Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-03094-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-03094-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-03094-00
Consejero ponente: Conjuez Luis Ferney Moreno Castillo
9 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
Conjuez Ponente: LUIS FERNEY MORENO CASTILLO
Bogotá D.C., nueve (09) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-03094-00
Accionante: JAIME SANTIAGO RODRIGUEZ NAVAS Y OTROS
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:
La sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos
2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Jaime Rodríguez Navas, Benjamín Padilla Ortega, Guillermo Rivera Cerra, Víctor
Manuel Arias Trejos, María de Jesús Barrios Barros, Sigifredo Alberto Bolívar
García, Silvano Santiago Barraza, José Manuel Romero Charris, Jorge Enrique
Brokate Llanos y Álvaro Martin Camargo Maury elevaron acción de tutela contra
la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y la
Procuraduría General de la Nación, en procura de la protección de sus derechos
fundamentales a la Dignidad Humana, el Debido Proceso, Equidad, Igualdad,
Poder Adquisitivo de la Moneda; y, al Mínimo vital.
Garantías constitucionales estas, que consideró transgredidas con ocasión de la
expedición del Decreto 1779 de 2020 que fijo el aumento del salario para los
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congresistas en 5,12% para el año 2020, el Decreto 1785 de 2020 que fijó el
aumento del salario mínimo en 3,5% para el año 2021; y el Decreto 1786 de 2020
que fijó el aumento del Subsidio de transporte en 3,5% para el año 2021.
1.2. Pretensiones
Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:
i). Tutele los derechos fundamentales consagrados en la Constitución
Política a la Dignidad Humana - Art. 1 y Preámbulo, Debido Proceso Art
29, Principio de Equidad, Principio de Igualdad, Poder Adquisitivo de
Moneda. Mínimo Vital y Móvil, Preámbulo, Artículos 2, 4, 13, 48, 53, 187;
directamente y por conexidad con los derechos fundamentales
vulnerados y como consecuencia;
ii). Ordene al PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
MINISTRO DE TRABAJO, MINISTRO DE HACIENDA, DIRECTOR DEL
DNP, SUSPENDER LOS EFECTOS DEL DECRETO 1779 de 2020 del
24 de diciembre, que determina el aumento al salario de los congresistas
en Colombia en un 5.12%. (Aumento del Salario Congresistas del año
2020) o en su defecto, que DICHO PORCENTAJE, sea el mismo al
Salario Mínimo y a TODOS los Pensionados de Colombia.
iii). Ordene al Señor PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
MINISTRO DE TRABAJO, MINISTRO DE HACIENDA, DIRECTOR DEL
DNP. aplicar los PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y DE EQUIDAD, FRENTE
A LOS DECRETOS, Decreto 1785 de 2020, (Aumento del Salario Mínimo
3.5%), Decreto 1786 de 2020 (Aumento del Subsidio de Transporte
3.5%), ajustarlos al mismo porcentaje del Decreto 1779 de 2020.
iv). Ordene al Señor PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
MINISTRO DE TRABAJO, MINISTRO DE HACIENDA, DIRECTOR DEL
DNP, FIJAR el aumento de las PENSIONES, teniendo en cuenta que en
el año 2020 NO HUBO INCREMENTO, APLICANDO LAS MISMAS
REGLAS DEL AUMENTO DEL CONGRESO.
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v). Profiera fallo con efectos ERGA OMNES, es decir para todos los
pensionados de Colombia, del régimen público y del privado.
vi). Advierta a los accionados el cabal cumplimiento de los postulados
constitucionales, fines del Estado y lo ordenado en el fallo de este
proceso de Tutela y de las sanciones a lugar.
1.3. Hechos Relevantes
Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada
con fundamento en el artículo 86 Superior, la parte actora expuso que:
1.3.1. El Presidente de la República, junto con el Ministro de Trabajo y el Ministro de
Hacienda, expidieron varios decretos en diciembre de 2020: el Decreto 1779 que
aumenta en un 5.12% el salario de los miembros del Congreso, el Decreto 1780
que reajusta la escala salarial de los empleados administrativos del Congreso,
el Decreto 1785 que incrementa el salario mínimo en un 3.5%, y el Decreto 1786
que aumenta el subsidio de transporte en un 3.5%.
1.3.2. El Presidente afirmó que se ha superado la meta de un salario mínimo de un
millón de pesos, pero esta afirmación es engañosa ya que el subsidio de
transporte no se incluye en la base salarial para ciertos cálculos de prestaciones
y aportes.
1.3.3. Las decisiones del Presidente y los ministros afectan los derechos
fundamentales de equidad e igualdad.
1.3.4. El reajuste del 5.12% para los miembros del Congreso, establecido en el Decreto
1779, se aplica retroactivamente desde el 1 de enero de 2020, lo que contrasta
con el principio de solidaridad. Esto implica que el gobierno podría emitir otro
decreto en 2021 para incrementar nuevamente los salarios.
1.3.5. Según el DAFP, el aumento real del salario fue de solo 1.32% después de
descontar la inflación del 3.8% en 2019. Para los pensionados, el incremento fue
del 3.8%, lo que significa que no hubo un aumento real en su poder adquisitivo,
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y debido a los descuentos de salud, los pensionados con el mínimo siempre
reciben menos del salario mínimo establecido cada año.
1.3.6. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, afirmó que el aumento salarial de
los congresistas es menor que el del salario mínimo para 2020, pero la
comparación muestra una gran desigualdad: el salario mínimo aumentó $49,687,
mientras que a los congresistas se les incrementó en $1,676,000. No hay
equidad en estos incrementos.
1.3.7. La disparidad en los salarios es evidente: el Presidente gana $37,578,000
mensuales y los congresistas $34,417,000, mientras que el salario mínimo es
$908,526. Los trabajadores y pensionados reciben mucho menos, lo que
cuestiona los principios de equidad, igualdad y dignidad humana según la
Constitución.
1.3.8. En Colombia, ya no hay equidad, igualdad ni dignidad humana. Las diferencias
salariales entre el salario mínimo y los aumentos desproporcionados para el
Congreso son ilegales y reflejan un abuso de poder.
1.3.9. El ejercicio de la acción de nulidad por inconstitucional, o de una demanda de
inconstitucionalidad, o de la acción de cumplimiento, requiere de un mayor
tecnicismo y conocimiento jurídico, que se torna un imposible para acceder a la
administración de justicia, según lo consagrado en el artículo 229 de la
Constitución Política.
1.3.10. La Ley 100 de 1993, que regula el reajuste de pensiones, también contraviene
los principios constitucionales de igualdad y equidad.
1.3.11. Se propone una medida cautelar para que el gobierno suspenda el aumento del
5.12% para el Congreso o que este porcentaje se aplique también al salario
mínimo y a las pensiones.
1.3.12. El subsidio de $300,000, considerado una bendición por el gobierno, es
insuficiente para cubrir las necesidades básicas. El salario mínimo de 2021 no
alcanza para cubrir los gastos básicos de una familia, lo que demuestra la
incapacidad del salario mínimo para proteger y brindar seguridad a las familias.
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1.4. Trámite procesal de la acción
Una vez se admitió el recurso de amparo constitucional se corrió traslado de
aquel a 1) La Presidencia de la República, 2) El Ministro del Trabajo, 3) El
Ministro De Hacienda Y Crédito Público, 4) El Director Del Departamento
Nacional De Planeación Y 5) El Procurador General De La Nación, para que
dentro del término de tres (3) días hábiles contados a partir de su recibo, ejerza
su derecho de defensa.
1.5. Intervenciones:
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentan las siguientes
intervenciones:
1.5.1. El apoderado de la procuraduría previo a realizar un análisis respecto de
las funciones misionales de la Procuraduría General de la Nación, indicó
que la acción de tutela debe ser declarada improcedente, al señalar que
“resulta claro que, previo a solicitar la intervención del Juez de Tutela, los
accionantes debieron agotar el conducto regular y acudir primero ante la
Procuraduría General de la Nación para solicitar la gestión o intervención que a
través de esta herramienta constitucional está requiriendo”
En el mismo sentido, efectúo un examen referente a la falta de
legitimación en la causa por pasiva y solicito su desvinculación de la
acción constitucional al estimar que:
“la Procuraduría General de la Nación no se encuentra en posición de haber
vulnerado o puesto en peligro ninguno de los derechos pregonados por los
accionantes, toda vez que la situación por ellos descrita tiene directa relación
con la petición de suspensión y modificación de actos administrativos que son
del resorte exclusivo del Gobierno Nacional, representado por la Presidencia de
la República, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y el
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Departamento Nacional de Planeación, por lo que, respecto de la Procuraduría
General de la Nación, existiría falta de legitimación en la causa por pasiva y, en
consecuencia, la acción no puede ser dirigida en contra de este Órgano de
Control, máxime cuando no existe petición alguna que origine la necesidad de
efectuar procedimiento de competencia de la Procuraduría sobre el cual se
pueda predicar su incumplimiento”.
1.5.2. Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación manifestó que no
cuenta con legitimación en la causa por pasiva para ser parte de la
presente acción constitucional debido a que: “el DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN no está obligado por mandato
constitucional, normativo o reglamentario a regular el decreto del Decreto
no. 1779 del año 2020, o a desarrollar las disposiciones que acusa el
accionante son parte de las afectaciones a su situación particular.
Conforme a lo anterior, se advierte su señoría que el DNP no cuenta con
legitimación por pasiva en la presente acción, dadas las competencias y
funciones definidas en los mandatos legales y reglamentarios que
establecen el marco de acción de DNP para con los ciudadanos, pues
DNP no tiene función legal o reglamentaria que permita ordenar gasto
público en función de las necesidades del accionante.”
De igual manera consideró que no se cumplió con el requisito de
subsidiariedad para la procedencia de la acción de tutela, en los
siguientes términos: “De igual forma, se advierte su señoría que los
accionantes cuentan con otros mecanismos procesales más idóneos para
buscar lo que pretenden en sede de amparo, lo cual implica que la acción
de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, lo que no sucede en el caso concreto”.
1.5.3. El Ministerio del Trabajo, manifestó las razones de índole económico que
justifican el incremento salarial fijado en el Decreto 1779 de 2020,
además, planteó que el incremento salarial de los pensionados se fija con
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base en el IPC para mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios de
las pensiones, aclarando también que este incremento pensional se
realiza en acatamiento de una orden constitucional. Igualmente, expresó
que esa cartera no tiene injerencia en la fijación del incremento salarial de
los congresistas y que la acción de tutela es un mecanismo residual, por
tanto, al no haberse agotado los mecanismos ordinarios en contra del
Decreto 1779 de 2020 esta acción constitucional se torna en
improcedente.
1.5.4. De otro lado, el Ministerio de Hacienda indicó que:
• No se acreditó la vulneración de ningún derecho fundamental de
los accionantes, puesto que no se acreditó el hecho de pertenecer
al grupo poblacional de trabajadores que perciben un salario
mínimo o del grupo poblacional de pensionados ni se aportó
prueba de la violación a un derecho fundamental.
• Los accionantes carecen de legitimación en la causa por activa por
no tener involucrado algún derecho fundamental del que sean
titulares en el asunto; y, por pretender representar los derechos de
un grupo sin tener la titularidad para ello.
• No se acredita el cumplimiento del requisito de subsidiariedad ni la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, puesto que tiene a su
disposición mecanismos ordinarios idóneos como lo sería incoar
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo los medios de
control de Nulidad, Nulidad por Inconstitucionalidad y Nulidad y
Restablecimiento del Derecho previstos en los artículos 137, 135 y
138 del CPACA.
• La presente acción tiene por objeto actos de carácter general,
impersonal y abstracto, por lo que la misma es improcedente en los
términos del numeral 5 del artículo 6 del Decreto-ley 2591 de 1991.
• Finalmente, precisa que esta entidad no ha vulnerado ni
amenazado los derechos fundamentales de los accionantes, ni es
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la entidad competente para cumplir con las peticiones elevadas por
estos.
1.5.5. En su oportunidad, el Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República indicó que la acción constitucional que nos ocupa debe ser
declarada improcedente, en atención a que no existe una acción u omisión
imputable a la Presidencia de la República que pudiese generar alguna
vulneración a los derechos fundamentales invocados por el accionante.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por Jaime Santiago Rodriguez Navas y Otros de conformidad con lo
establecido en la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de
2015 y 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2. Legitimación en la causa por activa y por pasiva
Tal como lo prevé la Carta Política, la acción de tutela es un instrumento de
defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados con ocasión de las acciones u omisiones de las
autoridades públicas y, excepcionalmente, de los particulares, en aquellos
eventos delineados por la Ley.
En correspondencia con tal mandato superior, el Decreto 2591 de 1991, en su
artículo 10, definió los titulares de la acción de tutela, quienes podrán solicitar el
amparo constitucional (i) bien sea en forma directa, (ii) por intermedio de un
representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos,
interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado
titulado con poder judicial o mandato expreso), (iv) así como a través de agente
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oficioso (cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover su
propia defensa). De igual manera, según se dispone en la ley, se encuentran
legitimados para ejercer esta acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi)
los personeros municipales (facultados para intervenir en representación de
terceras personas, siempre que el titular de los derechos haya autorizado
expresamente su mediación o se adviertan situaciones de desamparo e
indefensión).
Así entonces, de cara al asunto sub iudice, se tiene que Jaime Rodríguez Navas,
Benjamín Padilla Ortega, Guillermo Rivera Cerra, Víctor Manuel Arias Trejos,
María de Jesús Barrios Barros, Sigifredo Alberto Bolívar García, Silvano
Santiago Barraza, José Manuel Romero Charris, Jorge Enrique Brokate Llanos
y Álvaro Martin Camargo Maury se encuentran legitimados por activa en la
acción de tutela que ahora ocupa la atención de la Sala, habida cuenta que son
titulares de los derechos que se alegan como vulnerados.
Por otro lado, la jurisprudencia constitucional ha estimado que la legitimación
pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona
contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por
la vulneración o amenaza del derecho fundamental. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso”, la misma, en principio, no se predica del
funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada,
quien finalmente será la llamada a responder por la vulneración del derecho
fundamental, en caso de que haya lugar a ello1.
En ese sentido, en lo atinente al extremo procesal opuesto, es menester indicar
que, conforme con lo establecido en los artículos 5 y 13 del Decreto 2591 de
1991 la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de
Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación están legitimados como
parte pasiva en el trámite que se adelanta, tomando en consideración su
naturaleza de autoridades públicas que participaron en la expedición del Decreto
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1779 de 2020 que fijo el aumento del salario para los congresistas en 5,12% para
el año 2020, el Decreto 1785 de 2020 que fijó el aumento del salario mínimo en
3,5% para el año 2021; y el Decreto 1786 de 2020 que fijó el aumento del
Subsidio de transporte en 3,5% para el año 2021 de los cuales se predica la
presunta transgresión de las prerrogativas iusfundamentales en discusión.
Sin embargo, referente a la Procuraduría General de la Nación esta sala
encuentra que no se acredito la legitimación en la causa por pasiva, del escrito
de tutela no se observa cuál o cuáles fueron los actos que considera como
vulneradores de sus derechos fundamentales y que hayan sido proferidos u
omitidos por la Procuraduría General de la Nación, por lo que se procederá a la
desvinculación de la Procuraduría General de la Nación en el presente trámite.
2.3. Inmediatez:
Si bien, para el ejercicio del amparo constitucional no existe la consagración
normativa de un término de caducidad, la jurisprudencia se ha encargado de
condicionar su presentación de manera oportuna y razonable, y en tal sentido,
ha desarrollado el principio de inmediatez como requisito para su viabilidad,
atendiendo a que hace parte de la naturaleza misma de la acción de tutela.
En la sentencia T-246 de 2015 se señaló que “La satisfacción del requisito debe
analizarse bajo el concepto de plazo razonable y en atención a las circunstancias
de cada caso concreto. Esa razonabilidad se relaciona con la finalidad de la
acción, que supone a su vez la protección urgente e inmediata de un derecho
constitucional fundamental.”
La Sala encuentra que en el presente caso la demanda cumple con este requisito
de procedibilidad, atendiendo a que fue presenta en un término razonable
contado desde que se expidieron los decretos acusados de causar la vulneración
de los derechos fundamentales señalados.
2.4. Problema Jurídico:
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Corresponde a esta Sala de Conjueces determinar si es procedente la acción de
tutela dirigida a suspender los efectos del Decreto 1779 del 2020, a modificar los
Decretos 1785 y 1786 del 2020, y a ordenar que se fije el aumento de las
pensiones teniendo en cuenta que en el año 2020 no hubo incremento.
2.5. El caso concreto:
La acción constitucional incoada va dirigida al cuestionamiento directo de tres (3)
disposiciones normativas, en procura de ordenar a los demandados: (i) la
suspensión de los efectos del Decreto 1779 del 2020 que determina el aumento
al salario de los congresistas en un 5.12%, o, en su defecto, que dicho porcentaje
sea el mismo “…al salario mínimo y a todos los pensionados de Colombia”, y (ii)
la modificación de los Decretos 1785 y 1786 del 2020, para ajustarlos al mismo
porcentaje del Decreto 1779 del 2020, en la aplicación de los principios de
igualdad y equidad.
De allí se deriva una tercera petición relacionada con la aspiración para que se
le imparta la orden a los demandados de fijar el aumento de las pensiones
teniendo en cuenta que en el año 2020 no hubo incremento, aplicando las
mismas reglas del aumento del Congreso y del salario mínimo en Colombia,
aparte de las solicitudes expresas relacionadas con que el fallo tenga efectos
erga omnes, es decir, para todos los pensionados de Colombia -del régimen
público y del privado- y que se advierta a los accionados del cabal cumplimiento
de la providencia y de las sanciones a lugar.
En ese sentido, se pretende cuestionar la presunción de legalidad de actos de
carácter general expedidos por el Gobierno Nacional, así:
a. El Decreto 1779 del 24 de diciembre del 2020 “Por el cual se
reajusta la asignación mensual para los miembros del Congreso de
la República”, expedido en desarrollo de las normas generales
señaladas en la Ley 4 de 1992, en la Ley 644 del 2001 y en el
artículo 187 de la Constitución Política de Colombia.
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b. El Decreto 1785 del 29 de diciembre del 2020 “Por el cual se fija el
salario mínimo mensual legal”, expedido en ejercicio de las
atribuciones conferidas en el artículo 189 de la Constitución Política
y en el artículo 8 de la Ley 278 de 1996.
c. El Decreto 1786 del 29 de diciembre del 2020 “Por el cual se fija el
auxilio de transporte”, expedido en ejercicio de las atribuciones
conferidas en la Ley 15 de 1959 y en la Ley 4 de 1992.
Bajo ese presupuesto la sala encuentra relevante analizar la previsión contenida
en los numerales primero y quinto del artículo 6 del Decreto Legislativo 2591 de
1991, que dispone:
“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de
tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto,
en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás
mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta,
para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en
situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se
trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado,
salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.”
Teniendo en cuenta lo anterior, se deja claro que es evidente que al interponer
la presente acción de tutela contra los actos administrativos de carácter general,
impersonal y abstracto como lo son los Decretos 1779 del 24 de diciembre del
2020, 1785 del 29 de diciembre del 2020 y el 1786 del 29 de diciembre del 2020,
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esta debe ser declarada improcedente por lo dispuesto en el numeral 5 del
precitado artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.
Adicionalmente, debe precisarse que la presente acción constitucional también
es improcedente por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, como se
verá a continuación:
2.5.1. Improcedencia por incumplimiento del requisito de subsidiaridad:
El carácter subsidiario de la acción de tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales.
Por esta razón, ha de entenderse que la acción de tutela no es una herramienta
que pueda desplazar los mecanismos judiciales ordinarios de defensa, si ellos
son idóneos y eficaces para la realización de los derechos de las personas. Todo,
sin perjuicio de su utilización como mecanismo transitorio, cuando se trate de
evitar un perjuicio irremediable. Pero, en este caso, es necesario demostrar su
inminencia; es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder. La
gravedad, esto es, que el daño material o moral en el haber jurídico de la persona
debe ser de gran intensidad, además que el remedio judicial debe ser urgente e
impostergable.
La causa indicada en el numeral primero del artículo 6 del Decreto Legislativo
2591 de 1991 se refiere a la materialización del principio de subsidiariedad, que
regula el uso de la acción de tutela según lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución, al disponer que: “Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
En sentencia T-324 del 2020 la Corte Constitucional sostuvo: “… el recurso de
amparo no puede convertirse en un instrumento alternativo, sustitutivo, paralelo o
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complementario de las diversas vías existentes en el ordenamiento jurídico, salvo que
las mismas sean ineficaces, no idóneas o se configure un perjuicio irremediable”.
En la misma línea, en la sentencia T-375 de 2018 se indicó que el carácter
subsidiario de la acción constitucional “permite reconocer la validez y viabilidad de
los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y
prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Es ese reconocimiento el que obliga
a los asociados a incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar
la situación que estimen lesiva de sus derechos.” Es decir, las personas deben hacer
uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha
dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal
manera que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como
vía preferente o instancia judicial adicional de protección.
Se desprende de la jurisprudencia constitucional que existe suficiente consenso
sobre el carácter residual de la acción de tutela, el cual restringe su procedencia
a tres elementos fundamentales: (i) que el accionante no cuente con otro medio
judicial de defensa; (ii) que a pesar que puedan existir otros medios de defensa
judicial, estos no sean idóneos ni eficaces para garantizar de manera plena y
oportuna la protección de los derechos fundamentales afectados o en riesgo; o
(iii) que se interponga con el fin de evitar un perjuicio irremediable, el cual debe
ser inminente, grave y requerir medidas urgentes para su prevención, y cuya
existencia debe ser acreditada por la parte demandante.
Bajo estas condiciones, y en atención del carácter residual y subsidiario del
mecanismo de amparo, se ha mantenido el criterio según el cual -pese a ello-
solo será:
“… procedente de forma excepcional en dos eventos. El primero de ellos, como
mecanismo definitivo, cuando el presunto afectado no cuente con otro mecanismo de
defensa judicial para lograr la protección de sus derechos fundamentales o cuando,
pese a existir otro medio, aquél carece de idoneidad y eficacia para lograr una protección
adecuada, oportuna e integral de los derechos invocados. En segundo lugar, como
mecanismo transitorio, cuando se pretenda evitar la consumación de un perjuicio
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irremediable de los derechos fundamentales del accionante, desde el momento en que
se presenta la tutela hasta que un juez ordinario profiera el fallo.”2
En el presente caso, es evidente que los accionantes cuentan con mecanismos
de defensa judicial expresamente previstos en el ordenamiento jurídico, toda vez
que de la revisión del escrito de tutela se observa que lo pretendido es cuestionar
la legalidad de los Decretos 1779, 1785 y 1786 del 2020, expedidos por el
Gobierno Nacional.
Por su parte, el artículo 135 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) contempla el medio de control de nulidad
por inconstitucionalidad, que permite a los ciudadanos -en cualquier tiempo-
solicitar que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados
por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional,
por infracción directa de la Constitución.
Así mismo, el artículo 137 del CPACA consagra el medio de control de nulidad,
en virtud de este, toda persona puede solicitar que se declare la nulidad de los
actos administrativos de carácter general, cuando hayan sido expedidos con
infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en
forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o
mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien
los profirió.
Adicionalmente, los accionantes cuentan con el medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho estipulado en el artículo 138 del CPACA al disponer
que “podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o
la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la
demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
2 T-365 del 2020
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su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”
La Corte ha insistido en que: “… de verificarse la existencia de otros medios judiciales,
siempre se debe realizar una evaluación de la idoneidad de los mismos en el caso
concreto, para determinar si aquellos tienen la capacidad de restablecer de forma
efectiva e integral los derechos invocados. Este análisis debe ser sustancial y no
simplemente formal, y reconocer que el juez de tutela no puede suplantar al juez
ordinario.”3
Adicionalmente, el artículo 231 ibídem es contundente al señalar: “Cuando se
pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos
procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud
que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto
demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o
del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.”
Es claro que la misma norma exige que, para que sea viable la adopción de la
medida, se cumpla, entre otros requisitos, con una de las siguientes condiciones:
(i) que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los
efectos de la sentencia serían nugatorios, (ii) que al no otorgarse la medida se
cause un perjuicio irremediable.
En estas circunstancias, se tiene la certeza de que el medio de defensa judicial
previsto resulta idóneo y eficaz para lograr los fines perseguidos por los
demandantes en relación con el Decreto 1779 del 2020, por lo que a continuación
habrá de valorarse si se está en frente de la posibilidad de evitar la ocurrencia o
no de un perjuicio irremediable, que en palabras de la Corte Constitucional se
configura: “… cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal
magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por
tanto de medidas impostergables que lo neutralicen.”4
3 T-583 del 2017
4 T-318 del 201
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Sin embargo, esta misma providencia recalca: “… el accionante deberá acreditar: i)
una afectación inminente del derecho -elemento temporal respecto al daño-; (ii) la
urgencia de las medidas para remediar o prevenir la afectación; (iii) la gravedad del
perjuicio -grado o impacto de la afectación del derecho-; y (iv) el carácter impostergable
de las medidas para la efectiva protección de los derechos en riesgo.”
La sala advierte que ninguno de los anteriores supuestos fueron acreditados por
los demandantes, es decir, no se demostró la ocurrencia de una circunstancia
que pueda catalogarse como de perjuicio irremediable, y en tal sentido esta sala
indica que no puede concluirse entonces que la situación fáctica planteada
requiere de la intervención directa e inmediata del juez constitucional para la
protección de los derechos fundamentales que se señalaron como vulnerados.
En cuanto a la pretensión de los accionantes de que se ordene a los
demandados fijar el aumento de las pensiones, argumentando que en el año
2020 no se realizó dicho incremento, es importante señalar que el ordenamiento
jurídico contempla un medio de defensa previsto en la ley: la acción de
cumplimiento. Esta acción permite a cualquier persona acudir ante la autoridad
judicial para exigir el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de
ley o de actos administrativos.
En tal sentido, si los accionantes consideran que los accionados han incumplido
algún mandato legal frente a la eventual obligación de incrementar las mesadas
a los pensionados, la Sala considera que el mecanismo jurídico señalado resulta
idóneo y eficaz para obtener tal pretensión, lo que ratificaría el incumplimiento
del requisito de subsidiaridad exigido para la prosperidad de la presente acción,
teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico colombiano ha dotado de
diferentes acciones que permiten hacer efectivos sus derechos y garantías
reconocidas antes de acudir a la acción de tutela, pues como se ha reiterado la
jurisprudencia, la acción de tutela está revestida de un carácter subsidiario.
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Como quiera que no se presentan ninguna de las excepciones que la
jurisprudencia constitucional ha señalado para pasar por alto el cumplimiento del
requisito de subsidiaridad exigido para la viabilidad de la acción de tutela, y que,
por el contrario, está demostrado que tal requisito no se cumple, la sala declarará
la improcedencia de las acciones presentadas, al tenor de lo reglado por el
numeral 1 del artículo 6 del Decreto Legislativo 2591 de 1991.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela por el
incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad; y, por haberse formulado en
contra de actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto,
conforme a las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y vinculados en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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LUIS FERNEY MORENO CASTILLO
Conjuez Ponente
GONZALO SUÁREZ BELTRÁN
Conjuez
HERNANDO HERRERA MERCADO
Conjuez
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el
número de radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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