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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-03211-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
26 de agosto de 2021
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-03211-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 22 de julio de 2021 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual negó la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2021-03211-01

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

26 de agosto de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA / DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD PSICOFÍSICA CON RECOMENDACIÓN DE REUBICACIÓN LABORAL / RENUNCIA A LA REUBICACIÓN LABORAL / SOLICITUD DE RETIRO DEL SERVICIO DE LA POLICÍA NACIONAL – Del actor por disminución de la capacidad psicofísica / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[L]a Sala considera que la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo, toda vez que, contrario a lo expuesto por la parte actora, no se advierte lo que el actor denominó un “[…] HÍBRIDO-BINOMIO NORMATIVO […]” entre los numerales 1.° y 3.° del artículo 55 del Decreto 1791 de 14 de septiembre de 2000 . En efecto, lo que la Sala observa es que el Tribunal Administrativo del Meta aplicó de forma clara, razonada y justificada el numeral 3.° del artículo 55 del Decreto 1791 de 14 de septiembre de 2000, tras advertir que i) el actor en su escrito de renuncia irrevocable solicitó la aplicación de dicha causal y ii) en efecto, en la Resolución núm. 01820 de 1 de junio de 2012 fue esta la causal que se aplicó para retirar al actor del servicio activo de la Policía Nacional, siendo coincidente en ello tanto la voluntad del actor, la voluntad de la Policía Nacional y los supuestos fácticos y jurídicos en los que se encontraba el tutelante en la institución. En ese orden de ideas, revisado el contenido de la sentencia cuestionada, se observa que, de conformidad con el análisis del escrito mediante el cual el actor renunció a la reubicación laboral, el Tribunal dio aplicación al numeral 3.° del Decreto 1791 de 14 de septiembre de 2000, lo cual se considera ajustado a la norma y a la voluntad del actor y de la institución policial, más aún si se tiene en cuenta que dicha renuncia fue expuesta por el actor (…) Nótese que el mismo actor fue quien i) presentó su renuncia irrevocable a la reubicación laboral, ii) invocó el Acta de Junta Médica Laboral núm. 1352 de 15 de junio de 2006 y iii) solicitó se surtiera el trámite respectivo de conformidad con lo establecido en el numeral 3.° del artículo 55 del Decreto 1791 de 2000, es decir, el retiro de la institución por disminución de la capacidad psicofísica. En efecto, si bien la Corte Constitucional señaló que “[…] el retiro por disminución de la capacidad sicofísica del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional sólo procede cuando el concepto de la Junta Médico Laboral sobre reubicación no sea favorable y sus capacidades no puedan ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción […]”, no se advierte que se haya desconocido los términos en los que la Corte ordenó debía entenderse dicha norma, toda vez que, en el caso del actor se conceptuó a favor de su reubicación laboral y el actor se acogió a dicha reubicación; cuestión distinta es que presentó su renuncia irrevocable frente a esa reubicación laboral y él mismo solicitó su retiro en aplicación de la causal 3 del artículo 55 del Decreto 1791 de 2000, por lo que, en atención a esa disminución de la capacidad psicofísica, era razonable su retiro del servicio, puesto que ante su renuncia, sus capacidades no podían ser aprovechadas en otras actividades distintas a las administrativas, docentes o de instrucción. (…) De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que no se configuró la mixtura o mezcla de la causal establecida en el numeral 1.° y 3.° del artículo 55 del Decreto 1791 de 2000, sino que se dio una aplicación expresa y razonable del numeral 3.° de dicha norma, de conformidad con los supuestos fácticos y jurídicos del caso concreto, por lo que no se advierte que se encuentre configurado el defecto sustantivo por indebida aplicación de una norma jurídica que alegó el actor.

AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA / REUBICACIÓN LABORAL – Por disminución de la capacidad psicofísica / RENUNCIA A LA REUBICACIÓN LABORAL / ACTA DE JUNTA MÉDICO LABORAL - No expiró sus efectos jurídicos, en tanto, la reubicación se dio por la disminución de la capacidad y se mantuvo hasta la renuncia a la reubicación / VALIDEZ Y VIGENCIA DE LOS EXÁMENES DE CAPACIDAD PSICOFÍSICA / EXAMENES DE CAPACIDAD PSICOFISICA – No perdieron su vigencia

Análisis del presunto defecto sustantivo por aplicación indebida del inciso 2.° del artículo 7 del Decreto 1796 de 14 de septiembre de 2000 (…) la Sala considera que la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo, toda vez que, visto el inciso 2.° del artículo 7 del Decreto 1796 de 14 de septiembre de 2000, se advierte una aplicación razonable de la norma jurídica, teniendo en cuenta que en ella se señala que el concepto de capacidad psicofísica tiene una vigencia de 3 meses, lo cual no fue desconocido por el Tribunal demandado, sino que se tuvo en cuenta en función de las particularidades propias del caso concreto del actor. (…) para la Sala, tal cual como lo consideró el Tribunal Administrativo del Meta, el Acta de Junta Médico Laboral núm. 1352 de 15 de junio de 2006 no expiró en sus efectos jurídicos, en la medida en que, precisamente, el actor fue reubicado en el transcurso de dicho término de 3 meses en un cargo administrativo adscrito a la Oficina de Prensa de DEMET, situación en la que se mantuvo hasta el día de su renuncia a la reubicación laboral. En ese sentido, se materializó el efecto dispuesto en el concepto de capacidad psicofísica del actor, es decir, al aplicarse la consecuencia jurídica de la reubicación laboral esta no perdió vigencia alguna, por lo que no es posible entender que hubo un resurgimiento ipso iure del concepto de aptitud para el servicio, puesto que, claramente, el actor ya se encontraba ejerciendo el cargo respectivo con ocasión de esa reubicación laboral sugerida en atención a la disminución de su capacidad psicofísica.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1796 DE 2000 – ARTÍCULO 7 – INCISO 2 / DECRETO 1791 DE 2000 – ARTÍCULO 55 – NUMERAL 1 / DECRETO 1791 DE 2000 – ARTÍCULO 55 – NUMERAL 3

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03211-01(AC)

Actor: FREDY ANTONIO AGUDELO CEBALLOS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META

Tema: Defecto sustantivo por aplicación indebida de normas jurídicas/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso e ii) igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 22 de julio de 2021 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual negó la solicitud de amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 26 de marzo de 2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 500013333006201200211-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en síntesis, son los siguientes:

Indicó que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 01820 de 1 de junio de 2012, “[…] por la cual se le retiró del servicio activo de la Policía Nacional […]”. Para tal efecto, señaló que formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Que se DECLARE la NULIDAD de la Resolución No 01820 del 1 de junio de 2012, acto que le fue notificado al demandante el día 21 de junio de 2012, por la cual se le retiró del servicio activo de la POLICÍA NACIONAL en el grado de Intendente, por disminución de la capacidad psicofísica.

2.- Que, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se CONDENE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL a reintegrarlo sin solución de continuidad al grado actual del cual fue retirado, es decir, como Intendente, y se ordene que sea llamado para adelantar el curso para Intendente Jefe y, una vez ascendido, se ordene nuevamente que sea llamado para adelantar curso al grado de Subcomisario, si tiene el tiempo cumplido para cada grado respectivamente, es decir, que se ordene su reintegro, sin perder de vista el grado, ni la antigüedad de sus compañeros de curso o promoción.

3.- Que se ORDENE reconocer y pagar en su favor los dineros dejados de percibir por concepto de salarios, desde el momento en que se produjo su retiro de la Institución, hasta cuando con sentencia ejecutoriada se ordene el reintegro al servicio activo de la POLICÍA NACIONAL; asimismo, el pago de primas, subsidios, cesantías, aumentos salariales, vacaciones, prestaciones, y demás erogaciones dejadas de percibir con la indexación que en derecho corresponda.

4.- Que se CONDENE a la Entidad accionada a reconocer y pagar los daños morales por la postración física y anímica sufrida, en razón a su intempestivo retiro Institucional, en 100 SMLMV.

5.- Que se ORDENE, que, al momento de pagar el fallo ejecutoriado, no se descuenten los dineros que pueda haber recibido por parte del Estado, es decir, por asignación de retiro, de cuerdo (sic) con lo expresado por el CONSEJO DE ESTADO, en fallos del 3 de abril de 2008, expedientes No 2001-83645 y No 2002-354.

6.- Que se ORDENE a la Entidad demandada dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 187, 188 y 192 del C.P.A.C.A. […]”.

Sentencia proferida el 20 de febrero de 2015 por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Villavicencio dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 500013333006201200211-00

El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Villavicencio, resolvió i) declarar la nulidad de la Resolución núm. 01820 de 1 de junio de 2012 y ordenar el reintegro del demandante sin solución de continuidad, sin que esto fuera óbice para que la Entidad demandada pudiera valorar nuevamente la capacidad psicofísica del demandante, conforme con el procedimiento previsto en el Decreto 1796 de 14 de septiembre de 2000; y ii) negó las demás pretensiones.

Al respecto, precisó que no era de su competencia ordenar que el demandante fuera llamado a cursos para ascenso, toda vez que se trataba de un procedimiento regulado por la ley y para el cual se debían acreditar unos requisitos específicos.

Señaló que no era procedente acceder a la pretensión relacionada con “[…] no se descuenten los dineros que pueda haber recibido por parte del Estado, es decir, por asignación de retiro […]”, por cuanto al ordenarse su reintegro sin solución de continuidad, se sobreentendía que siempre había estado en servicio activo, es decir, no tenía derecho a que se le reconociera y pagara la asignación de retiro.

Como fundamento de su decisión, manifestó que, si bien, en principio, resultaba viable retirar del servicio al accionante, por cuanto pese a que el Acta de Junta Médica Laboral núm. 1352 de 15 de junio de 2006 señaló que era procedente su reubicación laboral en funciones administrativas, docencia e instrucción, el demandante renunció a dicha reubicación administrativa el 19 de abril de 2012. Sin embargo, advirtió que teniendo en cuenta que i) el concepto de disminución de la capacidad laboral del actor establecido en el Acta de la Junta Médico Laboral núm. 1532 de 15 de junio de 2006, fue notificado al interesado el 4 de agosto de 2006, y ii) frente a dicho concepto no se convocó, dentro de los 4 meses siguientes a su notificación, al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar; el acta expuesta supra quedó ejecutoriada el 5 de diciembre de 2006, razón por la cual perdió su vigencia el 5 de marzo de 2007.

En ese orden de ideas, concluyó que el Acta de Junta Médica Laboral núm. 1352 de 15 de junio de 2006 ya había perdido su validez cuando se expidió la Resolución núm. 01820 de 1 de junio de 2012 y, en consecuencia, no podía producir efectos legales, “[…] además, de que, el concepto de aptitud del actor antes de la expedición de la prenombrada acta, ya había recobrado su vigencia […]”.

Precisó que, el hecho de que el actor hubiera renunciado a la reubicación laboral recomendada en el Acta de Junta Médica Laboral no implicaba que esta hubiese recobrado vigencia alguna ni pudiera producir efectos legales.

Finalmente, expresó que el demandante renunció a la reubicación laboral, pero no a su condición de Intendente de la Policía Nacional, para cuyo ejercicio se debía considerar apto, en razón a la pérdida de vigencia del Acta de Junta Médica Laboral de la referencia.

Sentencia proferida el 26 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo del Meta dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 500013333006201200211-01

El Tribunal Administrativo del Meta dispuso:

“[…] PRIMERO: REVOCAR íntegramente la sentencia proferida el 20 de febrero de 2015, por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO, mediante la cual había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda, disponiendo, en su lugar:

“NIEGANSE (sic) las súplicas de la demanda en este asunto, por las razones sentadas en la parte considerativa en esta decisión de segunda instancia.”

SEGUNDO: CONDENAR en costas de las dos instancias al demandante en este caso, con fundamento en el numeral 4o del artículo 365 del CGP; liquídense oportunamente por el a quo, incluidas las agencias en derecho. […]”.

Dentro de sus consideraciones indicó que:

“[…] 1.- Efectivamente, en el Acta de Junta Médico Laboral de la POLICIA (sic) NACIONAL, a la cual hace referencia el acto de retiro, que se encuentra a folios 15, 16 y 143, 144 del cuaderno de 1ª instancia, fue expedida el 15 de junio de 2006 y en ella_se (sic) estimó que el actor presentaba una disminución laboral por incapacidad permanente parcial del 10.5%, por lo que se consideró no apto para continuar desarrollando las actividades propias del servicio policial, sin embargo se conceptuó favorablemente sobre la reubicación laboral en labores administrativas, docencia e instrucción, siendo notificada personalmente al accionante, el 4 de agosto de 2006, haciéndosele saber el derecho que tenía de reclamar por escrito ante la Secretaría General del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, la Convocatoria del Tribunal Médico Laboral y Revisión Militar con un plazo de 4 meses a partir de la fecha de la notificación, sin que haya sucedido (fl 17 C-1ª inst).

2.- Según se desprende del contenido de los folios 164 al 166 del expediente digital alojado en el aplicativo TYBA, que se corresponden con los folios 146 y siguientes del expediente en físico, luego de que el demandante, señor FREDY ANTONIO AGUDELO CEBALLOS, fuera valorado en su estado de salud, según Acta de Junta Médico-Laboral de Policía No. 1352 del 15 de junio de 2006 antes descrita, en consonancia con la reubicación laboral recomendada, aparece el CONCEPTO DE SALUD OCUPACIONAL PARA REUBICACIÓN LABORAL, que acredita que dicha reubicación en labores administrativas se materializó, pues, a esa fecha de revisión del caso, 22-08-2007 y pasados cerca de 13 meses desde que se determinó la disminución de la capacidad sicofísica del Subintendente AGUDELO CEBALLOS, el médico especialista en Salud Ocupacional de la Regional Bogotá de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional referenció los siguientes hechos que resultan relevantes en la intelección que corresponde al caso:

Que el citado servidor de la Policía Nacional se le había diagnosticado en la señalada Junta Medico (sic) – Laboral una LUXOFRACTURA TRIMALEOLAR DEL TOBILLO DERECHO, CON LIMITACIÓN DEL MOVIMIENTO, que se había recomendado por los valorantes su reubicación laboral y que para la fecha de esa revisión (22-08-2007) llevaba reubicado un (1) año y tres (3) meses, en la OFICINA DE PRENSA DEMET (sic).

3.- En el juicio de la Sala mayoritaria, el documento antes descrito, soslayado en el fallo de primera instancia, implica entender que no se trata de un típico caso de los recogidos en las sentencias del Consejo de Estado allegadas al diligenciamiento por el demandante, en que el nominador de la Policía Nacional haya dejado transcurrir más de los 3 meses señalados en el artículo 7º del Decreto 1796 de 2000 para hacer efectiva la consecuencia jurídica del retiro del servicio por disminución de la capacidad sicofísica y que, por ello, ese acto retiro sea anulable por la violación de supuestos normativos a los que debía estar sometido.

Por el contrario, al tratarse de un caso de disminución de la capacidad sicofísica con recomendación de reubicación laboral acatada, necesariamente, debe entenderse que dicha valoración de las autoridades médico-laborales, contenida en el Acta de Junta Medico (sic)-Laboral de Policía, No. 1352 del 15 de junio de 2006, no expiró en sus alcances y efectos; produjo su efecto inicial al concretarse la reubicación del señor AGUDELO CEBALLOS en un cargo administrativo adscrito a la Oficina de Prensa de DEMET y de ahí en adelante lo mantuvo en esa novedad de personal especialísima de las fuerzas militares y policía que, en general, tienen destinados a sus integrantes de fila para fines misionales.

4.- El itinerario lógico formal de los hechos antes descritos, que mantenía al Intendente AGUDELO CEBALLOS en un cargo administrativo – cual fuere en el 2012-, terminó cuando el mismo intendente (sic), en misiva del 19 de abril de 2012, inequívoca e irrevocablemente renuncio (sic) al beneficio de la reubicación laboral y pidió directamente a su nominador – Directos (sic) de la Policía Nacional- que fuera retirado del servicio por disminución de la capacidad sicofísica, pues, textualmente en tal escrito señaló:

5.- En ese orden de ideas, al no tratarse de una casuística con perdida (sic) de efectos de la calificación de disminución de la capacidad sicofísica del demandante y del resurgimiento ipso jure del concepto de aptitud para el servicio, mal puede patrocinarse la incoherente tesis del demandante y/o de su apoderado, en el sentido de una flagrante violación de los parámetros del artículo 7º del Decreto 1796 de 2000, pues, se insiste por la Sala mayoritaria, el Acta de Junta Medico (sic)-Laboral de Policía, No. 1352 del 15 de junio de 2006, mantuvo sus efectos y supuesta vinculante hasta cuando por voluntad propia del ahora demandante, se solicitó y se concretó su retiro del servicio con la Resolución 01820 del 01 de junio de 2012, pues, fue con la ejecución de esta nueva novedad de personal que el señor FREDY ANTONIO AGUDELO CEBALLOS abandonó funciones dentro del cargo del área administrativo del Comando de Policía Meta.

6.- En el anterior contexto de hecho, se concluye por el Tribunal Administrativo del Meta, que la Resolución 01820 del 1º de junio de 2012, no hizo más que acoger la solicitud de baja del servicio irrevocablemente presentada por el demandante, señor FREDY ANTONIO AGUDELO CEBALLOS; siendo coincidentes en el propósito y en la causa, tanto la misiva del demandante, como el acto incoherentemente demandado, pues, en las dos manifestaciones de voluntad, se plasmó que se aplicaba la causal de retiro del servicio contenida en el numeral 3º del artículo 55 del Decreto 1791 de 2000, que a la letra señala:

“ARTÍCULO 55. CAUSALES DE RETIRO. El retiro se produce por las siguientes causales:
Por solicitud propia.
Por llamamiento a calificar servicios.
Por disminución de la capacidad sicofísica.
(… …)

Serán éstas las razones suficientes para revocar integralmente el fallo de primera instancia en este caso y para relevarse el Tribunal Administrativo del Meta de hacer alguna consideración acerca del problema público concurrente, atrás señalado y referido a la procedencia o no de eventuales descuentos en la condena en favor del demandante, por concepto de asignaciones salariales o de retiro que pudiere haber devengado el señor AGUDELO CEBALLOS después de su retiro del servicio con el actor demandado que, entonces, se considera ajustado a la legalidad.

CONDENA EN COSTAS

La condena en costas se encuentra regulada en el artículo 188 del C.P.A.C.A, debiendo el Juez pronunciarse sobre su procedencia en la sentencia, salvo cuando se trate de un asunto de interés público, cuya liquidación y ejecución se deberá regir por las normas de CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, hoy CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.

El numeral 4º del artículo 365 del CGP indica que cuando en la sentencia de segunda instancia se revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias, las que en este caso aparecen acreditadas, pues, la entidad demandada, a través de sus apoderados, activo y atendió diligentemente las dos distancias de este proceso, por lo que las mismas, incluidas las agencias en derecho, deben ser liquidadas por el a quo, oportunamente. […]”. (Resaltado del texto original)

La solicitud de tutela

Pretensiones

El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se tutelen los derechos fundamentales del señor IT FREDY ANTONIO AGUDELO CEBALLOS al debido proceso y al derecho a la igualdad, por la violación constitucional que comporta la Sentencia de fecha 26 de marzo de 2021 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META – SALA CUARTA ORAL MP DR. HÉCTOR ENRIQUE REY MORENO, por defecto sustantivo – material.

2. Se ordene a la accionada Ad-Quem TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META – SALA CUARTA ORAL EL MP MP (sic) DR. HÉCTOR ENRIQUE REY MORENO, DICTAR NUEVA SENTENCIA, QUE SUSTITUYA AL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA, PROCEDIENDO A CONFIRMAR EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA, sentencia que se debe dictar dando correcta aplicación al INCISO 2 DEL ARTÍCULO 7° DEL DECRETO 1796 DE 2000 y correcta aplicación a los numerales 1 y 3 del Artículo 55 DEL DECRETO 1791 DEL 2000.

3. Se conmine al Tribunal accionado a seguir dichos parámetros para resolver casos de similitud fáctica y jurídica para evitar desgastes a la justicia constitucional […]”.

Como fundamento de la solicitud de amparo indicó que, a su juicio, la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo por indebida aplicación de una norma jurídica, en concreto la aplicación de “[…] el INCISO 2 DEL ARTÍCULO 7° DEL DECRETO 1796 DE 2000 y la incorrecta aplicación a los numerales 1 y 3 del Artículo 55 DEL DECRETO 1791 DEL 2000 […]”.

Frente a la indebida aplicación de los numerales 1.° y 3.° del artículo 55 del Decreto 1791 de 14 de septiembre de 2000, señaló lo siguiente:

“[…] LA ACCIONADA CREÓ UNA NUEVA CAUSAL DE RETIRO EN LA POLICÍA DENOMINADA “RETIRO POR SOLICITUD PROPIA CON DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD PSICOFÍSICA” ES DECIR HIZO UN HÍBRIDO-BINOMIO NORMATIVO ENTRE LA CAUSAL 1 Y LA 3 DEL ARTÍCULO 55 DEL DECRETO LEY 1791 DEL 2000 – DEFECTO SUSTANTIVO […]”

[…]

“[…] Lo anterior tiene varios aspectos a tener en cuenta que, el Tribunal ni por equivocación abordó, lo PRIMERO sería que el Tribunal intentó convalidar el acto de retiro acusado haciéndolo ver como un retiro por “VOLUNTAD PROPIA”, esto comporta un gran problema puesto que la Ley especial de retiros no establece en ninguna parte que, dicha causal de retiro pueda ser aplicada a solicitud del interesado, para dichos casos se estableció la causal de “SOLICITUD PROPIA” en el numeral 1 del Artículo 55 del Decreto Ley 1791 del 200 (sic). Lo SEGUNDO sería que la Policía Nacional estaba en todo su derecho de no aceptar dicha solicitud del demandante, y haberle pedido que de manera libre y espontánea presentara su solicitud de retiro y TERCERO que la Policía Nacional en su autonomía jurídica y administrativa no tenía por qué retirar al demandante sin antes haber renovado exámenes de retiro y Junta Médica para evitar una demanda […]”.

[…]

“[…] De acuerdo a lo anterior se prueba con toda claridad que el Tribunal accionado hizo una mixtura entre la causal 1 y la 3 del Artículo 55 del Decreto Ley 1791 del 2000, para revocar el fallo de primera instancia y creando así una nueva causal de retiro, que se traduce en legislación por vía de sentencia, la cual es una competencia exclusiva de la Rama Legislativa del Poder Público.

LA RENUNCIA A LA REUBICACIÓN LABORAL NO ES COMPARABLE CON LA SOLICITUD DE RETIRO.

Este subtítulo complementa el presente título en el sentido de hacer la diferenciación de los efectos jurídicos de una “RENUNCIA A LA REUBICACIÓN LABORAL”, que no es otra cosa que la renuncia que hace el uniformado a las labores docentes o administrativa propias de la reubicación laboral, es decir, que el uniformado renuncia a esa prebenda laboral y la institución puede volver a ubicarlo en labores de vigilancia sin ningún tipo de responsabilidad patronal en caso de afecciones de salud, por lo anterior es que es inaceptable la postura de Tribunal accionado en el sentido de hacer ver que la renuncia a la reubicación laboral significa que obligatoriamente el Policía debe ser retirado, interpretación que desborda la autonomía judicial y crea un daño antijurídico […]”.

En relación con la indebida aplicación del inciso 2.° del artículo 7 del Decreto 1796 de 14 de septiembre de 2000, manifestó lo siguiente:

“[…] Una situación que el Tribunal no tuvo en cuenta en la sentencia atacada fue que también los exámenes médicos del demandante se encontraban vencidos, puesto que la validez de estos es de solo dos (2) meses, de acuerdo a la misma norma arriba mencionada […]”.

[…]

“[…] Lo anterior se traduce en que a pesar de la extrema claridad de la norma frente a la vigencia de los exámenes y concepto de aptitud, que son de dos (2) y tres (3) meses respectivamente, al Tribunal poco o nada le importó asegurar lo contrario y decir que después de seis (6) años de realizada la Junta y los exámenes los mismos mantenían sus efectos y su fuerza vinculante sin ahondar en un mínimo de argumentación jurídica para justificar su postura, lo anterior resulta en extremo grave y violatorio de derechos fundamentales puesto que la aplicación de la norma no puede estar sujeta a interpretaciones caprichosas y contraevidentes del operador jurídico, tal cual como ocurrió en el presente caso.

Es tan notorio el defecto sustantivo que el Salvamento de Voto aporta muchos más criterios axiológicos y materiales para resolver el presente caso.

La norma que señalo como aplicada de forma contraevidente en ninguno de sus apartes consagra que si el uniformado renuncia a la reubicación este podrá y deberá ser retirado del servicio, interpretación que fue hecha por el Tribunal, sabrá Dios por qué, ya que de la lectura del fallo no se puede deducir que la teoría aplicada por el Tribunal tenga respaldo en la norma antes mencionada o el (sic) alguna otra por analogía y mucho menos se tomaron la tarea de citar algún antecedente jurisprudencial del Honorable Consejo de Estado, lo que redunda en el defecto alegado.

El fallo atacado usa como pilar de su argumentación la imagen de la solicitud hecha por el demandante de su renuncia a la reubicación laboral, y aclara que fue el mismo el que pidió ser retirado, debo señalar que mi cliente no es abogado, no tiene formación jurídica y su solicitud fue elevada por motivos viscerales, ya que no le gustaban las labores propias de la reubicación laboral, esta persona debió ser orientada por la policía nacional para solicitar en debida forma su retiro si es que esa hubiese sido su voluntad y no proceder como efectivamente lo hizo, lo que conllevo a una actuación administrativa irregular y posteriormente al DEFECTO SUSTANTIVO que hoy no ocupa […]”.

Actuación

El Despacho sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto de 1 de junio de 2021; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Cuarta Oral del Tribunal Administrativo del Meta; iii) vinculó al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Villavicencio y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular; iv) ordenó publicar en la página web del Consejo de Estado dicha providencia para el conocimiento de todos los terceros interesados; y v) negó la solicitud del actor de oficiar a la autoridad demandada para que enviara copia del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de debate.

Intervenciones de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de amparo, al considerar que en el caso sub examine el actor no acreditó la configuración del defecto sustantivo.

Indicó que:

“[…] Considerando que dada la misionalidad Constitucional y legal asignada a la Policía Nacional, deberá contar con personal idóneo y apto para asumir la responsabilidad encomendada, exceptuando a aquellos funcionarios que a pesar de haber sido declarados no aptos para el servicio, tuvieran capacidades para ser aprovechadas en labores administrativas, docentes o de instrucción, contrario sensu a la valoración del señor Intendente (R) FREDY ANTONIO AGUDELO CEBALLOS, pues el concepto del Galeno sustentando en el Acta de la Junta Médica Laboral de Policía núm. 1352 fechada el 15 de junio de 2006, lo determinó NO APTO PARA ACTIVIDAD POLICIAL CON REUBICACIÓN LABORAL.

Podemos concluir, que evidentemente la Sala Cuarta Oral del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, fundamentó su decisión en las legislaciones expedidas en el régimen especial de la Policía Nacional, las cuales permitieron establecer que el Acta Administrativo No. 01820 fechado primero 1º de junio de 2012, a través del cual se retiró del servicio activo al señor Intendente (R) FREDY ANTONIO AGUDELO CEBALLOS por la causal denominada disminución de la capacidad psicofísica, tuvo fundamento en la solicitud elevada por el recurrente, donde renunció a la reubicación ahora otorgada en el Acta de la Junta Médica Laboral de Policía núm. 1352. […]”.

Además, consideró que:

“[…] Por los argumentos jurídicos expuestos en líneas precedentes por esta Oficina Asesora, se denota la intención desleal del accionante al hacer incurrir al Juez Constitucional en una mala interpretación de la norma, pues el término de tres meses que hace alusión el inciso 2 del artículo 7 del Decreto Ley 1796 de 2000, se da su aplicación cuando el criterio médico tanto de la Junta Médico Laboral, así como del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, al valorar la capacidad psicofísica del personal Uniformado de la Policía Nacional es declarado NO APTO PARA EL SERVICIO, SIN SUGERENCIA DE REUBICACIÓN LABORAL. […]”.

Manifestó que, el actor no demostró la configuración de un perjuicio irremediable como mecanismo transitorio para la procedencia de la acción de tutela. Para tal efecto, precisó que:

“[…] En este orden de ideas resulta necesario aclarar que la presente acción de tutela es plenamente improcedente, teniendo en cuenta LA INEXISTENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE OCASIONADO AL SEÑOR INTENDENTE (R) FREDY ANTONIO AGUDELO CEBALLOS, ya que dentro del escrito de tutela no se ha probado efectivamente la existencia de los mismos y se deriven de la decisión emitida por la Sala Cuarta Oral del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, porque a la fecha se encuentra percibiendo mensualmente su asignación de retiro, desvirtuando así, que el accionante haya sufrido algún tipo de perjuicios inminentes, graves, urgentes e impostergables Y QUE NO ESTÉ EN LA OBLIGACIÓN JURÍDICA DE SOPORTAR.

De igual manera, es importante indicar la inexistencia de un perjuicio irremediable al accionante con ocasión del retiro, pues, a pesar de su supuesta discapacidad laboral ha podido ejercer actividades laborales de su preferencia, en el período comprendido del 18 de agosto de 2014 al 30 de noviembre de 2015, en calidad de cotizante en la entidad SALUDCOOP E.P.S., en el régimen contributivo. […]”.

Concluyó que:

“[…] Por lo anterior, no considera esta Oficina Asesora, que frente al caso que te somete a análisis del Honorable Consejero, se esté ante el acontecimiento un perjuicio irremediable o de una amenaza inminente e INJUSTIFICADA, que amerite la procedencia de la tutela como mecanismo para acceder al reconocimiento de las pretensiones solicitadas por el señor Intendente (R) FREDY ANTONIO AGUDELO CEBALLOS, máxime cuando el (sic) mismo hizo uso de otras vías de protección jurisdiccional que son las idóneas para resolver la Litis que raramente se proponen la presentación y que por lo mismo genera su improcedencia, teniendo en cuenta que ésta es un mecanismo de protección subsidiario. Además, los hechos constitutivos del perjuicio por no estar exentos de prueba, deben acreditarse carga probatoria que le incumbe a la parte actora. […]”.

Además, adujo que, “[…] el señor Intendente (R) FREDY ANTONIO AGUDELO CEBALLOS de la presente acción, contó con la oportunidad procesal, ejerciendo su derecho de defensa y contradicción, con las determinaciones adoptadas por la decisión judicial proferida por el fallador contencioso de instancia; espacios judiciales que le permitieron aportar las pruebas que consideró pertinentes, con todas las garantías adjetivas que integran el debido proceso. […]”.

Concluyó que, “[…] Por lo anterior, nótese Honorable Consejero como el señor Intendente (R) FREDY ANTONIO AGUDELO CEBALLOS lo que pretende es revivir un debate jurídico por medio del uso abusivo de la acción constitucional, al tratar de convertir un mecanismo excepcional en una tercera instancia, razón suficiente para solicitar se declare improcedente las pretensiones incoadas en el escrito tutelar. […]”.

La Sala Cuarta Oral del Tribunal Administrativo del Meta y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Villavicencio, guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia de 22 de julio de 2021, resolvió lo siguiente:

“[…] 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por Fredy Antonio Agudelo Ceballos […]”.

Como fundamento de su decisión, manifestó que:

“[…] el Tribunal Administrativo encontró que en el concepto proferido por la Junta Médico Laboral el 15 de junio de 2006 calificó al actor con una disminución del 10.5 %, por lo que lo consideró no apto para continuar en el servicio y conceptuó favorablemente la reubicación en labores administrativas en esa misma institución.

Además, señaló que el actor fue reubicado en una dependencia administrativa en la Policía Nacional, cargo que desempeñó hasta el 19 de abril de 2012, fecha en la que el señor Agudelo Ceballos presentó renuncia a su reubicación, que fue aceptada mediante Resolución 01280 del 1 de junio de 2012.

Por ello, concluyó que el acta proferida por la Junta Médico Laboral mantuvo sus efectos hasta la fecha de presentación de renuncia del actor, y que el acto administrativo de retiro se profirió como consecuencia de la solicitud presentada por el mismo señor Agudelo Ceballos.

De igual forma, advirtió que la jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado, respecto a casos similares, no era aplicable en el presente asunto, puesto que el retiro del servicio se dio como consecuencia de la presentación de la renuncia por parte del actor.

Sobre el particular, encuentra la Sala que el análisis realizado por el Tribunal condujo a que, con fundamento en los medios probatorios, encontrara que el retiro del señor Agudelo Ceballos ocurrió, precisamente, por la presentación de la renuncia. Por esta razón, justamente, no le asiste razón al actor en afirmar que el tribunal creo (sic) una nueva causal de retiro porque, como se vio, lo que se determinó fue que el demandante renunció al cargo.

El tribunal no desconoció la disminución de la capacidad física del actos (sic), por el contrario, de las pruebas aportadas, determinó que “(…) inequívoca e irrevocablemente renunció al beneficio de la reubicación laboral y pidió directamente a su nominador- Director de la Policía Nacional – que fuera retirado del servicio por disminución de la capacidad sicofísica”.

De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que el Tribunal Administrativo del Meta no incurrió en el defecto invocado por la parte actora, porque, como se vio, la autoridad judicial demandada expuso con suficiencia que existió un hecho determinante que debía ser tenido en cuenta para resolver la litis, esto es, que el acto administrativo de retiro fue proferido como consecuencia de la solicitud presentada por el mismo actor.

Así mismo, justificó de manera razonable por qué el acta proferida por la junta médico laboral mantuvo sus efectos hasta que renunció, pues, como se vio, justamente el dictamen fue el que permitió que el actor se mantuviera reubicado en labores administrativas y, ante la negativa de mantenerse vinculado de esa forma, resultaba válido que fuera desvinculado.

Luego, la Sala concluye que la decisión que adoptó el Tribunal Administrativo del Meta resulta razonable y válida y, además, atendió a los argumentos expuestos […]”.

La impugnación

El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, para lo cual afirmó que:

“[…] En el fallo recurrido se evidencia que el despacho no comprendió el fin de la tutela, es decir, no estudió de fondo el asunto de la tutela el cual se encaminó a demostrar que la validez del Acta de la Junta Médico-Laboral de Policía se encontraba viciada por lo consagrado en el inciso 2 del Artículo 7° del Decreto 1796 de 2000, donde indica que la validez es de solo tres (3) meses y para el caso en concreto fue “válido” luego de transcurrir seis (6) años, pues el Tribunal argumenta que el acta mantuvo sus efectos y su fuerza vinculante, siendo esto un total desacierto.

Es claro que es (sic) despacho de forma perezosa y despreocupada, simplemente tomó los argumentos del Tribunal accionado para fallar en contra la tutela y negar las pretensiones de la misma, pues ni siquiera se tomó la tarea de argumentar de manera independiente como Alta Corte que es, si no por lo contrario continua con la tesis del Tribunal indicando que “justificó de manera razonable por qué el acta proferida por la junta medico (sic) laboral mantuvo sus efectos hasta que renuncio (sic) …” (folio 8) es decir no importó la Ley antes mencionada, que señala el tiempo de validez, pues tanto el Tribunal como esta alta corte, afirman que continua siendo válida luego de transcurrir seis (6) años.

Como tampoco valoró siquiera un poco la postura plasmada ampliamente en el salvamento de voto de fecha 12 de abril de 2021 […]”.

El actor reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela, relacionados con i) la indebida aplicación de los numerales 1.° y 3.° del artículo 55 del Decreto 1791 de 14 de septiembre de 2000 y ii) la indebida aplicación del inciso 2.° del artículo 7 del Decreto 1796 de 14 de septiembre de 2000.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la sala

Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 2021 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y de ser así, iii) determinar si el Tribunal Administrativo del Meta, al proferir la sentencia de 26 de marzo de 2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 500013333006201200211-01, vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor, al incurrir en un defecto sustantivo por indebida aplicación de una norma jurídica.

Para resolver el anterior problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por indebida aplicación de una norma jurídica; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso, vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; vii) análisis del caso concreto, y finalmente las viii) conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.

34.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del actor al debido proceso y a la igualdad.

34.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de los derechos fundamentales invocados supra, y además, ii) el actor cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un en defecto sustantivo por aplicación indebida de normas jurídicas.

34.3. Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, en el escenario del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.

34.4. Cumplió con el principio de inmediatez.

34.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la parte actora pueda lograr la protección de los derechos invocados.

34.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario hacer un análisis de este requisito;

34.7. El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y

34.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Defecto sustantivo por aplicación indebida de una norma jurídica

La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura el defecto sustantivo:

“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad jurídica.

En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:

El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.

No se hace una interpretación razonable de la norma.

Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga omnes.

La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.

El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.

La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.

Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente […]”. (Subrayado por la Sala).

En ese orden de ideas, uno de los eventos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es cuando el juez incurre en un defecto sustantivo por haber aplicado indebidamente una norma jurídica, que terminó siendo relevante para resolver el caso concreto.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Análisis del caso concreto

El actor presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 26 de marzo de 2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 500013333006201200211-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el actor en su respectivo escrito de tutela y la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentran los siguientes documentos:

Copia de la sentencia de 26 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 500013333006201200211-01.

Solución del caso concreto

Análisis del presunto defecto sustantivo por aplicación indebida de los numerales 1.° y 3.° del artículo 55 del Decreto 1791 de 14 de septiembre de 2000

Al respecto, el actor manifestó que:

“[…] LA ACCIONADA CREÓ UNA NUEVA CAUSAL DE RETIRO EN LA POLICÍA DENOMINADA “RETIRO POR SOLICITUD PROPIA CON DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD PSICOFÍSICA” ES DECIR HIZO UN HÍBRIDO-BINOMIO NORMATIVO ENTRE LA CAUSAL 1 Y LA 3 DEL ARTÍCULO 55 DEL DECRETO LEY 1791 DEL 2000 – DEFECTO SUSTANTIVO […]”

[…]

“[…] Lo anterior tiene varios aspectos a tener en cuenta que, el Tribunal ni por equivocación abordó, lo PRIMERO sería que el Tribunal intentó convalidar el acto de retiro acusado haciéndolo ver como un retiro por “VOLUNTAD PROPIA”, esto comporta un gran problema puesto que la Ley especial de retiros no establece en ninguna parte que, dicha causal de retiro pueda ser aplicada a solicitud del interesado, para dichos casos se estableció la causal de “SOLICITUD PROPIA” en el numeral 1 del Artículo 55 del Decreto Ley 1791 del 200 (sic). Lo SEGUNDO sería que la Policía Nacional estaba en todo su derecho de no aceptar dicha solicitud del demandante, y haberle pedido que de manera libre y espontánea presentara su solicitud de retiro y TERCERO que la Policía Nacional en su autonomía jurídica y administrativa no tenía por qué retirar al demandante sin antes haber renovado exámenes de retiro y Junta Médica para evitar una demanda […]”.

[…]

“[…] De acuerdo a lo anterior se prueba con toda claridad que el Tribunal accionado hizo una mixtura entre la causal 1 y la 3 del Artículo 55 del Decreto Ley 1791 del 2000, para revocar el fallo de primera instancia y creando así una nueva causal de retiro, que se traduce en legislación por vía de sentencia, la cual es una competencia exclusiva de la Rama Legislativa del Poder Público.

LA RENUNCIA A LA REUBICACIÓN LABORAL NO ES COMPARABLE CON LA SOLICITUD DE RETIRO.

Este subtítulo complementa el presente título en el sentido de hacer la diferenciación de los efectos jurídicos de una “RENUNCIA A LA REUBICACIÓN LABORAL”, que no es otra cosa que la renuncia que hace el uniformado a las labores docentes o administrativa propias de la reubicación laboral, es decir, que el uniformado renuncia a esa prebenda laboral y la institución puede volver a ubicarlo en labores de vigilancia sin ningún tipo de responsabilidad patronal en caso de afecciones de salud, por lo anterior es que es inaceptable la postura de Tribunal accionado en el sentido de hacer ver que la renuncia a la reubicación laboral significa que obligatoriamente el Policía debe ser retirado, interpretación que desborda la autonomía judicial y crea un daño antijurídico […]”. (Resaltado por la Sala)

La norma jurídica en cuestión establece, respectivamente, lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 55. CAUSALES DE RETIRO.  El retiro se produce por las siguientes causales:

Por solicitud propia.

Por llamamiento a calificar servicios.

<CONDICIONALMENTE exequible> Por disminución de la capacidad sicofísica.

Por incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez.

Por destitución.

6. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Por voluntad del Gobierno para oficiales y del Ministro de Defensa Nacional, o la Dirección General de la Policía Nacional por delegación, para el nivel ejecutivo, los suboficiales y los agentes.

7. Por no superar la escala de medición del Decreto de Evaluación del Desempeño Policial.

8. Por incapacidad académica.

9. Por desaparecimiento.

10. Por muerte […]”. (Resaltado por la Sala)

La autoridad judicial accionada consideró que:

“[…] Que el citado servidor de la Policía Nacional se le había diagnosticado en la señalada Junta Medico (sic) – Laboral una LUXOFRACTURA TRIMALEOLAR DEL TOBILLO DERECHO, CON LIMITACIÓN DEL MOVIMIENTO, que se había recomendado por los valorantes su reubicación laboral y que para la fecha de esa revisión (22-08-2007) llevaba reubicado un (1) año y tres (3) meses, en la OFICINA DE PRENSA DEMET.

3.- En el juicio de la Sala mayoritaria, el documento antes descrito, soslayado en el fallo de primera instancia, implica entender que no se trata de un típico caso de los recogidos en las sentencias del Consejo de Estado allegadas al diligenciamiento por el demandante, en que el nominador de la Policía Nacional haya dejado transcurrir más de los 3 meses señalados en el artículo 7º del Decreto 1796 de 2000 para hacer efectiva la consecuencia jurídica del retiro del servicio por disminución de la capacidad sicofísica y que, por ello, ese acto retiro sea anulable por la violación de supuestos normativos a los que debía estar sometido.

Por el contrario, al tratarse de un caso de disminución de la capacidad sicofísica con recomendación de reubicación laboral acatada, necesariamente, debe entenderse que dicha valoración de las autoridades médico-laborales, contenida en el Acta de Junta Medico (sic)-Laboral de Policía, No. 1352 del 15 de junio de 2006, no expiró en sus alcances y efectos; produjo su efecto inicial al concretarse la reubicación del señor AGUDELO CEBALLOS en un cargo administrativo adscrito a la Oficina de Prensa de DEMET y de ahí en adelante lo mantuvo en esa novedad de personal especialísima de las fuerzas militares y policía que, en general, tienen destinados a sus integrantes de fila para fines misionales.

4.- El itinerario lógico formal de los hechos antes descritos, que mantenía al Intendente AGUDELO CEBALLOS en un cargo administrativo – cual fuere en el 2012-, terminó cuando el mismo intendente (sic), en misiva del 19 de abril de 2012, inequívoca e irrevocablemente renuncio (sic) al beneficio de la reubicación laboral y pidió directamente a su nominador – Directos (sic) de la Policía Nacional- que fuera retirado del servicio por disminución de la capacidad sicofísica, pues, textualmente en tal escrito señaló:

5.- En ese orden de ideas, al no tratarse de una casuística con perdida (sic) de efectos de la calificación de disminución de la capacidad sicofísica del demandante y del resurgimiento ipso jure del concepto de aptitud para el servicio, mal puede patrocinarse la incoherente tesis del demandante y/o de su apoderado, en el sentido de una flagrante violación de los parámetros del artículo 7º del Decreto 1796 de 2000, pues, se insiste por la Sala mayoritaria, el Acta de Junta Medico (sic)-Laboral de Policía, No. 1352 del 15 de junio de 2006, mantuvo sus efectos y supuesta vinculante hasta cuando por voluntad propia del ahora demandante, se solicitó y se concretó su retiro del servicio con la Resolución 01820 del 01 de junio de 2012, pues, fue con la ejecución de esta nueva novedad de personal que el señor FREDY ANTONIO AGUDELO CEBALLOS abandonó funciones dentro del cargo del área administrativo del Comando de Policía Meta.

6.- En el anterior contexto de hecho, se concluye por el Tribunal Administrativo del Meta, que la Resolución 01820 del 1º de junio de 2012, no hizo más que acoger la solicitud de baja del servicio irrevocablemente presentada por el demandante, señor FREDY ANTONIO AGUDELO CEBALLOS; siendo coincidentes en el propósito y en la causa, tanto la misiva del demandante, como el acto incoherentemente demandado, pues, en las dos manifestaciones de voluntad, se plasmó que se aplicaba la causal de retiro del servicio contenida en el numeral 3º del artículo 55 del Decreto 1791 de 2000, que a la letra señala:

“ARTÍCULO 55. CAUSALES DE RETIRO. El retiro se produce por las siguientes causales:
Por solicitud propia.
Por llamamiento a calificar servicios.
Por disminución de la capacidad sicofísica.
(… …)

Serán éstas las razones suficientes para revocar integralmente el fallo de primera instancia en este caso y para relevarse el Tribunal Administrativo del Meta de hacer alguna consideración acerca del problema público concurrente, atrás señalado y referido a la procedencia o no de eventuales descuentos en la condena en favor del demandante, por concepto de asignaciones salariales o de retiro que pudiere haber devengado el señor AGUDELO CEBALLOS después de su retiro del servicio con el actor demandado que, entonces, se considera ajustado a la legalidad […]”. (Resaltado por la Sala)

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo, toda vez que, contrario a lo expuesto por la parte actora, no se advierte lo que el actor denominó un “[…] HÍBRIDO-BINOMIO NORMATIVO […]” entre los numerales 1.° y 3.° del artículo 55 del Decreto 1791 de 14 de septiembre de 2000. En efecto, lo que la Sala observa es que el Tribunal Administrativo del Meta aplicó de forma clara, razonada y justificada el numeral 3.° del artículo 55 del Decreto 1791 de 14 de septiembre de 2000, tras advertir que i) el actor en su escrito de renuncia irrevocable solicitó la aplicación de dicha causal y ii) en efecto, en la Resolución núm. 01820 de 1 de junio de 2012 fue esta la causal que se aplicó para retirar al actor del servicio activo de la Policía Nacional, siendo coincidente en ello tanto la voluntad del actor, la voluntad de la Policía Nacional y los supuestos fácticos y jurídicos en los que se encontraba el tutelante en la institución.

En ese orden de ideas, revisado el contenido de la sentencia cuestionada, se observa que, de conformidad con el análisis del escrito mediante el cual el actor renunció a la reubicación laboral, el Tribunal dio aplicación al numeral 3.° del Decreto 1791 de 14 de septiembre de 2000, lo cual se considera ajustado a la norma y a la voluntad del actor y de la institución policial, más aún si se tiene en cuenta que dicha renuncia fue expuesta por el actor en los siguientes términos:

“[…] Respetuosamente me dirijo a mi General y haciendo uso del derecho constitucional, me permito informarle que renuncio de forma irrevocable a la reubicación laboral según junta médica laboral Nro. 1352 de fecha 15 de junio de 2006 mediante la cual fui declarado no apto para el servicio con reubicación laboral por disminución de la capacidad psicofísica.

Lo anterior para que surtan los trámites correspondientes, de conformidad con lo establecido en el Artículo 55, numeral 3 del Decreto 1791 del 14 de septiembre de 2000, en concordancia con el Artículo 25, parágrafo 2 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004 […]”. (Resaltado por la Sala)

Nótese que el mismo actor fue quien i) presentó su renuncia irrevocable a la reubicación laboral, ii) invocó el Acta de Junta Médica Laboral núm. 1352 de 15 de junio de 2006 y iii) solicitó se surtiera el trámite respectivo de conformidad con lo establecido en el numeral 3.° del artículo 55 del Decreto 1791 de 2000, es decir, el retiro de la institución por disminución de la capacidad psicofísica.

En efecto, si bien la Corte Constitucional señaló que “[…] el retiro por disminución de la capacidad sicofísica del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional sólo procede cuando el concepto de la Junta Médico Laboral sobre reubicación no sea favorable y sus capacidades no puedan ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción […]”, no se advierte que se haya desconocido los términos en los que la Corte ordenó debía entenderse dicha norma, toda vez que, en el caso del actor se conceptuó a favor de su reubicación laboral y el actor se acogió a dicha reubicación; cuestión distinta es que presentó su renuncia irrevocable frente a esa reubicación laboral y él mismo solicitó su retiro en aplicación de la causal 3 del artículo 55 del Decreto 1791 de 2000, por lo que, en atención a esa disminución de la capacidad psicofísica, era razonable su retiro del servicio, puesto que ante su renuncia, sus capacidades no podían ser aprovechadas en otras actividades distintas a las administrativas, docentes o de instrucción.
Frente a la determinación y evaluación de la capacidad psicofísica de la Fuerza Pública, la Corte Constitucional ha señalado:

“[…] La determinación y evaluación de la capacidad psicofísica de los miembros de la Fuerza Pública está regulada en el Decreto 1796 de 2000, el cual define la capacidad psicofísica, en el artículo 2º, como el “(…) conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden físico y psicológico que deben reunir las personas a quienes se les aplique el presente decreto, para ingresar y permanecer en el servicio, en consideración a su cargo, empleo o funciones.”

Esta capacidad, de acuerdo con el artículo 3º del decreto, se calificará por los médicos autorizados por la Dirección de Sanidad de la respectiva Fuerza, bajo los conceptos de apto, aplazado o no apto, de la siguiente manera:

“Es apto quien presente condiciones sicofísicas que permitan desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial y civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones.

Es aplazado quien presente alguna lesión o enfermedad y que mediante tratamiento, pueda recuperar su capacidad sicofísica para el desempeño de su actividad militar, policial o civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones.

Es no apto quien presente alguna alteración sicofísica que no le permita desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial o civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones.”

Por su parte, el artículo 15 dispone que la competencia para evaluar la capacidad psicofísica de un miembro de la fuerza pública está a cargo de las Juntas Médico-Laborales Militares y de Policía a quienes corresponde, en primera instancia, realizar la valoración de las secuelas, clasificar el tipo de incapacidad que se presente y calificar la aptitud para el servicio, “pudiendo recomendar la reubicación laboral cuando así lo amerite”. Finalmente, según el artículo 21, de las reclamaciones que surjan contra las decisiones de las Juntas Médico-Laborales, conocerá en última instancia el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía el cual podrá ratificar, modificar o revocar tales decisiones.

5.2. Ahora bien, el Decreto 1791 de 2000 define las normas de carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional y en su artículo 55 consagra las causales de retiro del servicio, señalando entre otras, la disminución de la capacidad sicofísica.

Dicha causal fue analizada por la Corte Constitucional y en sentencia C-381 de 2005 consideró que aunque es necesario que la Policía cuente con personal idóneo, los miembros con disminución psicofísica pueden ser aptos para efectos del desempeño de otras labores propias de esa institución y distintas de las meramente policiales. Al respecto indicó que “existen tareas que contribuyen a dar cumplimiento a los propósitos constitucionales de la institución y que a pesar de no ser, por ejemplo, de carácter estrictamente operativo, revisten importancia y requieren para su desarrollo la presencia de personal vinculado a la institución. En primer lugar, se encuentra la docencia o la instrucción, en razón a que el personal de la Policía debe ser capacitado integralmente en academias y centros de formación especializada. (…) De otra parte, las actividades de orden administrativo o aquellas destinadas a fortalecer las relaciones entre el ciudadano y la institución, las cuales no requieren elevados esfuerzos físicos u óptimas condiciones sicofísicas, como sí se exige, en cambio, para las estrictamente operativas.”

5.3. En ese contexto, se concluyó que frente a la disminución de la capacidad psicofísica de uno de sus miembros, la Policía Nacional tiene el deber constitucional de intentar su reubicación en un cargo en el que pueda seguir siendo útil para la institución, luego de la respectiva valoración hecha por la Junta Médico Laboral. Solamente “después de realizada la valoración correspondiente y siempre que se concluya que la persona no tiene capacidad alguna aprovechable para tales tareas, podrá ser retirado de la Policía Nacional.”

Bajo este entendido, esta Corporación en concordancia con su posición frente a la protección de las personas en situación de discapacidad, ha señalado que la facultad para retirar del servicio activo a los soldados profesionales y a los policías cuando presenten disminución en su capacidad psicofísica no opera automáticamente en detrimento de sus garantías y derechos constitucionales. En estos casos, es necesario que se realice una valoración de las condiciones de salud, habilidades, destrezas y capacidades del afectado, para establecer si existen actividades que podría cumplir dentro de la institución que permitan reubicarlo en otro cargo. […]”.

[…]

“[…] 5.4. De otra parte, aunque el artículo 22 del Decreto 1796 de 2000 establece que las decisiones del Tribunal Médico Laboral Militar y de Policía son irrevocables y obligatorias, y que por regla general no se podrían efectuar nuevas calificaciones del estado de incapacidad, excepto en los casos de los pensionados por invalidez, esta Corporación ha manifestado que “[e]n principio, no parece de recibo, a la luz de los principios y valores constitucionales, una interpretación del régimen legal y reglamentario de las fuerzas militares y de policía en materia de salud, que excluya toda responsabilidad del Estado en relación con desarrollos patológicos posteriores al retiro de una persona del servicio activo que no fueron tenidos en cuenta al fijar la condición de salud en la Junta Médica, con base en la cual se determinó el retiro, pero que pueden atribuirse de manera clara y directa a una situación de servicio”.

Lo anterior, en la medida en que existen patologías de desarrollo incierto y progresivo o recurrente, de carácter eventual, en cuanto que pueden ocurrir o no y no pueden anticiparse con certeza. Cuando ese desarrollo eventual se materializa y no ha sido objeto de protección, es viable el amparo constitucional.

5.5. Ahora, frente a la valoración integral del estado de salud de los miembros de las Fuerzas Militares, en sentencia T-717 de 2017 esta Corporación se indicó que “(…) quienes se someten al proceso de calificación de pérdida de sus capacidades, tienen el derecho de que se valoren todas las historias clínicas e informes de los médicos y especialistas que lo hubiesen diagnosticado, tratado y pronosticado. También debe cuidarse que las historias clínicas se encuentren actualizadas y ‘constituyan (sic) una valoración íntegra y objetiva de su patología. [E]n efecto, no podría ser de otra manera, puesto que permitir una calificación fraccionada de la capacidad laboral, entendida ésta como ‘(…) el conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten desempeñarse en un trabajo habitual’ a una persona, conduciría a la inexistencia del concepto de invalidez, dado que ésta es una valoración integral de dicho conjunto, y no de las fracciones del mismo; de lo contrario (…) se admitiría una falta de protección, en tanto se aceptaría a una persona que aún siendo materialmente inválida, el sistema no la reconoce formalmente como tal, a pesar de que tiene todas la cualidades para ello y para recibir, en consecuencia, la pensión por tal contingencia’.”

En ese escenario, la jurisprudencia constitucional ha previsto tres presupuestos para establecer la procedencia de una nueva valoración médica en los casos de no pensionados de las Fuerzas Militares y de Policía: “(i) [la existencia de] una conexión objetiva entre el examen solicitado y una condición patológica atribuible al servicio; (ii) [que] dicha condición [recaiga] sobre una patología susceptible de evolucionar progresivamente; y (iii) que la misma se [refiera] a un nuevo desarrollo no previsto en el momento del retiro” […]”. (Resaltado por la Sala)

De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que no se configuró la mixtura o mezcla de la causal establecida en el numeral 1.° y 3.° del artículo 55 del Decreto 1791 de 2000, sino que se dio una aplicación expresa y razonable del numeral 3.° de dicha norma, de conformidad con los supuestos fácticos y jurídicos del caso concreto, por lo que no se advierte que se encuentre configurado el defecto sustantivo por indebida aplicación de una norma jurídica que alegó el actor.

Análisis del presunto defecto sustantivo por aplicación indebida del inciso 2.° del artículo 7 del Decreto 1796 de 14 de septiembre de 2000

Al respecto, el actor expuso lo siguiente:

“[…] Una situación que el Tribunal no tuvo en cuenta en la sentencia atacada fue que también los exámenes médicos del demandante se encontraban vencidos, puesto que la validez de estos es de solo dos (2) meses, de acuerdo a la misma norma arriba mencionada […]”.

[…]

“[…] Lo anterior se traduce en que a pesar de la extrema claridad de la norma frente a la vigencia de los exámenes y concepto de aptitud, que son de dos (2) y tres (3) meses respectivamente, al Tribunal poco o nada le importó asegurar lo contrario y decir que después de seis (6) años de realizada la Junta y los exámenes los mismos mantenían sus efectos y su fuerza vinculante sin ahondar en un mínimo de argumentación jurídica para justificar su postura, lo anterior resulta en extremo grave y violatorio de derechos fundamentales puesto que la aplicación de la norma no puede estar sujeta a interpretaciones caprichosas y contraevidentes del operador jurídico, tal cual como ocurrió en el presente caso.

Es tan notorio el defecto sustantivo que el Salvamento de Voto aporta muchos más criterios axiológicos y materiales para resolver el presente caso.

La norma que señalo como aplicada de forma contraevidente en ninguno de sus apartes consagra que si el uniformado renuncia a la reubicación este podrá y deberá ser retirado del servicio, interpretación que fue hecha por el Tribunal, sabrá Dios por qué, ya que de la lectura del fallo no se puede deducir que la teoría aplicada por el Tribunal tenga respaldo en la norma antes mencionada o el (sic) alguna otra por analogía y mucho menos se tomaron la tarea de citar algún antecedente jurisprudencial del Honorable Consejo de Estado, lo que redunda en el defecto alegado.

El fallo atacado usa como pilar de su argumentación la imagen de la solicitud hecha por el demandante de su renuncia a la reubicación laboral, y aclara que fue el mismo el que pidió ser retirado, debo señalar que mi cliente no es abogado, no tiene formación jurídica y su solicitud fue elevada por motivos viscerales, ya que no le gustaban las labores propias de la reubicación laboral, esta persona debió ser orientada por la policía nacional para solicitar en debida forma su retiro si es que esa hubiese sido su voluntad y no proceder como efectivamente lo hizo, lo que conllevo a una actuación administrativa irregular y posteriormente al DEFECTO SUSTANTIVO que hoy no ocupa […]”. (Resaltado por la Sala)

La norma jurídica en cuestión establece, respectivamente, lo siguiente:

“[…] ARTICULO 7o. VALIDEZ Y VIGENCIA DE LOS EXAMENES DE CAPACIDAD PSICOFISICA. Los resultados de los diferentes exámenes médicos, odontológicos, psicológicos y paraclínicos practicados al personal de que trata el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1796_2000.html" \l "1" 1o. del presente decreto, tienen una validez de dos (2) meses, contados a partir de la fecha en que le fueron practicados.

El concepto de capacidad sicofísica se considera válido para el personal por un término de tres (3) meses durante los cuales dicho concepto será aplicable para todos los efectos legales; sobrepasado este término, continúa vigente el concepto de aptitud hasta cuando se presenten eventos del servicio que impongan una nueva calificación de la capacidad psicofísica.

El examen de licenciamiento para el personal de tropa deberá ser practicado dentro de los sesenta (60) días anteriores a su desacuartelamiento. El control de este término será responsabilidad directa de la Dirección de Personal u Oficina que haga sus veces en la respectiva Fuerza y en la Policía Nacional […]”. (Resaltado por la Sala)

La autoridad judicial accionada consideró que:

“[…] 1.- Efectivamente, en el Acta de Junta Médico Laboral de la POLICIA (sic) NACIONAL, a la cual hace referencia el acto de retiro, que se encuentra a folios 15, 16 y 143, 144 del cuaderno de 1ª instancia, fue expedida el 15 de junio de 2006 y en ella_se (sic) estimó que el actor presentaba una disminución laboral por incapacidad permanente parcial del 10.5%, por lo que se consideró no apto para continuar desarrollando las actividades propias del servicio policial, sin embargo se conceptuó favorablemente sobre la reubicación laboral en labores administrativas, docencia e instrucción, siendo notificada personalmente al accionante, el 4 de agosto de 2006, haciéndosele saber el derecho que tenía de reclamar por escrito ante la Secretaría General del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, la Convocatoria del Tribunal Médico Laboral y Revisión Militar con un plazo de 4 meses a partir de la fecha de la notificación, sin que haya sucedido (fl 17 C-1ª inst).

2.- Según se desprende del contenido de los folios 164 al 166 del expediente digital alojado en el aplicativo TYBA, que se corresponden con los folios 146 y siguientes del expediente en físico, luego de que el demandante, señor FREDY ANTONIO AGUDELO CEBALLOS, fuera valorado en su estado de salud, según Acta de Junta Médico-Laboral de Policía No. 1352 del 15 de junio de 2006 antes descrita, en consonancia con la reubicación laboral recomendada, aparece el CONCEPTO DE SALUD OCUPACIONAL PARA REUBICACIÓN LABORAL, que acredita que dicha reubicación en labores administrativas se materializó, pues, a esa fecha de revisión del caso, 22-08-2007 y pasados cerca de 13 meses desde que se determinó la disminución de la capacidad sicofísica del Subintendente AGUDELO CEBALLOS, el médico especialista en Salud Ocupacional de la Regional Bogotá de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional referenció los siguientes hechos que resultan relevantes en la intelección que corresponde al caso:

Que el citado servidor de la Policía Nacional se le había diagnosticado en la señalada Junta Medico (sic) – Laboral una LUXOFRACTURA TRIMALEOLAR DEL TOBILLO DERECHO, CON LIMITACIÓN DEL MOVIMIENTO, que se había recomendado por los valorantes su reubicación laboral y que para la fecha de esa revisión (22-08-2007) llevaba reubicado un (1) año y tres (3) meses, en la OFICINA DE PRENSA DEMET (sic).

3.- En el juicio de la Sala mayoritaria, el documento antes descrito, soslayado en el fallo de primera instancia, implica entender que no se trata de un típico caso de los recogidos en las sentencias del Consejo de Estado allegadas al diligenciamiento por el demandante, en que el nominador de la Policía Nacional haya dejado transcurrir más de los 3 meses señalados en el artículo 7º del Decreto 1796 de 2000 para hacer efectiva la consecuencia jurídica del retiro del servicio por disminución de la capacidad sicofísica y que, por ello, ese acto retiro sea anulable por la violación de supuestos normativos a los que debía estar sometido.

Por el contrario, al tratarse de un caso de disminución de la capacidad sicofísica con recomendación de reubicación laboral acatada, necesariamente, debe entenderse que dicha valoración de las autoridades médico-laborales, contenida en el Acta de Junta Medico (sic)-Laboral de Policía, No. 1352 del 15 de junio de 2006, no expiró en sus alcances y efectos; produjo su efecto inicial al concretarse la reubicación del señor AGUDELO CEBALLOS en un cargo administrativo adscrito a la Oficina de Prensa de DEMET y de ahí en adelante lo mantuvo en esa novedad de personal especialísima de las fuerzas militares y policía que, en general, tienen destinados a sus integrantes de fila para fines misionales.

4.- El itinerario lógico formal de los hechos antes descritos, que mantenía al Intendente AGUDELO CEBALLOS en un cargo administrativo – cual fuere en el 2012-, terminó cuando el mismo intendente (sic), en misiva del 19 de abril de 2012, inequívoca e irrevocablemente renuncio (sic) al beneficio de la reubicación laboral y pidió directamente a su nominador – Directos (sic) de la Policía Nacional- que fuera retirado del servicio por disminución de la capacidad sicofísica […]”.

[…]

“[…] 5.- En ese orden de ideas, al no tratarse de una casuística con perdida (sic) de efectos de la calificación de disminución de la capacidad sicofísica del demandante y del resurgimiento ipso jure del concepto de aptitud para el servicio, mal puede patrocinarse la incoherente tesis del demandante y/o de su apoderado, en el sentido de una flagrante violación de los parámetros del artículo 7º del Decreto 1796 de 2000, pues, se insiste por la Sala mayoritaria, el Acta de Junta Medico (sic)-Laboral de Policía, No. 1352 del 15 de junio de 2006, mantuvo sus efectos y supuesta vinculante hasta cuando por voluntad propia del ahora demandante, se solicitó y se concretó su retiro del servicio con la Resolución 01820 del 01 de junio de 2012, pues, fue con la ejecución de esta nueva novedad de personal que el señor FREDY ANTONIO AGUDELO CEBALLOS abandonó funciones dentro del cargo del área administrativo del Comando de Policía Meta […]”. (Resaltado del texto original)

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo, toda vez que, visto el inciso 2.° del artículo 7 del Decreto 1796 de 14 de septiembre de 2000, se advierte una aplicación razonable de la norma jurídica, teniendo en cuenta que en ella se señala que el concepto de capacidad psicofísica tiene una vigencia de 3 meses, lo cual no fue desconocido por el Tribunal demandado, sino que se tuvo en cuenta en función de las particularidades propias del caso concreto del actor.

Frente a la vigencia del concepto de disminución de la capacidad psicofísica, esta Corporación ha señalado lo siguiente:

“[…] En el caso concreto, se advierte que la última valoración practicada al demandante fue el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía No. 2199-2423, de 4 de febrero de 2004, mediante la cual se confirmó el porcentaje de disminución de su capacidad sicofísica en un 33.21%, con incapacidad permanente parcial, y declaración de no apto para desempeñar satisfactoriamente las funciones propias de la vida militar. No obstante lo anterior, el acto por medio del cual se le retiró del servicio, esto es la Resolución No. 03127 de 1 de diciembre de 2004, fue expedida diez meses después de la valoración realizada por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar que confirmó su incapacidad sicofísica (fls. 4 y 6 a 8, cuaderno No.2).

Bajo este supuesto, y de acuerdo con lo preceptuado por el inciso segundo del artículo 7 del Decreto 1796 de 2000, la administración no podía fundamentar el retiro del actor con base en el dictamen de un Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía que no tenía validez debido a su ineficacia por el transcurrir del tiempo. En efecto, la expedición de la Resolución No. 03127 de 1 de diciembre de 2004, vulneró el inciso segundo del artículo 7 del Decreto 1796 de 2000 toda vez que el retiro del actor sólo se podía dar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se le practicó la última valoración médico laboral.

A lo antes expuesto, se suma el hecho de que según la norma en cita, una vez transcurrieron los tres meses después de haberse practicado el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía el actor, por disposición del artículo 7 del Decreto 1796 de 2000, recobró el concepto de aptitud para la prestación del servicio policíal (sic), hasta cuando se presenten eventos del servicio que impongan una nueva calificación de la capacidad psicofísica […]”. (Resaltado por la Sala)

De conformidad con lo expuesto, para la Sala, tal cual como lo consideró el Tribunal Administrativo del Meta, el Acta de Junta Médico Laboral núm. 1352 de 15 de junio de 2006 no expiró en sus efectos jurídicos, en la medida en que, precisamente, el actor fue reubicado en el transcurso de dicho término de 3 meses en un cargo administrativo adscrito a la Oficina de Prensa de DEMET, situación en la que se mantuvo hasta el día de su renuncia a la reubicación laboral.

En ese sentido, se materializó el efecto dispuesto en el concepto de capacidad psicofísica del actor, es decir, al aplicarse la consecuencia jurídica de la reubicación laboral esta no perdió vigencia alguna, por lo que no es posible entender que hubo un resurgimiento ipso iure del concepto de aptitud para el servicio, puesto que, claramente, el actor ya se encontraba ejerciendo el cargo respectivo con ocasión de esa reubicación laboral sugerida en atención a la disminución de su capacidad psicofísica.

La Corte Constitucional respecto a la configuración del defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas, ha dicho lo siguiente:

“[…] Se colige entonces, que pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso en concreto, para determinar su forma de aplicación, y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, no les es dable en esta labor, apartarse de las disposiciones consagradas en la Constitución o la ley, pues de hacerlo, se constituye en una causal de procedencia de la acción de tutela contra la decisión adoptada.

Por lo anterior, cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente irrazonable o se deja de aplicar una norma aplicable, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial, ésta deja de ser una vía de derecho para convertirse en una vía de hecho, razón por la cual la misma deberá dejarse sin efectos jurídicos, para lo cual la acción de tutela el mecanismo apropiado. En esta hipótesis no se está ante un problema de interpretación normativa, sino ante una decisión carente de fundamento jurídico, dictada según el capricho del operador jurídico, desconociendo la ley, y trascendiendo al nivel constitucional en tanto compromete los derechos fundamentales de la parte afectada con tal decisión […]”.

En ese orden de ideas, la Sala considera que la autoridad judicial demandada le dio un alcance razonado y justificado al inciso 2.° del artículo 7 del Decreto 1796 de 14 de septiembre de 2000, de conformidad con las particularidades del caso del actor, sin que se advierta una interpretación arbitraria o caprichosa de la norma.

Conclusiones de la Sala

En suma, para la Sala no se configuró el defecto sustantivo por indebida interpretación de una norma jurídica, razón por la cual, confirmará la sentencia de tutela de 22 de julio de 2021 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual negó la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 22 de julio de 2021 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual negó la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva voto

“Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos  por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos  de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la  Policía Nacional, personal civil al servicio del  Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”.
“Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional”.
“Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos  por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos  de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la  Policía Nacional, personal civil al servicio del  Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”. Para tal efecto, la Sección Cuarta de esta Corporación indicó que: “[…] Lo anterior, porque con los hechos narrados y los documentos allegados, será suficiente para resolver el asunto de la referencia […]”.
“Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional”.
“Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos  por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos  de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la  Policía Nacional, personal civil al servicio del  Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”.
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
“Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. Reglamento Interno del Consejo de Estado. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
Al respecto la Sala precisa que, en atención a que el A quo no solicitó el expediente digital y teniendo en cuenta que en la página web de la Rama Judicial no está registrada dicha información, no se pudo determinar la fecha de notificación de la sentencia cuestionada.

En todo caso, se advierte que la sentencia objeto de estudio fue proferida el 26 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo del Meta, mientras que la acción de tutela se presentó el 31 de mayo de 2021, por lo que sin que sea necesario determinar la fecha de notificación, se advierte que desde dicha actuación de notificación no han transcurrido más de seis meses. Finalmente, se aclara que el actor no adujo alguna irregularidad en la notificación de dicha sentencia. Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743 de 24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de enero de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte Constitucional, sentencias T-033 de 1 de febrero de 2010, y T-792 de 1 de octubre de 2010 ambas con ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa. Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería. Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de 9 de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas. Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
“Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional”.
“Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional”. Corte Constitucional, sentencia C-381 de 12 de abril de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, sentencia T-373 de 12 de septiembre de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. Cita del texto original: “Artículo 15. Junta Medico (sic)-Laboral Militar o de Policía. Sus funciones son en primera instancia: 1 Valorar y registrar las secuelas definitivas de las lesiones o afecciones diagnosticadas. 2 Clasificar el tipo de incapacidad sicofísica y aptitud para el servicio, pudiendo recomendar la reubicación laboral cuando así lo amerite. 3 Determinar la disminución de la capacidad psicofísica. 4 Calificar la enfermedad según sea profesional o común. 5 Registrar la imputabilidad al servicio de acuerdo con el Informe Administrativo por Lesiones. 6 Fijar los correspondientes índices de lesión si hubiere lugar a ello. 7 Las demás que le sean asignadas por Ley o reglamento.”
Cita del texto original: “Artículo 21. Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía. El Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía conocerá en última instancia de las reclamaciones que surjan contra las decisiones de las Juntas Médico-Laborales y en consecuencia podrá ratificar, modificar o revocar tales decisiones.

Así mismo, conocerá en única instancia la revisión de la pensión por solicitud del pensionado”. Cita del texto original: “ARTÍCULO 55. CAUSALES DE RETIRO. El retiro se produce por las siguientes causales: || 1. Por solicitud propia. || 2. Por llamamiento a calificar servicios. || 3. Por disminución de la capacidad sicofísica. || 4. Por incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez. || 5. Por destitución. || 6. Por voluntad del Ministro de Defensa Nacional, o la Dirección General de la Policía Nacional por delegación, para el nivel ejecutivo, y los agentes. || 7. Por no superar la escala de medición del Decreto de Evaluación del Desempeño Policial. || 8. Por incapacidad académica. || 9. Por desaparecimiento. || 10. Por muerte.”
Cita del texto original: “Corte Constitucional. Sentencia C-381 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño). En esta providencia la Corte declaró la inexequibilidad del artículo 58 del Decreto Ley 1791 de 2000[159] y la exequibilidad condicionada del numeral 3º del artículo 55 y del artículo 59 del mismo Decreto, “en el entendido que el retiro del servicio por disminución de la capacidad psicofísica sólo procede cuando el concepto de la Junta Médica Laboral sobre la reubicación no sea favorable y las capacidades del policial no puedan ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción”. Cita del texto original: “Corte Constitucional. Sentencia T-1048 de 2012 (MP. Luis Guillermo Guerrero)”. Cita del texto original: “Corte Constitucional. Sentencia C-381 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño)”. Cita del texto original: “Corte Constitucional. Sentencia T-928 de 2014 (MP. Gloria Ortiz Delgado)”. Cita del texto original: “Corte Constitucional. Sentencia T- 493 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil). Al respecto ver también las sentencias T-140 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-696 de 2011 (MP. Humberto Sierra Porto), T-539 de 2015 (MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-717 de 2017 (MP. Diana Fajardo Rivera).”
Cita del texto original: “Corte Constitucional. Sentencia T-717 de 2017 (MP. Diana Fajardo Rivera. AV. Carlos Bernal Pulido).”
Cita del texto original: “Sentencia T- 539 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.”
Cita del texto original: “Corte Constitucional. Sentencia T- 493 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil), reiterada por la sentencia T-140 de 2008 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).”
“Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos  por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos  de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la  Policía Nacional, personal civil al servicio del  Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección Segunda, sentencia de 17 de marzo de 2011, número único de radicación 200012331000200500665-01, C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Corte Constitucional, sentencia SU-918 de 5 de diciembre de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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