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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-03280-01

Fecha
7 de abril de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-03280-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- REVÓCASE la sentencia de 19 de agosto de 2021, proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado. En su lugar, Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Óscar Eduardo Salcedo Lopera, por las razones expuestas. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-03280-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

7 de abril de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-03280-01
Demandante: ÓSCAR EDUARDO SALCEDO LOPERA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-03280-01
Demandante: ÓSCAR EDUARDO SALCEDO LOPERA
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DEL
INTERIOR

Temas: Tutela contra autoridades administrativas. Suspensión del Decreto
575 de 28 de mayo de 2021, “Por el cual se imparten instrucciones
para la conservación y restablecimiento del orden
público”. Procedibilidad de la acción de tutela respecto de actos
administrativos de carácter general, impersonal y abstracto

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República, contra la
sentencia de 19 de agosto de 2021, proferida por la Sección Segunda, Subsección
“A” del Consejo de Estado, en la que se resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado en la sentencia de 22 de julio de 2021, proferida dentro de la acción de tutela
con radicado N.º 11001-03-15-000-2021-02250-00, en relación con la suspensión
provisional del Decreto 575 de 28 de mayo de 2021.

(…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El actor manifestó que el Gobierno Nacional emitió el Decreto 575 de 28 de mayo
de 2021, “Por el cual se imparten instrucciones para la conservación y
restablecimiento del orden público”, en el que se autorizó la asistencia militar y
judicialización de los ciudadanos que participaban en el Paro Nacional.

Sostuvo que la emisión de dicho acto administrativo comporta una “clara acción
que corresponde a la estigmatización y criminalización de la protesta social,
favoreciendo con esto la instrumentalización de la violencia, detenciones
arbitrarias e incluso falsos positivos judiciales”.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el fin de que se amparen los
derechos fundamentales a la manifestación pacífica y a la libre asociación, así
como los derechos a la paz y a la satisfacción de los fines esenciales del Estado,
los cuales considera vulnerados con la emisión del Decreto 575 de 28 de mayo de

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2021, “Por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento
del orden público”.

Indicó que las disposiciones del mencionado acto administrativo representan un
claro riesgo para la vida de los manifestantes que participaban en el llamado paro
nacional, pues al autorizar la asistencia militar se propicia la violación sistemática
de derechos humanos, las detenciones arbitrarias y “los falsos positivos
judiciales”.

Adujo que la norma resulta contraria a lo establecido en la Ley 1801 de 2016, “Por
la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”,
dado que allí no se concibe un tratamiento militar a la protesta social, sino
netamente policial.

Así mismo, mencionó que de conformidad con el informe sobre Protesta y
Derechos Humanos, publicado en el año 2019 por la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante la Comisión IDH), “el recurso a la fuerza pública puede constituir un
elemento importante para garantizar el derecho a la protesta y proteger la
integridad de los manifestantes. Por otro lado, también representa una importante
fuente de violaciones a estos mismos derechos”. Agregó que allí también se
establece, luego de citar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH), que el uso de la fuerza debe ser el último recurso, pues
debe estar limitado cualitativa y cuantitativamente y únicamente se justifica cuando
se pretenda impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción
estatal.

Por lo anterior, sostuvo que dentro de ese marco caracterizado por la
excepcionalidad, tanto la Comisión IDH como la Corte IDH, han coincidido en que,
para que el uso de la fuerza se encuentre justificado, se deberán satisfacer los
principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.

Manifestó que la decisión de otorgar un tratamiento militar a la protesta no resulta
proporcional, dado que promueve la comisión de “graves violaciones a los
derechos humanos contra los manifestantes por parte de la fuerza pública,
principalmente de la policía y el ESMAD”.

Relató que de acuerdo con el “Informe de Temblores ONG e Indepaz a la CIDH sobre
la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la
Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia en
el marco de las protestas realizadas entre el 28 de abril y el 12 de mayo de 2021”, se
reportan 1055 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 442 intervenciones
violentas en el marco de protestas pacíficas, 30 víctimas de agresiones oculares, 133
casos de disparos de arma de fuego, 16 víctimas de violencia sexual, 3 víctimas de
violencia basada en género. Por esta razón es contraproducente e incluso se pronostica,
con la militarización, aumento de las violaciones a los derechos humanos, ya que es una
respuesta que no obedece al principio de proporcionalidad establecido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos: “la moderación en el actuar de los agentes del
orden que procurará minimizar los daños y lesiones que pudieren resultar de su
intervención, garantizando la inmediata asistencia a las personas afectadas y procurando
informar a los familiares y allegados lo pertinente en el plazo más breve posible”.

Así mismo, puso de presente de acuerdo con el Código de Conducta para
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 34/169 de 17 de
diciembre de 1979, “sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que
lo requiera el desempeño de sus tareas”, podrá hacerse uso de la fuerza.

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Aseguró que aun cuando algunos manifestantes han bloqueado las vías, esto se
realiza como una forma legítima de protesta social de la ciudadanía. Así lo ha
precisado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha aceptado que
“las formas de protesta son variadas e incluyen, entre otras, las ocupaciones – ya
sea de un edificio público o privado o un terreno escuela – y los cortes de vías
(Protesta y Derechos Humanos Estándares sobre los derechos involucrados en la
protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal, 2019, p.
53)”.

En este orden de ideas, sostuvo que la criminalización de la protesta social por el
bloqueo de las vías, resulta ilegítimo y contraría disposiciones nacionales e
internacionales, pues se actúa en contra de los manifestantes como si se tratase
de criminales.

Sobre el particular, citó la sentencia C-009 de 20181 de la Corte Constitucional, en
la cual, para el actor, deja claro que “los derechos a la reunión y a la manifestación
pública y pacífica son fundamentales, incluyen la protesta y están cobijados por las
prerrogativas del derecho a la libertad de expresión. Así mismo excluyen de su contorno
material las manifestaciones violentas y los objetivos ilícitos. Estos derechos tienen una
naturaleza disruptiva, un componente estático (reunión/pública) y otro dinámico
(manifestación pública). En este sentido, el ejercicio de estos derechos es determinante
para la sociedad en la preservación de la democracia participativa y el pluralismo”.

Finalmente, indicó que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito el 12 de noviembre de 2016
entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en La Habana, Cuba, establece que la
construcción de la Paz requiere de la movilización y participación ciudadana en los
asuntos de interés público, lo que implica el fortalecimiento de las garantías para
la movilización y la protesta pacífica, ya que son consideradas como formas de
acción política y ejercicios legítimos de los derechos a la reunión, a la libre
circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición dentro
de un sistema democrático.

3. Pretensiones

De acuerdo con la lectura integral del escrito de tutela, la finalidad de la solicitud
es que se suspenda o se deje sin efecto el Decreto 575 de 28 de mayo de 2021,
“Por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del
orden público”.

4. Pruebas relevantes

Con el escrito de tutela no se allegó ningún documento.

5. Trámite procesal

Encontrándose el expediente de la referencia al despacho de primera instancia
para decidir sobre su admisión, la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo
de Estado encontró que de conformidad con la información registrada en el
Sistema para la Gestión Judicial SAMAI, fueron radicadas en esta Corporación
varias acciones de tutela con presupuestos fácticos y jurídicos similares al asunto
bajo examen, por lo que mediante auto de 8 de junio de 2021, resolvió remitir el
asunto al despacho del consejero Julio Roberto Piza Rodríguez de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, con el fin de que resolviera sobre la posible
acumulación a la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2021-02250-00.

1 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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La solicitud de acumulación fue negada por auto de 24 de junio de 2021, al
considerar que si bien las dos tutelas tienen como hecho común las protestas
sociales, esa sola circunstancia no hace procedente la acumulación, pues la
violación de derechos fundamentales se predica de autoridades distintas y las
pretensiones en cada caso son diferentes.

Por lo anterior, la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, a
través de providencia de 8 de julio de 2021, admitió la acción de tutela y ordenó
notificar a la parte demandante y a las autoridades demandadas.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
72152 a 72155 de 27 de julio de 2021, con el fin de dar cumplimiento a la referida
decisión.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y del Presidente de la República

Mediante escrito allegado por correo electrónico el 27 de julio de 2021, la
apoderada judicial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y/o del señor Presidente de la República solicitó que se “niegue por
improcedente” la acción de tutela, al considerar que se configuró la falta de
legitimación en la causa por pasiva y que no se cumplió el requisito de la
subsidiariedad, teniendo en cuenta que el actor cuenta con otro medio de defensa
judicial, como es la acción de nulidad por inconstitucionalidad para controvertir el
Decreto 575 de 2021, dado su carácter general y porque contiene medidas para
restablecer el orden público en los territorios en donde se encuentra afectado.

De manera subsidiaria, pidió que se nieguen las pretensiones de la acción, por
cuanto “no se ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales de quien acciona con
la expedición por parte del Gobierno nacional del decreto en cita, por el contrario, del
escrito de tutela se advierten reproches de tipo constitucional y legal que atacan la
legalidad del mismo, análisis que escapa de la órbita de estudio del juez de tutela”.

En primer lugar, sostuvo que el actor puede acudir a la acción de nulidad por
inconstitucionalidad para controvertir el Decreto 575 de 2021 y solicitar la
suspensión provisional del acto administrativo, lo que deja sin sustento el
argumento presentado en la acción de tutela en cuanto a que con la expedición
del decreto se evaden los controles propios de los pesos y contrapesos en el
Estado de Derecho, pues lo cierto es que dicho acto administrativo cuenta con un
control por parte de la jurisdicción contencioso administrativa.

En segundo término, aseguró que el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República carece de legitimidad para hacer parte del presente
proceso por cuanto su director no hace Gobierno con el Presidente de la
República en materia de orden público, y éste último tampoco es el llamado a
representar y defender los actos de Gobierno.

En cualquier caso, indicó si se decide estudiar de fondo la solicitud de amparo,
deben negarse las pretensiones dado que la entidad no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados, ni ha desconocido las normas constitucionales y legales
señaladas en el escrito de tutela.

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Manifestó que el Decreto 575 de 2021 desarrolla deberes y potestades
constitucionales otorgadas al Presidente de la República en los artículos 189,
numeral 4, 303 y 315 de la Constitución Política, a lo que agregó que no se
sustituye una sola norma, por el contrario, se enmarca dentro de los instrumentos
propios de la normalidad jurídica en el país a la luz de lo dispuesto en la
Constitución y no equivale a decretar un estado de conmoción interior, ni a alterar
en forma alguna la distribución de funciones estatales entre las distintas ramas del
poder público. Aseguró que no se declaró un estado de excepción, pues para ello
se deben cumplir los requisitos y procedimientos establecidos en los artículos 213
de la Constitución Política y 134 y siguientes de la Ley 137 de 1994, ninguno de
los cuales ha sido aplicado por el Gobierno Nacional.

Advirtió que el decreto tampoco sustituye la potestad sancionatoria del Estado
puesto que consagra una norma de carácter general en la que se indica que el
incumplimiento de las obligaciones o la omisión en el desarrollo de sus funciones
conllevará las responsabilidades a que haya lugar.

Mencionó que el decreto hace uso de una herramienta legal y una potestad
otorgada al Presidente de la República y no atribuye a la fuerza pública funciones
que no están definidas en el ordenamiento legal vigente. Agregó que tampoco se
desconoce el principio de autonomía territorial y administrativa de alcaldes y
gobernadores, sino que, por el contrario, atiende las funciones atribuidas a dichas
autoridades por los artículos 313 y 315 de la Constitución Política. Por último,
señaló que no se desconoce el derecho a la protesta social cuyo objeto sea lícito.

En tercer lugar, sostuvo que la expedición del Decreto 575 de 2021 no configura
un perjuicio irremediable, dado que no ha puesto en riesgo al accionante o a la
ciudadanía, a lo que agregó que si el actor considera que se le causó algún daño,
puede acudir a la acción de reparación directa.

Por último, afirmó que no se observa circunstancia alguna que amerite la
suspensión del acto administrativo para salvaguardar los derechos fundamentales
invocados por el demandante, y reiteró que cuenta con la acción de nulidad por
inconstitucionalidad en donde puede solicitar el decreto de una medida cautelar
mientras el juez natural efectúa el estudio correspondiente.

6.2. Respuesta del Ministerio del Interior

Por escrito remitido el 11 de agosto de 2021, a través de correo electrónico, la
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica pidió que se declare la carencia actual de
objeto por hecho superado, “por cuanto los efectos jurídicos del Decreto 575 de
2021, se encuentran suspendidos transitoriamente, con ocasión a la decisión
judicial proferida por la Sección Cuarta del H. Consejo de Estado, dentro del
trámite de la acción de tutela No 11001-03-15-000-2021-02250-00”. Además, pidió
que se declare probada la inexistencia de vulneración de los derechos
fundamentales por parte del Ministerio del Interior, al no lesionar los derechos de
reunión ni de protesta pacífica y pública.

En efecto, indicó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sede de tutela,
resolvió suspender, de manera transitoria, el Decreto 575 de 2021, hasta que la
jurisdicción contencioso administrativa decida definitivamente las demandas
interpuestas contra ese Decreto, por lo que con dicha decisión se encuentra
satisfecha la pretensión de la parte accionante, configurándose la carencia actual
de objeto por hecho superado.

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Por último, señaló que con la expedición del mencionado acto administrativo la
cartera ministerial no vulneró ningún derecho fundamental del accionante ni
tampoco desconoció el derecho a la protesta social.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en sentencia de 19 de
agosto de 2021, resolvió estarse a lo resuelto por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado en la sentencia de 22 de julio de 2021, proferida dentro de la acción de
tutela con radicado N.º 11001-03-15-000-2021-02250-00, en la que se dispuso la
suspensión provisional del Decreto 575 de 28 de mayo de 2021.

Lo anterior, se sustentó en que el motivo de la inconformidad expuesta por el
demandante está relacionado con la orden de asistencia militar impartida por el
Gobierno Nacional en el territorio nacional para controlar el orden público en el
marco del ejercicio del derecho a la protesta, a través del referido acto
administrativo, aspecto que ya fue conocido y resuelto por otro juez constitucional,
de modo que no es dable efectuar pronunciamiento alguno a ese respecto, con el
fin de preservar la coherencia, la seguridad jurídica y la igualdad.

8. Escritos de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio del
Interior impugnaron la decisión del a quo bajo los siguientes argumentos:

8.1. Por escrito de 7 de septiembre de 2021, el Secretario Jurídico y la Jefe de la
Oficina jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
solicitaron que se revoque el fallo de primera instancia, al considerar que no debió
hacerse remisión a la sentencia de 22 de julio de 2021, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, en la que se suspendieron los efectos del Decreto
575 de 2021, pues dicha providencia “carece de todas las garantías”, como quiera
el referido acto administrativo se expidió con el fin de contener situaciones de
orden público que no tienen nada que ver con el escenario de las protestas, sino
que busca hacer frente a los hechos delictivos que alteraban la seguridad y la
convivencia.

Por esa razón indicaron que no están de acuerdo con lo resuelto en la sentencia
de 22 de julio de 2021, dado que (i) los accionantes no acreditaron el interés en la
causa por activa para promover la acción de tutela, en razón a que no
demostraron, ni siquiera sumariamente, una afectación o amenaza subjetiva o
individual a sus derechos fundamentales; (ii) la acción de tutela es improcedente
por no cumplir el requisito de la subsidiariedad, pues existen otros medios para la
defensa de los derechos invocados, máxime al no comprobarse la existencia de
un perjuicio irremediable, (iii) el Decreto 575 de 2021 se expidió con el fin de
conservar y restablecer el orden público, pero no desarrolla una sola
consideración frente al ejercicio de la protesta pacífica; (iv) la Sección Cuarta del
Consejo de Estado erró de manera grave por cuanto los bloqueos, en especial los
generados con violencia, son ilegales pues con ellos se altera en forma grave la
convivencia ciudadana y la “perturbación” trasciende los límites de la razonabilidad
y proporcionalidad; (v) con la decisión se vulneraron los derechos fundamentales
al debido proceso y a la defensa del Gobierno Nacional, por cuanto oficiosamente,
sin solicitud de los accionantes y sin que siquiera se hubiera expedido el Decreto
575 de 2021 al tiempo de presentación de esta acción el juez de tutela, se decide
su suspensión y, por último, (vi) desconoce las potestades del Presidente de la
República en materia de orden público.

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Sostuvieron que en el fallo de tutela de 22 de julio de 2021, la Sección Cuarta
desconoció que el Decreto 575 de 2021, lejos de configurar una violación a
derecho fundamental alguno o amenaza, busca proteger los derechos de los
habitantes del territorio nacional, quienes en su mayoría han sido víctimas de
hechos delictuales y violentos, esto en cumplimiento del deber constitucional que
el tiene el presidente de la República frente a garantizar el orden público y
proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

Manifestaron que el juez de tutela de primera instancia desconoció el contenido de
la sentencia C-281 de 2017, proferida por la Corte Constitucional, que declaró
exequible condicionadamente el artículo 56 de la Ley 1801 de 2016, al no tener en
cuenta que la asistencia militar no se prohibió en el país y que la misma constituye
una herramienta válida para la conservación del orden público cuando hechos de
grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan.

En este orden de ideas, solicitaron que “se REVOQUE el fallo del 19 de agosto de
2021, proferido por la Sección Segunda Subsección “A” del honorable Consejo de
Estado que se estuvo a lo resuelto en la Sentencia del 22 de julio de 2021 de la
Sección Cuarta del honorable Consejo de Estado, y en su lugar niegue el amparo
decretado por: (i) falta de legitimación por activa del demandante; (ii)
improcedencia de la acción de tutela por ausencia del requisito de subsidiariedad;
(iii) no haberse demostrado vulneración alguna de los derechos fundamentales
invocados por los accionantes, mucho menos la amenaza de sus derechos; (iv)
por vulneración del debido proceso y derecho de defensa del Gobierno Nacional y
(v) por desconocimiento de las competencias constitucionales del juez de tutela”.

8.2. En memorial de 9 de septiembre de 2021, la Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica del Ministerio del Interior pidió que se revoque la sentencia de tutela de 19
de agosto de 2021 y, en su lugar, se declare la improcedencia de la solicitud de
amparo, al no cumplir con el requisito de la subsidiariedad. Además, indicó que en
caso de que no se declare la improcedencia y se realice estudio de fondo, se
revoquen “los numerales 2 y 3 de la sentencia de fecha 22 de julio de 2021
proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Cuarta trámite 2021-2205” y, de este modo, se mantenga con plena vigencia los
efectos del Decreto 575 del 28 de mayo de 2021.

Señaló que está inconforme con lo resuelto en la decisión de 22 de julio de 2021,
pues no debieron suspenderse los efectos del referido Decreto toda vez que los
accionantes contaban con otros medios de defensa judicial para debatir sus
inconformidades, como son el medio de control de nulidad por inconstitucional y
de simple nulidad contemplados en los artículos 135 y 137 del CPACA.

Manifestó que con la expedición del Decreto 575 de 2021 no se causa en manera
alguna un perjuicio irremediable y ni se ha puesto en riesgo a los accionantes o a
la ciudadanía en sus acciones, pues lo que se persigue es prevenir los desmanes
y la violencia por parte de los manifestantes al dejar de ser pacífica, y buscar el
restablecimiento del orden público en los territorios. Señaló que en cualquier caso
no existen elementos de juicio que permitan indicar razonablemente la existencia
de amenaza alguna con la expedición de dicho Decreto, toda vez que los
elementos de prueba que reposan en el expediente corresponden a hechos
anteriores a la expedición del mismo.

Por último, aseguró que al suspenderse los efectos del acto administrativo
demandado se deja al Jefe de Estado sin herramientas para hacer frente a los
desmanes violentos y evidentes de una protesta que dejó de ser pacífica, y
constituye “un precedente nefasto para que las futuras protestas en el país se

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ejerzan con violencia, sin que el Jefe de Estado pueda emplear esta herramienta
de asistencia militar legalmente consagrada”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala, en los términos de la impugnación, determinar si se
debe revocar la sentencia de primera instancia proferida el 19 de agosto de 2021,
por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado que dispuso
estarse a lo resuelto por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la sentencia
de 22 de julio de 2021, proferida dentro de la acción de tutela con radicado N.º
11001-03-15-000-2021-02250-00, en relación con la suspensión provisional del
Decreto 575 de 28 de mayo de 2021, o si, por el contrario, se debe declarar la
improcedencia de la acción de tutela dado que el actor cuenta con otros medios de
defensa judicial para controvertir la constitucionalidad y la legalidad del
mencionado acto administrativo.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos de carácter general, impersonal y abstracto

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

En desarrollo del artículo 86 de la Constitución Política, el numeral 1º del artículo
6º del Decreto Ley 2591 de 1991, establece que la acción de tutela será
improcedente cuando existan otros medios de defensa judicial eficaces para
resolver la situación particular en la que se encuentre el solicitante.

Además, de conformidad con los numerales 2º a 5º de dicha norma, tampoco se
considera procedente cuando para proteger el derecho se pueda invocar el
habeas corpus; cuando se pretenda proteger derechos colectivos; cuando sea
evidente que la violación del derecho originó un daño consumado y, por último, “5.
cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”.

Dentro de esta última causal de improcedencia, se encuentran contemplados los
actos administrativos de carácter general o impersonal, es decir, aquellos que
“crea, modifican o extinguen una situación jurídica general, no relacionada

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directamente con alguna persona o cosa determinada”2.

Debido a que la acción de tutela esta concebida como un mecanismo excepcional
para la protección individual o subjetiva de los derechos fundamentales, en
principio, no constituye el medio apto para impugnar judicialmente actos
administrativos de carácter general o impersonal3, pues el ordenamiento jurídico
establece otros medios de defensa judicial que permiten verificar la
constitucionalidad y la legalidad de esa clase de actuaciones. En particular, (i) la
acción de nulidad por inconstitucionalidad, contemplada en el artículo 135 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)4 y (ii) la acción de simple nulidad consagrada en el artículo 137 ibíd5. Así
como, (iii) las demandas de inconstitucionalidad que se tramitan ante la Corte
Constitucional (art. 245, numeral 5º de la Constitución Política), contra los decretos
con fuerza de ley dictados por el Gobierno en ejercicio de facultades
extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República, por su contenido
material o por vicios de procedimiento en su formación.

En sentencia T-111 de 2008, la Corte Constitucional advirtió que, cuando la tutela
se dirige contra un acto de carácter general, impersonal y abstracto, deben
cumplirse los siguientes supuestos para la procedencia: “(i) Que se está ante una
amenaza cierta, consistente en que de la aplicación de un acto de carácter
general, impersonal y abstracto, se derive una afectación de los derechos
fundamentales de una persona y, (ii) Que, en tal eventualidad, el acudir a las vías
ordinarias podría comportar la ocurrencia de un perjuicio irremediable”.

Además, mediante sentencia C-132 de 20186, dicha corporación judicial precisó

2 Berrocal Guerrero, Luis Enrique, Manual del Acto Administrativo, Bogotá, Colombia: Librería
Ediciones del Profesional LTDA. Cuarta Edición, 2005, p. 85.
3 Corte Constitucional, sentencia T-097 de 2014, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
4 “Artículo 135. Nulidad por inconstitucionalidad. Los ciudadanos podrán, en cualquier tiempo,

solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los decretos de carácter
general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional
en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política, por infracción directa de la
Constitución.
También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por
expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del
Gobierno Nacional.
PARÁGRAFO. El Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos
formulados en la demanda. En consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad por
inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional. Igualmente podrá
pronunciarse en la sentencia sobre las normas que, a su juicio, conforman unidad normativa con
aquellas otras demandadas que declare nulas por inconstitucionales”.
5 “Artículo 137. Nulidad

Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los
actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o
sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de
certificación y registro.
Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los
siguientes casos:
1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se
genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un
tercero.
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público,
político, económico, social o ecológico.
4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático
de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente”.
6 M.P. Alberto Rojas Ríos.

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los criterios desarrollados a través de una línea de interpretación uniforme7 e
identificó las reglas de procedencia de las acciones de tutela contra un acto de
carácter general, impersonal y abstracto.

En concreto, señaló que por regla general la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo y apropiado para controvertir este tipo de actos. Sin embargo, también
advirtió que la jurisprudencia constitucional ha admitido dos excepciones a dicha
regla de improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de
carácter abstracto y general, a saber:

“cuando (i) la persona afectada carece de medios ordinarios para procurar la defensa
de sus derechos fundamentales, dado que no tiene legitimación para cuestionar esa
clase decisiones de la administración, o el asunto objeto de debate es de naturaleza
constitucional; y cuando (ii) la aplicación del acto administrativo general amenace o
vulnere los derechos fundamentales de una persona. Además, (…) la acción de tutela
es procedente contra las determinaciones de orden general en el evento que éstas
causen daños a los derechos fundamentales de las personas y que devengan en
perjuicios irremediables”.

Asimismo, de comprobarse alguna de las dos últimas hipótesis, el juez
constitucional está habilitado para “hacer uso de la facultad excepcional
consistente en ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un
carácter eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de fondo
por parte del juez competente”8.

Por último, en cuanto al perjuicio irremediable, se deben seguir los criterios
jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-695 de
20159, según la cual debe comprobarse que el perjuicio alegado sea (i) inminente,
es decir, que amenaza o está por suceder prontamente, esto es, tiende a un
resultado cierto derivado de una causa que está produciendo la inminencia; (ii)
que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable
sean urgentes, en el sentido de que se debe precisar una medida o remedio de
forma rápida que evite la configuración de la lesión; (ii) grave, pues el daño o
menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona, debe ser de gran
intensidad y, por último, que (iii) la urgencia y la gravedad hagan que la acción de
tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el
orden social justo en toda su integridad.

En suma, teniendo en cuenta las características esenciales de la acción de tutela,
dicho mecanismo constitucional, por regla general, es improcedente para
controvertir actos de contenido general, impersonal y abstracto. Su procedibilidad
únicamente se habilita (i) cuando la persona afectada carezca de mecanismos
judiciales ordinarios para procurar la defensa de sus derechos fundamentales, por
no estar legitimado o porque el asunto objeto de debate es de naturaleza
constitucional; y, (ii) cuando sea posible establecer que el contenido del acto de
carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un derecho
fundamental de una persona determinada o determinable. Además, (iii) cuando se
trate de conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable. Solo en los dos
últimos casos el juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en
ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter
eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del
juez competente.

7 Cfr., entre otras, las sentencias SU-037 de 2009, T-111 de 2008, T-1073 de 2007, T-645 de 2006,

T-1015 de 2005, T-435 de 2005, T-1098 de 2004, T-1497 de 2000, SU-1052 de 2000, T-815 de
2000, T-287 de 1997, T-31 de 1993.
8 Corte Constitucional, sentencia de 28 de enero de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
9 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El accionante presentó acción de tutela en contra del Decreto 575 de 28 de
mayo de 2021, “Por el cual se imparten instrucciones para la conservación y
restablecimiento del orden público”, en tanto considera que resulta contrario a: (i)
los estándares internacionales fijados por la Comisión IDH y la Corte IDH en
materia de protección al derecho fundamental a la protesta; (ii) la Ley 1801 de
2016, “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana”; (iii) las reglas jurisprudenciales fijadas por la Corte Constitucional en
la sentencia C-009 de 2018, en cuanto al alcance de los derechos a la reunión y a
la manifestación pública y pacífica, así como (iv) lo pactado en el Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera
frente a las garantías a la protesta social y su importancia para la construcción de
la paz.

La Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado en sentencia de 19
de agosto de 2021, resolvió estarse a lo resuelto por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado en la providencia de 22 de julio de 2021, proferida dentro de la
acción de tutela con radicado Nº 11001-03-15-000-2021-02250-00, en la que se
suspendieron de manera transitoria los efectos del Decreto 575 de 2021, hasta
que la jurisdicción de lo contencioso administrativo decidiera definitivamente las
demandas interpuestas contra él. Lo anterior, al considerar que lo relacionado con
la orden de asistencia militar impartida por el Gobierno Nacional para controlar el
orden público ya había sido objeto de pronunciamiento en dicha providencia.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio
del Interior impugnaron la decisión del a quo, al considerar que no debió estarse a
lo resuelto en la sentencia de 22 de julio de 2021, sino que debió declararse la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir requisito de la subsidiariedad
ya que al dirigirse contra un acto administrativo de carácter general, impersonal y
abstracto lo procedente era iniciar el medio de control de nulidad por
inconstitucionalidad o de simple nulidad, en donde el actor podrá solicitar medidas
cautelares tales como la suspensión provisional del acto demandado.

4.2. Al respecto, se precisa que en la mencionada sentencia de 22 de julio de
2021, la Sala mayoritaria accedió a amparar los derechos fundamentales a la
protesta social, a la vida e integridad personal de los demandantes y se
suspendieron de manera transitoria los efectos del Decreto 575 de 2021, entre
otras órdenes, ante la inminencia de la amenaza el derecho a la reunión y
manifestación de los demandantes y de los manifestantes en general, por cuenta
de la intervención de las Fuerzas Militares en movilizaciones sociales,
circunstancias que en este momento no se presentan y, por lo tanto, como se verá
más adelante, la acción de tutela resulta improcedente. Esa decisión fue revocada
por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado.

4.3. En el asunto bajo examen, la Sala encuentra que los argumentos expuestos
por el actor en el escrito de tutela se relacionan con la constitucionalidad y/o
legalidad del Decreto 575 de 28 de mayo de 2021, pues realiza un juicio de
contraste de dicha normativa con los estándares internacionales y las normas
constitucionales y legales, que considera resultan contrarias a la autorización de la
asistencia militar para dispersar a los ciudadanos que ejerzan su derecho a la
protesta.

De este modo, le asiste razón a las autoridades demandadas al afirmar en los
escritos de impugnación que la acción de tutela no cumple con el requisito de la
subsidiariedad dado que los reparos formulados por el actor frente al Decreto 575
de 2021, más que relacionarse con la vulneración de derechos fundamentales,

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ostentan un carácter constitucional y legal propio de los medios de control de
nulidad por inconstitucionalidad (art. 135 del CPACA) o de simple nulidad (art. 137
del CPACA), por lo que de ser estudiados de fondo por el juez constitucional se
estarían usurpando las funciones del juez natural.

En efecto, esta Sala, ha sido del criterio que los medios de control idóneos para
discutir la constitucionalidad o la legalidad de los actos administrativos de carácter
general, impersonal y abstracto, como lo es el Decreto 575 de 202110, son la
nulidad por inconstitucionalidad o la simple nulidad, pues en ellos se pueden
solicitar las medidas cautelares previstas en el artículo 229 a 241 de la Ley 1437
de 2011 modificada por la Ley 2080 de 2021, incluidas las de urgencia, las cuales
tienen la misma eficacia de la acción de tutela.

Sobre el particular, el capítulo XI del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA) ha dispuesto las medidas cautelares en
las acciones contencioso administrativas como un mecanismo de defensa
provisional, idóneo y eficaz si lo que se pretende es evitar un perjuicio
irremediable, razón por la que es deber del actor agotar dicho medio, en primer
término, debido a la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela.

Según el artículo 230, las medidas cautelares, podrán ser: i) preventivas, cuando
se ordene la adopción de una decisión administrativa con el fin de evitar un
perjuicio irremediable o la agravación de los efectos; ii) conservativas, cuando el
juez ordena mantener la situación o que se restablezca al estado en que se
encontraba antes de la conducta vulneradora o amenazadora; iii) anticipativas,
cuando se ordene la adopción de una decisión administrativa; iv) suspensivas,
cuando se ordene suspender provisionalmente los efectos de un acto
administrativo.

Por lo anterior, es claro que la acción de tutela fue presentada sin cumplir el
requisito de la subsidiariedad, al existir otros medios de defensa judicial para
ventilar el debate constitucional y legal propuesto por el actor. Además,
actualmente se encuentran en curso varias demandas en las que se controvierte
el acto administrativo demandado11.

En cualquier caso, la Sala no desconoce que eventualmente puede activarse la
competencia del juez de tutela para definir si los actos generales, impersonales y
abstractos vulneran de manera directa y flagrante derechos fundamentales y si
puede otorgarse el amparo transitorio hasta que el juez administrativo decida de
fondo sobre la legalidad del acto.

Sin embargo, en el asunto bajo examen no se lograron acreditar los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional12 para habilitar la procedencia

10 Esta Sala en sentencia de 23 de septiembre de 2021, exp. No. 11001-03-15-000-2021-03364-00,

C.P. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, declaró improcedente la acción de tutela iniciada por el
Senador Iván Cepeda Castro con el fin de que ordenara “inaplicar” el Decreto 575 de 2021, al
encontrar que los reproches formulados en el escrito de tutela correspondían a un debate de
constitucionalidad y de legalidad que debía ser resuelto a través de los medios de control de
nulidad por inconstitucionalidad o de simple nulidad y no mediante la acción de tutela.
11 De acuerdo con la información suministrada por el Sistema de Consulta de Procesos SAMAI, se

observa que existen varias demandas de nulidad simple con suspensión provisional, interpuestas
contra el Decreto 575 de 2021, las cuales se tramitan en la Sección Primera de esta Corporación y
corresponden a los radicados No. 11001032400020210033300; 11001032400020210028900;
11001032400020210026100; 11001032400020210026700 y 11001032400020210025700.
12 De conformidad con la sentencia C-132 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos, es necesario que se

acredite (i) que el accionante carece de mecanismos judiciales ordinarios para procurar la defensa
de sus derechos fundamentales, por no estar legitimado o porque el asunto objeto de debate es de
naturaleza constitucional o (ii) que se pueda establecer que el contenido del acto administrativo
afecta clara y directamente un derecho fundamental de una persona determinada o determinable.
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excepcional de la acción de tutela dado que no es posible determinar que el
contenido del acto administrativo demandado afecte directamente derechos
fundamentales, ni tampoco se mencionó la posible ocurrencia de un perjuicio
irremediable o la existencia de un daño o menoscabo material o moral grave que
haga impostergable el estudio constitucional.

4.3. En ese orden de ideas, contrario a lo decidido por el a quo, la Sala considera
que se debió declarar la improcedencia de la acción de tutela porque la parte
actora cuenta con otros medios de defensa judicial para controvertir actos
administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, como son los medios
de control de nulidad por inconstitucionalidad (art. 135 del CPACA) o de simple
nulidad (art. 137 del CPACA).

En este orden de ideas, como quiera que la parte accionante cuenta con otros
medios de defensa judicial para proponer la discusión que ahora se ventila ante el
juez constitucional, la Sala revocará la sentencia objeto de impugnación y, en su
lugar, declarará la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de la subsidiariedad.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- REVÓCASE la sentencia de 19 de agosto de 2021, proferida por la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado. En su lugar,

Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Óscar Eduardo Salcedo Lopera, por las razones expuestas.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

Además, (iii) también debe verificarse si lo que se pretende es conjurar la posible ocurrencia de un
perjuicio irremediable.
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Demandante: ÓSCAR EDUARDO SALCEDO LOPERA

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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