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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-03381-00

Acción de tutela

Fecha
5 de agosto de 2021
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-03381-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación y la petición de declaración de falta de legitimación en la causa por pasiva elevada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, de conformidad con los argumentos expuestos en los numerales 2.2.1. y 2.2.2. de la parte considerativa de esta providencia SEGUNDO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de participación de los señores Johan Jaimes Sequeda, José Manuel López Méndez y Luis Arturo Jiménez Méndez, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.7 de la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO en relación con la vulneración del derecho de petición por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho alegada por los accionantes, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: ADVERTIR al Ministerio de Justicia y del Derecho para que, en lo sucesivo, cumpla a cabalidad con el deber de dar respuesta clara, precisa, oportuna, de fondo y congruente de las peticiones que le sean elevadas, atendiendo a la especial diligencia que le asiste en los casos de solicitudes presentadas por personas privadas de la libertad. QUINTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-03381-00

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

5 de agosto de 2021

ACCIÓN DE TUTELA / PARO NACIONAL - En el marco de jornadas de protesta convocadas a partir del 28 de abril del 2021 / PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL / DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD - Clasificación en tres grupos: derechos suspendidos, derechos intocables y derechos restringidos / DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD – Pueden ser limitados razonable y proporcionalmente / DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD – En su dimensión restringida / PARTICIPACIÓN EN MESA DE CONCERTACIÓN NACIONAL / IMPOSIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE CONCERTACIÓN NACIONAL – Limitación correlativa de la suspensión de los derechos a la libertad personal y de locomoción y de la restricción del ejercicio de la participación / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

A partir del principio de oficiosidad e informalidad que rige este proceso constitucional y desde la perspectiva de enfoque diferencial que debe ser aplicado al estudio del presente asunto, esta Sala considera que, a pesar de no ser formulado expresamente, los accionantes invocaron la protección del derecho fundamental de participación. En efecto, los accionantes alegaron que su situación de reclusión les ha impedido tener una interlocución directa tanto con el Gobierno Nacional, como con el Comité del Paro, por medio de la cual se les permita ser escuchados en relación con sus problemas y necesidades cotidianas como población privada de la libertad. En este sentido, solicitaron ser incluidos en la mesa de concertación Nacional llevada a cabo en el marco de las jornadas de protesta convocadas desde el 28 de abril de 2021. (…) La Sala advierte que negará lo pretendido por los accionantes porque no se advierte ninguna vulneración de derechos por parte de las entidades accionadas en el contexto fáctico expuesto como sustento del amparo invocado. En primer lugar, se pone de presente que el hecho de que las personas privadas de la libertad no hayan tenido una posibilidad de participación en la mesa de interlocución nacional desarrollada en el marco de las distintas jornadas de protesta convocadas a partir del 28 de abril del 2021, no es un supuesto fáctico de vulneración de sus derechos fundamentales. Lo anterior, en la medida en que dicha limitación es un correlato necesario de la suspensión de sus derechos a la libertad personal y de locomoción y de la restricción del ejercicio de la participación, como es el caso de los derechos de reunión y asociación en contextos particulares y específicos, como por ejemplo la conformación de comités de derechos humanos al interior de los centros de reclusión carcelaria. En efecto, la mesa de diálogo nacional fue instaurada como mecanismo de negociación en relación con las inconformidades manifestadas por los protestantes. Por tanto, los principales interlocutores en dicho espacio eran los representantes del Gobierno Nacional y las organizaciones civiles que conforman el Comité Nacional del Paro y que, en ejercicio de su derecho a la protesta, se movilizaron en las calles de algunas ciudades del país. Por lo anterior, es una consecuencia lógica que las personas privadas de la libertad no hicieran parte de dicha mesa de negociación, pues la suspensión de los derechos de acuerdo con los fines de la pena a la que se ven sometidos les impidió, por regla general, ser partícipes de las jornadas de protesta que tuvieron lugar en el marco del Paro Nacional y asistir a las instancias de negociación de la mesa de concertación. Debido a que dicha situación es una consecuencia lógica de su condición de sujeción al Estado, no se encuentra que el hecho de no participar de este espacio sea una restricción desproporcionada, inadecuada e innecesaria a sus derechos, por lo que no se advierte vulneración alguna de la garantía constitucional invocada. A su vez, ser escuchados en ese tipo de espacios de interlocución nacional, no hace parte del núcleo del derecho fundamental a la participación de las personas privadas de la libertad. Como se puso de presente en el acápite 2.7 de esta providencia, este derecho de la PPL cuenta con una dimensión restringida que está relacionada con el ejercicio de garantías como la libertad de expresión, de reunión y de asociación. Por tanto, por regla general, una restricción necesaria y razonable a tales derechos está ligada con el hecho de cumplir con la finalidad de la pena y limitar su materialización a los espacios propios del centro de reclusión.

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD – En su dimensión intocable / DERECHO DE PETICIÓN / FALTA DE PRUEBA DEL DERECHO DE PETICIÓN – Relacionado con el interés de participación en la mesa de Concertación Nacional / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD - En su dimensión intocable

Ahora bien, es necesario poner de presente que el derecho a la participación de la PPL cuenta con una dimensión intocable que es la relacionada con el derecho de petición. En efecto, los accionantes cuentan con la posibilidad de elevar peticiones ante las autoridades y sujetos demandados que estén relacionadas con sus necesidades, con la garantía de sus derechos o con el cumplimiento de deberes por parte del Estado. De igual forma, mediante el ejercicio del derecho de petición pueden poner de presente su interés de interlocución en espacios como los de la mesa de concertación nacional, siempre y cuando los canales de diálogo que se propongan respeten los fines de la sujeción penitenciaria. No obstante, se advierte que los accionantes no han elevado ningún tipo de petición ante los demandados, relacionada con lo solicitado por medio este mecanismo de amparo. En esta medida, tampoco encuentra la Sala una vulneración de esta órbita intocable del derecho de participación de la PPL.

ENFOQUE DIFERENCIAL / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR HECHO SUPERADO / RESPUESTA DEL DERECHO DE PETICIÓN – Notificada en el transcurso de la presente acción de tutela / SOLICITUD DE DISMINUCIÓN DE PENAS Y APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE PRISIÓN DOMICILIARIA – Con la finalidad de disminuir los niveles de hacinamiento y cumplir con los protocolos para la contención del Covid-19

Por último, se tiene que los tutelantes pusieron en consideración la existencia de una petición radicada el 13 de abril de 2020 ante el Senado de la República por personas recluidas en el Pabellón No. 7 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías (Meta), entre quienes se encuentran los accionantes, la cual fue remitida por competencia al Ministerio de Justicia y del Derecho mediante Oficio PRE-CS-1436-2020. A través de tal solicitud, se elevaron requerimientos relacionados con disminución de penas y aplicación de la medida de prisión domiciliaria, con la finalidad de disminuir los niveles de hacinamiento y cumplir con los protocolos para la contención del Covid-19 en el aquel centro de reclusión. De acuerdo con el informe allegado por el Senado de la República y los antecedentes administrativos de la petición radicada ante esta entidad, se tiene que mediante oficio PRE-CS-1435-2020 del 15 de abril, dicha institución informó a los solicitantes que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, procedió a remitir y dar impulso a la comunicación del asunto al Ministerio de Justicia y del Derecho debido a su competencia. Esta diligencia se llevó a cabo mediante el oficio PRE-CS-1436-2020. A su vez, se tiene que el Ministerio de Justicia y del Derecho informó “que el oficio PRE-CS-1436-2020 fue radicado en la entidad el 16 de abril de 2020 con el MJD-EXT20-0015829 y se atendió a través del oficio MJD-OFI20-0017341 del 1 de junio de 2020, remitido para su notificación al correo electrónico sanidad.epcacacias@inpec.gov.co.”; no obstante, la entidad no acreditó dicha notificación y únicamente comprobó que la respuesta a la petición elevada por los accionantes y otros reclusos, fue comunicada personalmente al señor [J.J.S.] el 26 de julio del 2021, esto es, después de más de un año y 3 meses desde la radicación de la solicitud. Al respecto, los accionantes no invocaron la vulneración del derecho de petición en relación con esta solicitud radicada el 13 de abril de 2020; no obstante, en atención al principio de informalidad y oficiosidad que rige el presente proceso y a partir de la perspectiva de enfoque diferencial, esta Sala entiende que los señores [J.J.S.] y otros alegaron en el informe allegado una presunta vulneración de dicha garantía constitucional, toda vez que tal prerrogativa fundamental hace parte de la dimensión intocable del derecho a la participación de las personas privadas de la libertad. Ahora bien, en relación con tal asunto, la Sala advierte que se encuentra configurada la carencia actual de objeto por hecho superado, debido a que en el trámite de esta acción de tutela, el Ministerio de Justicia y del Derecho acreditó que el oficio MJD-OFI20-0017341 del 1 de junio de 2020, mediante el cual se dio respuesta a dicha petición, fue notificado personalmente a uno de los accionantes de la presente tutela, el 26 de julio del 2021, motivo por el cual cesó el objeto de la vulneración alegada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03381-00(AC)

Actor: JOHAN JAIMES SEQUEDA Y OTROS

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Personas privadas de la libertad como sujetos de especial protección constitucional – Derecho de participación de las personas privadas de la libertad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda presentada por los señores Johan Jaimes Sequeda, José Manuel López Méndez y Luis Arturo Jiménez Méndez contra la Presidencia de la República, el Congreso de la República, el Senado de la República, la Cámara de Representantes y el Comité Nacional del Paro, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado ante el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías (Meta) el 1º de junio del 2021, el cual fue remitido al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado el 2 de junio siguiente, los señores Johan Jaimes Sequeda, José Manuel López Méndez y Luis Arturo Jiménez Méndez, actuando en nombre propio, presentaron acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Congreso de la República, el Senado de la República, la Cámara de Representantes y el Comité Nacional del Paro con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales:

“de inclusión en acompañamiento con el paro nacional sin vías de hecho y tener un representante activo de la población privada de la libertad, en la mesa de concertación donde se expondrán soluciones a la violación de los derechos humanos por parte del Gobierno Nacional de Colombia”.

2. Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la condición de sujeción especial al Estado en la que se encuentran, como parte de la población privada de la libertad, la cual los limita en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Alegaron que dicha situación les impide tener una interlocución directa con el Gobierno Nacional y la opinión pública, debido a que entidades y autoridades tales como el INPEC, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, siempre hablan en representación suya, sin tener conocimiento de cuáles son sus “verdaderos problemas”.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho fundamental invocado y, en consecuencia, elevó la siguiente petición:

“(…) le solicitamos a los jueces constitucionales, que se nos tutelen (sic) el derecho a ser incluidos en la mesa de concertación Nacional (sic), donde estarán reunidos: el Comité del Paro Nacional y representantes del Gobierno Nacional, por ser está acción constitucional la única opción de ser escuchados, con nuestras verdaderas problemáticas, expuesta en un pliego de peticiones y es el escenario adecuado para entrar a dialogar sin vías de hecho.”

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. Desde el 28 de abril de 2021 se han venido presentando distintas jornadas de protestas públicas en varias ciudades del país, mediante las cuales algunas organizaciones y sectores sociales han manifestado sus inconformidades en relación con las políticas implementadas por el Gobierno Nacional.

5. En el marco de tales movilizaciones sociales, se convocó una “Mesa de Concertación o Nacional”, en la que principalmente participaron representantes del Gobierno Nacional y distintas organizaciones que lideran las protestas y que conforman el denominado “Comité Nacional del Paro”.

6. La población privada de la libertad (de ahora en adelante PPL), de la cual hacen parte los accionantes, no ha tenido ninguna participación o vocería en dicho espacio de diálogo.

1.3. Sustento de la solicitud

7. Además de aludir a su condición de especial sujeción al Estado como población privada de la libertad, la cual les impide ser parte de la Mesa de Diálogo en el marco del denominado Paro Nacional, formularon como sustento jurídico del amparo solicitado las siguientes normas: “Constitución Nacional de Colombia, Ley 65/93, Ley 1709/2014, Bloque de constitucionalidad”

8. Los accionantes afirmaron que las personas privadas de la libertad PPL han sido “excluidas de todos los derechos fundamentales establecidos en la carta política” y que por su condición especial de sujeción al Estado, las autoridades cuentan con el deber de garantizar el ejercicio de aquellos.

9. Indicaron que su situación particular les impide ser escuchados directamente por parte, tanto del Gobierno Nacional, como de la opinión pública y que entidades y autoridades tales como el INPEC, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, siempre hablan en representación suya, sin tener conocimiento de cuáles son sus “verdaderos problemas”.

10. Señalaron que el escenario de la “Mesa de concertación nacional” entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno Nacional es el espacio propicio para que, por medio de un representante, la población privada de la libertad presente un pliego de peticiones que les permita dar a conocer sus exigencias y reivindicaciones.

11. Los señores Johan Jaimes Sequeda y Luis Arturo Jiménez Méndez indicaron, al pie de sus firmas en el escrito de tutela, que son “enfermos crónicos”, sin brindar más contexto de dicha condición.

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Admisión de la demanda

12. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del 11 de junio del 2021, admitió la demanda de tutela, dispuso su notificación a la parte actora y a los accionados y vinculó, en calidad de terceros con interés, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Personería Municipal de Acacías (Meta).

13. Por su parte, en aquella providencia también se dispuso:

QUINTO: REQUERIR a los accionantes para que precisen y amplíen el contexto de la situación de vulneración de las garantías fundamentales invocadas y su relación con las pretensiones en el marco del paro nacional y la respectiva mesa de negociación. De igual forma, REQUERIRLOS para que alleguen el informe que consideren pertinente, en relación con la situación de “enfermedad crónica” de los señores Johan Jaimes Sequeda y Luis Arturo Jiménez Méndez, referenciada en el escrito de tutela.

1.4.2. Respuesta al requerimiento dispuesto en el auto admisorio

14. Por medio de escrito remitido el 23 de junio de 2021, los demandantes cumplieron con el anterior requerimiento e informaron lo que a continuación se expone.

15. Anexaron un dictamen forense del estado de salud del señor Johan Jaimes Sequeda, con fecha del 10 de febrero de 2021, por medio del cual se acreditó que padece de millaria, hipertensión arterial, obesidad mórbida y lipoma en tórax. En relación con esto no se elevó ninguna petición particular, pero se puso de presente lo siguiente:

“la política criminal de este distrito no concede beneficios de libertad condicional sino penas cumplidas, así el PPL sea enfermo crónico. (…) a pesar de (…) haberme portado bien dentro del lugar de reclusión sin faltas disciplinarias, aun sigo la tortura día a día, he peticionado al juez de penas y al juez de conocimiento pero no, prima más el delito que la vida misma”

16. Con respecto al estado de salud del señor Luis Arturo Jiménez Méndez, se indicó que “sufre de hipertensión arterial, cálculos y quistes en el riñón y es obeso mórbido”; no obstante, no se anexó documento o dictamen médico que acreditara dicha situación. Adicional a ello, no se formuló ninguna solicitud particular relacionada con la salud del accionante.

17. A su vez, indicaron que el Gobierno Nacional tiene conocimiento de la problemática “de toda la población carcelaria del país”, debido a las peticiones y acciones constitucionales que dichas personas presentan con el fin de que se les garantice el ejercicio de sus derechos fundamentales. Agregaron que, a pesar de lo anterior, no se ha recibido “ninguna protección fidedigna y verdadera de parte de los entes de control del país”, lo que posibilita que las vulneraciones a sus garantías y su dignidad humana sean recurrentes.

18. Señalaron que su intención de participar en la mesa de negociación a nivel nacional, en el contexto del Paro Nacional, está motivada por la posibilidad de exponer las ideas, propuestas y solicitudes que desean formular con el fin de que se garanticen sus derechos fundamentales como población privada de la libertad. A su vez, pusieron de presente que la participación en dicho escenario es un medio idóneo para exigir que sus necesidades sean atendidas y que sus derechos sean protegidos, en la medida en que las peticiones, acciones y demandas que han interpuesto han sido contestadas desfavorablemente a sus intereses y, en algunos casos, no han sido respondidas.

19. Al respecto, manifestaron que los accionantes y otras personas que se encuentran recluidas en el Pabellón No. 7 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías (Meta), han elevado diversas peticiones “a todos los entes de control y a la misma Presidencia”, sin obtener ningún resultado favorable para su diario vivir como sujetos privados de la libertad.

20. De esta forma, pusieron en consideración la existencia de una petición radicada el 13 de abril de 2020 ante el Senado de la República por personas recluidas en el Pabellón No. 7 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías (Meta), entre quienes se encuentran los accionantes, la cual fue remitida por competencia al Ministerio de Justicia y del Derecho mediante Oficio PRE-CS-1436-2020. A través de tal solicitud, se elevaron requerimientos relacionados con disminución de penas y aplicación de la medida de prisión domiciliaria, con la finalidad de reducir los niveles de hacinamiento y cumplir con los protocolos para la contención del Covid-19 en el aquel centro de reclusión.

1.4.3. Auto que ordenó oficiar al Senado de la República y al Ministerio de Justicia y del Derecho

21. Por lo expuesto con antelación y desde la perspectiva de enfoque diferencial que resulta imperativo aplicar por tratarse de sujetos de especial protección constitucional, la magistrada ponente de esta decisión, por medio de auto del 6 de julio de 2021, dispuso lo siguiente:

SEGUNDO: OFICIAR al Senado de la República para que en el término de dos (2) días, contados a partir de la fecha de su recibo, allegue copia digital, íntegra, de los antecedentes administrativos de la solicitud elevada ante dicha entidad por los señores Edirle Robledo Palomeque, José Manuel Cepeda y otros, con radicado No. 4929 de 13 de abril de 2020 y que fue remitida al Ministerio de Justicia y del Derecho mediante oficio PRE-CS-1436-2020.

TERCERO: OFICIAR al Ministerio de Justicia y del Derecho para que, en el término de dos (2) días, contados a partir de la fecha de su recibo: i) allegue copia digital, íntegra de los antecedentes administrativos de la petición que le fue remitida, por competencia, por medio del Oficio PRE-CS-1436-2020 proferido por la Presidencia del Senado de la República; ii) rinda un informe detallado en el que exponga el trámite surtido al interior de tal petición.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC

22. Mediante escrito enviado por correo electrónico el 18 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el coordinador del grupo de tutelas de la entidad solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva del INPEC, en la medida en que, según su criterio, dicha institución no ha vulnerado ni amenazado los derechos fundamentales de los accionantes.

23. A su vez, afirmó que dicho instituto no es el encargado de dar solución a lo planteado por los accionantes en el mecanismo de amparo.

1.5.2. Procuraduría General de la Nación

24. Con escrito remitido por correo electrónico al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el profesional universitario de la oficina jurídica de la entidad solicitó que la Procuraduría General de la Nación fuera desvinculada del presente proceso, al no haber “adelantado actuación alguna en detrimento de los intereses de los accionantes.”

1.5.3. Senado de la República

25. Mediante informe allegado el 22 de junio de 2021 por correo electrónico al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el secretario general de dicha entidad indicó que el Congreso de la República “no es competente para conocer sobre el particular, por cuanto los hechos y pretensiones no están consagradas dentro del ámbito de sus funciones, pues en el caso que nos ocupa la competencia la tiene el Ejecutivo, quien es el encargado de establecer el Orden Público”.

1.5.4. Personería Municipal de Acacías

26. Con escrito enviado el 23 de junio de 2021 por correo electrónico al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el personero municipal de Acacías manifestó que tal entidad brinda asesoría jurídica a la población privada de la libertad de los establecimientos carcelarios en tal municipio con el fin de garantizar sus derechos. Afirmó que, en cumplimiento de tal labor, la institución efectúa un seguimiento, intervención y una garantía de los derechos fundamentales de la PPL.

27. Aclaró que los accionantes no han radicado ninguna petición ante tal dependencia o solicitado de forma reciente su intervención con la finalidad de ser incluidos en la mesa de negociación del Paro Nacional.

28. Informó que la entidad:

“se reúne una vez a la semana con el cónsul de derechos DG Quevedo para recibir peticiones o verificar presuntas irregularidades transmitidas por los reos y una vez al mes se asiste a una reunión con los representantes de derechos humanos de cada patio donde allegan las peticiones o quejas”

29. En relación con lo expuesto por los demandantes, señaló que se programó una entrevista con ellos “en aras de recepcionar la petición y desarrollar actuaciones correspondientes de acuerdo con el objeto de la misma”; sin embargo, afirmó que es necesario tener en cuenta que únicamente tienen “un profesional que atiende junto con el Personero requerimientos encaminados a la salvaguarda de derechos a los más de 3000 internos que se encuentran recluidos en los dos establecimientos penitenciarios de esta municipalidad” y enfatizó en el “limitado recurso humano y logístico que se tiene en esta Agencia del Ministerio Público”.

30. Al respecto, se advierte que la entidad no indicó la fecha en la que tendría lugar aquella reunión con los accionantes, ni anexó algún documento que acredite lo afirmado.

1.5.5. Presidencia de la República

31. Con escrito enviado el 23 de junio de 2021 por correo electrónico al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la apoderada judicial de la entidad allegó escrito de contestación de tutela en el que solicitó que se desvinculara a la Presidencia de la República del proceso y se declarara la improcedencia del mecanismo de amparo.

32. Lo anterior por cuanto los demandantes no precisaron ni probaron de qué manera se están viendo afectados sus derechos fundamentales. Agregó que existe otro mecanismo idóneo para la solicitud elevada, como lo es el derecho de petición y argumentó que no se demostró que los accionantes hubieran planteado previamente alguna solicitud de las demandadas, en relación con lo solicitado por medio de la tutela.

33. Argumentó que los tutelantes no hicieron mención de los derechos que se han visto afectados por no haber sido incluidos en la mesa de concertación nacional y tampoco expusieron de forma clara el perjuicio grave e irremediable al que se podrían ver expuestos al no acceder a sus pretensiones “sin antes acudir a los recursos que el Estado ha puesto a su disposición.”

1.5.6. Comité Nacional del Paro

34. Con escrito enviado el 28 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, los señores Francisco Maltés Tello, Luis Miguel Morantes, Percy Oyola Paloma, William Henry Velandia Puerto y José Cárdenas, como voceros y representantes de distintas organizaciones que conforman el Comité Nacional del Paro, solicitaron que se declarara la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, se rechacen en su totalidad lo pretendido por la parte actora. A su vez, pidieron que “se le dé el trámite a la presente acción correspondiente a un derecho de petición y se le traslade por competencia al gobierno nacional”.

35. Indicaron que se oponen a lo pretendido toda vez que la tutela no tiene como fundamento la vulneración de un derecho fundamental; no obstante, afirmaron que “coadyuva[n] dicha pretensión -y solicita[n] inclusión en el litisconsorcio activo- en caso de que se le dé el tratamiento de derecho de petición dirigido al gobierno nacional”

1.5.7. Ministerio de Justicia y del Derecho

36. Mediante escrito enviado el 8 de julio al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la directora de política criminal y penitenciaria (E) del Ministerio de Justicia y del Derecho informó “que el oficio PRE-CS-1436-2020 fue radicado en la entidad el 16 de abril de 2020 con el MJD-EXT20-0015829 y se atendió a través del oficio MJD-OFI20-0017341 del 1 de junio de 2020, remitido para su notificación al correo electrónico HYPERLINK "mailto:sanidad.epcacacias@inpec.gov.co" sanidad.epcacacias@inpec.gov.co.”.

37. Anexó el oficio MJD-OFI20-0017341 del 1 de junio de 2020, en el que reposa la siguiente respuesta que la entidad indicó que brindó a los solicitantes:

Respetados señores:

Reciban un cordial saludo. Hemos recibido su comunicación, remitida por el Presidente del Senado, radicada con el MJD-EXT20-0015829, en la cual solicitan que los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad agilicen el deshacinamiento de la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de Acacías, aplicando el principio de favorabilidad, establecido en el código penal y de procedimiento penal, como quiera que, quienes allí se encuentran recluidos cumplen con los siguientes requisitos: a) 3/5 Partes de la pena – Libertad Condicional, b) La Mitad de la pena – Prisión Domiciliaria, c) Los enfermos crónicos – Prisión domiciliaria transitoria. d) Los mayores de 60 años - Prisión domiciliaria transitoria, e) Los que tienen el beneficio de 72 horas - Prisión domiciliaria transitoria, teniendo en cuenta que, en el ERON no pueden cumplir a cabalidad las directrices y protocolos establecidos para la contención del COVID - 1.

De conformidad con las funciones y competencias atribuidas al Ministerio de Justicia y del Derecho por la Constitución, la ley y, especialmente, por el Decreto 1427 de 2017, esta Entidad no está facultada para pronunciarse en relación con la concesión de subrogados penales de competencia de la Rama Judicial, ni para intervenir en trámites propios de los administradores de justicia.

Al respecto, procede tener en cuenta, que de conformidad con las disposiciones de la Ley 270 de 1996, la Rama Judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de su función de administrar justicia y ningún superior jerárquico, en el orden administrativo o jurisdiccional, ni tampoco las autoridades administrativas están habilitados por la ley para insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial, con el fin de imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus actuaciones o providencias.

Por último, les informamos que el Decreto 546 de 2020 creó el procedimiento que permite determinar qué personas pueden acogerse a los beneficios de detención o prisión domiciliaria transitoria, el INPEC verificará preliminarmente el cumplimiento de los requisitos y luego remitirá a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el listado junto con las cartillas biográficas digitalizadas, el cómputo de la pena, la información que obre en la hoja de vida, los antecedentes judiciales y los certificados médicos correspondientes de las personas que se ajusten a cualquiera de las circunstancias allí descritas.

38. Al respecto, se advierte que el Ministerio de Justicia y del Derecho no anexó alguna prueba que acreditara que, efectivamente, se notificó tal respuesta a la petición radicada el 16 de abril de 2020. A su vez, es menester indicar que la entidad vinculada tampoco cumplió con el requerimiento de allegar copia digital de los antecedentes administrativos de la petición en cuestión.

39. Por tanto, mediante oficio del 22 de julio de 2021, la Secretaría General del Consejo de Estado requirió a la entidad para que diera cumplimiento a dicha orden. Con escrito enviado el 26 del mismo mes y año, el Ministerio de Justicia y del Derecho informó lo siguiente:

1. Por intermedio del Grupo de Gestión documental del Ministerio de Justicia y del Derecho, se radicó el oficio PRE-CS-1436- 2020, bajo el número interno MJD - EXT20 - 0015829; al cual se le dio respuesta con el MJD-OFI20-0017341 del 1 de junio de 2020, remitido al correo electrónico sanidad.epcacacias@inpec.gov.co. (Anexo).

2. A través del oficio MJD-OFI21-0024557 del 8 de julio de 2021, se informó a ese Despacho, sobre la respuesta dada a los peticionarios.

3. Nuevamente se requiere por ese Despacho, información sobre el trámite dado a la petición de los internos del pabellón No. 7 del EPC de Acacias. La Dirección de Política Criminal y Penitenciaria procedió a remitir correo electrónico de fecha 16 de julio de la presente anualidad, a la oficina jurídica de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Acacias con el propósito que se surta la notificación del MJD-OFI20-0017341 del 1 de junio de 2020, a los respectivos internos. Por medio de dicho oficio, esta entidad dio respuesta a los peticionarios, informándoles que la consecusión de subrogados penales es otorgada por el respectivo Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad; por lo tanto, esta entidad no es competente para responder de fondo dicha petición.

4. Con fecha 26 de julio de 2021 la oficina jurídica de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Acacias remite la notificación del MJD-OFI20-0017341 del 1 de junio de 2020, la cual fue suscrita por el señor Johan Jaimes Sequeda, se adjunta.

40. A su vez, la entidad vinculada anexó un correo con fecha del 16 de julio de 2021 en el que solicitó a la directora de la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Acacías que notificara a los interesados del oficio mediante el cual se dio respuesta a la solicitud elevada por los accionantes y demás personas privadas de la libertad al interior del Pabellón No. 7 de dicho centro de reclusión. A continuación, se anexa la imagen del referido correo electrónico:

41. También se adjuntó documento en el que se acredita la notificación personal del señor Johan Jaimes Sequeda en relación con el oficio MJD-OFI20-0017341 del 1 de junio de 2020, diligencia que se llevó a cabo el 26 de julio de 2021. A continuación se anexa la imagen de tal comprobante:

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

42. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por los señores Johan Jaimes Sequeda y otros contra la Presidencia de la República, el Congreso de la república, el Senado de la República, la Cámara de Representantes y el Comité Nacional del Paro, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. De la solicitud de desvinculación formulada por la Presidencia de la República

43. La Presidencia de la República pidió que se le desvinculara del presente proceso pues consideró que no ha vulnerado o amenazado los derechos fundamentales del accionante.

44. La Sala advierte que negará esta petición, comoquiera que la referida entidad fue vinculada como autoridad accionada, teniendo en cuenta que los accionantes aseguraron que era responsable, por acción u omisión, de la presunta vulneración y amenaza del derecho invocado, por lo que en el estudio de fondo de la controversia constitucional corresponde establecer si eso es así.

2.2.2. De la solicitud de desvinculación formulada por la Procuraduría General de la Nación y de declaración de falta de legitimación en la causa por pasiva elevada por el INPEC

45. La Procuraduría General de la Nación solicitó ser desvinculada del trámite constitucional del vocativo de la referencia y el INEPC pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva. Tales solicitudes se elevaron ante la consideración de que las entidades no habían vulnerado o amenazado ningún derecho fundamental.

46. La Sala advierte que negará estas peticiones, debido a que la vinculación de tales entidades se llevó a cabo en atención al interés que les asiste en la decisión que adopte esta Sección en relación con la acción constitucional de la referencia, y no como autoridades contra las cuales se encuentra dirigida la censura señalada por los accionantes. Adicionalmente, las funciones que les corresponde cumplir guardan relación con la protección de los derechos fundamentales de la población carcelaria en relación con la cual, para superar el estado de cosas inconstitucional, es necesaria la concurrencia de las entidades que tienen a su cargo la administración de los establecimientos carcelarios y de quienes ejercen control y representan a los ciudadanos, como es el caso de la Procuraduría General de la Nación.

2.3. Problema jurídico

47. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los argumentos del libelo introductorio y las intervenciones de las autoridades accionadas, el problema jurídico que subyace al caso concreto es el siguiente:

¿Los accionados han vulnerado el derecho a la participación invocado por los señores Johan Jaimes Sequeda y otros, con motivo de que los demandantes, como población privada de la libertad, no hayan sido parte la Mesa de Concertación Nacional llevada a cabo en el marco de las jornadas de protesta convocadas a partir del 28 de abril de 2021?

48. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) naturaleza de la acción de tutela; (ii) la PPL como sujeto de especial protección constitucional; (iii) clasificación de los derechos de la PPL; (iv) el derecho de participación ciudadana de la PPL; (iv) análisis del caso en concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

49. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de particulares.

50. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, caso en el que se habilita su ejercicio como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por parte del peticionario, de los instrumentos judiciales pertinentes.

51. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.

52. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar la acción constitucional de tutela de un uso inadecuado, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

2.5. La población privada de la libertad como sujeto de especial protección constitucional

53. En lo que respecta a la condición de sujetos de especial protección, la Corte Constitucional los ha definido como aquellas personas que, debido a condiciones particulares, a saber, física, psicológica, económica o social, merecen un amparo reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva.

54. En ese sentido, ha establecido que entre los grupos de especial protección se encuentran los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia, aquellas que se encuentran en extrema pobreza y, así mismo:

“todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados”. (Subrayas fuera del texto).

55. De igual forma, desde 1998, la Corte Constitucional ha reconocido que en Colombia existe un estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, debido a la permanente y generalizada vulneración de derechos fundamentales de quienes se encuentran privados de la libertad. Dicho Tribunal ha manifestado que, entre las causas de tal situación, se encuentran los problemas de hacinamiento, el estado de la infraestructura, los defectuosos servicios de salud y alimentación y la ausencia de una política criminal carcelaria integral y adecuada.

56. Dicha Corporación también ha indicado que tal problemática se debe a una multiplicidad de factores, entre los que se encuentran, la omisión prolongada de las autoridades en el cumplimiento de sus funciones y la poca iniciativa legislativa y presupuestal destinada a cesar o disminuir las falencias y la vulneración de los derechos fundamentales en los centros de reclusión.

57. En este sentido, se ha consolidado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el criterio hermenéutico consistente en entender esta situación desde la perspectiva de la especial relación de sujeción que se genera entre la población penitenciaria y el Estado durante el tiempo de reclusión. Dicha condición obedece, principalmente, a dos factores: (i) el Estado impone a las personas privadas de la libertad un conjunto de condiciones que implican la suspensión de diferentes derechos, incluso, fundamentales; (ii) el Estado se encuentra en la obligación de garantizar a los reclusos el ejercicio de derechos cuyo contenido no sea objeto de limitación y, en especial, aquellos cuya órbita no puede ser quebrantada, a pesar de la privación de la libertad que se ha impuesto, bien sea por condena o medida preventiva.

58. Esta relación entre restricción y garantía de derechos se debe enmarcar en una lógica en la que medie la resocialización como objetivo principal de la pena. En este sentido, lo anterior se constituye desde la obligación del Estado de hacer efectivas las condiciones materiales de existencia de esta población, las cuales deben posibilitar su permanencia con dignidad en los centros de reclusión y, a su vez, permitir que se retorne a la vida civil sin agravio de su situación.

59. De acuerdo con lo anterior, la condición fáctica de indefensión y debilidad manifiesta en la que se encuentran las personas privadas de la libertad, conlleva a que la situación de dicha población deba ser entendida desde el enfoque y trato diferencial que establece la categoría jurídica de sujetos de especial protección constitucional. Esto, encuentra su fundamento en la Constitución Política que, en los artículos 13 y 43, impone la obligación de promover condiciones para que la igualdad sea material, es decir, real y efectiva.

2.6. Clasificación de los derechos de la población privada de la libertad

60. La Corte Constitucional ha indicado que aquella condición de sujetos de especial protección constitucional, implica que la potestad del Estado de limitar algunos derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad no es absoluta, en la medida en que siempre debe estar dirigida al cumplimiento de los fines esenciales de la relación penitenciaria, esto es, la resocialización del recluso y la conservación del orden, la disciplina y la convivencia en las prisiones. Por tanto, la restricción de los derechos de la PPL debe estar sujeta a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

61. Por tanto, la Corte Constitucional ha clasificado los derechos fundamentales de los reclusos en tres grupos:

Derechos suspendidos: aquellos que pueden suspenderse como consecuencia lógica y directa de la pena impuesta, lo que se justifica constitucional y legalmente por los fines de la pena. Entre estos se encuentra el derecho a la libre locomoción y los derechos de participación política como el voto.
Derechos restringidos: son los derechos que pueden limitarse debido a la especial sujeción del interno al Estado, con lo cual se pretende contribuir al proceso de resocialización y garantizar la seguridad y salubridad en las cárceles. Entre estos se encuentran la intimidad familiar, el libre desarrollo de la personalidad, el trabajo, la educación y los ligados al ejercicio del derecho a la participación como los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión.
Derechos intocables: aquellos derivados directamente de la dignidad del ser humano tales como la vida, la integridad personal, la salud, la igualdad, la libertad religiosa, el debido proceso y el derecho de petición.

62. En este sentido, la Corte Constitucional ha afirmado que los criterios de razonabilidad y proporcionalidad sirven como parámetros de la administración y del poder judicial que permiten determinar cuándo se desconocen los derechos fundamentales de los internos a través de una medida arbitraria o cuándo se está ante un acto amparado constitucionalmente.

2.7. El derecho a la participación de la población privada de la libertad

63. De acuerdo con la Corte Constitucional, la Constitución Política consagra una perspectiva amplia de la participación como derecho cuya garantía implica las distintas formas a las que las personas pueden acudir para organizarse y/o ser partícipes de las decisiones que los afectan. Ello implica reconocer el carácter más o menos abierto del reconocimiento constitucional de tal derecho, que en la jurisprudencia del Alto Tribunal ha estado al carácter universal y expansivo de la democracia que fundamenta el Estado Social de Derecho.

64. Ello pone de presente la complejidad del derecho a la participación, debido a que se encuentra ligado a la obligación que tiene el Estado de asegurar que los derechos fundamentales, como elementos constitutivos de una democracia, sean respetados y profundizados. Por tanto, señala la Corte que la garantía del derecho a la participación implica que los mecanismos por medio de los cuales se ejerce sean suficientes para evitar que las opiniones de los ciudadanos sean desconocidas.

65. Lo anterior conlleva a que su ejercicio esté siempre ligado al contexto en el cual se materializa, pues la democracia participativa no se agota en las instancias políticas tradicionales, sino que tiene la vocación de ampliarse o ajustarse al contexto, en la medida en que no existen soluciones claras o definitivas para su garantía. En este sentido, derechos como el de asociación, reunión, libertad de expresión y de petición, hacen parte del ejercicio del derecho a la participación.

66. Con relación a la participación de la PPL, se tiene que su ejercicio implica una complejidad propia del contexto de reclusión en centros penitenciarios, debido a que se ubica en la órbita de la garantía de derechos restringidos, como es el caso de los derechos de reunión y asociación, y de intocables, como el derecho de petición principalmente.

67. En cuanto al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de reunión y asociación de la PPL, la Corte Constitucional ha señalado que sus límites, deben ser necesarios, adecuados y proporcionados a la finalidad propuesta. Por tanto, dichas personas pueden gozar de tales derechos, siempre y cuando no se atente contra los derechos de los demás y su ejercicio no sea obstáculo para el logro de la convivencia pacífica, la prevalencia del interés social, la moralidad, las buenas costumbres, la seguridad y la salubridad, entre otros, dentro de los límites legales y constitucionales. El Alto Tribunal ha indicado que un ejemplo del ejercicio de este derecho es la conformación de comités de derechos humanos al interior de los centros de reclusión.

68. Respecto del derecho de petición de la PPL, dado que su naturaleza se enmarca en aquellos derechos que no pueden ser restringidos como consecuencia de la reclusión, se tiene que cumple con los mismos fines centrales del Estado Social de Derecho a saber: (i) servir como instrumento o vehículo para garantizar la efectividad de otros derechos; (ii) fungir como mecanismo de participación ciudadana para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus deberes.

69. Ha señalado la Corte Constitucional que a partir de la relación especial de sujeción en contextos de reclusión entre los internos y el Estado, en los que algunos derechos son suspendidos y otros limitados, se hace patente la necesidad de garantizar de manera particular y especial los derechos fundamentales que no se encuentran sujetos a ninguna restricción, como es el caso del derecho de petición. En tales contextos, este derecho adquiere una importancia vital debido a que constituye una de las principales herramientas de participación la PPL y el mecanismo idóneo para defender y reclamar la protección de sus otros derechos.

2.8. Caso en concreto

70. Al invocar el derecho fundamental que los accionantes consideran como vulnerado, solicitaron lo siguiente:

“que se protejan nuestros derechos de inclusión en acompañamiento con el paro nacional sin vías de hecho y tener un representante activo de la población privada de la libertad, en la mesa de concertación donde se expondrán soluciones a la violación de los derechos humanos por parte del Gobierno Nacional de Colombia”.

71. A partir del principio de oficiosidad e informalidad que rige este proceso constitucional y desde la perspectiva de enfoque diferencial que debe ser aplicado al estudio del presente asunto, esta Sala considera que, a pesar de no ser formulado expresamente, los accionantes invocaron la protección del derecho fundamental de participación.

72. En efecto, los accionantes alegaron que su situación de reclusión les ha impedido tener una interlocución directa tanto con el Gobierno Nacional, como con el Comité del Paro, por medio de la cual se les permita ser escuchados en relación con sus problemas y necesidades cotidianas como población privada de la libertad. En este sentido, solicitaron ser incluidos en la mesa de concertación Nacional llevada a cabo en el marco de las jornadas de protesta convocadas desde el 28 de abril de 2021.

73. Los señores Johan Jaimes Sequeda y otros motivaron su solicitud, en la medida en que consideran que la participación en dicho escenario de diálogo les permitiría ser escuchados por medio de la exposición de un pliego peticiones que les permita dar a conocer sus exigencias y reivindicaciones. Al respecto, pusieron de presente que la participación en tal espacio es un medio idóneo para exigir que sus necesidades sean atendidas y que sus derechos sean protegidos, en la medida en que las distintas peticiones, acciones y demandas que han interpuesto han sido contestadas desfavorablemente a sus intereses y, en algunos casos, no han sido respondidas.

74. La Sala advierte que negará lo pretendido por los accionantes porque no se advierte ninguna vulneración de derechos por parte de las entidades accionadas en el contexto fáctico expuesto como sustento del amparo invocado.

75. En primer lugar, se pone de presente que el hecho de que las personas privadas de la libertad no hayan tenido una posibilidad de participación en la mesa de interlocución nacional desarrollada en el marco de las distintas jornadas de protesta convocadas a partir del 28 de abril del 2021, no es un supuesto fáctico de vulneración de sus derechos fundamentales. Lo anterior, en la medida en que dicha limitación es un correlato necesario de la suspensión de sus derechos a la libertad personal y de locomoción y de la restricción del ejercicio de la participación, como es el caso de los derechos de reunión y asociación en contextos particulares y específicos, como por ejemplo la conformación de comités de derechos humanos al interior de los centros de reclusión carcelaria.

76. En efecto, la mesa de diálogo nacional fue instaurada como mecanismo de negociación en relación con las inconformidades manifestadas por los protestantes. Por tanto, los principales interlocutores en dicho espacio eran los representantes del Gobierno Nacional y las organizaciones civiles que conforman el Comité Nacional del Paro y que, en ejercicio de su derecho a la protesta, se movilizaron en las calles de algunas ciudades del país.

77. Por lo anterior, es una consecuencia lógica que las personas privadas de la libertad no hicieran parte de dicha mesa de negociación, pues la suspensión de los derechos de acuerdo con los fines de la pena a la que se ven sometidos les impidió, por regla general, ser partícipes de las jornadas de protesta que tuvieron lugar en el marco del Paro Nacional y asistir a las instancias de negociación de la mesa de concertación.

78. Debido a que dicha situación es una consecuencia lógica de su condición de sujeción al Estado, no se encuentra que el hecho de no participar de este espacio sea una restricción desproporcionada, inadecuada e innecesaria a sus derechos, por lo que no se advierte vulneración alguna de la garantía constitucional invocada.

79. A su vez, ser escuchados en ese tipo de espacios de interlocución nacional, no hace parte del núcleo del derecho fundamental a la participación de las personas privadas de la libertad. Como se puso de presente en el acápite 2.7 de esta providencia, este derecho de la PPL cuenta con una dimensión restringida que está relacionada con el ejercicio de garantías como la libertad de expresión, de reunión y de asociación. Por tanto, por regla general, una restricción necesaria y razonable a tales derechos está ligada con el hecho de cumplir con la finalidad de la pena y limitar su materialización a los espacios propios del centro de reclusión.

80. Ahora bien, es necesario poner de presente que el derecho a la participación de la PPL cuenta con una dimensión intocable que es la relacionada con el derecho de petición. En efecto, los accionantes cuentan con la posibilidad de elevar peticiones ante las autoridades y sujetos demandados que estén relacionadas con sus necesidades, con la garantía de sus derechos o con el cumplimiento de deberes por parte del Estado. De igual forma, mediante el ejercicio del derecho de petición pueden poner de presente su interés de interlocución en espacios como los de la mesa de concertación nacional, siempre y cuando los canales de diálogo que se propongan respeten los fines de la sujeción penitenciaria.

81. No obstante, se advierte que los accionantes no han elevado ningún tipo de petición ante los demandados, relacionada con lo solicitado por medio este mecanismo de amparo. En esta medida, tampoco encuentra la Sala una vulneración de esta órbita intocable del derecho de participación de la PPL.

82. Por último, se tiene que los tutelantes pusieron en consideración la existencia de una petición radicada el 13 de abril de 2020 ante el Senado de la República por personas recluidas en el Pabellón No. 7 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías (Meta), entre quienes se encuentran los accionantes, la cual fue remitida por competencia al Ministerio de Justicia y del Derecho mediante Oficio PRE-CS-1436-2020. A través de tal solicitud, se elevaron requerimientos relacionados con disminución de penas y aplicación de la medida de prisión domiciliaria, con la finalidad de disminuir los niveles de hacinamiento y cumplir con los protocolos para la contención del Covid-19 en el aquel centro de reclusión.

83. De acuerdo con el informe allegado por el Senado de la República y los antecedentes administrativos de la petición radicada ante esta entidad, se tiene que mediante oficio PRE-CS-1435-2020 del 15 de abril, dicha institución informó a los solicitantes que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, procedió a remitir y dar impulso a la comunicación del asunto al Ministerio de Justicia y del Derecho debido a su competencia. Esta diligencia se llevó a cabo mediante el oficio PRE-CS-1436-2020.

84. A su vez, se tiene que el Ministerio de Justicia y del Derecho informó “que el oficio PRE-CS-1436-2020 fue radicado en la entidad el 16 de abril de 2020 con el MJD-EXT20-0015829 y se atendió a través del oficio MJD-OFI20-0017341 del 1 de junio de 2020, remitido para su notificación al correo electrónico HYPERLINK "mailto:sanidad.epcacacias@inpec.gov.co" sanidad.epcacacias@inpec.gov.co.”; no obstante, la entidad no acreditó dicha notificación y únicamente comprobó que la respuesta a la petición elevada por los accionantes y otros reclusos, fue comunicada personalmente al señor Johan Jaimes Sequeda el 26 de julio del 2021, esto es, después de más de un año y 3 meses desde la radicación de la solicitud.

85. Al respecto, los accionantes no invocaron la vulneración del derecho de petición en relación con esta solicitud radicada el 13 de abril de 2020; no obstante, en atención al principio de informalidad y oficiosidad que rige el presente proceso y a partir de la perspectiva de enfoque diferencial, esta Sala entiende que los señores Johan Jaimes Sequeda y otros alegaron en el informe allegado una presunta vulneración de dicha garantía constitucional, toda vez que tal prerrogativa fundamental hace parte de la dimensión intocable del derecho a la participación de las personas privadas de la libertad.

86. Ahora bien, en relación con tal asunto, la Sala advierte que se encuentra configurada la carencia actual de objeto por hecho superado, debido a que en el trámite de esta acción de tutela, el Ministerio de Justicia y del Derecho acreditó que el oficio MJD-OFI20-0017341 del 1 de junio de 2020, mediante el cual se dio respuesta a dicha petición, fue notificado personalmente a uno de los accionantes de la presente tutela, el 26 de julio del 2021, motivo por el cual cesó el objeto de la vulneración alegada.

87. En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la figura de carencia actual de objeto por hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.

88. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de reproche y, en caso de que sea necesario, advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:

“En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para Corte en sede de Revisión, incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”. Según la jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado” (Negrita y subrayado fuera de texto).

89. Ahora bien, esta Sala advierte que el Ministerio de Justicia y del Derecho incumplió el deber que le asistía de brindar una respuesta oportuna ante aquella solicitud elevada por los reclusos del Pabellón No. 7 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías (Meta). Lo anterior, en la medida en que la respuesta a la petición radicada el 13 de abril de 2020, fue comunicada personalmente al señor Johan Jaimes Sequeda hasta el 26 de julio del 2021, esto es, después de transcurrir más de un año y 3 meses contados a partir de la radicación de la solicitud. En este sentido, y en atención a la condición de sujetos de especial protección constitucional de los accionantes, se hará una advertencia al Ministerio de Justicia y del Derecho para que, en lo sucesivo, cumpla a cabalidad con el deber de dar respuesta clara, precisa, oportuna, de fondo y congruente de las peticiones que le sean elevadas, atendiendo a la especial diligencia que le asiste en los casos de solicitudes presentadas por personas privadas de la libertad.

2.7. Conclusión

90. De conformidad con las razones expuestas, se negará lo solicitado por los accionantes, en la medida en que no se acreditó la vulneración del derecho fundamental invocado.

91. A su vez, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con la vulneración del derecho de petición por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, pues se acreditó la cesación del objeto de la violación de la garantía constitucional alegada por los accionantes.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación y la petición de declaración de falta de legitimación en la causa por pasiva elevada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, de conformidad con los argumentos expuestos en los numerales 2.2.1. y 2.2.2. de la parte considerativa de esta providencia

SEGUNDO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de participación de los señores Johan Jaimes Sequeda, José Manuel López Méndez y Luis Arturo Jiménez Méndez, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.7 de la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO en relación con la vulneración del derecho de petición por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho alegada por los accionantes, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ADVERTIR al Ministerio de Justicia y del Derecho para que, en lo sucesivo, cumpla a cabalidad con el deber de dar respuesta clara, precisa, oportuna, de fondo y congruente de las peticiones que le sean elevadas, atendiendo a la especial diligencia que le asiste en los casos de solicitudes presentadas por personas privadas de la libertad.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAUJO OÑATE
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

La acción de tutela fue remitida al buzón web HYPERLINK "mailto:secgeneral@consejodeestado.gov.co" secgeneral@consejodeestado.gov.co.
De acuerdo con el dictamen médico, “la millaria es una dermatitis caracterizada por la obstrucción de los conductos sudoríparos que ocasionan que el sudor quede atrapado debajo de la piel”.
Corte Constitucional, Séptima de Revisión, Sentencia T-495 del 16.06.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Al respecto, consultar las siguientes sentencias: Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-153 del 28.04.98., M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Expedientes acumulados: T-137.001 y 143.950; Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia T-388 del 28.06.13., M.P. María Victoria Calle Correa. Expedientes acumulados: T-3526653, T-3535828, T-3554145, T-3645480, T-3647294, T-3755661, T-3759881, T-3759882, T-3805761; Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-762 del 16.12.15., Expedientes acumulados: T-3927909, T-3977802, T-3987203, T-3989523, T-3989814, T-4009989, T-4013558, T-4034058, T-4043750, T-4046443, T-4051730, T-4063994, T-4074694, T-4075719, T-4076529, T-4076646, T-4076801, T-4694329.
Ver la sentencia: Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-260 del 06.06.19., M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. Expediente: T-7.155.555
Ibidem.
En relación con la situación de indefensión y debilidad manifiesta de la población privada de la libertad, ver: Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-881 del 17.10.02., M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Expedientes: T-542060 y T-602073.
Al respecto, ver, entre otras sentencias: Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-049 del 10.02.16., M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Expediente: T-5177320.
Ibidem.
Ibidem.
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-150 del 08.04.15., M.P. Mauricio González Cuervo. Expediente: PE-038
Ibidem.
Ver: Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-219 del 09.06.93., M.P. Antonio Barrera Carbonell; Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-869a del 02.11.06., M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Expediente: T-1371065
Ibidem.
Ver: Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-311 del 12.07.19., M.P. Cristina Pardo Schlesinger. Expediente: T-7.167.882
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-038 del 01.02.19. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-112 del 16.02.10, M.P. Mauricio González Cuervo
Esto, de conformidad con las sub reglas de decisión aplicables a los escenarios de carencia actual establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-522 de 2019, en los siguientes términos: “(ii) En los casos de hecho superado o situación sobreviniente: no es perentorio que el juez de tutela haga un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, y especialmente tratándose de la Corte Constitucional actuando en sede de revisión, podrá emitir un pronunciamiento de fondo cuando lo considere necesario para, entre otros: a) llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela y tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan; b) advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes; c) corregir las decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar en la comprensión de un derecho fundamental.” (Negrita y subrayado fuera del texto)

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