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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-03054-00

Acción de tutela contra sentencia de tutela

Fecha
22 de julio de 2021
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-03054-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACEPTAR la coadyuvancia de las personas identificadas en los numerales 1.6.5. al 1.6.9. de esta sentencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Comisión Nacional del Servicio Civil, por lo señalado en el numeral 2.2. de este fallo. TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Martha Patricia Acuña Arévalo, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: Si no se impugna esta providencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-03054-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

22 de julio de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA / AUSENCIA DE ACREDITACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EXCEPCIONAL DE LA SOLICITUD DE TUTELA CONTRA TUTELA – No se acreditó la configuración de la cosa juzgada fraudulenta / EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE TUTELA – Llamado de atención de la Corte Constitucional a quien profirió la sentencia de tutela no conlleva por si sola una situación fraudulenta

Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que en el presente caso la solicitud de amparo no cumple con uno de los requisitos de procedibilidad adjetiva, esto es, el consistente en “que no se trate de tutela contra decisión de tutela”. Lo anterior en atención a que la señora [M.P.A.A.] busca a través de la presente acción constitucional que se examine el contenido y las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como juez de tutela en la sentencia proferidas el 17 de septiembre de 2020. Sobre el punto, debe recordarse que la acción de tutela no es procedente para controvertir decisiones adoptadas por un juez de tutela, “por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”. En este orden de ideas, recuerda la Sala que es inaceptable que las decisiones del juez de tutela puedan discutirse a través de otra acción de la misma naturaleza, pues con ello se afectarían los principios de seguridad y coherencia del ordenamiento jurídico. (…) Si bien la tutelante indica que mediante sentencia T-081 de 2021, la Corte Constitucional llamó la atención al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que consultara la jurisprudencia constitucional, respecto a la competencia privativa para extender los efectos de las sentencias de tutela, lo cierto es que dicha circunstancia por si sola no demuestra manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de 17 de septiembre de 2020, sea producto de una situación de fraude. Por lo tanto, atendiendo a que no se presenta de manera concomitante las situaciones que permitan el estudio de fondo del amparo deprecado respecto a la sentencia de 17 de septiembre de 2020, se declarará la improcedencia de la acción de tutela.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTUACIÓN JUDICIAL / FALTA DE NOTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS EN TRÁMITE CONSTITUCIONAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA / EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL / SOLICITUD DE NULIDAD – Ausencia de interposición / ELABORACIÓN DE LISTA DE ELEGIBLES UNIFICADAS PARA NOMBRAMIENTO EN EL ICBF – En cumplimento de orden de tutela que conllevo a la terminación del nombramiento en provisionalidad

Pese a lo anterior, la Sala estima pertinente estudiar la presunta vulneración alegada por la accionante respecto a la omisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de vincularla a la acción de tutela identificada con el radicado 76001-33-33-008-2020-00117-01, promovida por las señoras [Y.A.P.P.] y [A.M.R.E.] contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (…) Como se ha señalado, la tutelante alegó la omisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de vincularla a la acción de tutela identificada con el radicado 76001-33-33-008-2020-00117-01, proceso que culminó con la sentencia de 17 de septiembre de 2020, a través de la cual se ordenó a las entidades demandadas a elaborar una lista de elegibles unificada con todas las personas que habiendo superado la Convocatoria No. 433 de 2016, no lograron ser nombradas en los empleos de Defensor de Familia, Código 2125, Grados 17, cuyas listas vencían el 30 de julio de 2020. Esta situación condujo a que la CNSC expidiera la Resolución 0715 de 2021, por la cual se conforma una lista de elegibles en cumplimiento a la orden impartida el 17 septiembre de 2020 y, consecuentemente, a que ICBF diera por terminado su nombramiento en provisionalidad por Resolución 1884 de 13 de abril de 2021. Por lo tanto, se precisa que en ese aspecto lo cuestionado por la accionante es la omisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de amparo, es decir, se cuestiona una actuación del proceso constitucional previa a la sentencia de 17 de septiembre de 2020, como es la omisión de notificar a los terceros que podrían verse afectados por ella, por lo que la acción de tutela sí procede, es este aspecto. Sin embargo, la Sala advierte que en presente caso no se encuentra superado por las siguientes razones, a saber: (…) Ahora bien, la Sala advierte que en efecto dentro del trámite adelantado tanto por el Juzgado Octavo (8°) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, como por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no fue vinculada la señora [M.P.A.A.]. Sin embargo, también es cierto que la accionante tuvo conocimiento del fallo de tutela proferido en segunda instancia, pero no elevó solicitud de nulidad alguna luego de conocer la decisión adoptada por el tribunal accionado. (…) En ese sentido, la Sala concluye que la señora [M.P.A.A.] contaba con la solicitud de nulidad de lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 132 al 138 del Código General del Proceso, la cual podría haber sido propuesta incluso después de proferido el fallo de segunda instancia; trámite que la actora no probó haber adelantado. En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela, pues se insiste que la parte actora tenía otro mecanismo de defensa judicial para solicitar la protección de los derechos fundamentales que considera le fueron vulnerados con el actuar del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

COADYUVANCIA / ALCANCE DE LA COADYUVANCIA – No puede realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias / ACEPTACIÓN DE LA COADYUVANCIA -Intervención apoya el escrito de tutela y está encaminada a defender los argumentos de la parte actora

[S]e observa que la coadyuvancia no opera para elevar pretensiones distintas y personales a las de la parte que coadyuva, sino para defender esas mismas solicitudes. En consecuencia, como en este caso las intervenciones de [V.V.R.], [O.J.C.D.], [M.A.G.O.], [A.C.C.] y [Á.C.V.], en sus escritos de intervención apoyan el escrito de tutela y están encaminadas a defender los argumentos de la parte actora, al señalar que se encuentran en las mismas condiciones de hecho y derecho que ella, al haber sido desvinculados de la entidad con fundamento en la sentencia de 17 de septiembre de 2020, se aceptará su coadyuvancia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03054-00(AC)

Actor: MARTHA PATRICIA ACUÑA ARÉVALO Y OTRO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Acción de tutela contra actuación judicial. Falta de notificación de los interesados en trámite constitucional. Declara improcedente .

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Martha Patricia Acuña Arévalo, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud

La señora Martha Patricia Acuña Arévalo, en nombre propio y en representación de su hija menor de edad Anthonella Vargas Acuña, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales “al debido proceso, trabajo, igualdad, mínimo vital, seguridad jurídica”.

Las mencionadas garantías las estimó vulneradas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por las siguientes razones: (i) no fue vinculada al trámite de la acción de tutela identificada con el radicado 76001-33-33-008-2020-00117-01 promovida por las señoras Yoriana Astrid Peña Parra y Angela Marcela Rivera Espinosa contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; y (ii) mediante de sentencia de 17 de septiembre de 2020, el tribunal accionado revocó la decisión de 10 de agosto de 2020, proferida por el Juzgado Octavo (8°) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, en la que se declaró improcedente la acción de tutela referida, y en su lugar, amparó los derechos fundamentales de las accionantes, con efectos inter comunis, excediendo sus facultades como juez constitucional.

La actora funda su escrito de tutela en los siguientes:

1.2. Hechos

Indicó que mediante el Acuerdo No. 20161000001376 de 05 de septiembre de 2016, la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, convocó a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, denominada como Convocatoria No. 433 de 2016. Allí se ofertaron varias vacantes del empleo Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17.

Expuso que a través de Decreto 1479 de 2017, se suprimió la planta de personal de carácter temporal del ICBF, se modificaron los cargos permanentes del instituto y se autorizó al director general para que distribuyera los 3.737 empleos de la entidad, actuación que fue realizada mediante la Resolución 7746 de 2017, en cuyo artículo primero se establecieron 328 cargos de Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17.

Informó que el Congreso de Colombia expidió la Ley 1960 de 2019, y en su artículo 6°, dispuso que con los resultados de las pruebas realizadas en los procesos de selección de la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada por delegación de aquella, se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma entidad.

Advirtió que la CNSC profirió el Criterio Unificado de 16 de enero de 2020, donde dispuso que “De conformidad con lo expuesto, las listas de elegibles conformadas por la CNSC y aquellas que sean expedidas en el marco de los procesos de selección aprobados con anterioridad al 27 de junio de 2019, deberán usarse durante su vigencia para proveer las vacantes de los empleos que integraron la Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC- de la respectiva convocatoria y para cubrir nuevas vacantes que se generen con posterioridad y que correspondan a los "mismos empleos” entiéndase, con igual denominación, código, grado, asignación básica mensual, propósito, funciones, ubicación geográfica y mismo grupo de aspirantes; criterios con los que en el proceso de selección se identifica el empleo con un numero de OPEC.”.

Señaló que las señoras Yoriana Astrid Peña Parra y Angela Marcela Rivera Espinosa, interpusieron acción de tutela en contra de la CNSC y el ICBF, con el fin de que se inaplicara el Criterio Unificado de 16 de enero de 2020 y que se ordenara el uso de la lista de elegibles de la cual hacen parte ellas para la provisión del empleo Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17.

Explicó que el conocimiento de la primera instancia correspondió por reparto al Juzgado Octavo (8°) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, autoridad que a través de sentencia No. 93 de 10 de agosto de 2020, declaró improcedente la acción de tutela, al señalar que las accionante no habían agotado los medios ordinarios de defensa judicial establecidos para controlar la constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos expedidos por la CNSC.

Manifestó que la citada decisión fue impugnada por las accionantes y la segunda instancia fue desatada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, por medio de sentencia de 17 de septiembre de 2020, revocó el fallo, para en su lugar, tutelar los derechos fundamentales de las accionantes, con efectos inter comunis. Además, ordenó lo siguiente:

“TERCERO: INAPLICAR por inconstitucional, el Criterio Unificado “Uso de las listas de elegibles en el contexto de la ley 1960 de 27 de junio de 2019”, proferido por la CNSC el 16 de enero de 2020, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: ORDENAR i) al ICBF que dentro de los tres días siguientes a la notificación de esta providencia, informe a la CNSC sobre las vacantes existentes del empleo Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17 de las diferentes OPEC; ii) una vez que la CNSC reciba dicha información, procederá dentro de los tres días siguientes, a elaborar una lista de elegibles unificada en estricto orden de mérito, de todas las personas que habiendo superado la Convocatoria No 433 de 2016-ICBF, no lograron ser nombrados en los empleos Defensor de Familia, Código 2125, Grados 17 de cada una de la OPECS, cuyas listas vencían el pasado 30 de julio de 2020, la que deberá remitir al ICBF dentro de los dos días siguientes; iii) recibida la lista de elegibles unificada por parte del ICBF, éste procederá dentro de los dos (2) días siguientes a publicarla para que los aspirantes escojan sede (ubicación geográfica por Departamentos), vencido dicho término nombrará en estricto orden de mérito, dentro de los 8 días siguientes.”

Manifestó que, en cumplimiento de la orden de tutela dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante Resolución 0715 de 2021, la CNSC creó una lista de elegibles para el cargo de Defensor de Familia, Grado 17, código 2125, con las listas que vencían el 30 de julio de 2020. Y que por Resolución 1884 de 13 de abril de 2021, el ICBF dio por terminado su nombramiento en provisionalidad, en dicha entidad.

1.3. Fundamentos de la solicitud

La actora considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales con la sentencia de 17 de septiembre de 2020, en primer lugar, porque no fue vinculada en el trámite de la acción de tutela identificada con el radicado 76001-33-33-008-2020-00117-01 y, en consecuencia, no se le permitió ejercer su derecho de defensa y contradicción, pese a que resultó perjudicada con la decisión adoptada dentro de esa acción constitucional, pues la orden de nombramiento impartida en el fallo implica su retiro de la entidad.

Así mismo, por cuanto en la citada sentencia el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desbordó sus competencias, al tutelar los derechos de las actoras con efectos inter comunis, con lo cual excedió lo solicitado por ellas, esto es, que se usara únicamente la lista de elegibles de la que hacían parte las demandantes.

De igual forma, expuso que en la sentencia enjuiciada se dejó por fuera a las demás listas de elegibles conformadas para los cargos de asesores, profesionales en otras áreas, técnicos y asistenciales, que también fueron ofertados mediante la Convocatoria 433 de 2016 y están bajo el mismo gravamen establecido por el Criterio Unificado del 16 de enero de 2020. Es decir que, la autoridad judicial dio un trato distinto a quienes están en igualdad de condiciones.

Finalmente, informó que tiene condiciones especiales por ser una mujer cabeza de hogar con una hija de 5 meses, que tiene unos compromisos económicos por los que no puede responder si se queda sin trabajo.

1.4. Petición de amparo constitucional

La parte actora solicita el amparo de los derechos fundamentales deprecados y en consecuencia se ordene:

“1.- Se declare fundadas y probadas las presunciones de vulneración, arbitrariedad o vía de hecho contra la Suscrita ocurridos con motivo de la Sentencia del 17 de Septiembre de 2020, dentro del radicado 76001-33-33-008-2020- 00117-01 suscrita por el H. Tribunal Superior del Valle del Cauca.

2.- En consecuencia se proteja, en TUTELA mis derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, igualdad, mínimo vital, seguridad jurídica.

3.- Siguiendo la ruta PERSONAL de la Acción Constitucional y tutelados mis derechos.

3.1.- Se ORDENE, la NULIDAD de los ALCANCES Y EFECTOS de la Sentencia del 17 de Septiembre de 2020, dentro del radicado 76001-33-33-008-2020- 00117-01 para con la suscrita, MARTHA PATRICIA ACUÑA AREVALO en consecuencia, NOTIFICAR dicha determinación al ICBF, para que suspenda y anule del mismo modo los alcances y efectos de los actos que llevaron y sirven de motivación a la resolución del 13 de Abril del 2021 como los alcances y efectos de esta misma.

4.- Siguiendo la ruta GENERAL (alternativa o subsidiaria), decretar la Nulidad de la Sentencia del 17 de Septiembre de 2020, dentro del radicado 76001-33-33-008-2020- 00117-01 y, Se ORDENE al Accionado H. Tribunal Superior del Valle del Cauca RE-COMPONER la actuación con radicado 76001-33-33-008-2020- 00117-01, desde el ADMISORIO para que se vincule a todos los que deben intervenir en el contradictorio. En especial si tiene o piensa proferir de marera excepcional, extra o ultra petita o pretende dar efecto (inter comunis).

Las demás que el despacho considere de hecho o derecho legales y razonables.” (Sic a toda la cita)

1.5. Trámite de la acción

Con auto de 28 de mayo de 2021, el magistrado ponente admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar a la parte actora y a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para que, si a bien lo tenían, rindieran informe sobre los hechos y argumentos de la tutela.

Igualmente, vinculó como terceros interesados al titular del Juzgado Octavo (8°) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali [autoridad judicial que conoció en primera instancia la acción de tutela con radicado No. 2020-00117-01], a la Comisión Nacional del Servicio Civil y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [entidades accionadas en la acción de tutela con radicado No. 2020-00117-01], y a las señoras Yoriana Astrid Peña Parra y Ángela Marcela Rivera Espinosa [demandantes en la acción de tutela con radicado No. 2020-00117-01], de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991.

Posteriormente, a través de auto de 15 de junio de 2021, el magistrado sustanciador rechazó por improcedente el recurso de reposición, en subsidio súplica, presentado por la actora contra el auto del 28 de mayo de 2021. La actora fundamentó su recurso, al señalar que debieron ser vinculadas a la presente acción, todas las personas que resultaron afectadas con el fallo de 17 de septiembre de 2020, proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.

Así mismo, en dicho proveído dispuso vincular a (i) todas las personas que hacen parte de la lista de elegibles conformada mediante la Resolución No. 0715 de 23 de marzo de 2021, (ii) los funcionarios que fueron desvinculados de la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cumplimiento a la orden judicial proferida en segunda instancia por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, dentro de la acción de tutela identificada con el radicado 76001-33-33-008-2020-00117-01, (iii) los funcionarios que actualmente ocupan el cargo de Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17, de la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; y (iv) a quienes pudieran tener un interés en la acción de tutela identificada con el radicado 76001-33-33-008-2020-00117-01, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Además, se dispuso lo siguiente:

“TERCERO: REQUIÉRASE a las Secretarías Generales del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para que publiquen en sus respectivas páginas web copia digital de la demanda de tutela, de los anexos que la acompañan, del auto admisorio y de esta providencia, con el fin de que cualquier persona que tenga interés conozca de los referidos documentos y pueda intervenir en el trámite constitucional de la referencia.

CUARTO: REQUIÉRASE a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), para que publique en su página web relacionado con la Convocatoria 433 de 2016 – ICBF, específicamente en el link denominado «acciones constitucionales», copia digital de la demanda de tutela, los anexos que la acompañan, del auto admisorio y de esta providencia, con el fin de que cualquier persona que tenga interés conozca de los referidos documentos y pueda intervenir en el trámite constitucional de la referencia.

QUINTO: REQUIÉRASE al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que informe de la existencia de la acción constitucional de la referencia, a los funcionarios que actualmente ocupan en esa entidad el cargo de Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17 y a aquellos que fueron desvinculados de la planta de personal de la entidad, en cumplimiento a la orden judicial proferida en segunda instancia por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, dentro de la acción de tutela identificada con el radicado 76001-33-33-008-2020-00117-01.”

1.6. Contestaciones

Surtidas las notificaciones correspondientes fueron allegados los siguientes informes:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

El secretario General de esta Corporación allegó el expediente digital de la acción de tutela 76001-33-33-008-2020-00117-01.

1.6.2. Juzgado Octavo (8°) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali

La titular de este despacho judicial, luego de hacer una síntesis sobre el trámite procesal adelantado dentro de la acción de tutela 2020-00117, señaló que el acuerdo que convocó al concurso de méritos fue expedido en el 2016, por lo que era medianamente previsible que luego de aproximadamente 5 años de trámite, se aplicaría la lista de elegibles y se nombraría a la persona en periodo de prueba, razón por la cual era necesario prescindir de aquellas nombradas en provisionalidad.

Indicó que el presente asunto básicamente se contrae a decidir una acción de tutela sobre una decisión de la misma naturaleza que a la fecha está en firme, siendo uno de los requisitos que en ella se haya presentado un fraude. Sin embargo, la accionante lo ventila como posible, pero no especifica la ocurrencia de este.

En consecuencia, concluyó que la vía ordinaria es perfectamente útil para ventilar el presente caso, situación que torna improcedente la acción constitucional. No obstante, reiteró que acata y obedece lo que el Consejo de Estado decida.

De otra parte, informó que los efectos de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca han sido a gran escala, dado que se le ha oficiado o notificado al Despacho de múltiples actuaciones judiciales relacionadas con ese trámite. Para el efecto, citó algunas acciones de tutela que se han tramitado contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con ocasión a la Convocatoria 433 de 2016, empleo de nivel profesional, Defensor de Familia, código 2125, grado 17.

Así mismo, refirió que a través de oficio No. 129 del 24 de mayo de 2021, se le remitió al Consejo de Estado el expediente 76001-33-33-008-2020-00117-01, en atención al requerimiento realizado por esta Corporación en el trámite de tutela 11001-03-15-000-2021-02253-00

1.6.3. Comisión Nacional del Servicio Civil

En escrito de 3 de junio de 2021, el asesor jurídico de la entidad señaló que, en el presente caso, la actora no cumple con el requisito de legitimación en la causa por activa, toda vez que no es una elegible como quiera que fue excluida del proceso de selección en la etapa de pruebas de conocimiento al no obtener el puntaje mínimo aprobatorio.

En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, precisó que el asunto objeto de tutela no es de resorte de la entidad, pues esta perdió competencia al acaecer la firmeza de la lista de elegibles. Además, el inconformismo de la accionante versa sobre decisiones judiciales frente a las cuales la CNSC no tiene injerencia alguna. Por lo tanto, solicitó abstenerse de adoptar decisión en contra de la entidad que representa y desvincularla de la presente acción de tutela.

De igual forma, expuso que la acción de tutela carece de los requisitos de procedibilidad y procedencia, pues no tiene relevancia constitucional, no se usa como mecanismo excepcional, carece de la inmediatez y de la presencia de un perjuicio irremediable; y no se demuestra la ocurrencia de alguno de los vicios o defectos que señala la jurisprudencia constitucional.

Expresó que la inconformidad de la parte accionante respecto de la normatividad que rige el concurso de méritos, la vigencia, firmeza y el uso de las listas de elegibles, son situaciones que se encuentran plenamente reglamentadas en la convocatoria, así como en los criterios proferidos por la CNSC, entre los que se encuentra el Criterio Unificado de 16 de enero de 2020; actos administrativos de carácter general que no pueden ser cuestionados a través de la acción de tutela.

Adicionalmente, comentó que en el presente caso no resulta procedente el uso de listas para la conformación de nuevas vacantes, pues con ellos se le estaría dando aplicación a la Ley 1960 de 2019 de manera retrospectiva, pues la Convocatoria No. 433 de 2016 – ICBF, fue expedida con anterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada ley. Ello contraviene lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la Ley 4 de 1913, teniendo en cuenta que el artículo 7 de la Ley 1960 de 2019 dispone que esta rige a partir de su publicación, lo cual ocurrió el 27 de junio de 2019.

Con relación al Criterio Unificado de 16 de enero de 2020, explicó que en él se plantearon dos problemas jurídicos que se suscitaron frente al régimen aplicable en las listas de elegibles conformadas y en firme en los procesos de selección convocados con anterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada Ley 960 de 2019 y aquellas conformadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley.

En el primer escenario, se permite el uso de las listas para proveer nuevas vacantes que se generen con posterioridad y que correspondan a los mismos empleos; mientras que, en el segundo caso, también se permite para vacantes en cargos de empleos equivalentes. Es decir que Convocatoria No. 433 de 2016 – ICBF, puede ser usada para proveer los mismos empleos que surjan con posterioridad en la planta de personal, y no para empleos equivalentes.

En el caso particular de la accionante, señaló que ella concursó para el empleo de nivel Profesional, identificado con el código OPEC No. 34844, denominado Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17, en la Convocatoria 433 de 2016 – ICBF, pero que en la etapa de aplicación de pruebas escritas sobre competencias básicas y funcionales obtuvo 66,69 puntos, razón por la cual fue excluida del proceso de selección, pues el puntaje mínimo aprobatorio era 70 puntos.

Finalmente, refirió que, en cumplimiento de la orden impartida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 17 de septiembre de 2020, la Comisión expidió la Resolución No. 0715 del 26 de marzo de 2021, en donde solo se tuvo en cuenta a los elegibles que no fueron nombrados y que integraron las listas de elegibles que vencieron el 30 de julio de 2020. Sin embargo, que no se encuentra de acuerdo con dicha decisión, pues el tribunal se excedió en sus competencias, al aplicar el efecto inter comunis en la referida acción de tutela, tal y como lo señaló la Corte Constitucional en Sentencia T-081 de 2021 y además, le otorga efectos jurídicos a listas de elegibles que ya estaban vencidas.

1.6.4. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Mediante escrito del 4 de junio de 2021, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, señaló que dentro de la acción de tutela interpuesta por las señoras Yoriana Astrid Peña Parra y Ángela Marcela Rivera Espinosa, el instituto efectuó la respectiva defensa técnica, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente, y en especial lo dispuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC en el Criterio Unificado de 16 de enero de 2020.

Por lo tanto, la decisión adoptada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, fue una decisión autónoma sobre la cual no existió injerencia por parte de la entidad, y en ese sentido, no puede endilgársele la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la actora.

Por otro lado, indicó que la Corte Constitucional establece que el derecho de los participantes en los concursos de méritos prima sobre los derechos de los empleados que ocupan los cargos en provisionalidad. Así mismo, que las entidades del Estado están obligadas a realizar acciones positivas en favor de los empleados que ocupan los cargos en provisionalidad, siempre que exista margen de maniobra. Sin embargo, en el presente asunto los jueces de tutela ordenaron proveer la totalidad de cargos Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17 de la planta global del ICBF, por lo que no existe el citado margen.

Concluyó que el ICBF no ha incurrido en acción u omisión que vulnere los derechos de la actora, pues ha actuado de conformidad con lo ordenado por los Jueces de la República.

1.6.5. Vanessa Vargas Rizo

Mediante escrito de 18 de junio de 2021, la señora Vanessa Vargas Rizo, obrando en nombre propio y en representación sus hijos menores Octavio Meneses Vargas Mariana Meneses Vargas, indicó que acude a la presente acción de tutela para coadyuvar, con fundamento en el auto de 15 de junio de 2021.

En primer lugar, informó que fue nombrada en provisionalidad en el cargo Defensor de Familia Código 2125 Grado 17, en el Centro Zonal de la Ciudad del El Banco (Magdalena), de la planta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde el 25 de junio del año 2011, hasta el 8 de junio del año 2021.

Asimismo, expresó lo siguiente “9. Por lo anteriormente expresado, manifiesto conocer y pretender hacer valer por la legitimidad de mis derechos (Por terceros) la debida notificación de la Acción Constitucional con radicado de la referencia, por lo que en tiempo y oportunidad por encontrarme en las mismas condiciones de hecho y derecho presentadas por la ACCIONANTE, adhiero de manera SOLIDARIA a las PRETENSIONES DE LA MISMA, con el firme propósito de que los ALCANCES y EFECTOS de la Sentencia de este medio Constitucional, (en el entendido de que ella sea prospera y se tutelen los derechos fundamentales conculcados) se hagan extensivos sobre mi persona.”

1.6.6. Olga Judith Corredor Diaz

A través de escrito de 23 de junio de 2021, la señora Olga Judith Corredor Diaz solicitó su vinculación a la presente acción constitucional, al considerar que sus derechos fundamentales también fueron vulnerados por la decisión tomada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Expuso que la CNSC le informó que no usaría su lista para cubrir las vacantes en el empleo denominando Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17, con fundamento en el Criterio Unificado del 16 de enero de 2020, razón por la cual interpuso una acción de tutela la cual correspondió al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Judicial de Bucaramanga, que mediante sentencia del 15 de octubre de 2020, resolvió negar el amparo deprecado. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala de Decisión Penal, en fallo de 17 de febrero de 2021.

Manifestó que se ha estado vinculando a las diferentes acciones de tutela de las que ha tenido conocimiento, esperando la protección de sus derechos fundamentales, pues el Tribunal Contencioso Valle del Cauca omitió vincular a todos los elegibles que integran las listas conformadas dentro la Convocatoria 433 de 2016 para proveer vacantes de Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17.

Expresó que al expedir la Resolución 0715 del 26 de marzo de 2021 (por medio de la cual la Comisión Nacional del Servicio Civil da cumplimiento a la orden judicial proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca), solo se tuvo en cuenta las listas vigentes al 30 de julio del 2020, situación que vulnera sus derechos fundamentales, por no tener en cuenta que existen listas de elegibles para el mismo cargo que vencieron en diferentes fechas luego de la expedición de la Ley 1960 de 2019. Además, con fundamento en dicha resolución el ICBF ya expidió las resoluciones de nombramiento y ofreció el cargo que ella ocupaba en provisionalidad, el cual fue escogido por un elegible que obtuvo un puntaje de 74.49.

1.6.7. Melina Andrea Gil Oñate

A través de escrito del 24 de junio de 2021, la señora Melina Andrea Gil Oñate, en nombre propio y en representación de su madre Ingrid Beatriz Oñate Daza, indicó que se coadyuva las pretensiones de la presente acción de tutela, con el fin de que los alcances y efectos de la sentencia que se profiera, se le hagan extensivos, por encontrarse en las mismas condiciones de hecho y derecho presentadas por la accionante, al haber sido desvinculada desde el 10 de mayo de 2021, en cumplimiento de la orden del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Afirmó que su sede laboral se encontraba en el municipio de Chiriguaná, Cesar, la cual no fue ofertada dentro de la Convocatoria 433 del 2016. En ese sentido, destacó que se acoge “de manera plena a la Sentencia T 081 de 2021 de loa (sic) Corte Constitucional, que pone en aprietos los fundamentos de hecho y derecho, en que se sustentó la sentencia que la ACCIONANTE ataca”.

1.6.8. Agripina Castro Cuesta

En escrito del 25 de junio de 2021, la señora Agripina Castro Cuesta solicitó ser parte de la presente acción de tutela, en calidad de profesional desvinculada del ICBF, de acuerdo a lo ordenado en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Denunció que pese a ocupar el tercer puesto en la lista de elegibles de 22 de junio de 2018, la CNSC y el ICBF le negaron sus solicitudes de nombramiento, y por el contrario, el 3 de mayo de 2021 le notificaron la terminación de su nombramiento provisional, pese a que se encontraba en periodo de vacaciones y que padece algunas condiciones de salud. Estas circunstancias vulneran sus derechos fundamentales, razón por la cual solicitó que se ordene la nulidad de la sentencia de 17 de septiembre de 2020.

1.6.9. Álvaro Carrera Vargas

Por escrito de 9 de julio de 2021, el señor Álvaro Carrera Vargas se pronunció sobre los hechos expuestos por la accionante en su escrito de tutela, e informó que con fundamento en la orden impartida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca también resultó afectado, pues mediante Resolución No. 1852 del 13 de abril de 2021, se nombró a la señora Ángela Marcela Rivera Espinosa y se dio por terminado su nombramiento en provisionalidad.

Adicionalmente, anunció que mediante sentencia T-081 de 2021, la Corte Constitucional llamó la atención al Tribunal Administrativo del Valle al otorgar efectos inter comunis en el fallo de segunda instancia proferido dentro de la acción de tutela 76001-33-33-008-2019-00234.

En ese sentido, considera que la resolución por medio de la cual fue desvinculado de la entidad se encuentra viciada y en consecuencia, debe ser revocada antes de que quede perfeccionado el acto de posesión de la señora Ángela Marcela Rivera Espinosa, quien por demás participó por una plaza diferente a la cual fue nombrada.

Finalmente, solicita como medida provisional la suspensión de los alcances y efectos de la Resolución No. 1852 del 13 de abril de 2021 y de la Resolución No. 0715 del 17 de septiembre de 2021.

1.6.10. La señora Martha Patricia Acuña Arévalo mediante escrito de 9 de junio de 2021, allegó la sentencia T-081 de 2021, proferida por la Corte Constitucional, donde se revisaron las acciones de tutela instauradas por los señores Rafael Eduardo Araujo Ibarra (T-7.787.552) y Jessica Lorena Reyes Contreras (T-7.822.101) en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Sobre el particular, señaló que dicha sentencia es “PRUEBA contundente de que el H. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca DESBORDO (sic) sus competencias convirtiendo la Sentencia que se le recurre en un verdadero fraude, además de las otras irregularidades que se presentaron en el escrito tutelar, por lo que la PROCEDENCIA para la acción Constitucional que me he permitido impetrar está más que JUSTIFICADA, diría yo que OBLIGADA.”

1.6.11. El 23 de junio de 2021, se remitió un correo electrónico a la Secretaría General de esta Corporación, desde la dirección electrónica HYPERLINK "mailto:jp0755338@gmail.com" jp0755338@gmail.com, sin embargó el remitente no identificó su nombre, ni número de cédula.

1.6.12. Las señoras Yoriana Astrid Peña Parra y Ángela Marcela Rivera Espinosa, pese haber sido debidamente notificadas, guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la señora Martha Patricia Acuña Arévalo, en nombre propio y en representación de su hija menor de edad Anthonella Vargas Acuña, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

La Comisión Nacional del Servicio Civil solicitó la desvinculación del asunto de la referencia por carecer de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que, a su juicio, sus acciones u omisiones no constituyen la causa de la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

La Sala manifiesta que negará la referida petición, habida cuenta que esta entidad fue notificada en calidad de tercero, al haber sido parte dentro de la decisión judicial atacada mediante la presente acción de tutela, razón por la cual presenta interés en el resultado del proceso, pues podría resultar afectada con la decisión que se adopte en el particular.

2.3. Procedencia de la coadyuvancia

El Decreto Ley 2591 de 1991, al regular la figura de la coadyuvancia señaló que esta corresponde a una figura jurídica, en virtud de la cual, quien tenga un interés legítimo en el resultado del proceso, podrá intervenir para reafirmar las pretensiones del actor o de quien ha sido demandado. Por su parte, la Corte Constitucional al referirse al alcance de dicha intervención en la acción de tutela, precisó que, quien coadyuva lo hace para apoyar las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones.

En ese orden de ideas, se observa que la coadyuvancia no opera para elevar pretensiones distintas y personales a las de la parte que coadyuva, sino para defender esas mismas solicitudes.

En consecuencia, como en este caso las intervenciones de Vanessa Vargas Rizo, Olga Judith Corredor Diaz, Melina Andrea Gil Oñate, Agripina Castro Cuesta y Álvaro Carrera Vargas, en sus escritos de intervención apoyan el escrito de tutela y están encaminadas a defender los argumentos de la parte actora, al señalar que se encuentran en las mismas condiciones de hecho y derecho que ella, al haber sido desvinculados de la entidad con fundamento en la sentencia de 17 de septiembre de 2020, se aceptará su coadyuvancia.

2.4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso concreto procede el amparo de los derechos fundamentales invocados por la parte tutelante, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al no vincularla a la acción de tutela identificada con el radicado 76001-33-33-008-2020-00117-01, promovida por las señoras Yoriana Astrid Peña Parra y Angela Marcela Rivera Espinosa contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Así mismo, por cuanto mediante la sentencia de 17 de septiembre de 2020, el tribunal accionado revocó lo resuelto el 10 de agosto de 2020, por el Juzgado Octavo (8°) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, que declaró improcedente la citada acción constitucional, y en su lugar, amparó los derechos fundamentales de las actoras con efectos inter comunis, excediendo sus facultades como juez constitucional.

Para resolver este problema, la Sala dividirá el estudio en dos partes, a saber: (i) el criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la referencia; (ii) las generalidades de la acción de tutela y el caso concreto.

2.5. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Relevancia constitucional

Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicita la protección de sus derechos fundamentales “al debido proceso (contradicción y defensa), haciendo metástasis en mi derecho al trabajo, igualdad, mínimo vital, seguridad social y seguridad Jurídica”.

De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se evidencia una tensión o contradicción entre la razonabilidad de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro de la acción de tutela 76001-33-33-008-2020-00117-01, y el núcleo esencial de los derechos fundamentales alegados por la tutelante, en tanto a su juicio, la autoridad judicial incurrió, en su sentir, en el defecto procedimental, se evidencia que trasciende un estudio de lo meramente legal.

2.6.2. Acción de tutela contra sentencias de la misma naturaleza

La Corte Constitucional ha indicado que de manera extraordinaria procede la acción establecida por el artículo 86 de la Constitución Política, contra decisiones adoptadas en procedimientos de la misma naturaleza. Para definir lo anterior, hay que tener presente las reglas fijadas por dicha autoridad, en la sentencia SU 627 de 2015, en los siguientes términos:

“4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional”.

Con relación a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones dictadas al interior del proceso de tutela y con anterioridad al fallo, esta Corporación ha sido enfática señalando que:

“En lo que concierne a la procedencia de la acción de tutela contra actuaciones adelantadas en el trámite de una acción de la misma naturaleza, deben ser atendidas diferentes reglas de acuerdo con la situación particular. Así entonces, si la providencia cuestionada corresponde a aquellas que puedan proferirse antes de la sentencia, para que proceda la acción de tutela debe advertirse que i) la objeción radica en la falta de información, notificación o vinculación de los terceros que podrían verse afectados con las resultas del trámite y, ii) que la solicitud de amparo cumpla con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. Ahora bien, si la solicitud de amparo recae frente alguna providencia proferida con posterioridad a la sentencia, debe i) tratarse de la protección de un derecho fundamental presuntamente afectado en el trámite del incidente de desacato y, ii) cumplirse con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales”.

Como se ha mencionado, la primera inconformidad que eleva la actora al interponer la presente acción de tutela, se centra en señalar que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales al proferir la sentencia de 17 de septiembre de 2020, que revocó lo resuelto el 10 de agosto de 2020, por el Juzgado Octavo (8°) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, pues en el mencionado fallo se ampararon los derechos fundamentales de las señoras Yoriana Astrid Peña Parra y Angela Marcela Rivera Espinosa, y se otorgaron efectos inter comunis a la decisión, con lo cual excedió sus facultades como juez constitucional.

Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que en el presente caso la solicitud de amparo no cumple con uno de los requisitos de procedibilidad adjetiva, esto es, el consistente en “que no se trate de tutela contra decisión de tutela”.

Lo anterior en atención a que la señora Martha Patricia Acuña Arévalo busca a través de la presente acción constitucional que se examine el contenido y las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como juez de tutela en la sentencia proferidas el 17 de septiembre de 2020.

Sobre el punto, debe recordarse que la acción de tutela no es procedente para controvertir decisiones adoptadas por un juez de tutela, “por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”.

En este orden de ideas, recuerda la Sala que es inaceptable que las decisiones del juez de tutela puedan discutirse a través de otra acción de la misma naturaleza, pues con ello se afectarían los principios de seguridad y coherencia del ordenamiento jurídico.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los argumentos planteados por la actora en su libelo no coinciden con alguno de los supuestos previstos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015, citada en líneas previas.

Si bien la tutelante indica que mediante sentencia T-081 de 2021, la Corte Constitucional llamó la atención al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que consultara la jurisprudencia constitucional, respecto a la competencia privativa para extender los efectos de las sentencias de tutela, lo cierto es que dicha circunstancia por si sola no demuestra manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de 17 de septiembre de 2020, sea producto de una situación de fraude.

Por lo tanto, atendiendo a que no se presenta de manera concomitante las situaciones que permitan el estudio de fondo del amparo deprecado respecto a la sentencia de 17 de septiembre de 2020, se declarará la improcedencia de la acción de tutela.

Pese a lo anterior, la Sala estima pertinente estudiar la presunta vulneración alegada por la accionante respecto a la omisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de vincularla a la acción de tutela identificada con el radicado 76001-33-33-008-2020-00117-01, promovida por las señoras Yoriana Astrid Peña Parra y Angela Marcela Rivera Espinosa contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

2.7. Panorama general de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que se dice vulnerado o amenazado. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental.

2.8. Caso concreto

Como se ha señalado, la tutelante alegó la omisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de vincularla a la acción de tutela identificada con el radicado 76001-33-33-008-2020-00117-01, proceso que culminó con la sentencia de 17 de septiembre de 2020, a través de la cual se ordenó a las entidades demandadas a elaborar una lista de elegibles unificada con todas las personas que habiendo superado la Convocatoria No. 433 de 2016, no lograron ser nombradas en los empleos de Defensor de Familia, Código 2125, Grados 17, cuyas listas vencían el 30 de julio de 2020.

Esta situación condujo a que la CNSC expidiera la Resolución 0715 de 2021, por la cual se conforma una lista de elegibles en cumplimiento a la orden impartida el 17 septiembre de 2020 y, consecuentemente, a que ICBF diera por terminado su nombramiento en provisionalidad por Resolución 1884 de 13 de abril de 2021.

Por lo tanto, se precisa que en ese aspecto lo cuestionado por la accionante es la omisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de amparo, es decir, se cuestiona una actuación del proceso constitucional previa a la sentencia de 17 de septiembre de 2020, como es la omisión de notificar a los terceros que podrían verse afectados por ella, por lo que la acción de tutela sí procede, es este aspecto.

Sin embargo, la Sala advierte que en presente caso no se encuentra superado por las siguientes razones, a saber:

Como se ha señalado, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a través de la sentencia de 17 de septiembre de 2020, proferida en segunda instancia dentro de la acción de tutela 76001-33-33-008-2020-001, accedió al amparo de los derechos fundamentales de las señoras Yoriana Astrid Peña Parra y Ángela Marcela Rivera Espinosa, y ordenó lo siguiente:

“PRIMERO: REVOCAR la Sentencia No 93 del 10 de agosto de 2020 proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Cali conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a cargos públicos de las señoras Yoriana Astrid Peña Parra y Ángela Marcela Rivera Espinosa.

TERCERO: INAPLÍCAR por inconstitucional, el Criterio Unificado “Uso de las listas de elegibles en el contexto de la ley 1960 de 27 de junio de 2019”, proferido por la CNSC el 16 de enero de 2020, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído

CUARTO: ORDENAR i) al ICBF que dentro de los tres días siguientes a la notificación de esta providencia, informe a la CNSC sobre las vacantes existentes del empleo Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17 de las diferentes OPEC; ii) una vez que la CNSC reciba dicha información, procederá dentro de los tres días siguientes, a elaborar una lista de elegibles unificada en estricto orden de mérito, de todas las personas que habiendo superado la Convocatoria No 433 de 2016-ICBF, no lograron ser nombrados en los empleos Defensor de Familia, Código 2125, Grados 17 de cada una de la OPECS, cuyas listas vencían el pasado 30 de julio de 2020,l a que deberá remitir al ICBF dentro de los dos días siguientes; iii) recibida la lista de elegibles unificada por parte del ICBF, éste procederá dentro de los dos (2) días siguientes a publicarla para que los aspirantes escojan sede (ubicación geográfica por Departamentos), vencido dicho término nombrará en estricto orden de mérito, dentro de los 8 días siguientes

Ahora bien, la Sala advierte que en efecto dentro del trámite adelantado tanto por el Juzgado Octavo (8°) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, como por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no fue vinculada la señora Martha Patricia Acuña Arévalo. Sin embargo, también es cierto que la accionante tuvo conocimiento del fallo de tutela proferido en segunda instancia, pero no elevó solicitud de nulidad alguna luego de conocer la decisión adoptada por el tribunal accionado.

En este punto, resulta del caso resaltar la importancia de la debida conformación del contradictorio como una condición necesaria para que se dicte la decisión de fondo, pues de advertirse que las personas afectadas con la controversia judicial no fueron vinculadas al trámite jurisdiccional, deben adelantarse las gestiones pertinentes para garantizar el derecho a la defensa de aquellas, para que resulte válida la decisión que le ponga fin al proceso.

De igual manera, la Corte Constitucional ha considerado que la falta de vinculación de las partes o terceros interesados al trámite de la acción de tutela constituye una afectación de los derechos a la defensa y al debido proceso.

Dicha Corporación, en el auto 071A de 2016, precisó que frente a la referida situación existen dos alternativas: 1) declarar la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la demanda para que proceda a conformarse debidamente el contradictorio y, 2) vincular a los interesados en el estado en que se encuentre el proceso, en los eventos que una declaratoria de nulidad afecte claramente los derechos fundamentales de los accionantes debido a la especial situación en que se encuentran.

No obstante lo anterior, se itera que la accionante tenía a su alcance otro mecanismo de defensa, como lo era la solicitud de nulidad con los argumentos expuestos en la presente acción constitucional, de la cual no hizo uso dentro de la instancia procesal pertinente, es decir, dentro del trámite de la acción de tutela 76001-33-33-008-2020-00117-01.

En ese sentido, la Sala concluye que la señora Acuña Arévalo contaba con la solicitud de nulidad de lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 132 al 138 del Código General del Proceso, la cual podría haber sido propuesta incluso después de proferido el fallo de segunda instancia; trámite que la actora no probó haber adelantado.

En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela, pues se insiste que la parte actora tenía otro mecanismo de defensa judicial para solicitar la protección de los derechos fundamentales que considera le fueron vulnerados con el actuar del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2.7. Conclusión

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la tutela presentada por la señora Martha Patricia Acuña Arévalo, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por controvertir decisiones adoptadas por un juez de tutela y al no cumplir con el requisito de subsidiariedad, por las razones expuestas en precedencia.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: ACEPTAR la coadyuvancia de las personas identificadas en los numerales 1.6.5. al 1.6.9. de esta sentencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Comisión Nacional del Servicio Civil, por lo señalado en el numeral 2.2. de este fallo.

TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Martha Patricia Acuña Arévalo, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Si no se impugna esta providencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Mediante escrito enviado al correo electrónico secgeneral@consejodeestado.gov.co, el 26 de mayo de 2021.
Por el cual se suprime la planta de personal de carácter temporal y se modifica la planta de personal de carácter permanente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones.
Notificado electrónicamente el 22 de junio de 2021. Con requerimientos al Instituto Colombiano de Bienestar Familia – ICBF, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y a la Comisión Nacional del Servicio Civil, del 25 de junio de 2021, para dar cumplimiento a lo ordenado en el auto de 15 de junio de 2021.

También obra informe secretarial del 7 de julio de 2021, en el que se indica lo siguiente: “En cumplimiento de la providencia de fecha 15 de junio de 2021, se remite el expediente de la referencia al despacho. Se precisa que los índices 21 al 35 corresponden al cumplimiento de la mencionada providencia.”
“ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”. (Negrilla fuera del texto original)
Ver, por ejemplo: sentencia T-070 de 1° de marzo de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo. Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
«Supra II, 4.3.5». Énfasis del original. Sentencia del 3 de septiembre del 2019, Rad. 11001031500020190169001 Sección Primera del Consejo de Estado. M.P Nubia Margoth Peña Garzón
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. Se pueden consultar también: 1) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 24 de octubre de 2017, MP Marta Nubia Velásquez Rico, rad. 50001-23-31-000-2010-00530-01(53705). 2) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 29 de julio de 2015, MP Olga Mélida Valle De La Hoz, Rad. 25000-23-26-000-2011-00148-01(53317). 3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de febrero de 2014, MP Olga Mélida Valle De La Hoz, Rad. 11001-03-26-000-2013-00157-00(49101). 4) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de mayo de 2013, MP Stella Conto Díaz Del Castillo, Rad. 25000-23-26-000-1999-02420-02(27234). 5) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de abril de 2013, MP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Rad. 76001-23-31-000-2006-01754-01(0900-11). 6) Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 10 de marzo de 2005, MP Reinaldo Chavarro Buritica, rad. 08001-23-31-000-2003-02684-01(3762). Al respecto, en la mencionada providencia se indicó: «Específicamente, en el trámite de la acción de tutela, la debida integración del contradictorio asegura que la autoridad judicial despliegue toda su atención para determinar la posible vulneración de los derechos fundamentales que aduce el accionante y adopte su decisión convocando a todas las personas que activa o pasivamente se encuentren comprometidas en la parte fáctica de una tutela.

Por esa razón, la falta de notificación de las providencias proferidas en un proceso de tutela a una parte o a un tercero con interés legítimo, lo mismo que su falta de vinculación al proceso, generan una irregularidad que vulnera el derecho al debido proceso. Al respecto este Tribunal ha señalado lo siguiente: ‘La falta u omisión de la notificación de las decisiones proferidas en un proceso de tutela a una parte o a un tercero con interés legítimo, es una irregularidad que vulnera el debido proceso. De allí que por ejemplo la falta de notificación de la providencia de admisión de una acción de tutela, no permite que quien tenga interés en el asunto, pueda enterarse de la existencia de esa actuación y de la consecuente vinculación de una decisión judicial sin haber sido oído previamente. Cuando la situación anotada se presenta, se dan los fundamentos suficientes para declarar la nulidad de lo actuado y retrotraer de tal manera la actuación que permita la configuración en debida forma del contradictorio, o se vincule al proceso al tercero con interés legítimo, pues sólo de esta manera se permite, de una parte el conocimiento de la demanda y la posibilidad del ejercicio del derecho al debido proceso y defensa, así como la emisión de un pronunciamiento de fondo sobre la protección o no de los derechos fundamentales invocados…». Esta posición fue adoptada por la Sección Quinta, en las providencias de 20 de mayo y 8 de julio de 2021, dentro de las acciones de tutela 11001-03-15-000-2021-00141-01, actora Omaira Sánchez Zabala y 11001-03-15-000-2021-01429-01, accionante Olga Judith Corredor Díaz, respectivamente.

Radicado: 11001-03-15-000-2021-02194-00
Demandante: Janneth Caicedo Casanova

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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