Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-03009-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-03009-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2021-03009-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
10 de marzo de 2022
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Radicado: 11 001 03 15 000 2021 03009 00 (Acumulados)
Accionante: Luz Adriana Gonzalez Lozano
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11 001 03 15 000 2021 03009 00 (Acumulados 2021-
03150-00, 2021-02645-00, 2021- 02720-00, 2021-02882-
00, 2021-02888-00, 2021-02930-00, 2021- 02932-00,
2021-02979-00, 2021-03072-00, 2021-03099-00, 2021-
03331-00)
Accionante: Luz Adriana Gonzalez Lozano
Accionados: Comité Nacional de Paro, Municipio de Yumbo, Municipio de
Jamundí, Municipio de Palmira, Municipio de Candelaria,
Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Presidencia de la
República, Alcaldía Santiago de Cali, Departamento del Valle
del Cauca, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Defensa y
otros.
Tema: Carencia actual de objeto por sustracción de materia.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA – ACCIÓN DE TUTELA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Luz Adriana
Gonzalez Lozano, así como las que se relacionan a continuación:
Expediente Actor
2021-03150-00 Adriana Obyrne Olano
2021-02645-00 Olga Patricia Vesga Rueda
2021-02720-00 Sandra Milena Duque Yepes
2021-02882-00 William Escobar Rojas
2021-02888-00 Gloria Matilde Echeverri Rubio
2021-02930-00 Fernando Leal Cardozo
2021-02932-00 Jaime Dorronsoro Tenorio
2021-02979-00 Gemma Esneda Urreña Rodríguez
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Radicado: 11 001 03 15 000 2021 03009 00 (Acumulados)
Accionante: Luz Adriana Gonzalez Lozano
2021-03072-00 Lina Marcela Viveros Araque
2021-03099-00 Álvaro Franco Duque
2021-03331-00 Lina Maria Ángel Manrique
En las acciones de tutela acumuladas al presente proceso, los accionantes, si
bien no formularon exactamente las mismas pretensiones, leídas de forma
integral, redundan en la adopción de medidas para lograr el levantamiento de
los bloqueos en las vías nacionales, departamentales y municipales, así como
evitar los actos de violencia que se han presentado por parte de algunos
manifestantes durante las protestas sociales iniciadas el 28 de abril de 2021
en todo el territorio nacional.
Los derechos invocados en las acciones de tutela son vida, a no ser sometido
a desaparición forzada ni tortura, paz, libre circulación, trabajo, libertad,
familia, derechos de los niños, salud y saneamiento ambiental, salubridad
pública, seguridad pública, recreación, práctica del deporte y
aprovechamiento del tiempo libre, propiedad privada, producción de
alimentos, patrimonio cultural, ambiente sano, derecho al espacio público,
dignidad humana, mínimo vital, seguridad personal, igualdad, libre desarrollo
de la personalidad, libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de
expresión, libertad de profesión, educación, libertad de empresa, derecho al
agua, a la integridad física, moral y psíquica, a la tranquilidad personal y a la
consulta previa.
Las autoridades y entidades demandadas son Comité Nacional de Paro,
Municipio de Yumbo, Municipio de Jamundí, Municipio de Palmira, Municipio
de Candelaria, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Presidencia de la
República, Alcaldía Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca,
Defensoría del Pueblo, Ministerio de Defensa, la Federación Colombiana de
Trabajadores de la Educación (Fecode), Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), la Confederación Nacional del Trabajo (CGT), la Unión Nacional de
Estudiantes de Educación Superior (UNEES) y la Asociación Colombiana de
Representantes Estudiantiles (ACREES).
I. SÍNTESIS DEL CASO
Luz Adriana González Lozano presentó en nombre propio acción de tutela,
mediante la cual contó que, desde el 28 de abril de 2021, fecha en la cual se
dio inició la jornada de protestas en todas las ciudades del país, las mismas
se tornaron violentas, afectando así el derecho a la movilidad de todas las
personas que residen en la ciudad de Cali, presentándose también en
desarrollo de las protestas actos vandálicos.
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Accionante: Luz Adriana Gonzalez Lozano
Señaló que, debido a los bloqueos realizados en las principales vías del país,
se presentó no solo un desabastecimiento en los productos, sino que también
se ha impedido que los ciudadanos asistan a sus citas médicas o trabajos.
Como pretensiones de la tutela formuló las siguientes:
“[…] “1. Pretensiones Principales:
PRIMERO: Se declare vulnerados mis derechos fundamentales a la
libertad de circulación y locomoción, a la salud, al saneamiento
ambiental, a la vida, a la salubridad pública, al trabajo, a la libre
empresa, a la vida digna y a la seguridad de la persona.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, díctense las siguientes
órdenes:
1. Ordénese al Comité Nacional del Paro, el desbloqueo inmediato de
cualquier vía pública, nacional o local.
2. Ordénese a la Municipio de Yumbo, Municipio de Palmira, Municipio
de Candelaria, a la Presidencia de la República, Defensoría del Pueblo,
Ministerio de Defensa Nacional, Ministerios de Interior, Ministerio de
Justicia y del Derecho, Alcaldía de Santiago de Cali, y Departamento del
Valle del Cauca, la toma de medidas legales y constitucionales
inmediatas que garanticen el desbloqueo de las vías nacionales y
locales, a efecto de garantizar los derechos fundamentales vulnerados.
[…]”
En relación con los radicados núm. 2021-03150-00, 2021- 02720-00, 2021-
02882-00, 2021-02888-00, 2021-02930-00, 2021- 02932-00, 2021-02979-
00, 2021-03072-00, 2021-03099-00, 2021- 03331-00, advierte la Sala que
tanto los hechos como las pretensiones son iguales a las planteadas en el
radicado nro. 2021-03009-00.
1.2. Por su parte, en la acción de tutela con radicado núm. 2021-02645-00,
que fue acumulada al presente trámite por tener situaciones fácticas
similares, la accionante formuló las siguientes pretensiones:
En la acción de tutela núm. 2021-02645-00:
“PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales que invoco
garantizándome el derecho a la libertad de movilidad para mí persona,
para mí ejercicio como madre, abuela, empresaria y ciudadana, en todos
los ámbitos de mi vida, garantizándome así los derechos que me asisten
de manera integral y que esto se haga INMEDIATAMENTE.
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SEGUNDO: Se ordene inmediatamente el desbloqueo de todas las vías
de este país de parte de todos los actores que participen en una protesta
de cualquier tipo que sea.
TERCERA: Se judicialice a todos aquellos actores que han faltado a sus
deberes y los que hayan cometido ilícitos en el marco de estas protestas
que me están violando mis derechos constitucionales.”
1.3. Como hechos de la acción de tutela acumulada, se pueden sintetizar los
siguientes:
Indicó que, desde el 28 de abril de 2021, han sido vulnerados sus derechos
fundamentales por parte de las accionadas al permitir que en todo el territorio
nacional se lleven a cabo las denominadas “protestas sociales o paro
nacional”.
Afirmó que, como consecuencia de los bloqueos de las vías y los desmanes
presentados en el marco de las protestas, se han restringido sus derechos
como de movilidad, de trabajo, de salud, etc.
Refirió que, “Salir a la calle se me ha vuelto un ejercicio de altísimo riesgo y heróico
ya que hordas de participantes del paro, han atacado diariamente instalaciones del
sistema de transporte público, los vehículos, además bloquean calles, atacan bancos,
edificios públicos, atacan carros, centros comerciales, locales comerciales
individuales, y en general, bloquean en todo el país los pueblos de los que me surto
y se surten los establecimientos e instituciones con los que diariamente debo
interactuar, bloquen municipios, ciudades, los puertos del país y al final, bloquean de
manera indolente, sin control ni límite, el país entero sin que yo como ciudadana
sienta la protección de ninguna institución del estado, en defensa de mis derechos,
ni se ejerza castigo alguno hacia quienes violentan mis derechos, hacen caos de la
gobernabilidad, la seguridad y la vida segura, digna y saludable a la que yo
constitucionalmente tengo derecho”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
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El 1 de febrero de 2022 el Despacho admitió la presente acción de tutela y
acumuló las demás; asimismo, ordenó notificar por el medio más expedito y
eficaz a las siguientes entidades: Comité Nacional de Paro, Municipio de
Yumbo, Municipio de Jamundí, Municipio de Palmira, Municipio de Candelaria,
Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Presidencia de la República,
Alcaldía Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, Defensoría del
Pueblo, Ministerio de Defensa, la Federación Colombiana de Trabajadores de
la Educación (Fecode), Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la
Confederación Nacional del Trabajo (CGT), la Unión Nacional de Estudiantes
de Educación Superior (UNEES) y la Asociación Colombiana de Representantes
Estudiantiles (ACREES).
Dentro del término concedido, algunas de las entidades accionadas se
pronunciaron sobre las solicitudes de amparo, así:
II.1. Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali, a través de la directora del departamento
administrativo de gestión jurídica pública de la Alcaldía del Municipio de
Santiago de Cali, procedió a contestar la acción de tutela de la referencia, en
los siguientes términos:
Refirió que, pese a los hechos de violencia presentados entre los
manifestantes y la policía nacional, así como los bloqueos dados en las vías,
desde el Distrito Especial de Santiago de Cali se expidieron los siguientes
decretos:
“I. Decreto 4112.010.20.0226-28-abr-2021"Por el cual se
adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público en el
distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de
servicios de Santiago de Cali".
II. Decreto 4112.010.20.0228-02-may-2021 “por el cual se
integra un comité interinstitucional para el esclarecimiento de los
hechos ocurridos en el marco del paro nacional del 28 de abril de
2021 y se dictan otras disposiciones"”.
Señaló que se conformó una instancia de articulación interinstitucional en el
marco del Paro Nacional del 28 de abril de 2021, entre el Gobierno Nacional,
Departamental y Distrital, con el fin de promover un diálogo local y nacional
con los distintos actores sociales y construir acuerdos para la resolución del
conflicto social y la reconciliación; así como fortalecer las rutas humanitarias
para el abastecimiento de bienes básicos y la garantía del respeto de la vida.
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Destacó que se convocó la participación, en calidad de facilitadores y garantes,
a los representantes de diversas entidades. El enfoque de acción se fijó en el
marco del respeto de los derechos humanos y de una comunicación pública
garante del derecho a la información y la participación ciudadana.
Indicó que se realizó el diseño e implementación de un Plan Operativo
"Instancia de coordinación interinstitucional" donde se distingue como uno de
sus ejes la Gestión de Abastecimiento (Corredor Humanitario), centrada en
impulsar el establecimiento de rutas humanitarias para el abastecimiento
alimentos, de combustibles, medicamentos e insumos hospitalarios, el ingreso
de insumos para la potabilización del agua, y permitir el tránsito para la
disposición de residuos sólidos. Con todo ello se focalizan las gestiones de
todos los organismos que conforman el Distrito para lograr una acción
oportuna y articulada ante la crisis, lo cual redunda en el cumplimiento de la
orden proferida por el Despacho como medida provisional.
Puntualizó que los hechos relacionados con los bloqueos en el Distrito Especial
de Santiago de Cali y las vías de acceso a él, junto a las que comunican a
municipios vecinos, así como la realización de medidas legales y
constitucionales inmediatas que garanticen el desbloqueo de las vías
nacionales y locales, ya fueron superados desde el día 19 de mayo del año
inmediatamente anterior, configurándose la excepción de carencia de objeto
por hecho superado.
Finalmente, argumentó que el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, no está legitimado en la causa
en el extremo pasivo y en estricto sentido procesal, no está llamado a
responder por lo pretendido en la demanda de tutela
II.2. FECODE
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación – FECODE, a
través de representante legal, presentó informe, en los siguientes términos:
Preciso que la protesta social, en la constitución de 1991, está consagrada en
el artículo 37, en el cual se hace referencia al derecho a reunirse y
manifestarse pública y pacíficamente; así mismo, preceptúa que sólo la ley
puede señalar expresamente los casos en los cuales puede limitarse el
ejercicio de este derecho.
Adujo que la Ley 1801 de 2016, por la cual se expidio el Código Nacional de
Policía y Convivencia, en el Título VI, “Derecho de Reunión”, del Libro
Segundo, reguló la protesta social (artículo 47 al 75), artículos que fueron
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Accionante: Luz Adriana Gonzalez Lozano
declarados inexequibles mediante Sentencia C- 223 de 2017, por violación de
la reserva de la Ley Estatutaria establecida en el literal a) del artículo 152 de
la Constitución Política, con efectos diferidos hasta el 20 de junio de 2019.
Destaco que en este fallo la Corte explicó el carácter fundamental de los
derechos de reunión y manifestación pública y su interdependencia e
interrelación con la libertad de expresión y otros derechos.
A su turno, manifestó que, en esta misma providencia, la Corte reconoció
explícitamente los límites al derecho de reunión, manifestación y protesta:
“1. El artículo 37 de la Carta Política, hace parte del catálogo, de derechos
fundamentales y por lo tanto la regulación legislativa de los derechos de
reunión y la protesta debe ser por la vía de una Ley Estatutaria.
2. El artículo 37 de la Carta Política, tiene una doble restricción, una
legislativa y otra para el ejecutivo. Para el legislador, no puede crear
estatutos generales de reunión, manifestación o protesta, que le concedan
la posibilidad de definir que es una reunión, que es una protesta, porque
puede afectar de forma grave otros derechos, como la libertad de
expresión o el ejercicio de los derechos sindicales, entre otros. Y para el
ejecutivo, no puede tomar decisiones de tipo decisorio, ni tomar decisiones
que impliquen la configuración y por tanto el ejercicio de estos derechos.
3. En cuanto a los límites, el artículo 37 de la Carta Política, los derechos
de reunión, manifestación y protesta que consiste en que dichos derechos
deben ejercerse de forma pacífica, y por pacifica debe entenderse dos
cosas, la primera que estos derechos excluyen el uso de las armas durante
su ejercicio, y la segunda, que las acciones de los manifestantes no tienen
por objeto la provocación de alteraciones violentas o el desconocimiento
del Estado de Derecho”.
Consideró que, frente a las pretensiones de la accionante, que: “estas se
apartan de la verdad, por cuanto todos los convocantes del paro nacional,
fuimos claros y explícitos en los motivos y objetivos que motivaron la jornada
de protesta social, así mismo está lejos de parte de los convocantes y
manifestantes el quebrantamiento o la afectación de los derechos
fundamentales de terceros, pues somos conscientes de las responsabilidades
constitucionales, por lo cual el centro de la protesta siempre estaba la
protección de la vida, la salud, la dignidad, la paz y la democracia”.
Finalmente, solicitó se declare la improcedencia de la presente acción
constitucional por hecho superado.
II.3. Ministerio de Defensa Nacional
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Accionante: Luz Adriana Gonzalez Lozano
El Comandante General de las Fuerzas Militares, a través del oficio No.
0122001807102/MDN-COGFM- OASLE – 1.5 del 15 de febrero de 2022, en
relación con la acción de tutela instaurada por la señora María Torres Cabrera
y radicada en la Ayudantía General del Comando General de las Fuerzas
Militares bajo el No. 0122000526201 el 15 de febrero del presente año,
informó que el citado documento fue remitido por competencia a los señores
Director General de la Policía Nacional y al señor Director de Asuntos Legales
del Ministerio de Defensa Nacional, respectivamente, de conformidad con lo
normado en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, el decreto 4890 de 2011,
“por medio del cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de
Defensa y se dictan otras disposiciones”, y la Resolución Ministerial núm. 3402
del 28 de abril de 2016, que aprueba la Disposición No. 4 del 26 de febrero
de 2016, por la cual “se reestructura el Ejército Nacional, se aprueban sus
Tablas de Organización y el equipo TOE y se dictan otras disposiciones”, para
que se dé cumplimiento a lo ordenado en el auto admisorio de fecha 8 de
febrero de 2022, y se informe lo actuado al Despacho Judicial dentro del
término concedido.
Precisó que el trámite de las acciones de tutela al interior del Ministerio de
Defensa Nacional y sus dependencias se encuentra regulada por la Circular
374 del 2009, que expresamente consagra el cumplimiento de los fallos de
tutela es de resorte de la dependencia donde radica el deber funcional de
atacarla de acuerdo a las labores que desempeña: “4. El cumplimiento de lo
ordenado en la sentencia de la acción de tutela se realizará por la dependencia
en la que se encuentre por competencia asignado el tema motivo de
vulneración”.
Puntualizó que la misión de las Fuerzas Militares en la asistencia militar, para
el caso de “grave alteración a la seguridad y convivencia”, es la de generar
condiciones de seguridad para el libre ejercicio de los derechos
fundamentales. Enfatizó que, en el marco de esta asistencia, corresponde a
las Fuerzas Militares, en coordinación permanente con las autoridades locales
y de policía: salvar vidas, restaurar los servicios esenciales, mantener o
restaurar la Ley y el orden, proteger la infraestructura y la propiedad, apoyar
el mantenimiento o restaurar el gobierno local, y apoyar la recuperación social
del territorio a solicitud de las autoridades respectivas.
Finalmente, indicó que, en el marco de la asistencia militar ordenada por las
fuerzas militares, siempre se ha actuado dentro de la competencia
constitucional, legal y funcional.
II.4. Gobernación del Valle del Cauca
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Accionante: Luz Adriana Gonzalez Lozano
La Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, a través de apoderado
judicial, procedió a dar respuesta a la presente acción de tutela en los
siguientes términos:
Solicitó que se nieguen las pretensiones de la presente acción de tutela y las
acumuladas, por ser improcedentes, debido a que se configura la excepción
de carencia actual del objeto por hecho superado. Asimismo, solicitó sea
desvinculada la entidad que representa.
Aseguró que la Gobernadora del Valle del Cauca, durante el tiempo que duró
el paro nacional, realizó un trabajo coordinado con la Nación, con las
diferentes Alcaldías del Departamento del Valle y las demás autoridades para
restablecer el orden, que fue afectado por quienes aprovecharon la
manifestación pacífica de los ciudadanos para realizar actos vandálicos.
Afirmó que la Gobernadora del Valle del Cauca, el 2 de mayo de 2021, pidió
al comité organizador del paro el desbloqueo de vías que permitiera el
abastecimiento a los centros poblados, la operación de las cadenas
productivas y el desplazamiento de la misión médica. Puntualizó que la
Gobernadora del Valle del Cauca convocó a las partes integrantes del conflicto
a un dialogo conciliatorio, en donde saliera beneficiaria la comunidad
Vallecaucana. Por lo que, a través de los diferentes medios de comunicación,
exhorto a los líderes del paro a desbloquear las vías carreteables, a fin de que
se permitiera la libre circulación de la misión médica, el abastecimiento,
vehículos transportadores de medicinas y demás productos que tenían que
ver con la salud de los vallecaucanos.
Preciso que, el 5 de mayo de 2021, se llegó a un gran acuerdo con los
intervinientes del paro, para abrir el corredor vial a fin de que pasaran los
vehículos transportadores de productos alimenticios, vehículos recolectores de
basura de todo el Departamento, esto como estrategia para garantizar la
seguridad alimentaria de la población vallecaucana. Indicó que, el 28 de mayo
de 2021, debido a la situación de orden público, registrada en el
Departamento del Valle del Cauca, solicito al Presidente de la República, que,
como comandante y jefe de las fuerzas militares, desplegara toda la capacidad
de fuerza pública y se hiciera efectiva la asistencia militar para retomar el
control del orden público del Departamento, siempre apegados al respeto de
los derechos humanos.
Finalmente manifestó que los hechos supuestamente atentatorios de derechos
fundamentales narrados por la accionante, en la actualidad, no existen, pues
es de conocimiento público que la jornada de protesta convocada en el
territorio nacional se presentó entre el 28 de abril al 6 de junio de 2021, por
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lo que se configura la excepción de carencia actual del objeto por hecho
superado; asimismo, solicitó la desvinculación del presente trámite, por
considerar que no se han vulnerados los derechos de las accionantes.
II.5. Municipio de Jamundí – Valle del Cauca
La Secretaria de Gobierno del Municipio de Jamundí, dentro del término legal
y en cumplimiento del auto del 01 de febrero de 2022, por medio del cual se
admite la presente acción de tutela, se pronunció en los siguientes términos:
Sostuvo que, frente a las pretensiones expuestas por la tutelante, se opone a
cada una de ellas, en razón a que no se avizora por parte del ente territorial
vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados, puesto que no
hay elementos de juicio suficientes que así lo demuestren. Agregó que la
administración municipal no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la
accionante; por lo tanto, solicita al despacho que declare improcedente la
presente acción de tutela impetrada por la señora LUZ ADRIANA GONZALEZ
LOZANO, pues el objeto de la acción de tutela es la protección efectiva,
inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, cuando
quiera que estos derechos resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta
amenaza o vulneración de las garantías fundamentales en cuestión.
II.6. Comando General de las Fuerzas Militares
El Comandante General de las Fuerzas Militares informó que el trámite de las
acciones de tutela al interior del Ministerio de Defensa Nacional y sus
dependencias se encuentra regulada por la Circular 374 del 2009, que
expresamente consagra que el cumplimiento de los fallos de tutela es de
resorte de la dependencia donde radica el deber funcional de atacarla de
acuerdo a las labores que desempeña: “4. El cumplimiento de lo ordenado en
la sentencia de la acción de tutela se realizará por la dependencia en la que
se encuentre por competencia asignado el tema motivo de vulneración”.
Mencionó la procedencia de aplicar la Resolución Ministerial No. 3402 del 28
de abril de 2016, que aprueba la Disposición No. 4 del 26 de febrero de 2016,
por la cual “se reestructura el Ejército Nacional, se aprueban sus Tablas de
Organización y el equipo TOE y se dictan otras disposiciones”, para que se dé
cumplimiento a lo ordenado en el auto admisorio de fecha 1 de febrero de
2022, y se informe lo actuado al Despacho Judicial dentro del término
concedido.
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Accionante: Luz Adriana Gonzalez Lozano
II.7. Ministerio del Interior
El Ministerio del Interior, a través de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
presentó informe en los siguientes términos:
Señaló que, en lo que respecta a los hechos indicados por el accionante, se
atiene a lo que se pruebe en el sub-examine en lo que se refiere al
acontecimiento del Paro Nacional del 28 de abril de 2021. Refirió que ese
Ministerio ha velado por garantizar el derecho a la protesta pacífica de los
ciudadanos y mantener el orden público en cada una de las ciudades.
Argumento que el Ministerio del Interior no ha vulnerado derecho fundamental
alguno a los tutelantes, ni de persona alguna, con la expedición del Decreto
575 del 28 de mayo del 2021, ni tampoco ha quebrantado el derecho a la
protesta social, por lo cual solicita declarar probada la inexistencia de
vulneración de los derechos fundamentales por parte del Ministerio del
Interior.
Finalmente, solicitó que se declare la carencia actual del objeto, por cuanto
los efectos jurídicos del Decreto 575 de 2021 se encuentran suspendidos
transitoriamente, con ocasión a la decisión judicial proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, dentro del trámite de la acción de tutela núm.
11001-03-15-000-2021-02250-00.
II.8. Ministerio de Defensa Nacional - Comando General de Las FFMM
y Ejército Nacional
En representación del Ministerio de Defensa – Comando General de las FFMM
y Ejército Nacional, a través de la Coordinadora del Grupo Contencioso
Constitucional del Ministerio de Defensa, dio respuesta en los siguientes
términos:
Manifestó que la figura de la asistencia militar está consagrada en el artículo
170 de la Ley 1801 del 2016, el cual la define como un instrumento legal que
puede ser dispuesto por el Presidente de la República en los siguientes
escenarios: i) ante hechos que alteren gravemente la seguridad o la
convivencia; ii) ante riesgo o peligro inminente; iii) para afrontar emergencia
o calamidad pública.
Adujo que, de conformidad con dicha norma y ante la situación de orden
público en el marco de las distintas jornadas de protesta adelantadas desde
el 28 de abril del 2021, el Presidente expidió el Decreto 575 del 28 de mayo
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de 2021 y ordenó que se aplicara, entre otras medidas, la figura de asistencia
militar en coordinación con algunas autoridades locales.
Puntualizó que a la fecha, y teniendo en cuenta que las situaciones de bloqueo
ya fueron levantadas y no se prueba que por parte de las autoridades locales
se siga solicitando la asistencia militar, existe total carencia de objeto, por lo
cual solicitó se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.
Refirió que, en el marco de la asistencia militar ordenada mediante el Decreto
575 de 2021, las Fuerzas Militares han actuado dentro de su competencia
constitucional, legal y funcional, principalmente evitando el sabotaje a
infraestructura del Estado y la obstrucción de vías públicas, así como
coadyuvando en el restablecimiento del orden público.
Manifestó que, en aplicación de esta herramienta, las Fuerzas Militares no
deben intervenir en operativos de control y contención en el marco de las
manifestaciones públicas, por cuanto dicha misión le corresponde a la Policía
Nacional a través de los efectivos de seguridad ciudadana, y en caso de graves
alteraciones al orden público a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios
(ESMAD).
Indicó que el servicio público de policía tiene unas características como
columna vertebral, que son irrenunciables para el personal que integra la
Institución, así:
✓ La actividad de policía es predominantemente preventiva,
pública, obligatoria, primaria, directa, permanente, inmediata
e indeclinable.
✓ La disponibilidad permanente de los uniformados, cualquiera
que sea su especialidad o circunstancia en que se halle,
implica la obligación de intervenir frente a los casos de Policía.
✓ El personal uniformado tiene la obligación constitucional de
prestar el servicio en todo el territorio nacional, con el fin de
efectuar un control social efectivo, en aras de repeler las
conductas que alteran el orden público, y los comportamientos
contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana.
Argumento que el Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional –
Escuadrón Móvil Antidisturbios, se encuentra constituido para salvaguardar la
vida, honra y bienes de los ciudadanos de conformidad con la misión señalada
en el artículo 218 de la Carta Política, que específicamente se encamina en
brindar el acompañamiento requerido por las autoridades legítimamente
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constituidas bajo precisas instrucciones y premisas para la garantía de los
derechos fundamentales de los marchantes y no participantes, aclarando que,
desde ningún punto de vista, el ESMAD acompaña y participa en las
manifestaciones públicas y pacíficas, toda vez que su intervención se genera
exclusivamente cuando las mismas se trasforman en vías de hecho ocasionado
desmanes y disturbios que afectan los derechos fundamentales de terceros
que no participan en la protesta.
Adicionalmente, manifestó que la Policía Nacional, en el marco de la
Constitución, la Ley y los reglamentos, es garante y respetuosa de los
protocolos internacionales e internos que protegen los derechos
fundamentales a la libertad de reunión y de manifestación; así las cosas, el
señor Director General de la Policía Nacional, en el marco de la competencia
conferida en el Decreto 4222 de 2006, artículo 2, numeral 8, desarrolló el
Manual para el Servicio en Manifestaciones y Control de Disturbios, precepto
normativo cuyo objeto principal es definir los parámetros institucionales en
estos escenarios, en aras de proteger los derechos fundamentales de las
personas que ejercen estas prerrogativas constitucionales y de quienes no lo
hacen, estableciendo una acertada y legítima intervención para el
restablecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana cuando se vean
alterados.
Mencionó que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 003 del 05 de enero de
2021, que establece un Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y
posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE
LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA
PROTESTA PACIFICA CIUDADANA"; asimismo, estableció las directrices para
la actuación de las autoridades de policía en sus funciones de garantía de
derechos fundamentales, conservación de la convivencia ciudadana y el orden
público en el marco de las manifestaciones públicas y pacíficas.
Refirió que, con la expedición del Decreto 003 de 2021, los procedimientos
señalados en esa norma se han venido cumpliendo, ejecutados por la Policía
Nacional acompañada por la Procuraduría, Veedurías, Defensoría y otros
organismos no gubernamentales. Por lo tanto, las pretensiones de la
accionante no tienen vocación de prosperidad.
II.9. Ministerio de Justicia y del Derecho
El Director Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, dentro del término,
contesto la presente acción de tutela, en los siguientes términos:
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Manifestó que esa cartera Ministerial es miembro del Consejo de Seguridad
Nacional, consejo que tiene unas funciones inminentemente asesoras del
señor Presidente; asimismo, a dicho Ministerio le corresponde, en virtud del
ejercicio de sus funciones, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política
pública en materia de ordenamiento jurídico, defensa y seguridad jurídica; es
por ello que, en coordinación con los representantes de las Carteras
Ministeriales del Interior y Defensa Nacional , se trasladaron a las diferentes
ciudades a inicios del mes de mayo del 2021 para hacer frente a la situación
producida por las manifestaciones realizadas desde el 28 de abril del 2021.
Finalmente, resaltó que los hechos descritos por la accionante hacen mención
a supuestos presentados el año inmediatamente anterior dentro del contexto
del paro nacional desarrollado en todo el territorio nacional, circunstancias
que a la fecha han cesado en su totalidad, desapareciendo la posible
vulneración de los derechos fundamentales, por lo cual en el presente asunto
se debe declarar la carencia de objeto por hecho superado, figura desarrollada
por la corte constitucional especialmente en la sentencia SU-529 de 2019.
II.10. Municipio de Palmira
El Secretario Jurídico de la Alcaldía Municipal de Palmira, actuando en
representación de la misma, de conformidad con el Decreto de Delegación N°
036 del 17 de enero del año 2020, “por medio del cual se delega la
representación judicial, extrajudicial y administrativa y se dictan otras
disposiciones”, señaló que:
El Coronel (R) Álvaro Antonio Arenas Muñoz, Secretario de Seguridad y
Convivencia, mediante el oficio TRD 2022-150.8.1.51, informó el estado
actual de bloqueos de las vías de la ciudad y, en síntesis, manifestó:
1. Que, en cumplimiento a la orden dispuesta en Decreto Presidencial, se logró
el levantamiento de los bloqueos permanentes en el punto correspondiente a
la vía Palmira-Cali-centro comercial Llano grande, lo que implicó un despliegue
de personal estimado de 300 hombres incluyendo el personal móvil
antidisturbios y personal de Departamento de la Policía Valle, de acuerdo con
planificación a nivel general en el Valle del Cauca; la intervención se llevó a
cabo el día 05 de junio de 2021 a 04:00 am.
2. El día 20 de junio de 2021 a las 05:00 am, se logró el levantamiento del
último bloqueo permanente que preexistía a la fecha en el Municipio de
Palmira en el punto correspondiente a Monte claro - Alameda, de acuerdo con
planificación a nivel general en el valle del cauca.3. Se evidencia en los
reportes referenciados que, a partir del 20 de junio de 2021, no se han
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presentado bloqueos temporales ni permanentes en la ciudad de Palmira,
gracias a los esfuerzos e intervenciones de las diferentes instituciones que
conforman el Puesto de Mando Unificado. De lo anterior es posible concluir
que el hecho que se invocó como vulneratorio de los derechos fundamentales
se encuentra superado, y la movilidad dentro del Municipio alcanzó su
normalidad y sin perturbaciones que afecten las prerrogativas superiores que
fueron expuestos en su momento.
Finalmente solicito que, no se tutele ningún derecho fundamental por
presentarse carencia actual de objeto hecho superado.
II.11. Policía Nacional
La Secretaria General - Oficina de Asuntos Legales de la Policía Nacional, a
través del Teniente Coronel Francisco Javier Castro Gil, en calidad de Jefe de
la Oficina Jurídica, dio respuesta a la presente acción de tutela, así:
Señaló que, en el caso bajo examen, deben desestimarse las pretensiones de
la accionante, toda vez que no se vislumbra la existencia de vulneración de
los derechos fundamentales alegados por la parte actora, y por el contrario,
es claro que la actuación de la Policía Nacional se encuentra en el marco de
las funciones constitucionales, legales y reglamentarias, para garantizar los
derechos de la accionante, así como para contrarrestar las graves alteraciones
del orden público que se han venido presentando en el territorio nacional.
Puntualizó que la Policía Nacional ha sido respetuosa del ejercicio del derecho
de reunión y manifestación pública y pacífica establecida en el artículo 37 de
la Constitución Política, acompañando a la población; así mismo, ha
intervenido en los momentos que ha sido necesario con el uso legítimo de la
fuerza, dentro del marco constitucional, convencional, legal y reglamentario,
cuando el ejercicio del derecho se desborda a través de la ejecución de actos
vandálicos y violentos, y en cumplimiento de tal fin dispuso de todas las
capacidades institucionales, con el objetivo de garantizar el ejercicio de los
derechos y libertades públicas de los no participantes en las manifestaciones.
Expuso que el actuar de la Policía en caso de manifestaciones se circunscribe
a los siguientes escenarios de actuación: i) Acompañamiento a las
manifestaciones públicas y pacificas para garantizar el derecho fundamental
de los manifestantes y de los no participantes, en un contexto normal y
adecuado del derecho fundamental de manifestación, situación en la cual, las
expresiones del derecho se ejecutan en determinado tiempo y culminan
pacíficamente sin afectar derechos de otras personas. ii) uso de fuerza para
dispersar las manifestaciones violentas y vandálicas, en cuyo marco la Policía
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Nacional, como funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y depositarios
del uso legítimo de la fuerza, podrán utilizar este medio de policía, para
controlar y hacer cesar las afectaciones derivadas de la violencia
indiscriminada en un ejercicio ilegitimo del derecho constitucional, iii) Ante la
ocurrencia de hechos que perturbaron el desarrollo del derecho fundamental
de reunión y manifestación en el país, fue necesaria la intervención policial,
siempre enfocada en la dispersión de los ciudadanos violentos, garantizando
el derecho de quienes lo ejercen de forma pacífica, así como los derechos de
los ciudadanos que no participan en las actividades, y iv) El uso de la fuerza
siempre ha sido considerado como el último recurso, su despliegue en los
diferentes lugares de la ciudad ha observado estrictamente los principios de
racionalidad, legalidad, necesidad, y proporcionalidad.
II.12. Policía Nacional del Valle del Cauca
El Comandante del Departamento de Policía del Valle del Cauca dio respuesta
a la presente solicitud de amparo en los siguientes términos:
Mencionó que, con el fin de garantizar el derecho de las manifestaciones
públicas, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 003 del 05 de enero de 2021,
que establece un Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y
posteriores, denominado "estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza
legítima del estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana".
Resaltó que este decreto marca las directrices para la actuación de las
autoridades de policía en sus funciones de garantía de derechos
fundamentales, conservación de la convivencia ciudadana y el orden público
en el marco de las manifestaciones públicas y pacíficas.
Agregó que el Departamento del Valle del Cauca siempre tuvo establecido
unos puestos de mando unificado PMU en cada municipio, integrado por los
representantes de las Gobernación, Alcaldías, Policía Nacional, Fiscalía
General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del
Pueblo, Personería, Bomberos, espacio donde se articuló la toma de decisiones
necesarias para la garantía de los derechos de los ciudadanos y a su vez la
supervisión de las mismas.
Finalmente, solicito no acceder a las pretensiones de la tutela, teniendo en
cuenta que en la actualidad no persisten o se encuentran en desarrollo las
manifestaciones públicas en el Departamento del Valle del Cauca,
configurándose de esta manera la carencia actual del objeto por motivo de la
acción de tutela.
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II.13. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través de
apoderado judicial, solicitó se declare la improcedencia de la presente acción
de tutela, o en su defecto, se desvincule a la Presidencia de la República y/o
el señor Presidente de la República de los efectos de su decisión, en caso de
ser favorable para el accionante.
Refirió que los hechos relatados por la accionante como vulneratorios de sus
derechos se centran en que, desde el 28 de abril, algunos grupos y sectores
sociales fueron atacados de manera sistemática, violenta y arbitraria por parte
de las fuerzas públicas, cuando se encontraban manifestando contra las
decisiones del Gobierno Nacional. Sin embargo, desde el 15 de junio de 2021,
el Comité del Paro Nacional anunció el cese de las manifestaciones, cesando
en su mayoría las manifestaciones en el país y retornando al orden público.
Puntualizó que el objeto de la presente acción se relaciona con la obligación
de las fuerzas públicas por mantener el orden público, y que dichas
manifestaciones han cesado de manera temporal; se solicita se emita una
decisión inhibitoria y por lo tanto no se haga un pronunciamiento de fondo por
la carencia de objeto.
Consideró que la presente solicitud de amparo debe ser declarada
improcedente, toda vez que no existe ningún hecho u omisión atribuible al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y/o al señor
Presidente de la República, y reitero su solicitud de desvincular al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y/o al señor
Presidente de la República del presente proceso, cualquiera fuere el sentido
de la sentencia.
II.14. El Municipio de Yumbo
A través de apoderado judicial, señaló que los hechos que originaron la
presente acción fueron superados claramente desde el mes de junio de 2021,
cuando fue levantado de manera definitiva el paro nacional. En este sentido
expresó que se configuró la excepción de carencia de objeto, el cual es un
hecho perfectamente notorio, toda vez que no existe ninguna vía del
departamento que se encuentre bloqueada, ni desabastecimiento de ningún
bien o servicio, y por lo tanto las pretensiones de la demanda deben ser
despachadas de manera negativa dado que, como se mencionó, el hecho fue
superado en su totalidad.
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III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. Competencia.
De conformidad con lo previsto por el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1. del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del
Decreto 333 de 6 de abril de 2021, y en virtud del artículo 2º del Acuerdo
número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones,
y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala,
que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales,
esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
3.2. Legitimación en la causa
3.2.1. Legitimación en la causa por activa
De conformidad con el artículo 86 de la Carta Política1, toda persona que
considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se
encuentren amenazados, podrá interponer acción de tutela directamente o a
través de un representante que actúe en su nombre.
En línea de lo anterior la Corte Constitucional 2 ha precisado que, según el
artículo 103 del Decreto 2591 de 19914, la acción de tutela puede ser ejercida
por toda persona que considere vulnerados sus derechos constitucionales
fundamentales, en nombre propio o mediante las siguientes
figuras: i) representante legal para los casos de: menores de edad, personas
jurídicas e incapaces, ii) apoderado judicial, o iii) por agencia oficiosa, caso
este último en el que debe encontrarse acreditado que el titular de los
derechos fundamentales no esté en la capacidad de hacer su propia defensa,
1
Constitución Política, artículo 86 “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
2
Ver sentencias T-082 de 1997, T-531 de 2002, T-1220, T-017, T-242, T-301 y T-503 de 2003, T-629 de 2006, T-
878 de 2007, T-652 de 2008, T-312 de 2009, SU-447 de 2011, T-442 de 2012, T-889 de 2013, SU-377 de 2014, T-
430 de 2017, entre otras.
3
Artículo 10. Legitimidad e interés. “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos. || También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. || También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
4
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
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lo cual debe manifestarse en el escrito de tutela o debe encontrarse probado
en el expediente5.
Descendiendo al caso bajo estudio, se observa que los actores de las
solicitudes de amparo acumuladas a la presente acción constitucional
acreditaron la legitimación en la causa por activa, en razón a que alegan actuar
en su calidad de ciudadanos que, con ocasión de los actos de violencia y bloqueo
de las vías públicas que se han presentado durante las manifestaciones que
iniciaron desde el 28 de abril de 2021, no han podido movilizarse de manera
libre y tranquila al interior de sus municipios e incluso por fuera de ellos, lo que
ha afectado sus derechos al trabajo y a la salud, así como una amenaza a su
vida e integridad personal; por lo que el objeto de la presente solicitud es que
se les permita ejercer su derecho fundamental a la locomoción de manera libre
en cualquier parte del territorio nacional y, en consecuencia, no se afecten las
garantías constitucionales que, a su juicio, se encuentran amenazadas con el
actuar de las accionadas.
En ese orden de ideas, los actores por sí solos se encuentran legitimados para
presentar la solicitud de tutela en lo que se refiere a los citados derechos, en
su calidad de ciudadanos que pretenden movilizarse de manera libre y sin
temor por el territorio nacional.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con relación a los derechos dignidad
humana, al mínimo vital, a la seguridad personal, saneamiento ambiental y a
la libertad de empresa, respecto de los cuales la Sala observa una falta de
legitimación en la causa por activa.
En efecto, de los escritos de tutela se encuentra que los actores describen una
amenaza y vulneración de los anteriores derechos respecto de terceros y de
la comunidad en general; no obstante, no se advierte que dicha amenaza o
transgresión tenga relación directa con ellos.
5
En relación con la agencia oficiosa, la Corte Constitucional en sentencia T-430 de 17 señaló que resulta procedente
“[…] cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condición de ejercer su propia defensa […]”, de
manera que, para que sea válida, se deben satisfacer los siguientes requisitos: “[…] (i) la manifestación del agente
oficioso en el sentido de actuar como tal; (ii) la circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela, ya por
figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental
no está en condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa […]”.
A su vez, en la sentencia SU-055 de 2015, consideró que, para que se configure la agencia oficiosa en materia de
tutela, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: “[…] (i) que el titular de los derechos no esté en
condiciones de defenderlos y, (ii) que en la tutela se manifieste esa circunstancia. En cuanto a esta última exigencia,
su cumplimiento sólo se puede verificar en presencia de personas en estado de vulnerabilidad extrema, en
circunstancias de debilidad manifiesta o de especial sujeción constitucional. La agencia oficiosa en tutela se ha
admitido entonces en casos en los cuales los titulares de los derechos son menores de edad; personas de la tercera
edad; personas amenazadas ilegítimamente en su vida o integridad personal; individuos en condiciones relevantes
de discapacidad física, psíquica o sensorial; personas pertenecientes a determinadas minorías étnicas y culturales
[…]”.
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Cabe aclarar que, si bien en las solicitudes de amparo se indica que se les han
vulnerado directamente las anteriores prerrogativas constitucionales, lo cierto
es que, de la lectura y alcance de los escritos de tutela, se reitera, no se
observa una afectación directa a sus derechos y, por el contrario, lo que se
pretende es proteger un interés general, así como poner de presente una
inconformidad con el manejo que han dado las autoridades a la situación de
orden público como consecuencia de las protestas sociales, así como para
mantener la seguridad pública y la convivencia ciudadana durante dichas
jornadas.
Lo mismo puede predicarse respecto del derecho a la libertad de empresa6;
sobre el asunto, se debe señalar que dicha garantía, en principio, no tiene la
calidad de fundamental, y sólo en eventos excepcionales es procedente su
protección por vía de tutela. En el caso bajo examen, se observa que el citado
derecho es invocado de manera general con el fin de proteger la economía del
país y aquel en el que se cita de forma particular 7, se debe resaltar, se limita
a realizar afirmaciones de una posible amenaza o vulneración a su ejercicio
de empresaria, pero no acredita dicha transgresión y que la misma sea de tal
naturaleza que habilite el análisis de dicho derecho por parte del juez
constitucional.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo por
falta de legitimación en la causa por activa respecto de los citados derechos,
toda vez que no se allegaron probanzas que den cuenta que específicamente
a los accionantes les resultaron amenazados o vulnerados.
3.2.2. Legitimación en la causa por pasiva
El artículo 86 inciso 1 de la Constitución Política establece que la acción de
tutela procede por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Por
su parte, la Corte Constitucional ha sostenido que la legitimación por pasiva
debe entenderse, en primer término, como la aptitud legal que tiene una
entidad para asumir la responsabilidad que surja con ocasión de la vulneración
o amenaza de un derecho fundamental8 y, en segundo lugar, como la facultad
6
En sentencia SU-157 de 1999 la Corte Constitucionalidad sobre las libertades económicas señaló: “[…] En este
contexto, si bien las libertades económicas no son derechos fundamentales per se y que, además, pueden ser
limitados ampliamente por el Legislador, no es posible restringirlos arbitrariamente ni es factible impedir el ejercicio,
en igualdad de condiciones, de todas las personas que se encuentren en condiciones fácticamente similares (C.P.
art. 13 y 333). Por consiguiente, es viable predicar la ius fundamentalidad de estos derechos cuando se
encuentren en conexidad con un derecho fundamental, esto es, cuando su ejercicio sea el instrumento
para hacer efectivo un derecho fundamental. Por lo tanto, es claro que en el presente asunto el derecho a la
iniciativa privada de los accionantes se encuentra directa e inescindiblemente ligado con dos derechos
fundamentales: el reconocimiento a la personalidad jurídica y el de la igualdad. […]”
7
Exp. 2021-03091-00.
8
Sentencia T- 739 de 2019.
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procesal que se le reconoce al demandado para que desconozca o controvierta
la reclamación que el actor dirige contra él mediante el recurso de amparo 9.
En el presente caso se encuentra acreditada la legitimación en la causa por
pasiva de las autoridades públicas accionadas, Comité Nacional de Paro,
Municipio de Yumbo, Municipio de Jamundí, Municipio de Palmira, Municipio
de Candelaria, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Presidencia de la
República, Alcaldía Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca,
Defensoría del Pueblo, Ministerio de Defensa, la Federación Colombiana de
Trabajadores de la Educación (Fecode), Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), la Confederación Nacional del Trabajo (CGT), la Unión Nacional de
Estudiantes de Educación Superior (UNEES) y la Asociación Colombiana de
Representantes Estudiantiles (ACREES), por las razones que se pasan a
explicar.
Cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 189 numeral 4° de la
Constitución10, le corresponde al Presidente de la República adoptar las
medidas necesarias para mantener o reestablecer el orden público en todo el
territorio nacional; por su parte, el artículo 29611 ibidem establece que los
Gobernadores son responsables del mantenimiento del orden público dentro
de su territorio; y el numeral 2° del artículo 31512 de la Carta Política, a su
vez, señala que es función de los alcaldes en sus respectivos municipios
conservar el orden público.
Así las cosas, no se accede a las solicitudes de desvinculación presentadas por
la Alcaldía Municipal de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca y la
Presidencia de la República, en razón a que, por mandato constitucional y
legal, la función de conservar el orden público es difusa, es decir, está
distribuida entre el Presidente de la República como suprema autoridad
administrativa y comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la
República. Por su parte, si bien los Gobernadores ejercen como agentes del
Presidente para el mantenimiento del orden público y deben aplicar de manera
preferente los lineamientos definidos por el primero en este tema, tienen
asignadas funciones constitucionales y legales relacionadas con el
restablecimiento del orden público en los departamentos donde resultaron
elegidos; igual situación se predica de los alcaldes. Por tal razón no procede
9
Sentencias T- 009 de 2013 y T- 011 de 2019.
10
Constitución Política. Artículo 189. “Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa […] 4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo
donde fuere turbado. […]”
11
Ibidem, artículo 296. “Para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los
actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de los
gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en
relación con los de los alcaldes.”
12
Ibidem, artículo 315. “Son atribuciones del alcalde: […] 2. Conservar el orden público en el municipio, de
conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo
gobernador. […]”.
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declarar la falta de legitimación o su desvinculación del presente tramite
constitucional.
3.4. Análisis de la Sala
3.4.1. Reiteración de posición de la Sala
En esta oportunidad estima la Sala procedente reiterar la posición fijada por
la Sección Primera del Consejo de Estado en el fallo del 10 de diciembre de
2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, Exp. 2021-02840-00, mediante la cual
se resolvió en primera instancia unas acciones de tutelas presentadas como
consecuencia de los bloqueos de las vías de manera permanente por parte de
los manifestantes, impidiendo el tránsito de personas y vehículos; entre estos,
vehículos de carga para el abastecimiento de alimentos, medicinas y
combustibles, así como vehículos para la movilización de medicamentos,
dispositivos, insumos y personal de salud; asimismo, por los actos de violencia
que se presentaron en desarrollo de la protesta social, iniciada el 28 de abril
de 2021, y en la cual se declaró improcedente las acciones de tutela respecto
de algunos de los derechos invocados; asimismo se declaró la carencia de
objeto, al establecer que:
« […] Descendiendo al asunto bajo análisis, la Sala observa que de los
escritos de tutela se pretende la protección de los derechos a la paz, al
saneamiento ambiental, al agua13 y la salubridad pública, la seguridad
pública, al patrimonio cultural, al ambiente sano y al goce del espacio y
bienes de uso público, derechos de naturaleza colectiva que, en
principio, su protección debe ser tramitada a través de la acción
popular.
No obstante, como atrás se explicó, es posible que en determinados
casos la afectación o vulneración del derecho colectivo implique la
amenaza o violación de un derecho fundamental, lo que en el caso
particular es posible advertir como consecuencia de la ocupación del
espacio público por el bloqueo de algunas de las vías locales y
nacionales, en razón a que se afecta de manera directa el derecho de
los accionantes a transitar libremente de un lugar a otro dentro del
territorio nacional, garantía prevista en el artículo 24 de la Constitución.
Sin embargo, como en las solicitudes de amparo se solicita de manera
directa la protección del citado derecho fundamental, su análisis se
realizará de forma independiente como más adelante se explicará.
13
T -223 de 2018 “Sobre la procedencia de la acción de tutela para exigir la protección del derecho fundamental al
agua, es preciso traer a colación lo expuesto en la sentencia T-348 de 201313, la cual explicó que la característica
para determinar la posibilidad de ejercer la acción de amparo depende de que la pretensión sea obtener agua para
consumo humano […]”
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23
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Ahora bien, respecto de los demás derechos colectivos citados como
vulnerados, la Sala no encuentra que se cumplan los requisitos para
efectuar su estudio mediante la presente acción constitucional, pues no
se acredita que su perturbación genere una afectación actual e
individual a derechos fundamentales de los accionantes; que lo que se
pretenda sea únicamente la protección iusfundamental y no del derecho
colectivo en sí mismo; y que la acción popular no sea el medio idóneo
para lograr su protección.
Por lo anterior, la Sala declarara la improcedencia de la acción de tutela
respecto de los derechos colectivos invocados.
(…)
En efecto, se advierte de los informes presentados por las autoridades
accionadas que, para lograr superar los hechos que dieron origen a la
presente tutela, los entes territoriales, junto con Presidencia, Policía
Nacional y Ministerio de Defensa, entre otras autoridades, adelantaron
diversas acciones con el fin de lograr el paso de vehículos médicos y
bienes de primera necesidad e insumos médicos durante la
permanencia de los cierres de las vías públicas, así como para obtener
el levantamiento definitivo de los bloqueos en los diferentes corredores
viales, entre las cuales se cita el acompañamiento interinstitucional
durante las manifestaciones, labores de diálogo y mediación, expedición
de actos administrativos, e incluso el uso de la fuerza en los lugares
donde se presentaron disturbios o acciones violentas que afectaron la
convivencia.
Como se explicó, la carencia actual de objeto es una figura desarrollada
jurisprudencialmente en la que, por circunstancias ocurridas durante el
trámite de la tutela, la solicitud de amparo pierde su razón de ser como
mecanismo de protección inmediata y actual de derechos
fundamentales, por lo que no se justifica que el juez de tutela profiera
órdenes inocuas o destinadas a caer al vacío. Sin embargo, es posible
que, dadas las particularidades de un proceso, el juez constitucional
profiera un pronunciamiento de fondo o incluso tome medidas
adicionales, a pesar de la declaratoria de carencia actual de objeto14.
En razón de lo anterior, aunque en el presente caso se declarará la
carencia actual de objeto por hecho superado, pues lo que se pretendía
14
Sentencia SU-522 de 2019, “[…] En ocasiones, sin embargo, la alteración o el desaparecimiento de las
circunstancias que dieron origen a la presunta vulneración de los derechos, conlleva a que la acción de amparo pierda
su razón de ser como mecanismo extraordinario de protección judicial. La doctrina constitucional ha agrupado estos
casos bajo la categoría de “carencia actual de objeto”. […] el hecho superado responde al sentido obvio de las
palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela, como
producto del obrar de la entidad accionada. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del
juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. Es importante precisar que en estos casos le
corresponde al juez de tutela constatar que: (i) efectivamente se ha satisfecho por completo lo que se pretendía
mediante la acción de tutela; (ii) y que la entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu propio,
es decir, voluntariamente. […]”
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con la solicitud de amparo aconteció antes de la intervención del juez
constitucional, en la medida en que todas las pretensiones están
dirigidas a lograr el levantamiento de los bloqueos de las vías públicas
y, por tanto, a que se permita la libre circulación por el territorio
nacional, la Sala advierte la necesidad de realizar un pronunciamiento
sobre el derecho fundamental a la libre locomoción, por ser la garantía
constitucional invocada como desconocida en todas las acciones de
tutela analizadas, es decir, en todos los trámites acumulados es el único
derecho común, adicionalmente su vulneración, es el origen de la
amenaza o transgresión de los demás derechos fundamentales
invocados.
(…)
La Sala aclara, sin embargo, que tal situación no puede ser atribuida a
las entidades accionadas, pues es evidente que, en su intervención en
tal contexto, no es posible exigir un resultado, sino un actuar diligente;
ello, ante los deberes que las autoridades tienen de respetar la vida, la
honra y los bienes de todos los ciudadanos, sin excepción, y de ejercer
el poder de que está investida atendiendo los principios de necesidad y
proporcionalidad. Y, como quiera que no se ha acreditado en este
trámite que la actuación de las accionadas haya sido negligente, no se
observa que ellas hayan amenazado o vulnerado derechos
constitucionales fundamentales; más cuando está claro que la acción
que se pide tutelar tiene su origen en conductas que pueden predicarse
de quienes han participado en la protesta, excediéndose de los límites
que ella tiene, y no de las autoridades accionadas.[…]»
3.4.2. Carencia Actual de Objeto
La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta de un
derecho fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual justifica la
necesidad de una decisión por parte del juez constitucional. Sin embargo, si
luego de acudir a la autoridad judicial, la situación ha sido superada o resuelta
de alguna forma, no tendría sentido un pronunciamiento, por cuanto la
decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a
todas luces inocua y, por tanto, contraria al objetivo constitucionalmente
previsto para esta acción, como es la protección inmediata y actual de
derechos fundamentales15, situación que la jurisprudencia a denominado
“carencia actual de objeto”.
15
Sentencia T- 308 de 2003.
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El alto Tribunal Constitucional ha señalado que se se configura la carencia
actual de objeto en tres situaciones, a saber: i) por hecho superado; ii) por
daño consumado; y iii) por hecho sobreviniente.
El hecho superado se presenta cuando, durante el trámite de amparo, las
acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por
la satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la
orden a impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de ser, pues
el derecho ya no se encuentra en riesgo16.
Por su parte, el daño consumado se presenta cuando se ha consumado la
violación o amenaza del derecho fundamental que se pretendía evitar con la
acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o
impedir que se concrete el peligro17.
El hecho sobreviniente constituye18 una nueva categoría diseñada para cubrir
escenarios que no encajan en los conceptos tradicionales de daño consumado
y hecho superado, por lo que remite a cualquier “otra circunstancia que
determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado
en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el
vacío”19.
A las tres modalidades ha agregado la Corte Constitucional la carencia de
objeto por sustracción de materia, y ha establecido que opera “en aquellos
casos en que deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez
constitucional debe tomar una decisión”20. Igualmente, cuando, “al ya haber
sido atendidas por un juez de tutela las peticiones de la accionante, debe
simplemente declararse la carencia de objeto por sustracción de materia, tal
y como lo ha venido haciendo la jurisprudencia de esta corporación” 21
3.5. Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que los actores pretenden el amparo
de sus derechos fundamentales a la libre circulación, trabajo, integridad
personal y salud, los cuales, a su juicio, han sido vulnerados por el Comité
Nacional de Paro, Municipio de Yumbo, Municipio de Jamundí, Municipio de
Palmira, Municipio de Candelaria, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia,
Presidencia de la República, Alcaldía Santiago de Cali, Departamento del Valle
16
Sentencia T- 662 de 2016.
17
Sentencia SU - 665 de 2017
18
Sentencia SU - 522 de 2019.
19
Sentencias SU - 225 de 2013.
20
Cfr. Sentencia T-607 de 2016; T-682-2001
21
Cfr. T-635-2001
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del Cauca, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Defensa, la Federación
Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), la Confederación Nacional del Trabajo (CGT), la Unión
Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES) y la Asociación
Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACREES); debido a que, en su
criterio, dichas autoridades han sido omisivas, al permitir que, durante las
protestas sociales que iniciaron el 28 de abril de 2021, se bloquearan las vías
públicas de manera permanente e incluso se generaran actos de violencia en
contra de quienes no participan en ellas, lo que vulnera sus derechos; por lo
que pretenden se adopten las medidas necesarias con el fin de lograr el
desbloqueo inmediato de las vías tanto nacionales como locales
Ahora bien, teniendo en cuenta los parámetros dispuestos por la Corte
Constitucional, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado en cuanto a la
carencia de objeto por sustracción de materia, advierte la Sala que, en el caso
concreto, se dan los presupuestos para declararlo, como se pasa a explicar.
Reiterando lo explicado anteriormente, la carencia de objeto por
sustracción de materia opera “en aquellos casos en que deja de existir el
objeto jurídico respecto del cual el juez constitucional debe tomar una
decisión”22. Igualmente, cuando, “al ya haber sido atendidas por un juez de
tutela las peticiones de la accionante, debe simplemente declararse la carencia
de objeto por sustracción de materia, tal y como lo ha venido haciendo la
jurisprudencia de esta corporación”23. (destaca la Sala)
En el caso concreto, al revisar las pretensiones de las presentes acciones de
tutela, como se puede apreciar en el cuadro a continuación, si bien algunas
distan en su redacción, estas van dirigidas a que se proteja y garantice el
derecho fundamental de locomoción, como consecuencia de los hechos que
ocurrieron en el territorio nacional en el marco de las protestas que iniciaron el
pasado 28 de abril de 2021.
Pretensiones 2021-03009-00
Pretensiones presentadas por los accionantes (acumuladas 2021-03150-00,
en el proceso 2021-02840-00 2021 02645-00, 2021-02720-00,
2021-02882-00, 2021-02888-00,
2021-02930-00, 2021-02932-00,
2021-02979-00, 2021-03072-00,
2021-03099-00, 2021-03331-00
“Con fundamento en la narración anterior, se “Pretensiones Principales:
solicita al Despacho, la PROTECCIÓN INMEDIATA
de los derechos antes descritos, que han sido PRIMERO: Se declare vulnerados mis
vulnerados por los accionados, ya sea por acción u derechos fundamentales a la libertad de
omisión, en su calidad de garantes de los mismos. circulación y locomoción, a la salud, al
22
Cfr. Sentencia T-607 de 2016; T-682-2001
23
Cfr. T-635-2001
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saneamiento ambiental, a la vida, a la
Que se restablezca y se garantice la libre salubridad pública, al trabajo, a la libre
circulación por el territorio nacional, conforme lo empresa, a la vida digna y a la
dispone la norma superior, a todos los ciudadanos. seguridad de la persona.
Que se garantice el derecho a la paz, el derecho al SEGUNDO: Como consecuencia de lo
trabajo, el derecho a la honra y la dignidad; el anterior, díctense las siguientes
derecho a la salud, a la propiedad privada, a la órdenes:
producción de alimentos; el derecho a la libertad,
a la recreación y al deporte, en fin, que se 1. Ordénese al Comité Nacional del
restablezca el orden público y demás garantías Paro, el desbloqueo inmediato de
constitucionales que sistemáticamente vienen cualquier vía pública, nacional o local.
siendo vulnerados a la sombra del derecho a la
protesta, sin que el Estado garantice los derechos 2. Ordénese a la Municipio de Yumbo,
a las personas que no hacemos parte de tales Municipio de Palmira, Municipio de
manifestaciones.” Candelaria, a la Presidencia de la
República, Defensoría del Pueblo,
Asimismo otros accionantes24 plantearon las Ministerio de Defensa Nacional,
siguientes pretensiones que también fueron Ministerios de Interior, Ministerio de
acumuladas al fallo antes mencionado: Justicia y del Derecho, Alcaldía de
Santiago de Cali, y Departamento del
“PRIMERO: Se declare vulnerados mis derechos
Valle del Cauca, la toma de medidas
fundamentales a la libertad de circulación y
legales y constitucionales.”
locomoción, a la salud, al saneamiento ambiental,
a la vida, a la salubridad pública, al trabajo, a la
En la acción de tutela núm. 2021-
libre empresa, y a la vida digna.
02645-00:
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior,
“PRIMERO: Tutelar los derechos
díctense las siguientes ordenes:
fundamentales que invoco
garantizándome el derecho a la
1. Ordénese al Comité Nacional
libertad de movilidad para mí
del Paro, el desbloqueo inmediato
persona, para mí ejercicio como
de cualquier vía pública, nacional
madre, abuela, empresaria y
o local.
ciudadana, en todos los ámbitos de mi
vida, garantizándome así los derechos
24
En las acciones de tutela que se relacionan a continuación se formularon iguales o similares pretensiones: 2021-
02770-00, 2021-02985-00, 2021-02969-00, 2021-02923-00, 2021-03039-00, 2021-02849-00, 2021-03053-00,
2021-03104-00, 2021-02826-00, 2021-02896-00, 2021-02777-00, 2021-02693-00, 2021-02925-00, 2021-03007-
00, 2021-02928-00, 2021-02841-00, 2021-02857-00, 2021-02842-00, 2021-02926-00, 2021-02871-00, 2021-
02889-00, 2021-02886-00, 2021-03283-00, 2021-03064-00, 2021-02844-00, 2021-02898-00, 2021-02958-00,
2021-02954-00, 2021-02852-00, 2021-02878-00, 2021-03107-00, 2021-02846-00, 2021-02830-00, 2021-02977-
00, 2021-02865-00, 2021-03069-00, 2021-02927-00, 2021-03076-00, 2021-03115-00, 2021-03083-00, 2021-
02894-00, 2021-02933-00, 2021-03049-00, 2021-02931-00, 2021-03029-00, 2021-02978-00, 2021-02884-00,
2021-02876-00, 2021-02837-00, 2021-02885-00, 2021-03161-00, 2021-03532-00, 2021-02929-00, 2021-02976-
00, 2021-02829-00, 2021-03271-00, 2021-03300-00, 2021-02951-00, 2021-02858-00, 2021-02713-00, 2021-
02967-00, 2021-03079-00, 2021-02835-00, 2021-02988-00, 2021-02789-00, 2021-03019-00, 2021-02997-00,
2021-02850-00, 2021-02854-00, 2021-02983-00, 2021-02890-00, 2021-02897-00, 2021-03137-00, 2021-02819-
00, 2021-03045-00, 2021-03027-00, 2021-03109-00, 2021-03162-00, 2021-02861-00, 2021-02717-00, 2021-
03114-00, 2021-03154-00, 2021-02833-00, 2021-02946-00, 2021-02692-00, 2021-02718-00, 2021-02788-00,
2021-02990-00, 2021-02962-00, 2021-03163-00, 2021-02984-00, 2021-03051-00, 2021-02942-00, 2021-03061-
00, 2021-02813-00, 2021-02982-00, 2021-02845-00, 2021-02953-00, 2021-02887-00, 2021-02832-00, 2021-
03229-00, 2021-03081-00, 2021-02950-00, 2021-02968-00, 2021-03159-00, 2021-03067-00, 2021-02935-00 (La
pretensión está dirigida adicionalmente a la Alcaldía de Bogotá), 2021-02995-00 (En este proceso se incluyó la
protección del derecho a la integridad personal y como accionados el Departamento del Cauca y el Concejo Regional
Indígena del Cauca CRIC).
Estas mismas pretensiones fueron incorporadas en las acciones de tutela que se relacionan a continuación, en las
cuales además se incluyó la protección al derecho al mínimo vital y como autoridad accionada el Municipio de Puerto
Tejada: 2021-03155-00, 2021-03314-00, 2021-03345-00, 2021-03316-00, 2021-03248-00, 2021-03219-00, 2021-
03354-00, 2021-03176-00, 2021-03143-00, 2021-03395-00, 2021-03600-00, 2021-03347-00, 2021-03225-00,
2021-03556-00, 2021-03265-00, 2021-03183-00.
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2. Ordénese a la Municipio de que me asisten de manera integral y
Yumbo, Municipio de Palmira, que esto se haga INMEDIATAMENTE.
Municipio de Candelaria, a la
Presidencia de la República, SEGUNDO: Se ordene
Defensoría del Pueblo, Ministerio inmediatamente el desbloqueo de
de Defensa Nacional, Ministerios todas las vías de este país de parte de
de Interior, Ministerio de Justicia todos los actores que participen en
y del Derecho, Alcaldía de una protesta de cualquier tipo que
Santiago de Cali, y Departamento sea.
del Valle del Cauca, la toma de
medidas legales y TERCERA: Se judicialice a todos
constitucionales inmediatas que aquellos actores que han faltado a sus
garanticen el desbloqueo de las deberes y los que hayan cometido
vías nacionales y locales, a efecto ilícitos en el marco de estas protestas
de garantizar los derechos que me están violando mis derechos
fundamentales vulnerados.” constitucionales.”
En las acciones de tutela No. 2021-02880-00 y
2021-02966-00:
“PRIMERO: TUTELAR los Derechos Fundamentales
art. 13, 24, 25, 28 de la ciudadanía de Jamundí,
Cali, el departamento del Valle del Cauca y todas
las ciudades y municipios del país que se han visto
vulnerados por parte de los manifestantes y con
permisividad de los entes gubernamentales.
SEGUNDO: ORDENARLE al alcalde de Jamundí,
alcalde de Cali, gobernadora del Valle del Valle del
Cauca, presidente de la República, Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional, comité nacional
de paro (CUT, CGT, CTC, CPC, CDP, FECODE,
Dignidad Agropecuaria, cruzada camionera,
ACREES, UNEES), Senado de la República a
proteger los derechos fundamentales de los
ciudadanos y los niños que han sido vulnerados por
el paro nacional según la constitución política de
Colombia.”
En el escrito de tutela No. 2021-02707-00:
“1. Que se me tutelen mis derechos fundamentales
al trabajo y al mínimo vital y móvil.
2. Que se le ordene al señor Presidente de la
República Iván Duque Márquez que en un término
prudencial adelanten las acciones necesarias para el
levantamiento definitivo de los bloqueos en la recta
Cali – Palmira en ambos sentidos y en el Paso del
Comercio a la altura de Cali, sin que sea válido el
establecimiento de los tales “Corredores
Humanitarios” que son unos corredores de la
vergüenza que solo han servido para legitimar y
validar los bloqueos ilegales que están aconteciendo
en el Valle del Cauca.”
En la solicitud de tutela No. 2021-02851-00:
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Accionante: Luz Adriana Gonzalez Lozano
“1. Se reconozca los derechos fundamentales a la
libre circulación, trabajo, alimentación En virtud de
la Constitución Política Nacional.
2. Ordenar a la policía hacer que por ley les
corresponde de garantizar y velar por la seguridad
de todos los colombianos, despejar las vías de Cali y
demás municipios de manera advirtiéndoles de
forma pacífica y llamando a los manifestantes para
desbloquear la vía sin premura como primera opción
antes de ejercer el desbloqueo a la fuerza, pero sin
quedarse en el dialogo de solicitar pacíficamente el
despeje porque ya que la mayoría de la gente
necesita poder ejercer nuestros derechos al trabajo,
libre locomoción, y alimentación. En sectores
Meléndez, sector la luna, loma de la cruz, puerto
rellena, paso del comercio etc.
3. ordenar al alcalde de Cali ejercer los controles
necesarios para brindar seguridad a todos los
caleños.
4. pedirle al gobierno nacional que dialogue con los
jóvenes y gremios y se llegue un acuerdo lo más
pronto posible buscando en bienestar de todos sus
ciudadanos no de un gremio en particular. […]”
En cuanto a los hechos:
2021-02840-00 2021-03009-00 (acumuladas 2021-
03150-00, 2021 02645-00, 2021-02720-00,
2021-02882-00, 2021-02888-00, 2021-
02930-00, 2021-02932-00, 2021-02979-00,
2021-03072-00, 2021-03099-00, 2021-
03331-00
Indican que, desde el 28 de abril de 2021, han Manifestaron que, desde el 28 de abril de 2021,
sido vulnerados sus derechos fundamentales por fecha en la cual se dio inició la jornada de
parte de las accionadas al permitir que en todo el protestas en todas las ciudades del país; las
territorio nacional se lleven a cabo las mismas se tornaron violentas, afectando así el
denominadas “protestas sociales o paro derecho a la movilidad de todas las personas que
nacional”. residen en la ciudad de Cali, presentándose
también en desarrollo de las protestas actos
Afirman que las marchas han sido escenario de vandálicos.
recurrentes violaciones a las garantías
constitucionales no solo de los actores sino de Señaló que, debido a los bloqueos realizados en
todos los habitantes del país, ya que se han las principales vías del país, se presentó no solo
presentado bloqueos a las vías nacionales y un desabastecimiento en los productos, sino que
municipales que han estado acompañados de también se ha impedido que los ciudadanos
actos de violencia en contra de los sistemas de asistan a sus citas médicas o trabajos.
transporte masivo (quema de los buses), de la
infraestructura pública y privada, de los
monumentos, e incluso de personas.
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Por su parte, en la acción de tutela con radicado
Manifiestan que el derecho a la vida ha sido núm. 2021-02645-00
vulnerado durante las protestas ya que varias
personas han muerto y hay un número Indicó que, desde el 28 de abril de 2021, han sido
indeterminado de lesionados. vulnerados sus derechos fundamentales por parte
de las accionadas al permitir que en todo el
Aducen que, tanto las personas que participan de territorio nacional se lleven a cabo las
las marchas como las que no, han sido sometidos denominadas “protestas sociales o paro
a tratos crueles y degradantes, “por parte de nacional”.
quienes se sienten legitimados para ejercer
agresiones de todo tipo a la ciudadanía en
Afirmó que como consecuencia de los bloqueos de
general, con el pretexto de que están
las vías y los desmanes presentados en el marco
reivindicando los derechos del pueblo. Con ese
de las protestas, se han restringido sus derechos
pretexto cierran vías, retienen campesinos,
como de movilidad, de trabajo, de salud, etc.
agreden a su arbitrio y voluntad”.
Refieren que, desde que comenzó el paro Refirió que, “Salir a la calle se me ha vuelto un
nacional, el derecho a la paz se ha visto ejercicio de altísimo riesgo y heróico ya que
amenazado, por cuanto se ha creado en la hordas de participantes del paro, han atacado
comunidad en general zozobra e intranquilidad diariamente instalaciones del sistema de
debido a los actos vandálicos, los cuales generan transporte público, los vehículos, además
miedo y temor de salir a las calles, de movilizarse bloquean calles, atacan bancos, edificios públicos,
al interior de los municipios y ciudades y/o de atacan carros, centros comerciales, locales
ejercer sus actividades comerciales. comerciales individuales, y en general, bloquean
en todo el país los pueblos de los que me surto y
Consideran que el derecho a circular libremente se surten los establecimientos e instituciones con
por el territorio nacional se ha vulnerado por los que diariamente debo interactuar, bloquen
bloqueos de las vías, ya que se ha impedido el municipios, ciudades, los puertos del país y al
paso de transporte particular y público, e incluso final, bloquean de manera indolente, sin control
se ha tenido que suspender el éste último, lo que ni límite, el país entero sin que yo como
impide la movilización libre y segura dentro y ciudadana sienta la protección de ninguna
fuera de las ciudades y perjudica a la gran institución del estado, en defensa de mis
mayoría de la población colombiana, hechos que, derechos, ni se ejerza castigo alguno hacia
en criterio de algunos actores, constituye el delito quienes violentan mis derechos, hacen caos de la
de obstrucción a vías públicas. gobernabilidad, la seguridad y la vida segura,
digna y saludable a la que yo constitucionalmente
Resaltan que, con los bloqueos, se vulnera el tengo derecho”.
derecho al trabajo ya que no es posible
movilizarse para llegar a los sitios donde
desarrollan su actividad laboral, o para
transportar los insumos o materias primas
necesarias para la producción de bienes y
servicios, así como para transportar los bienes
que se producen y comercializan, circunstancias
éstas que afectan su mínimo vital.
Afirman que los bloqueos han impedido el
abastecimiento de alimentos, medicinas,
combustibles, insumos agropecuarios e insumos
necesarios para potabilizar el agua; situación que
ha generado un desabastecimiento de los bienes
y servicios de primera necesidad y, por tanto, un
aumento considerable en su precio.
Señalan que el derecho a la salud está siendo
vulnerado, por cuanto están impidiendo el paso
de medicamentos, vacunas y personal de salud;
al igual que a los pacientes no se les está
permitiendo el paso para acceder a los servicios
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de salud, así como atender sus citas médicas y
procedimientos programados. De igual forma,
aducen que, durante las protestas, no se ha
cumplido con los requisitos mínimos de seguridad
sanitaria para evitar el contagio del covid-19 y
que durante dichas aglomeraciones se está
aumentando el riesgo de contagio, lo que afecta
el derecho a la salud de quienes no participan en
dichas protestas. Así mismo, alegan que dichos
bloqueos impiden las labores de recolección de
basuras.
Aducen que se vulnera el derecho a la educación
en la medida en que se impide la asistencia de los
niños a las instituciones educativas y en otros
casos se han cancelado las clases virtuales, por
parte de los profesores agremiados a Fecode.
Aseguran que los bloqueos han impactado el
comercio ya que no se han podido abrir los
negocios por miedo de que se atente contra su
integridad física, así como por los hurtos y
saqueos que se han presentado durante dichas
protestas, poniendo en riesgo la subsistencia de
independientes, comerciantes, empresarios y
trabajadores. Además de que han ocasionado el
desabastecimiento y encarecimiento de
alimentos, medicinas, oxígeno y gasolina.
Alegan que en algunos casos se trasgrede el
derecho fundamental a la propiedad privada25 ya
que “[…] se han visto afectados sus bienes como
son vehículos de carga, almacenes, bodegas por
actos vandálicos que durante las protestas y
cierres de vías han generado daños a través de la
violencia a sus propiedades y además de ello han
impedido explotar y disponer libremente de ellos
ya que todo vehículo de carga no se puede
movilizar ante la amenaza de ser vandalizado o
quemado. […]”
Estiman que las autoridades accionadas han sido
permisivas al dejar que se realicen y que
permanezcan los bloqueos, sin realizar oportunas
intervenciones para contrarrestar los actos
vandálicos y de esta manera asegurar la
convivencia pacífica y el orden público. Resaltan
que es función del Presidente de la República, de
los gobernadores y de los alcaldes conservar en
el territorio nacional y en su respectiva
jurisdicción el orden público y restablecerlo donde
fuere turbado, mandato que está siendo
desconocido, ya que a la fecha no existe
gobernabilidad en el territorio, debido a que la
protesta social se tornó en desorden y caos,
afectando la economía, la movilidad, la salud, los
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Radicado 2021-03091-00.
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procesos de vacunación, el suministro de
alimentos y combustibles.
Afirman26 que, como ciudadanos, se han visto
afectados por cuanto la seguridad se ha
disminuido debido a que la Policía Nacional ha
tenido que dedicar todo su pie de fuerza para
contrarrestar estas actividades vandálicas que se
presentan durante las manifestaciones, por lo
cual los barrios se encuentran desprotegidos del
personal de esta Institución que normalmente
cubre la seguridad en los mismos.
Manifiestan que el Comité de Paro Nacional ha
dado la orden de continuar con el paro nacional y
con los diferentes bloqueos en las vías nacionales,
distritales y municipales, sin rechazar
públicamente el vandalismo, los saqueos, las
muertes y los bloqueos de vías lo que vulnera sus
derechos. Así mismo, afirman que los miembros
del Comité de Paro y algunos miembros del
Congreso de la República, en lugar de llamar a la
concordia y el diálogo, han apoyado los bloqueos
con sus pronunciamientos, lo que ha hecho que
se profundice la crisis.
Indican27 que “[…] quienes ejercen una función
pública o que su persona es de interés público
como los representantes políticos y de
organizaciones sociales, jefes de cartera y otros,
deben mantener una moderación en el lenguaje
tanto en redes sociales como por cualquier otro
medio que no cause alteraciones al orden público
y vulneración de derechos fundamentales a
otros”.
Destacan que la Constitución Política protege el
derecho fundamental a la manifestación pública
siempre que ésta sea pacífica, por lo que los actos
de violencia que se han presentado durante las
protestas no son amparados por el ordenamiento.
Insisten en que los derechos de los manifestantes
no pueden afectar los derechos de aquellos que
deciden no movilizarse.
En cuanto a los derechos invocados:
2021-02840-00 2021-03009-00 (acumuladas 2021-
03150-00, 2021 02645-00, 2021-02720-
00, 2021-02882-00, 2021-02888-00,
2021-02930-00, 2021-02932-00, 2021-
26
Rad. 2021-03215-00
27
Rad. 2021-03536-00
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02979-00, 2021-03072-00, 2021-03099-
00, 2021-03331-00
Los derechos fundamentales invocados en todas La libertad de circulación y locomoción, a la
las acciones de tutela son: la vida, a no ser salud, al saneamiento ambiental, a la vida, a
sometido a desaparición forzada ni tortura, la la salubridad pública, al trabajo, a la libre
paz, la libre circulación, el trabajo, la libertad, empresa, a la vida digna y a la seguridad de
la familia, los derechos de los niños, la salud y la persona.
saneamiento ambiental, la salubridad
pública, la seguridad pública, la recreación, el
deporte y aprovechamiento del tiempo libre, la
propiedad privada, la producción de alimentos, el
patrimonio cultural, el ambiente sano, el derecho
al espacio público, la dignidad humana, el mínimo
vital, la seguridad personal, la igualdad, la libre
desarrollo de la personalidad, libertad de
conciencia, la libertad de culto, la libertad de
expresión, la libertad de profesión, la educación,
la libertad de empresa, el derecho al agua, a la
integridad física, moral y psíquica, a la
tranquilidad personal y a la consulta previa.
Como se observa en los cuadros comparativos, esta misma sección, en fallo de
primera instancia, expediente 2021-02840-00 del 10 de diciembre de 2021, C.P.
Oswaldo Giraldo López, tuvo la oportunidad de analizar los mismos supuestos
fácticos y jurídicos, así como estudiar una serie de pretensiones similares a las
deprecadas por los accionantes del proceso que ahora estudia esta Sala y que
dieron lugar a declarar la improcedencia de las solicitudes de amparo y declarar
la carencia de objeto por hecho superado y como consecuencia de ello a impartir
las siguientes ordenes:
“(…)
CUARTO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de amparo formulada
por Bismarck Quijano y las acciones de tutela acumuladas para proteger
los derechos e intereses colectivos alegados, por las razones expuestas en
la parte motiva numeral 3.3.1. de esta sentencia.
QUINTO: Declarar IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Bismarck Quijano y las acciones de tutela acumuladas, en los casos en los
cuales se haya solicitado su protección, en relación con las pretensiones
consistentes en declarar el Estado de Conmoción Interior, ordenar limitar
derechos fundamentales y ordenar trámites legislativos, por las razones
expuestas en los numerales 3.3.2., 3.3.3. y 3.3.4. de la parte considerativa
de esta providencia, respectivamente.
SEXTO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de amparo interpuesta por
Bismarck Quijano y las acciones de tutela acumuladas en los casos en los
cuales se haya solicitado su protección, únicamente en relación con los
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derechos a no ser sometido a desaparición forzada ni tortura, a la libertad,
a la familia, derechos de los niños, a la recreación, práctica del deporte y
aprovechamiento del tiempo libre, a la dignidad humana, al mínimo vital,
a la seguridad personal, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad,
a la libertad de conciencia, a la libertad de culto, a la libertad de expresión,
a la libertad de profesión, a la educación, a la consulta previa, propiedad
privada y a la libertad de empresa, conforme lo expuesto en el numeral
3.5.1. del presente fallo.
DÉCIMO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho
superado en la acción de tutela que ejerció el señor Bismarck Quijano y
las acciones de tutela acumuladas, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte considerativa de esta providencia. (…)”
En consecuencia de lo anterior, en el caso concreto no hay lugar a emitir un
pronunciamiento de fondo, toda vez que existe carencia de objeto por
sustracción de materia, como quiera que las pretensiones deprecadas ya
fueron resueltas por esta misma Sala. En este mismo sentido, se ha
pronunciado esta sección en los casos que ha estudiado posterior a la
expedición del fallo del 10 de diciembre de 2021, exp. 2021-02840-00, como
se puede apreciar en la decisión adoptada el 9 de septiembre de 2021, C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón, exp. 2021-0226328.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de amparo interpuesta por
Luz Adriana González Lozano y las acciones de tutela acumuladas en los casos
en los cuales se haya solicitado la protección de los derechos a la dignidad
28
Cfr. “De lo anterior se colige que la carencia actual de objeto, por sustracción de materia, se configura en
aquellos casos en que deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez constitucional debe tomar
una decisión, por lo cual, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez
constitucional queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental invocado, tal y
como ocurre en el presente caso.
Aplicando dicho criterio al caso bajo examen, se advierte que no hay lugar a emitir un pronunciamiento de fondo
dentro del presente asunto, toda vez que existe carencia actual de objeto por sustracción de materia, pues, en efecto,
las pretensiones incoadas por vía de tutela ya fueron resueltas por esta Sala que, además, dispuso e impartió frente
a cada una de ellas las órdenes antes referenciadas, las cuales, como se dijo, se prohíjan en el presente caso por
tratarse de supuestos fácticos y jurídicos idénticos.
Así las cosas, se declarará la improcedencia del amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de esta providencia”.
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Accionante: Luz Adriana Gonzalez Lozano
humana, al mínimo vital, a la seguridad personal, al saneamiento ambiental
y a la libertad de empresa, conforme lo expuesto en la parte resolutiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de
materia en la acción de tutela que ejerció la señora Luz Adriana Gonzalez
Lozano y las acciones de tutela acumuladas, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de
noviembre de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para
su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los términos
señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
VALDÉS Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
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