Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-03231-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-03231-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-03231-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
18 de noviembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2021-03231-00
Recurrente: Jaime López Reyes
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ONCE ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-15-000-2021-03231-00
Recurrente: Jaime López Reyes
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal 5 del artículo 250 del
CPACA. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala Once Especial de Decisión resuelve el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Jaime López Reyes, contra la sentencia de 28 de mayo de 2020, proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado 1.
ANTECEDENTES
1. Del proceso ordinario
1.1 El 03 de agosto de 20152, Jaime López Reyes instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, con el fin de que se declarara la nulidad parcial de las Resoluciones 3257
de 15 de agosto de 2012 -por la que el Instituto de Seguros Sociales -ISS- reconoció la pensión de
jubilación a favor del demandante- y GNR 2086 de 07 de enero de 2015 -por la que Colpensiones
resolvió el recurso de reposición y reliquidó la pensión de jubilación-; así como la nulidad del acto
administrativo presunto originado en el silencio administrativo negativo respecto al
recurso de apelación interpuesto contra la primera resolución. A título de restablecimiento
del derecho solicitó que se reliquide la pensión de jubilación con la inclusión de todos los
factores salariales devengados en el último año de servicio, conforme a la Ley 33 de
1985.
Expuso que pese a ser beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de
1993, Colpensiones al reconocer la pensión de jubilación no aplicó lo establecido en los
artículos 45 del Decreto 1045 de 1978 y 1 de la Ley 33 de 1985, como tampoco la
sentencia de unificación del Consejo de Estado de 04 de agosto de 2010, CP: Víctor
Hernando Alvarado Ardila, según la cual se deben incluir todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio.
1
Expediente 68001-23-33-000-2015-00863-01.
2
SAMAI CE, índice 24. 27_RECIBEPRUEBAS_EXPEDIENTE(.PDF) NroActua 24, pp. 21 a 27.
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Recurrente: Jaime López Reyes
Agregó que ante la falta de aplicación en su integridad de la Ley 33 de 1985, los actos
demandados están viciados de falsa motivación, desconocen los derechos adquiridos, el
debido proceso y conducen a un enriquecimiento sin causa.
1.2 El 21 de noviembre de 2016 el Tribunal Administrativo de Santander profirió
sentencia en audiencia inicial3 y declaró: (i) no probadas las excepciones de cobro de lo
no debido y prescripción; (ii) configurado el acto ficto producto del silencio administrativo
negativo, respecto del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 3257 de 15
de agosto de 2012; y (iii) la nulidad parcial de las Resoluciones 3257 de 15 de agosto de
2012 -por medio de la cual se reconoció la pensión de jubilación- y GNR 2086 de 07 de enero de
2015 -por la que se resolvió el recurso de reposición-. También declaró la nulidad del acto ficto
producto del silencio administrativo negativo.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho se le ordenó
a Colpensiones que: (i) reliquide a partir del 01 de enero de 2012 la pensión de jubilación
reconocida a Jaime López Reyes con el 75% del promedio de los salarios devengados
en el último año de servicios, teniendo en cuenta la totalidad de los factores que percibió
de manera periódica y que por ende constituyen salario base para la liquidación de la
prestación; (ii) una vez actualizada la base de liquidación de la pensión, pagar la
diferencia entre lo pagado y lo que se debió pagar; (iii) reajustar la suma reconocida
conforme a ley y actualizada mes por mes; (iv) realizar el descuento de los aportes
correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se dispuso y sobre los cuales
no se haya efectuado la deducción legal correspondiente; y (v) condenó en costas a la
parte demandada.
Lo anterior, porque atendiendo el marco normativo y jurisprudencial analizado4, consideró
que el demandante está amparado por el régimen de transición de que trata el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, de manera que, al negarse la reliquidación de la pensión de
jubilación con todos los factores salariales devengados en el último año cotizado, se
desconoció la norma aplicable, esto es, la Ley 33 de 1985.
Teniendo en cuenta las certificaciones expedidas por la Contraloría General de
Santander y la historia laboral del demandante, concluyó que se deben incluir en el IBL
los siguientes factores salariales: asignación mensual, las primas de servicios, la
bonificación por servicios prestados, la prima de antigüedad y los gastos de
representación; así como las primas de navidad y de vacaciones (Dto. 1045 de 1978); y
los viáticos (art. 42 Dto. 1042 de 1978).
1.3 Contra la anterior sentencia Colpensiones interpuso recurso de apelación5. Expuso
que el fallo se fundamentó en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 04 de
agostos de 2010, apartándose arbitrariamente de la interpretación dada al artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 en la sentencia SU 230 de 29 de abril de 2015 de la Corte
Constitucional, en la que se precisó que a los beneficiarios del régimen de transición
establecido en esa disposición, se les calculará el IBL con base en lo dispuesto en la
misma, esto es, con el promedio de los factores salariales devengados durante los últimos
diez años de servicio. Es decir, el régimen de transición solo procede respecto a la edad,
monto y semanas, más no frente al IBL. Posición que fue acogida por el Consejo de
Estado en sentencia de 25 de febrero de 2016, CP: Gerardo Arenas Monsalve.
3
SAMAI CE, índice 24. 27_RECIBEPRUEBAS_EXPEDIENTE(.PDF) NroActua 24, pp. 76 a 88.
4
Sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 04 de agosto de 2010 (exp. 250002325000200607509-01, CP: Víctor
Hernando Alvarado Ardila).
5
SAMAI CE, índice 24. 27_RECIBEPRUEBAS_EXPEDIENTE(.PDF) NroActua 24, pp. 94 a 96.
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Recurrente: Jaime López Reyes
1.4 El 28 de mayo de 2020, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones
de la demanda, sin condenar en costas6.
Expuso que, según la reciente sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de
Estado7, que se aplica con efectos retrospectivos a los casos pendientes de solución
tanto en vía administrativa como judicial, el IBL del inciso tercero del artículo 36 de la ley
100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias
del mismo, que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
En aplicación de dicha regla de unificación, al ser el demandante beneficiario del régimen
de transición, su pensión de jubilación se debe ceñir a los parámetros de liquidación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. De este modo, el IBL aplicable es el 75% del promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los 10 años anteriores al disfrute
efectivo de la pensión.
Precisó que según se evidencia en la Resolución GNR2086 de 07 de enero de 2015, la
pensión de jubilación se reconoció con el promedio de lo cotizado en el último año de
servicio, razón por la cual no se puede modificar la situación respecto al periodo, por
cuanto se desmejoraría el derecho de quien demandó únicamente para obtener la
inclusión de factores salariales adicionales.
En relación con los factores salariales solicitados, estableció que los únicos que debían
computarse son: la asignación básica, los gastos de representación, la prima de
antigüedad y la bonificación por servicios prestados, los que fueron tenidos en cuenta por
la entidad en los actos demandados. No pueden incluirse la prima de vacaciones,
indemnización por vacaciones, bonificación por recreación, prima de servicios y viáticos,
porque no están regulados en el Decreto 1158 de 1994, de ahí que no proceda la
reliquidación solicitada.
No se condenó en costas, porque se actuó de buena fe y al amparo de la confianza
legítima, en tanto la reclamación adelantada por el demandante se sustentó en la posición
jurisprudencial asumida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia
de 04 de agosto de 2010, que fue modificada por la misma corporación en los
pronunciamientos de la Sala Plena de 28 de agosto de 2018 y de la Sección Segunda de
25 de abril de 2019.
2. Argumentos del recurso extraordinario de revisión
El 01 de junio de 2021 Jaime López Reyes interpuso recurso extraordinario de revisión
contra la mencionada sentencia8, con fundamento en la causal 5 del artículo 250 del
CPACA.
Indicó que la sentencia de segunda instancia es ilegal e inconstitucional, respecto a la
exclusión de los factores salariales que habían sido unificados en la sentencia de 04 de
agosto de 20109.
6
SAMAI CE, índice 2. 4_ED_RECURSOEXTR(.PDF) NroActua 2, pp. 49 a 60.
7
SU de 28 de agosto de 2018, (exp. 2012-00143-01, CP: César Palomino Cortés).
8
SAMAI CE, índice 2, 4_ED_RECURSOEXTR(.PDF) NroActua 2, pp. 1 a 7.
9
Exp. 250002325000200607509-01, CP: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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Recurrente: Jaime López Reyes
Se refirió a la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado de 28 de
agosto de 201810, en la que se fundamentó el fallo objeto de censura, la que a su juicio:
(i) tuvo en cuenta los pronunciamientos de la Corte Constitucional y se basó en la
interpretación y aplicación de la ley común u ordinaria sobre una reclamación viciada de
nulidad, «porque le correspondía a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y no a la Jurisdicción
Ordinaria Laboral»; (ii) vulnera los principios de favorabilidad (art. 53 CP) y de
inescindibilidad de la ley; (iii) desconoce los principios de buena fe, confianza legítima y
seguridad jurídica de los actos administrativos expedidos y debidamente ejecutoriados;
(iv) infringe el derecho a la seguridad social integral (art. 48 CP), porque el estatus o
categoría de pensionado se adquirió el 31 de agosto de 2005, por haber laborado 1474
semanas y cumplido 55 años de edad, siendo aplicable la Ley 33 de 1985 al ser
beneficiario del régimen de transición; (v) transgrede los derechos al debido proceso y
defensa (art. 29 CP); (vi) contraviene el principio de irretroactividad de la ley (art. 58 CP)
y los derechos adquiridos, toda vez que se está aplicando una sentencia proferida
posteriormente con efectos retroactivos, cuando para la época de reconocimiento de la
pensión de vejez estaba vigente la sentencia de unificación de 04 de agosto de 2010; (vii)
quebranta el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se
refiere al desarrollo progresivo; y (viii) omite el deber y la obligación del empleador público
de cumplir y garantizar el ordenamiento jurídico aplicable para efectos del reconocimiento
y pago de la pensión, porque este tenía que realizar los descuentos de los factores
salariales devengados, para las respectivas cotizaciones al sistema de seguridad social,
bajo la premisa que cuando el empleador no amparó el riesgo, este debe asumirlo y no
el trabajador.
Expuso que es deber del juzgador garantizar y aplicar el ordenamiento jurídico cuando
se causa el derecho que se está reclamando. En el presente caso, el debate y soporte
jurídico para el resultado del proceso debía atender la aplicación correcta de la norma
frente al derecho adquirido, la seguridad jurídica y la confianza legítima, y no a la
calificación que el empleador haga del servidor público.
La causal de nulidad de la sentencia de segunda instancia se origina en la vulneración
de la Ley 33 de 1985; en el desconocimiento de la sentencia de unificación aplicable para
el régimen de transición establecido en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993;
en la omisión de los derechos adquiridos; y en la violación de los artículos 13, 29, 48, 53
y 58 de la CP.
3. Trámite procesal
3.1 El 04 de junio de 202111 se admitió el recurso extraordinario de revisión. Se ordenó
notificar a Colpensiones, al ministerio público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, para que se pronunciaran sobre la solicitud de revisión.
3.1 El 27 de julio de 202112 se tuvieron como pruebas los documentos allegados por la
parte actora y se ordenó oficiar al tribunal para que aportara copia digitalizada del
expediente del proceso ordinario. El proceso fue remitido de manera digital 13.
4. Intervenciones
10
Exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01, CP: César Palomino Cortés
11
SAMAI CE, índice 4.
12
SAMAI CE, índice 15.
13
SAMAI CE, índice 24.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-03231-00
Recurrente: Jaime López Reyes
4.1 Colpensiones14, actuando a través de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones
de la solicitud de revisión y propuso las excepciones de inexistencia del derecho
reclamado, prescripción, buena fe y la genérica o innominada.
Expuso que no es procedente reliquidar la prestación pensional reconocida al
demandante, porque a este le aplicaban las reglas señaladas en los incisos 2 y 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, los factores taxativos del Decreto 1158 de 1994, así
como los establecidos en la Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario 691 de 1994,
modificado por el Decreto 1158 de 1994.
Resaltó que no es posible liquidar y/o reliquidar la prestación teniendo en cuenta la
totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio, toda vez que
esa posición discrepa con el lineamiento jurisprudencial plasmado en providencias de la
Corte Constitucional15 y del Consejo de Estado -sentencia de 28 de agosto de 2018-, en las que
se indicó que el modo de promediar la base de liquidación no puede ser el establecido
en la legislación anterior, en razón a que el régimen de transición solo comprende los
conceptos de edad, monto y semanas de cotización, excluyendo el ingreso base de
liquidación.
4.2 El ministerio público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron
silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia y oportunidad del recurso
De conformidad con el inciso 1 del artículo 249 del CPACA 16, la Sala Once Especial de
Decisión es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión promovido por
Jaime López Reyes contra la sentencia de 28 de mayo de 2020, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
La sentencia recurrida se notificó través de mensaje enviado al buzón electrónico el 10
de agosto de 2020 y quedó ejecutoriada el 13 de agosto del mismo año17. El recurrente
presentó el recurso extraordinario de revisión el 01 de junio de 2021, esto es, dentro del
plazo de un (1) año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia, conforme lo exige
el artículo 251 del CPACA.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la providencia de 28 de mayo de 2020, proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación, incurrió en la causal de
revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
Para decidir, la Sala se referirá a: (i) la naturaleza del recurso extraordinario de revisión
y el alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia; y (ii) al caso concreto, esto
es, si el fallo acusado incurrió en nulidad por desconocer la Ley 33 de 1985 y la sentencia
14
SAMAI CE, índice 13.
15
T-078 de 2014, A-326 de 2014, SU-230 de 2015, T-060 de 2016, SU-427 de 2016, SU-210/2017, SU-395 de 2017 y SU-023 de
2018.
16
De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
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SAMAI CE, índice 22, exp. 68001-23-33-000-2015-00863-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-03231-00
Recurrente: Jaime López Reyes
de unificación de 04 de agosto de 2010, aplicable para el régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y vulnerar los artículos 13, 29, 48, 53
y 58 de la CP.
Naturaleza del recurso extraordinario de revisión 18 y alcance de la causal de
nulidad originada en la sentencia
En general, el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional
contra la sentencia, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada. Se propone
con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del ordenamiento
jurídico, que pueden resultar quebrantados por las sentencias injustas.
Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia
proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un
instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional
del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material.
Entonces, el ámbito de revisión está restringido por las causales que el legislador ha
determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de situaciones
excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten interpretaciones más allá
de lo que se deduce de su texto.
Las causales de revisión están previstas en el artículo 250 del CPACA y básicamente
tienen que ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de
documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la
violación del debido proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la
interpretación errónea de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por
violación de la ley.
Ahora, respecto a la causal denominada nulidad originada en la sentencia, la Sala Plena
del Consejo de Estado19 ha entendido que los hechos que la configuran son los que
constituyen las causales de nulidad procesal previstas en el artículo 133 del CGP.
También ha aceptado la corporación20, que esa providencia puede resultar viciada por
hechos externos que, si bien no están previstos como causales de nulidad procesal, lo
cierto es que sí pueden afectar la legalidad y justicia de la decisión, al punto que
desconocerían el artículo 29 de la Constitución Política (CP)21, eventos tales como: (i) se
condena a la parte que no fue vinculada al proceso; (ii) se dicta a pesar de que el proceso
estaba legalmente suspendido o interrumpido; (iii) no cuenta con el número de votos
necesarios para la aprobación -en el caso de decisiones de jueces colegiados-; y (iv) no tiene
formal ni materialmente motivación, entre otros. Se trata de vicios procesales que surgen
al momento de la expedición de la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación, y eso habilita la procedencia del recurso extraordinario de
revisión.
18
Ver, entre muchas otras, la sentencia de 30 de septiembre de 2024, Sala Tercera Especial de Decisión (exp. 11001-03-15-000-
2023-04763-00, CP: Wilson Ramos Girón).
19
Ver, entre otras, la sentencia de 31 de mayo de 2011, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo (exp. 11001-03-15-000-2008-
00294-00 (REV), CP: Mauricio Torres Cuervo).
20
Ver, entre otras, la sentencia de 08 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo (exp. 11001-03-15-000-1998-
00153-01 (REV), CP: Alberto Yepes Barreiro).
21
Ver, entre otras, la sentencia de 11 de junio de 2024, Sala Tercera Especial de Decisión (exp. 11001-03-15-000-2023-04329-00,
CP: Wilson Ramos Girón).
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-03231-00
Recurrente: Jaime López Reyes
Caso concreto
El recurrente alega que el fallo de 28 de mayo de 2020, proferido por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en la causal de revisión prevista en
el numeral 5 del artículo 250 del CPACA por desconocer la Ley 33 de 1985 y la sentencia
de unificación de 04 de agosto de 2010, aplicable para el régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y vulnerar los artículos 13, 29, 48, 53
y 58 de la CP.
Revisado el fallo cuestionado se observa que la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander el 21 de noviembre de 2016 y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda. Para decidir la litis el ad quem tuvo en cuenta la sentencia de unificación
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018 y, en aplicación
de la regla y subreglas establecidas en la misma, concluyó, contrario a lo decidido por el
a quo, que el demandante «no tiene derecho a la reliquidación deprecada porque al ser beneficiario
del régimen de transición, su pensión de jubilación se debe ceñir a los parámetros de liquidación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 en cuanto al IBL y a los factores salariales sobre los cuales efectuó aportes (…)».
La Sala advierte que, si bien, para decidir la litis el juez de primera instancia aplicó la
sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 04 de agosto
de 2010 en la que se consideró que no era taxativo el listado de factores salariales sobre
los cuales se calcula el IBL de la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985,
porque además, se debían tener en cuenta aquellos factores que constituían salario,
independientemente de la denominación que recibieran, es decir, todos los que se
cancelaran de manera habitual como retribución directa del servicio y no solamente los
descritos en dicha normativa, no se puede obviar que esa interpretación varió con la
sentencia de unificación proferida por la Sala Plena el 28 de agosto de 2018, en la que
se unificó el criterio de la corporación sobre el IBL de las pensiones reconocidas bajo el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, específicamente, fijó dos subreglas
referentes: (i) al periodo que se debe tener en cuenta para liquidar el IBL de las mismas
y (ii) los factores salariales que se deben observar para esos efectos -en este aspecto se
concretó la discusión en el proceso ordinario-, criterio que fue tenido en cuenta por el juez de
segunda instancia.
Con los argumentos planteados en el recurso extraordinario de revisión, lo que se
evidencia, por una parte, es que el recurrente no está de acuerdo con la regla y subreglas
fijadas en dicha sentencia de unificación de la Sala Plena de esta corporación, pues a su
juicio desconoce los principios de favorabilidad, inescindibilidad de la ley, buena fe,
confianza legítima, seguridad jurídica e irretroactividad de la ley; vulnera los derechos a
la seguridad social integral, al debido proceso y defensa; así como también no tiene en
cuenta los derechos adquiridos, cuestión que no puede ser analizada en este proceso,
pues escapa a la naturaleza del asunto, que se concreta en establecer si con la
expedición de la sentencia de 28 de mayo de 2020 el juez natural incurrió en un vicio
grave o insaneable que afecte su validez, lo que no se prueba con los reproches
señalados.
Por otra parte, el recurrente manifiesta su desacuerdo con la modulación de los efectos
de la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 y su aplicación en el caso
concreto, centrando su argumento en el desconocimiento de la Ley 33 de 1985 y la
sentencia de unificación de 04 de agosto de 2010 y, en la vulneración de los derechos a
la igualdad (art. 13 CP), debido proceso (art. 29 CP), seguridad social (art. 48 CP), a los
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-03231-00
Recurrente: Jaime López Reyes
principios mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo (art. 53 CP)
y los derechos adquiridos (art. 58 CP).
Frente a este punto, basta con indicar que, en la citada sentencia de unificación, la Sala
Plena de la corporación le advirtió a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas, en relación con los temas objeto de unificación son obligatorias para todos los
asuntos en discusión tanto en vía administrativa como judicial, presupuesto que fue tenido
en cuenta por el juez de segunda instancia, y así lo puso de presente en la sentencia
censurada al precisar los efectos retrospectivos de dicho pronunciamiento, que por ser el
vigente para cuando se profirió el fallo cuestionado, resultaba obligatorio y vinculante para
decidir la litis, porque en virtud del principio de seguridad jurídica solo se excluyó de su
aplicación aquellos casos respecto de los cuales había operado la cosa juzgada -ordinal
segundo-, lo que no se puede predicar de este asunto.
Para esta Sala, las inconformidades manifestadas por Jaime López Reyes no constituyen
eventos capaces de estructurar la causal de revisión invocada, siendo evidente que lo
que se pretende, por una parte, es que se revise la regla y subreglas fijadas en la
sentencia de unificación proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado el 28 de
agosto de 2018, lo que es ajeno al recurso extraordinario de revisión; y por otra, que estas
no se apliquen al caso concreto, procurando la revisión de lo decidido por el órgano de
cierre, como si se tratara de una instancia adicional al proceso ordinario, lo cual
contradice la naturaleza de este asunto.
Conforme a lo expuesto, se concluye que en la providencia objeto de revisión el juez de
segunda instancia tuvo en cuenta la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 de
la Sala Plena del Consejo de Estado, que para ese entonces resultaba de obligatorio
cumplimiento y aplicable al caso concreto, por los efectos retrospectivos fijados en la
misma, sin que los argumentos propuestos por el recurrente permitan evidenciar que en
esta se incurrió en nulidad que conduzca a su invalidez.
Conclusión
De conformidad con lo expuesto, la Sala Once Especial de Decisión no encontró, en el
asunto bajo estudio, que se hubiera configurado la causal de revisión prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA que conduzca a invalidar la sentencia de 28 de
mayo de 2020, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, y que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado
por Jaime López Reyes contra Colpensiones, razón por la cual, se declarará infundado
el recurso extraordinario de revisión interpuesto.
Costas
Según el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 -
norma vigente para la fecha de presentación de la demanda-, se condenará en costas a la parte
recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de revisión que formuló.
Así mismo, conforme con los artículos 188 y 306 ibidem, para la liquidación y ejecución
de las costas se remitirá a la norma procesal general.
En ese sentido, el artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas por los
gastos procesales y por las agencias en derecho; y de acuerdo con el artículo 365-8 del
mismo código, «[s]olo habrá lugar a su imposición cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación».
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-03231-00
Recurrente: Jaime López Reyes
Respecto a las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso, no procede
su imposición al no estar demostrados en el expediente. Por el contrario, como
Colpensiones designó apoderado para que ejerciera su defensa en el proceso, quien
presentó escrito de oposición, se condenará en costas en el componente de agencias en
derecho.
En consecuencia, siguiendo lo previsto en el artículo 366-4 del CGP, para su fijación se
atenderá lo establecido en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, según el cual la tarifa de agencias en derecho, tratándose del
recurso extraordinario de revisión, se tasan entre uno (1) y veinte (20) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Por lo anterior, la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en un (1)
salario mínimo legal mensual a favor de Colpensiones, a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Once Especial de Decisión,
administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Jaime López
Reyes contra la sentencia de 28 de mayo de 2020, proferida por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
2. Condenar a Jaime López Reyes al pago de costas por concepto de agencias en
derecho a favor de Colpensiones, por la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
Notifíquese y cúmplase.
Se deja constancia que la providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA MARÍA ADRIANA MARÍN
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS EDUARDO MESA NIEVES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara el voto
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
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