Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-03141-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-03141-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-03141-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
10 de marzo de 2022
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Radicado: 11001031500020210314100 (Acumulada)
Accionante: María Torres Cabrera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., diez (10) marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11 001 03 15 000 2021 03141 00 (acumulada 2021-03530-
00)
Accionante: María Torres Cabrera
Accionados: Presidencia de la República, Ministerio de Defensa, Ministerio
del Interior, Director General de la Policía Nacional,
Comandante de las Fuerzas Militares y Comandante del
Ejército Nacional
Tema: Carencia actual de objeto por sustracción de materia.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA – ACCIÓN DE TUTELA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora María Torres
Cabrera, así como el radicado 2021-03530-00.
I. SÍNTESIS DEL CASO
María Torres Cabrera presentó en nombre propio acción de tutela, mediante la
cual contó que, como consecuencia del coronavirus, se generó una crisis y una
emergencia sanitaria global. Respecto a Colombia, señaló que los ciudadanos
empezaron a vivir con incertidumbre y zozobra, debido a las medidas que se
tomaron para contrarrestar los niveles de contagio, como lo fue el limitar el
ejercicio de cualquier actividad productiva.
Refirió que, sumado a lo anterior, el gobierno nacional, debido a las “nefastas”
reformas presentadas, como lo fueron la tributaria y la de la salud, provocó
desde el pasado 28 de abril un estallido social, en donde todos aquellos que
salieron a reclamar justamente sus derechos, fueron atacados de una manera
sistemática, violenta y arbitraria por parte de las fuerza pública, en especial
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Accionante: María Torres Cabrera
por parte de la policía y el ESMAD; aseguró que los actos violentos son
consecuencia de un adoctrinamiento institucional impartido y dirigido en
contra de quienes salen a manifestar.
Indicó que es de público conocimiento que las demandadas han implementado
y ejecutado prácticas policiales y militares sistemáticas con “complicidad” de
los órganos de vigilancia y control que han permitido acciones
desproporcionadas y abusivas en contra de todos los manifestantes.
Concluyó que, “frente a los acontecimientos de público conocimiento
desencadenado por las actuaciones desproporcionadas e irracionales, que
rayan en lo criminal de diferentes cuerpos de agentes de la policía, la
militarización de nuestros territorios con la presencia del ejército, no para
protegernos, sino para coaccionar el justo reclamo; los ciudadanos hemos
perdido la tranquilidad, que hace parte del derecho que tiene toda persona a
vivir en condiciones de paz y tranquilidad. Mi tranquilidad, mi vida e integridad
se ha visto afectada y no tengo sosiego, al igual que mi familia, mi comunidad
y el país entero y ante lo doloroso, penoso y aterrador número de muertos
civiles y un policía, me hace pensar que en cualquier momento el muerto
puedo ser yo o cualquier persona de mi hogar, pues ante el ciego actuar del
gobierno nacional representado por los accionados, hoy todos los colombianos
pobres somos sospechosos y objetivo de represión.”
Como pretensiones de la tutela formuló las siguientes:
“[…] “1. Ordenar al Presidente, al min interior, min defensa y
comandantes de Fuerzas Militares suspender el despliegue de las
fuerzas Militares de todo el territorio, en lo atinente a la represión
sistemática de la protesta social.
2. Ordenar al Presidente de la República que a su vez ordene a la Policía
Nacional, cumplir con su función constitucional de protección a los
ciudadanos, cesando los ataques, masacres y asesinatos y otros actos
indiscriminados e inhumanos contra la ciudadanía en general.
3. Se le ordene al Presidente de la República y sus ministros restablezca
la paz y los canales pacíficos, democráticos de nuestro Estado Social De
Derecho. primero la vida, la integridad de todas las personas y la paz.
4. Solicite a la Corte Suprema de Justicia que investigue y sancione las
responsabilidades penales en que hayan incurrido los tutelados frente a
los crímenes cometidos durante las protestas además de las posibles
extralimitaciones e incumplimientos de los deberes y responsabilidades
constitucionales y legales. Así mismo a Procuraduría, Defensoría del
Pueblo, Contraloría, Fiscalía también el cumplimiento de sus
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responsabilidades de protección, investigación y sanción a los
responsables. […]”
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
El 8 de febrero de 2022 el Despacho admitió la presente acción de tutela y
acumuló la acción de tutela presentada por la señora Sol Marina Carranza
Ariza, radicada bajo el núm. 2021-03530-00; asimismo, ordenó notificar por
el medio más expedito y eficaz a las entidades accionadas.
En este mismo proveído se negó la medida cautelar solicitada por la parte
actora, en razón a que, para el momento de adoptar la decisión, los requisitos
de necesidad y urgencia para proferir la medida provisional no se encuentran
acreditados en el plenario, toda vez que a la fecha no continúan presentándose
los hechos que dieron origen a la solicitud.
Dentro del término concedido, algunas de las entidades accionadas se
pronunciaron sobre las solicitudes de amparo, así:
II.1. Fuerzas Militares
El Comandante General de las Fuerzas Militares, a través del oficio No.
0122001807102/MDN-COGFM- OASLE – 1.5 del 15 de febrero de 2022,
informó que el citado documento fue remitido por competencia a los señores
General Director General de la Policía Nacional y al señor Director de Asuntos
Legales del Ministerio de Defensa Nacional, respectivamente, de conformidad
con lo normado en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, el decreto 4890 de
2011 “por medio del cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio
de Defensa y se dictan otras disposiciones”, y la Resolución Ministerial núm.
3402 del 28 de abril de 2016, que aprueba la Disposición núm. 4 del 26 de
febrero de 2016, por la cual “se reestructura el Ejército Nacional, se aprueban
sus Tablas de Organización y el equipo TOE y se dictan otras disposiciones”,
para que se dé cumplimiento a lo ordenado en el auto admisorio de fecha 8 de
febrero de 2022, y se informe lo actuado al despacho judicial dentro del
término concedido.
Precisó que el trámite de las acciones de tutela al interior del Ministerio de
Defensa Nacional y sus dependencias, se encuentra regulada por la Circular
374 del 2009, que expresamente consagra el cumplimiento de los fallos de
tutela es de resorte de la dependencia donde radica el deber funcional de
atacarla de acuerdo a las labores que desempeña: “4. El cumplimiento de lo
ordenado en la sentencia de la acción de tutela se realizará por la dependencia
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en la que se encuentre por competencia asignado el tema motivo de
vulneración”.
Puntualizó que la misión de las Fuerzas Militares en la asistencia militar, para
el caso de “grave alteración a la seguridad y convivencia”, es la de generar
condiciones de seguridad para el libre ejercicio de los derechos fundamentales.
Enfatizó que, en el marco de esta asistencia, corresponde a las Fuerzas
Militares, en coordinación permanente con las autoridades locales y de policía:
salvar vidas, restaurar los servicios esenciales, mantener o restaurar la Ley y
el orden, proteger la infraestructura y la propiedad, apoyar el mantenimiento
o restaurar el gobierno local, y apoyar la recuperación social del territorio a
solicitud de las autoridades respectivas.
Finalmente, indicó que, en el marco de la asistencia militar ordenada por las
fuerzas militares, siempre se ha actuado dentro de la competencia
constitucional, legal y funcional.
II.2. Ministerio de Defensa Nacional
En representación del Ministerio de Defensa – Comando General de las FFMM
y Ejército Nacional, a través de la Coordinadora del Grupo Contencioso
Constitucional del Ministerio de Defensa, dio respuesta en los siguientes
términos:
Manifestó que la figura de la asistencia militar está consagrada en el artículo
1706 de la Ley 1801 del 2016, el cual la define como un instrumento legal que
puede ser dispuesto por el Presidente de la República en los siguientes
escenarios: i) ante hechos que alteren gravemente la seguridad o la
convivencia; ii) ante riesgo o peligro inminente; iii) para afrontar emergencia
o calamidad pública.
Adujo que, de conformidad con dicha norma y ante la situación de orden
público en el marco de las distintas jornadas de protesta adelantadas desde el
28 de abril del 2021, el Presidente expidió el Decreto 575 del 28 de mayo de
2021 y ordenó que se aplicara, entre otras medidas, la figura de asistencia
militar en coordinación con algunas autoridades locales.
Puntualizó que a la fecha, y teniendo en cuenta que las situaciones de bloqueo
ya fueron levantadas y no se prueba que por parte de las autoridades locales
se siga solicitando la asistencia militar, existe total carencia de objeto, por lo
cual solicitó se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.
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Refirió que, en el marco de la asistencia militar ordenada mediante el Decreto
575 de 2021, las Fuerzas Militares han actuado dentro de su competencia
constitucional, legal y funcional, principalmente evitando el sabotaje a
infraestructura del Estado y la obstrucción de vías públicas, así como
coadyuvando en el restablecimiento del orden público.
Manifestó que, en aplicación de esta herramienta, las Fuerzas Militares no
deben intervenir en operativos de control y contención en el marco de las
manifestaciones públicas, por cuanto dicha misión le corresponde a la Policía
Nacional a través de los efectivos de seguridad ciudadana, y en caso de graves
alteraciones al orden público a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios
(ESMAD).
Indicó que el servicio público de policía tiene unas características como
columna vertebral que son irrenunciables para el personal que integra la
Institución, así:
✓ La actividad de policía es predominantemente preventiva,
pública, obligatoria, primaria, directa, permanente, inmediata
e indeclinable.
✓ La disponibilidad permanente de los uniformados, cualquiera
que sea su especialidad o circunstancia en que se halle, implica
la obligación de intervenir frente a los casos de Policía.
✓ El personal uniformado, tiene la obligación constitucional de
prestar el servicio en todo el territorio nacional, con el fin de
efectuar un control social efectivo, en aras de repeler las
conductas que alteran el orden público, y los comportamientos
contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana.
Argumentó que el Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional – Escuadrón
Móvil Antidisturbios se encuentra constituido para salvaguardar la vida, honra
y bienes de los ciudadanos de conformidad con la misión señalada en el artículo
218 de la Carta Política, que específicamente se encamina a brindar el
acompañamiento requerido por las autoridades legítimamente constituidas
bajo precisas instrucciones y premisas para la garantía de los derechos
fundamentales de los marchantes y no participantes, aclarando que, desde
ningún punto de vista, el ESMAD acompaña y participa en las manifestaciones
públicas y pacíficas, toda vez que su intervención se genera exclusivamente
cuando las mismas se trasforman en vías de hecho ocasionando desmanes y
disturbios que afectan los derechos fundamentales de terceros que no
participan en la protesta.
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Adicionalmente, manifestó que la Policía Nacional, en el marco de la
Constitución, la Ley y los reglamentos, es garante y respetuosa de los
protocolos internacionales e internos que protegen los derechos
fundamentales a la libertad de reunión y de manifestación; así las cosas, el
señor Director General de la Policía Nacional, en el marco de la competencia
conferida en el Decreto 4222 de 2006, artículo 2, numeral 8, desarrolló el
Manual para el Servicio en Manifestaciones y Control de Disturbios, precepto
normativo cuyo objeto principal es definir los parámetros institucionales en
estos escenarios, en aras de proteger los derechos fundamentales de las
personas que ejercen estas prerrogativas constitucionales y de quienes no lo
hacen, estableciendo una acertada y legítima intervención para el
restablecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana cuando se vean
alterados.
Mencionó que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 003 de 2021 del 05 de
enero de 2021, que establece un Protocolo de acciones preventivas,
concomitantes y posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y
VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL
DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA"; asimismo, estableció las
directrices para la actuación de las autoridades de policía en sus funciones de
garantía de derechos fundamentales, conservación de la convivencia
ciudadana y el orden público en el marco de las manifestaciones públicas y
pacíficas.
Refirió que, con la expedición del Decreto 003 de 2001, los procedimientos
señalados en esa norma se han venido cumpliendo, ejecutados por la Policía
Nacional acompañada por la Procuraduría, Veedurías, Defensoría y otros
organismos no gubernamentales. Por lo tanto, las pretensiones de la
accionante no tienen vocación de prosperidad.
II.3. Ministerio del Interior
El Ministerio del Interior a través del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio del Interior, en ejercicio de las funciones delegadas mediante
Resolución 1735 de 2011, presentó informe en los siguientes términos:
Señaló que, en lo que respecta a los hechos indicados por la accionante, se
atiene a lo que se pruebe en el sub-examine en lo que se refiere al
acontecimiento del Paro Nacional del 28 de abril de 2021. Refirió que ese
Ministerio ha velado por garantizar el derecho a la protesta pacífica de los
ciudadanos y mantener el orden público en cada una de las ciudades.
Argumento que el Ministerio del Interior no ha vulnerado derecho fundamental
alguno a los tutelantes, ni de persona alguna, con la expedición del Decreto
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575 del 28 de mayo del 2021, ni tampoco ha quebrantado el derecho a la
protesta social; por lo cual solicita declarar probada la inexistencia de
vulneración de los derechos fundamentales por parte del Ministerio del
Interior.
Finalmente, solicitó que se declare la carencia actual del objeto, por cuanto los
efectos jurídicos del Decreto 575 de 2021 se encuentran suspendidos
transitoriamente, con ocasión a la decisión judicial proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, dentro del trámite de la acción de tutela núm.
11001-03-15-000-2021-02250-00.
II.4. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República –
DAPRE
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través de
apoderado judicial, solicitó se declare la improcedencia de la presente acción
de tutela, o en su defecto, se desvincule a la Presidencia de la República y/o
el señor Presidente de la República de los efectos de su decisión, en caso de
ser favorable para el accionante.
Refirió que los hechos relatados por la accionante como vulneratorios de sus
derechos se centran en que, desde el 28 de abril, algunos grupos y sectores
sociales fueron atacados de manera sistemática, violenta y arbitraria por parte
de la fuerza pública, cuando se encontraban manifestando contra las
decisiones del Gobierno Nacional. Sin embargo, desde el 15 de junio de 2021,
el Comité del Paro Nacional anunció el cese de las manifestaciones, cesando
en su mayoría las manifestaciones en el país, y retornando al orden público.
Puntualizó que el objeto de la presente acción se relaciona con la obligación
de la fuerza pública por mantener el orden público y, como quiera que dichas
manifestaciones han cesado, solicita se emita una decisión inhibitoria y por lo
tanto no se haga un pronunciamiento de fondo por la carencia de objeto.
Consideró que la presente solicitud de amparo debe ser declarada
improcedente, toda vez que no existe ningún hecho u omisión atribuible al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y/o al señor
Presidente de la República, y reitero su solicitud de desvincular al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y/o al señor
Presidente de la República del presente proceso, cualquiera fuere el sentido de
la sentencia.
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II.5. Policía Nacional
La Secretaría General - Oficina de Asuntos Legales de la Policía Nacional, a
través del Teniente Coronel Francisco Javier Castro Gil, en calidad de Jefe de
la Oficina Jurídica, dio respuesta a la presente acción de tutela, así:
Señaló que, en el caso bajo examen, deben desestimarse las pretensiones de
la accionante, toda vez que no se vislumbra la existencia de vulneración de los
derechos fundamentales alegados por la parte actora, y por el contrario, es
claro que la actuación de la Policía Nacional se encuentra en el marco de las
funciones constitucionales, legales, y reglamentarias, para garantizar los
derechos de la accionante, así como para contrarrestar las graves alteraciones
del orden público que se han venido presentando en el territorio nacional.
Puntualizó que la Policía Nacional ha sido respetuosa del ejercicio del derecho
de reunión y manifestación pública y pacífica establecida en el artículo 37 de
la Constitución Política, acompañando a la población; así mismo, ha
intervenido en los momentos que ha sido necesario con el uso legítimo de la
fuerza, dentro del marco constitucional, convencional, legal y reglamentario,
cuando el ejercicio del derecho se desborda a través de la ejecución de actos
vandálicos y violentos; y en cumplimiento de tal fin, dispuso de todas las
capacidades institucionales, con el objetivo de garantizar el ejercicio de los
derechos y libertades públicas de los no participantes en las manifestaciones.
Expuso que el actuar de la Policía en caso de manifestaciones se circunscribe
a los siguientes escenarios de actuación: i) Acompañamiento a las
manifestaciones públicas y pacíficas para garantizar el derecho fundamental
de los manifestantes y de los no participantes, en un contexto normal y
adecuado del derecho fundamental de manifestación, situación en la cual, las
expresiones del derecho se ejecutan en determinado tiempo y culminan
pacíficamente sin afectar derechos de otras personas. ii) uso de fuerza para
dispersar las manifestaciones violentas y vandálicas, en cuyo marco la Policía
Nacional, como funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y depositarios
del uso legítimo de la fuerza, podrán utilizar este medio de policía, para
controlar y hacer cesar las afectaciones derivadas de la violencia
indiscriminada en un ejercicio ilegítimo del derecho constitucional, iii) Ante la
ocurrencia de hechos que perturbaron el desarrollo del derecho fundamental
de reunión y manifestación en el país, fue necesaria la intervención policial,
siempre enfocada a la dispersión de los ciudadanos violentos, garantizando el
derecho de quienes lo ejercen de forma pacífica, así como los derechos de los
ciudadanos que no participan en las actividades, y iv) El uso de la fuerza
siempre ha sido considerado como el último recurso, su despliegue en los
diferentes lugares de la ciudad ha observado estrictamente los principios de
racionalidad, legalidad, necesidad, y proporcionalidad.
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III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. Competencia.
De conformidad con lo previsto por el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1. del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del
Decreto 333 de 6 de abril de 2021, y en virtud del artículo 2º del Acuerdo
número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones,
y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala,
que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales,
esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
3.2. Legitimación en la causa
3.2.1. Legitimación en la causa por activa
De conformidad con el artículo 86 de la Carta Política1, toda persona que
considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se
encuentren amenazados, podrá interponer acción de tutela directamente o a
través de un representante que actúe en su nombre.
En línea de lo anterior la Corte Constitucional 2 ha precisado que, según el
artículo 103 del Decreto 2591 de 19914, la acción de tutela puede ser ejercida
por toda persona que considere vulnerados sus derechos constitucionales
fundamentales, en nombre propio o mediante las siguientes
figuras: i) representante legal para los casos de: menores de edad, personas
jurídicas e incapaces, ii) apoderado judicial, o iii) por agencia oficiosa, caso
este último en el que debe encontrarse acreditado que el titular de los derechos
1
Constitución Política, artículo 86 “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
2
Ver sentencias T-082 de 1997, T-531 de 2002, T-1220, T-017, T-242, T-301 y T-503 de 2003, T-629 de 2006, T-
878 de 2007, T-652 de 2008, T-312 de 2009, SU-447 de 2011, T-442 de 2012, T-889 de 2013, SU-377 de 2014, T-
430 de 2017, entre otras.
3
Artículo 10. Legitimidad e interés. “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos. || También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. || También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
4
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
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fundamentales no esté en la capacidad de hacer su propia defensa, lo cual
debe manifestarse en el escrito de tutela o debe encontrarse probado en el
expediente5.
Descendiendo al caso bajo estudio, se observa que la accionante de la solicitud
de amparo, así como la solicitud de amparo acumulada a la presente acción
constitucional, acreditaron la legitimación en la causa por activa, en la medida
en que expusieron los argumentos por los cuales estimaron que sus derechos
fundamentales a la paz, la vida, la integridad física, la dignidad humana, a la
libertad de expresión, a la manifestación pública y pacífica, fueron amenazados
o vulnerados por parte de las entidades accionadas durante las protestas
sociales iniciadas el 28 de abril de 2021.
En ese orden de ideas, la parte actora por sí sola se encuentra legitimada para
presentar la solicitud de tutela en lo que se refiere a los citados derechos.
3.2.2. Legitimación en la causa por pasiva
El artículo 86 inciso 1 de la Constitución Política establece que la acción de
tutela procede por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Por
su parte, la Corte Constitucional ha sostenido que la legitimación por pasiva
debe entenderse, en primer término, como la aptitud legal que tiene una
entidad para asumir la responsabilidad que surja con ocasión de la vulneración
o amenaza de un derecho fundamental6 y, en segundo lugar, como la facultad
procesal que se le reconoce al demandado para que desconozca o controvierta
la reclamación que el actor dirige contra él mediante el recurso de amparo 7.
En el presente caso se encuentra acreditada la legitimación en la causa por
pasiva de las autoridades públicas accionadas, Presidencia de la República,
Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Director General de la Policía
Nacional, Comandante de las Fuerzas Militares y Comandante del Ejército
Nacional.
5
En relación con la agencia oficiosa, la Corte Constitucional en sentencia T-430 de 17 señaló que resulta procedente
“[…] cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condición de ejercer su propia defensa […]”, de
manera que, para que sea válida, se deben satisfacer los siguientes requisitos: “[…] (i) la manifestación del agente
oficioso en el sentido de actuar como tal; (ii) la circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela, ya por
figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental
no está en condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa […]”.
A su vez, en la sentencia SU-055 de 2015, consideró que, para que se configure la agencia oficiosa en materia de
tutela, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: “[…] (i) que el titular de los derechos no esté en
condiciones de defenderlos y, (ii) que en la tutela se manifieste esa circunstancia. En cuanto a esta última exigencia,
su cumplimiento sólo se puede verificar en presencia de personas en estado de vulnerabilidad extrema, en
circunstancias de debilidad manifiesta o de especial sujeción constitucional. La agencia oficiosa en tutela se ha
admitido entonces en casos en los cuales los titulares de los derechos son menores de edad; personas de la tercera
edad; personas amenazadas ilegítimamente en su vida o integridad personal; individuos en condiciones relevantes
de discapacidad física, psíquica o sensorial; personas pertenecientes a determinadas minorías étnicas y culturales
[…]”.
6
Sentencia T- 739 de 2019.
7
Sentencias T- 009 de 2013 y T- 011 de 2019.
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Con relación a la solicitud de desvinculación de la Presidencia de la República,
efectuada por la apoderada, la misma no es procedente, puesto que cabe
recordar que, de acuerdo con el artículo 189 numeral 4° de la Constitución 8,
le corresponde al Presidente de la República adoptar las medidas necesarias
para mantener o reestablecer el orden público en todo el territorio nacional.
3.4. Análisis de la Sala
3.4.1. Carencia Actual de Objeto
La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta de un
derecho fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual justifica la
necesidad de una decisión por parte del juez constitucional. Sin embargo, si
luego de acudir a la autoridad judicial, la situación ha sido superada o resuelta
de alguna forma, no tendría sentido un pronunciamiento, por cuanto la
decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a
todas luces inocua y, por tanto, contraria al objetivo constitucionalmente
previsto para esta acción, como es la protección inmediata y actual de
derechos fundamentales9, situación que la jurisprudencia ha denominado
“carencia actual de objeto”.
El alto Tribunal Constitucional ha señalado que se se configura la carencia
actual de objeto en tres situaciones a saber: i) por hecho superado; ii) por
daño consumado; y iii) por hecho sobreviniente.
El hecho superado se presenta cuando, durante el trámite de amparo, las
acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por
la satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la
orden a impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de ser, pues
que el derecho ya no se encuentra en riesgo10.
Por su parte, el daño consumado se presenta cuando se ha consumado la
violación o amenaza del derecho fundamental que se pretendía evitar con la
acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o
impedir que se concrete el peligro11.
8
Constitución Política. Artículo 189. “Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno
y Suprema Autoridad Administrativa […] 4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde
fuere turbado. […]”
9
Sentencia T- 308 de 2003.
10
Sentencia T- 662 de 2016.
11
Sentencia SU - 665 de 2017
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12
Radicado: 11001031500020210314100 (Acumulada)
Accionante: María Torres Cabrera
El hecho sobreviniente constituye12 una nueva categoría diseñada para cubrir
escenarios que no encajan en los conceptos tradicionales de daño consumado
y hecho superado, por lo que remite a cualquier “otra circunstancia que
determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado
en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el
vacío”13.
A los supuestos enunciados la Corte Constitucional ha adicionado la carencia
de objeto por sustracción de materia, y ha establecido que opera “en
aquellos casos en que deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez
constitucional debe tomar una decisión”14. Igualmente, cuando “al ya haber
sido atendidas por un juez de tutela las peticiones de la accionante, debe
simplemente declararse la carencia de objeto por sustracción de materia, tal
y como lo ha venido haciendo la jurisprudencia de esta corporación”15
3.5. Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende el amparo
de sus derechos fundamentales a la manifestación pública y pacífica, a la
libertad de expresión y a la paz, los cuales manifiestan han sido vulnerados por
las entidades accionadas, con ocasión de los múltiples hechos de uso excesivo
de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones sociales iniciadas el 28
de abril de 2021.
Ahora bien, teniendo en cuenta los parámetros dispuestos por la Corte
Constitucional, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado, en cuanto a la
carencia de objeto por sustracción de materia, advierte la Sala que en el
caso concreto se dan los presupuestos para declararlo, como se pasa a explicar.
Reiterando lo explicado anteriormente, la carencia de objeto por sustracción de
materia opera “en aquellos casos en que deja de existir el objeto jurídico
respecto del cual el juez constitucional debe tomar una decisión” 16.
Igualmente, cuando “al ya haber sido atendidas por un juez de tutela las
peticiones de la accionante, debe simplemente declararse la carencia de objeto
por sustracción de materia, tal y como lo ha venido haciendo la jurisprudencia
de esta corporación”17.
12
Sentencia SU - 522 de 2019.
13
Sentencias SU - 225 de 2013.
14
Cfr. Sentencia T-607 de 2016; T-682-2001
15
Cfr. T-635-2001
16
Cfr. Sentencia T-607 de 2016; T-682-2001
17
Cfr. T-635-2001
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13
Radicado: 11001031500020210314100 (Acumulada)
Accionante: María Torres Cabrera
En el caso concreto, al revisar las pretensiones de las presentes acciones de
tutela, como se puede apreciar en el cuadro a continuación, si bien algunas
distan en su redacción, éstas van dirigidas a que se proteja y garantice los
derechos fundamentales a la manifestación pública y pacífica, a la libertad de
expresión y a la paz, como consecuencia de los hechos que ocurrieron en el
territorio nacional en el marco de las protestas que iniciaron el pasado 28 de
abril de 2021.
Ahora, respecto de la solicitud de amparo acumulada al presente trámite con
radicado núm. 2021-03530-00, interpuesta por Sol Marina Carranza Ariza,
advierte la Sala que guardan identidad en los hechos que dan sustento a la
solicitud, así como en las pretensiones.
Pretensiones presentadas por los accionantes en Pretensiones 2021-03141-00 y
el proceso 2021-02227-00 2021-03530-00
“1. Ordenar al Presidente, al min interior, min 1. Ordenar al Presidente, al min interior,
defensa y comandantes de Fuerzas Militares min defensa y comandantes de Fuerzas
suspender el despliegue de las fuerzas Militares de Militares suspender el despliegue de las
todo el territorio, en lo atinente a la represión fuerzas Militares de todo el territorio, en lo
sistemática de la protesta social. atinente a la represión sistemática de la
protesta social.
2. Ordenar al Presidente de la República que a su
vez ordene a la Policía Nacional, cumplir con su 2. Ordenar al Presidente de la República
función constitucional de protección a los que a su vez ordene a la Policía Nacional,
ciudadanos, cesando los ataques, masacres y cumplir con su función constitucional de
asesinatos y otros actos indiscriminados e protección a los ciudadanos, cesando los
inhumanos contra la ciudadanía en general. ataques, masacres y asesinatos y otros
actos indiscriminados e inhumanos contra
3. Se le ordene al Presidente de la República y sus la ciudadanía en general.
ministros restablezca la paz y los canales pacíficos,
democráticos de nuestro Estado Social De 3. Se le ordene al Presidente de la
Derecho. primero la vida, la integridad de todas República y sus ministros restablezca la paz
las personas y la paz. y los canales pacíficos, democráticos de
nuestro Estado Social De Derecho. primero
4. Solicite a la Corte Suprema de Justicia que la vida, la integridad de todas las personas
investigue y sancione las responsabilidades y la paz.
penales en que hayan incurrido los tutelados
frente a los crímenes cometidos durante las 4. Solicite a la Corte Suprema de Justicia
protestas además de las posibles extralimitaciones que investigue y sancione las
e incumplimientos de los deberes y responsabilidades penales en que hayan
responsabilidades constitucionales y legales. Así incurrido los tutelados frente a los crímenes
mismo a Procuraduría, Defensoría del Pueblo, cometidos durante las protestas además de
Contraloría, Fiscalía también el cumplimiento de las posibles extralimitaciones e
sus responsabilidades de protección, investigación incumplimientos de los deberes y
y sanción a los responsables”18. responsabilidades constitucionales y
legales. Así mismo a Procuraduría,
Defensoría del Pueblo, Contraloría, Fiscalía
también el cumplimiento de sus
18
Acciones de Tutela 2021-02635-00,2021-03289-00,2021-02539-00,2021-02541-00
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14
Radicado: 11001031500020210314100 (Acumulada)
Accionante: María Torres Cabrera
Asimismo otros accionantes plantearon las responsabilidades de protección,
siguientes pretensiones que también fueron investigación y sanción a los
acumuladas al fallo antes mencionado: responsables19”.
“PRIMERO: Que el Gobierno Nacional suspenda la
figura de “asistencia militar” establecida en el
artículo 170 del Código de Policía y que fue
activada días atrás.
(…)
En cuanto a los hechos:
2021-02227-00 2021-03141-00 y
2021-03530-00
Indicaron que es de público conocimiento que Refirió que, sumado a lo anterior, el gobierno
las demandadas han implementado y nacional, debido a las “nefastas” reformas
ejecutado prácticas policiales y militares presentadas, como lo fueron la tributaria y la
sistemáticas en contra de la protesta de la salud, provocó desde el paso 28 de abril
ciudadana en el marco del Paro Nacional que un estallido social, en donde todos aquellos
inició el 28 de abril de 2021, en el cual han que salieron a reclamar justamente sus
ejercido su derecho constitucional a protestar. derechos, fueron atacados de una manera
sistemática, violenta y arbitraria por parte de
Adujeron que la Policía Nacional (Escuadrón las fuerzas públicas, en especial por parte de
Móvil Antidisturbios – ESMAD), el GOES y el la policía y el ESMAD; aseguró que los actos
Ejercito Nacional, al momento de acompañar violentos son consecuencia de un
e intervenir las protestas y movilizaciones adoctrinamiento institucional impartido y
pacíficas, han desarrollado las siguientes dirigido en contra de quienes salen a
acciones: (i) disolución sistemática, arbitraria manifestar.
e injustificada de manifestaciones pacíficas;
(ii) utilización ilegal (contrario a reglamentos Indicó que es de público conocimiento que las
y protocolos) de armas potencialmente letales demandadas han implementado y ejecutado
y armas de fuego contra personas indefensas; prácticas policiales y militares sistemáticas
(iii) uso arbitrario de mecanismos químicos de con “complicidad” de los órganos de
dispersión de manifestaciones; (iv) uso vigilancia y control que han permitido
desproporcionado de mecanismos policiales acciones desproporcionadas y abusivas en
para detener a manifestantes; (v) violencia contra de todos los manifestantes.
sexual, y (vi) agresiones y disparos en contra
de la Misión de Derechos Humanos de la ONU Concluyó que, “frente a los acontecimientos
en Colombia y en contra de organizaciones de público conocimiento desencadenado por
defensoras de Derechos Humanos. las actuaciones desproporcionadas e
irracionales, que rayan en lo criminal de
Manifestaron que se han presentado prácticas diferentes cuerpos de agentes de la policía, la
de estigmatización y militarización de la militarización de nuestros territorios con la
movilización que generan miedo y zozobra, al presencia del ejército, no para protegernos,
tiempo que desincentivan la participación de sino para coaccionar el justo reclamo; los
la ciudadanía en las protestas. ciudadanos hemos perdido la tranquilidad,
que hace parte del derecho que tiene toda
persona a vivir en condiciones de paz y
19
En relación con los radicados Nros. 2021-02630-00, 2021-02635-00, 2021-02640-00,2021-02646-00,2021-
02739-00,2021-03327-00, 2021-03527-00, advierte la Sala que las pretensiones son iguales a las planteadas en el
radicado nro. 2021-02804-00.
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15
Radicado: 11001031500020210314100 (Acumulada)
Accionante: María Torres Cabrera
Relataron que el Presidente de la República, tranquilidad. Mi tranquilidad, mi vida e
invocando el artículo 170 del Código de integridad se ha visto afectada y no tengo
Policía, activó la figura de “Asistencia Militar”, sosiego, al igual que mi familia, mi
la cual, por el contexto en el que está siendo comunidad y el país entero y ante lo doloroso,
implementada, pone en riesgo el derecho a la penoso y aterrador número de muertos
vida de los ciudadanos, pues las Fuerzas civiles y un policía, me hace pensar que en
Militares y el GOES de la Policía no son cualquier momento el muerto puedo ser yo o
organizaciones capacitadas para operar en cualquier persona de mi hogar, pues ante el
medio de las protestas, sino que se han ciego actuar del gobierno nacional
desempeñado en operaciones relacionadas representado por los accionados, hoy todos
con el conflicto armado interno. los colombianos pobres somos sospechosos y
objetivo de represión.”
Aseguraron que dichas prácticas se han
convertido en un conjunto de acciones y
omisiones que han violado y amenazan de
forma continua sus derechos fundamentales a
la protesta, a la vida e integridad personal, a
la libertad personal, al debido proceso y a no
ser sometidos a desaparición forzada
(artículos 11, 12, 13, 20, 23, 24, 28, 29 y 37
de la Constitución Política).
En cuanto a los derechos invocados:
2021-02227-00 2021-03141-00 y
2021-03530-00
Los derechos fundamentales invocados en Los derechos fundamentales invocados en
todas las acciones de tutela son la libertad de todas las acciones de tutela son la paz, la
expresión, petición, asociación, vida, la integridad física, la dignidad
manifestación pública y pacífica, reunión, humana, la libertad de expresión, a la
libertad de locomoción, asociación, manifestación pública y pacífica.
participación, la paz, la vida, la salud, la
libertad personal, el debido proceso, la
integridad física, la dignidad humana, y a
no ser sometidos a desaparición forzada.
Como se observa en los cuadros comparativos, esta misma sección, en fallo de
primera instancia, expediente 2021-02227-00 del 29 de julio de 2021, C.P.
Oswaldo Giraldo López, tuvo la oportunidad de analizar los mismos supuestos
fácticos y jurídicos, así como estudiar una serie de pretensiones similares a las
deprecadas por las accionantes del proceso que ahora estudia esta Sala y que
dieron lugar a declarar la vulneración de los derechos fundamentales a la
manifestación pública y pacífica, a la libertad de expresión y a la paz, y como
consecuencia de ello a impartir las siguientes ordenes:
“(…) TERCERO: CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales a la manifestación pública y pacífica, reunión,
libertad de expresión, participación política y asociación de los
accionantes.
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16
Radicado: 11001031500020210314100 (Acumulada)
Accionante: María Torres Cabrera
CUARTO: ORDENAR a la Policía Nacional y al ESMAD que se
abstengan de utilizar la fuerza en contra de las personas que están
ejerciendo su derecho a manifestarse de manera pacífica. En cuanto
a las personas que realizan acciones violentas, es deber de la Policía
Nacional y el ESMAD en el marco de sus funciones constitucionales
y legales proteger a los manifestantes y a toda aquella persona que
pueda ver afectados sus derechos; para ello, deberá hacer uso de la
fuerza atendiendo los principios de necesidad, proporcionalidad y
racionalidad.
QUINTO: ORDENAR a la Policía Nacional y al ESMAD que se
abstengan de utilizar la fuerza en contra de las personas que están
ejerciendo su derecho a manifestarse de manera pacífica. Así
mismo, INSTAR a que cumplan con sus obligaciones
constitucionales y legales, especialmente lo dispuesto en el artículo
37 de la Constitución Política y lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016
y el Decreto 003 de 2021. En cuanto a las personas que realizan
acciones violentas, es deber de la Policía Nacional y el ESMAD en el
marco de sus funciones constitucionales y legales proteger a los
manifestantes y a toda aquella persona que pueda ver afectados sus
derechos; para ello, deberá hacer uso de la fuerza atendiendo los
principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad.
SEXTO: ORDENAR a la Policía Nacional que, en lo sucesivo, se
abstenga de incurrir en conductas como las que dieron lugar a esta
acción.
SÉPTIMO: ORDENAR la remisión de la reproducción total de este
expediente con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la
Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones
correspondientes, con relación a los hechos materia de esta acción de
tutela.
OCTAVO: REITERAR a la Presidencia de la República, al Ministerio
de Defensa y a la Policía Nacional, la necesidad de cumplir en su
totalidad el Decreto 003 de 5 de enero de 2021, aplicar en su totalidad
los protocolos de acciones preventivas, concomitantes y posteriores,
y las demás medidas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en
la providencia STC7641 de 22 de septiembre de 2020, identificada con
el número único de radicación 11001-22-03-000-2019-02527-02, y
ratificadas por la Sección Primera del Consejo de Estado en la
sentencia del 18 de febrero de 2021, en el radicado 25000-23-15-000-
2020-02700-01 y 25000-23-15-000-2020-02694-00.
NOVENO: ORDENAR a la Presidencia de la República, al Ministerio
de Defensa Nacional y a la Policía Nacional que, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
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Accionante: María Torres Cabrera
decisión, inserten y faciliten la descarga del contenido completo y
legible de este pronunciamiento, en la parte principal de sus
respectivas páginas web y redes sociales, en un lugar visible y
fácilmente identificable. Igualmente por esa misma vía comuniquen
públicamente a la ciudadanía cada una de las medidas que
implementen para dar cumplimiento al presente fallo.
DÉCIMO: ORDENAR a la Policía Nacional y a la Procuraduría General
de la Nación que inicien con prontitud las investigaciones y se
apliquen las sanciones a que haya lugar contra de los miembros de
la institución involucrados en abusos de la fuerza pública en el marco
de las protestas sociales iniciadas el 28 de abril de 2021 en Colombia.
(…)”
En consecuencia de lo anterior, en el caso concreto no hay lugar a emitir un
pronunciamiento de fondo, toda vez que existe carencia de objeto por
sustracción de materia, como quiera que las pretensiones deprecadas ya
fueron resueltas por esta misma Sala. En este mismo sentido, se ha
pronunciado esta sección en los casos que ha estudiado posterior a la
expedición del fallo del 29 de julio de 2021, exp. 2021-02227-00, como se
puede apreciar en la decisión adoptada el 9 de septiembre de 2021, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón, exp. 2021-0226320.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de
materia en la acción de tutela que ejerció la señora María Torres Cabrera y la
acción de tutela acumulada instaurada por la señora Sol Marina Carranza Ariza,
de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de
esta providencia.
20
Cfr. “De lo anterior se colige que la carencia actual de objeto, por sustracción de materia, se configura en aquellos
casos en que deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez constitucional debe tomar una decisión,
por lo cual, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez constitucional queda
imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental invocado, tal y como ocurre en el presente
caso.
Aplicando dicho criterio al caso bajo examen, se advierte que no hay lugar a emitir un pronunciamiento de fondo dentro del
presente asunto, toda vez que existe carencia actual de objeto por sustracción de materia, pues, en efecto, las pretensiones
incoadas por vía de tutela ya fueron resueltas por esta Sala que, además, dispuso e impartió frente a cada una de ellas las
órdenes antes referenciadas, las cuales, como se dijo, se prohíjan en el presente caso por tratarse de supuestos fácticos y
jurídicos idénticos.
Así las cosas, se declarará la improcedencia del amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia”.
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18
Radicado: 11001031500020210314100 (Acumulada)
Accionante: María Torres Cabrera
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de
noviembre de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para
su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los términos
señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
VALDÉS Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
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