Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-03160-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-03160-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-03160-00
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
15 de julio de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO – Suficiente para acreditar la existencia de la conducta disciplinaria investigada / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / PRESUNCION DE INOCENCIA - Requiere de convicción o certeza más allá de una duda razonable para ser desvirtuada / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / CERTEZA DE LA FALTA DISCIPLINARIA / RECEPCIÓN DE DÁDIVAS POR MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL PARA OMITIR EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE INCAUTACIÓN DE MERCANCÍA DE CONTRABANDO / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
[E]l accionante estimó que la sentencia del 9 de julio de 2021, proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, adolece de los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente. Dichos cargos serán estudiados de manera conjunta, atendiendo a que el fundamento de ambos defectos se dirige a demostrar que el operador jurídico declaró la legalidad de los actos administrativos sancionatorios, pese a que, en su criterio, las pruebas aportadas al proceso no ofrecían la certeza necesaria para declarar la responsabilidad del investigado, es decir que a partir del material probatorio aportado al expediente no se lograba desvirtuar la presunción de inocencia, tal como lo establecen la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en las sentencias que trajo a colación. (…) Así las cosas, corresponde a la Sala determinar si la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado al dictar la sentencia del 9 de julio de 2020, a través de la cual revocó la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la legalidad de los actos administrativos sancionatorios, contaba con los elementos probatorios suficientes que demostraran la realización de la falta disciplinaria, al punto de desvirtuar la presunción de inocencia del señor [Y.Y.V.C.] más allá de toda duda razonable. (…) Como fundamento de su decisión, el operador jurídico de segunda instancia explicó que el a quo del proceso ordinario omitió valorar la prueba relacionada con la transliteración del audio de la llamada que hizo el señor [J.J.S.T.] el 23 de octubre de 2011, a la línea de atención 123 de la Policía Metropolitana de Barranquilla, luego de ser despojado de algunas de sus pertenencias en el CAI “El Rebolo” de la ciudad de Barranquilla. (…) En ese contexto, el ad quem indicó que el relato fue claro en determinar que quienes retuvieron la mercancía del señor [J.J.S.T.], “(…) fueros (sic) tres uniformados y que cada uno se quedó con un objeto así: «el uno con una máquina de motilar y el otro cogió él (sic) una plancha de Cabello y un negrito cogió el reloj»”; narración que, en su sentir, concuerda con las declaraciones de los patrulleros [C.R.R.M.] y [L.M.S.] y dio cuenta de que uno de esos uniformados resultó ser el demandante (…) Seguidamente destacó el informe del teniente [Ó.F.E.S.], prueba documental con la que “se demuestra la devolución de los elementos al afectado. En efecto, se relaciona que al señor [J.J.S.T.] le entregaron los mismos objetos relacionados en la llamada y los que fueron vistos por los policías [C.R.R.M.] y [L.M.S.], cuando estos arribaron al CAI. Ello corrobora la conducta irregular, porque al afectado se le entregaron los elementos que previamente le fueron sustraídos en el CAI de forma irregular, en el cual el demandante era nada más y nada menos que el comandante de guardia”.
Es así como, la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a partir de i) la transliteración del audio de la llamada que hizo el señor [J.J.S.T.] el día de los hechos a la línea de atención 123; ii) las declaraciones de los policías [C.R.R.M.] y [L.M.S.] y; iii) el informe del teniente [Ó.F.E.S.], encontró que, contrario a lo sostenido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, no existía una duda razonable que debiera resolverse en favor del patrullero [Y.Y.V.C.] (…) Por otro lado, en relación con la supuesta contradicción entre las declaraciones de los policías [C.R.R.M.] y [L.M.S.], lo que en criterio del accionante restaba credibilidad a sus dichos, el operador jurídico de segunda instancia aseguró que la única divergencia que encontró fue que el primero de ellos dijo que el afectado llegó con ellos al CAI, mientras que la segunda manifestó que el señor [J.J.S.T.] había llegado 30 minutos después. (…) Así las cosas, además de indicar que la referida imprecisión carecía de toda relevancia, afirmó que, en todo caso, la falta de exactitud frente a ese detalle era entendible, atendiendo a que en ese momento, los policías estaban concentrados en determinar si sus compañeros realmente tenían o no los elementos. (…) Por otro lado, la autoridad judicial accionada destacó que si bien en el proceso disciplinario no se tomó la declaración del señor [J.J.S.T.], en su condición de afectado, ello obedeció a la imposibilidad de ubicarlo; punto frente al cual, reiteró que, en todo caso, las declaraciones de los uniformados [C.R.R.M.] y [L.M.S.], la llamada del señor [J.J.S.T.] a la línea 123 y el informe rendido por el teniente Espíndola Soto, en conjunto con los indicios mencionados párrafos atrás, constituían “(…) pruebas suficientes para arribar a la conclusión de que el demandante, al igual que los otros dos uniformados, solicitaron y recibieron dádivas en el CAI denominado Rebolo de parte del señor [J.J.S.T.] con el fin de omitir el ejercicio de sus funciones. En el presente caso, el principio de razón suficiente, conjugado con el control integral de los actos administrativos disciplinarios, permiten llegar a la conclusión de que el patrullero [Y.Y.V.C.], al igual que sus otros dos compañeros, cometió la falta disciplinaria por la que fue investigado y declarado responsable disciplinariamente”. Finalmente, respecto del argumento según el cual el actor pretende demostrar la supuesta incertidumbre que genera la transliteración de la llamada realizada por el afectado a la línea 123 de la Policía Metropolitana de Barranquilla pues, según comenta, “(…) en dicha transcripción de la llamada del 123 se menciona a un policía negrito según los señores de la sipol (sic) y la oficina de control disciplinario interno se hace referencia al suscrito olvidando que para la fecha de los hechos el PT. [W.C.H.] también es de tez negra y gordito, el cual identificó el supuesto afectado según el testimonio de los patrulleros de la SIPOL”, lo cierto es que ello no genera dudas en su participación en la conducta investigada, comoquiera que en todas las pruebas se hace referencia a la intervención de 3 policías, a saber, los patrulleros [W.C.H.], [J.A.R.S.] y [Y.Y.V.C.]. Lo anterior quiere decir que, dicha acusación, a lo sumo, generaría una duda respecto de cual de los dos patrulleros “de tez negra” era el que insistía en que se entregara la mercancía a cambio de no incautar los supuestos bienes de contrabando, más no en que la conducta hubiese sido ejecutada únicamente por dos de los tres investigados.
En ese orden de ideas, esta Sala de Decisión advierte que, contrario a lo manifestado por el tutelante, la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado atendió a la tesis de la Corte Constitucional y de esta Corporación al adoptar su decisión a través de la cual revocó la sentencia de primera instancia para, en su lugar, negar la solicitud de nulidad de los actos administrativos sancionatorios proferidos en el marco del proceso disciplinario que se adelantó en su contra y de sus otros dos compañeros, toda vez que, en efecto, contaba con los elementos probatorios suficientes que, en concordancia con los indicios que se deprendían a partir de aquellos, permitían concluir que el señor [Y.Y.V.C.] sí realizó la conducta disciplinaria por la que se le investigó, esto es, solicitar o recibir dádivas para sí, con el fin de omitir el ejercicio de su función de incautar mercancías de contrabando.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03160-00(AC)
Actor: YESVEL YETRI VELÁSQUEZ CORVACHO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela contra providencia judicial
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado el 28 de mayo del 2021 al buzón web de Tutelas y Habeas Corpus en línea del Consejo Superior de la Judicatura, remitido el mismo día al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Yesvel Yetri Velásquez Corvacho, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la “presunción de inocencia”.
2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia del 9 de julio de 2020 a través de la cual la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, revocó la providencia del 3 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró la nulidad de las decisiones disciplinarias demandadas y ordenó el restablecimiento del derecho para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas al actor, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado N.º 81001-23-33-000-2014-01120-01 (2425-2016), instaurado por el señor Velásquez Corvacho contra el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, el señor Velásquez Corvacho solicitó:
“PRIMERO: Tutelar la protección de mis derechos constitucionales y fundamentales al debido proceso, a la igualdad y acceso a la administración de justicia. Por la emisión de una sentencia judicial que se encuentra actualmente violentando los derechos antes mencionados.
SEGUNDO: REVOCAR en todas sus partes la SENTENCIA DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO DEL. (sic) por ser esta contraria a la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
TERCERO: CONFIRMAR la sentencia del día 03 de febrero de 2016, del honorable Tribunal Administrativo del Atlántico, M.P. LUIS CARLOS MARTELO MALDONADO”.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El señor Yesvel Yetri Velásquez Corvacho fue patrullero de la Policía Nacional durante 5 años y 6 meses, hasta el 10 de enero de 2014, fecha en la que se le notificó la decisión que lo destituyó y lo inhabilitó por 10 años, en el marco del proceso disciplinario MEBAR-2012-125, que se adelantó en su contra, “sin que hasta la fecha presentara anotaciones negativas en su hoja de vida”.
5. El 23 de octubre de 2011, el teniente Óscar Fernando Espíndola Soto informó al comandante segundo del Distrito Sur Oriente de Barranquilla sobre la realización de un procedimiento irregular ocurrido en la Estación de Policía San José, por parte de los patrulleros Winnerth Cardona Herrera y Juan Adolfo Raad Solórzano, uniformados pertenecientes al cuadrante 4-22-5, quienes solicitaron una requisa al ciudadano Jhon Jairo Sierra Tovar, que transportaba unas cajas con elementos varios, avaluados en la suma aproximada de doscientos treinta y seis mil pesos ($236.000).
6. Según el informe que presentó el referido teniente, “(…) el ciudadano Jhon Jairo Sierra manifestó que fue trasladado al CAI por parte de los uniformados Winnerth Cardona Herrera y Juan Adolfo (sic) Solórzano, lugar en donde se encontraba el aquí demandante. Así mismo, que allí le dijeron que los elementos transportados eran de contrabando y que para no incautar la totalidad de dichos objetos fue despojado de algunos de ellos. Según el informe, al ciudadano le fueron retenidos los siguientes elementos, avaluados en las sumas de dinero que allí se indican: (1) una máquina de motilar, por valor de once mil pesos ($11.000); (2) Una plancha de cabello, por valor de diez mil pesos ($10.000) y un semanario (objeto identificado en las demás piezas procesales como un reloj), por valor de diez mil pesos ($10.000). El valor de total de las pertenencias retenidas fue de treinta y un mil pesos ($31.000)”.
7. Como consecuencia de los hechos narrados, el 29 de diciembre de 2011, el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Metropolitana de Barranquilla -OCID MEBAR, inició una indagación preliminar en contra de los patrulleros Winnerth Cardona Herrera y Juan Adolfo Raad Solórzano.
8. Posteriormente, la mencionada autoridad profirió auto de investigación disciplinaria el 26 de junio de 2012, contra los patrulleros Cardona Herrera y Raad Solórzano, incluyendo ahora al hoy tutelante, Yesvel Yetri Velásquez Corvacho. El 23 de agosto de 2013 se declaró cerrada la investigación y, el 11 de septiembre de ese mismo año la OCID MEBAR profirió auto de cargos.
9. Adelantado el proceso disciplinario, la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el 31 de octubre de 2013, profirió la decisión sancionatoria de primera instancia en contra de los uniformados; siendo confirmada a través del acto administrativo del 22 de noviembre de 2013 por la Inspección Delegada Región N.º 8, en el sentido de declarar a los investigados disciplinariamente responsables, imponiéndoles la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años.
10. Previo a interponer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, el patrullero Yesvel Yetri Velásquez Corvacho agotó la conciliación pre judicial ante la Procuraduría General de la Nación, la cual resultó fallida.
11. En sentencia del 3 de febrero de 2016, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la nulidad de las decisiones sancionatorias del 31 de octubre y 22 de noviembre de 2013 y ordenó el reintegro del patrullero Yesvel Yetri Velásquez Corvacho al cargo que ocupaba o, a otro de igual o superior jerarquía, sin solución de continuidad, con el pago de los haberes laborales y prestacionales a que hubiere lugar, por considerar que “(…) lejos de ser claro y evidente el panorama sobre la forma en como tuvieron lugar los acontecimientos, lo que existía era una duda en sobre si el señor Yesvel Yetri Velásquez Corvacho hizo parte o no del supuesto procedimiento irregular y que además su conducta se encausara dentro del cargo formulado, pues no existía la certeza probatoria de que el demandante haya solicitado o recibido directamente dádivas para sí, con el fin de omitir el ejercicio de sus funciones”.
12. Así las cosas, el Tribunal encontró que lo procedente era aplicar la presunción de inocencia contenida en el artículo 6º de la Ley 1015 de 2006, destacando que en el expediente reposaba el extracto de la hoja de vida del patrullero Velásquez Corvacho, de quien se advertía una excelente conducta dentro de la institución, con felicitaciones y exaltaciones, sin ninguna anotación negativa en su contra.
13. Inconforme con la anterior determinación, el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional presentó recurso de apelación por cuanto, en su criterio, sí existieron suficientes elementos probatorios para determinar la responsabilidad del demandante.
14. En providencia del 9 de julio de 2020, la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia que declaró la nulidad de los actos disciplinarios demandados para, en su lugar, negar las pretensiones del medio de control y condenar en costas a la parte vencida, por considerar que los actos administrativos acusados sí demostraron la realización de la falta disciplinaria por parte del demandante.
15. Como fundamento de su decisión, explicó que “(…) es cierto que no existió en el proceso disciplinario la declaración del señor Jhon Jairo Sierra Tovar, pero ello obedeció a la imposibilidad de ubicar a esta persona. No obstante, las declaraciones de los uniformados Rosales Mozo Roberto Carlos y Ligia Maritza Silva, la llamada que se registró en el Centro Automático de Despacho y la existencia de algunos indicios atrás indicados sí eran pruebas suficientes para arribar a la conclusión de que el demandante, al igual que los otros dos uniformados, solicitaron y recibieron dádivas en el CAI denominado Rebolo de parte del señor Jhon Jairo Sierra Tovar con el fin de omitir el ejercicio de sus funciones. En el presente caso, el principio de razón suficiente, conjugado con el control integral de los actos administrativos disciplinarios, permiten llegar a la conclusión de que el patrullero Yesvel Yetri Velásquez Corvacho, al igual que sus otros dos compañeros, cometió la falta disciplinaria por la que fue investigado y declarado responsable disciplinariamente”.
16. Adicionalmente, el ad quem del proceso ordinario aseguró que en el asunto sub judice no hubo violación al derecho a la defensa como se señaló en la demanda, teniendo en cuenta que el señor Velásquez Corvacho (i) estuvo vinculado desde el inicio de la investigación, (ii) fue notificado de todas las decisiones adoptadas en el proceso disciplinario; (iii) ejerció directamente su defensa; y (iv) no solicitó la designación de un abogado de oficio, pese al ser informado de que podía hacerlo.
17. La referida providencia fue notificada a través de mensaje de datos enviado al correo electrónico de las partes el 1º de diciembre de 2020.
1.4. Fundamentos de la vulneración
18. El señor Yesvel Yetri Velásquez Corvacho considera que la Sección Segunda del Consejo de Estado, al proferir la decisión del 9 de julio de 2020, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la “presunción de inocencia”, por cuanto, en su criterio, incurrió en desconocimiento del precedente.
19. Como fundamento del cargo, explicó que el ad quem del proceso ordinario pasó por alto la tesis fijada por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez, relacionada con la duda razonable y los niveles de certeza para imputar responsabilidad, en el marco de los procesos disciplinarios, en donde se señaló que:
“(…) si la “duda razonable” persiste no puede declararse la responsabilidad y habrá de decidirse en favor del investigado, esto es si existe duda sobre si la conducta es atípica -porque la conducta no existió o no encaja en la descripción de la falta, no es antijurídica, porque no afectó sustancialmente el deber jurídico, o no es culpable porque no fue cometida con algunas de las formas de culpabilidad señaladas en la ley o porque esta incursa en una de las causales de exoneración de responsabilidad consagradas en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002, el operador disciplinario debe obligatoriamente abstenerse de declarar la responsabilidad (…).
Así las cosas, de todo lo expuesto es claro que el fallo disciplinario solo puede fundarse en pruebas obtenidas mediante los medios idóneos y legalmente admitidos, que además ofrezcan certeza, es decir en concordancia con el principio de presunción de inocencia más allá de toda duda razonable, no solo sobre la existencia de la falta sino también sobre la responsabilidad disciplinaria, en otros términos no puede proferirse fallo sancionatorio con base en simples indicios o conjeturas pues ello vulneraría el debido proceso (…)”.
20. Aunado a ello, expresó que el operador jurídico tutelado, “(…) de manera asombrosa desconoce su propia jurisprudencia que en casos similares y análogos se pronunció en protección AL PRINCIPIO DE INOCENCIA sobre la existencia de una duda razonable, la cual debe resolverse a favor del acusado o investigado, como fue la sentencia del 23 de marzo de 2017, radicación número: 11001-03-25-000-2011-00519-00 (2009-11), M.P. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ”.
22. Igualmente, trajo a colación las sentencias de la Corte Constitucional, C-289 de 2012, en donde se definió la presunción de inocencia como regla básica sobre la carga de la prueba; la C-003 de 2017, en la que indicó que la misma Corporación determinó que “(i) la carga de la prueba recae sobre las autoridades judiciales del Estado a quienes corresponde demostrar la responsabilidad penal del procesado; para ello, (ii) se les exige llegar a un nivel de convencimiento más allá de toda duda razonable y que, en cualquier caso, (iii) toda duda sea resuelta a favor del acusado” y; finalmente, la C-495 de 2019, en la que el Alto Tribunal Constitucional dispuso que la regla según la cual, en caso de duda debe resolverse en favor del investigado, es la confirmación de que “la persona nunca ha dejado de ser inocente” y, en el caso de sanciones de naturaleza administrativa, la no aplicación de dicho postulado genera la nulidad del acto administrativo.
23. En ese contexto, afirmó que en el proceso disciplinario en el que se le declaró culpable, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Barranquilla basó su decisión “(…) simplemente en las declaraciones de los patrulleros de la seccional de inteligencia (SIPOL) los cuales (…) se contradicen (…) puesto que en sus declaraciones uno manifestó que llegaron al cai (sic) Rebolo con el afectado y el otro relata que llegaron media hora después de la ocurrencia (sic) los supuestos hechos, en donde estos llegaron al cai (sic) por la llamada al 123”.
24. Asimismo, refirió que si bien dentro del proceso se encuentra la transliteración de la llamada realizada por el afectado a la línea 123 de la Policía Metropolitana de Barranquilla, lo cierto es que “(…) en dicha transcripción de la llamada del 123 se menciona a un policía negrito según los señores de la sipol (sic) y la oficina de control disciplinario interno se hace referencia al suscrito olvidando que para la fecha de los hechos el PT. CARDONA HERRERA también es de tez negra y gordito, el cual identificó el supuesto afectado según el testimonio de los patrulleros de la SIPOL”.
1.5. Trámite de la acción de tutela
25. Mediante auto del 31 de mayo de 2021, notificado por medios electrónicos el 4 de junio del mismo año, la magistrada ponente de esta providencia admitió la tutela de la referencia y ordenó la notificación de los magistrados de la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como autoridad judicial accionada. Igualmente, dispuso la vinculación del Tribunal Administrativo del Atlántico, como a quo del proceso ordinario y, al Ministerio de Defensa Nacional y al Ejército Nacional, como entidades accionadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a esta tutela.
26. Por otro lado, decretó la publicación de dicha providencia en la página web del Tribunal Administrativo del Atlántico y del Consejo de Estado, con el fin de que enterar a cualquier persona que tuviera interés y que pudiera intervenir en el trámite constitucional de la referencia.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado
27. A través de memorial enviado el 9 de junio de 2021, el magistrado ponente de la decisión atacada explicó que el accionante enunció una serie de providencias proferidas por esta Corporación, a saber, las sentencias del 6 de octubre de 2016 y 23 de marzo de 2017, “teniendo como común denominador el tratarse de decisiones adoptadas frente a asuntos de carácter disciplinario y que, según los apartes transcritos por el señor Velásquez Corvacho hicieron referencia, en síntesis, a la presunción de inocencia del sujeto disciplinado bajo la premisa de que, para la declaración de responsabilidad debe descartarse cualquier duda razonable, pues esta debe resolverse en favor del investigado según el principio in dubio pro disciplinado. Lo mismo ocurre respecto de la sentencia C-289 de 2012”.
28. No obstante, indicó que en el escrito de tutela no se señaló por qué en criterio del actor debían aplicarse dichos pronunciamientos, teniendo en cuenta que únicamente manifestó que dentro del proceso disciplinario fue declarado culpable con base en las declaraciones de los patrulleros de la seccional de inteligencia SIPOL, siendo que estas fueron contradictorias; que el informe policial en que se sustentó la investigación disciplinaria no lo vinculó como participe de los supuestos de hecho y que cuando fue llamado como testigo en la actuación adelantada contra los otros patrulleros, expresó que en su presencia no se realizó ningún procedimiento irregular, ni que él lo hubiera hecho de manera directa o indirecta, razón por la cual concluyó que lo pretendido por el señor Velásquez Corvacho es reabrir el debate probatorio, utilizando a la tutela como una tercera instancia.
29. En relación con los argumentos expuestos frente al material probatorio recaudado en el expediente, aseguró que se remitiría al análisis efectuado en la sentencia atacada, en la cual se advirtió que el a quo omitió valorar pruebas que, contextualizadas con los demás elementos de convicción, permitían inferir que el aquí accionante solicitó y recibió para sí dadivas “con el fin de omitir el ejercicio de sus funciones”.
30. También afirmó que las supuestas contradicciones de los policías que declararon en la investigación disciplinaria no tenían ninguna fuerza, teniendo en cuenta que la imprecisión solo se relacionaba con la hora de llegada de estos al CAI en el que ocurrieron los hechos, asunto que, bajo la sana crítica y las reglas de la experiencia, era dable concluir que carecía de relevancia, al sostener que “ello es entendible porque en el momento estaban concentrados en verificar si sus compañeros realmente tenían o no los elementos”.
31. En ese contexto, la Subsección demandada indicó que en el caso sub examine logró demostrarse que el señor Velásquez era responsable de la falta disciplinaria en virtud del principio de razón suficiente. Así como del control integral de los actos disciplinarios, toda vez que, “las declaraciones de los uniformados Rosales Mozo Roberto Carlos y Ligia Maritza Silva, la llamada que se registró en el Centro Automático del Despacho y la existencia de algunos indicios atrás indicados sí eran pruebas suficientes para arribar a la conclusión de que el demandante, al igual que los otros dos uniformados, solicitaron y recibieron dádivas en el CAI denominado Rebolo de parte del señor Jhon Jairo Sierra Tovar con el fin de omitir el ejercicio de sus funciones”.
1.6.2. Policía Nacional
32. A través de escrito enviado el 10 de junio de 2021, el jefe del Área Jurídica de la entidad expresó que luego de analizar la providencia tutelada no se evidenció una transgresión a los derechos fundamentales del accionante, pues la autoridad judicial acusada explicó de manera clara “(…) como el actor si había solicitado unas dádivas al señor Jhon Jairo Sierra Tovar en el CAI El Rebolo de la ciudad de Barranquilla para el día 23 de octubre de 2011, con la finalidad de omitir que él mismo estaba trasportando mercancías de contrabando”.
33. Es decir que, la providencia del 9 de julio de 2020 se basó en el materia probatorio allegado al plenario, entre ellas, las declaraciones de los uniformados Rosales Mozo y Silva, quienes en el proceso disciplinario fueron claros en señalar cómo al momento de arribar al CAI por el aviso surtido en la línea 123 por el señor Jhon Jairo Sierra Tovar, relacionado con el presunto despojo de sus bienes por parte de los tres patrulleros, lograron encontrar algunos de los elementos indicados por el afectado en el puesto de trabajo del actor, quien fungía como jefe de Guardia para la época de los hechos.
34. En ese orden, aseguró que la ausencia de la declaración del señor Sierra Tovar en el proceso no tenía la entidad suficiente para generar una duda razonable a favor del ex patrullero, respecto de su responsabilidad personal en el proceso disciplinario surtido en su contra, toda vez que el despacho judicial de segunda instancia pudo establecer varios indicios que permitían inferir la participación del señor Velásquez en la conducta objeto de sanción, como por ejemplo, el hecho de que uno de los elementos despojados al afectado se encontrara en el puesto de trabajo del actor, lo cual no supo explicar, “en razón a la ausencia de argumentos objetivos para justificar un actuar totalmente reprochable a la luz de su profesión como uniformado para la época de los hechos”.
35. Así las cosas, fue claro que el accionante incurrió en la falta gravísima establecida en el numeral 4º del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 que señala, “4. Solicitar o recibir directa o indirectamente dádivas o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, con el fin de ejecutar, omitir o extralimitarse en el ejercicio de sus funciones”, razón por la que el operador jurídico de segunda instancia encontró ajustada la imposición de la sanción disciplinaria, ya que el ex policial se apartó de sus deberes como servidor público, al solicitar y recibir dádivas en el CAI de Rebolo, por parte del señor Sierra Tovar con el fin de omitir el ejercicio de su función de incautar la mercancía de contrabando que transportaba el mencionado ciudadano.
36. Conforme con los hechos expuestos, indicó que la tutela de la referencia es plenamente improcedente, atendiendo a la inexistencia de un perjuicio irremediable generado al señor Velásquez Corvacho, derivado de la decisión adoptada por la Rama Judicial.
1.6.3. Tribunal Administrativo del Atlántico
37. Mediante correo electrónico del 29 de junio de 2021, el a quo del proceso ordinario remitió el expediente electrónico del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Velásquez Corvacho contra el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, identificado con el radicado N.º 81001-23-33-000-2014-01120-01; no obstante, guardó silencio frente a los hechos y pretensiones del mecanismo de amparo de la referencia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
38. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor Yesvel Yetri Velásquez Corvacho contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Relacionada con los cargos planteados
39. Si bien el accionante únicamente indicó que la providencia cuestionada adolece de desconocimiento del precedente, lo cierto es que de los argumentos expuestos la Sala considera que también puso de presente el presunto defecto fáctico en que incurrió el operador jurídico tutelado al proferir la sentencia del 9 de julio de 2020.
2.2.2. Respecto del estado de emergencia económica, social y ecológica
40. Con ocasión de la pandemia generada por el contagio a gran escala del COVID-19 y el aumento de ocupación en las unidades de cuidado intensivo del país, el Consejo Superior de la Judicatura ha recomendado a los titulares de los despachos judiciales que implementen medidas que beneficien el trabajo en casa, a través de las plataformas tecnológicas institucionales, con el fin de preservar la salud e integridad de los funcionarios de la Rama Judicial, así como de los usuarios de la administración de justicia. En el Consejo de Estado se crearon correos electrónicos exclusivos para la interacción de los ciudadanos y se implementó el sistema de gestión judicial SAMAI, lo que ha permitido que las funciones del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo se sigan desarrollando de manera virtual.
2.3. Legitimación en la causa
41. En primer lugar, la Sala advierte que el señor Yesvel Yetri Velásquez Corvacho está legitimado en la causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991, en la medida en que la acción de amparo puede ser desplegada por cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los personeros municipales.
42. En el caso concreto, se tiene que el tutelante promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en donde se profirió la sentencia controvertida que dio origen a la presente solicitud de amparo, por lo que es claro que es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneración alega.
43. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, está igualmente legitimada en la causa por pasiva, por ser la autoridad judicial que resolvió en segunda instancia el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado N.º 81001-23-33-000-2014-01120-01, que es objeto de esta acción constitucional.
2.4. Problema jurídico
44. Corresponde a la Sala resolver a los siguientes interrogantes:
¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetivos de la tutela contra providencia judicial?
45. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, se analizará:
¿Si la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales del señor Yesvel Yetri Velásquez Corvacho, con ocasión de la sentencia del 9 de julio de 2020 a través de la cual revocó la decisión de primera instancia para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, por presuntamente incurrir en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente?
2.5. Razones jurídicas de la decisión
46. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades del defecto fáctico; (iv) del desconocimiento del precedente y; finalmente, (v) análisis del caso concreto.
2.6. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
47. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema y declaró su procedencia.
48. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
49. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
50. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.7. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.7.1. Relevancia constitucional
51. En el sub judice se advierte que el asunto es de relevancia constitucional, por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la providencia del 9 de julio de 2020 a través de la cual la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones para, en su lugar, negar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró el señor Velásquez Corvacho contra el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional por cuanto, en su criterio, adolece de los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente.
52. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues en efecto, el señor Velásquez Corvacho consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la “presunción de inocencia”, por cuanto, en su criterio, la autoridad judicial accionada desconoció que en caso de duda debe resolverse en favor del investigado, y de que cuando se investiga a un funcionario, este nunca deja de ser inocente hasta que se pruebe lo contrario, en virtud del principio del in dubio pro disciplinado y, en el caso de sanciones de naturaleza administrativa, la no aplicación de dicho postulado genera la nulidad del acto administrativo.
53. En ese sentido, los argumentos que a juicio de la parte actora eran irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, concretamente lo relacionado con la duda razonable y los niveles de certeza para imputar responsabilidad en el marco de los procesos disciplinarios, habrían transgredido el alcance y aplicación de sus derechos fundamentales, lo que conllevó a que se omitiera el deber del funcionario judicial ordinario de actuar tanto como juez de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad en la causa ordinaria.
54. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por la parte tutelante frente a la razonabilidad de la decisión, pues existen interpretaciones contradictorias sobre el mismo derecho en consideración a lo dispuesto por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional respecto de la presunción de inocencia y la duda razonable en materia de investigaciones disciplinarias, lo que, en su criterio, vulneró sus derechos fundamentales del debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
55. Teniendo en cuenta lo anterior, las garantías constitucionales mencionadas que subyacen en el sub lite, por ser aquellas cuya protección pretende el accionante, tienen rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta, lo que implica que las mismas trasciendan el ámbito meramente legal.
56. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando prima facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal administrativo o judicial establecido por la ley para su protección.
57. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas.
2.7.2. Tutela contra tutela
58. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la providencia que se censura fue proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado N.º 81001-23-33-000-2014-01120-01.
2.7.3. Inmediatez
59. En relación con este requisito, tampoco se advierte ningún reproche, en vista de que la providencia de la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, fue proferida el 9 de julio de 2020, notificada el 1º de diciembre del mismo año y cobró ejecutoria el 4 de diciembre de 2020, mientras que la presente acción constitucional fue radicada el 28 de mayo de 2021 por lo que, se advierte que la tutela se presentó con menos de seis meses, tiempo que esta Sala ha considerado razonable para el uso del mecanismo excepcional.
2.7.4. Subsidiariedad
60. En consideración a la subsidiariedad, la Sala encuentra superado este requisito por tratarse de una providencia que resolvió el recurso de apelación elevado por el tutelante, por lo que es evidente el agotamiento de los recursos ordinarios.
61. Por otro lado, frente a los argumentos de la parte accionante, se advierte que no son procedentes los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, pues los motivos que lo sustentan no encuadran en los requisitos y causales que los hacen procedentes.
62. Analizados los requisitos adjetivos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala advierte que los mismos han sido superados, motivo por el cual se procederá a realizar el estudio del caso concreto.
2.8. Del desconocimiento del precedente
63. Para esta Sala, el precedente es aquella regla de derecho creada por una alta corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, se crea una regla aplicable en los demás asuntos que se basen en los mismos supuestos de hecho.
64. Lo anterior tiene lugar en ejercicio de la actividad creadora de derecho que ejercen los jueces de las altas Cortes y los órganos de cierre de cada jurisdicción, ya sea para definir la interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe dársele la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos normativos, siempre a la luz de los preceptos constitucionales.
65. Por tanto, dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y operadores judiciales y constituye una actividad de creación de derecho, al definir directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la Constitución.
66. Sin embargo, resulta necesario advertir que no todas las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla, pues aquellas corresponden más al resultado de la aplicación al caso en concreto de la norma cuyos presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin que exista necesariamente una actividad creadora del juez como tal.
67. De allí que esta Sección ha considerado que la parte que invoca el desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de identificar en su proceder argumentativo: (i) la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
2.9. Defecto fáctico
68. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015 precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión.
69. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento
Características
Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y esta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que este procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere:
Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea.
Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, estos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
Así las cosas, se configura siempre que:
Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso
Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.
Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Se requiere entonces que:
La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
La razón del porqué en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.
Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde señalar:
Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al artículo 29 constitucional.
Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la decisión.
70. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
71. A lo anterior se suma la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.
72. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador.
2.10. Caso concreto
73. Como quedó plasmado en los antecedentes de esta providencia, el accionante estimó que la sentencia del 9 de julio de 2021, proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, adolece de los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente.
74. Dichos cargos serán estudiados de manera conjunta, atendiendo a que el fundamento de ambos defectos se dirige a demostrar que el operador jurídico declaró la legalidad de los actos administrativos sancionatorios, pese a que, en su criterio, las pruebas aportadas al proceso no ofrecían la certeza necesaria para declarar la responsabilidad del investigado, es decir que a partir del material probatorio aportado al expediente no se lograba desvirtuar la presunción de inocencia, tal como lo establecen la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en las sentencias que trajo a colación.
75. En tal sentido, el señor Velásquez Corvacho explicó que, de haberse aplicado la tesis expuesta por la Sección Segunda del Consejo de Estado en las providencias del 6 de octubre de 2016 y 23 de marzo de 2017, así como el criterio esbozado por la Corte Constitucional en las sentencias C-289 de 2012, C-003 de 2017 y C-495 de 2019, la decisión del ad quem hubiese sido favorable a sus pretensiones, en la medida en que las declaraciones de los patrulleros de la seccional de inteligencia eran contradictorias, lo que permitía advertir la presencia de una duda razonable que debía resolverse a su favor.
76. En primer lugar, es menester señalar que el accionante cumplió con la carga mínima argumentativa que le asiste para que el juez constitucional proceda a estudiar de fondo el desconocimiento del precedente, en la medida en que indicó: i) cada una de las decisiones que se consideraron como desatendidas; ii) la ratio de las providencias en mención que se perciben como aplicables a la solución del caso en concreto, mediante las citas textuales traídas a colación; iii) las razones mínimas que permiten establecer la existencia de una analogía entre la litis de aquellos fallos y la de la situación sujeta a examen y; iv) la incidencia que aquella ratio en la decisión final adoptada por el juez de instancia.
77. Dicho lo anterior, lo siguiente es analizar de manera general las decisiones que se alegan como desconocidas, a efectos de determinar la posible aplicación de dichos casos al que ahora es objeto de estudio.
78. En el caso de la sentencia del 6 de octubre de 2016, la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado estudió la legalidad de los fallos disciplinarios a través de los cuales el Procurador General de la Nación destituyó a la señora Piedad Córdoba Ruiz, en su calidad de entonces senadora de la República, por haber realizado una contribución económica a la campaña del señor Ricardo Antonio Montenegro Velásquez, aspirante a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico (2010-2014), lo cual constituye una falta gravísima, a la luz de los artículos 48 de la Ley 734 de 2002 y 110 de la Constitución.
79. Si bien el proceso disciplinario que se analizó en aquella ocasión es distinto al del señor Velásquez Corvacho, entre otras, porque allí se trató de la sanción disciplinaria impuesta a una senadora, lo cierto es que en esa providencia la Sección Segunda del Consejo de Estado se refirió de manera general al nivel de certidumbre necesario para imponer una sanción disciplinaria, más allá de la duda razonable.
80. Frente a la sentencia del 23 de marzo de 2017, se observa que la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, quien en este caso constituye la parte tutelada, al estudiar los actos administrativos a través de los cuales se destituyó e inhabilitó al accionante, quien al igual que el señor Velásquez Corvacho laboraba para la Policía Nacional, declaró la nulidad parcial de las decisiones disciplinarias.
81. Para arribar a tal conclusión, el operador jurídico indicó que la entidad demandada, “(…) cuando declaró responsable del primer cargo endilgado al disciplinado no valoró las pruebas allegadas al proceso disciplinario de forma razonada, conjunta y conforme las reglas de la sana crítica puesto que de las decretadas y practicadas no es posible deducir, más allá de toda duda i) que el accionante en el momento de efectuar la detención y requisa de los vehículos conoció con plena certeza que las mujeres detenidas llevaban droga en el taxi o en el cuerpo y por tanto ii) no se puede afirmar que debió judicializar a las sospechosas. Se dedujo además que la autoridad disciplinaria al decidir sobre la falta se basó en simples indicios, los cuales, no son un medio probatorio válido para declarar la responsabilidad del investigado”.
82. En lo que respecta a las sentencias C-289 de 2012, C-003 de 2017 y C-495 de 2019 de la Corte Constitucional, debido a la naturaleza de este tipo de providencias, no es posible llevar a cabo el estudio de identidad fáctica propuesto en este caso, toda vez que en dichos pronunciamientos no se resuelve una controversia suscitada entre dos partes, dado que el análisis de constitucionalidad desplegado por la Corte tiene lugar a raíz de una acción pública de inconstitucionalidad.
83. Así las cosas, aunque en las tres sentencias de constitucionalidad se analizó la presunción de inocencia, la única que tiene relación con el asunto objeto de estudio es la C-495 de 2019 pues, en dicha ocasión el Alto Tribunal Constitucional estudió la demanda de inconstitucionalidad que se presentó contra el artículo 14 (parcial) de la Ley 1952 de 2019, “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”, mientras que en la C-289 de 2012 y C-003 de 2017, la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del artículo 11 del Decreto 1793 de 2000, “Por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares”, y el numeral 4º del artículo 8º de la Ley 1678 de 2013, “Por medio de la cual se garantiza la educación de posgrados al 0.1 % de los mejores profesionales graduados en las instituciones de educación superior públicas y privadas del país”, respectivamente.
84. En ese contexto, si bien el único caso que tiene similitud fáctica y jurídica con el asunto sub judice, es el resuelto en la sentencia del 23 de marzo de 2017, lo cierto es que las providencias que no se tendrán en cuenta a efectos de adoptar esta decisión son las C-289 de 2012 y C-003 de 2017, en la medida en que, si bien en ambos casos también se estudió la presunción de inocencia, lo cierto es que ello no ocurrió en el marco de algún proceso disciplinario, es decir que las reglas que eventualmente pudo establecer la Corte Constitucional en dichas ocasiones no guarda ningún tipo de relación con los reparos propuestos por el señor Velásquez Corvacho.
85. En virtud de lo anterior, esta Sala de Decisión analizará de manera general el alcance que la Corte Constitucional y la Sección Segunda del Consejo de Estado le dieron a la presunción de inocencia y el deber de resolver la duda razonable en favor del investigado, a efectos de determinar si dicho criterio hermenéutico es acorde con la decisión adoptada en la sentencia censurada, esto es, la del 9 de julio de 2020.
86. En la sentencia C-495 de 2019, la Corte Constitucional indicó que “(…) presumir la inocencia de quien está siendo investigado por una autoridad estatal, es una de las garantías constitucionales del derecho fundamental al debido proceso (...) De la presunción de inocencia se derivan, entre otras consecuencias, que corresponde al Estado la carga de probar los elementos de la responsabilidad y, por lo tanto, ante el incumplimiento de dicha carga, por ausencia, contradicción objetiva o insuficiencia de pruebas, la consecuencia natural de presumir la inocencia, consiste en que las dudas razonables deben resolverse en favor del investigado. Esta regla resulta de concluir que no fue posible desvirtuar la presunción de inocencia, porque no se logró llegar a una convicción racional de la responsabilidad, desprovista de dudas razonables, es decir, aquellas que objetivamente surjan del análisis y cotejo de las pruebas obrantes en el expediente. Así, aunque excepcionalmente en materias diferentes a lo disciplinario, resulte”. (Negrillas fuera del texto original).
87. Por su parte, tanto en la sentencia del 6 de octubre de 2016, como en la del 23 de marzo de 2017, las Subsecciones “B” y “A” de la Sección Segunda de esta Corporación, respectivamente, coincidieron en que a partir de los artículos 9º, 20, 128 y 129 de la Ley 734 de 2002, el estándar de certidumbre para establecer responsabilidad es el de “certeza más allá de toda duda razonable” según el cual la decisión debe ser única y no admite otras, aún cuando sean probables, pues ese estándar implica que las demás hipótesis hayan sido eliminadas completamente. Es decir que, “(…) si la “duda razonable” persiste no puede declararse la responsabilidad y habrá de decidirse en favor del investigado (…) en caso de no lograr el suficiente convencimiento debe siempre en aras de la justicia decidir en favor del investigado (…) en otros términos no puede proferirse fallo sancionatorio con base en simples indicios o conjeturas pues ello vulneraria el debido proceso”.
88. Así las cosas, corresponde a la Sala determinar si la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado al dictar la sentencia del 9 de julio de 2020, a través de la cual revocó la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la legalidad de los actos administrativos sancionatorios, contaba con los elementos probatorios suficientes que demostraran la realización de la falta disciplinaria, al punto de desvirtuar la presunción de inocencia del señor Yesvel Yetri Velásquez Corvacho, más allá de toda duda razonable.
89. Como fundamento de su decisión, el operador jurídico de segunda instancia explicó que el a quo del proceso ordinario omitió valorar la prueba relacionada con la transliteración del audio de la llamada que hizo el señor Jhon Jairo Sierra Tovar el 23 de octubre de 2011, a la línea de atención 123 de la Policía Metropolitana de Barranquilla, luego de ser despojado de algunas de sus pertenencias en el CAI “El Rebolo” de la ciudad de Barranquilla. Para el efecto, citó los que, en su criterio, constituyeron los principales apartes:
“CAD: Policía Metropolita de Barranquilla […] ¿en qué puedo ayudarlo?
Jhon: Mira ve, mire señor agente, lo que pasa es que, mira, lo que pasa es que mire, yo iba en una moto con una mercancía y unos policías me pararon ahí, y como no tenía factura, porque la factura la tenía mi compañero mío y me decomisaron la mitad de la mercancía, y ya porque no tenía factura, y yo quisiera saber ¿qué legal es eso?
[…]
CAD: O sea que […] ¿qué llevas tu? ¿Tú qué llevabas?
Jhon: mira ve, nosotros somos vendedores ambulantes en los pueblos […] llevaba 3 licuadoras, 3 planchas de cabellos, 3 secadores, 3 máquinas de motilar.
CAD: Ósea, ¿qué llevabas tú? ¿Qué traías? ¿Qué traías?
Jhon: Un bolso, ósea yo, ósea que yo iba en una moto, iba pá el sitio de mi trabajo, ósea iba pa un barrio a trabajar a vender, pero como yo no llevaba la factura, la factura la llevaba mi compañero
CAD: aja
Jhon: y no la tenía, entonces ellos me dijeron que tenía que mostrarle la factura o si no me decomisaban toda la mercancía, entonces uno de ellos me dijo: no entonces dale la mitad y nos dejen la mitad a nosotros; entonces nosotros le dejamos la mitad y se quedaron con la mitad de la mercancía.
[…]
CAD: Por eso, no te quitaron la mercancía, porque te robaron la mercancía; eso es lo que está pasando, porque te robaron el resto de mercancía.
Jhon: si me robaron, el uno con una máquina de motilar y el otro cogió él una plancha de Cabello y un negrito cogió el reloj.
[…]
CAD: ¿Te llevaron al CAI Rebolo?
Jhon: […] si, estaba yo solo y entonces el compañero me fue a llevar una factura, entonces la que nos dieron allá donde nosotros compramos y según ellos como no tenía el NIT, que eso era contrabando, ya como nosotros compramos eso allá y esa es la factura que nos dan en Miami, y nosotros no tenemos nada que ver con eso, y entonces él, entonces él diciendo que esa factura no era válida que por qué no tenía el NIT y que estaban evadiendo impuestos […] ahí sí yo no tengo que ver si están evadiendo impuesto, ósea yo cumplo con comprarla y salir a vender porque es mi trabajo
[…]
CAD: ¿este número de celular es tuyo?
Jhon: Si […] vea agente yo lo que quiero que ustedes vengan acá dónde La Magola, vengan por mí, yo voy al CAI y pa que ellos me entreguen eso y nada más, yo no quiero más nada, yo quiero es lo que me quitaron a mí y más nada, porque eso es mi trabajo y me perjudican porque con eso es que yo trabajo, ya con que yo llevo [Sic] el sustento a mi casa (…)”. (sic a toda la cita)
90. En ese contexto, el ad quem indicó que el relato fue claro en determinar que quienes retuvieron la mercancía del señor Jhon Jairo Sierra Tovar, “(…) fueros (sic) tres uniformados y que cada uno se quedó con un objeto así: «el uno con una máquina de motilar y el otro cogió él (sic) una plancha de Cabello y un negrito cogió el reloj»”; narración que, en su sentir, concuerda con las declaraciones de los patrulleros Carlos Roberto Rosales Mozo y Ligia Maritza Silva y dio cuenta de que uno de esos uniformados resultó ser el demandante y, para el efecto, citó los siguientes apartes:
“La narración del particular afectado en esa llamada ―a la que no hizo referencia el Tribunal de primera instancia, se repite― concuerda con la declaración del patrullero Rosales Mozo Roberto Carlos. Este uniformado narró lo siguiente:
El caso llega por el 123 una persona llama y manifiesta que unos policías le están quitando unas herramientas de trabajo, llegamos al CAI REBOLO donde encontramos unos elementos en la guardia, los elementos eran los que manifestó la víctima, al informarle al señor oficial teniente ESPÍNDOLA, este llegó al CAI REBOLO, nos dirigimos a la parte de atrás del CAI para comentarle el caso y al regresar ya no estaban los elementos, fue por eso que el señor oficial suscribe el informe con lo que le señaló el afectado y como estaban los audios de la línea 123, donde el afectado llamó a informar la novedad. PREGUNTADO: Manifieste al despacho si el afectado se encontraba presente en el CAI REBOLO o, en su defecto, llegó con usted a la unidad policial. CONTESTÓ Él llegó con nosotros porque nos manifestó que Iba a identificar a los policías. PREGUNTADO: Según respuesta anterior usted manifiesta que los elementos se encontraban en la guardia del CAI REBOLO, diga al despacho en qué parte o si dichos elementos los tenía algún policía bajo su custodia. CONTESTÓ: El semanario estaba en la Mesa de Guardia y lo tenía el comandante de Guardia y el bolso no me acuerdo con exactitud donde estaba, pero cuando llego lo observe. PREGUNTADO: Manifieste al despacho si usted al llegar al CAI REBOLO, registró del bolso al que hace referencia. CONTESTÓ: la patrulla llegó al CAI REBOLO, y si no estoy mal el bolso es de propiedad de uno de los policiales; los policías abrieron el bolso y dentro del bolso estaban los elementos tales como una máquina de motilar y una plancha para cabello, pero los policías manifestaron que era un obsequio que la había hecho el afectado. PREGUNTADO: Manifieste al despacho si al momento de llegar usted al CAI REBOLO, con el afectado este reconoció los elementos que supuestamente le habían quitado. CONTESTÓ: Sí los reconoció. PREGUNTADO: Manifieste al despacho si el afectado señor JHON JAIRO SIERRA TOVAR le realizaron algún procedimiento de incautación o le mostró algún acta de incautación. CONTESTÓ: No.
De la misma manera, la patrullera Ligia Maritza Silva corroboró el anterior relato:
PREGUNTADO: Según diligencia de declaración que rindiera su compañero de patrulla a este despacho, manifestó que al llegar al CAI REBOLO encontró unos elementos en la guardia, los cuales eran del señor Jhon Jairo Sierra Tovar, que momentos antes los policías le habían quitado, teniendo en cuenta lo anterior diga el despacho qué tiene que decir al respecto. CONTESTÓ: no es mentira lo que mi compañero dice ya que efectivamente al momento que nosotros llegamos al CAI lo primero que observamos fue una caja rosada con un semanario (reloj con siete manillas) la cual nos había relacionado el afectado como uno de los elementos que los policiales que conformaba la patrulla y el comandante de guardia se los había pedido a cambio de no incautar la totalidad de la mercancía. PREGUNTADO: Manifieste al despacho el lugar donde se encontraba el semanario al momento que usted llegó al CAI REBOLO. CONTESTO: se encontraba encima de la radio base el cual estaba encima de una mesa donde se encontraba sentado el patrullero VELÁZQUEZ CORVACHO YETRI, quien se encontraba de servicio de comandante de guardia. PREGUNTADO manifieste si los otros elementos tales como máquinas de motilar y las planchas de cabello se encontraban en la mesa de guardia. CONTESTÓ: No, estos elementos los sacó el patrullero CARDONA WINERTH de un bolso oscuro que se encontraba colgado en una pared ahí mismo en la guardia del CAI REBOLO, en presencia del patrullero RAAD, del patrullero VELÁZQUEZ, del afectado y de patrullero ROSALES y mía. PREGUNTADO: Manifiesta al despacho si al momento de llegar usted al CAI Rebolo con el afectado este reconoció los elementos que supuestamente le habían quitado los policías. CONTESTÓ: el afectado llegó al CAI REBOLO aproximadamente media hora después y durante ese tiempo nosotros le habíamos preguntado en repetidas ocasiones a los tres policiales la proveniencia del semanario y el paradero de los otros dos elementos, fue después cuando llegó al afectado y este nos confirmó a todos los presentes y exigió que sí eran tres elementos reconociendo de inmediato el semanario fue allí cuando el patrullero CARDONA, debido a la presión procedió a sacar los otros dos elementos del maletín y entonces el afectado reconoció los otros elementos.
[…]
PREGUNTADO: Manifieste al despacho si el señor JHON JAIRO SIERRA TOVAR, al momento de llegar al CAI REBOLO, reconoció a los policías que presuntamente le habían quitado los elementos antes. CONTESTÓ: Sí los reconoció e incluso afirmaba que uno de los policías que más le insistía en que tenía que dejarle parte de los elementos era el morenito gordito, que se encontraba sentado en el CAI REBOLO o sea el comandante de Guardia”. (Negrillas del ad quem del proceso ordinario). (sic a toda la cita)
91. Seguidamente destacó el informe del teniente Óscar Fernando Espíndola Soto, prueba documental con la que “se demuestra la devolución de los elementos al afectado. En efecto, se relaciona que al señor Jhon Jairo Sierra le entregaron los mismos objetos relacionados en la llamada y los que fueron vistos por los policías Rosales Mozo Roberto Carlos y Ligia Maritza Silva, cuando estos arribaron al CAI. Ello corrobora la conducta irregular, porque al afectado se le entregaron los elementos que previamente le fueron sustraídos en el CAI de forma irregular, en el cual el demandante era nada más y nada menos que el comandante de guardia”.
92. Es así como, la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a partir de i) la transliteración del audio de la llamada que hizo el señor Jhon Jairo Sierra Tovar el día de los hechos a la línea de atención 123; ii) las declaraciones de los policías Rosales Mozo y Silva y; iii) el informe del teniente Espíndola Soto, encontró que, contrario a lo sostenido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, no existía una duda razonable que debiera resolverse en favor del patrullero Yesvel Yetri Velásquez Corvacho, en le medida en que:
“(…) las evidencias demostraron que el señor patrullero Yesvel Yetri Velásquez Corvacho sí solicitó y recibió para sí dádivas con el fin de omitir el ejercicio de sus funciones. En el presente caso, la llamada al 123 registra un particular afectado por el proceder de los tres policías, discriminándolos así: dos de ellos como los que los trasladaron al CAI; y estos junto con el comandante de Guardia ―el aquí demandante― quienes lo despojaron de tres elementos.
Por tanto, uno de los errores del aquo consistió en considerar que no existían elementos para afirmar que el demandante haya participado en el procedimiento de incautación de los elementos. Sin embargo, esta no fue la imputación fáctica del cargo disciplinario, porque la adecuación típica se hizo por la indebida solicitud y recepción de dádivas, lo cual tuvo lugar en el CAI, y no en el procedimiento mismo cuando trasladaron al ciudadano que resultó afectado por el proceder de los policías.
La Sala quiere destacar que por el contexto de los hechos no había lugar a diferenciar la responsabilidad de los tres involucrados quienes por irremediable lógica actuaron de común acuerdo cuando estaban en el CAI. En efecto, si la sola responsabilidad fuera de los dos policías que trasladaron al ciudadano al CAI, necesariamente tendría que existir alguna evidencia que mínimamente exculpara al comandante de guardia. Por ejemplo, que este advirtiera el proceder irregular de sus compañeros; que ante la llegada de los uniformados que arribaron al CAI se esclareciera lo sucedido; o sencillamente que el afectado solo hubiese individualizado a los dos policiales que lo trasladaron.
Por el contrario, en el presente caso existen numerosos indicios del compromiso de responsabilidad del demandante. Al respecto, el primer indicio es que los uniformados Rosales Mozo Roberto Carlos y Ligia Maritza Silva encontraron el reloj encima del puesto de comandante de Guardia, objeto que desde la llamada el particular refirió como uno de aquellos que le habían quitado. En este relato y contrario a lo sostenido por la primera instancia, los uniformados no fueron testigos de oídas, sino que presenciaron directamente que uno de los objetos estaba precisamente en el puesto laboral del demandante.
De la misma manera, un segundo indicio es el siguiente: una vez llegaron los policiales Rosales Mozo Roberto Carlos y Ligia Maritza Silva para verificar lo ocurrido, fueron varios los llamados de estos para que sus compañeros entregaran los demás elementos, sin que el comandante de guardia no informara nada de lo sucedido, esto es, del procedimiento que sus compañeros había efectuado en donde estaba involucrado el particular Jhon Jairo Sierra Tovar. Posteriormente, un tercer indicio consiste en la coartada ofrecida por los involucrados es que los objetos habían sido obsequios. Pese a ello, no existe ninguna coherencia en que un ciudadano que sea trasladado a un CAI por su cuenta propia obsequie elementos a tres uniformados, para después, a través de una llamada al Centro Automático de Despacho, clamar con gran desespero y preocupación que esos objetos «eran el sustento de su trabajo» y que lo único que le interesaba era que le fueran devueltos”.
93. Por otro lado, en relación con la supuesta contradicción entre las declaraciones de los policías Roberto Carlos Rosales Mozo y Ligia Maritza Silva, lo que en criterio del accionante restaba credibilidad a sus dichos, el operador jurídico de segunda instancia aseguró que la única divergencia que encontró fue que el primero de ellos dijo que el afectado llegó con ellos al CAI, mientras que la segunda manifestó que el señor Jhon Jairo Sierra había llegado 30 minutos después. En esos términos, indicó que, si bien dicha imprecisión fue cierta, “(…) realmente no tiene la entidad para desvirtuar la esencia de sus dichos, pues en lo que hay total acuerdo es que los policías en el CAI tenían los objetos, que el ciudadano los reconoció como suyos y que identificó a los uniformados que los habían despojado de sus bienes, con la particularidad de que el comandante de Guardia ―el aquí demandante― era el que más insistía sobre la necesidad de que entregara algunas de sus mercancías”.
94. Así las cosas, además de indicar que la referida imprecisión carecía de toda relevancia, afirmó que, en todo caso, la falta de exactitud frente a ese detalle era entendible, atendiendo a que en ese momento, los policías estaban concentrados en determinar si sus compañeros realmente tenían o no los elementos.
95. En ese orden, el ad quem consideró que, a partir de las reglas de la sana crítica y el recuento de las circunstancias que rodearon el caso, era dable concluir que “(…) la situación seguramente no fue nada fácil, porque entre todos debían corroborar si las acusaciones del particular eran ciertas o no, lo que pondría al descubierto el proceder irregular de sus mismos compañeros de institución. Esto finalmente fue lo que sucedió, porque conforme quedó demostrado los tres elementos fueron devueltos al particular que interpuso la denuncia en la línea de emergencias. En uno u otro sentido, esto explicaría las imprecisiones en algunas circunstancias de tiempo en que pudo incurrir solo uno de los testigos, pero que en nada afectan la certeza de la realización de la falta por parte del demandante”.
96. Por otro lado, la autoridad judicial accionada destacó que si bien en el proceso disciplinario no se tomo la declaración del señor Jhon Jairo Sierra Tovar, en su condición de afectado, ello obedeció a la imposibilidad de ubicarlo; punto frente al cual, reiteró que, en todo caso, las declaraciones de los uniformados Rosales Mozo y Silva, la llamada del señor Sierra Tovar a la línea 123 y el informe rendido por el teniente Espíndola Soto, en conjunto con los indicios mencionados párrafos atrás, constituían “(…) pruebas suficientes para arribar a la conclusión de que el demandante, al igual que los otros dos uniformados, solicitaron y recibieron dádivas en el CAI denominado Rebolo de parte del señor Jhon Jairo Sierra Tovar con el fin de omitir el ejercicio de sus funciones. En el presente caso, el principio de razón suficiente, conjugado con el control integral de los actos administrativos disciplinarios, permiten llegar a la conclusión de que el patrullero Yesvel Yetri Velásquez Corvacho, al igual que sus otros dos compañeros, cometió la falta disciplinaria por la que fue investigado y declarado responsable disciplinariamente”.
97. Finalmente, respecto del argumento según el cual el actor pretende demostrar la supuesta incertidumbre que genera la transliteración de la llamada realizada por el afectado a la línea 123 de la Policía Metropolitana de Barranquilla pues, según comenta, “(…) en dicha transcripción de la llamada del 123 se menciona a un policía negrito según los señores de la sipol (sic) y la oficina de control disciplinario interno se hace referencia al suscrito olvidando que para la fecha de los hechos el PT. CARDONA HERRERA también es de tez negra y gordito, el cual identificó el supuesto afectado según el testimonio de los patrulleros de la SIPOL”, lo cierto es que ello no genera dudas en su participación en la conducta investigada, comoquiera que en todas las pruebas se hace referencia a la intervención de 3 policías, a saber, los patrulleros Winnerth Cardona Herrera, Juan Adolfo Raad Solórzano y Yesvel Yetri Velásquez Corvacho.
98. Lo anterior quiere decir que, dicha acusación, a lo sumo, generaría una duda respecto de cual de los dos patrulleros “de tez negra” era el que insistía en que se entregara la mercancía a cambio de no incautar los supuestos bienes de contrabando, más no en que la conducta hubiese sido ejecutada únicamente por dos de los tres investigados.
99. En ese orden de ideas, esta Sala de Decisión advierte que, contrario a lo manifestado por el tutelante, la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado atendió a la tesis de la Corte Constitucional y de esta Corporación al adoptar su decisión a través de la cual revocó la sentencia de primera instancia para, en su lugar, negar la solicitud de nulidad de los actos administrativos sancionatorios proferidos en el marco del proceso disciplinario que se adelantó en su contra y de sus otros dos compañeros, toda vez que, en efecto, contaba con los elementos probatorios suficientes que, en concordancia con los indicios que se deprendían a partir de aquellos, permitían concluir que el señor Yesvel Yetri Velásquez Corvacho sí realizó la conducta disciplinaria por la que se le investigó, esto es, solicitar o recibir dádivas para sí, con el fin de omitir el ejercicio de su función de incautar mercancías de contrabando.
2.11. Conclusión
100. Con fundamento en los argumentos esbozados, la Sala concluye que la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado no incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente planteados por la parte actora, razón por la cual habrá de negarse el amparo deprecado por el señor Yesvel Yetri Velásquez Corvacho, atendiendo a que el operador jurídico tutelado sí atendió a la tesis expuesta por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado según la cual solo hay lugar a la imposición de la sanción disciplinaria cuando, a partir del material probatorio aportado legal y oportunamente al expediente, se logre desvirtuar la presunción de inocencia del investigado, más allá de toda duda razonable.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia del señor Yesvel Yetri Velásquez Corvacho, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Decreto No. 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
Según los hechos narrados por el teniente Espíndola Soto, el 23 de octubre de 2011 a las 14:30 horas, fue llamado por la patrulla de la SIPOL con indicativo X-4-2, quienes le informaron sobre un procedimiento irregular realizado horas antes por parte de la patrulla del cuadrante 4-22-6, integrada por los patrulleros Cardona Herrera y Raad Solórzano, quienes solicitaron una requisa al señor Jhon Jairo Sierra Tovar, pues transportaba varios elementos. El informante indicó que el afectado le manifestó que los policiales de la referida patrulla “(…) lo trasladaron al CAI REBOLO encontrándose en servicio de información el señor Patrullero YESVEL YETRI VELASQUEZ (sic) CORVACHO, allí argumentaron que los elementos transportados eran de contrabando, y para no incautar la totalidad de los mismos, fue despojado de los elementos (…). Según el afectado al ser objeto de este procedimiento irregular llamó al 123, posteriormente por parte de la central fue enviada una patrulla de la SIPOL al lugar de los hechos para constatar la información, el señor JHON JAIRO SIERRA TOVAR, aduce que los elementos fueron devueltos por los policiales de la patrulla cuadrante 4-22-6, al percatarse que había informado lo sucedido (…)”. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 6.10.2016, exp: 11001-03-25-000-2012-00681-00 (2362-2012), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27.9.2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00. Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00. Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01. Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05025-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01. Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y la providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate. Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia 12.11.2015, Exp. 11001-03-15-000-2015-01471-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 6.10.2016, exp: 11001-03-25-000-2012-00681-00 (2362-2012), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 23.3.2017, exp: 11001-03-25-000-2011-00519-00 (2009-11), M.P. William Hernández Gómez.
“ARTÍCULO 9o. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. <Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html" \l "265" 265 de la Ley 1952 de 2019> A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado”.
“ARTÍCULO 20. INTERPRETACIÓN DE LA LEY DISCIPLINARIA. <Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html" \l "265" 265 de la Ley 1952 de 2019> En la interpretación y aplicación de la ley disciplinaria el funcionario competente debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen”.
“ARTÍCULO 128. NECESIDAD Y CARGA DE LA PRUEBA. <Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html" \l "265" 265 de la Ley 1952 de 2019> Toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba corresponde al Estado”.
“ARTÍCULO 129. IMPARCIALIDAD DEL FUNCIONARIO EN LA BÚSQUEDA DE LA PRUEBA. <Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html" \l "265" 265 de la Ley 1952 de 2019> El funcionario buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio”.
“Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
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