Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-03210-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-03210-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-03210-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2021-03210-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
20 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO PROCEDIMENTAL – Por supuesta falta de quorum decisorio/ IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Mecanismo de defensa idóneo y eficaz para alegar la nulidad de la sentencia / NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA QUE PUSO FIN AL PROCESO
El actor sostuvo que en el sub lite se configuró un defecto procedimental absoluto porque la sentencia de 4 de marzo de 2021 no fue aprobada por la mayoría de los consejeros que integran la Sección Cuarta del Consejo de Estado. (…) [L]a Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que resultaba improcedente la acción de amparo porque el accionante contaba con otro medio de defensa judicial, como lo es el recurso extraordinario de revisión, a través del cual podía formular el aludido cargo, ya que este encajaba en la causal 5ª de revisión por una posible nulidad originada en la sentencia. (…) [L]a Sala comparte la conclusión a la que arribó el a quo en el presente trámite constitucional, ya que es el recurso extraordinario de revisión es el medio judicial dispuesto por el legislador para que el actor plantee el referido cargo que, en síntesis, consiste en que la sentencia de 4 de marzo de 2021 es nula porque no fue adoptada por la mayoría de los consejeros que integran la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / SANCIÓN POR INEXACTITUD EN LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / EXENCIÓN DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL PAÍS / REQUISITOS PARA LA EXENCIÓN DE IVA POR EXPORTACIÓN DE SERVICIOS
En lo concerniente al defecto sustantivo, la jurisprudencia ha establecido que éste se presenta cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto. (…) Conforme con el artículo 420 del Estatuto Tributario, por regla general el impuesto sobre las ventas recae sobre «la prestación de servicios en el territorio nacional». El artículo 481 del mismo compendio normativo contempla un listado de bienes y servicios exentos del impuesto sobre las ventas con derecho a devolución bimestral. (…) El Decreto No. 1805 de 24 de mayo de 2010 reglamentó el literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario y, en tal sentido, precisó las modalidades de exportación de servicios exentos, entre las cuales se encuentran «los servicios prestados en Colombia para ser utilizados o consumidos exclusivamente en el exterior, por empresas o personas sin negocios o actividades en el país». La Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de la sentencia de 26 de noviembre de 2020, señaló que para aplicar la exención contenida en el literal e) del artículo 481 del E.T., era necesario que: «el provecho o utilidad obtenida por el beneficiario sin negocios o actividades en Colombia, se [materialice] de forma integral fuera del país (…) Con sustento en las anteriores premisas, en la sentencia enjuiciada se precisó que entre las sociedades Producciones RTI S.A.S. y Spanish Languaje Productions Inc., [esta última sin negocios en Colombia] se celebraron los contratos de exportación de servicios de 1° de octubre de 2009, de 10 de febrero de 2010, de 3 de mayo de 2010, 21 de julio de 2010, de 1° de septiembre de 2010, 18 de abril de 2011 y de 18 de abril de 2011. (…) Las obras audiovisuales referidas fueron licenciadas por la sociedad Telemundo Internacional LLC. a las empresas nacionales Caracol Televisión S.A. y CEETTV S.A. (…) . Como consecuencia de lo anterior, las novelas y programas de televisión fueron transmitidos en Colombia (…) A partir de lo anterior, la Sección Cuarta del Consejo de Estado concluyó que prestación de los servicios realizada por Producciones RTI S.A.S. a la sociedad extranjera Spanish Languaje Productions Inc., no podía entenderse como una exportación de servicios exenta del impuesto sobre la venta porque la utilización de los productos no se hizo exclusivamente en el exterior, sino que, por el contrario, las obras audiovisuales producidas fueron transmitidas en Colombia. (…) [E]l artículo 481 del referido compendio normativo [E.T.], que hace parte del Título VI, regulaba lo relacionado con los bienes que «conservan la calidad de exentos» (…) Como se puede apreciar, la norma transcrita señalaba como exento del impuesto de venta «los servicios que sean prestados en el país en desarrollo de un contrato escrito y se utilicen exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia». (…) Asimismo, el artículo 481 del E.T., prescribía los «bienes que conservan la calidad de exentos». (….) La norma en cita, valga resaltarlo, contemplaba los siguientes requisitos para acceder a la exención tributaria como consecuencia de exportación de servicios: i) que los servicios deben ser prestados en el país en desarrollo de un contrato escrito; ii) que los beneficiarios de los servicios deben ser «empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia», y iii) que los servicios deben ser utilizados exclusivamente en el exterior. Así las cosas, para la Sala es claro que el argumento de la sociedad accionante resulta desacertado en tanto afirma que la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo por haber omitido aplicar, para la solución de la controversia, el contenido de las cláusulas de los contratos celebrados entre Producciones RTI S.A.S. y Spanish Languaje Productions Inc.
En tal sentido se tiene que, a la luz del ordenamiento constitucional colombiano, los particulares carecen de la potestad de crear tributos o de eximirse del pago de estos, ya que un asunto tan cardinal le compete exclusivamente al Estado, quien ejerce dicha potestad a través del Congreso de la República, de las asambleas departamentales y de los concejos distritales y municipales. (…) Significa lo anterior que no es cierto que la Sección Cuarta del Consejo de Estado haya dejado de aplicar el artículo 1602 del Código Civil y, por ende, las estipulaciones de los contratos celebrados entre Producciones RTI S.A.S. y Spanish Languaje Productions Inc, porque aunque en dichos negocios jurídicos se haya estipulado que «el servicio contratado va a ser utilizado o consumido exclusivamente en el exterior», la realidad es que las telenovelas producidas por Producciones RTI S.A.S. se transmitieron efectivamente en Colombia, como se evidenció en el aparte VIII.4.2.1. (…) [E]l actor, en síntesis, sostuvo que sí se encuentra acreditado el requisito de uso o consumo exclusivo en el exterior del producto porque el artículo 1º del Decreto Reglamentario No. 1805 de 2010 contempla que un producto se entiende usado o consumido en el exterior cuando el «beneficiario directo del servicio» es una empresa o persona que no tiene negocios en el país, pese a tener «algún tipo de vinculación económica». (…) Así las cosas, la Sala observa que en la sentencia enjuiciada no se omitió aplicar el artículo 1° del Decreto Reglamentario No. 1805 de 2010, porque la Sección Cuarta del Consejo de Estado trajo a colación dicha norma y concluyó que -conforme a la misma- no era posible tener por acreditado el requisito asociado al uso exclusivo en el exterior del servicio, en tanto que las telenovelas producidas por la hoy accionante fueron efectivamente transmitidas en Colombia. Aunado a lo anterior, no resulta cierta la afirmación del actor encaminada a señalar que se entiende cumplido el requisito de «uso o consumo exclusivo en el exterior» cuando el destinatario del servicio es una empresa o persona «sin negocios o actividades en Colombia». En tal sentido debe destacarse que lo relevante para determinar si un servicio cumplió con el requisito de ser usado o consumido exclusivamente en el exterior -a efectos de establecer si dicho servicio se encuentra exento del impuesto sobre las ventas, es que el «beneficio, provecho o utilidad que reporta el servicio prestado se [materialice] en forma integral fuera del país». Lo que significa que el beneficiario del servicio [esto es la empresa o persona sin negocios o actividades en Colombia] debe obtener los frutos del servicio en el exterior y no en Colombia.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / EXENCIÓN DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL PAÍS / REQUISITOS PARA LA EXENCIÓN DE IVA POR EXPORTACIÓN DE SERVICIOS – Producción audiovisual / EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DE CINE, TELEVISIÓN O DESARROLLO DE SOFTWARE – Acceso desde Colombia a través de medios tecnológicos
[E]l actor sostuvo, en síntesis, que el parágrafo del artículo 55 de la Ley 1607 de 2012 fue desconocido, porque esta norma prevé que cuando el servicio desarrollado en el país se trata de la producción de cine y televisión o el desarrollo de un software, estos se entenderán exportados aun cuando al ser «difundidos desde el exterior por el beneficiario de los mismos en el mercado internacional, (…) a ellos se pueda acceder desde Colombia por cualquier medio tecnológico». (…) La Sala comienza por precisar que no es cierto que el acceso a los programas producidos por Producciones RTI S.A.S. se hizo a través de un medio tecnológico, como lo afirma el actor. Por el contrario, es dable afirmar que los programas de televisión referidos fueron transmitidos en Colombia por Caracol Televisión S.A., situación que es completamente diferente a la contemplada en el parágrafo del artículo 55 de la Ley 1607 de 2012. En segundo lugar, encuentra la Sala, en armonía con lo señalado por el juez de primera instancia en este trámite constitucional, que el parágrafo del artículo 55 de la Ley 1607 de 2012 entró en vigor desde su promulgación, lo cual ocurrió el 26 de diciembre de 2012. En este orden de ideas, se observa que la norma que el actor aduce como dejada de aplicar es posterior a los hechos que originaron el conflicto, en tanto que los períodos fiscales sobre los cuales se efectuó la liquidación oficial de revisión del impuesto de venta corresponden a la bimensualidad VI del año gravable 2010 y a las bimensualidades I, II, III, IV y V del año gravable 2011. Además, también se advierte que los actos administrativos demandados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, fueron expedidos el 27 de septiembre de 2012, el 3 de octubre de 2012 y el 9 de octubre de 2012. Las anteriores consideraciones ponen de presente que, en efecto, el parágrafo del artículo 55 de la Ley 1607 de 2012, resultaba inaplicable al conflicto que nos ocupa, en razón al principio de irretroactividad de las normas tributarias. (…) Por lo anterior, esta Sala concluye que la norma que se aduce como dejada de aplicar por la sociedad actora, ciertamente no podía ser utilizada para resolver la controversia materia de análisis.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / / REQUISITOS PARA LA EXENCIÓN DE IVA POR EXPORTACIÓN DE SERVICIOS – Producción audiovisual / PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DEL CONTRATO – No aplicación
[E]n ningún momento, la sentencia enjuiciada está extendiendo a la sociedad actora los efectos del contrato que celebraron Telemundo Internacional LLC y las empresas nacionales Caracol Televisión S.A. y CEETTV S.A.; puesto que en la sentencia enjuiciada se limitó a sostener que el demandante no tenía el derecho a que se le aplicara la exención tributaria contenida en el literal e) del artículo 481 del E.T., porque no se cumplían los requisitos estipulados en la norma tributaria, ya que los servicios prestados por Producciones RTI S.A.S., fueron usados en Colombia y no exclusivamente en el exterior. Así las cosas, resultaba irrelevante que los programas de televisión producidos por Producciones RTI S.A.S., hayan sido transmitidos en el territorio nacional por una empresa distinta a Spanish Languaje Productions Inc., ya que la norma tributaria contempla que para acceder a la exención tributaria referida es indispensable que los servicios sean consumidos o utilizados exclusivamente en el exterior, lo quiere decir que, bajo ninguna circunstancia, tales productos podían ser transmitidos en Colombia, so pena de no acceder a la exención tributaria contemplada en el literal e) del artículo 481 del E.T. En ese orden de ideas, se destaca que el fundamento por el cual la sentencia de proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó las pretensiones de nulidad de los actos demandados obedeció, exclusivamente, a que los actos proferidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no transgredían los artículos 481 del E.T., y el Decreto Reglamentario No. 1085 de 2010, en tanto que -tal como se probó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho- los programas de televisión fueron transmitidos en Colombia, razón por lo cual no se cumplían los requisitos para que se aplicara el literal del precitado artículo 481.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 481 LITERAL E / DECRETO 1805 DE 2010
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03210-01 (AC)
Actor: PRODUCCIONES RTI S.A.S.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA SENTENCIA IMPUGNADA QUE NIEGA LAS PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA. NO SE CONFIGURÓ EL DEFECTO SUSTANTIVO ALEGADO EN EL ESCRITO DE TUTELA. NI EL DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO POR FALTA DE MAYORÍA.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la sociedad Producciones RTI S.A.S., quien actúa a través de apoderado judicial, en contra de la sentencia de 18 de junio de 2021, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
LA SOLICITUD DE TUTELA
La sociedad Producciones RTI S.A.S., a través de apoderado judicial, solicitó el amparo a sus derechos constitucionales fundamentales «al Debido Proceso, y al Acceso a la Administración de Justicia (…) y el libre desarrollo de la personalidad», cuya vulneración atribuye a la sentencia de 4 de marzo de 2021, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho número 25000-23-37-000-2012-00507-01, mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, para en su lugar negarlas.
HECHOS
De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
Manifestó que la Dirección de Impuesto y Aduana Nacionales – DIAN, profirió las resoluciones No. 312412012000046 de 27 de septiembre de 2012, 312412012000051 de 3 de octubre de 2012, 312412012000050 de 9 de octubre de 2012, 312412012000049 de 9 de octubre de 2012, 312412012000071 de 9 de octubre de 2012 y 312412012000072 de 9 de octubre de 2012, mediante las cuales realizó la liquidación oficial de revisión de la declaración privada del impuesto a las ventas y le propuso a la demandante «desconocer los ingresos brutos por exportaciones y adicionar el valor a los ingresos brutos por operaciones gravadas, adicionar el impuesto generado a la tarifa del 16%, imponer sanción por inexactitud y determinar el saldo a pagar a cargo de la actora», de los periodos gravables bimensuales número VI del año 2010 y I, II, II, III, IV y V del año 2011.
Comentó que, con ocasión a lo anterior, promovió varias demandas de nulidad y restablecimiento del derecho -las cuales posteriormente fueron acumuladas-, con el objeto de que se declarara la nulidad de las resoluciones No. 312412012000046 del 7 de septiembre de 2012 -expediente 2012-00508-00-, 312412012000051 de 3 de octubre de 2012 -expediente 2012-00506-00-, 312412012000050 de 9 de octubre de 2012 -expediente 2012-00507-00-, 312412012000049 del 9 de octubre de 2012 -expediente 2012-00510-00-, 312412012000071 del 9 de octubre de 2012 -expediente 2012-00509-00- y 312412012000072 de 9 de octubre de 2012 -expediente 2012-00511-00-.
Indicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección A, mediante auto 2 de octubre de 2013, acumuló los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho número 25000-23-37-000-2012-00506-00, 25000-23-37-000-2012-00508-00, 25000-23-37-000-2012-00509-00, 25000-23-37-000-2012-00510-00 y 25000-23-37-000-2012-00511-00, al expediente número 25000-23-37-000-2012-00507-00.
Sostuvo que dicha corporación judicial, mediante sentencia de 21 de octubre de 2015, accedió a las pretensiones de las referidas demandas y, en consecuencia, dispuso la nulidad de los actos administrativos demandados.
Señaló que contra la decisión judicial anterior se promovió recurso de apelación.
Relató que, mediante sentencia de 4 de marzo de 2021, la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
Afirmó que la decisión judicial proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en: i) defecto sustantivo, y ii) defecto procedimental absoluto por falta de mayoría en la Sala que adoptó la decisión.
En relación con el defecto procedimental absoluto señaló que este se configuró porque la sentencia enjuiciada no fue aprobada por la mayoría de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en tanto que la aclaración de voto formulada por el Consejero Milton Chávez García en realidad es un salvamento de voto.
En cuanto al defecto sustantivo precisó que se configuró por las siguientes razones porque: i) se desconoció el artículo 1602 del Código Civil; ii) se omitió dar aplicación al artículo 1º del Decreto 1805 de 2010; iii) se abstuvo de aplicar el parágrafo del artículo 55 de la Ley 1607 de 2012, y iv) se desconoció el principio de relatividad de los contratos.
PRETENSIONES
La parte accionante formuló, en su demanda de tutela, las siguientes pretensiones:
[…] 1. Tutelar los derechos fundamentales DE DEBIDO PROCESO DEFENSA y acceso a LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, a la accionante los cuales se encuentran consagrados en la Constitución Política, y que fueron vulnerados por parte de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro del proceso identificado con el número de radicación 25000-23-37-000-2012-00507-01 (22282) (ACUMULADOS 25000-23-37-000-2012-00506-00, 25000-23-37-000-2012-00508- 00, 25000-23-37-000-2012-00509-00, 25000-23-37-000-2012- 00510-00 y 25000-23-37-000-2012-00511-001) que revocó la Sentencia del 21 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.
2. Con base en lo expuesto, se ordene a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación del fallo de tutela, deje sin efecto la Sentencia de fecha 4 de marzo de 2021, que revocó la Sentencia del 21 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.
3. Con base en lo expuesto, se ordene a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación del fallo de tutela, proferir un fallo que remplace el aquí atacado por otro que respete los derechos fundamentales vulnerados, en aplicación de la ley y los preceptos
constitucionales que correspondan en este caso particular.
4. Las demás que el despacho considere pertinentes y procedentes, para garantizar los derechos fundamentales de la accionante […].
TRÁMITE DE LA TUTELA
La Sección Quinta de la Corporación, a través del consejero a cargo de la sustanciación del proceso y mediante auto de 3 de junio de 2021, admitió la acción de tutela promovida, a través de apoderado judicial, por la sociedad Producciones RIT S.A.S., en contra de la sentencia de 4 de marzo de 2021, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
En la misma providencia, el a quo vinculó, como terceros con interés directo en los resultados del proceso, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, y a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – UAE DIAN. Asimismo, solicitó «copia de la demanda con todos sus anexos con la cual se dio inicio al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho designado con el número de radicado 25000-23-37-000-2012-00507-01, y, b. copia de la sentencia de 21 de octubre de 2015 proferida en primera instancia dentro del citado proceso».
INTERVENCIONES
Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas, se produjo la siguiente intervención:
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, mediante escrito de 10 de junio de 2021, solicitó que se negara la acción de amparo por las siguientes razones:
[…] Contrario a lo manifestado por el accionante que sobre la Sentencia accionada adolece de defecto sustantivo, lo cierto es que no existe vulneración alguna al derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia, puesto que es claro que esta discusión no contiene un tinte constitucional, ya que, el accionante insiste y reitera argumentos que ya fueron planteados y posteriormente resueltos por las autoridades competentes, esto es, la jurisdicción administrativa, tanto en primera, como en segunda instancia, por los operadores judiciales cuestionados, por lo que NO encuentra hoy esta dependencia sustento constitucional, pues reiteramos, el actor pretende, sin un soporte argumentativo suficiente, y por cuarta ocasión, desvirtuar un asunto netamente tributario/económico […].
FALLO IMPUGNADO
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 18 de junio de 2021, resolvió, de un lado, i) declarar improcedente la presente acción de tutela en relación con el cargo asociado con el supuesto defecto procedimental absoluto; y, de otra parte, ii) negar el amparo en lo atinente al defecto sustantivo.
En cuanto a la improcedencia de la tutela, el a quo señaló:
[…] Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que no se supera este requisito, en lo atinente a la falta de quórum, pues desde el defecto sustantivo, la parte actora también alega que se incurrió en este yerro al tomarse la decisión sin la mayoría requerida para el efecto, porque si bien participaron 3 magistrados, el ponente de la decisión, en el fondo no aclaró el voto, si no que en esencia lo que hizo fue salvar el voto, esto por cuanto en últimas no estuvo de acuerdo con la parte resolutiva de la sentencia , en razón a que se inaplicó los postulados de los artículos 56 de la Ley 270 de 1996; 115, 126 y 128 de la Ley 1437 de 2011 y; 43 y 49 del Reglamento interno de Consejo de Estado:
(…)
Lo anterior, en la medida en que el cargo de decisión si quórum debe ser analizado vía recurso extraordinario de revisión, previsto en los artículos 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, pues se enmarca en la causal contemplada en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 294 ejusdem a saber:
“[…] Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]”.
Frente a dicha situación, esta Corporación ha defendido la posibilidad de que se interponga recurso extraordinario de revisión cuando se presente un vicio en la sentencia y no durante su trámite y; que la sentencia presente un vicio grave o insaneable que afecte su validez, último requisito frente al cual identificó los defectos como causantes de la nulidad, dentro de los cuales se encuentra el “[…] Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la firma de más o menos jueces de los requeridos legalmente […].
En relación con el defecto sustantivo por la falta de aplicación del literal e y del parágrafo del artículo 481 del Estatuto Tributario, de los artículos 1494, 1502, 1602 y 1618 del Código Civil, y del artículo 822 del Código de Comercio, sostuvo:
[…] Ahora como se señaló en la narrativa de los argumentos expuestos por la demandada, en los contratos se estipuló una cláusula especial en la que constaba que el servicio contratado sería utilizado o consumido exclusivamente en el exterior pero que también encontró que los programas de televisión en virtud de los contratos fueron transmitidos en Colombia lo cual implicaba el incumplimiento del requisito atinente a que el servicio prestado debe consumirse de manera exclusiva en el exterior, razón por la cual, no puede aseverarse que hubo una interpretación indebida de los contratos a partir de la omisión de las normas que considera la parte actora que debieron ser aplicadas, pues al recaer sobre la SLP el hecho del “consumo exclusivo” no incide de manera alguna la falta de relación contractual de la tutelante con los terceros, uno de los argumentos esbozados en el líbelo.
Lo que sucedió es que quedó en evidencia un beneficio directo o indirecto de SLP de la utilidad generada en el marco de los contratos efectuados por las compañías colombianas con Telemundo, esta última como beneficiaria de los servicios en el exterior de SLP. Así las cosas, fue más un tema probatorio lo que no permitió ver que esta última no tendría ningún beneficio que permitiera optar por una decisión diferente, esto conforme a la tesis que decantó la Sección Cuarta consistente en que “la utilización del servicio se predica del destinatario” y que, precisamente, la condición de ser utilizado total y exclusivamente en el exterior, “es lo que en realidad le da la calidad de exportado, para que adquiera la connotación de exento”, lo que condujo a tenerse como no exento de renta tales productos al no haberse utilizado exclusivamente fuera de país.
Por las razones expuestas, el defecto sustantivo no tiene vocación de prosperidad porque no se logró demostrar la no aplicación y desconocimiento de la normativa aplicable al caso e indebida interpretación […].
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La sociedad Producciones RTI S.A.S., a través de su apoderado judicial y mediante escrito de 28 de junio de 2021, impugnó la decisión de primera instancia con base en los siguientes argumentos:
Resaltó que la decisión del a quo no abordó todos los puntos de la controversia planteada en el escrito de tutela, sino que se limitó a hacer un análisis general del asunto sin dar respuesta a los planteamientos concretos elevados por el actor.
En tal sentido señaló que el defecto sustantivo planteado en el escrito de tutela se fundamentó en los siguientes argumentos:
La decisión proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado desconoció el artículo 1602 del Código Civil que señala que el contrato es ley para las partes. Dicho desconocimiento se materializó porque la hoy actora y la sociedad Spanish Languaje Productions Inc. estipularon que los servicios prestados serían utilizados exclusivamente en el extranjero y la Sección accionada desconoció dicha cláusula contractual.
La decisión enjuiciada desconoció el artículo 1° del Decreto Reglamentario 1805 de 2010, ya que esta norma contempla que para que se configure una exportación de servicios exenta del pago del impuesto sobre las ventas, basta con que el beneficiario directo del servicio sea una empresa o persona «sin negocios o actividades en Colombia».
La decisión en comento desconoció el parágrafo del artículo 55 de la Ley 1607 de 2012, ya que esta norma contempla que exportación de servicios relacionados con la producción de cine y televisión, estos se entenderán exportados aun cuando se pueda acceder a estos por medios tecnológicos desde Colombia.
La decisión enjuiciada desconoció el principio de relatividad de los contratos porque le aplicó a la sociedad Producciones RTI S.A.S., los efectos de un contrato celebrado por terceros ajenos a la hoy accionante.
Por todo lo anterior, el impugnante solicita que se revoque la decisión de primera instancia y que, en su lugar, se acceda a las pretensiones contenidas en el escrito de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la impugnación presentada por la sociedad Producciones RTI S.A.S., por intermedio de apoderado judicial, en contra de la sentencia de 18 de junio de 2021, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en virtud de lo previsto en el el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en armonía con el Acuerdo 80 de 2013, respecto de la distribución de negocios al interior de las secciones del Consejo de Estado.
VIII.2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado carece de fundamento, la Sala debe establecer:
Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Si ello es así, determinar si la sentencia de 4 de marzo de 2021, proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, vulneró los derechos constitucionales fundamentales «al Debido Proceso, y al Acceso a la Administración de Justicia (…) y el libre desarrollo de la personalidad» de la sociedad accionante, en tanto que la referida providencia judicial, presuntamente, desconoció los artículos 1602 del Código Civil, 1º del Decreto 1805 de 2010, 55 de la Ley 1607 de 2012 y el principio de relatividad de los contratos.
Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad
En sentencia de 31 de julio de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
La sociedad Producciones RTI S.A.S., a través de apoderado judicial, solicitó el amparo a sus derechos constitucionales fundamentales «al Debido Proceso, y al Acceso a la Administración de Justicia (…) y el libre desarrollo de la personalidad», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 4 de marzo de 2021, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho número 25000-23-37-000-2012-00507-01.
A través de la referida providencia judicial, la Sección accionada revocó el fallo de primera instancia y, en consecuencia, negó la solicitud de nulidad de las Resoluciones No. 312412012000046 del 7 de septiembre de 2012, 312412012000051 de 3 de octubre de 2012, 312412012000050 de 9 de octubre de 2012, 312412012000049 del 9 de octubre de 2012, 312412012000071 del 9 de octubre de 2012 y 312412012000072 de 9 de octubre de 2012; que hicieron liquidación oficial de revisión de los periodos gravables bimensuales número VI del año 2010 y I, II, II, III, IV y V del año 2011 del impuesto de venta.
Cabe señalar que, mediante el fallo de 18 de junio de 2021, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo en relación con el argumento asociado a la falta de mayoría de la Sala de Decisión que profirió la sentencia objeto del mecanismo de amparo. Asimismo, negó las pretensiones de la acción de tutela, en relación con el defecto sustantivo alegado por la sociedad accionante.
Por su parte, se advierte que la parte accionante, a través del escrito de impugnación, reiteró que la decisión judicial proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo.
VIII.4.1. Incumplimiento del requisito general de subsidiariedad del defecto procedimental absoluto
El actor sostuvo que en el sub lite se configuró un defecto procedimental absoluto porque la sentencia de 4 de marzo de 2021 no fue aprobada por la mayoría de los consejeros que integran la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Como fundamento de lo anterior, adujo el impugnante que dicha Sala de Decisión se encuentra integrada por cuatro consejeros y que, en la presente oportunidad, la consejera Stella Jannette Carvajal Basto fue apartada del conocimiento del asunto por encontrarse incursa en una causal de impedimento.
Aunado a lo anterior, afirmó que el consejero Milton Chávez García, a pesar de que formuló una aclaración de su voto, en realidad, hizo un salvamento de voto, ya que -en su criterio- es evidente que no está de acuerdo con la sentencia enjuiciada.
Por lo anterior, concluye que la sentencia de 4 de marzo de 2021 solo cuenta con dos votos a favor y un salvamento de voto, motivo por el cual la decisión judicial no fue aprobada por la mayoría de la Sala.
En relación este cargo, la Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que resultaba improcedente la acción de amparo porque el accionante contaba con otro medio de defensa judicial, como lo es el recurso extraordinario de revisión, a través del cual podía formular el aludido cargo, ya que este encajaba en la causal 5ª de revisión por una posible nulidad originada en la sentencia.
En este contexto, la Sala comparte la conclusión a la que arribó el a quo en el presente trámite constitucional, ya que es el recurso extraordinario de revisión es el medio judicial dispuesto por el legislador para que el actor plantee el referido cargo que, en síntesis, consiste en que la sentencia de 4 de marzo de 2021 es nula porque no fue adoptada por la mayoría de los consejeros que integran la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
En ese orden de ideas, resulta pertinente señalar que el alcance de la causal quinta de revisión ha sido objeto de distintos pronunciamientos por esta Corporación, en los que se ha dicho lo siguiente:
[…] La nulidad originada en la sentencia, como causal de revisión, está instituida para atacar las irregularidades procesales generadas en ella, ya que se trata de un acto jurídico sujeto al cumplimiento de precisas ritualidades que de ser desoídas y “ante la improcedencia de recursos ordinarios contra ella subsistirían groseramente”.
Para la configuración de esta causal, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado algunos requisitos. El primero es que el vicio se presente en la sentencia y no durante el trámite del proceso, pues en tal caso debe alegarse por el interesado durante las oportunidades previstas en el artículo 140 del C.P.C., “sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes de dictar sentencia”.
(…)
El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio grave o insaneable que afecte su validez. La jurisprudencia de esta Corporación ha identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad en la sentencia:
Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por desistimiento, transacción o perención, porque revive un proceso legalmente concluido.
Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.
Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la firma de más o menos jueces de los requeridos legalmente.
Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso […] (negrillas fuera del texto)
Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente el presente cargo, por no cumplir con el requisito general de subsidiariedad.
VIII.4.2. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala considera que en el sub lite se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por las siguientes razones:
Se invoca la vulneración de derechos de orden fundamental como lo son el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
La accionante no tiene otro medio para la defensa de los derechos fundamentales que estima vulnerados con la decisión proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en segunda instancia, pues se agotaron todos los recursos ordinarios establecidos en el procedimiento común.
La acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, dado que la providencia censurada fue notificada el 12 de marzo de 2021, mientras que esta solicitud de amparo fue radicada el 28 de mayo de 2021, es decir dentro de los 6 meses.
La situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela.
No se alega la existencia de una irregularidad procesal en el trámite de la tutea, por lo que no es necesario efectuar un análisis al respecto.
La acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de idéntica naturaleza y/o índole.
VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos de la presente acción de tutela
Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, la Sala abordará los requisitos especiales frente a la presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la accionante. La sociedad Producciones RTI S.A.S., a través de apoderado judicial, manifiesta en el escrito de impugnación que en la sentencia enjuiciada se incurrió en un defecto sustantivo.
VIII.4.2.1. Caracterización del defecto sustantivo
En lo concerniente al defecto sustantivo, la jurisprudencia ha establecido que éste se presenta cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea: «porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma empleada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador». (negrillas fuera del texto)
Asimismo, el juez constitucional debe tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 230 de la Constitución Política, los funcionarios judiciales gozan de independencia y autonomía para elegir las normas jurídicas que resultan pertinentes al resolver un caso concreto y determinar el alcance y aplicación de tales normas de derecho, empero, esta función debe desempeñarse con sujeción a la Constitución y a la ley, mediante un ejercicio hermenéutico que fundamente su decisión.
En este contexto, la Corte ha estudiado en numerosas oportunidades los alcances del defecto sustantivo, respecto de lo cual ha dicho:
[…] una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador,
(i). Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente,
(ii). Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva […]”.
VIII.4.2.1. De la providencia objeto de la presente acción de amparo
Previamente a resolver los cargos que sustentan la presente acción de tutela, la Sala considera pertinente traer a colación los argumentos centrales por los cuales la Sección Cuarta de esta Corporación, mediante la sentencia de 4 de marzo de 2021, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las peticiones de nulidad y restablecimiento del derecho elevadas en el medio de control. En tal sentido, se observa que la providencia enjuiciada, al resolver la controversia, señaló lo siguiente:
[…] En los términos del recurso de apelación, la Sala decide si los servicios de producción prestados en el país por la actora a SLP cumplen el requisito del uso exclusivo en el exterior, previsto en el literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario, para considerarlos “servicios exportados” exentos del impuesto sobre las ventas.
Para efectos del IVA, el artículo 1º del Decreto 1372 de 1992 define servicio como “toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona natural o jurídica, o por una sociedad de hecho, sin relación laboral con quien contrata la ejecución, que se concreta en una obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, y que genera una contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su denominación o forma de remuneración”.
El artículo 420 del E.T. prevé que sobre “la prestación de servicios en el territorio nacional” recae el impuesto sobre las ventas y, por regla general, los servicios se consideran prestados en la sede del prestador, salvo las excepciones previstas en el parágrafo 3.
Por su parte, el artículo 481 del E.T. establece los bienes y servicios que conservan la calidad de exentos con derecho a devolución, entre estos, en el literal e), contempla “… los servicios que sean prestados en el país en desarrollo de un contrato escrito y se utilicen exclusivamente en el exterior, por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia, de acuerdo con los requisitos que señale el reglamento. […]”.
El Decreto 2681 de 1999 reglamentó el Registro Nacional de Exportadores de Bienes Servicios. En el artículo 1º, dispuso que la inscripción en este registro era indispensable, entre otros, para la exención del IVA en la exportación de servicios a que se refería el literal e) del artículo 481 del E.T.
En el artículo 6º, el Decreto 2681 de 1999, previó que, para obtener dicha exención, los exportadores de servicios “además de la inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de Servicios vigente, deberán radicar en la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior, declaración escrita sobre los contratos de exportación de servicios que se efectúen, para su correspondiente registro, previamente al reintegro de las divisas”.
Y, el parágrafo 1° del mismo artículo 6 señaló que dicha declaración debía contener, entre otras, “la información que certifique bajo la gravedad de juramento que el servicio contratado es utilizado total y exclusivamente fuera de Colombia; el valor del contrato o valor a reintegrar; que la empresa contratante no tiene negocios ni actividades en Colombia; que el servicio prestado está exento del impuesto sobre las ventas de conformidad con el literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario […].
Posteriormente, el Decreto 1805 del 24 de mayo de 2010 reglamentó el literal e) del artículo 481 del E.T. y modificó el artículo 6º del Decreto 2681 de 1999. En el artículo 1º, indicó las modalidades de exportación de servicios exentos, entre las que está, “los servicios prestados en Colombia para ser utilizados o consumidos exclusivamente en el exterior, por empresas o personas sin negocios o actividades en el país, […]”. El parágrafo del mismo artículo 1º, definió a estas empresas como aquellas “domiciliadas o residentes en el exterior que, no obstante tener algún tipo de vinculación económica en el país, son beneficiarios directos de los servicios prestados en el país para ser utilizados o consumidos exclusivamente en el exterior”.
(…)
Conforme a la normativa citada, conservan la calidad de exentos del impuesto sobre las ventas los servicios prestados en el territorio nacional que se desarrollen en virtud de un contrato escrito y que se utilicen exclusivamente en el exterior, por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia.
En cuanto a la condición relacionada con el uso exclusivo del servicio en el exterior, la Sala, en oportunidad anterior, precisó que “la utilización del servicio se predica del destinatario” y que, precisamente, la condición de ser utilizado total y exclusivamente en el exterior, “es lo que en realidad le da la calidad de exportado, para que adquiera la connotación de exento”.
Y, en sentencia del 26 de noviembre de 2020, la Sala indicó que “… el requisito de utilización total y exclusiva del servicio contratado en el exterior, se acredita cuando el provecho o utilidad obtenida por el beneficiario sin «negocios o actividades en Colombia», se materializa de forma integral fuera del país, pues solo así se configura una exportación de servicios que, previo cumplimiento de los demás requisitos establecidos, da derecho a la exención”. Este criterio se reitera en la presente oportunidad para resolver el caso concreto.
(…)
En el caso en estudio, están probados los siguientes hechos:
Existencia de contrato de prestación de servicios escrito Producciones RTI S.A.S. [PRTI] suscribió con Spanish Language Productios, INC [SLP], sociedad con domicilio en el exterior, los siguientes contratos de exportación de servicios para producir, en las condiciones estipuladas, los siguientes programas [telenovelas, series]:
(…)
Sobre los derechos de propiedad, los contratantes acordaron que “[…] SLP tiene la propiedad y el control de todo derecho […], incluidos los derechos de autor, en forma exclusiva, irrevocable y a perpetuidad en todo el universo, sobre el programa y todos los elementos o partes del mismo […]”, no limitados a los descritos en el contrato.
Inscripción de los contratos en el registro de exportadores de servicios
Los siete contratos fueron registrados ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como lo reconoció DIAN, entidad apelante.
Cláusula especial en los contratos
Los contratos relacionados con los periodos en discusión, suscritos con posterioridad a la fecha en que entró en vigencia el Decreto 1805 del 24 de mayo de 2010 contienen la cláusula en la que consta que “el servicio contratado va a ser utilizado o consumido exclusivamente en el exterior”, como lo acepta la demandada en el recurso de apelación.
Los programas fueron emitidos en Colombia
Para la DIAN, la emisión o transmisión en Colombia de los programas de televisión Decisiones 2011, El Clon, La Reina del Sur, Ojo por Ojo, Los Hijos del Monte, Flor Salvaje y Yo amo a Paquita Gallego, en desarrollo de los contratos de licencia de derechos de exhibición suscritos entre Telemundo Internacional LLC [vinculada a SLP] y canales nacionales [Caracol Televisión S.A. y CEETTV S.A], implica que no se cumple el requisito de que el servicio prestado “se utilice o consuma de manera exclusiva en el exterior”. Por ende, no existe exportación exenta de servicios.
(…)
Está acreditado en el expediente, que en virtud de los contratos de licencia de derechos de exhibición suscritos con Telemundo Internacional LLC, Caracol Televisión y CEETTV S.A., se transmitieron en Colombia los programas de televisión que resultaron de los servicios de producción cuestionados en los actos administrativos demandados.
Telemundo Internacional LLC y Spanish Languaje Productios Inc (SLP) son empresas vinculadas de NBC Universal, con el mismo domicilio fiscal en Estados Unidos, como se observa en los contratos de servicios de producción y de licencia de derechos de exhibición, en los que se registra la misma dirección.
Por lo anterior, la Sala considera que “los servicios de producción” prestados por PRTI a SLP no constituyen exportación de servicios exenta del impuesto sobre las ventas, porque “los programas de televisión que resultaron de los mismos fueron emitidos en el país, y su utilización se agotó en el territorio nacional”.
(…)
Así, la DIAN valoró debidamente las pruebas que existen en el expediente y con base en ellas halló que no se cumple el requisito de que el servicio prestado por la actora se utilizó íntegramente en el exterior. En efecto, la transmisión en el país de los programas mencionados, en desarrollo de los contratos de licencia de derechos de exhibición suscritos entre Telemundo Internacional LLC y canales nacionales [Caracol Televisión S.A. y CEETTV S.A], implica que no se cumple el requisito en mención, pues el aprovechamiento del servicio no se materializó íntegramente fuera del país. Por ende, no existe exportación exenta de servicios.
Lo anterior porque al haber sido emitidos tales programas en el país, su utilización se agotó en el territorio nacional y, como lo precisó la Sala en la sentencia de 26 de noviembre de 202024, “… lo relevante en el cumplimiento del requisito discutido no es el lugar donde se realice la negociación, sino que el aprovechamiento del servicio ocurra de forma exclusiva en el exterior”.
Por tanto, la DIAN no violó los principios de justicia y equidad, pues precisamente tuvo en cuenta que, en este caso, el servicio prestado no se utilizó de manera exclusiva en el exterior, como lo exige la ley tributaria, pues el aprovechamiento del servicio no ocurrió exclusivamente en el exterior […].
De la cita en extenso, la Sala extrae las siguientes conclusiones:
Conforme con el artículo 420 del Estatuto Tributario, por regla general el impuesto sobre las ventas recae sobre «la prestación de servicios en el territorio nacional».
El artículo 481 del mismo compendio normativo contempla un listado de bienes y servicios exentos del impuesto sobre las ventas con derecho a devolución bimestral. Entre los bienes y servicios exentos con derecho a devolución bimestral, el literal e) supra, señalaba como exentos «los servicios que sean prestados en el país en desarrollo de un contrato escrito y se utilicen exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia, de acuerdo con los requisitos que señale el reglamento».
El Decreto No. 1805 de 24 de mayo de 2010 reglamentó el literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario y, en tal sentido, precisó las modalidades de exportación de servicios exentos, entre las cuales se encuentran «los servicios prestados en Colombia para ser utilizados o consumidos exclusivamente en el exterior, por empresas o personas sin negocios o actividades en el país».
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de la sentencia de 26 de noviembre de 2020, señaló que para aplicar la exención contenida en el literal e) del artículo 481 del E.T., era necesario que: «el provecho o utilidad obtenida por el beneficiario sin negocios o actividades en Colombia, se [materialice] de forma integral fuera del país, pues solo así se configura una exportación de servicios que, previo cumplimiento de los demás requisitos establecidos, da derecho a la exención».
Con sustento en las anteriores premisas, en la sentencia enjuiciada se precisó que entre las sociedades Producciones RTI S.A.S. y Spanish Languaje Productions Inc., [esta última sin negocios en Colombia] se celebraron los contratos de exportación de servicios de 1° de octubre de 2009, de 10 de febrero de 2010, de 3 de mayo de 2010, 21 de julio de 2010, de 1° de septiembre de 2010, 18 de abril de 2011 y de 18 de abril de 2011. A través de los referidos negocios jurídicos, la hoy accionante se comprometió a realizar la «producción (...) la conceptualización, la creación de libretos, la grabación de tomas en video de todos los elementos de producción, la creación de elementos gráficos, la posproducción de todos los elementos de producción en el formato definitivo y la entrega a SLP» de los siguientes programas: i) La Reina del Sur, ii) Ojo por Ojo, iii) Hijos del Monte, iv) Flor Salvaje, v) Decisiones 2011, vi) El Clon, y vii) Upfront Yo amo a Paquita Gallego.
En los contratos celebrados se estipuló que «el servicio contratado va a ser utilizado o consumido exclusivamente en el exterior».
Las obras audiovisuales referidas fueron licenciadas por la sociedad Telemundo Internacional LLC. a las empresas nacionales Caracol Televisión S.A. y CEETTV S.A. -es pertinente señalar que Telemundo Internacional LLC y Spanish Languaje Productions Inc. son sociedades vinculadas que hacen parte del grupo empresarial NBC-. Como consecuencia de lo anterior, las novelas y programas de televisión fueron transmitidos en Colombia en las siguientes fechas:
Programa
Fecha emisión
El Clon
18 noviembre de 2010 - 6 octubre de 2011
Upfront yo amo a Paquita
Gallego
Noviembre a diciembre de 2010
La Reina del Sur
16 de mayo 2011 - 31 agosto de 2011
Ojo por Ojo
18 de mayo de 2011
Herederos del Monte
18 mayo de 2011 - 19 octubre de 2011
Flor Salvaje
18 de abril de 2011
Decisiones 2011
29 de junio de 2011
A partir de lo anterior, la Sección Cuarta del Consejo de Estado concluyó que prestación de los servicios realizada por Producciones RTI S.A.S. a la sociedad extranjera Spanish Languaje Productions Inc., no podía entenderse como una exportación de servicios exenta del impuesto sobre la venta porque la utilización de los productos no se hizo exclusivamente en el exterior, sino que, por el contrario, las obras audiovisuales producidas fueron transmitidas en Colombia.
VIII.4.2.3. Solución del caso concreto
La Sala advierte que la sociedad accionante, en su impugnación, sostiene que en la sentencia de 4 de marzo de 2021 se incurrió en un defecto sustantivo porque omitió aplicar: i) el artículo 1602 del Código Civil, ii) el artículo primero del Decreto 1805 de 2010, iii) el parágrafo del artículo 55 de la Ley 1607 de 2012, y iv) también desconoció el principio de relatividad de los contratos.
En el anterior contexto, la Sala procede a analizar por separado los argumentos que plantea la parte actora como sustento de su petición de amparo.
Del presunto desconocimiento del artículo 1602 del Código Civil y de las normas civiles y comerciales que regulan los efectos de los contratos
En relación con este cargo, el actor aduce, en síntesis, que el juez contencioso, al resolver el recurso de apelación no tuvo en cuenta las normas que regulan los efectos de los contratos y el deber de los funcionarios judiciales de respetar la voluntad de las partes.
En ese sentido, expone que a la luz del artículo 1602 del Código Civil «todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes», a lo que agrega que esta norma debe ser complementada con el artículo 230 constitucional, según el cual los jueces, en sus providencias, se encuentran sometidos al imperio de la ley, por lo que las autoridades judiciales están limitadas por lo señalado en las estipulaciones contractuales, en tanto que las cláusulas contractuales hacen parte del concepto de ley en sentido material, categoría a la que alude el artículo 230 superior.
Debido a lo anterior, considera que como quiera que en los contratos celebrados por Producciones RTI S.A.S. y Spanish Languaje Productions Inc., se estipuló que «el servicio contratado va a ser utilizado o consumido exclusivamente en el exterior»; la Sección Cuarta del Consejo de Estado debía respetar dicha estipulación contractual y, en razón a ello, tenía que concluir que estaban acreditados los presupuestos legales para que se aplicara el inciso e) del artículo 481 del Estatuto Tributario y concluir, por ello, que la prestación del servicio se encontraba exenta del impuesto sobre las ventas.
Sea lo primero indicar que, conforme con lo señalado en el numeral 12 del artículo 150 y en el artículo 338 constitucionales, los tributos se rigen por el principio de legalidad. El tenor literal de las referidas normas dispone lo siguiente:
[…] Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
(…)
12. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley.
(…)
Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo […].
En cuanto al alcance del principio de legalidad en asuntos tributarios, la Corte Constitucional, a través de la sentencia C–891 de 2012, se pronunció en los siguientes términos:
[…] El principio de legalidad en materia tributaria se encuentra consagrado en el numeral 12 del artículo 150 y en el artículo 338 de la Constitución Política: el primero consagra una reserva en el Congreso para “establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley”, mientras que el segundo exige a la Ley, en algunos casos en concurrencia con las ordenanzas y los acuerdos, la determinación de los elementos de los tributos.
Este principio se funda en el aforismo “nullum tributum sine lege” que exige un acto del legislador para la creación de gravámenes, el cual se deriva a su vez de la máxima según la cual no hay tributo sin representación, en virtud del carácter democrático del sistema constitucional colombiano e implica que solo los organismos de representación popular podrán imponer tributos. Históricamente este principio surgió a la vida jurídica como garantía política con la inclusión en la Carta Magna inglesa de 1215 del principio "no taxation without representation", el cual es universalmente reconocido y constituye uno de los pilares del Estado democrático.
El principio de legalidad tiene como objetivo primordial fortalecer la seguridad jurídica y evitar los abusos impositivos de los gobernantes, puesto que el acto jurídico que impone la contribución debe establecer previamente, y con base en una discusión democrática, sus elementos esenciales para ser válido. En este sentido, el principio de legalidad, como requisito para la creación de un tributo, tiene diversas funciones dentro de las cuales se destacan las siguientes: (i) materializa la exigencia de representación popular, (ii) corresponde a la necesidad de garantizar un reducto mínimo de seguridad a los ciudadanos frente a sus obligaciones, y (iii) representa la importancia de un diseño coherente en la política fiscal de un Estado.
En virtud del principio de legalidad todo tributo requiere de una ley previa que lo establezca expedida por el Congreso, las asambleas departamentales o los concejos municipales como órganos de representación popular. Por lo anterior, en sentido material, la ley, al establecer una obligación tributaria, debe suministrar con certeza los elementos mínimos que la definan:
“La Corte advierte, en primer término, que conforme al principio de legalidad en materia tributaria, previsto en el artículo 338 C.P., en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. De esta manera, como lo prevé el mismo precepto superior, la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores y las bases gravables, al igual que la tarifa de los impuestos”.
En este sentido, la Corte Constitucional ha establecido que el principio de legalidad en materia tributaria comprende tres (3) aspectos: el primero, referido al principio de representación popular determina que no es posible establecer un impuesto sin la representación de los afectados en los órganos que los imponen; en segundo lugar, el principio de la predeterminación de los tributos, que se relaciona con la necesidad de fijar los elementos mínimos del acto jurídico que impone la contribución; por último, comprende la posibilidad de que las entidades territoriales puedan establecer tributos y contribuciones en el marco de la Ley y de la Constitución […]. (Negrillas de la Sala)
Cabe señalar que en el libro tercero del Estatuto Tributario se encuentra regulado el impuesto sobre las ventas. Asimismo, en el título VI de dicho libro se encuentran contemplados los bienes exentos del impuesto sobre las ventas con derecho a compensación y devolución.
Así las cosas, el artículo 481 del referido compendio normativo, que hace parte del Título VI, regulaba lo relacionado con los bienes que «conservan la calidad de exentos» [se debe aclarar que el artículo 481 del E.T. ha sido objeto de distintas modificaciones, para la época de los hechos la norma tributaria vigente era el artículo 62 de la Ley 1111 de 2006]. El tenor literal de la norma era el siguiente:
[…] Bienes que conservan la calidad de exentos. Únicamente conservarán la calidad de bienes exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a devolución de impuestos:
(…)
e) <Literal modificado por el artículo 62 de la Ley 1111 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> También son exentos del impuesto sobre las ventas los servicios que sean prestados en el país en desarrollo de un contrato escrito y se utilicen exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia, de acuerdo con los requisitos que señale el reglamento. Recibirán el mismo tratamiento los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en territorio colombiano, originados en paquetes vendidos por agencias operadores u hoteles inscritos en el registro nacional de turismo, según las funciones asignadas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 300 de 1996. En el caso de los servicios hoteleros la exención rige independientemente que el responsable del pago sea el huésped no residente en Colombia o la agencia de viajes […].
Como se puede apreciar, la norma transcrita señalaba como exento del impuesto de venta «los servicios que sean prestados en el país en desarrollo de un contrato escrito y se utilicen exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia».
Aunado a lo anterior, a través del Decreto 1805 de 2010 se reglamentó el literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario. La norma reglamentaria dispuso en su artículo 1° lo siguiente:
[…] Artículo 1°. Conforme con lo previsto en el literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario las modalidades de exportación de servicios que se consideran exentas del impuesto sobre las ventas son:
1. Los servicios prestados en Colombia para ser utilizados o consumidos exclusivamente en el exterior, por empresas o personas sin negocios o actividades en el país, sin desplazamiento del prestador o proveedor del servicio, y
2. Los servicios turísticos prestados en Colombia a personas no residentes o domiciliadas en el país, utilizados o consumidos en el país, originados en paquetes turísticos vendidos por agencias operadoras u hoteles inscritos en el Registro Nacional de Turismo.
Parágrafo. En el caso de los servicios a que se refiere el numeral 1 del presente artículo, se entiende por empresas sin negocios o actividades en Colombia las empresas o personas domiciliadas o residentes en el exterior que, no obstante tener algún tipo de vinculación económica en el país, son beneficiarios directos de los servicios prestados en el país para ser utilizados o consumidos exclusivamente en el exterior.
En consecuencia, la exención del literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario a que hace referencia el numeral 1 del presente artículo, en ningún caso se aplicará cuando el beneficiario del servicio en todo o en parte, sea la filial, subsidiaria, sucursal, oficina de representación, casa matriz o cualquier otro tipo de vinculado económico en el país, de la persona o empresa residente o domiciliada en el exterior que contrate la prestación de los servicios prestados desde Colombia […]
A partir de lo anterior, la Sala arriba a las siguientes conclusiones:
Conforme con el principio de legalidad, propio del ordenamiento jurídico en materia tributaria, es indudable que los tributos y las exenciones tributarias tienen fuente jurídica en la Ley, en las ordenanzas y en los acuerdos municipales o distritales, según lo señalado por la Corte Constitucional.
El impuesto de venta tiene como fuente normativa el artículo 420 del E.T., que contempla los «hechos sobre los que recae el impuesto». Asimismo, el artículo 481 del E.T., prescribía los «bienes que conservan la calidad de exentos».
En esta última norma el legislador señaló cuáles eran los bienes exentos del impuesto de venta y, asimismo, estableció los requisitos asociados a la adquisición del derecho a acceder a las exenciones contempladas en la norma.
En este orden de ideas, el literal e) del artículo 481 regulaba la exención del sobre el impuesto a las ventas de los servicios «prestados en el país en desarrollo de un contrato escrito y [que] se utilicen exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia».
La norma en cita, valga resaltarlo, contemplaba los siguientes requisitos para acceder a la exención tributaria como consecuencia de exportación de servicios: i) que los servicios deben ser prestados en el país en desarrollo de un contrato escrito; ii) que los beneficiarios de los servicios deben ser «empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia», y iii) que los servicios deben ser utilizados exclusivamente en el exterior.
Así las cosas, para la Sala es claro que el argumento de la sociedad accionante resulta desacertado en tanto afirma que la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo por haber omitido aplicar, para la solución de la controversia, el contenido de las cláusulas de los contratos celebrados entre Producciones RTI S.A.S. y Spanish Languaje Productions Inc.
En tal sentido se tiene que, a la luz del ordenamiento constitucional colombiano, los particulares carecen de la potestad de crear tributos o de eximirse del pago de estos, ya que un asunto tan cardinal le compete exclusivamente al Estado, quien ejerce dicha potestad a través del Congreso de la República, de las asambleas departamentales y de los concejos distritales y municipales.
Así las cosas, los contratos celebrados entre la accionante y la sociedad extranjera no pueden ser considerados, en si mismos, como la fuente jurídica de la exención tributaria, en tanto que, se reitera, las fuentes de dicha exención no pueden ser otras que las normas tributarias citadas previamente, cuyo contenido consagra expresamente los requisitos para acceder a tal beneficio.
En ese orden de ideas, al ser la ley tributaria el fundamento jurídico de la exención al pago del impuesto sobre la venta de servicios prestados en virtud de un «contrato de exportación de servicios», no cabe duda que son estas, y no las cláusulas del contrato, las disposiciones jurídicas que eran aplicables a la definición de la controversia.
Significa lo anterior que no es cierto que la Sección Cuarta del Consejo de Estado haya dejado de aplicar el artículo 1602 del Código Civil y, por ende, las estipulaciones de los contratos celebrados entre Producciones RTI S.A.S. y Spanish Languaje Productions Inc, porque aunque en dichos negocios jurídicos se haya estipulado que «el servicio contratado va a ser utilizado o consumido exclusivamente en el exterior», la realidad es que las telenovelas producidas por Producciones RTI S.A.S. se transmitieron efectivamente en Colombia, como se evidenció en el aparte VIII.4.2.1.
Es por tal motivo que no se encontraban acreditados los presupuestos contenidos en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario para acceder al citado beneficio tributario, puesto que para ello resultaba indispensable que el servicio contratado o prestado fuese utilizado o consumido exclusivamente en el exterior.
Debido a lo anterior, la Sala debe desestimar este primer cargo en tanto no resalta válido afirmar que la Sección Cuarta del Consejo de Estado hubiese dejado de aplicar el artículo 1602 del Código Civil, ya que -como se expuso previamente- las normas que regulan la referida exención tributaria no son otras que el artículo 481 -literal e- del E.T., y los decretos reglamentarios que lo desarrollan, disposiciones estas que fueron efectivamente aplicadas por el juez de lo contencioso administrativo en la sentencia que puso fin a la controversia.
De la falta de aplicación del artículo 1º del Decreto 1805 de 2010
En cuanto a este cargo, se advierte que el actor, en síntesis, sostuvo que sí se encuentra acreditado el requisito de uso o consumo exclusivo en el exterior del producto porque el artículo 1º del Decreto Reglamentario No. 1805 de 2010 contempla que un producto se entiende usado o consumido en el exterior cuando el «beneficiario directo del servicio» es una empresa o persona que no tiene negocios en el país, pese a tener «algún tipo de vinculación económica».
Debido a lo anterior concluyó que, como quiera que el beneficiario directo con las obras audiovisuales fue la sociedad Spanish Languaje Productions Inc., empresa que es extranjera, estamos en presencia de una exportación de un servicio exento del pago del impuesto sobre las ventas.
La Sala, en primer término, debe indicar que el artículo 1° del Decreto Reglamentario No. 1805 de 2010 -norma que a juicio del actor fue dejada de aplicar- en su tenor literal consagra:
[…] Artículo 1°. Conforme con lo previsto en el literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario las modalidades de exportación de servicios que se consideran exentas del impuesto sobre las ventas son:
1. Los servicios prestados en Colombia para ser utilizados o consumidos exclusivamente en el exterior, por empresas o personas sin negocios o actividades en el país, sin desplazamiento del prestador o proveedor del servicio, y
(…)
Parágrafo. En el caso de los servicios a que se refiere el numeral 1 del presente artículo, se entiende por empresas sin negocios o actividades en Colombia las empresas o personas domiciliadas o residentes en el exterior que, no obstante tener algún tipo de vinculación económica en el país, son beneficiarios directos de los servicios prestados en el país para ser utilizados o consumidos exclusivamente en el exterior.
En consecuencia, la exención del literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario a que hace referencia el numeral 1 del presente artículo, en ningún caso se aplicará cuando el beneficiario del servicio en todo o en parte, sea la filial, subsidiaria, sucursal, oficina de representación, casa matriz o cualquier otro tipo de vinculado económico en el país, de la persona o empresa residente o domiciliada en el exterior que contrate la prestación de los servicios prestados desde Colombia […]
Cabe señalar que el alcance y las exigencias contempladas tanto en el literal e) del artículo 481 del E.T., como en el artículo 1° del Decreto 1805 de 2010, han sido objeto de pronunciamientos por parte de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, autoridad judicial que ha precisado que para acceder a la exención tributaria referida es necesario que se reúnan los siguientes presupuestos: i) que la prestación de servicios conste por escrito, ii) que el beneficiario de los servicios sea una «empresa o persona sin negocios o actividades en el país», «no obstante tener algún tipo de vinculación económica en el país»; iii) que los servicios prestados sean « utilizados o consumidos exclusivamente en el exterior», y iv) que «se cumplan los requisitos del reglamento establecido por el Gobierno Nacional».
En lo concerniente a la exigencia asociada a que la respectiva empresa o persona no tenga «negocios o actividades en el país», la Sección Cuarta de esta Corporación, en sentencia de 14 de junio de 2012, se pronunció en los siguientes términos:
[…] El parágrafo de este artículo definió qué debe entenderse por empresas sin negocios o actividades en Colombia, indicando, para el efecto, que son aquellas que tienen domicilio en el exterior, que son beneficiarias directas de los servicios prestados en el país para ser utilizados o consumidos exclusivamente en el exterior, pudiendo tener algún tipo de vinculación económica en el país.
Y el inciso 2º del parágrafo del artículo 1 ibídem – acto que acá se demanda-, señaló que la exención del IVA, prevista en el literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario, en ningún caso se aplicará cuando el beneficiario del servicio sea “... la filial, subsidiaria, sucursal, oficina de representación, casa matriz o cualquier otro vinculado económico en el país, de la persona o empresa residente o domiciliada en el exterior que contrate la prestación de los servicios prestados desde Colombia.” .
Si bien la norma reglamentaria reconoce que el beneficiario del servicio puede tener algún tipo de vinculación económica en el país, también dispone que el vinculado en el país, de la empresa con domicilio en el exterior, no se beneficie del servicio contratado por su relacionada del exterior […].
En cuanto al requisito relacionado con el uso o consumo exclusivo en el exterior, también la Sección Cuarta, en sentencia de 5 de marzo de 2015, señaló lo siguiente:
[…] Dado que la controversia en el presente caso alude a si se cumplió o no el segundo requisito, esto es, si el servicio fue utilizado exclusivamente en el exterior por empresas sin negocios o actividades en Colombia, la Sala se referirá, en concreto a ese requisito.
Pues bien, sobre ese requisito, la Sala ha precisado que el servicio se entiende utilizado exclusivamente en el exterior cuando el beneficio, provecho o utilidad que reporta el servicio prestado se materializa en forma integral fuera del país.
Según el precedente que se reitera, como la utilización del servicio se predica del destinatario, la sociedad o persona contratante sin domicilio, negocios o actividades en Colombia, es este el que debe disfrutar integral y exclusivamente del servicio, lo que implica que deba ser entregado para su aprovechamiento en el exterior, o, como también lo ha precisado la Sala, que el fruto del servicio recibido se materialice en el exterior.
Por lo tanto, para que el servicio sea exento del impuesto sobre las ventas, debe verificarse en cada caso concreto que efectivamente se utilice fuera del territorio nacional, pues solo de esa manera se configura la exportación, desde luego sin desconocer los demás requisitos que permiten acreditar el derecho a la exención, pero siempre bajo la premisa de darle prevalencia a lo sustancial sobre lo formal […].
Así las cosas, la Sala observa que en la sentencia enjuiciada no se omitió aplicar el artículo 1° del Decreto Reglamentario No. 1805 de 2010, porque la Sección Cuarta del Consejo de Estado trajo a colación dicha norma y concluyó que -conforme a la misma- no era posible tener por acreditado el requisito asociado al uso exclusivo en el exterior del servicio, en tanto que las telenovelas producidas por la hoy accionante fueron efectivamente transmitidas en Colombia.
Aunado a lo anterior, no resulta cierta la afirmación del actor encaminada a señalar que se entiende cumplido el requisito de «uso o consumo exclusivo en el exterior» cuando el destinatario del servicio es una empresa o persona «sin negocios o actividades en Colombia». En tal sentido debe destacarse que lo relevante para determinar si un servicio cumplió con el requisito de ser usado o consumido exclusivamente en el exterior -a efectos de establecer si dicho servicio se encuentra exento del impuesto sobre las ventas, es que el «beneficio, provecho o utilidad que reporta el servicio prestado se [materialice] en forma integral fuera del país». Lo que significa que el beneficiario del servicio [esto es la empresa o persona sin negocios o actividades en Colombia] debe obtener los frutos del servicio en el exterior y no en Colombia.
Ahora bien, como se señaló en aparte en el párrafo 42.7 de esta providencia, las telenovelas producidas por Producciones RTI S.A.S., fueron transmitidas efectivamente en Colombia, por lo que mal podría concluirse que hubo un uso exclusivo en el exterior.
Por todo lo anterior, la Sala encuentra que la providencia enjuiciada no incurrió en el defecto denunciado por el accionante.
De la falta de aplicación del parágrafo del artículo 55 de la Ley 1607 de 2012
En relación con este cargo, el actor sostuvo, en síntesis, que el parágrafo del artículo 55 de la Ley 1607 de 2012 fue desconocido, porque esta norma prevé que cuando el servicio desarrollado en el país se trata de la producción de cine y televisión o el desarrollo de un software, estos se entenderán exportados aun cuando al ser «difundidos desde el exterior por el beneficiario de los mismos en el mercado internacional, (…) a ellos se pueda acceder desde Colombia por cualquier medio tecnológico».
Con base en lo anterior sostuvo la parte accionante que Producciones RTI S.A.S. prestó sus servicios en la producción de varias obras audiovisuales a una sociedad extranjera, con el objeto de que fuesen utilizados exclusivamente en el exterior, resaltando que la sociedad extranjera realizó la difusión del producto audiovisual en el mercado internacional, y que se puede acceder dichas obras desde Colombia.
Por tales motivos, considera que el servicio prestado por Producciones RTI S.A.S. a Spanish Languaje Productions Inc. responde a la naturaleza de ser una exportación exenta del pago del impuesto a la venta, a pesar de que las obras audiovisuales hayan sido transmitidas en Colombia.
La Sala comienza por precisar que no es cierto que el acceso a los programas producidos por Producciones RTI S.A.S. se hizo a través de un medio tecnológico, como lo afirma el actor. Por el contrario, es dable afirmar que los programas de televisión referidos fueron transmitidos en Colombia por Caracol Televisión S.A., situación que es completamente diferente a la contemplada en el parágrafo del artículo 55 de la Ley 1607 de 2012.
En segundo lugar, encuentra la Sala, en armonía con lo señalado por el juez de primera instancia en este trámite constitucional, que el parágrafo del artículo 55 de la Ley 1607 de 2012 entró en vigor desde su promulgación, lo cual ocurrió el 26 de diciembre de 2012.
En este orden de ideas, se observa que la norma que el actor aduce como dejada de aplicar es posterior a los hechos que originaron el conflicto, en tanto que los períodos fiscales sobre los cuales se efectuó la liquidación oficial de revisión del impuesto de venta corresponden a la bimensualidad VI del año gravable 2010 y a las bimensualidades I, II, III, IV y V del año gravable 2011. Además, también se advierte que los actos administrativos demandados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, fueron expedidos el 27 de septiembre de 2012, el 3 de octubre de 2012 y el 9 de octubre de 2012. Las anteriores consideraciones ponen de presente que, en efecto, el parágrafo del artículo 55 de la Ley 1607 de 2012, resultaba inaplicable al conflicto que nos ocupa, en razón al principio de irretroactividad de las normas tributarias.
En consonancia con la anterior conclusión, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la sentencia de 27 de junio de 2019, al aludir a la aplicación del principio de favorabilidad en materia tributaria en casos como el sub lite, señaló lo siguiente:
[…] En resumidas cuentas, la litis planteada gira en torno al problema de la eficacia temporal de las leyes tributarias y la proyección que pueden tener sobre hechos del pasado. Esta temática tradicionalmente ha ocupado un lugar destacado en las discusiones doctrinales y judiciales pues existe la preocupación de que los efectos retroactivos de las normas tributarias menoscaben la garantía de seguridad jurídica de los contribuyentes. Con el ánimo de obviar esa clase de discusiones y para cerrarle puertas tanto a la retroactividad propia (i.e. la producida cuando las nuevas disposiciones regulan supuestos de hecho de periodos ya concluidos), como a la retroactividad impropia (i.e. la que tiene lugar cuando las nuevas normas inciden sobre hechos imponibles que se están desarrollando en el periodo gravable en curso), nuestra Constitución adoptó reglas estrictas sobre la materia.
De una parte, el artículo 363 proscribió los efectos retroactivos de las disposiciones tributarias; y, de otra, el inciso final del articulo 338 dispuso que las normas referidas a tributos cuya «base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado, no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo». El primero de los artículos mencionados impide en términos generales la retroacción, mientras que el último ataja una específica manifestación de ese fenómeno: la retroactividad impropia. A decir verdad, la perentoria prohibición del artículo 363 bastaría para conjurar cualquier disminución de la seguridad jurídica de los obligados tributarios mediante normas que proyectaran sus efectos sobre hechos correspondientes a periodos ya concluidos o sobre hechos anteriores del periodo en curso; pero para evitar cualquier riesgo al respecto, se prefirió positivizar, con rango constitucional, la particular regla de inicio de la vigencia de las nuevas normas sobre tributos periódicos transcrita.
Ambas disposiciones se explican por sí mismas. Basta leerlas para comprender el mandato que incorporan. Tienen la pretensión de automatizar el examen constitucional de las decisiones legislativas que dotan de efectos retroactivos a las normas tributarias, zanjando toda duda acerca de la inadmisibilidad de las posibles formas de retroacción que pudieran presentarse; deslegitiman, con una regla apriorística, cualquier ejercicio de ponderación que se plantee entre seguridad jurídica y libertad de configuración normativa tributaria, pues siempre primará aquella sobre esta.
3- Aun así, la Corte Constitucional ha tenido que pronunciarse en varias ocasiones sobre el contenido e interpretación de los artículos 363 y 338, en los apartes a los que aquí nos referimos, del texto supremo. Uno de los asuntos que mayor interés ha desatado es aquel de si, a pesar de la estricta prohibición de retroactividad, cabe aplicar desde el mismo periodo fiscal en el que se expiden, las novedosas disposiciones tributarias que resultan beneficiosas a los intereses de los contribuyentes en la medida en que no incrementan, sino que disminuyen, las prestaciones tributarias que les son exigibles.
Fue esa la cuestión por la cual se le consultó a la demandada y sobre la cual se manifestó en el acto acusado, indicando que «no es de recibo la aplicación inmediata de una norma que modifica alguno de los elementos constitutivos de un impuesto de período alegándose el principio de favorabilidad, pues en derecho tributario éste únicamente es predicable en materia sancionatoria». Como se relató, estima la parte actora que dicha tesis contraría los precedentes de la jurisprudencia constitucional a cuyo acatamiento se encuentra sometida la autoridad y de esa circunstancia derivaría la nulidad del acto demandado. Para resolver la cuestión, resulta necesario considerar la evolución que ha tenido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional el análisis sobre la aplicación inmediata de las normas beneficiosas para los contribuyentes, a pesar de la concreta regla que consagra el último inciso del artículo 338 de la Constitución sobre el inicio de la vigencia de las normas tributarias referidas a impuestos de periodo; con especial alusión a las sentencias invocadas por la parte actora.
(…)
12- (…) Así las cosas, ni de la Constitución, ni de la ley, ni de la jurisprudencia vigente, surge el principio de favorabilidad como un mandato que imponga la forzosa aplicación inmediata de las normas que modifican de manera beneficiosa los elementos de los tributos de periodo. Por esa razón, no entraña ninguna ilegalidad el acto acusado pues, tanto en la tesis que afirma como en el análisis jurídico que realiza, deja en claro que en el ámbito tributario la «favorabilidad» no representa un precepto que habilite al destinatario de la norma a plantear la aplicación de la disposición novedosa antes de que inicie su vigencia, a partir de ejercicios interpretativos sobre el favor o desfavor que conlleva […].
Por lo anterior, esta Sala concluye que la norma que se aduce como dejada de aplicar por la sociedad actora, ciertamente no podía ser utilizada para resolver la controversia materia de análisis.
Del presunto desconocimiento del principio de relatividad de los contratos
En relación con este último cargo, el actor planteó, en síntesis, que la decisión enjuiciada desconoció el principio de relatividad de los contratos consagrado, entre otras normas, en el artículo 1602 del Código Civil, el cual establece que «los efectos de un negocio jurídico no se irradian a quienes no fueron parte del mismo, lo cual implica que los negocios jurídicos no están llamados a producir consecuencias sino respecto de quienes los celebran».
En criterio del actor, se transgredió dicho principio porque Producciones RTI S.A.S. resultó afectada por el negocio jurídico celebrado Telemundo Internacional LLC. y las empresas nacionales Caracol Televisión S.A. y CEETTV S.A., en el cual se otorgó licencia de derechos de exhibición de los programas de televisión: La Reina del Sur, Ojo por Ojo, Hijos del Monte, Flor Salvaje, Decisiones 2011, El Clon y Upfront Yo amo a Paquita Gallego.
Así las cosas, aduce que la empresa Producciones RTI S.A.S. no puede resultar afectada por el negocio jurídico celebrado entre Caracol S.A. y Telemundo Internacional LLC., mediante el cual esta última le dio licencia de derechos de exhibición a Caracol S.A. de las producciones «Reina del Sur», «Los Hijos del Monte», «Decisiones 2011», «Flor Salvaje», «Ojo por Ojo», «El Clon» y «Up Front Paquita Gallego», las cuales fueron producidas por Producciones RTI S.A.S. en favor de Spanish Languaje Productions Inc.
En cuanto a este último punto del escrito de tutela, debe precisarse que no es cierto que se haya transgredido el principio de relatividad de los contratos, como lo sostiene la sociedad accionante.
En primer lugar, hay que precisar que el principio de relatividad de los contratos enseña que «los acuerdos de voluntad no generan consecuencias sino entre los contratantes», principio que se desprende del aforismo romano «res inter allios acta tertio neque nocet neque prodest» -la cosa hecha entre unos no aprovecha ni perjudica a terceros-.
En tal sentido se advierte que, en ningún momento, la sentencia enjuiciada está extendiendo a la sociedad actora los efectos del contrato que celebraron Telemundo Internacional LLC y las empresas nacionales Caracol Televisión S.A. y CEETTV S.A.; puesto que en la sentencia enjuiciada se limitó a sostener que el demandante no tenía el derecho a que se le aplicara la exención tributaria contenida en el literal e) del artículo 481 del E.T., porque no se cumplían los requisitos estipulados en la norma tributaria, ya que los servicios prestados por Producciones RTI S.A.S., fueron usados en Colombia y no exclusivamente en el exterior.
Así las cosas, resultaba irrelevante que los programas de televisión producidos por Producciones RTI S.A.S., hayan sido transmitidos en el territorio nacional por una empresa distinta a Spanish Languaje Productions Inc., ya que la norma tributaria contempla que para acceder a la exención tributaria referida es indispensable que los servicios sean consumidos o utilizados exclusivamente en el exterior, lo quiere decir que, bajo ninguna circunstancia, tales productos podían ser transmitidos en Colombia, so pena de no acceder a la exención tributaria contemplada en el literal e) del artículo 481 del E.T.
En ese orden de ideas, se destaca que el fundamento por el cual la sentencia de proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó las pretensiones de nulidad de los actos demandados obedeció, exclusivamente, a que los actos proferidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no transgredían los artículos 481 del E.T., y el Decreto Reglamentario No. 1085 de 2010, en tanto que -tal como se probó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho- los programas de televisión fueron transmitidos en Colombia, razón por lo cual no se cumplían los requisitos para que se aplicara el literal del precitado artículo 481.
En virtud de todo lo expuesto, la Sala concluye que no se configuró el defecto sustantivo, señalado por el accionante en el escrito de tutela, por lo cual se confirmará en su integridad la decisión impugnada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de junio de 2021, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
CUARTO: DEVOLVER el expediente en préstamo al juzgado de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
P (15)
Acumuladas 25000-23-37-000-2012-00506-00, 25000-23-37-000-2012-00508-00, 25000-23-37-000-2012-00509-00, 25000-23-37-000-2012-00510-00 y 25000-23-37-000-2012-00511-00. Folios 1 a 16 de la demanda de tutela.
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política»
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de marzo 2 de 2010, rad. 2001-0091-01. C.P. Mauricio Torres Cuervo, reiterada en las sentencias 15 de mayo de 2014, rad. 2004-01432-01(18740), C.P. Hugo Fernando Bastidas y de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 11 de mayo de 1998, rad. REV-093; de 18 de octubre de 2005 rad. 2000-00239, de 20 de octubre de 2009, rad. REV-2003-00133; y de sentencia de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00 (REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez; Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, rad. 2006-00123. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-064 de 4 de febrero de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. En el mismo sentido consultar la sentencia T – 1054 de 2008, en la cual se dice: “(…) la autonomía funcional del juez protege la aplicación razonable del derecho y “no puede convertirse en patente de corso para aplicar cualquier interpretación posible”, ya que “el sistema jurídico, en sus distintos niveles, impone restricciones a las interpretaciones posibles, de suerte que resulta relativamente sencillo distinguir entre las correctas y aquellas que no satisfacen dicho requerimiento”.
La autonomía judicial no equivale, entonces, “a la libertad absoluta de los jueces para interpretar el derecho”, puesto que “de la Constitución surgen tres restricciones igualmente fuertes: el respeto por la corrección dentro del sistema jurídico y la realización de los principios, derechos y deberes constitucionales; la jurisprudencia de unificación dictada por las altas Cortes y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”. Así las cosas, “cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada)”, se configura un defecto sustantivo que, dependiendo de las circunstancias del caso concreto, torna procedente la acción de tutela en contra de la decisión judicial (…)”. Corte Constitucional, Sentencia SU 918 de 2013. MP. Jorge Ignacio Pretelt Ch. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 26 de noviembre de 2020. Exp. 23366, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Corte Constitucional. Sentencia C – 891 de 2012. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Ch. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 20 de agosto de 2020. Exp. No. 25000-23-37-000-2016-00897-01(24249). C.P.: Milton Chávez García. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso. Sección Cuarta. Sentencia de 14 de junio de 2012. Exp. No. 11001-03-27-000-2010-00040-00(18407). C.P.: William Giraldo Giraldo. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso. Sección Cuarta. Sentencia de 5 de marzo de 2015. Exp. No. 25000-23-27-000-2011-00021-01(19093). C.P.: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Ver tabla del párrafo 42.7. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 27 de junio de 2019. Exp. 11001-03-27-000-2016-00020-00(22421). C.P.: Julio Roberto Piza Rodríguez.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.