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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-03350-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
16 de julio de 2021
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-03350-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo solicitado por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-03350-00

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

16 de julio de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / TERCERA INSTANCIA - La parte demandante pretende reabrir el debate jurídico / PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA MIEMBRO DE LA POLICIA NACIONAL / PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS – No se configura / DEFECTOS POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE, SUSTANTIVO Y POR VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTISTUCIÓN

Es claro para la Sala que el accionante, mediante acción de tutela, pretende reabrir el debate jurídico dado ante el juez natural de la causa en este aspecto, reiterando que el juez de segunda instancia no dictó la nulidad del auto de 7 de julio de 2014 con el propósito de que se volviera a evaluar la calificación de la conducta, a pesar de que, como se mencionó anteriormente, una de las principales razones para declarar nulo el primer auto de citación a audiencia disciplinaria en el que se le imputó solo un cargo fue precisamente la falta de análisis y pronunciamiento por parte de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía sobre los hechos conexos a la pérdida de 4 cartuchos del lote 72/06, que se relacionaban directamente con los hechos ocurridos el 29 de junio de 2014, en los que se probó la responsabilidad por porte y accionamiento de arma de fuego de uso personal por parte del actor. Ahora bien, con respecto al argumento del actor según el cual, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado no se pronunció sobre la vulneración al principio de la non reformatio in pejus, se estima que tampoco es procedente, en atención a que, el accionante no lo alegó expresamente en el escrito de apelación puesto en conocimiento de la autoridad judicial demandada, así como tampoco en los alegatos de conclusión presentados en segunda instancia. (…) En lo que respecta al precedente de la Corte Suprema de Justicia presuntamente desconocido, debe indicarse que tampoco se cumple con el requisito de carga argumentativa, pues el accionante se limita a enlistar varias sentencias, sin indicar siquiera el número de radicado en que cada una de ellas fue proferida, las similitudes fácticas y jurídicas de dichos casos con el que se analiza, siendo evidente además que, por la naturaleza de materias que estudia dicha Alta Corporación y la naturaleza del caso del señor [R.L], dichos fallos versan sobre materias y asuntos completamente diferentes, no existiendo entonces desconocimiento de dichas decisiones judiciales por los jueces del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En relación con el defecto material o sustantivo, el demandante hizo énfasis en que los jueces del proceso disciplinario y del contencioso administrativo desconocieron el precedente previamente citado e igualmente, ignoraron que, acorde con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley 734 de 2002, el pliego de cargos solo podría ser cambiado luego de concluida la práctica de pruebas y hasta antes del fallo de primera o única instancia, “por error en la calificación jurídica o por prueba sobreviniente”, pero en el presente asunto, no se presentó ninguna de dichas circunstancias y aun así, se cambiaron las faltas disciplinarias a investigar, violando el debido proceso del actor. (…) La Sala estima que la acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, máxime si se tiene en cuenta que su objeto es continuar con un debate que se concluyó en las instancias respectivas, lo que desnaturaliza su finalidad como mecanismo de protección de los derechos fundamentales.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03350-00(AC)

Actor: JHON JAIRO ROSAS LÓPEZ

Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN
A Y OTRO

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Surtido el trámite de ley, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Jhon Jairo Rosas López, a través de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A y el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A.

I. A N T E C E D E N T E S

A. La demanda y sus fundamentos

1.- El 2 de junio de 2021, el señor Jhon Jairo Rosas López, obrando mediante apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda - Subsección A y el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y “non reformatio in Pejus”, presuntamente vulnerados, al proferir las providencias de 6 de septiembre de 2018 y 29 de octubre de 2020, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (rad. 25000-23-42-000-2016-04930-01), que promovió contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, pues, a su juicio, ambas instancias judiciales incurrieron en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución Política.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen a lo siguiente (se transcribe literal):

“PRIMERO: Que se amparen al Accionante Jhon Jairo Rosas López los derechos fundamentales Constitucionales, entre ellos, al Debido Proceso, a la Igualdad, al derecho de Non Reformatio In Pejus del Artículo 31, así como el Acceso a la Administración de Justicia, y los demás que considere vulnerados el Honorable Juez de Tutela; los cuales les fueron vulnerados a los Accionantes por las Accionadas en las sentencias de Primera y segunda instancia de fechas 6 de septiembre de 2018, y 29 de octubre de 2020 (notificada el 16 de diciembre de 2020) , proferidas en el proceso No. 25000234200020160493000.

SEGUNDO: Que se ordene dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia de fecha 29 de octubre de 2020, notificada el 16/12/2020, proferida en el proceso No. 25000234200020160493000, por la por la Subsección “A” - Sección Segunda Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

TERCERO: Que se ordene a la Subsección “A” - Sección Segunda - Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que en un término no superior a treinta (30) días profiera una nueva sentencia de segunda instancia en el proceso No. 25000234200020160493000, en la que revoque la decisión adoptada en la sentencia de primera instancia de fecha 6 de septiembre de 2018, emitida por la Subsección “A”– Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y como consecuencia de ello, en la nueva sentencia acceda a las súplicas de la demanda, de acuerdo a lo probado en el proceso, y teniendo en cuenta los argumentos esbozados en ésta Acción de Tutela.” (negrillas propias del texto).

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada con base en el artículo 86 Superior, la parte actora expuso que:

3.1.- El señor Jhon Jairo Rosas López prestó sus servicios en la Policía Nacional desde el 1 de septiembre 2003 hasta su destitución el 23 de marzo de 2016, principalmente como patrullero en la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá.

3.2.- Con respecto a su retiro del servicio, expuso que se vio involucrado en una investigación disciplinaria, en la cual se profirió fallo disciplinario de primera instancia el 28 de julio de 2014, mediante el cual se resolvió declarar al demandante disciplinariamente responsable por la comisión de una falta gravísima, imponiéndole como sanción la destitución de la entidad e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por 10 años.

3.3.- Contra esta decisión el abogado defensor del señor Rosas López interpuso el respectivo recurso de apelación, y en segunda instancia, el Inspector Delegado Especial MEBOG en auto No. 070/INSDE-MEBOG del 22 de agosto de 2014, declaró de oficio la nulidad del proceso sancionatorio adelantado contra el actor desde el auto de citación a audiencia proferido el 7 de julio de dicho año, al considerar que de conformidad con el artículo 143 de la Ley 734 de 2002, no había una adecuación típica de la conducta, lo que impidió el derecho a la defensa del señor Rosas López.

3.4.- En consecuencia, el Inspector General de la Oficina de Control Interno de la Policía Metropolitana de Bogotá, el 30 de enero de 2015, profirió nuevo auto citando a audiencia disciplinaria contra el señor Rosas López, resolviendo endilgarle no solo la falta gravísima establecida en el artículo 34, numeral 21, literal d, de la Ley 1015 de 2006, sino además, la falta consagrada en el numeral 10 del artículo 34 de la ley en mención, consistente en “Incurrir en la comisión de conducta descrita en la ley como delito cuando se encuentre en situaciones administrativas tales como: Franquicia…”, en conexidad con lo dispuesto por el tipo penal al que alude el artículo 365 del Código Penal, siéndole imputada la conducta punible de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

3.5.- En consecuencia, el 12 de marzo de 2015 se volvió a dictar fallo disciplinario de primera instancia por parte del Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el que se declaró disciplinariamente responsable al actor, por la comisión de ambas faltas gravísimas, siendo impuesta sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años, decisión que fue apelada por la defensa del señor Rosas López, siendo nuevamente de conocimiento del Inspector Delegado Especial MEBOG, quien declaró nuevamente la nulidad de todo lo actuado mediante auto no. 043 del 21 de abril de 2015, a partir de la notificación del auto de citación a audiencia.

3.6.- Tras volverse a surtir el respectivo trámite, el 7 de julio de 2015, el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Bogotá dictó nuevo fallo disciplinario de primera instancia, en el que resolvió responsabilizar al accionante por los cargos imputados y lo sancionó con su destitución de la Policía Nacional e inhabilidad para ocupar cargos públicos por 12 años.

3.7.- La anterior decisión fue apelada por el demandante, por supuesta indebida valoración probatoria, llegando el conocimiento del asunto nuevamente al Inspector Delegado Especial MEBOG, que mediante fallo del 8 de febrero de 2016 decidió confirmar parcialmente el fallo de 7 de julio de 2015, imponiéndole al patrullero Jhon Jairo Rosas López el correctivo disciplinario de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años, al quedar demostrada su responsabilidad frente al cargo contenido en el artículo 34, numeral 10 de la Ley 1015 de 2006. No obstante, lo absolvió de la falta gravísima establecida en el literal d, numeral 21 del artículo 34 de la referida Ley 1015 de 2006.

3.8.- Por los hechos anteriormente expuestos, el señor Jhon Jairo Rosas López presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación -Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el propósito de que fuera declarada la nulidad de las decisiones disciplinarias de primera y segunda instancia proferidas así como su reintegro en el grado y escalafón que ostentan sus compañeros de curso y el reconocimiento y pago de los salarios y demás prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento de su retiro del servicio hasta que fuera reintegrado efectivamente.

3.9.- El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió a la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en sentencia del 6 de septiembre de 2018, negó las pretensiones de la demanda,

3.10.- Inconforme con la anterior decisión, el accionante presentó recurso de apelación. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en fallo de segunda instancia del 29 de octubre de 2020, confirmó la decisión adoptada por el A quo.

4.- Como fundamento de derecho de su solicitud de amparo, la parte actora adujo que, tanto los falladores de primera y segunda instancia incurrieron en desconocimiento del precedente, defecto material o sustantivo y violación directa de la Constitución, por las siguientes razones:

4.1.- Con respecto al desconocimiento del precedente judicial, el accionante alegó que, no se tuvo en cuenta lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias T-474 de 1992, C-055 de 1993, SU-327 y SU-598 de 1995, T-555 de 1996, C-591 y C-799 de 2005, y por la Corte Suprema de Justicia en las sentencias “del 18 de mayo de 2005, M.P. Alfredo Gómez Quintero; Sentencia del 26/01/06, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón; sentencia del 09/02/06, M.P. Marina Pulido de Barón; del 14/12/2010, M.P. Alfredo Gómez Quintero; del 02/09/08, M.P. Alfredo Gómez Quintero; 08/11/11, M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán; del 24/07/13, M.P. Alberto Castro Caballero; y sentencia del 20/11/14, MP. Gustavo Enrique Malo Fernández; y sentencias SP-10362018 (43533), abril 11 de 2018”, en las cuales se estableció el alcance y definición del artículo 31 de la Constitución, en el que se consagró el precepto conocido con el nombre de non reformatio in pejus, cuya vulneración ocurre cuando el juez no utiliza adecuadamente sus poderes en el proceso, y en vez de limitarse a resolver el recurso planteado, se extralimita y agrava la condición del recurrente.

4.1.1.- Al respecto, precisó que, los falladores de primera y segunda instancia en el proceso disciplinario No. MEBOG-2014-84 desconocieron el principio de la non reformatio in pejus, puesto que, la decisión de declarar la nulidad del auto de citación a audiencia disciplinaria del 7 de julio de 2014 por el Inspector Delegado MEBOG, se profirió al configurarse la causal establecida en el artículo 310 de la Ley 600 de 2000, no obstante, el Jefe de la Oficina de control Interno de la Policía Metropolitana de Bogotá, desconoció la finalidad por la cual fue declarada la nulidad, y en su lugar, se dispuso a practicar una serie de pruebas para luego agravar la situación del apelante único, imputándole un nuevo cargo.

4.1.2. Aseguró que también se concretó la trasgresión del artículo 31 de la Constitución, si se tiene en cuenta que en fallo de segunda instancia dentro del proceso disciplinario de fecha 8 de febrero de 2016, se absolvió al actor de la falta que le había sido formulada en el primer auto de cargos que fue anulado, consignada en el literal d, numeral 21 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, “lo cual indica sin lugar a dudas que dicha vulneración a éste tipo disciplinario jamás existió, sino que se profirió la nulidad a capricho para que se corrigiera la investigación y se fallara como quiso desde el comienzo la segunda instancia”.

4.1.3.- Con respecto a las decisiones adoptadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la parte actora adujo que, en dichas providencias se desconoció el precedente referido con antelación sobre el artículo 31 de la Constitución Política, y más específicamente, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, consideró de manera errada que al ser declarado nulo el auto del 7 de julio de 2014, en el que inicialmente se imputó una sola falta, “desapareció del mundo jurídico y en razón a ello se emite un nuevo auto de citación a audiencia”, pues a su juicio, tal conclusión es contraria a derecho, “no solo porque la decisión de segunda instancia que declaró su nulidad se pronunció sobre lo decidido en éste auto (07/07/14), sino porque la segunda instancia dispuso que se debía “debiendo reponer la actuación declarada nula y las actuaciones siguientes a la misma” decisión de la que como ya se indicó, se apartó la primera instancia procediendo a realizar otro procedimiento distinto”.

4.1.4.- Por último, aseveró que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, incurrió en desconocimiento del precedente y omitió someter a estudio las razones esgrimidas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y la apelación, referentes a la violación de la non reformatio in pejus.

4.2.- En relación con el defecto material o sustantivo, el demandante hizo énfasis en que los jueces del proceso disciplinario y del contencioso administrativo desconocieron el precedente previamente citado e igualmente, ignoraron que, acorde con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley 734 de 2002, el pliego de cargos solo podría ser cambiado luego de concluida la práctica de pruebas y hasta antes del fallo de primera o única instancia, “por error en la calificación jurídica o por prueba sobreviniente”, pero en el presente asunto, no se presentó ninguna de dichas circunstancias y aun así, se cambiaron las faltas disciplinarias a investigar, violando el debido proceso del actor.

4.3.- Finalmente, sobre la violación directa a la Constitución, expuso nuevamente que sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y defensa, fueron conculcados por los jueces de primera y segunda instancia en el proceso disciplinario, al ignorar lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución “y proferir otro pliego de cargos en el cual… sumó un nuevo cargo” sin que se cumplieran los requisitos del artículo 165 de la Ley 734 de 2002, e igualmente, por desconocerse lo dispuesto en el amplio precedente referido con antelación.

B. El trámite procesal y la contestación de la demanda

5.- Esta Sala, mediante auto del 9 de junio del año en curso, admitió la acción de tutela y notificó de su presentación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A y al Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, al tiempo que vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, toda vez que le reviste interés en el proceso.

(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A

6.- El magistrado ponente de la decisión cuestionada, solicitó declarar improcedente la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de inmediatez, pues a su juicio, no se interpuso en un plazo prudencial desde la notificación del fallo de segunda instancia. Igualmente, mencionó que el amparo deprecado no era procedente toda vez que la sentencia demandada de primera instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no incurrió en ninguno de los defectos alegados por la parte actora. Al respecto, expuso que: i) no se encontró demostrada una indebida valoración probatoria en el proceso disciplinario y por el contrario, se configuró la comisión de una falta disciplinaria por parte del accionante, en razón a que, se acreditó de manera clara las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, así como el porte y accionar del arma de fuego por el actor el 29 de junio de 2014, lo que llevó al Tribunal a negar sus pretensiones, ii) el accionante no ejerció las acciones que tenía frente a sus posibles inconformidades con los testimonios recibidos, no siendo esta la oportunidad para hacerlo, y iii) se le indicó de forma clara que no se encontraban acreditados los requisitos para considerar que no se cumplió lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley 734 de 2002, “toda vez que lo que ocurrió fue que el primer auto que citó a audiencia disciplinaria fue declarado nulo, es decir, que nunca existió. Razón por la cual no se viola el principio de la no reformatio in pejus pues no se agravó la calificación de la conducta”.

ii) Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

7.- El Jefe del área jurídica de la Policía Nacional pidió negar las pretensiones esgrimidas en la demanda de tutela, ante la inexistencia de vulneración alguna de los derechos fundamentales del señor Jhon Jairo Rosas López con ocasión de los fallos emitidos en el proceso disciplinario y de nulidad y restablecimiento del derecho. En concreto, señaló que la argumentación dada en la acción de tutela para sustentar los defectos endilgados a los falladores de primera y segunda instancia de lo contencioso administrativo realmente va dirigida a atacar y señalar las presuntas falencias presentadas en el proceso disciplinario, por lo que, consideró que la acción de tutela se impetró con el propósito de surtir una instancia judicial adicional procurando obtener una decisión judicial favorable a sus pretensiones. Al respecto, hizo énfasis en que el accionante contó con los términos y etapas procesales para debatir su culpabilidad en debida forma y allegar para tal fin las pruebas que considerara necesarias, sin que así lo hiciera.

7.1.- Finalmente, afirmó que tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como el Consejo de Estado realizaron un análisis probatorio completo y adecuado de las pruebas allegadas al proceso contencioso administrativo, determinando la culpabilidad del accionante sobre una de las faltas gravísimas que le fue endilgada. Sumado a lo anterior, alegó que en la demanda de tutela no se alegó ni probó efectivamente la existencia de un perjuicio irremediable que haya tenido que ser soportado por el accionante.

iii) Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A

8.- El magistrado ponente del fallo de segunda instancia demandado, solicitó negar el amparo solicitado por el señor Rosas López, al considerar que el asunto carece de relevancia constitucional, pues los argumentos expuestos por el demandante en la tutela fueron los mismos que planteó en el proceso contencioso administrativo, los cuales ya fueron resueltos por las instancias judiciales respectivas, al constatarse que no se demostró la vulneración del derecho al debido proceso y que la conducta imputada al actor se encontraba tipificada en el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, en concordancia con el artículo 365 de la Ley 599 de 2000.

8.1.- En concreto, señaló que, el fallo de 29 de octubre de 2020 estuvo debidamente motivado en las pruebas allegadas al proceso y en el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso, sumado a que, “tampoco existió una violación de la non reformatio in pejus porque de hecho la decisión de segunda instancia dentro del proceso disciplinario disminuyó la sanción impuesta al demandante, de 12 años de inhabilidad a 10 años”.

iv) Remisión del expediente contentivo del proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho

9.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca allegó a la presente causa el expediente digital radicado con el número 25000-23-42-000-2016-04930-01, contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ejercido en su momento por Jhon Jairo Rosas López en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. La acción de tutela contra providencias judiciales

10.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

10.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior.

10.2.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son, los siguientes:

• Que la cuestión sometida a estudio por parte del juez de tutela resulte de evidente relevancia constitucional.

• Que se hayan agotado todos los recursos judiciales -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se advierta la ocurrencia de un perjuicio de carácter irremediable.

• Que la solicitud de amparo tutelar cumpla con el requisito de inmediatez.

• Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de las prerrogativas iusfundamentales.

• Que quien pretende el amparo identifique, de forma razonable, tanto los hechos que generan la violación como los derechos que resultan infringidos y que ello haya sido alegado en el proceso judicial, siempre que esto fuese posible; y,

• Que el fallo impugnado no se trate de una acción de tutela.

10.3.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho de esta naturaleza. En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial infringe derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara, seria y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

10.4.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito se persiguen al menos tres finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, en ese sentido, evitar que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clara y marcada relevancia desde la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se transmute en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades jurisdiccionales.

10.5.- A su turno, los requisitos específicos de procedibilidad que ha decantado la jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defectos materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos fundamentales: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

10.6.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la interpretación del derecho legislado o en la evaluación detenida de las pruebas del caso o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites judiciales”.

10.7.- De lo que hasta ahora ha sido reseñado, le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que, una vez superado ese examen formal, pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales también deben ser adecuadamente formulados por el interesado.

D. El análisis del caso concreto

11.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar si los hechos que se alegan en la presente causa se enmarcan en los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente si cumple el requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el propósito de establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A y el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A incurrieron en los yerros o vicios alegados por la parte actora y si se justifica la adopción de medidas de protección de los derechos fundamentales invocados.

E. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

12.- Sobre el análisis específico de la relevancia constitucional del asunto, es de precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una acción de tutela satisface dicho requisito es necesario entrar a examinar dos elementos, a saber:

• Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que no basta enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor frente a los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela, de cara a la definición que ha adoptado el juez, encargado por mandato constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental fórmula de administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.

• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial, aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien con la determinación contenida en la sentencia no se ve favorecido, pues sin lugar a dudas de lo que se trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.

13.- Pues bien, analizados los cargos planteados por la parte actora, la Sala advierte que el referente a la supuesta vulneración del principio de la non reformatio in pejus por parte del Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Nacional y el Inspector Delegado MEBOG, primera y segunda instancia dentro del proceso disciplinario, fueron alegados tanto en dicho proceso, como en la causa contencioso administrativa.

13.1.- En efecto, en la decisión disciplinaria de 8 de febrero de 2016, proferida por el Inspector Delegado Especial MEBOG, se estudió el argumento de defensa del accionante denominado “agravación de la situación jurídica del procesado al imputársele dos cargos luego de haberse anulado el primer auto de citación a audiencia en el que se le enrostró solo uno”, indicando que, la nulidad fue declarada porque se evidenció que el A quo no se pronunció sobre el porte y acción de arma de fuego por parte del actor, a pesar de poder tener conexidad con la falta gravísima de extravío de cartuchos asignados a este, en los siguientes términos:

“En esa decisión anulatoria se dijo, como segundo aspecto, que el Ad-Quo, en contravía del principio de investigación integral, no se había pronunciado respecto del hecho principal puesto en conocimiento, bien sea favorable o desfavorablemente, decidiendo imputar un cargo por un hecho conexo (extravío de cuatro cartuchos), sin establecer la relación de éste con aquél.

Recordemos ese argumento:

“Por otra parte, se tiene que los imperativos del artículo 128 de la Ley 734 de 2002, son claros al exigir que ante una decisión interlocutoria o fallo disciplinario, ésta debe soportarse en pruebas legalmente aportadas al proceso a petición de parte y oficiosamente, correspondiéndole la carga de la prueba al Estado. Se concuerda esta exigencia con el artículo siguiente –129-…lo que se ha denominado como el principio de investigación integral, íntimamente ligado al requerimiento del inciso sexto del artículo 150 ibídem en el sentido de que “la indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos al que fue objeto de denuncia”, en este caso, el informante dio a conocer una novedad en la cual el investigado al parecer accionó un arma de fuego en contra del señor Subteniente LEANDRO DAVID CAMARGO, pero de este hecho el despacho de instancia no realizó ningún pronunciamiento en el auto de citación a audiencia ni estableció la conexidad entre el cargo que sancionó a ROSAS con el hecho principal que debía investigarse, situación que comporta una violación al debido proceso en su dimensión de afectación de las bases esenciales del proceso””. (Negrilla y subraya fuera del texto original)

13.2.- En virtud de lo anterior, el Inspector Delegado Especial MEBOG en fallo del 8 de febrero de 2016, precisó que, se decidió invalidar el auto acusatorio del 7 de julio de 2014, lo cual tuvo como consecuencia la “retrotracción del proceso hasta antes de la etapa de juicio, sin que pueda afirmarse responsablemente, como parece lo pretende la defensa, que los efectos de su declaratoria permitan la permanencia de las etapas y/o actos procesales que, distinto a las pruebas practicadas legalmente, surgieron con posterioridad al acto viciado y conllevan necesariamente su reposición”, es decir, el proceso quedó en etapa instructiva acorde a lo dispuesto en el artículo 150 del CDU y por ende, el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía tenía la potestad, “de evaluar nuevamente el mérito de la actuación y decidir, por ejemplo, (i) imputar el mismo cargo expresando las razones de su conexidad con el hecho eminente, (ii) acusar por otra falta relacionada con lo denunciado principalmente, (iii) archivar definitivamente la actuación o (iv) continuar con la instrucción y luego (v) imputar ambos como sucedió, entre otras hipótesis…”.

13.3.- No obstante, el defensor del accionante insistió en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en alegar la presunta vulneración al principio de la non reformatio in pejus, en desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley 734 de 2002, de la siguiente manera:

“Luego de decretar la nulidad del fallo de primera instancia y del auto de citación a audiencia por parte del Inspector Delegado Especial de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Oficina de Control Disciplinario decide agravar la situación de mi mandante trayendo a la vida jurídica un nuevo cargo sin que se dieran los requisitos sustanciales de la Ley 734 de 2002 en su artículo 165….puesto que el cargo primario aún subsistía y lo que se hace es reformar de manera gravosa para el disciplinado su situación jurídica, violando de manera flagrante el principio de la non reformatio in pejus y de paso también el principio de legalidad, pues la primera instancia desde actuaciones anteriores ya había calificado la conducta en contra del investigado, más grave aún, en las nuevas decisiones trajo a colación en las consideraciones las argumentaciones del fallo proferido por la segunda instancia en el que se había declarado nulo el fallo anterior, incurriendo de paso en otra irregularidad la segunda instancia administrativa, como fue la de dirigir y reorientar el proceso, en especial, sobre el sentido y orientación que consideró se le debió dar a la investigación en adelante”

13.4.- Por lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección A en sentencia de primera instancia del 6 de septiembre de 2018, le indicó al actor que, el auto de 7 de julio de 2014 mediante el cual se citó a audiencia y se relacionó el cargo por el cual se investigaba al demandante, fue declarado nulo, es decir, “desapareció del mundo jurídico y en razón a ello se emite un nuevo auto de citación a audiencia, y si bien hizo referencia a la comisión de la falta gravísima establecida en el artículo 34 numeral 10 de la Ley 1015 de 2006, en conexidad con lo dispuesto por el tipo penal al que alude el artículo 365 del Código Penal, indicó que “ello no quiere decir que se esté agravado o modificando la conducta, por el contrario, los hechos que dieron lugar a la presente investigación disciplinaria están relacionados con una serie de disparos y riña al parecer iniciada por el aquí demandante, razón por la cual al no estar debidamente establecido el cargo la segunda instancia ordenó la nulidad de todo lo actuado desde el auto de citación a audiencia para que se realizada una adecuación de la conducta aparentemente ejercida por el demandante a la falta gravísima consagrada en la Ley”

13.5.- Con todo, es claro para la Sala que el accionante, mediante acción de tutela, pretende reabrir el debate jurídico dado ante el juez natural de la causa en este aspecto, reiterando que el juez de segunda instancia no dictó la nulidad del auto de 7 de julio de 2014 con el propósito de que se volviera a evaluar la calificación de la conducta, a pesar de que, como se mencionó anteriormente, una de las principales razones para declarar nulo el primer auto de citación a audiencia disciplinaria en el que se le imputó solo un cargo fue precisamente la falta de análisis y pronunciamiento por parte de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía sobre los hechos conexos a la pérdida de 4 cartuchos del lote 72/06, que se relacionaban directamente con los hechos ocurridos el 29 de junio de 2014, en los que se probó la responsabilidad por porte y accionamiento de arma de fuego de uso personal por parte del actor.

13.6.- Ahora bien, con respecto al argumento del actor según el cual, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado no se pronunció sobre la vulneración al principio de la non reformatio in pejus, se estima que tampoco es procedente, en atención a que, el accionante no lo alegó expresamente en el escrito de apelación puesto en conocimiento de la autoridad judicial demandada, así como tampoco en los alegatos de conclusión presentados en segunda instancia. En efecto, en el escrito de impugnación contra la sentencia del 6 de septiembre de 2018, el actor hizo hincapié únicamente en la supuesta indebida valoración probatoria efectuada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con respecto a la responsabilidad el señor Rosas López en los hechos acaecidos el 29 de junio de 2014, junto con la supuesta antijuridicidad y atipicidad de la falta gravísima por la cual fue condenado, sin que se pronunciara expresamente sobre la violación de este principio, haciendo una afirmación suelta sobre reiterar “los argumentos expuestos en la demanda”.

13.7.- En virtud de lo anterior, se advierte que, en el fallo del 29 de octubre de 2020 demandado por el señor Rosas López, el Consejo de Estado, al hacer el recuento de los argumentos esgrimidos en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, si bien transcribió lo dicho por el actor sobre la agravación de la situación del accionante al incluirse un nuevo cargo disciplinario después de declararse la nulidad el auto de 7 de julio de 2014, a continuación, aclaró que su competencia estaba “circunscrita a los argumentos expuesto por el apelante”, acorde con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso y atendiendo los motivos sustentados debidamente y alegados expresamente por la parte actora, determinó dos problemas jurídicos a resolver “¿Se vulneró el debido proceso del demandante por indebida valoración probatoria, dado que no se demostró la responsabilidad disciplinaria del señor Jhon Jairo Rosas López en la comisión de la falta consagrada en el numeral 10) del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, en concordancia con el artículo 365 de la Ley 599 de 2000? ¿Se demostró la ilicitud sustancial de la conducta ejecutada por el señor Jhon Jairo Rosas López?”.

13.8.- De esta forma, es evidente para la Sala de Decisión que, el accionante, al no hacer expresa la necesidad de pronunciarse sobre dicho aspecto y esgrimir una argumentación sólida frente a dos cuestionamientos principales sobre el fallo de primera instancia, causó que la decisión de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado se orientara a resolver esos aspectos, sin que se advierta, por tanto, que dicha sentencia sea contraria a derecho.

13.9.- Ahora bien, respecto al supuesto desconocimiento de diversos fallos emitidos por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en materia del principio de la non reformatio in pejus, se advierte la falta de suficiencia en cuanto a su carga argumentativa de los planteamientos expuestos en la demanda, pues el tutelante apenas indicó algunos fragmentos de las sentencias de la Corte Constitucional que versan sobre el concepto del principio mencionado, consagrado en el artículo 31 de la Constitución, pero no señaló las razones por las cuales dichos pronunciamientos hacían parte de la línea hermenéutica vigente y, mucho menos, demostró que, en efecto, las circunstancias fácticas y jurídicas de esos casos fueran similares, a tal punto que no se refirió in extenso al asunto ni aportó las referidas decisiones, para determinar si la controversia en ellos planteada es la misma que acá se discute. Se insiste en que, la carga de contar con una argumentación adecuada, coherente y suficiente recae en quien solicita el amparo constitucional y no en quien lo decide.

13.10.- En lo que respecta al precedente de la Corte Suprema de Justicia presuntamente desconocido, debe indicarse que tampoco se cumple con el requisito de carga argumentativa, pues el accionante se limita a enlistar varias sentencias, sin indicar siquiera el número de radicado en que cada una de ellas fue proferida, las similitudes fácticas y jurídicas de dichos casos con el que se analiza, siendo evidente además que, por la naturaleza de materias que estudia dicha Alta Corporación y la naturaleza del caso del señor Rosas López, dichos fallos versan sobre materias y asuntos completamente diferentes, no existiendo entonces desconocimiento de dichas decisiones judiciales por los jueces del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

14.- En relación con el defecto material o sustantivo, el demandante hizo énfasis en que los jueces del proceso disciplinario y del contencioso administrativo desconocieron el precedente previamente citado e igualmente, ignoraron que, acorde con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley 734 de 2002, el pliego de cargos solo podría ser cambiado luego de concluida la práctica de pruebas y hasta antes del fallo de primera o única instancia, “por error en la calificación jurídica o por prueba sobreviniente”, pero en el presente asunto, no se presentó ninguna de dichas circunstancias y aun así, se cambiaron las faltas disciplinarias a investigar, violando el debido proceso del actor.

14.1.- Al respecto, se advierte que el cargo referente al supuesto desconocimiento de los requisitos establecidos en el artículo 165 de la Ley 734 de 2002, fue esgrimido por el actor en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y sobre este, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en fallo de 6 de septiembre de 2018, explicó que dicho análisis normativo no era acertado, toda vez que, en este caso, no hubo una reforma al pliego de cargos, sino que, se declaró la nulidad del acto jurídico en el cual se formuló el cargo inicialmente endilgado al actor, lo que permitía al A quo dentro del proceso disciplinario, volver a valorar la imputación efectuada en su contra. Así pues, es evidente que el actor acude a la acción de tutela con el propósito de reabrir el debate que se surtió en el proceso ordinario.

15.- Finalmente, el actor alegó que los falladores de primera y segunda instancia dentro del proceso disciplinario que se adelantó en su contra, incurrieron en violación directa a la Constitución, reiterando que fueron transgredidos sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y defensa, toda vez que desconocieron lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución, al proferir “otro pliego de cargos en el cual… se sumó un nuevo cargo” sin que se cumplieran los requisitos del artículo 165 de la Ley 734 de 2002, e igualmente, por no aplicar el precedente proferido al respecto por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, enlistado previamente.

15.1.- Precisado lo anterior, la sala evidencia, prima facie, que el actor ha optado por plantear un defecto específico de procedibilidad sin realizar un mínimo ejercicio de contraste con la argumentación contenida en las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, que permita dar cuenta de la trascendencia constitucional del debate que pretende suscitar por la vía excepcional del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales, pues los argumentos expuestos en este cargo, son la repetición de las razones que esgrimió para sustentar los otros defectos ya analizados y descartados, toda vez que, sustenta la vulneración de varias garantías iusfundamentales en el supuesto desconocimiento del precedente y la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 165 de la Ley 734 de 2002 para cambiar el pliego de cargos, razones ya descartadas previamente.

15.2.- Al respecto, es importante mencionar que la tutela contra providencias judiciales, se presenta como expresión del poder realizador de valores tales como el debido proceso, la seguridad de las relaciones y los derechos del conglomerado, entre otros, y solo puede ser evaluada por el juez constitucional en aquellos eventos en que se logre establecer, a partir de una carga argumentativa seria, coherente y razonada de parte de quien la emplea, que una determinada actuación del juzgador es manifiestamente contraria al orden jurídico y violatoria de derechos fundamentales, en especial, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Exigencia adicional que resulta razonable, pues sin buscar imprimir a la acción de tutela formalidades que la desnaturalicen, se requiere que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

15.3.- Para el caso concreto, comoquiera que la parte actora no se sirvió explicar, concretar, ni estructurar, en debida forma, el cargo que imputó como violación directa a la Constitución por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, esta Sala tampoco puede proceder a ello de forma supletiva, en cuanto, como ya tuvo la oportunidad de señalarse, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la carga de contar con una argumentación coherente y suficiente recae en quien invoca el amparo constitucional y no en quien la decide, por cuanto están de por medio los principios constitucionales de los que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica y la garantía de la independencia y autonomía de los jueces.

16.- Insiste también esta Sala en que los derechos, expectativas e intereses que se llevan al conocimiento de la judicatura, de cara la preexistencia de un conflicto, la mayoría de las veces están desprovistos de una connotación iusfundamental, por lo que sólo resulta admisible que se abra paso la acción de tutela cuando la labor del juez se proyecta como afrenta al derecho de acceso a la administración de justicia, que se presenta como emanación directa del derecho al debido proceso, asunto que, como ya se vio, no se reduce a la discrepancia de criterios entre la decisión judicial y la de la parte que no resulta favorecida con ella, pues en esta materia asiste al operador judicial la importante tarea de aplicar y definir el derecho, justamente en aplicación y desarrollo de la anterior premisa.

17.-Por lo tanto, la Sala estima que la acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, máxime si se tiene en cuenta que su objeto es continuar con un debate que se concluyó en las instancias respectivas, lo que desnaturaliza su finalidad como mecanismo de protección de los derechos fundamentales.

18.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. F A L L A

PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo solicitado por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Providencia notificada el 16 de diciembre de 2020. Expediente digital, folios 20 y 21 del escrito de demanda. Expediente digital, folios 4 a 6 del escrito de demanda. Expediente digital, hoja de vida del accionante a folio 263 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25000-23-42-000-2016-04930-01
Ídem. Ídem. Expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25000-23-42-000-2016-04930-00
Expediente digital, folios 6 a 21 del escrito de demanda. Expediente digital, folios 11 y 12 del escrito de demanda. Expediente digital, folio 8 del escrito de demanda. Expediente digital, folio 16 del escrito de demanda. Expediente digital, folio 18 del escrito de demanda. Expediente digital, folio 2 del mencionado proveído. Expediente digital, intervención contenida en 5 folios. Expediente digital, intervención contenida en 10 folios. Expediente digital, intervención contenida en 18 folios. El referido expediente digital fue enviado vía correo electrónico por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 21 de junio de 2021 y se encuentra disponible en el aplicativo web SAMAI. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC). Sentencia T-079 de 2010 de la Corte Constitucional. Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”. Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional. Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra.

No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional. Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional. Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-02568-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de 2016, SU-542 de 2016 y SU-490 de 2016. Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Expediente digital, folios 40 y 41 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25000-23-42-000-2016-04930-01
Expediente digital, folio 41 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25000-23-42-000-2016-04930-01
Ídem. Expediente digital, folios 162 y 163 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25000-23-42-000-2016-04930-01
Expediente digital, folio 379 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25000-23-42-000-2016-04930-01
Expediente digital, folio 407 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25000-23-42-000-2016-04930-01
Expediente digital, folio 467 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25000-23-42-000-2016-04930-01
Expediente digital, folio 474 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25000-23-42-000-2016-04930-01
Expediente digital, folio 161 y 163 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25000-23-42-000-2016-04930-01. Expediente digital, folio 378 a 380 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25000-23-42-000-2016-04930-01
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Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo web SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \h http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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