veredicto automático de responsabilidad extracontractual del Estado, y que, en sede contencioso administrativa, se deba declarar que existió un daño atribuible a la administración, por la privación de su libertad. Al decidir esta clase de asuntos, el juez administrativo no puede prescindir del análisis de los hechos que rodearon la decisión de la privación de la libertad, se insiste, sin incidir en su ya declarada ausencia de responsabilidad penal”.

Por las razones expuestas, la Sala denegara las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por los señores Luis Carlos Hilarión Ayala y María del Carmen Rodríguez, a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Tolima.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela presentada por los señores Luis Carlos Hilarión Ayala y María del Carmen Rodríguez, a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Tolima.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo del Consejo.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Consejera

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero

La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: adeliasalazarg@gmail.com stadtol@cendoj.ramajudicial.gov.co; rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co
procesosnacionales@defensajuridica.gov.co HYPERLINK "mailto:tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co" tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, HYPERLINK "mailto:juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co" juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co, adm05ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co
HYPERLINK "mailto:notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co" notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co, deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co; info@cendoj.ramajudicial.gov.co
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972. Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968. Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. M. P. Jaime Córdoba Triviño. Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras. Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca). Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”.

Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de mayo de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-04479-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 5 de marzo de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-05114-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 8 de julio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-02189-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” sentencia de 10 de mayo de 2018, exp. Nº 27001-23-31-000-2009-00163-01, C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 11 de julio de 2013, exp. Nº 66001-23-31-000-2006-00083-01 (36.295) C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2011, expediente 19123. En similar sentido se encuentran las sentencias del 30 de julio de 2008, expediente 16572 y del 24 de marzo de 2011, expediente 17993. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 5 de marzo de 2020, exp. N º 11001-03-15-000-2019-05114-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

Radicación: 11001-03-15-000- 2021-02873-00
Demandante: LUIS CARLOS HILARIÓN AYALA Y OTRA

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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