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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-03245-00

Acción de tutela por acción u omisión de autoridad pública

Fecha
27 de agosto de 2021
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-03245-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO. - DECLARAR improcedente al configurarse la cosa juzgada en la acción de tutela presentada por la señora María Hilda Muñoz Mora, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-03245-00

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

27 de agosto de 2021

ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA / IMPROCEDENCIA POR CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA - Existencia de identidad de partes, hechos y objeto / AUSENCIA DE RAZÓN VÁLIDA PARA JUSTIFICAR LA PRESENTACIÓN DE NUEVA ACCIÓN DE TUTELA

Corresponde a la Sala determinar si en la solicitud de amparo se configura el fenómeno jurídico de cosa juzgada, pues, de lo contrario, se deberá abordar el estudio de los demás elementos de procedibilidad de la acción incoada, con el fin de establecer si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción de la parte accionante. (…) [O]bserva la Sala que, contrario a lo manifestado por la parte accionante, en el presente caso, sin lugar a equívocos, sí se está frente a una decisión anterior que permite asegurar que se ha intentado una nueva petición de amparo frente a un asunto ya decidido, pues existe similitud entre la tutela 113040 o 20200057000 y la actual, toda vez que entre ambas hay identidad de partes, hechos, pretensiones y no se observa una razón nueva y válida para realizar un estudio del tema por segunda vez. (…) De conformidad con lo expuesto, se declarará improcedente la acción de tutela impetrada por la señora [M.H.M.M.], en esta oportunidad, dado que se configuró la cosa juzgada al presentarse dos demandas de tutela de cara a los mismos hechos, pretensiones y partes, sin que se explique con suficiencia los motivos que justifiquen una nueva decisión, asunto que, por demás, carece de toda connotación constitucional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03245-00(AC)

Actor: MARÍA HILDA MUÑOZ MORA

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA - Improcedencia / COSA JUZGADA

Surtido el trámite de ley, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del recurso de amparo constitucional formulado por María Hilda Muñoz Mora en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

I. A N T E C E D E N T E S

A. De la demanda y sus fundamentos

1.- El 31 de mayo de 2021, la señora María Hilda Muñoz Mora, en nombre propio, interpuso demanda de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, los cuales considera vulnerados, toda vez que la accionada no ha resuelto la solicitud de adición de sentencia presentada el 25 de julio de 2019, así como las solicitudes de nulidad procesal elevadas el 24 de septiembre de 2018 y 26 de julio de 2019 dentro del proceso disciplinario 2016-05421-01.

2.- Según se ilustra en la demanda, la pretensión en ella contenida se contrae a lo siguiente:

<<Respetuosamente le solicito a su despacho se sirva TUTELAR los derechos fundamentales invocados, DEBIDO PROCESO, DEFENSA y CONTRADICCION, ordenándole a la COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, para el momento de los hechos Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en un término de 48 horas resuelva la solicitud de ADICION DE SENTENCIA presentada el 25 de julio de 2019 y las solicitudes de NULIDAD PROCESAL elevadas por la suscrita el 24 de septiembre de 2018 y 26 de julio de 2019, conforme a las normas procesales del Código Disciplinario del Abogado>>.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada con base en el artículo 86 Superior, la accionante expuso que:

3.1.- El 27 de julio de 2018, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá declaró disciplinariamente responsable a la accionante de las faltas disciplinarias descritas en el numeral 4 del artículo 30 y numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 y la sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 3 años. Decisión judicial que fue objeto del grado jurisdiccional de consulta ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que, en providencia del 24 de abril de 2019, confirmó la sanción impuesta, con la modificación de su absolución por la falta descrita en el artículo 30, numeral 4 previamente referido.

3.2.- Contra las anteriores decisiones judiciales, la accionante radicó: i) el 24 de septiembre de 2018, escrito en el que pidió se declarara la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia dentro del proceso disciplinario, por la presunta indebida notificación del fallo sancionatorio de primera instancia, ii) el 25 de julio de 2019, memorial solicitando adicionar la sentencia proferida el 24 de abril de 2019, para que dicha instancia judicial se pronunciara sobre la solicitud de nulidad previamente referida en fallo adicional, y iii) el 26 de julio de 2019, solicitud de nulidad de lo actuado “con posterioridad al informe secretarial del 25 de septiembre de 2018”, al no haberse tramitado la petición de nulidad del 24 de septiembre de 2018.

3.3.- Al no obtener respuesta alguna por parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, interpuso acción de tutela contra dicha entidad (radicado No. 112158), con el fin de que se le ordenara resolver las solicitudes realizadas el 24 de septiembre de 2018, el 25 y 26 de julio de 2019.

3.4.- El conocimiento de dicho asunto correspondió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en fallo del 1 de septiembre de 2020, tuteló sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, y en consecuencia, ordenó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en el término de 72 horas, emitir respuesta a los escritos allegados por la accionante, aclarando que, “es de la esfera exclusiva de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el contenido de la respuesta y que lo aquí decidido de ninguna manera [podría] remover los efectos de cosa juzgada que en la actualidad recaen sobre la sentencia que esa Colegiatura dictó dentro del proceso disciplinario promovido en contra de María Hilda Muñoz Mora”.

3.5.- En dicha ocasión, se accedió a amparar los derechos fundamentales de la accionante, toda vez que, se demostró que en efecto no se dio trámite o respuesta alguna a ninguna de las 3 peticiones presentadas ante la entidad demandada ni el magistrado ponente (Magistrado Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal), tal como este lo afirmó en respuesta complementaria en dicho proceso de tutela, alegando haber perdido competencia para resolverlas tras haberse proferido la sentencia en sede de consulta: “revisado el expediente el día 02 de julio de 2019 se incorporó al mismo constancia secretarial del 25 de septiembre de 2018 solicitud a la cual no se le dio trámite, en razón a que se había proferido el día veinticuatro (24) de abril de dos mil diecinueve (2019) fallo de Segunda Instancia, según acta de Sala No 25 de la misma fecha”

3.6.- Sobre el particular, en la demanda de tutela que se analiza, la accionante afirmó que, era indiscutible que la respuesta que debía otorgársele en cumplimiento de dicho fallo era responsabilidad únicamente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, más específicamente del Magistrado Estupiñán Carvajal. Sumado a que, a su juicio, la aclaración de que, la decisión de tutela no removía los efectos de cosa juzgada respecto a la sanción disciplinaria que le fue impuesta, “no determinaba el tipo de respuesta que debía concederse[le]” , pues esa decisión era propia del referido fallador.

3.7.- A continuación, alegó que, el Magistrado Estupiñán Carvajal, dando cumplimiento al fallo de tutela y respondiendo a las 3 solicitudes impetradas por la actora, únicamente remitió oficio informativo el 23 de octubre de 2020, sin resolver dichas solicitudes de conformidad con las normas procesales del Código Disciplinario del Abogado, vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción.

3.8.- Por lo anterior, solicitó ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la apertura de incidente de desacato contra la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y el Magistrado Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal, por el posible incumplimiento de la orden impartida en el fallo de tutela del 2 de septiembre de 2020. En concreto, alegó que “la respuesta otorgada es la respuesta a un derecho de petición y no cumple con lo ordenado por este despacho judicial”.

3.9.- No obstante, dicha Sala de Decisión se abstuvo de abrir el respectivo incidente en providencia dictada el 3 de noviembre de 2020, dado que, el magistrado a cargo del asunto, mediante correo electrónico del 23 de octubre de 2020, absolvió a fondo los puntos postulados por la demandante en las 3 peticiones que radicó ante la entidad demandada, dándose cabal cumplimiento a lo dispuesto en el fallo de tutela de 2 de septiembre de 2020. Al respecto, se precisó que, la entidad demandada explicó por qué no era procedente la nulidad propuesta por la accionante ya que se notificó de dicho fallo a las direcciones que reposaban en el expediente y en la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura.

4.- Como fundamento de sus pretensiones, aduce que la autoridad demandada, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, toda vez que el magistrado Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal, solo dio información y no adoptó decisión alguna respecto de la solicitud de adición de sentencia presentada el 25 de julio de 2019 y las peticiones de nulidad procesal elevadas el 24 de septiembre de 2018 y 26 de julio de 2019 ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

B. Del trámite procesal y la contestación de la demanda

5.- El 8 de junio de 2021, este despacho profirió auto requiriendo a la accionante para que allegara copia de las solicitudes que dijo haber presentado ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y que son objeto de pronunciamiento en el presente proceso de tutela. Así mismo, se le solicitó remitir información sobre el proceso disciplinario en el que refirió haber presentado las mencionadas solicitudes. La accionante dio cumplimiento a lo solicitado el 28 de junio de 2021.

5.1.- Posteriormente, mediante auto del 30 de junio de 2021, el despacho sustanciador admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial como parte demandada y para que allegara en calidad de préstamo, el expediente identificado con el radicado 11001-11-02-000-2016-05421-01. Adicionalmente, comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, si lo consideraba procedente dentro del marco de las competencias a ella asignadas, interviniera en el presente asunto.

(i) Presidencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

6.- El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó declarar la improcedencia de la presente acción de tutela, al considerar que, contrario a lo manifestado por la demandante, no se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, pues tal como quedó demostrado por la entidad demandada al responderse la solicitud de apertura de incidente de desacato, y fue reconocido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en providencia del 3 de noviembre de 2020, está demostrado que el Magistrado Fidalgo Javier Estupiñán, como ponente del proceso en segunda instancia, el 9 de septiembre de 2020, dio respuesta a las solicitudes radicadas por la señora Muñoz Mora el 24 de septiembre de 2018, y el 25 y 26 de julio de 2019.

6.1.- Adicionalmente, arguyó que la presente acción no cumple con el requisito de inmediatez, dado que, la respuesta a las 3 peticiones formuladas por la demandante se dio el 9 de septiembre de 2020, y la acción de tutela fue interpuesta hasta el 31 de mayo de 2021, es decir, pasados 6 meses desde su expedición.

6.2.- A su vez, afirmó que era necesario estudiar si existe temeridad en el presente asunto, pues la demandante ha presentado tres tutelas respecto del proceso disciplinario 2016-05421-01, identificadas con los radicados Nos. 2019-02605 (cuyo estudio se abordó en la sentencia de tutela de 1 de septiembre de 2020 descartándose temeridad en ese asunto por tratarse de otro tema procesal), 2020-00011 (demanda que no prosperó al no haberse subsanado por la accionante lo señalado por el juez de tutela en dicha oportunidad) y la 2020-00570-00, haciendo énfasis en esta última, pues fue reconocido por la propia demandante, que en dicho proceso se ordenó dar respuesta a las mismas solicitudes que ahora alega no fueron atendidas por la entidad demandada, mediante fallo del 1 de septiembre de 2020.

6.3.- Por último, sostuvo que estaba imposibilitado para remitir en calidad de préstamo el expediente disciplinario con radicado 2016-05421-00, ya que fue remitido a la oficina de origen, esto es, la Comisión Seccional del Disciplina Judicial de Bogotá, mediante oficio SJ MCMG 04443 del 5 de marzo de 2021.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestión previa: Temeridad

7.- El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en su escrito de respuesta a la presente acción de tutela, alegó la posible configuración de una actuación temeraria por parte de la demandante al haber interpuesto previamente otra demanda de tutela (radicado No. 113040 o 11001023000020200057000) por los mismos hechos y pretensiones, es decir, buscando que la entidad demandada diera respuesta a la solicitud de adición de sentencia presentada el 25 de julio de 2019, así como las solicitudes de nulidad procesal elevadas el 24 de septiembre de 2018 y 26 de julio de 2019 dentro del proceso disciplinario 2016-05421-01.

Es necesario, entonces, determinar si se configuró una actuación temeraria en el sub lite.

7.1.- La actuación temeraria en la acción de tutela está regulada en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, en los siguientes términos:

<<ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

“El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar>> (se subraya).

7.2.- En desarrollo de la anterior norma, la Corte Constitucional ha manifestado que para rechazar una tutela por temeridad es necesario que se demuestre el actuar doloso o de mala fe del accionante, puesto que una decisión en tal sentido implica una restricción al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del solicitante. De aquí que, para que se presente una actuación temeraria deben concurrir los siguientes requisitos:

<<(i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones y (iv) la ausencia de justificación razonable en la presentación de la nueva demanda -vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del demandante. En la Sentencia T-727 de 2011 se definió los siguientes elementos ‘(…) (i) una identidad en el objeto, es decir, que ‘las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental’; (ii) una identidad de causa petendi, que hace referencia a que el ejercicio de las acciones se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa; y, (iii) una identidad de partes, o sea que las acciones de tutela se hayan dirigido contra el mismo demandado y, del mismo modo, se hayan interpuesto por el mismo demandante, ya sea en su condición de persona natural o persona jurídica, de manera directa o por medio de apoderado>> (negrillas del texto original).

7.3.- La Corte Constitucional ha determinado que, pese a la existencia de múltiples peticiones de tutela simultáneas o sucesivas, una actuación no es temeraria, cuando “esta se funda en: (i) la falta de conocimiento del demandante; (ii) el asesoramiento errado por parte de abogados; o (iii) el sometimiento del actor a un estado de indefensión”.

7.4.- En el sub examine, la Sala encuentra que, la accionante no actuó temerariamente, dado que, no se probó la mala fe o dolo al interponerse esta nueva acción constitucional, pues en los hechos que sustentan la demanda, reconoció expresamente que interpuso otro amparo constitucional por similares hechos y pretensiones, e incluso refirió lo dispuesto con respecto a la solicitud de apertura de incidente de desacato que impetró, alegando estar inconforme con la respuesta dada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en cumplimiento de lo ordenado en dicho proceso de tutela, en los siguientes términos:

<<PRIMERO: El 1 de septiembre de 2020 la Magistrada Patricia Salazar Cuellar me concedió acción de tutela ATP1075-2020 Radicación No. 113040, en contra de la Sala disciplinaria del C.S. de la J. al encontrar que se me había vulnerado los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y el ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

SEGUNDO: La sentencia de tutela en mención decidió:

“TUTELAR los derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia que le asisten a MARIA HILDA MUÑOZ MORA.

ORDENAR a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que, en el perentorio término de setenta y dos (72) horas contadas a partir de la notificación de este fallo, emita respuesta a los escritos que la accionante radicó ante esa Corporación los días 24 de septiembre de 2018; 25 y 26 de julio de 2019 y la notifique por el mecanismo más expedito a la accionante.

ACLARAR que es de la esfera exclusiva de esa Colegiatura el contenido de la respuesta y que lo aquí decidido de ninguna manera podrá remover los efectos de cosa juzgada que en la actualidad recaen sobre la sentencia que esa colegiatura dictó dentro del proceso disciplinario promovido en contra de Maria Hilda Muñoz Mora”. (…)

SEPTIMO: El 30 de Noviembre de 2020, la Magistrada Patricia Salazar Cuellar emitió auto que resuelve mi solicitud de incidente en la Tutela ATP1075-2020 Radicación No. 113040, en el que decidió ABSTENERSE de iniciar incidente. (…)

NOVENO: La presente acción de tutela se refiere únicamente al hecho respecto del cual, el Magistrado Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal ofrece información y no da respuesta de acuerdo a la normatividad procesal del Código Disciplinario del Abogado, a la solicitud de ADICION DE SENTENCIA presentada el 25 de julio de 2019 y las solicitudes de NULIDAD PROCESAL elevadas por la suscrita el 24 de septiembre de 2018 y 26 de julio de 2019, ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, hoy COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL>> (Se resalta)

7.5.- Acorde con lo anterior, es evidente que, la accionante en ningún momento guardó silencio ante la existencia de una radicación diferente originada en los mismos hechos, partes y objeto, sin que se configure la alegada temeridad.

D. Análisis del caso concreto

8.- Corresponde a la Sala determinar si en la solicitud de amparo se configura el fenómeno jurídico de cosa juzgada, pues, de lo contrario, se deberá abordar el estudio de los demás elementos de procedibilidad de la acción incoada, con el fin de establecer si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción de la parte accionante.

8.1.- Ab initio, se deberá recordar que el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra la figura jurídica de la cosa juzgada en materia de acción de tutela, y los efectos que de ello se derivan, de la siguiente manera:

<<Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes>>.

8.2.- La Corte Constitucional ha establecido los siguientes requisitos para declarar la ocurrencia de esta figura, así: “(i) identidad fáctica y de derechos invocados en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en cuanto la otra acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su representante; (iii) identidad del sujeto accionado y; (iv) falta de justificación para interponer la nueva acción”.

8.3.- El alto tribunal constitucional precisó que la verificación de este último requisito se deriva de la prohibición general para que se presente un nuevo pronunciamiento por parte del juez constitucional sobre un asunto que guarde identidad jurídica con otro que haya sido decidido, pues la sentencia ejecutoriada tiene fuerza de cosa juzgada. Bajo esta figura, “se entiende que los procesos judiciales han culminado mediante sentencia y en consecuencia han cerrado la posibilidad de continuar el desarrollo de la Litis sobre la materia resuelta”. Este esquema tiene como propósito salvaguardar la coherencia en las decisiones judiciales, evitar el desgaste innecesario del aparato judicial y garantizar la seguridad jurídica al interior de la jurisdicción constitucional, así como el respeto por el carácter definitivo de las providencias judiciales.

8.4.- La jurisprudencia del Consejo de Estado ha analizado las implicaciones que tiene la presentación sucesiva o simultánea de varias acciones de tutela sobre un mismo asunto. En efecto, aquellos eventos en los que se presenta una petición idéntica a una solicitud de amparo que ya fue decidida, o cuando una misma acción se radica ante varios jueces de forma coetánea, dan lugar a la posible configuración de la cosa juzgada y/o temeridad.

8.5.- Frente a la coexistencia de las figuras jurídicas de la temeridad y la cosa juzgada constitucional ha expresado la Corporación de cierre en materia de derechos fundamentales que:

<<La Sala precisa que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo asunto presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las siguientes situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un asunto decidido previamente en otro proceso de la igual naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de amparo; y iii) los casos en los cuales se configure únicamente temeridad, una muestra de ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de tutela que presentan la tripe identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgada>> .

9.- En el presente caso, estamos frente a la segunda situación antes descrita, pues en el sub examine no se observa que la parte accionante actuara de forma temeraria, toda vez que, como se explicó previamente, en la interposición de su demanda de tutela, puso de presente que ya había formulado una acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, identificada con el radicado (113040 o 20200057000), dentro de la cual se había ordenado a dicha entidad, dar respuesta a sus peticiones presentadas el 24 de septiembre de 2018 y el 25 y 26 de julio de 2019.

9.1.- Razón por la cual en el presente caso no se evidencia mala fe de la parte actora a efectos de configurar temeridad, comoquiera que puso en conocimiento de esta Sala la existencia de otra tutela y manifestó las razones por las cuales considera que su caso amerita un nuevo estudio, por lo que no se observa la intención de hacer un uso indebido o no autorizado del mecanismo judicial consagrado en el artículo 86 de la carta política.

9.2.- En lo referente a la cosa juzgada, la parte actora manifestó que, la razón de esta nueva interposición de tutela es que “el Magistrado Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal ofrece información y no da respuesta de acuerdo a la normatividad procesal del Código Disciplinario del Abogado” a cada una de las referidas 3 solicitudes, vulnerando sus derechos fundamentales.

10.- Al respecto, observa la Sala que, contrario a lo manifestado por la parte accionante, en el presente caso, sin lugar a equívocos, sí se está frente a una decisión anterior que permite asegurar que se ha intentado una nueva petición de amparo frente a un asunto ya decidido, pues existe similitud entre la tutela 113040 o 20200057000 y la actual, toda vez que entre ambas hay identidad de partes, hechos, pretensiones y no se observa una razón nueva y válida para realizar un estudio del tema por segunda vez.

10.1.- En relación con la identidad de partes, se tiene que en ambas tutelas las peticiones de amparo fueron presentadas por la señora María Hilda Muñoz Mora en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que para la época de los hechos era Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Aquí debe aclararse que, si bien la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es una corporación diferente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, “una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”. De ahí que, como lo señala el presidente de la Comisión “el proceso disciplinario 2016-05121-01, aunque ya se había surtido la segunda instancia por parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, fue recibido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por cuanto faltaba el trámite de remisión a la oficina de origen, en ese sentido existe identidad de partes pues se refieren a entidades con la misma función disciplinaria”.

10.2.- En cuanto a los hechos, se observa que en las dos tutelas se alega la falta de trámite y respuesta frente a las 3 solicitudes que la accionante presentó ante la entidad demandada, a saber:

<<1. El 24 de septiembre de 2018, memorial en el que pidió que se declarara la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia.
2. El 25 de julio de 2019, escrito en el que reclamó «adicionar la sentencia proferida el 24 de abril de 2019, notificada por correo electrónico el 24 de julio de 2019»
3. El 26 de julio de 2019, mediante memorial solicitó «declarar la nulidad de lo actuado con posterioridad al informe secretarial del 25 de septiembre de 2018»>>

10.3.- Respecto de la pretensión, se observa que en las dos tutelas es la misma, y es que se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para el momento de los hechos la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que “resuelva la solicitud de Adición de Sentencia presentada el 25 de julio de 2019 y las solicitudes de nulidad procesal elevadas… el 24 de septiembre de 2018 y 26 de julio de 2019, conforme a las normas procesales del Código Disciplinario del Abogado”.

10.4.- Finalmente, no se observa la existencia de un motivo nuevo que justifique la interposición de una nueva demanda de tutela y por consiguiente su estudio, pues, aunque la actora indica que la razón de su presentación es porque en el proceso de tutela 11001023000020200057000, se dio por cumplida la orden de dar respuesta a las peticiones por ella elevadas, a pesar de que en oficio del 23 de octubre de 2020, el magistrado Estupiñán Carvajal no tomó una decisión al respecto “conforme a las normas procesales del Código Disciplinario del Abogado”, para la Sala tal argumento no es de recibo, pues para la fecha de la interposición de esta nueva acción, mediante proveído del 3 de noviembre de 2020, la Sala de Casación Penal de la Corte suprema de Justicia, instancia judicial que resolvió el otro proceso de tutela, se abstuvo de abrir incidente de desacato propuesto por la accionante, alegando idénticos argumentos, al corroborar que se dio respuesta clara, precisa y de fondo a las 3 solicitudes.

10.5.- Sobre el particular, se resalta que, acorde al contenido de la respuesta emitida por la entidad accionada el 23 de octubre de 2020, que fue tenido en cuenta por el juez de tutela del otro proceso constitucional, en lo que respecta a la primera petición de la señora Muñoz Mora impetrada el 24 de septiembre de 2018, en la que solicitó declarar la nulidad del proceso sancionatorio desde el primer fallo condenatorio debido a que dicha providencia no se le notificó a “la calle 54 A No. 14-65 y el correo electrónico HYPERLINK "mailto:mariahildamm@gmail.com" \h mariahildamm@gmail.com”, se dispuso expresamente que dicho argumento “no tenía en su momento, ni aún vocación de prosperidad”, principalmente, porque se demostró con la prueba documental, que en efecto dicho fallo fue notificado en las referidas direcciones, en los siguientes términos:

<<En conclusión, la documentación obrante en el expediente disciplinario permite establecer que la sentencia sancionatoria disciplinaria de marras, sí fue notificada conforme a derecho, y que la solicitud de nulidad presentada por la disciplinada, el día 24 de septiembre de 2018, ocurrió 24 días hábiles después, de la notificación subsidiaria por edicto arriba expuesta, pese a que la sentencia sancionatoria de primera instancia en cita, con anterioridad y en los términos de ley, había sido comunicada a través de telegramas dirigidos a la Calle 54 A No. 14-65, oficina en Bogotá y a su residencia… conforme al CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE ABOGADO, de la Dra. MARÍA HILDA MUÑOZ MORA, en el cual se pudo constatar que la togada no había realizado actualizaciones; entre otras direcciones, así, como a la de su defensor… sin que en ningún momento se hubiesen vulnerado sus derechos a la defensa y al debido proceso en esas precisas circunstancias.

No existe en los hechos narrados en esta primera solicitud presentada por la abogada sancionada, ningún presupuesto fáctico que se adecue a una causal de nulidad, de las dispuestas en el artículo 98 de la Ley 1123 de 2007, motivo por el cual no resulta procedente su pretensión, motivo por el cual no se accede a la nulidad deprecada, en razón a que el presupuesto factico del que parte la peticionaria en su solicitud, no corresponde a la realidad procesal expuesta a través del expediente disciplinario.

En los anteriores términos se responde de fondo la presente petición a la Dra. MARÍA HILDA MUÑOZ MORA, y a lo ordenado por el H. Juez Constitucional en el presente fallo de tutela, en lo que respecta a la primera solicitud>>

10.6.- Con respecto a la segunda petición formulada por la demandante el 25 de julio de 2019 para que se adicionara la sentencia del 24 de abril de 2019, en el sentido de resolver la nulidad previamente expuesta, el juez de tutela tuvo en cuenta que la autoridad demandada aseguró que, partiendo de la anterior respuesta, no existía ningún fundamento legal para acceder a adicionar el fallo de segunda instancia, en razón, a que como se expuso, “no hay un presupuesto fáctico cierto, en lo expuesto por la sancionada en su solicitud de nulidad, que justifique jurídicamente la adición del fallo proferido por [esa] Colegiatura el día veinticuatro (24) de abril de dos mil diecinueve (2019), aprobada según acta No veinticinco (25) de la misma fecha”, sumado a que, en los términos del artículo 205 de la Ley 734 de 2002, no era posible acceder a su petición, teniendo en cuenta que el mismo 24 de abril de 2019 dicha sentencia fue notificada y quedó ejecutoriada. Concluyéndose expresamente que, “Por los anteriores argumentos fácticos y jurídicos, se responde señalando que no es posible acceder a la solicitud de adición deprecada por la abogada María Hilda Muñoz Mora”.

10.7.- Sobre la solicitud elevada el 26 de julio de 2019, en la que la demandante reclama declarar la nulidad desde el informe secretarial con fecha del 25 de septiembre de 2018 por no haberse decidido la primera petición de nulidad, el juez de tutela precisó que la entidad demandada, contestó al respecto que:

<<… debe manifestársele a la Dra. MARÍA HILDA MUÑOZ MORA, que esta tercera petición no tiene la facultad legal y constitucional de conseguir la nulidad deprecada, en razón a que la solicitud gravita sobre la misma nulidad deprecada en la primera petición realizada por la Dra. MARÍA HILDA MUÑOZ MORA, bajo el equivocado argumento de que no había sido notificada de la sentencia sancionatoria de primera instancia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, el día 27 de julio de 2018, la cual contrario a lo expuesto por la peticionaria, quedó legalmente notificada, como se expuso clara, concreta, extensa y probatoriamente en la primera respuesta que en esta providencia se le entrega u ofrece a la Dra. MARÍA HILDA MUÑOZ MORA>>.

10.8.- Es así como, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en proveído del 3 de noviembre de 2020 concluyó:

<<Bajo tales antecedentes, se muestra evidente que se cumplió a cabalidad lo dispuesto en el fallo de tutela CSJ STP6605, del 1º de septiembre de 2020 – Radicación 112158 –, en punto de:

“ORDENAR a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que, en el perentorio término de setenta y dos (72) horas contadas a partir de la notificación de este fallo, emita respuesta a los escritos que la accionante radicó ante esa Corporación los días 24 de septiembre de 2018; 25 y 26 de julio de 2019 y la notifique por el mecanismo más expedito a la accionante”.

En efecto, la autoridad incidentada se pronunció, de fondo, sobre las tres solicitudes que MARÍA HILDA MUÑOZ MORA formuló. Distinto es que la libelista no esté de acuerdo con el sentido de las respuestas, pues ello no es motivo para sustentar un desacato a la decisión, máxime cuando en el fallo de tutela se dejó claro “que es de la esfera exclusiva de esa Colegiatura (la demandada) el contenido de la respuesta y que lo aquí decidido de ninguna manera podrá remover los efectos de cosa juzgada que en la actualidad recaen sobre la sentencia que esa Colegiatura dictó dentro del proceso disciplinario promovido en contra de MARÍA HILDA MUÑOZ MORA»

Por las motivaciones expuestas en precedencia y como queda claro que la orden impartida en el fallo de tutela CSJ STP6605 del 1º de septiembre de 2020 se cumplió a cabalidad, la Sala se abstendrá de dar apertura al incidente de desacato propuesto por MUÑOZ MORA>>.

11.- Se precisa, entonces, que actualmente no existe mérito para concluir que en efecto no se dio respuesta a las solicitudes de la demandante, pues el juez constitucional, en la acción anterior, determinó que se dio una respuesta clara y de fondo a las tres solicitudes, no siendo procedente a través de esta instancia judicial reabrir un debate agotado, surtido y finalizado.

12. Aunado a lo anterior, se advierte que la Corte Constitucional, mediante Auto de 19 de julio de 2021, decidió no seleccionar para revisión la acción de tutela instaurada por la señora María Hilda Muñoz Mora contra el entonces Consejo Superior de la Judicatura, radicada con número T-8.238.885. Al respecto, cabe recordar que la Corte Constitucional ha señalado “que un fallo de tutela hace tránsito a cosa juzgada, en el evento en que esta Corporación se pronuncia sobre una determinada acción de tutela ya sea mediante fallo o a través del auto de selección que notifica la no selección de la misma”.

13. De conformidad con lo expuesto, se declarará improcedente la acción de tutela impetrada por la señora María Hilda Muñoz Mora, en esta oportunidad, dado que se configuró la cosa juzgada al presentarse dos demandas de tutela de cara a los mismos hechos, pretensiones y partes, sin que se explique con suficiencia los motivos que justifiquen una nueva decisión, asunto que, por demás, carece de toda connotación constitucional.

14.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III.- F A L L A

PRIMERO. - DECLARAR improcedente al configurarse la cosa juzgada en la acción de tutela presentada por la señora María Hilda Muñoz Mora, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
Expediente digital, Folio 3 del escrito de demanda.
Expediente digital, Folios 1 a 2 del escrito de demanda.
Expediente digital, Folio 2 del escrito de demanda.
Expediente digital, Folio 14 de la sentencia de tutela del 1 de septiembre de 2020, disponible en el aplicativo SAMAI.
Expediente digital, Folio 11 de la sentencia de tutela del 1 de septiembre de 2020, disponible en el aplicativo SAMAI.
Expediente digital, Folio 1 del escrito de demanda.
Expediente digital, auto contenido en 1 folio.
Expediente digital, correo del 28 de junio de 2021, contentivo de 8 folios, disponible en el aplicativo SAMAI.
Expediente digital, auto contenido en 2 folios.
Expediente digital, intervención contenida en 12 folios.
Al respecto, ver las sentencias T-919 de 2003, SU-168 de 2017 y T-162 de 2018 de la Corte Constitucional.
Cita original: “Sentencia T-1103 de 2005, sentencia T-1122 de 2006, entre otras”.
Cita original: “Ibídem”.
Sentencia T-272 de 2019 de la Corte Constitucional.
Sentencia T-162 de 2018 de la Corte Constitucional.
Expediente digital, Folios 1 y 2 del escrito de demanda.
Corte Constitucional, Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la Sentencia T-151 de 2010.
Corte Constitucional, Sentencia T-137 de 2014.
Ver entre otras: sentencia de 23 de enero de 2020, radicado: 11001-03-15-000-2019-04712-00, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón y sentencia de 8 de noviembre de 2019, radicado: 25000-23-15-000-2019-00222-01, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
Corte Constitucional, sentencia T-053 de 2012.
Expediente digital, Folio 2 del escrito de demanda.
Expediente digital, Folio 10 del escrito de respuesta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Expediente digital, Folios 2 y 3 del fallo de tutela de 1 de septiembre de 2020, dentro del radicado 11001023000020200057000.
Expediente digital, Folio 3 del escrito de demanda.
Expediente digital, Folios 9 y 10 de la respuesta dada el 23 de octubre de 2020.
Expediente digital, Folios 7 y 8 del auto de 3 de noviembre de 2020, proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Expediente digital, Folio 14 del oficio presentado el 23 de octubre de 2020 por el Magistrado Estupiñán Carvajal.
Expediente digital, Folios 8 y 9 del auto de 3 de noviembre de 2020, proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Expediente digital, Folios 9 a 11 del auto de 3 de noviembre de 2020, proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Notificado el 3 de agosto de 2021.
Sentencia T-089 de 2019.
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace HYPERLINK "https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \h https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

Radicación: 11001-03-15-000-2021-03245-00
Demandante: María Hilda Muñoz Mora
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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