Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-03124-00
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-03124-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-03124-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
5 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / CONFIGURACIÓN DEL DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL / INDEBIDA APLICACIÓN DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL - Sentencia C-1154 de 2008 / PROCESO EJECUTIVO / AUTO QUE NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO / PRINCIPIO DE INEMBARGABILIDAD / PRINCIPIO DE INEMBARGABILIDAD DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN Y DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES / EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE INEMBARGABILIDAD DE LOS DINEROS DE ENTIDADES PÚBLICAS / PAGO DE CONDENAS CONTENIDAS EN SENTENCIAS JUDICIALES – Que reconozcan obligaciones laborales / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional, toda vez que si bien el Tribunal Administrativo del Chocó hizo referencia al marco normativo y jurisprudencial relacionado con el principio de inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones y a las excepciones precisadas por la jurisprudencia constitucional, lo cierto es que aplicó de manera indebida la regla desarrollada en sentencia C-1154 de 2008. En la providencia objetada se indicó que cuando las obligaciones están relacionadas con las actividades de salud, educación, agua potable y saneamiento básico se tornan procedentes las medidas cautelares de embargo afectando los recursos del Sistema General de Participaciones, y que en virtud de dicha regla los demandantes no podrían acceder a la mencionada medida, pues la labor desarrollada en el municipio de Bagadó no guarda relación con esas actividades, lo que, para la Sala, de conformidad con lo expuesto en la consideraciones de esta decisión, desconoce la sentencia C-1154 de 2008, en tanto desatendió que allí se incluyó como excepción el pago de obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia judicial, siempre y cuando los recursos corrientes de libre destinación de la entidad territorial no sean suficientes para el pago de esas obligaciones, supuesto en el que es posible acudir a los recursos de destinación específica. De hecho, el Tribunal Administrativo del Chocó al estudiar los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la materia, transcribió apartes de la providencia de 15 de mayo de 2019 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se indicó que “a través de la ya antes citada sentencia C-1154 de 2008, se precisó que las reglas de inembargabilidad del presupuesto, también resultaban aplicables a los recursos del Sistema General de Participaciones, tanto en aquellos eventos en los que las obligaciones reclamadas se originaran en las actividades a las cuales estuvieran destinados dichos recursos, es decir, educación, salud, agua potable y saneamiento básico, como frente a las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia judicial, posición que ya habla sido fijada desde la sentencia C-542 de 1992”. Es decir, que el tribunal además de mencionar las excepciones aplicables al principio de inembargabilidad que cobija a los recursos del Sistema General de Participaciones relacionadas con obligaciones originadas de las actividades a las que pertenecen dichas partidas, también hizo referencia a la otra regla desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-1154 de 2008, en la que se indicó que también era procedente cuando se pretendía el cumplimiento de sentencias judiciales que reconozcan obligaciones laborales. En efecto, en la sentencia C-1154 de 2008 la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 21 del Decreto 28 de 2008, “en el entendido de que el pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia debe efectuarse en el plazo máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecutoria de la misma, y de que si los recursos correspondientes a los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial no son suficientes para el pago de las citadas obligaciones, deberá acudirse a los recursos de destinación específica”, regla que se desatendió por la autoridad judicial demandada en la providencia objeto de reproche constitucional.
Al verificar los expedientes de tutela y ordinario, se evidenció que el título ejecutivo son fallos proferidos en el marco de dos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, en los que se revocó la presunción de legalidad de los actos administrativos que declararon insubsistentes a los ahora accionantes, razón por la cual fueron anulados, se ordenó el reintegro de los demandantes a los cargos que ostentaban al momento de la desvinculación ilegal o a uno similar y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. Por consiguiente, las sentencias que sirvieron de título ejecutivo reconocieron obligaciones laborales en favor de la señora [M.F.R.R.] y el señor [O.Z.M.], lo que encuadra en la regla prevista por la Corte Constitucional en la sentencia C-1154 de 2008. Así las cosas, al evidenciarse que en la providencia objeto de reproche constitucional se incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional, al no aplicar en debida forma la interpretación realizada en la sentencia C-1154 de 2008, la Sala accederá a la protección constitucional solicitada por los demandantes
SALVAMENTO DE VOTO / MEDIDAS CAUTELARES – No toda negativa vulnera derechos fundamentales / MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO - Naturaleza preventiva / AUTO QUE NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO - No puede ser entendida como una decisión definitiva / EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE INEMBARGABILIDAD PRESUPUESTAL POR PAGO DE SENTENCIA JUDICIALES - No puede establecerse como un parámetro de procedencia casi automático de embargo / JUEZ DEL PROCESO EJECUTIVO – A quien le corresponde justificar la proporcionalidad de la medida de embargo de los recursos públicos y el cumplimiento de los requisitos previstos por el legislador / PROCESO EJECUTIVO – En curso
Debe decirse que, si bien, esta Sección ha amparado los derechos fundamentales de la parte ejecutante en los eventos en que las autoridades judiciales se abstienen de dar aplicación a las excepciones constitucionales al principio de inembargabilidad, no toda negativa de un embargo contra cuentas de entidades estatales lleva consigo la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Lo anterior, con fundamento en la naturaleza preventiva de las medidas cautelares de embargo, las cuales, si bien, tiene relación con el derecho de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, comoquiera que buscan garantizar que las decisiones de los jueces sean materialmente efectivas, son apenas una etapa anticipada al resultado del proceso, no niegan el crédito reclamado y, por lo tanto, no pueden ser entendidas como la decisión definitiva. Dicho de otro modo, a partir de las excepciones al principio de inembargabilidad presupuestal que ha diseñado la Corte Constitucional para aquellos casos en que la reclamación involucra el pago de sentencia judiciales, no puede establecerse un parámetro de procedencia casi automático de los embargos contra las cuentas de las entidades estatales, sino que, debe ser entendido como la excepción que es. En esa medida, es a los jueces del proceso ejecutivo a quienes les corresponde, previo a ordenar una medida de embargo de recursos públicos, justificar la proporcionalidad de la misma y tener en cuenta los requisitos previstos por el legislador para el efecto, en particular, el inciso 2 del artículo 231 del CPACA, dentro los cuales, llama especialmente la atención el numeral 4, según el cual, <<será procedente la medida, adicionalmente, cuando: (i) al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable o, (ii) que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida, los efectos de la sentencia serían nugatorios>>. De ahí que, es labor del juez del proceso ejecutivo evaluar dichas circunstancias para adoptar una medida preventiva, en atención a las circunstancias particulares de cada proceso, análisis en el que, en todo caso, debe tomarse en consideración la posición de la entidad ejecutada, los posibles efectos respecto de los afectados con una medida cautelar y los derechos fundamentales y colectivos de terceros, como es el caso de los beneficiarios de recursos de inversión o de funcionamiento. En suma, la decisión que decreta o niega el embargo no constituye la decisión definitiva del proceso ejecutivo y, en esa medida, el trámite continúa su curso, que por demás, es el previsto por el legislador para obtener el cumplimiento de obligaciones. Luego, será al juez de esa causa a quien le corresponderá adoptar las medidas que considere pertinentes y procedentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que son el objeto de las pretensiones en ese escenario judicial, sin que le sea dado al juez constitucional intervenir en la adopción de una medida, cuya competencia continúa a cargo del juez ejecutivo, hasta que se defina con el mandamiento de pago y la sentencia definitiva, según el caso. Sumado a lo anterior, el proceso ejecutivo, en el presente caso, se encuentra en curso y, por ende, la ejecución perseguida será objeto de estudio en dicho trámite judicial.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03124-00(AC)
Actor: MARÍA FABIOLA RENTERÍA DE RENTERÍA Y OMAR ZÚÑIGA MENA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Y JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo. Principio de inembargabilidad de recursos del presupuesto general de la Nación y Sistema General de Participaciones. Excepciones precisadas por la Corte Constitucional. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional. Indebida aplicación de la Sentencia C-1154 de 2008
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora María Fabiola Rentería Rentería y el señor Omar Zúñiga Mena, quienes actúan mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, en la que piden el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, derechos adquiridos, de acceso a la administración de justicia y “al pago de los créditos generados de las sentencias judiciales”, así como el principio de la prevalencia del derecho sustancial, supuestamente vulnerados con la decisión de 24 de octubre de 2019, por medio de la cual se negó la solicitud de embargo contra el municipio de Bagadó, Chocó, la cual fue confirmada en auto de 2 de marzo de 2021.
I. ANTECEDENTES
Hechos
Los demandantes afirmaron que laboraron en el municipio de Bagadó como Secretaria de la Oficina de Archivo (María Fabiola Rentería Rentería) y Tecnólogo Umata (Omar Zúñiga Mena), cargos de los que fueron desvinculados junto con otros empleados, razón por la que presentaron individualmente demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra la entidad territorial.
Relataron que el Tribunal Administrativo del Chocó, en diferentes sentencias, declaró la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales el municipio de Bagadó declaró la insubsistencia de los accionantes y ordenó el reintegro a sus cargos.
Sostuvieron que al culminar los dieciocho (18) meses previstos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, la entidad territorial no cumplió con la orden de reintegro de los funcionarios ni pagó las sumas adeudadas, razón por la cual instauraron demanda ejecutiva.
Señalaron que “[e]n dicho proceso, se libró el respectivo mandamiento de pago; se le notificó en debida forma la demanda al municipio de Bagadó y se ordenó seguir adelante con la ejecución”.
Indicaron que solicitaron las medidas cautelares de embargo, apoyándose en las subreglas jurisprudenciales para embargar recursos incorporados al presupuesto general de la Nación, la cual fue decidida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó por auto de 24 de octubre de 2019, en el sentido de no acceder al decreto de embargo de las cuentas del municipio demandado, toda vez que estas se solicitaron de manera general sin cumplir los requisitos del artículo 83 del CGP, además que la fuente de la obligación corresponde a una sentencia judicial y no a las partidas del Sistema General de Participaciones destinadas a educación o salud.
Por último, manifestaron que contra la anterior decisión interpusieron recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Chocó mediante proveído de 2 de marzo de 2021, en el que revocó lo resuelto por el a quo respecto a los otros demandantes, sin embargo, la confirmó en relación con la señora María Fabiola Rentería y el señor Omar Zúñiga Mena, bajo el argumento de que las labores en las que se desempeñaban no eran actividades propias de cada uno de los sectores en los que se destinan las partidas de los recursos del Sistema General de Participaciones, es decir, educación, salud y propósito general.
2. Fundamentos de la acción
La parte accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, derechos adquiridos, de acceso a la administración de justicia y “al pago de los créditos generados de las sentencias judiciales”, así como el principio de la prevalencia del derecho sustancial, con la decisión de negar la medida cautelar de embargo contra el municipio Bagadó.
Afirmaron que las autoridades judiciales accionadas no siguieron los procedimientos establecidos en los artículos 297 a 298 del CPACA, tendientes a conminar a las entidades estatales a que cumplan las sentencias judiciales cuando estas les impongan una obligación.
Indicaron que las decisiones objetadas desconocieron el Decreto 28 de 2008, al igual que las sentencias C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1154 de 2008, C-539 de 2010, C-543 de 2013, T-371 de 2016 y T-048 de 2019 de la Corte Constitucional, así como el fallo de 21 de julio de 2017 de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y el concepto 1901 de 17 de julio de 2008 dictado en el expediente N°. 11001-03-06-000-2008-00037-00 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
Agregaron que la jurisprudencia ha indicado que el principio de inembargabilidad no es absoluto, sino que por el contrario debe conciliarse con los demás valores, principios y derechos reconocidos en la Constitución Política, toda vez que ante la falta de recursos para pagar la obligación y apoyado en la excepción, se puede hacer uso de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones.
Señalaron que “ante la indebida interpretación normativa de las normas y sentencias descritas, considero que estamos frente a una vía de hecho que conllevó a que se desconozca el precedente jurisprudencial sobre el tema de la excepción a la inembargabilidad, aspecto que conlleva a que se desconozcan normas Constitucionales -el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, al hecho de recibir el pago de los valores adeudados, al debido proceso, al cumplimiento de los fallos judiciales y el acceso a la administración de justicia, entre otros, aspectos que unidos al defecto procedimental absoluto ya descrito, prueban que la presente acción de tutela se encuentra llamada a prosperar”.
Finalmente, manifestaron que “el incumplimiento de las decisiones judiciales es un atentado contra (…) los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada porque le resta efectividad a la orden dada por la autoridad competente”. Además, apoyados en jurisprudencia de la Corte Constitucional, recordaron que en una decisión se indicó que “todos los funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta el más humilde (…) tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta saber que han sido proferidos por el juez competente para que ellos se debe respeto y para que quienes se encuentran vinculados por sus resoluciones contraigan la obligación perentoria e inexcusable de cumplirlos, máxime si están relacionados con el imperio de las garantías constitucionales”.
3. Pretensiones
Los accionantes formularon las siguientes:
“1.- Ampárense los derechos fundamentales a MARÍA FABIOLA RENTERÍA RENTERÍA y OMAR ZUÑIGA MENA, ya descritos como violados.
2.- Ordénesele al Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó y al juzgado 4to Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que en el término de 48 horas posterior a la ejecutoria del fallo de tutela y conforme al Auto 2007-00112/3679-2014 de julio 21 de 2017, emanado del H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B dictado dentro del Exp: 08001-23-31-000-2007-00112-02 (3679-2014), siendo Consejero Sustanciador el Dr. Carmelo Perdomo Cuéter y el precedente plasmado por el H. Consejo de Estado emanado de la Sección Segunda Subsección A, siendo Consejero Ponente el Dr. ALFONSO VARGAS RINCÓN, en providencia de marzo 14 de 2014, en el proceso con radicación Nro. 11001-03-25000-2013-00231-00 (0525-13), entre otras, y apoyado en los arts. 431 del C.G. del Proceso 192 y 298 del CPACA y las Subreglas para embargar recursos incorporados al presupuesto general de la Nación en la jurisprudencia contencioso administrativa, como lo viene desarrollando la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado.
a.- Haga valer sus poderes de Juez y proceda a conminar de manera inmediata al Municipio de Bagadó, para que acaten, cumplen y cancelen la obligación que proviene de la sentencia judicial dictada a favor de los demandantes y que hoy dio vida al proceso ejecutivo con radicación Nro. 27001333100110059100, dentro de los cinco (5) días siguientes a dicha orden.
i.- El reconocimiento y pago de todos los valores adeudados desde el momento de la declaración de insubsistencia hasta su reintegro al cargo, de conformidad con la liquidación efectuada y aprobada por el juzgado.
ii.- Conminase al municipio de Bagadó, para que reintegre de manera inmediata a los accionantes.
b.- ORDENESELE a la vez al Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó y al Juzgado 4to Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, DEJAR SIN EFECTO el numeral 3ero del auto Nro. 058 de marzo 02 de 2021, en donde se confirmó el auto Nro.1376 de octubre 24 de 2019, proferido por el Juzgado 4to Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en lo referente a los hoy accionantes MARIA FABIOLA RENTERIA RENTERIA y OMAR ZUÑIGA MENA, auto donde se negó la medida cautelar de embargo que ha venido siendo solicitada dentro del proceso ejecutivo con radicación Nro. 27001333100120110059100.
c.- Como consecuencia de lo anterior, se les ORDENE decretar las medidas de embargo solicitadas dentro proceso de ejecución que dio vida a la presente acción de tutela, aplicando las Subreglas para embargar recursos incorporados al presupuesto general de la Nación de la jurisdicción contencioso-administrativa, como lo viene desarrollando la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado, por provenir la obligación de una sentencia judicial dictada a favor de los accionantes, quienes eran trabajadores del Municipio de Bagadó.
4.- Si las anteriores pretensiones, son fallados favorablemente, se oficie a la Procuraduría General de la Nación, por parte del señor Consejero de la causa, para que vigile el cumplimiento inmediato de la presente acción, para así evitar dilaciones y demoras injustificadas por parte del accionado, ya que estas decisiones son de cumplimiento inmediato, tal como lo expresan las sentencias de tutela Nros. T-942 del 2000 y T-098 del 2002”.
4. Pruebas relevantes
Mediante correo electrónico de 11 de junio de 2021, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, allegó copia digital del expediente que contiene el proceso ejecutivo radicado bajo el Nº 27001-33-31-001-2011-00591-01.
5. Trámite procesal
Por auto de 1 de junio de 2021, el despacho de la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas, así como al municipio Bagadó y a los señores María Zoila Machado Lloreda, María Nally Rentería Maturana y María Elisa Palacios Rentería, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 49412, 49417 a 49423 de 4 de junio de 2021, así como el 52030 de 11 de junio de 2021, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión.
6. Informes
6.1. Coadyuvancias
En escrito de 7 de junio de 2021, las señoras María Zoila Machado Lloreda, María Nally Rentería Maturana y María Elisa Palacios Rentería manifestaron “coadyuvamos en su totalidad dicha acción de tutela”.
Agregaron que “[h]oy casi 20 años después de haberse dictado esas sentencias en contra del Municipio de Bagadó, la administración municipal ha sido RENUENTE a ordenar el REINTEGRO que se me ordenó a través de la sentencia judicial dictada a mi favor y como producto de ello, se ordene el reconocimiento y pago de todas las sumas de dinero que se me adeudan”.
6.2. El Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.
2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico
2.1. Los accionantes presentan acción de tutela contra las decisiones dictadas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó en el curso de un proceso ejecutivo, sin embargo, el estudio se limitará a la providencia que decidió el recurso de apelación con data 2 de marzo de 2021, toda vez que fue el auto que resolvió de manera definitiva lo relativo a la solicitud de embargo de los recursos del Sistema General de Participaciones.
2.2. Por otra parte, a pesar de que los demandantes alegan que la autoridad judicial accionada incurrió en los defecto procedimental y desconocimiento del precedente judicial, el estudio se abordará bajo las características del defecto sustantivo por desconocimiento del constitucional, pues se evidencia que los argumentos expuestos se limitan a la indebida aplicación e interpretación de varias providencias dictadas por la Corte Constitucional.
2.3. De otro lado, si bien los demandantes hacen alusión a diferentes providencias relacionadas con el principio de inembargabilidad y sus excepciones, tales como la C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-192 de 2005 y C-1154 de 2008 de la Corte Constitucional, lo cierto es que frente a los recursos del Sistema General de Participaciones, que es lo que se discute en el presente asunto, la C-1154 de 2008 también invocada por los accionantes, es la decisión que en ejercicio del control abstracto de constitucional del Decreto 28 de 2008, la Corte hizo un recuento sobre los diferentes pronunciamientos relacionados con el mencionado principio para luego establecer cuáles son las interpretaciones ajustadas a la Carta frente a las excepciones aplicables a los recursos del Sistema General de Participaciones, razón por la cual se circunscribirá el problema jurídico a la mencionada providencia.
2.4. Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Chocó vulneró los derechos fundamentales de los accionantes al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, derechos adquiridos, de acceso a la administración de justicia y “al pago de los créditos generados de las sentencias judiciales”, así como el principio de la prevalencia del derecho sustancial, con el auto de 2 de marzo de 2021, en el que se confirmó la decisión de no acceder al embargo solicitado contra la entidad territorial demandada, y si incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional, por aplicar indebidamente la sentencia C-1154 de 2008 de la Corte Constitucional.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico; (ii) Defecto procedimental absoluto; (iii) Defecto fáctico; (iv) Defecto material o sustantivo; (v) Error inducido; (vi) Decisión sin motivación; (vii) Desconocimiento del precedente y (viii) Violación directa de la Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. El principio de inembargabilidad de los recursos del presupuesto general de la Nación, y las excepciones precisadas en la jurisprudencia constitucional
Previo al estudio de fondo del presente asunto, la Sala considera necesario realizar las siguientes precisiones frente al principio de inembargabilidad consagrado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que en su artículo 19 establece lo siguiente:
“ARTICULO 19. INEMBARGABILIDAD. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.
No obstante la anterior inembargabilidad, los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias.
Se incluyen en esta prohibición las cesiones y participaciones de que trata el capítulo 4 del título XII de la Constitución Política.
Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo, so pena de mala conducta (Ley 38/89, artículo 16, Ley 179/94, artículos HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0179_1994.html" \l "6" 6o., HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0179_1994_pr001.html" \l "55" 55, inciso 3o.).” (Negrilla de la Sala)
La Corte Constitucional en sentencia C-354 de 1997, realizó el estudio de constitucionalidad de esa disposición, en la que sostuvo “que los créditos a cargo del Estado, bien sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos”.
Lo anterior, fue reiterado en la sentencia C-793 de 2002, en el sentido que “la embargabilidad de las rentas y recursos presupuestales provenientes de las participaciones es procedente cuando se trata de sentencias que han condenado a entidades territoriales y cuando hayan transcurrido más de dieciocho (18) meses contados a partir de la ejecutoria de la providencia (artículo 177 del C.C.A.). Lo propio puede decirse de actos administrativos que reconozcan una obligación de la respectiva entidad y que presten mérito ejecutivo, siempre que haya transcurrido el lapso indicado. En la excepción quedan incluidas las obligaciones contraídas por la entidad territorial en materia laboral, tal como se ha señalado, de manera uniforme, desde la sentencia C-546 de 1992”. Igualmente, la Corte Constitucional hizo alusión de la mencionada excepción en la decisión C-1154 de 2008.
Luego, en la sentencia C-566 de 2003, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad del artículo 91 de la Ley 715 de 2001, según el cual los recursos del Sistema General de Participaciones harían unidad de caja con los demás recursos del presupuesto y serían inembargables, insistió en que la regla general es la inembargabilidad, sin embargo, aceptó el embargo excepcional para garantizar obligaciones derivadas de actividades relacionadas con la destinación de los recursos con destinación específica, es decir, salud, educación, saneamiento básico y agua potable.
Posteriormente, la Corte Constitucional en la sentencia C-1154 de 2008, al estudiar la exequibilidad del artículo 21 del Decreto 28 de 2008, sistematizó la línea jurisprudencial relacionada con el principio de inembargabilidad y sus excepciones, para lo cual se refirió a los pronunciamientos anteriores en los que se ha fijado el alcance del mencionado principio.
Por consiguiente, destacó que existen tres excepciones al principio de inembargabilidad cuando se encuentra afectado el presupuesto general de la Nación, a saber: i) la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, ii) el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias y iii) títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.
Aunado a lo anterior, la sentencia C-1154 de 2008 precisó que además de la regla contenida en la sentencia C-566 de 2003, era procedente incluir como excepción al principio de inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones cuando se tratara de obligaciones laborales contenidas en una sentencia judicial. De esta manera declaró la exequibilidad del artículo 21 del Decreto 28 de 2008, “en el entendido de que el pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia debe efectuarse en el plazo máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecutoria de la misma, y de que si los recursos correspondientes a los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial no son suficientes para el pago de las citadas obligaciones, deberá acudirse a los recursos de destinación específica”.
Luego con la expedición del Código General del Proceso, el principio de inembargabilidad se mantuvo en el artículo 594, disposición que establece algunas excepciones, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:
1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.
(…)
PARÁGRAFO. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.
Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.
En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene.” (Negrilla y subraya de la Sala)
En efecto, el Código General del Proceso establece la posibilidad de decretar cautelares dentro de los procesos ejecutivos e impone un criterio frente a algunos bienes que son inembargables, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 de esa disposición, el cual tiene estrecha relación con el artículo 19 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en razón a que este último establece el mismo criterio.
Igualmente, el Código General del Proceso no desconoce la existencia de unas excepciones al mencionado principio. Al indicar que la “[r]ecibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad (…)”.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos en el asunto bajo estudio, en tanto (i) el asunto goza de relevancia constitucional porque el reproche que se hace frente al análisis y aplicación que realizó el Tribunal Administrativo del Chocó frente al principio de inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones, lo que genera una supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, derechos adquiridos de acceso a la administración de justicia y “al pago de los créditos generados de las sentencias judiciales”, así como el principio de la prevalencia del derecho sustancial; (ii) la providencia cuestionada se dictó en el marco de un recurso de apelación, por lo que los accionantes no cuentan con otro mecanismo de defensa judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la solicitud no es contra un fallo de la misma naturaleza.
5.2. La autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional
5.2.1. Los accionantes afirman que el Tribunal Administrativo del Chocó vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, derechos adquiridos, de acceso a la administración de justicia y “al pago de los créditos generados de las sentencias judiciales”, así como el principio de la prevalencia del derecho sustancial, al negar la medida de embargo de los recursos del Sistema General de Participaciones en contra del municipio de Bagadó.
6.2. De manera previa, la Sala considera necesario precisar algunos aspectos relevantes relacionados con el proceso ejecutivo, a saber:
En primer lugar, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N° 2001-0136, el Tribunal Administrativo del Chocó en sentencia de 8 de mayo de 2003, declaró la nulidad del Decreto N° 008 de 4 de diciembre de 2000, expedido por el alcalde municipal de Bagadó, y condenó a la entidad territorial al reintegro de la señora María Fabiola Rentería Rentería al cargo que venía desempeñando, es decir, como Secretaria de la Oficina de Archivo y Correspondencia o a otro de igual o superior categoría y a pagarle todos los sueldos, prestaciones y demás emolumentos laborales correspondientes al mencionado cargo “y hasta la fecha de su reintegro, debidamente indexadas todas las cantidades, mes a mes, de acuerdo a los índices mensuales que suministra el DANE y considerando que no hubo solución de continuidad en su vinculación”.
De otra parte, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N° 2001-0321 cuyo demandante es el señor Omar Zúñiga Mena, el Tribunal Administrativo del Chocó en fallo de 14 de agosto de 2003, declaró la nulidad parcial del Decreto N° 007 de 4 de diciembre de 2000, por medio del cual se declaró insubsistente y, en consecuencia, se condenó “a la Entidad demandada al reintegro a un cargo igual o de superior categoría y al pago a favor del actor OMAR ZUÑIGA MENA, de todos los emolumentos causados y dejados de percibir en el mencionado cargo desde cuando se produjo la desvinculación hasta la fecha efectiva del reintegro. De igual forma se ordena la actualización de las condenas en los términos del artículo 178 del C.C.A., dando aplicación a la siguiente formula (…)”.
Posteriormente, los ahora accionantes junto con las señoras María Eliza Palacios Rentería, María Zoila Machado Lloreda y María Nally Rentería Maturana, presentaron demanda ejecutiva que fue admitida por auto de 25 de enero de 2012, proferido por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Quibdó, y dispuso librar mandamiento de pago en contra del municipio de Bagadó, en los siguientes términos:
“1. LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor del demandante OMAR ZUÑIGA MENA, mayor de edad, y en contra del MUNICIPIO DE BAGADÓ, representado legalmente por el Alcalde, por la suma de ciento noventa y cuatro millones novecientos tres mil quinientos noventa y siete mil pesos m/l ($194.903.597), más los intereses equivalentes al doble del civil legal, es decir, al 1% mensual, sobre el valor histórico actualizado desde la fecha en que se hizo exigible la obligación y hasta cuando se verifique el pago. Oportunamente se pronunciará respecto de las costas.
(…)
1. LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor del demandante señor (sic) MARÍA FABIOLA RENTERÍA DE RENTERÍA (sic), mayor de edad, y en contra del MUNICIPIO DE BAGADÓ, representado legalmente por el Alcalde, por la suma de ciento seis millones quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos ($106.538.470), más los intereses equivalentes al doble del civil legal, es decir, al 1% mensual, sobre el valor histórico actualizado desde la fecha en que se hizo exigible la obligación y hasta cuando se verifique el pago. Oportunamente se pronunciará respecto de las costas”.
Ahora bien, en razón a que el municipio de Bagadó se acogió al parágrafo transitorio del artículo 47 de la Ley 1551 de 2012, “Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento y modernización de los municipios”, el mencionado despacho judicial en auto de 19 de julio de 2012 ordenó la suspensión del proceso ejecutivo con el fin de que se celebrara una audiencia de conciliación entre las partes.
Pese a lo anterior, las partes dentro del proceso ejecutivo no llegaron a un acuerdo conciliatorio, por lo que en auto de 11 de marzo de 2013, el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Quibdó ordenó seguir adelante con la ejecución.
En proveído de 19 de junio de 2014, accedió a la medida cautelar de embargo contra el municipio de Bagadó solicitada por los demandantes, por lo que ordenó al Banco de Bogotá la retención de dineros equivalentes a $1.400.000.000, “[s]iempre que los recursos no presenten naturaleza de inembargable como los de Sistema General de Participación y recursos de Seguridad Social en Pensiones o Regalías”.
La mencionada entidad bancaria en oficio de 4 de agosto de 2014 informó al juzgado que los recursos que reposan en las cuentas de la entidad territorial ejecutada ostentan la condición de inembargables, razón por la cual no podía realizar el embargo ni la retención de los mismos.
Por lo anterior, los aquí accionantes insistieron en escritos de 25 de septiembre de 2014, 30 de octubre de 2015 y el 7 de diciembre de 2016, en la aplicación de la medida de embargo con sustento en lo siguiente:
“2.- Las excepciones a la inembargabilidad de los bienes y recursos del Estado. Teniendo en cuenta lo expuesto en precedente, la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades ha sostenido que el principio de inembargabilidad del presupuesto de las entidades y órganos del Estado encuentra algunas excepciones, así, (i) cuando se trate de créditos laborales, cuya satisfacción se hace necesaria para realizar el principio de dignidad humana y efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y juntas (sentencia C-546 de 1992, línea jurisprudencial reiterada en las sentencias C-013 de 1993, C-107 de 1993, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, T-025 de 1995, T-262 de 1997, C-354 de 1997, C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003 y T-1195 de 2004); (ii) cuando se trate de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas decisiones judiciales (sentencia C-354 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002 y C-402 de 1997), y, (iii) cuando se trate de títulos que provienen del Estado deudor y que configuran una obligación clara, expresa y actualmente exigible (sentencias C-103 de 1994, C-354 de 1997, C-402 de 1997, T-531 de 1999 y T-539 de 2002).
(…)
Finalmente, debe recordar que la Corte ha sido enfática en señalar que en caso de que el juez decrete, con el cumplimiento de los requisitos legales, una medida cautelar que afecte el presupuesto público nacional, debe observar la proporcionalidad que señala la ley, de tal forma que, simultáneamente se cumpla la finalidad de la medida precautoria para no hacer ilusorio el derecho judicialmente reclamado, y se evite al mismo tiempo la incursión en arbitrariedades y abusos.
Sobre el mismo tema el H. Consejo de Estado se ha manifestado así.
En concepto 1901 de julio 17 de 2008, el H. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en el proceso Nro. Rad. 11001-03-06-000-2008-00037-00 e interno 1.901, siendo Consejero Ponente el Dr. Gustavo Aponte Santos…”.
Posteriormente, el expediente se remitió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, que en auto de 24 de octubre de 2019 negó la mencionada solicitud de embargo de la parte actora, con sustento en lo siguiente:
“Conforme a lo anterior y a juicio de esta instancia se puede afirmar que, como el legislador colombiano, en el parágrafo del artículo 594 del CGP, obliga al operador judicial invocar el fundamento legal del embargo, que al tenor literal del artículo en cita, ya no está en la jurisprudencia, verbigracia C-546/92, C-103/94, C-566/2003, C-1154/2008, C-539/10, C-126/13, y C-543/13, sino en la ley, en tanto el legislador, calificó a la fuente de motivación y procedencia de las órdenes de embargo contra entidades estatales, si se tiene en cuenta que, en Colombia, las normas que fijan las reglas en materia de embargos, son dictadas en negativo, de suerte que el verbo rector es (sic) son inembargables y es sabido que en nuestro ordenamiento jurídico no existe norma que defina cuáles son los bienes embargables, sino cuáles son los inembargables, tan es así que el legislador colombiano, no enuncia ni enumera, ni precisa cuáles son los bienes embargables, sino los inembargables, por tanto, al no haber en nuestro sistema normativo una disposición que ordene y/o autorice embargar los bienes de las entidades estatales, en virtud del artículo 594 del CGP, nace por antonomasia, una regla de derecho consistente en la inembargabilidad absoluta de los bienes y recursos del estado.
(…)
Por ese aspecto, entonces son inembargables: i. los recursos del sistema general de participaciones, ii. Los del sistema general de regalías, iii. Las rentas propias de destinación específica para el gasto social de los Municipios, y iv. Las sumas de dinero correspondientes a recaudos tributarios o de otra naturaleza que hagan particulares a favor de los municipios, antes de que hayan sido formalmente declarados y pagados por el responsable tributario correspondiente.
Si bien, la Corte Constitucional en control abstracto de constitucionalidad de las normas que regulan la inembargabilidad, puntualizó tres (3) excepciones: (i) la satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral, necesaria para realizar el principio de dignidad humana y efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas; (ii) sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respecto de los derechos reconocidas en dichas decisiones; y (iii) títulos que provengan del Estado que reconozcan una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Tanto valor tiene el crédito que se reconoce en una sentencia como el que crea el propio Estado a través de los modos o formas de actuación administrativa que regula la ley, no puede perderse de vista que éstas son anteriores a la entrada en vigencia del Código General del Proceso, y a la fecha no existe pronunciamiento de dicha Corporación respecto de la exequibilidad del artículo 594-1 ibidem, que conlleva al funcionario judicial a acogerlas, ante la tensión que se evidencia con la normativa dispuesta en el nuevo estatuto procesal civil.
Aunado a lo anterior, advierte el Despacho que en el presente asunto el apoderado de la parte ejecutante en una de las solicitudes de medida cautelar de embargo, se limitó a solicitar de manera general el embargo y retención y de los dineros que posee el ente ejecutado, incumpliendo la exigencia legal prevista en el inciso final del artículo 83 del C.G.P. que dispone: (…) En las demandas en que se pidan medidas cautelares se determinarán las personas o los bienes objeto de ellas, así como el lugar donde se encuentran, esto es, identificación de los bienes a embargar, lo cual conlleva también a la negación de la medida cautelar de embargo.
Tampoco resulta posible para el Despacho en este asunto decretar la medida cautelar de embargo solicitada por la parte ejecutante, relacionada con las transferencias que por concepto de las sumas de dinero que integran el sistema general de participaciones en su partida destinada a EDUCACIÓN Y SALUD, establecidas en el artículo 15 y 42 de la Ley 715 de 2001 le realiza el Ministerio de Hacienda a la Fiduciaria la previsora con destino al Municipio de Bagadó y las que realiza la Fiduagraria, pues la fuente de la obligación que se ejecuta corresponde a una sentencia judicial, es decir, un concepto diferente.
En relación con la aplicación de las providencias emitidas por el Consejo de Estado, en sede de tutela y que refiere la parte ejecutante en sus solicitudes de embargo, considera el despacho, salvo mejor criterio, que las mismas no constituye per se un precedente judicial, toda vez que no se trata de decisiones unificadoras de jurisprudencia ni mucho menos de constitucionalidad, ni constituye doctrina probable, es decir, tales providencias, a pesar de haber sido proferidas por una Alta Corte, no tienen el alcance de obligatoriedad del precedente judicial, máxime si se tiene en cuenta los efectos interpartes de las sentencias de tutela y que el tema de la inembargabilidad de los recursos del Estado no ha sido un tema pacífico en la Jurisprudencia nacional.
En ese orden de ideas, el Despacho acatará una eventual decisión de unificación por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado referente a la procedencia de los embargos de los recursos del Estado”.
Contra la anterior decisión los accionantes interpusieron recurso de apelación, con el fin de que se revocara y accediera a la medida de embargo y retención de los recursos de naturaleza inembargable, para lo cual invocaron i) la sentencia de tutela de marzo 11 de 2019, emanada de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, ii) la sentencia de tutela de mayo 10 de 2019, dictada por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, iii) los autos de 9 de septiembre de 2019 y 17 de septiembre de 2019 del Tribunal Administrativo del Chocó y iv) la providencia de 22 de agosto de 2019, proferida por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, decisiones relacionadas con el principio de inembargabilidad de los recursos pertenecientes al presupuesto general de la Nación y las respectivas excepciones en las cuales procedían las medidas cautelares de embargo frente a dichos recursos.
El Tribunal Administrativo de Chocó en auto de 2 de marzo de 2021, revocó la decisión del a quo frente a los casos de la señora María Zoila Machado Lloreda, María Nally Rentería Maturana y María Elisa Palacios Rentería y, en su lugar, ordenó la imposición de las medidas de embargo frente a los recursos del Sistema General de Participaciones, en razón a que estos se desempeñaban en el sector salud como auxiliares de enfermería y promotora de salud, por lo que las actividades que desarrollaron en el municipio de Bagadó estaban relacionadas con las partidas propias de esos recursos de destinación específica.
No ocurrió lo mismo en relación con la señora María Fabiola Rentería Rentería y el señor Omar Zúñiga Mena, respecto de los cuales confirmó la decisión que negó la medida de embargo de recursos del Sistema General de Participaciones, para lo cual se refirió a las excepciones al principio de inembargabilidad desarrolladas por la Corte Constitucional en las sentencias C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-192 de 2005 y C-1154 de 2008 de la Corte Constitucional, así como a las providencias de 15 de mayo de 2019, 19 de septiembre de 2019, 16 de octubre de 2019, 9 de octubre de 2019 y 24 de octubre de 2019, proferidas por las diferentes Secciones del Consejo de Estado, para concluir que a los accionantes no los cobijaba las excepciones al principio de inembargabilidad, pues estos no se desempeñaban en las actividades propias de los recursos del Sistema General de Participaciones, es decir, salud, educación, agua potable y saneamiento básico.
6.3. La Corte Constitucional en sentencia SU-574 de 2019, reiteró que el defecto sustantivo “parte del reconocimiento de que la competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta” (SU-210 de 2017). De igual modo, reiteró los supuestos en los que se configura este defecto, en los siguientes términos:
“(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta en una norma inexistente, derogada, o que ha sido declarada inconstitucional.
(ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable por no ser pertinente.
(iii) A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como, por ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador.
(iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia con efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico.
(v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o claramente contraria a la Constitución.
(vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en la disposición.
(vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso.
(viii) El servidor judicial da una insuficiente sustentación o justificación de una actuación que afecta derechos fundamentales.
(ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación.
(x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución. Se trata de la aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es contrario a la constitución, o al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente inaplicada.
(xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia”.
Adicionalmente, la Corte ha señalado que una autoridad judicial puede incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al menos, dos hipótesis: (i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta no tiene (contraevidente –interpretación contra legem–), o de manera injustificada para los intereses legítimos de una de las partes; y (ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados, sacando la decisión del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable.
6.4. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional, toda vez que si bien el Tribunal Administrativo del Chocó hizo referencia al marco normativo y jurisprudencial relacionado con el principio de inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones y a las excepciones precisadas por la jurisprudencia constitucional, lo cierto es que aplicó de manera indebida la regla desarrollada en sentencia C-1154 de 2008.
En la providencia objetada se indicó que cuando las obligaciones están relacionadas con las actividades de salud, educación, agua potable y saneamiento básico se tornan procedentes las medidas cautelares de embargo afectando los recursos del Sistema General de Participaciones, y que en virtud de dicha regla los demandantes no podrían acceder a la mencionada medida, pues la labor desarrollada en el municipio de Bagadó no guarda relación con esas actividades, lo que, para la Sala, de conformidad con lo expuesto en la consideraciones de esta decisión, desconoce la sentencia C-1154 de 2008, en tanto desatendió que allí se incluyó como excepción el pago de obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia judicial, siempre y cuando los recursos corrientes de libre destinación de la entidad territorial no sean suficientes para el pago de esas obligaciones, supuesto en el que es posible acudir a los recursos de destinación específica.
De hecho, el Tribunal Administrativo del Chocó al estudiar los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la materia, transcribió apartes de la providencia de 15 de mayo de 2019 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se indicó que “a través de la ya antes citada sentencia C-1154 de 2008, se precisó que las reglas de inembargabilidad del presupuesto, también resultaban aplicables a los recursos del Sistema General de Participaciones, tanto en aquellos eventos en los que las obligaciones reclamadas se originaran en las actividades a las cuales estuvieran destinados dichos recursos, es decir, educación, salud, agua potable y saneamiento básico, como frente a las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia judicial, posición que ya habla sido fijada desde la sentencia C-542 de 1992” (resalto y negrilla de la Sala).
Es decir, que el tribunal además de mencionar las excepciones aplicables al principio de inembargabilidad que cobija a los recursos del Sistema General de Participaciones relacionadas con obligaciones originadas de las actividades a las que pertenecen dichas partidas, también hizo referencia a la otra regla desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-1154 de 2008, en la que se indicó que también era procedente cuando se pretendía el cumplimiento de sentencias judiciales que reconozcan obligaciones laborales.
En efecto, en la sentencia C-1154 de 2008 la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 21 del Decreto 28 de 2008, “en el entendido de que el pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia debe efectuarse en el plazo máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecutoria de la misma, y de que si los recursos correspondientes a los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial no son suficientes para el pago de las citadas obligaciones, deberá acudirse a los recursos de destinación específica”, regla que se desatendió por la autoridad judicial demandada en la providencia objeto de reproche constitucional.
Al verificar los expedientes de tutela y ordinario, se evidenció que el título ejecutivo son fallos proferidos en el marco de dos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, en los que se revocó la presunción de legalidad de los actos administrativos que declararon insubsistentes a los ahora accionantes, razón por la cual fueron anulados, se ordenó el reintegro de los demandantes a los cargos que ostentaban al momento de la desvinculación ilegal o a uno similar y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.
Por consiguiente, las sentencias que sirvieron de título ejecutivo reconocieron obligaciones laborales en favor de la señora María Fabiola Rentería Rentería y el señor Omar Zúñiga Mena, lo que encuadra en la regla prevista por la Corte Constitucional en la sentencia C-1154 de 2008.
Así las cosas, al evidenciarse que en la providencia objeto de reproche constitucional se incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional, al no aplicar en debida forma la interpretación realizada en la sentencia C-1154 de 2008, la Sala accederá a la protección constitucional solicitada por los demandantes, dejará sin efecto el auto de 2 de marzo de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó y ordenará que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia dicte una decisión de reemplazo en el marco del proceso ejecutivo con radicado Nº 27001-33-31-001-2011-00591-01, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la señora María Fabiola Rentería Rentería y el señor Omar Zúñiga Mena.
Segundo.- DÉJASE SIN EFECTOS el auto de 2 de marzo de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó, en el marco del proceso ejecutivo con radicado bajo el Nº 27001-33-31-001-2011-00591-01. En consecuencia,
Tercero.- ORDÉNASE al Tribunal Administrativo del Chocó que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de este fallo, profiera una decisión de reemplazo en el proceso ejecutivo con radicado Nº 27001-33-31-001-2011-00591-01, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
SALVA VOTO
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera
Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Consejera
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero
CON SALVAMENTO DE VOTO DEL CONSEJERO MILTON CHAVES GARCÍA
SALVAMENTO DE VOTO / MEDIDAS CAUTELARES – No toda negativa vulnera derechos fundamentales / MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO - Naturaleza preventiva / AUTO QUE NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO - No puede ser entendida como una decisión definitiva / EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE INEMBARGABILIDAD PRESUPUESTAL POR PAGO DE SENTENCIA JUDICIALES - No puede establecerse como un parámetro de procedencia casi automático de embargo / JUEZ DEL PROCESO EJECUTIVO – A quien le corresponde justificar la proporcionalidad de la medida de embargo de los recursos públicos y el cumplimiento de los requisitos previstos por el legislador / PROCESO EJECUTIVO – En curso
Debe decirse que, si bien, esta Sección ha amparado los derechos fundamentales de la parte ejecutante en los eventos en que las autoridades judiciales se abstienen de dar aplicación a las excepciones constitucionales al principio de inembargabilidad, no toda negativa de un embargo contra cuentas de entidades estatales lleva consigo la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Lo anterior, con fundamento en la naturaleza preventiva de las medidas cautelares de embargo, las cuales, si bien, tiene relación con el derecho de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, comoquiera que buscan garantizar que las decisiones de los jueces sean materialmente efectivas, son apenas una etapa anticipada al resultado del proceso, no niegan el crédito reclamado y, por lo tanto, no pueden ser entendidas como la decisión definitiva. Dicho de otro modo, a partir de las excepciones al principio de inembargabilidad presupuestal que ha diseñado la Corte Constitucional para aquellos casos en que la reclamación involucra el pago de sentencia judiciales, no puede establecerse un parámetro de procedencia casi automático de los embargos contra las cuentas de las entidades estatales, sino que, debe ser entendido como la excepción que es. En esa medida, es a los jueces del proceso ejecutivo a quienes les corresponde, previoa ordenar una medida de embargo de recursos públicos, justificar la proporcionalidad de la misma y tener en cuenta los requisitos previstos por el legislador para el efecto, en particular, el inciso 2 del artículo 231 del CPACA, dentro los cuales, llama especialmente la atención el numeral 4, según el cual, <<será procedente la medida, adicionalmente, cuando: (i) al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable o, (ii) que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida, los efectos de la sentencia serían nugatorios>>. De ahí que, es labor del juez del proceso ejecutivo evaluar dichas circunstancias para adoptar una medida preventiva, en atención a las circunstancias particulares de cada proceso, análisis en el que, en todo caso, debe tomarse en consideración la posición de la entidad ejecutada, los posibles efectos respecto de los afectados con una medida cautelar y los derechos fundamentales y colectivos de terceros, como es el caso de los beneficiarios de recursos de inversión o de funcionamiento. En suma, la decisión que decreta o niega el embargo no constituye la decisión definitiva del proceso ejecutivo y, en esa medida, el trámite continúa su curso, que por demás, es el previsto por el legislador para obtener el cumplimiento de obligaciones . Luego, será al juez de esa causa a quien le corresponderá adoptar las medidas que considere pertinentes y procedentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que son el objeto de las pretensiones en ese escenario judicial, sin que le sea dado al juez constitucional intervenir en la adopción de una medida, cuya competencia continúa a cargo del juez ejecutivo, hasta que se defina con el mandamiento de pago y la sentencia definitiva, según el caso. Sumado a lo anteior, el proceso ejecutivo, en el presente caso, se encuentra en curso y, por ende, la ejecución perseguida será objeto de estudio en dicho trámite judicial.
De conformidad con el artículo 63 de la Carta Política los bienes de uso público y los demás bienes que determine la ley son inembargables. El artículo 19 del Decreto 111 de 1996 “Son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman”. Por su parte, el numeral 1 del artículo 594 del CGP señala que son inembargables “Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social”. En ese contexto, ha sido reconocido por la Corte Constitucional el principio de inembargabilidad presupuestal, como lo señaló en la sentencia C-546 de 1992: “El principio de la inembargabilidad presupuestal es una garantía que es necesario preservar y defender, ya que ella permite proteger los recursos financieros del Estado, destinados por definición, en un Estado social de derecho, a satisfacer los requerimientos indispensables para la realización de la dignidad humana.
En este sentido, sólo si el Estado asegura la intangibilidad judicial de sus recursos financieros, tanto del gasto de funcionamiento como del gasto de inversión, podrá contar con el cien por ciento de su capacidad económica para lograr sus fines esenciales. (…)”. La Corte Constitucional, en sentencia C-354 de 1997, declaró exequible el numeral 1 del artículo 594 del CGP, oportunidad en la que quedó plasmada una excepción al principio de inembargabilidad de las rentas incorporadas en el presupuesto, pero bajo el supuesto previsto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo [artículo 192 CPACA] de que los funcionarios adopten las medidas allí señaladas para el pago de las sentencias. Posteriormente, la Corte Constitucional, en las sentencias C–546 de 1992, C–103 de 1994, C–354 de 1997, C–1154 de 2008 y C–543 de 2013, manifestó que la aplicación del principio de inembargabilidad se exceptúa cuando la reclamación involucra: (i) la satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral; (ii) el pago de sentencias judiciales; y (iii) el pago de títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.
Debe decirse que, si bien, esta Sección ha amparado los derechos fundamentales de la parte ejecutante en los eventos en que las autoridades judiciales se abstienen dar aplicación a las excepciones constitucionales al principio de inembargabilidad, no toda negativa de un embargo contra cuentas de entidades estatales lleva consigo la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Lo anterior, con fundamento en la naturaleza preventiva de las medidas cautelares de embargo, las cuales, si bien, tiene relación con el derecho de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, comoquiera que buscan garantizar que las decisiones de los jueces sean materialmente efectivas, son apenas una etapa anticipada al resultado del proceso, no niegan el crédito reclamado y, por lo tanto, no pueden ser entendidas como la decisión definitiva.
Dicho de otro modo, a partir de las excepciones al principio de inembargabilidad presupuestal que ha diseñado la Corte Constitucional para aquellos casos en que la reclamación involucra el pago de sentencia judiciales, no puede establecerse un parámetro de procedencia casi automático de los embargos contra las cuentas de las entidades estatales, sino que, debe ser entendido como la excepción que es. En esa medida, es a los jueces del proceso ejecutivo a quienes les corresponde, previo a ordenar una medida de embargo de recursos públicos, justificar la proporcionalidad de la misma y tener en cuenta los requisitos previstos por el legislador para el efecto, en particular, el inciso 2 del artículo 231 del CPACA, dentro los cuales, llama especialmente la atención el numeral 4, según el cual, <>. De ahí que, es labor del juez del proceso ejecutivo evaluar dichas circunstancias para adoptar una medida preventiva, en atención a las circunstancias particulares de cada proceso, análisis en el que, en todo caso, debe tomarse en consideración la posición de la entidad ejecutada, los posibles efectos respecto de los afectados con una medida cautelar y los derechos fundamentales y colectivos de terceros, como es el caso de los beneficiarios de recursos de inversión o de funcionamiento1.
En suma, la decisión que decreta o niega el embargo no constituye la decisión definitiva del proceso ejecutivo y, en esa medida, el trámite continúa su curso, que por demás, es el previsto por el legislador para obtener el cumplimiento de obligaciones . Luego, será al juez de esa causa a quien le corresponderá adoptar las medidas que considere pertinentes y procedentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que son el objeto de las pretensiones en ese escenario judicial, sin que le sea dado al juez constitucional intervenir en la adopción de una medida, cuya competencia continúa a cargo del juez ejecutivo, hasta que se defina con el mandamiento de pago y la sentencia definitiva, según el caso. Sumado a lo anteior, el proceso ejecutivo, en el presente caso, se encuentra en curso y, por ende, la ejecución perseguida será objeto de estudio en dicho trámite judicial, sin perjuicio, de que, conforme con el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la medida cautelar pueda ser solicitada en cualquier estado del proceso. 1 En los términos del parágrafo del artículo 594 del CGP: “Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia”.
En los anteriores términos dejo expresadas las razones de mi salvamento de voto.
(Con firma electrónica)
MILTON CHAVES GARCÍA
Parte demandante dentro del proceso ordinario: María Zoila Machado Lloreda, María Nally Rentería Maturana, María Elisa Palacios Rentería, María Fabiola Rentería de Rentería y Omar Zúñiga Mena. Las fechas de las providencias son las siguientes: María Eliza Palacios Rentería, 31 de octubre de 2002; María Zoila Machado Lloreda, 9 de abril de 2003; María Fabiola Rentería de Rentería, 8 de mayo de 2003; María Nally Rentería Maturana, 31 de julio de 2003 y Omar Zúñiga Mena, 14 de junio de 2003. El proceso ejecutivo, en un primer momento, fue repartido al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó. Posteriormente, fue enviado al Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Quibdó en razón a las medidas de descongestión, sin embargo, al culminar las mencionadas medidas el expediente se remitió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó. En las demandas en que se pidan medidas cautelares se determinarán las personas o los bienes objeto de ellas, así como el lugar donde se encuentran. M.P.: Jaime Córdoba Triviño. M.P.: Álvaro Tafur Galvis. M.P.: Clara Inés Vargas Hernández. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. M.P.: María Victoria Calle Correa. M.P.: Alberto Rojas Ríos. Exp. 08001-23-31-000-2007-00112-02, C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter. El accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: HYPERLINK "mailto:hejufilo@gmail.com" hejufilo@gmail.com, sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co; HYPERLINK "mailto:sgtadmincho@notificacionesrj.gov.co" sgtadmincho@notificacionesrj.gov.co, HYPERLINK "mailto:tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co" tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, j04admqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co; HYPERLINK "mailto:jadmin04qbd@notificacionesrj.gov.co" jadmin04qbd@notificacionesrj.gov.co, HYPERLINK "mailto:contactenos@bagado-choco.gov.co" contactenos@bagado-choco.gov.co y hejufilo@gmail.com. Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972. Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968. Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. M. P. Jaime Córdoba Triviño. Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras. M.P.: Antonio Barrera Carbonell. M.P.: Clara Inés Vargas Hernández. Sentencia C-546 de 1992
Sentencia C-354 de 1997. Sentencia C-103 de 1994. La providencia de segunda instancia se profirió el 2 de marzo de 2021 y se notificó mediante correo electrónico de 3 de marzo de 2021, mientras que la acción de tutela se instauró el 26 de mayo de 2021, es decir, no se superó el término de los seis (6) meses considerado como plazo razonable. Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Aparte en letra cursiva CONDICIONALMENTE exequible> Los procesos ejecutivos actualmente en curso que se sigan contra los municipios, en cualquier jurisdicción, cualquiera sea la etapa procesal en la que se encuentren, deberán suspenderse y convocarse a una audiencia de conciliación a la que se citarán todos los accionantes, con el fin de promover un acuerdo de pago que dé fin al proceso. Se seguirá el procedimiento establecido en este artículo para la conciliación prejudicial. Realizada la audiencia, en lo referente a las obligaciones que no sean objeto de conciliación, se continuará con el respectivo proceso ejecutivo.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, exp. 11001-03-15-2019-01589-00, C.P.: Nicolás Yepes Corrales.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, exp. 11001-03015-000-2019-03476-00, C.P.: Francisco Suárez Vargas.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, exp. 11001-03-15-000-2019-03991-00, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, exp. 11001-03-15-000-2019-04062-00, C.P.: Alberto Montaña Plata.
Consejo de Estado, Sección Primera, exp. 11001-03-15-000-2019-03488-01, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, exp. 11001-03-15-2019-01589-00, C.P.: Nicolás Yepes Corrales.
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