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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-03017-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
15 de julio de 2021
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-03017-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela respecto de la inconformidad relacionada con el defecto sustantivo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado frente al defecto fáctico alegado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2021-03017-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

15 de julio de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO - Improcedencia por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA / SANCIÓN POR INEXACTITUD / BENEFICIO DE AUDITORÍA / DEDUCCION POR PROVISIÓN DE ACREEDORES - No acreditada / PROVISIÓN DE ACTIVOS - No acreditada

[L]a inconformidad planteada por la actora radica en que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, toda vez que dejó de analizar el dictamen pericial que fue aportado en el proceso, prueba que daba cuenta de la realidad económica de las provisiones y que originaba deducción tributaria, por lo que la obligación de pago a su cargo de un mayor valor de impuesto y de sanción, lesionan de forma notoria sus derechos fundamentales. (…) conviene a la Sala advertir que la inconformidad alegada por la actora no tiene vocación de prosperidad, en razón a que la autoridad judicial accionada analizó los fundamentos de la demanda, con sustento en las pruebas allegadas al expediente, entre otras, el dictamen pericial (…), por lo que el hecho de que la actora no comparta la tesis allí dispuesta, no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de conocimiento, pudo concluir que no se logró probar la deducción por provisión de acreedores y la provisión por otros activos, como lo pretendía la sociedad accionante con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. (…) respecto del defecto sustantivo (…) no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, comoquiera que lo pretendido es revivir una discusión que ya fue objeto de debate por el juez natural del asunto la Sala denegará el amparo

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03017-00(AC)

Actor: PÓLUX SUMINISTROS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN

Demandado: CONSEJO DE ESTADO SECCION CUARTA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo presentado por el Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, esta Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por PÓLUX SUMINISTROS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La sociedad PÓLUX SUMINISTROS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, actuando a través de apoderado especial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, “en conexidad con la libertad de empresa”, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la Sección Cuarta al proferir la providencia de 18 de febrero de 2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 25000-23-37-000-2014-00287-01.

I.2. Hechos

Refirió ser una sociedad dedicada a la comercialización de productos de hardware y accesorios para computadores, por lo que, en cumplimiento de los deberes legales, el 18 de abril de 2011, presentó la declaración de impuesto sobre la renta del año gravable 2010 en forma electrónica, en la cual arrojó un saldo a favor de $1.856.719.000 pesos MLC.

Indicó que teniendo en cuenta lo anterior, presentó solicitud de devolución de dicho saldo a favor, por lo que la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -en adelante U.A.E. DIAN- dictó auto de 2 de agosto de 2011, mediante el cual dio apertura al proceso de devolución, dentro del programa “Postdevoluciones”.

Relató que la División de Devoluciones de la U.A.E. DIAN, el 5 de julio de 2011, profirió emplazamiento para corregir por unos supuestos indicios de inexactitud, no especificados ni detallados, por lo que luego de surtido el trámite, el 22 de octubre de 2012, expidió la Liquidación Oficial de Revisión núm. 3124120120000068, por medio de la cual la U.A.E. DIAN modificó la declaración del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al año gravable 2010.

Señaló que contra lo anterior, presentó recurso de reconsideración, el cual fue resuelto por la Dirección de Gestión Jurídica de la U.A.E. DIAN mediante Resolución núm. 900498 de 21 de noviembre de 2013, notificada el 26 siguiente, por medio de la cual confirmó la decisión.

Sostuvo que inconforme con lo expuesto, promovió demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la U.A.E. DIAN, la cual correspondió en primera instancia a la Sección Cuarta -Subsección “A”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en sentencia de 26 de septiembre de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la U.A.E. DIAN, de la siguiente manera:

“[…] PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial de Revisión n.°312412012000068 de 22 de octubre de 2012 y en su confirmatoria Resolución n.°900.498 de 21 de noviembre de 2013, proferidas por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes y la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho:

MODIFICAR la liquidación privada No. 1101601405651 de 18 de abril de 2011, del impuesto sobre la renta del año gravable 2010, presentada por la sociedad POLUX SUMINISTROS S.A.S., de acuerdo con la liquidación que obra en la parte motiva de esta providencia.

DECLÁRESE que la sanción por inexactitud a cargo de la sociedad demandante es la inserta en la parte motiva de la providencia.

TERCERO: Se condena parcialmente en costas a la parte demandada en un 50% de los gastos y honorarios de pericia, las cuales de (sic) liquidaran en trámite incidental que se adelantará una vez quede en firme la presente providencia, en los términos del artículo 366 del CGP y los lineamientos especiales contenidos en el Acuerdo 2222 el 10 de diciembre de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura […]”.

Manifestó que ambas partes interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sección Cuarta mediante providencia de 18 de febrero de 2021, por medio de la cual dispuso modificar los ordinales segundo y tercero de la decisión, de tal forma que modificó la sanción por inexactitud, determinando que esta ascendiere a la suma de $349.064.000, con un valor a pagar por concepto de impuesto total de $698.128.000; además, no condenó en costas a la U.A.E. DIAN, como se traslitera a continuación:

“[…] SEGUNDO: Modificar el ordinal segundo y tercero de la sentencia del 26 de septiembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A” en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la sociedad POLUX SUMINISTROS S.A.S. contra la DIAN. En su lugar,

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho:

A. MODIFICAR la Liquidación Oficial de Revisión 312412012000068 de 22 de octubre de 2012, del impuesto sobre la renta del año gravable 2010, presentada por la sociedad POLUX SUMINISTROS S.A.S., de acuerdo con la liquidación que obra en la parte motiva de esta providencia.

DECLÁRESE que la sanción por inexactitud a cargo de la sociedad demandante es de $ 349.064.000. TERCERO: No condenar en costas

TERCERO: No condenar en costas en esta instancia […]”.
I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo al desconocer el beneficio otorgado en el artículo 689-1 del Estatuto Tributario, denominado “beneficio de auditoría”, por lo que la U.A.E. DIAN no podía entrar a debatir la declaración; además, aun cuando la entidad accionada emitió el emplazamiento para corregir, de forma previa a la firmeza de la declaración, dicho acto administrativo resultó ilegal, comoquiera que dicho emplazamiento no se motivó ni se fundamentó, así como tampoco fue preciso respecto de por qué debía modificarse la declaración, por lo que nunca tuvo la posibilidad de corregir la supuesta inexactitud porque la entidad accionada no dio a conocer los supuesto errores.

Añadió que también incurrió en un defecto fáctico, toda vez que dejó de analizar el dictamen pericial que fue aportado en el proceso, prueba que daba cuenta de la realidad económica de las provisiones y que originaba deducción tributaria, por lo que la obligación de pago a su cargo de un mayor valor de impuesto y de sanción, lesionan de forma notoria sus derechos fundamentales.

I.4. Pretensiones

La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] Segundo. Dejar sin efectos el fallo expedido por la Sección Cuarta del H. Consejo de Estado del pasado 18 de febrero de 2021, notificado vía correo electrónico el 26 de febrero de 2021.

Tercero: Que, en consecuencia, se ordene que se dicte una sentencia de reemplazo en atención (sic) las consideraciones expuestas en esta acción de tutela […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La Sección Cuarta solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, dado que no se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales invocados sino que, lo pretendido por la actora, es revivir una discusión que ya fue zanjada en sede ordinaria, convirtiendo este mecanismo en una instancia adicional.

Señaló que respecto a la alegada vulneración al debido proceso y al derecho de defensa derivados del no reconocimiento del beneficio de auditoría, la actora no precisó las razones por las que considera vulnerados sus derechos; además, en cuanto al defecto fáctico invocado, no especificó cuales pruebas dejaron de ser valoradas.
Finalmente, precisó que la sentencia objeto de tutela valoró en debida forma el dictamen pericial allegado al proceso, igualmente, resolvió el asunto con fundamento en los normas vigentes y aplicables al proceso, así como la jurisprudencia reiterada sobre el tema, entre otras, la sentencia de 2 de marzo de 2016, Exp. 20687, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La U.A.E. DIAN adujo que, contrario a lo manifestado por la actora, no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados, pues es claro que la discusión no contiene tinte constitucional, comoquiera que en el escrito de tutela se insiste y reitera sobre argumentos que fueron planteados y posteriormente resueltos por el juez natural del asunto, en la jurisdicción administrativa, tanto en primera como en segunda instancia.

Resaltó que la actuación surtida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de debate, se desarrolló con absoluto respeto de las garantías constitucionales, sin pretermitir etapa procesal alguna, lo que permitió a los sujetos procesales presentar, controvertir y concluir respecto de la procedencia o no de las pretensiones planteadas en el litigio, sin ninguna irregularidad procesal alegada en el curso de segunda instancia por la accionante.

Por lo anterior, solicitó que se declare improcedente la presente acción, máxime cuando no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez constitucional en el asunto.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn4#_ftn4" \o "" [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn5#_ftn5" \o "" [5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn6#_ftn6" \o "" [6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn7#_ftn7" \o "" [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn8#_ftn8" \o "" [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn9#_ftn9" \o "" [9].

Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn10#_ftn10" \o "" [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 18 de febrero de 2021, proferida por la Sección Cuarta, por medio de la cual modificó la decisión del Tribunal, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la aquí accionante en contra de la U.A.E. DIAN, tramitado bajo el número único de radicación 2014-00287-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en “conexidad con la libertad de empresa”, habida cuenta que, a juicio de la actora, la Sección Cuarta incurrió en defecto sustantivo al desconocer el beneficio otorgado en el artículo 689-1 del Estatuto Tributario, denominado “beneficio de auditoría”, por lo que la U.A.E. DIAN no podía entrar a debatir la declaración; además, aun cuando la entidad accionada emitió el emplazamiento para corregir, de forma previa a la firmeza de la declaración, dicho acto administrativo resultó ilegal, comoquiera que dicho emplazamiento no se motivó ni se fundamentó, así como tampoco fue preciso respecto de por qué debía modificarse la declaración, por lo que nunca tuvo la posibilidad de corregir la supuesta inexactitud porque la entidad accionada no dio a conocer los supuestos errores.

Añadió la actora que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, toda vez que dejó de analizar el dictamen pericial que fue aportado en el proceso, prueba que daba cuenta de la realidad económica de las provisiones y que originaba deducción tributaria, por lo que la obligación de pago a su cargo de un mayor valor de impuesto y de sanción, lesionan de forma notoria sus derechos fundamentales.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si la Sección Cuarta vulneró los derechos fundamentales de la accionante, al proferir la sentencia de 18 de febrero de 2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 2014-00287-01.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación.

En cuanto al defecto fáctico endilgado, la Sala advierte que se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto el actor plantea, con suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su criterio, la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales; contra la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.
Ahora, contrario ocurre respecto del defecto sustantivo alegado, pues frente al mismo no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, comoquiera que lo pretendido es revivir una discusión que ya fue objeto de debate por el juez natural del asunto.

En efecto, la actora alegó que la Sección Cuarta desconoció el beneficio otorgado en el artículo 689-1 del Estatuto Tributario, denominado “beneficio de auditoría”, por lo que la U.A.E. DIAN no podía entrar a debatir la declaración; además, aun cuando la entidad accionada emitió el emplazamiento para corregir, de forma previa a la firmeza de la declaración, dicho acto administrativo resultó ilegal, comoquiera que dicho emplazamiento no se motivó ni se fundamentó, así como tampoco fue preciso respecto de por qué debía modificarse la declaración, por lo que nunca tuvo la posibilidad de corregir la supuesta inexactitud porque la entidad accionada no dio a conocer lo que se debía corregir.

De lo expuesto, se evidencia que los fundamentos que soportan tal inconformidad son una reiteración de los planteamientos que fueron resueltos en el curso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la actora contra la U.A.E. DIAN y se dirigen de manera exclusiva a que se declare la ilegalidad de los actos administrativos demandados en esa oportunidad.

En efecto, de la providencia acusada se extrae lo siguiente:

“[…] El concepto de la violación se sintetiza así:

Firmeza de la declaración

Alegó que la declaración de renta del año 2010 gozaba del beneficio de auditoria de seis meses establecido en el artículo 689-1 del Estatuto Tributario, por lo que dicha declaración se encontraba en firme el 18 de octubre de 2011. Adicionalmente, advirtió que el emplazamiento para corregir, que le fue notificado el 7 de julio de 2011, con el fin de levantar el término de firmeza no se encontraba debidamente motivado al no especificar los indicios de inexactitud, por lo que no cumplía con los requisitos de validez, legalidad y del debido proceso, que deben respetar los actos administrativos.

Manifestó, que los actos posteriores al emplazamiento para corregir simulan su legalidad, porque la liquidación oficial y la resolución demandada explican razones jurídicas que no contiene el mencionado emplazamiento, hace referencia a actuaciones a las que no tuvo acceso el contribuyente, y justifican erróneamente los motivos de su expedición. Además, aclaró que solo la solicitud de comprobación no puede considerarse un indicio de inexactitud.

[…]

El problema jurídico se concreta en determinar respecto a la declaración de renta del año 2010 presentada por la actora:

i) Si la declaración de renta del año 2010 se encuentra en firme como consecuencia del reconocimiento del beneficio de auditoría.

[…]

En este orden de ideas, el emplazamiento para corregir es el método por medio del cual se interrumpen los plazos especiales de las declaraciones que adquirieron el beneficio de auditoria. En el presente caso, la declaración de renta del año 2010 de la actora fue presentada el 18 de abril de 2011, y el emplazamiento para corregir el 7 de julio de 2011, la cual es una fecha previa al término de seis meses de firmeza especial que establecía el artículo 689-1 del Estatuto Tributario.

[…]

La Administración manifestó de manera expresa cuáles eran las circunstancias que permiten inferir la inexactitud (indicio), refiriéndose a inconsistencias en la contabilidad del contribuyente, frente a la declaración de renta presentada.

De acuerdo con lo expuesto, la DIAN notificó el emplazamiento para corregir antes de que operara el término de firmeza del beneficio de auditoria, y explicó los indicios de inexactitud que existieron en el presente caso, por lo que no prospera el cargo […]”.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de “evidente relevancia constitucional”.

Bajo esa expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional, de manera tal que “sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela”.

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” []; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad []. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural []; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013. […]”. (Resaltado fuera del texto).

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales; y, (iii) preservar la competencia y la independencia del juez ordinario.

En suma, no se advierte en tal inconformidad la existencia de una cuestión que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino la reiteración de planteamientos que ya fueron estudiados por el juez natural y que obedecen a un debate surtido en sede ordinaria, en el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de una tercera instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario; igualmente, se advierte que no es dable por esta vía plantear un debate legal como si se tratara de un recurso o una instancia adicional.

Verificado lo anterior y superado el análisis de procedibilidad respecto al defecto fáctico alegado, corresponde determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en dicho yerro al proferir la sentencia de 18 de febrero de 2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2014-00287-01.

Del defecto fáctico

En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en sentencia T-362 de 2013, explicó lo siguiente:

“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios.

Es importante resaltar que, esta causal es una de las más exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las reglas de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación ha identificado que “el yerro en la apreciación del material probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante, protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se desconozca “la realidad probatoria del proceso […]”.

En esa medida, a juicio de la referida Corte:

“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería contrario al principio de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original).

De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia.

En el caso concreto se advierte que la inconformidad planteada por la actora radica en que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, toda vez que dejó de analizar el dictamen pericial que fue aportado en el proceso, prueba que daba cuenta de la realidad económica de las provisiones y que originaba deducción tributaria, por lo que la obligación de pago a su cargo de un mayor valor de impuesto y de sanción, lesionan de forma notoria sus derechos fundamentales.

Para resolver el cargo planteado, es necesario traer a colación la providencia cuestionada con el fin de verificar el mérito probatorio que la Sección Cuarta le confirió a las pruebas aportadas al proceso y los fundamentos de la decisión.

La providencia cuestionada se translitera a continuación:

“[…]Rechazo de la deducción por provisión de acreedores de $614.745.000.

La actora alegó que el valor por $614.745.000 corresponde a bonificaciones por salarios, que se dieron por una conciliación laboral con algunos accionistas de la empresa, que también sustentaban la calidad de empleados. Además, advirtió que dicho valor es deducible del impuesto de renta, debido a que cumple con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.

En el presente caso en audiencia inicial de 28 de agosto de 2015 se decretó la práctica de dictamen pericial, con el fin de determinar si los valores registrados como provisiones son efectivamente gastos reales o hicieron parte de un error contable. Posteriormente, el 28 de enero de 2016 se realizó audiencia de pruebas en la que el perito expuso sus razones y conclusiones del dictamen realizado.

Se advierte, que dicho dictamen pericial no fue objeto de objeción en ninguna de las audiencias por las partes, solo se solicitó aclaración, la cual fue remitida por el perito mediante memorial de 28 de enero de 2016, en el que manifestó lo siguiente:
[…]

De acuerdo con la aclaración del dictamen pericial, el rubro por bonificación salarial a favor de los socios que sustentaban la calidad de empleados se registró en la contabilidad como una provisión, la cual pese a que se acordó pagar el 31 de diciembre del año 2010 un otrosí determinó que se pagaría entre los años 2012 y 2016, por lo que existió un aumento del valor a pagar. Adicionalmente, aclara que las provisiones no afectan la información contable de los años 2010 y 2011, y si existió un error contable la actora debió corregirlo.

Esta Sala en cuanto a la deducción del impuesto de renta por provisiones, explicó en sentencia de 23 de julio de 2018, lo siguiente:

[…]

De acuerdo con el criterio expuesto, solo procede la deducción en el impuesto de renta sobre provisiones que de forma específica la normatividad tributaria haya establecido. En el presente caso, las provisiones por bonificaciones a empleados no se encuentran en el Estatuto Tributario como deducibles del impuesto de renta, por lo que no procede su deducción, y se advierte que no se corrigió el registro contable.

Adicionalmente, se advierte que como lo determinó el dictamen pericial que se encuentra en el expediente, el acuerdo transaccional por $614.745.000 entre los accionistas que también sustenta su calidad de empleados con la empresa actora, inicialmente se determinó para su pago el 31 de diciembre de 2010. Sin embargo, posteriormente se determinó su pago en cinco cuotas anuales entre el año 2012 y el año 2016.

En este orden de ideas, el pago solo se realizó hasta el año 2012, por lo que no se puede reclamar su deducibilidad como expensa necesaria en el periodo gravable 2010, de acuerdo con el artículo 107 del Estatuto Tributario.

En consecuencia, no está llamado a prosperar este cargo del recurso por cuanto esta erogación no cumple los requisitos para su deducción como provisión; ni tampoco como gasto, dado que no cumple el presupuesto del artículo 107 del Estatuto Tributario, dado que no se realizaron durante el año gravable 2010.

Se advierte que no se requiere analizar el cumplimiento de pagos de aportes parafiscales por los pagos realizados a los empleados que a su vez son accionistas, debido a que no se cumple con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.

Rechazo de la deducción por provisión otros activos por valor de $402.673.217.

Dentro de la liquidación oficial demandada se estableció que la actora determinó en su declaración de renta del periodo gravable 2010, por valor de provisión de “otros activos” $402.673.217, de los que la demandante aclaró que $254.693.390 corresponden a gastos por un acuerdo comercial con la empresa Teknopolis S.A., y $147.979.827 a descuentos otorgados a grandes superficies.

Por su parte la demandada advirtió que los $254.693.390 correspondientes al acuerdo comercial para aperturas de tiendas en centros comerciales no son un gasto del año 2010, ya que se registró en la contabilidad como provisión para pagos futuros y no cumple con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario para ser deducible del impuesto sobre la renta. Además, los $147.979.827 de descuentos de grandes superficies no son deducibles del impuesto sobre la renta, ya que se declaró una provisión.

La Sala advierte que la actora no realizó corrección de su declaración de renta o de su información contable, en caso de que deseara transferir el valor de provisiones a gastos deducibles. Adicionalmente, dentro del proceso la demandante advirtió un error de registro contable al explicar que las provisiones registradas como deducibles del impuesto sobre la renta son en realidad gastos ordinarios.

En cuanto a los errores de información contable, esta Sala en sentencia de 2 de marzo de 2016, explicó lo siguiente:

[…]

En consideración con el criterio expuesto, al advertirse errores contables se debe realizar la respectiva corrección, de lo contrario se presume la veracidad de la contabilidad con los efectos probatorios que tiene. En el presente caso, se observa que actora registró en la cuenta mayor “52 gastos de ventas” subcuenta “5299 provisiones” y auxiliar “529995 otros activos” un valor de $402.673.217.

Sin embargo, se advierte que el mencionado registro contable se realizó de forma errónea, ya que se debió de realizar en la auxiliar 529910, que según el Decreto 2650 de 1993 corresponde a la provisión de deudores. Adicionalmente, el valor registrado en la cuenta auxiliar 529995 no coincide o se relaciona con la auxiliar “1399 provisiones” de cuentas por cobrar, que registra un valor por $265.668.663.

En este orden de ideas, se evidencia un claro error de la realidad de las operaciones registradas si se deseaba declarar provisiones deducibles del impuesto sobre la renta. En consecuencia, la Sala advierte que la actora no prueba que las provisiones declaradas sean deducibles del impuesto sobre la renta, ya que, de acuerdo con la posición de esta Sala, las únicas provisiones deducibles de dicho impuesto son aquellas que la normatividad tributaria permite, como las provisiones por cartera y la provisión para futuras pensiones de jubilación.

Dentro del expediente la actora remitió facturas relacionadas con el contrato de colaboración empresarial con la empresa Teknopolis S.A. y otros documentos, para justificar los descuentos otorgados a grandes superficies. Sin embargo, la Sala advierte, que el estudio de dichas facturas y documentos no son procedentes en el presente caso, ya que no son prueba idónea de algún tipo de provisión deducible del impuesto sobre la renta.

En este orden de ideas, el valor de provisión de “otros activos” por $402.673.217, no es deducible del impuesto sobre la renta. En consecuencia, prospera el cargo de la demandada.

Procedencia de la deducción por descuentos comerciales condicionados por $976.182.705

La demandada alegó que los descuentos condicionados por $976.182.705 no son deducibles del impuesto de renta, ya que, en consideración con la contabilidad, los correos electrónicos y las facturas que se encuentran en el expediente, no se puede determinar la relación del ingreso y el registro del descuento realizado, por la falta de coincidencia entre dichos documentos.

[…]

Adicionalmente, en el dictamen pericial que se encuentra en el expediente se aclaró:

“En el anexo No. 2 (42 folios) se detallan los movimientos contables inherentes a estos descuentos otorgados por Pólux a las Grandes Superficies, por valor de $976.182.684.51, y algunos de los contratos con anexos (55 folios). […]

Los Descuentos Comerciales Condicionados con esas Grandes Superficie, también están de acuerdo con lo previsto en los respectivos contratos. Estos Descuentos Comerciales Condicionados o Financieros de $976.182.684.51 (valor real), son GASTOS financieros para PÓLUX […]”

En audiencia de pruebas de 28 de enero de 2016 el perito evaluador explicó lo siguiente:

“[…] Lo que sí está muy claro es que esos descuentos comerciales de 976 millones y algo si son correctos y forman parte de la contabilidad de Polux, y son valores que están soportados tanto por los contratos con diferentes entidades como por las facturas correspondientes emitidas y por los valores recibidos”

[…]

De acuerdo con el dictamen pericial, y a su explicación posterior en la audiencia de pruebas, el perito evaluador luego de tomar en cuenta tanto la información contable como la tributaria de la demandante (facturas, contratos y contabilidad), determinó que el valor de $976.183.000 (cifra aproximada) se encuentra debidamente soportada, como descuento comercial condicionado. Además, se reitera que dicho dictamen no fue objetado por ninguna de las partes en la oportunidad legal requerida.
[…]

La Sala advierte que en el presente caso, de acuerdo con la sana crítica se tiene en cuenta la información determinada en el dictamen pericial, la cual evaluó las facturas, contratos y la información contable de la empresa actora, para determinar que la deducción por descuentos comerciales condicionados por $976.182.705 se encuentra debidamente soportado. En consecuencia, el mencionado dictamen y las pruebas aportadas al expediente desvirtúa las conclusiones de los actos demandados, por lo que es procedente la deducción por descuentos comerciales condicionados.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala procederá a realizar liquidación de la declaración de renta del periodo gravable 2010 de la actora, en la que se negará la deducción por provisión de acreedores de $614.745.000 y la provisión por otros activos por valor de $402.673.217, pero se aceptará la deducción por descuentos comerciales condicionados por $976.182.705.

[…]” (Destacado fuera de texto).

De la lectura de la sentencia objeto de tutela, la Sala observa que la autoridad judicial accionada, al conocer del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en segunda instancia, y con el fin de establecer la procedencia de las deducciones, realizó el siguiente análisis:

En cuanto a la deducción por provisión de acreedores, la Sección Cuarta logró determinar que las provisiones por bonificación a empleados no se encuentran en el Estatuto Tributario como deducibles del impuesto de renta, lo cual no fue corregido en el registro contable; además, el acuerdo transaccional entre los accionistas que también sustentan la calidad de empleados de la sociedad e inicialmente se determinó para el año 2010, finalmente se realizó entre el año 2012 y el 2016, por lo que no era posible reclamar su deducibilidad como expensa necesaria en el período gravable 2010, como erradamente lo consideró la actora.

Ahora, frente a la deducción por provisión de otros activos, en la providencia acusada se consideró que la actora no realizó corrección de su declaración de renta o de su información contable, si lo pretendido era transferir el valor de provisiones a gastos deducibles, adicionalmente, dentro del proceso la sociedad accionante advirtió error de registro contable al explicar que las provisiones registradas como deducibles del impuesto sobre la renta son en realidad gastos ordinarios, por lo que era dable advertir un claro error en la realidad de las operaciones registradas.

Adicionalmente, sostuvo que la actora no logró probar que las provisiones declaradas fueran deducibles, comoquiera que las facturas remitidas por la actora en relación con el contrato de colaboración empresarial con Teknopolis S.A. y otros documentos para justificas los descuentos otorgados a grandes superficies, no eran prueba idónea de algún tipo de previsión deducible del impuesto sobre la renta, por lo que, con fundamento en la jurisprudencia de esa Sala, las únicas provisiones deducibles son aquellos que la normativa tributaria permite.

Finalmente, en relación con la deducción de descuentos comerciales condicionados, consideró que estaban debidamente probados, por lo que era posible desvirtuar las conclusiones de los actos administrativos demandados frente a ellos.

Para arribar a tales conclusiones, la autoridad judicial accionada se fundamentó en los contratos, facturas e información contable, así como también en el dictamen pericial rendido por el perito en memorial de 28 de enero de 2016 y que la actora echa de menos, de lo cual se desprende que la Sección Cuarta procedió a realizar la liquidación de la declaración de renta del período gravable 2010 de la sociedad actora, aceptando la deducción por descuentos comercial, pero negando la deducción por provisión de acreedores de $614.745.000 y la provisión por otros activos por valor de $402.673.217, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

En este punto, conviene a la Sala advertir que la inconformidad alegada por la actora no tiene vocación de prosperidad, en razón a que la autoridad judicial accionada analizó los fundamentos de la demanda, con sustento en las pruebas allegadas al expediente, entre otras, el dictamen pericial rendido el 28 de enero de 2016, por lo que el hecho de que la actora no comparta la tesis allí dispuesta, no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de conocimiento, pudo concluir que no se logró probar la deducción por provisión de acreedores y la provisión por otros activos, como lo pretendía la sociedad accionante con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de la accionante con las razones de la providencia judicial acusada, no así la vulneración de los derechos fundamentales invocados, motivo por el cual, al no haberse acreditado el defecto endilgado, la Sala denegará el amparo solicitado, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela respecto de la inconformidad relacionada con el defecto sustantivo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado frente al defecto fáctico alegado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de julio de 2021.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
En adelante la Sección Cuarta.
En adelante el Tribunal.
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
Folios 3 y 101 del c.p.
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez.
[] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
Esta Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en un asunto similar mediante sentencia de 4 de febrero de 2021, Expediente radicado bajo el núm. 11001 03 15 000 2020 04128 01. M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
Folios 384 a 390 del c.p.
Folios 442 a 446 del c.p.
Folios 447 a 449 del c.p.
Tanto en el escrito de demanda presentada por la actora como en los actos demandados, se advirtió que el registro contable fue como provisión.
Exp. 21042. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Exp. 20687. C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez
Sentencia de 23 de julio de 2018. Exp. 21042. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
Minuto 24:00 a 24:35 del C.D. de audiencia de pruebas. Folios 441 del c.p.
Folios 80 a 122 del dictamen pericial.

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