Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-03406-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-03406-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-03406-00
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
16 de julio de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ - No se instauró en término razonable
[L]a Sala advierte que, en este caso no se cumple el requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial referente a la inmediatez, tal y como pasa a explicarse: Con el fin de verificar si en el asunto de referencia se acredita el requisito de la inmediatez, se tendrá en cuenta la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, dentro del medio de control de controversias contractuales, identificado con número de radicado 05001-23-31-000-2007-00593-01, toda vez que dicha decisión resolvió de manera definitiva la litis. Así las cosas, se advierte que la mencionada providencia se notificó mediante edicto electrónico publicado en la página web del Consejo de Estado por la Secretaría de la Sección Tercera, fijado el 6 de noviembre y desfijado el 10 de noviembre de la misma anualidad, es decir, que el cómputo del término de los 6 meses para interponer la demanda de tutela inició el 11 de noviembre de 2020 y feneció el 11 de mayo de 2021. No obstante, la parte actora presentó la demanda de tutela el 2 de junio de 2021, es decir, 6 meses y 22 días después, superando así el término de los 6 meses establecido jurisprudencialmente por esta Corporación. En este punto, se debe resaltar que no es de recibo el argumento del apoderado de las sociedades demandantes según el cual, la sentencia debe entenderse notificada el 2 de diciembre de 2020, día en que se registró el salvamento de voto del Magistrado [M.B.M], pues a diferencia de lo que considera el actor, la notificación de la sentencia se entiende surtida una vez se desfija el edicto que puso en conocimiento de las partes la expedición del fallo, pues es contra dicho acto jurídico que se dirigen las pretensiones de la acción de tutela y no contra la expresión del voto disidente del mencionado Magistrado, la cual no hace parte de la sentencia propiamente considerada al tratarse, precisamente, de una opinión distinta a la consignada por la mayoría de la Sala de Decisión demandada. Con base en lo anterior, no se encuentra demostrada ninguna circunstancia particular que le hubiere impedido al actor presentar la acción de tutela un término razonable.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03406-00(AC)
Actor: INGENIERÍA Y VÍAS LTDA Y TRAINCO S.A
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
B
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Surtido el trámite de ley, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del recurso de amparo constitucional formulado por Ingeniería y Vías Ltda y Trainco S.A., mediante apoderado judicial, en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 2 de junio de 2021, las sociedades Ingeniería y Vías Ltda y Trainco S.A, a través de apoderado judicial, interpusieron demanda de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados, con ocasión del defecto sustantivo y violación directa de la Constitución, en que incurrió la autoridad judicial accionada, al proferir la providencia de 3 de agosto de 2020, confirmando lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Antioquia en fallo del 24 de junio de 2013, dentro del proceso de controversias contractuales (rad. 05001-23-31-000-2007-00593-01), que promovieron contra el Instituto Nacional de Vías -Invias- y las sociedades integrantes del Consorcio San José 2500.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen a lo siguiente (se transcribe literal):
<<PRIMERA. TUTELAR los derechos fundamentales de las sociedades TRAINCO E INGEVÍAS, en su calidad de integrantes del Consorcio Teris.
SEGUNDA. DECLARAR que el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B incurrió en error judicial, toda vez que al proferir Sentencia de segunda instancia dentro del proceso con radicado 2007-00593, desconoció los postulados establecidos en la Ley y que eran soporte de la decisión en derecho, constituyéndose la sentencia en una vía de hecho.
TERCERA. REVOCAR el fallo de segunda instancia proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, el día 3 de agosto de 2020 dentro del proceso con número de radicado 2007-00593.
CUARTA. PROFERIR una nueva decisión con base en el derecho vigente que permita garantizar los derechos tutelados.
QUINTA. ADOPTAR cualquier otra medida adicional que el juez considere pertinente para la efectiva tutela de los derechos fundamentales de…>>. (Negrillas propias del texto original)
3.- Como elementos sustanciales de orden fáctico de la solicitud de amparo los accionantes expusieron quemediante la Resolución No. 0006065 de 28 de noviembre de 2005, el Invias adjudicó al Consorcio San José 2500, el contrato para el diseño, la reconstrucción, la pavimentación y/o repavimentación de la vía Grupo 4 “TRAMO 1 EBEJICO – LA SUCIA (CONEXIÓN VIAL ABURRA –RIO CAUCA– MISERENGA -EBEJICO) CON UNA LONGITUD DE 15 KILOMETROS, TRAMO 2 PINGURO -BURITICA (6.8 KILOMETROS) Y MANGLAR -GIRALDO (3.8 KILOMETROS CON UNA LONGITUD DE 10.60 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, el cual se firmó el 14 de diciembre de 2005 con el número 3497.
3.1.- Acorde con lo anteriormente expuesto, el 19 de abril de 2007, las sociedades Ramírez Cía S.A., Ingenierías y Vías Ltda, Trainco S.A. y Excarvar S.A., integrantes del Consorcio Teris, quien presentó propuesta en el proceso licitatorio, presentaron demanda en ejercicio de la acción de controversias contractuales, en contra del Invias y de las sociedades integrantes del Consorcio San José 2500, con el propósito de que se declarara la nulidad del contrato No. 3497 de 2005 suscrito entre las entidades demandadas y de la Resolución No. 0006065 de la misma anualidad. En consecuencia, solicitaron condenar al Invias a pagar a favor de los integrantes del consorcio accionante, la suma de $542.638.240 a valor de 16 de marzo de 2005, por concepto de utilidad dejada de percibir por la no adjudicación del contrato No. 3497, cifra que debía ser actualizada acorde con lo dispuesto en la Ley 446 de 1998 y la jurisprudencia nacional, e igualmente, solicitaron que la entidad estatal demandada pagara los intereses generados a título de lucro cesante desde la fecha de celebración del contrato y las costas procesales.
3.2.- Como fundamento de la demanda, la parte actora sostuvo que, acorde con el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, era causal de nulidad absoluta de un contrato estatal, su celebración con abuso o desviación de poder. De esta forma, sostuvo que, el Invias “de manera subjetiva, persiguió un “fin diferente al interés público por cuanto no existe causal alguna en el pliego de condiciones y/o en la ley para descalificar la oferta presentada por el consorcio Teris”. En este punto, precisó que, la entidad estatal demandada decidió que el consorcio demandante “se encontraba inhabilitado legalmente para contratar con el Estado, por cuanto la firma EXCARVAR…no se encontraba al día con sus obligaciones parafiscales, toda vez que si bien aparecen los documentos públicos que certifican al tenor de los artículos 264 y concordantes del CPC que los aportes fueron cancelados en su oportunidad, existieron intereses de mora, liquidados posteriormente por el ISS que “per se”, hacían incurrir al CONSORCIO TERIS en la causal de inhabilidad establecida en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002”.
3.3.- El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, corporación que, mediante fallo del 24 de junio de 2013, negó las pretensiones de la demanda, al estimar que estuvo acreditado que la descalificación del Consorcio Teris, se debió a que para la fecha de presentación de la oferta se encontraba en mora por aportes a seguridad social.
3.4.- Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, el que fue decidido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de segunda instancia con fecha de 3 de agosto de 2020, confirmando la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia. al considerar que no se cumplió con lo dispuesto en el pliego de condiciones y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, pues de acuerdo con el concepto emitido por el ISS, los pagos tardíos se imputan primero a intereses y luego a capital, por lo que las correcciones que hizo Excarvar S.A. con fecha posterior a la presentación de su propuesta con el Consorcio Teris el 28 de abril de 2005, debían corresponder, al menos en parte, a aportes.
4.- Como fundamento de derecho de las pretensiones, los tutelantes adujeron que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia al incurrir en defecto sustantivo y violación directa de la Constitución, por las siguientes razones:
4.1.- En cuanto a la violación directa de la Constitución, indicó que la autoridad judicial demandada, vulneró su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, que implica, obtener una solución jurídica con base en el derecho vigente aplicable al caso en concreto “y que a su vez permita resolver de fondo todos los problemas jurídicos propuestos, garantizando la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales”.
4.1.1.- Sobre el particular, señaló que, el Consejo de Estado en la sentencia demandada, en el título “2.1.1. Oportunidad para solicitar el restablecimiento del derecho”, determinó que, acorde con el artículo 87 del CCA, con independencia de la acción ejercida, esto es, si se enjuiciaron los actos previos del contrato mediante demanda de nulidad y restablecimiento del derecho o si alegó la nulidad absoluta del contrato estatal mediante la acción de controversias contractuales, la jurisprudencia determinó que, el restablecimiento del derecho dependía de que la demanda se hubiera formulado dentro del término de 30 días siguientes a la notificación, comunicación o publicación, ya sea, de los actos previos o del contrato. Acorde con lo anterior, aseveró que el Consorcio Teris fue notificado el acto de adjudicación en audiencia de 28 de noviembre de 2005, es decir, que los 30 días empezaron a contar el 29 de noviembre de 2005, y como la demanda se presentó el 19 de abril de 2007, se superó ampliamente la oportunidad relativa para alegar el restablecimiento del derecho.
4.1.2.- Frente a lo anterior, alegó que, el Ad quem no tuvo en cuenta que la demanda de controversias contractuales fue interpuesta en el año 2007, es decir, bajo la vigencia del anterior Código de lo Contencioso Administrativo, norma que “en ninguno de sus artículos se menciona la existencia de un único término para obtener el restablecimiento de los derechos, razón por la cual es claro que dicha postura es netamente jurisprudencial, dicho de otra forma no existe ninguna disposición legal que cercene el derecho en solicitar RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, en este caso restitutivo indemnizatorio, en ejercicio del tipo de acción contractual”. A su turno, alegó que, ese criterio jurisprudencial fue introducido de forma posterior a la presentación de la demanda, lo que implica que había una imposibilidad material para el particular de saber que si se presentaba la demanda a los 30 días después de la notificación del auto administrativo adjudicatario del contrato, perdería la oportunidad de que le fuera reconocido el restablecimiento de su derecho, vulnerándose así los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima en la administración judicial.
4.2.- Ahora bien, en lo referente al defecto sustantivo, adujo que este se configuró en razón a la errada interpretación efectuada por el Consejo de Estado del numeral 3.8.1. del pliego de condiciones de la licitación pública DG-164-2004 y lo dispuesto en la Ley 789 de 2002. En concreto, indicó que el referido numeral del pliego, estipuló claramente que los proponentes debían allegar los certificados de los respectivos pagos de la nómina durante los 6 meses anteriores a la presentación de la oferta, como parte del cumplimiento de los requisitos habilitantes, sumado a que el Invias, verificaría este pago “sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes”.
4.2.1.- No obstante, el Consejo de Estado entendió que la norma exigía que el proponente allegara certificado del revisor fiscal manifestando estar al día con los aportes en seguridad social, es decir, sin existencia de mora alguna, interpretación contra legem, toda vez que, a su juicio, ni la Ley 789 de 2002 ni el pliego de condiciones, mencionan nada sobre la exigibilidad del pago de los intereses, multas o sanciones relacionadas con la seguridad social, sino que solamente se limitan a exigir el pago del valor correspondiente a la seguridad social de los últimos 6 meses antes de la presentación de la oferta, razón por la cual, aseveró que “no le es dable a esta corporación darle una interpretación diferente a lo establecido por el legislador, que traiga como consecuencia una aplicación restrictiva en desmedro de los derechos de los particulares”.
4.2.2.- En consecuencia, afirmó que, entendiendo debidamente la norma, estaba probado que el Consorcio Teris estaba habilitado para ser adjudicatario de la licitación pública previamente referida, pues había allegado con la propuesta los certificados de los revisores fiscales de las entidades que lo conformaban donde se acreditaba el pago de parafiscales y seguridad social, dentro de los 6 meses señalados en la ley.
4.2.3.- Sobre el concepto del ISS con respecto a la destinación hecha a los pagos efectuados de forma extemporánea por Excarvar S.A., primero a intereses y luego a cotizaciones, reiteró que, teniendo en cuenta el verdadero sentido del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en armonía con lo señalado en el pliego de condiciones, lo exigido fue la acreditación del pago a parafiscales y seguridad social en los 6 meses anteriores a la presentación de la oferta, requisito cumplido, “tema diferente es que por un error involuntario de liquidación en los pagos de la seguridad social, hayan existido saldos pendientes por concepto de meses anteriores… reiteramos, que la norma al no exigir que se esté al día en el pago de los aportes de la seguridad social, sino que se haya realizado los pagos correspondientes a los últimos 6 meses, sumado a que no contempla ningún supuesto respecto de los intereses y multas, implica lo anterior que EXCARVAR cumplió con dicho requisito”.
4.2.4.- Finalmente, indicó que el inciso primero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, exige para la fecha de suscripción del contrato que la entidad beneficiada del proceso licitatorio debe haber cumplido a cabalidad sus obligaciones parafiscales, pero en la etapa de presentación de ofertas, lo aplicable es el inciso tercero del mencionado artículo 50, que solo habla de acreditar el pago de los 6 meses anteriores a la presentación de la propuesta.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
5.- Esta Sala, por obra de auto del 10º de junio del año en curso, dispuso admitir la acción de tutela y notificar de su presentación a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al tiempo que vincular a las sociedades Ramírez y CIA S.A., Sumar S.A. y Excarvar S.A, al Instituto Nacional de Vías y al Consorcio San José 2500, como terceros interesados en el proceso.
(i) Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
6.- El Magistrado Ponente del fallo cuestionado afirmó que considera que dicha providencia y el expediente de la respectiva acción de controversias contractuales, contienen los argumentos y elementos necesarios para que el juez de tutela tome la decisión que en derecho corresponda. Por ende, adujo estar “presto a atender lo que disponga la Sala que decida la acción de tutela”.
(ii) Remisión del expediente digital del proceso contencioso administrativo de controversias contractuales.
7.- Mediante correo electrónico del 22 de junio de 2021, dando cumplimiento al requerimiento hecho en el auto admisorio de la demanda, el Tribunal Administrativo de Antioquia allegó copia escaneada del proceso de controversias contractuales del derecho con radicado No. 05001-23-31-000-2007-00593-01, sin emitir pronunciamiento de fondo con respecto a la acción de tutela que se analiza.
(iii) Las sociedades Ramírez y CIA S.A., Sumar S.A. y Excarvar S.A, el Instituto Nacional de Vías y el Consorcio San José 2500
8.- Los demás vinculados al proceso guardaron silencio, a pesar de haber sido debidamente notificados.
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
C. Acción de tutela contra providencias judiciales
9.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
9.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior.
9.2.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son, los siguientes:
• Que la cuestión sometida a estudio por parte del juez de tutela resulte de evidente relevancia constitucional.
• Que se hayan agotado todos los recursos judiciales -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se advierta la ocurrencia de un perjuicio de carácter irremediable.
• Que la solicitud de amparo tutelar cumpla con el requisito de inmediatez.
• Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de las prerrogativas iusfundamentales.
• Que quien pretende el amparo identifique, de forma razonable, tanto los hechos que generan la violación como los derechos que resultan infringidos y que ello haya sido alegado en el proceso judicial, siempre que esto fuese posible; y,
• Que el fallo impugnado no se trate de una acción de tutela.
9.3.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho de esta naturaleza. En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial infringe derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.
9.4.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito se persiguen al menos tres finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, en ese sentido, evitar que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clara y marcada relevancia desde la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se transmute en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades jurisdiccionales.
9.5.- A su turno, los requisitos específicos de procedibilidad que ha decantado la jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defectos materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos fundamentales: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y, (viii) violación directa de la Constitución.
9.6.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la interpretación del derecho legislado o en la evaluación detenida de las pruebas del caso o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites judiciales”.
9.7.- De lo que hasta ahora ha sido reseñado, le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que, una vez superado ese examen formal, pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales también deben ser adecuadamente formulados por el interesado.
D. Análisis del caso concreto
10.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará, en lo que sigue, de verificar si los hechos que se alegan en la presente causa se enmarcan en los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si cumple los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional. Solo en el evento de acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el propósito de establecer si el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor y si se justifica la adopción de medidas de protección frente a los mismos.
E. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
11.- En relación con el presupuesto de la inmediatez para la interposición de demandas de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha considerado que, para efectos de establecer si la acción de tutela contra providencia judicial se ejerció oportunamente, se debe verificar que se haya presentado dentro de los 6 meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia cuestionada, según el caso.
11.1.- Ab initio, la Sala advierte que, en este caso no se cumple el requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial referente a la inmediatez, tal y como pasa a explicarse:
11.2.- Con el fin de verificar si en el asunto de referencia se acredita el requisito de la inmediatez, se tendrá en cuenta la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, dentro del medio de control de controversias contractuales, identificado con número de radicado 05001-23-31-000-2007-00593-01, toda vez que dicha decisión resolvió de manera definitiva la litis. Así las cosas, se advierte que la mencionada providencia se notificó mediante edicto electrónico publicado en la página web del Consejo de Estado por la Secretaría de la Sección Tercera, fijado el 6 de noviembre y desfijado el 10 de noviembre de la misma anualidad, es decir, que el cómputo del término de los 6 meses para interponer la demanda de tutela inició el 11 de noviembre de 2020 y feneció el 11 de mayo de 2021. No obstante, la parte actora presentó la demanda de tutela el 2 de junio de 2021, es decir, 6 meses y 22 días después, superando así el término de los 6 meses establecido jurisprudencialmente por esta Corporación.
11.3.- En este punto, se debe resaltar que no es de recibo el argumento del apoderado de las sociedades demandantes según el cual, la sentencia debe entenderse notificada el 2 de diciembre de 2020, día en que se registró el salvamento de voto del Magistrado Martín Bermúdez Muñoz, pues a diferencia de lo que considera el actor, la notificación de la sentencia se entiende surtida una vez se desfija el edicto que puso en conocimiento de las partes la expedición del fallo, pues es contra dicho acto jurídico que se dirigen las pretensiones de la acción de tutela y no contra la expresión del voto disidente del mencionado Magistrado, la cual no hace parte de la sentencia propiamente considerada al tratarse, precisamente, de una opinión distinta a la consignada por la mayoría de la Sala de Decisión demandada. Con base en lo anterior, no se encuentra demostrada ninguna circunstancia particular que le hubiere impedido al actor presentar la acción de tutela un término razonable.
12.-Con todo, si en gracia de discusión se flexibilizara el término de la inmediatez, la Sala de Decisión considera que la acción de tutela deviene improcedente por no encontrarse acreditado el requisito de relevancia constitucional, como se expone a continuación:
13.- Sobre el análisis específico de la relevancia constitucional del asunto, es de precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado ha reconocido que para determinar si una acción de tutela satisface dicho requisito es necesario entrar a examinar dos elementos, a saber:
• Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que no basta con enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor frente a los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela, de cara a la definición que ha adoptado el juez, encargado por mandato constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental fórmula de administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.
• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial, aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento anotado, en tanto la acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien con la determinación contenida en la sentencia no se ve favorecido, pues sin lugar a dudas de lo que se trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.
14.- Pues bien, analizados los cargos planteados por la parte actora, resulta evidente que los actores buscan un nuevo estudio de los aspectos definidos por el juez natural de la causa, por cuanto en la presente acción plantearon los mismos argumentos que expusieron ante el Invias durante el proceso licitatorio, en la demanda de controversias contractuales, el recurso de apelación puesto en conocimiento del Consejo de Estado y los alegatos de conclusión en segunda instancia, con respecto a la indebida aplicación e interpretación del numeral 3.8.1. del pliego de cargos, e igualmente, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y la consecuente habilitación del Consorcio Teris para participar en la licitación DG-164.2004. En virtud de lo anterior, se estima que la acción de tutela impetrada por las sociedades demandantes tiene como propósito surtir una tercera instancia del proceso contencioso administrativo, buscando obtener una decisión judicial favorable a sus pretensiones.
14.1- En efecto, después de la presentación de la oferta y hasta el acto de adjudicación del contrato No. 3497 de 2005 al Consorcio San José 2500, las sociedades demandantes, integrando el Consorcio Teris, alegaron mediante diversos escritos presentados al Invias del 21 de julio, 25 de agosto, 26 y 30 de septiembre, 3 y 8 de noviembre de 2005 que habían cumplido con el requisito habilitante, tal como se consagró en el numeral 3.8.1 del pliego de cargos en armonía con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, pues acreditaron con las respectivas certificaciones, el pago de los aportes parafiscales y a la seguridad social de los 6 meses anteriores a la presentación de la oferta. En este punto, aclararon que, tanto en el pliego de condiciones, como en la ley, no se menciona que se deba estar a paz y salvo por cualquier periodo de pago, y, por ende, no se extiende la inhabilidad en caso de deberse sumas de dinero por concepto de intereses moratorios.
14.2.- A su vez, en la demanda de controversias contractuales, mencionó la parte actora, dentro del concepto de violación de los actos administrativos cuya nulidad se alegó, que las causales de inhabilidad son de interpretación restrictiva y normas de excepción, y en el presente caso, el artículo 50 de la Ley 789 establece que se es inhábil para contratar cuando no se acredite el pago de los aportes a parafiscales y a seguridad social, “y en ningún momento puede esta extenderse a otras consideraciones adicionales o conexas, como lo son intereses de mora. Así mismo, dicha inhabilidad de que trata la Ley 789… es para efectos de contratar y no de licitar, Así lo ha dicho en múltiples oportunidades el Consejo de Estado…”.
14.3.- Posteriormente, en el recurso de apelación cuyo conocimiento correspondió al Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, los demandantes reiteraron que, tanto las entidades demandadas como el Tribunal Administrativo de Antioquia, no dieron una debida aplicación “ni al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y menos aún a las exigencias del pliego de condiciones, según las estipulaciones previstas en el… punto 3.8.1”.
14.3.1.- Al respecto, transcribieron el artículo 50 referido, resaltando que su inciso tercero era el más importante para resolver el caso concreto, y sobre este afirmaron que “nada dice este inciso y la norma sobre si la certificación debe incluir el hecho que los pagos se hicieron en forma oportuna y extemporánea, si deben intereses o no. Nada tampoco indica la norma sobre si la certificación implica una certificación anexa de la entidad o del mismo revisor fiscal o representante legal, sobre estar a paz y salvo por todo concepto con la entidad el inciso claramente indica “se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados”. De allí que si se pagó el respectivo mes de abril o mayo, pero en forma extemporánea o no, es otro asunto y además no requerido por la norma”.
14.3.2.- En consecuencia, afirmaron que, “la conclusión y el análisis que solicitamos… sobre la norma es que no amplié su redacción mediante interpretaciones que desembocan en sanciones para el contratista, no previstas en la Ley. La norma no dice que sea requisito indispensable para presentarse al proceso licitatorio estar a paz y salvo por todo concepto con las entidades de seguridad social. Menciona que debe certificarse que se pagaron mes a mes las cotizaciones, nada más que eso”.
14.3.3.- Acto seguido, explicaron nuevamente que acorde con el numeral 6 del punto 3.8.1 del pliego de condiciones el Invias verificaría únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la oferta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago de las fechas establecidas en las normas vigente, motivo por el cual, no podía ser exigencia para dicho instituto al presentar la oferta y por ende, causal de rechazo, el hecho de que los pagos se hubieren realizado extemporáneamente “o que existan multas o sanciones, esa es harina de otro costal”. Es así como, pasó a exponer que el Consorcio Teris acreditó en término el pago de los aportes a parafiscales, y que ante la existencia de algunos periodos en mora, “en abril 28 de 2005, un mes después del cierre del proceso licitatorio, se procedió a pagar algunos saldos de intereses existentes, con el fin de acreditar el pago de todos los intereses y no entorpecer la eventual adjudicación (mora de septiembre de 2004: $18.220; mora de octubre de 2004 por $2.99; mora de febrero de 2005, por valor de $10.438)”, con lo cual cuestionó si había sido válida su descalificación del proceso licitatorio, pues prácticamente se prohibió a dicho interesado subsanar el requisito derivado ilegítimamente del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 por el Invias.
14.4.- Es así como, en la sentencia de 3 de agosto de 2020, el Consejo de Estado resumió los argumentos del escrito de apelación de la siguiente forma:
<<23. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación… por considerar que la providencia no interpretó correctamente el contenido del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ni del pliego de condiciones.
24. En primer lugar, sostuvo que la ley exigía la certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, sin embargo, no era claro que dicho concepto se hiciera extensible a otros eventos en los que se pueden generar intereses moratorios, por pago tardío de esas obligaciones, como tampoco en los casos de multas y sanciones.
25. En segundo lugar, afirmó que de la lectura del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 debía concluirse que el cumplimiento del requisito relativo al pago de parafiscales y aportes a seguridad social se satisfacía con la certificación del revisor fiscal, cuyo contenido debía ser el de “acreditar el pago mes a mes de las respectivas cotizaciones”. Asimismo, que la norma no establecía “si la certificación debía incluir el hecho de que los pagos se hicieron en forma oportuna o extemporánea, si deben intereses” … por lo que, si se pagaron meses en forma extemporánea no debía analizarse en el presento asunto y no ser exigido.
26.- Adicionalmente, señaló que, conforme con el pliego de condiciones, el Invías verificaría el cumplimiento del requisito “únicamente a la fecha de presentación de la oferta” sin perjuicio “de los efectos generados por pagos eventualmente por fuera de las normas legales”. Así no podía ser causal de exclusión de la oferta que los pagos se hubieran generado de forma extemporánea o la existencia de multas y de otras sanciones (…)
27.- Por último, sostuvo que ante la discrepancia entre la certificación y lo afirmado por las entidades del Seguro Social debió habérsele permitido al consorcio acreditar, hasta la audiencia de adjudicación, que el pago de los intereses adeudados, como el de las cotizaciones supuestamente debidas, sí se había hecho>>.
14.4.1.- Así, al analizar el caso concreto, determinó que era necesario confirmar la decisión de primera instancia, toda vez que, no se advertía una interpretación errónea del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y del pliego de condiciones con respecto a la exigencia de certificación de pago de los aportes parafiscales y cotizaciones a seguridad social, así:
<<35. En el presente asunto, el Invías adelantó la Licitación Pública DG-164-2004, cuyos pliegos de condiciones establecieron, en su capítulo 2 que, entre la normatividad aplicable se encontraba la ley 789 de 2002. Así mismo, el numeral 3.8.1. de los pliegos denominado “sobre 1”, relativo a las calidades de los proponentes, establecía en su numeral 6 (se transcribe):
“6. a) Cuando el proponente sea una persona jurídica deberá presentar una certificación… expedida por el Revisor Fiscal… o por el Representante Legal… donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. (…)
El INSTITUTO verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la oferta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes (…).
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido.
Nota: la omisión o la presentación incompleta de la información requerida, es subsanable en el término que para el efecto le señale el INSTITUTO, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple”
36. A raíz de una observación formulada por la Unión Temporal Mincivil Latinco, según la cual Excarvar no se encontraba al día con el pago de la seguridad social, el Invías, por solicitud del representante legal del Consorcio Teris, elevó una consulta al Instituto de Seguros Sociales referida a la imputación de pagos cuando se hacían en forma extemporánea. Mediante oficio SGT-alc 34142 el Invías le comunicó al consorcio su exclusión de la licitación, oportunidad en la que le puso en conocimiento la respuesta del Seguro Social:
“5- El Instituto de Seguros Sociales dio respuesta a la solicitud mediante oficio No. DNC-No-006835 el 7 de septiembre del presente año: mencionando:
“Sobre las correcciones mencionadas en su comunicación, les informamos que corresponden a aportes e intereses dejados de cancelar, sobre las autoliquidaciones que fueron presentados en forma extemporánea sin los respectivos intereses moratorios, además a la fecha se observa que la empresa reporta un saldo por extemporaneidad por valor de 26.189 según reporte anexo.
“De acuerdo con las normas de imputación de pagos, cuando el aportante cancela aportes en forma extemporánea sin cancelar al mismo tiempo los intereses, la entidad administradora de seguridad debe aplicar el pago primero a intereses y luego a capital. Por ese motivo el saldo que queda pendiente nmo es deuda por intereses sino por cotizaciones. En consecuencia, esa deuda debe ser cancelada posteriormente con intereses sin que se esté incurrieron en intereses sobre intereses”. (…)
“7. Para este caso en particular y de conformidad con el concepto emitido por el Instituto de Seguros Sociales el proponente EXCARVAR S.A. a la fecha de cierre de la presente licitación pública no cumplía con el pago de las cotizaciones a la seguridad social, es decir que no era hábil para participar en este proceso (…).
“10. Con el anexo al concepto emitido por el Instituto de Seguro Social, finalmente se verificó lo siguiente:
“-Para el periodo de cotización del mes de septiembre de 2004, se pagó el día 20 de octubre del mismo año haciendo un pago por concepto de corrección para este mes el día 28 de abril de 2005”.
“-Para el periodo de cotización del mes de octubre de 2004, se pagó el día 12 de noviembre de 2004 haciendo un pago por concepto de corrección para este mes el día 28 de abril de 2005”.
“(…).
“Para el periodo de cotización del mes de febrero de 2005, se pagó el día 15 de marzo del año en curso (2005); haciendo un pago por concepto de corrección para este mes del día 28 de abril de 2005.
“Es decir que el pago, para el periodo de cotización de los meses en mención solamente se imputó en su totalidad hasta el 28 de abril de 2005, luego para la fecha de cierre de la Licitación Pública DG-164-2004 el proponente EXCARVAR S.A. no estaba al día en los pagos correspondientes a las cotizaciones a las que está obligado con el Seguro Social”
37. La anterior información hizo parte del contenido de la Resolución 6065 de 28 de noviembre de 2005 – a través de la cual el Invías adjudicó el contrato al Consorcio San José 2500- y fue corroborada en el presente proceso por el resumen de cuenta de las autoliquidaciones, documento aportado por el Seguro Social en la oportunidad probatoria.
38. En este contexto, se impone confirmar la decisión de primera instancia, pues el pliego de condiciones, en cumplimiento de lo ordenado por el articulo 50 de la Ley 789, estableció como requisito para las personas jurídicas al momento de presentar su oferta, la certificación del revisor fiscal en donde constara estar al día, entre otros, con los aportes de seguridad social para los 6 meses anteriores a ese momento.
39. En ese sentido, si bien resulta cierto lo afirmado por la parte demandante en su recurso de apelación al manifestar que la norma en comento nada indicaba sobre intereses, multas o sanciones, lo cierto es que, de acuerdo con el concepto emitido por el Seguro Social los pagos tardíos se imputan primero a intereses y luego a capital, siguiendo la regla general, por lo que las correcciones que hiciera Excarvar con fecha posterior – 28 de abril de 2005- a la presentación de su propuesta – 16 de marzo de 2005- necesariamente correspondían, al menos en parte, a aportes. Así, essta acreditado que, al momento de presentación de su propuesta, la referida sociedad no cumplía con el requisito habilitante.
40. En relación con el hecho de que el pliego diera por acreditado el requisito a partir de la certificación del revisor fiscal, conviene precisar que, aun cuando dicho documento se presuma cierto según lo previsto en el artículo 12 del Decreto 1406 de 1999, no significa que la entidad, en salvaguarda de los principios de la contratación estatal y como directora del procedimiento de selección, no pueda verificar la información aportada por los proponentes, máxime cuando existen irregularidades que son puestas en su conocimiento.
41. En concordancia con lo anterior, la expresión contenida en el pliego relativa a que el Invías verificaría el cumplimiento “únicamente a la fecha de presentación de la oferta”, para la Sala, debe entenderse en el sentido de que el proponente debía cumplir ese requisito en ese momento de la licitación y no, como se adujo en el recurso de apelación, como una limitación temporal a la entidad para verificar la información de la propuesta pues, de ser esa la interpretación resultaría ineficaz de pleno derecho por no asegurar “una escogencia objetiva”…
43. Finalmente, la parte demandante indicó en su recurso de apelación que le asistía el derecho de acreditar el pago de los intereses adeudados al Seguro Social hasta antes de la adjudicación del contrato. Este argumento no es de recibo para la Sala pues, como se enfatizó anteriormente, la subsanabilidad como derecho del contratista tiene por objeto la acreditación o aclaración de situaciones ocurridas antes de la presentación de la oferta y no el cumplimiento de los requisitos habilitantes mientras se desarrolla el procedimiento de selección. Pretender lo contrario sería ir en contravía de la finalidad misma de la figura, cual es la de establecer unas condiciones mínimas para la participación en el procedimiento de selección>>. (Negrilla y subraya fuera del texto original).
15.- Así, al examinar el contenido de la decisión que viene de transcribirse, se advierte que, contrario a lo expuesto por la parte actora, en la sentencia cuestionada se analizó en forma debida el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el pliego de condiciones. Otra cosa es que la valoración conjunta de la normatividad con el material probatorio del proceso de controversias contractuales resultara contraria a los intereses de la parte actora, pues la autoridad cuestionada, una vez estudió las particularidades del caso sub examine, logró determinar que Excarvar S.A. no acreditó el pago de los aportes a seguridad social al momento de presentar su oferta, por lo cual era ajustada a derecho la decisión del Invias de excluir al Consorcio Teris del proceso licitatorio.
16.- Frente a la violación directa de la Constitución, indicó que la autoridad judicial demandada, vulneró su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, pues en la sentencia demandada, determinó que, acorde con el artículo 87 del CCA, sea que se hayan demandado los actos previos del contrato mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho o si alegó la nulidad absoluta del contrato estatal mediante la acción de controversias contractuales, la jurisprudencia determinó que, el restablecimiento del derecho dependía de que la demanda se hubiera formulado dentro del término de 30 días siguientes a la notificación, comunicación o publicación, ya sea, de los actos previos o del contrato. Por ende, afirmó que el Consorcio Teris fue notificado el acto de adjudicación en audiencia de 28 de noviembre de 2005, por lo que, los 30 días referidos empezaron a contar el 29 de noviembre de 2005, y como la demanda se presentó el 19 de abril de 2007, se superó ampliamente la oportunidad relativa para alegar el restablecimiento del derecho.
16.1.- Sobre el particular, los demandantes alegaron que el Consejo de Estado – Sección Tercera. Subsección B, desconoció que la demanda de controversias contractuales fue interpuesta en el año 2007, es decir, bajo la vigencia del anterior Código de lo Contencioso Administrativo, norma que “en ninguno de sus artículos se menciona la existencia de un único término para obtener el restablecimiento de los derechos, razón por la cual es claro que dicha postura es netamente jurisprudencial, dicho de otra forma no existe ninguna disposición legal que cercene el derecho en solicitar RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, en este caso restitutivo indemnizatorio, en ejercicio del tipo de acción contractual”. De esta forma, arguyeron que, ese criterio jurisprudencial fue introducido de forma posterior a la presentación de la demanda, lo que implica que, se hizo una aplicación retrospectiva de la misma, sumado a que, había una imposibilidad material para el particular de saber que si se presentaba la demanda a los 30 días después de la notificación del auto administrativo adjudicatario del contrato, perdería la oportunidad de que le fuera reconocido el restablecimiento de su derecho, vulnerándose así los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima en la administración judicial.
17.- Sobre este cargo formulado en la demanda de tutela, la Sala considera que carece de carga argumentativa, toda vez que, el accionante aduce lo dicho en el capítulo “2.1.1. Oportunidad para solicitar el restablecimiento del derecho”, como parte del análisis sustantivo que hizo la autoridad judicial demandada en el caso concreto, pues, a su juicio, desconoce el derecho al acceso a la administración de justicia. Sin embargo, se advierte que aun cuando esta Corporación hizo referencia al término que se tenía para presentar la acción, lo cierto es que hizo un estudio de fondo del asunto, del material probatorio recaudado y de las normas presuntamente interpretadas erróneamente por el Invias y el Tribunal Administrativo de Antioquia.
18.- Téngase en cuenta que, por oposición al principio de informalidad que caracteriza a la acción de tutela, cuando esta se formula contra providencias judiciales, es necesario que quien reclama la protección iusfundamental no solo señale los derechos que estima afectados, sino que identifique con cierto nivel de detalle en qué consiste la violación que le atribuye al pronunciamiento judicial y demuestre de qué forma aquel se aparta del ámbito del derecho o incurre en una actuación abusiva contraria al ordenamiento jurídico, no por la materialidad de la decisión y sus implicaciones, sino por las razones y fundamentos que la sustentan, aspecto sobre el que gravita la relevancia constitucional. De no ser así, toda providencia judicial que desestima una demanda o accede a las pretensiones, esto es, por sus consecuencias, sería transgresora de los derechos fundamentales de la parte vencida, asunto que, sin duda alguna, cuestionaría los cimientos del pacto político y social en que se soporta la existencia del Estado, y con este, el establecimiento de autoridades que detentan el poder público bajo las diferentes manifestaciones requeridas para la realización de los fines del Estado, entre ellos, el de la solución de los conflictos y la efectividad de los derechos.
19.- De ahí que la tutela contra providencias judiciales, que se presenta como expresión del poder realizador de valores tales como la convivencia pacífica, la seguridad de las relaciones y los derechos del conglomerado, entre otros, solo puede ser evaluada por el juez constitucional en aquellos eventos en que se logre establecer, a partir de una carga argumentativa seria, coherente y razonada de parte de quien la emplea, que una determinada actuación del juzgador es manifiestamente contraria al orden jurídico y, a su vez, violatoria de derechos fundamentales, en especial, del debido proceso y del acceso a la administración de justicia, que son los ejes medulares sobre los que, tratándose de acciones de tutela contra sentencias judiciales, se proyecta el análisis y la decisión del juez constitucional. Exigencia adicional que resulta razonable, pues sin buscar imprimir a la acción de tutela formalidades que la desnaturalicen, se requiere que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que de cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
20.- Insiste también esta Sala en que los derechos, expectativas e intereses que se llevan al conocimiento de la judicatura, de cara la preexistencia de un conflicto, la mayoría de las veces están desprovistos de una connotación iusfundamental, por lo que solo resulta admisible que se abra paso la acción de tutela cuando la labor del juez se proyecta como afrenta al derecho de acceso a la administración de justicia, que se presenta como emanación directa del derecho al debido proceso, asunto que, como ya se vio, no se reduce a la discrepancia de criterios entre la decisión judicial y la de la parte que no resulta favorecida con ella, pues en esta materia asiste al operador judicial la importante tarea de aplicar y definir el derecho, justamente en aplicación y desarrollo de la anterior premisa.
21.- En este punto, la Sala arriba a la conclusión de que la acción de tutela, no cumple el requisito de inmediatez y tampoco con el requisito general de relevancia constitucional, máxime si se tiene en cuenta que su objeto es continuar con un debate que se concluyó en las instancias respectivas, lo que desnaturaliza su finalidad como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, sumado a que, no se justificó debidamente el cargo por violación directa de la Constitución, quedando sin sustento la presunta vulneración del derecho al acceso a la administración de justicia de la parte actora. Por tanto, se declarará improcedente el amparo solicitado por las sociedades Ingeniería y Vías Ltda y Trainco S.A.
22.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III.- F A L L A
PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo solicitado por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Providencia notificada en edicto fijado el 6 de noviembre de 2020. Expediente digital, Folio 16 del escrito de demanda. Expediente digital, Folios 1 a 3 del escrito de demanda. Expediente digital, Folio 33 dentro del proceso de controversias contractuales con radicado No. 05001-23-31-000-2007-00593-01. Expediente digital, Folios 223 a 225 dentro del proceso de controversias contractuales con radicado No. 05001-23-31-000-2007-00593-01. Expediente digital, Folio 240 dentro del proceso de controversias contractuales con radicado No. 05001-23-31-000-2007-00593-01. Expediente digital, Folio 4 del escrito de demanda. Expediente digital, Folio 4 del escrito de demanda. Expediente digital, Folio 9 del escrito de demanda. Ídem. Expediente digital, Folio 1 del mencionado proveído. Expediente digital, intervención contenida en 1 folio. Disponible en el aplicativo SAMAI. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC). Sentencia T-079 de 2010 de la Corte Constitucional. Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”. Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional. Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional. Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional. Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-02568-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de 2016, SU-542 de 2016 y SU-490 de 2016. Consejo de Estado. Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01). Expediente digital, Folio 658 dentro del proceso de controversias contractual con radicado No. 05001-23-31-000-2007-00593-01. Tal como consta en el aplicativo SAMAI: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202100705011100103
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Expediente digital, Folios 173 a 177 dentro del proceso de controversias contractual con radicado No. 05001-23-31-000-2007-00593-01. Expediente digital, Folios 178 a 180 dentro del proceso de controversias contractual con radicado No. 05001-23-31-000-2007-00593-01. Expediente digital, Folios 183 a 186 y 191 a 200 dentro del proceso de controversias contractuales con radicado No. 05001-23-31-000-2007-00593-01. Expediente digital, Folios 203 a 204 y 208 a 209 dentro del proceso de controversias contractuales con radicado No. 05001-23-31-000-2007-00593-01. Expediente digital, Folio 240 dentro del proceso de controversias contractuales con radicado No. 05001-23-31-000-2007-00593-01. Expediente digital, Folio 509 dentro del proceso de controversias contractuales con radicado No. 05001-23-31-000-2007-00593-01. Expediente digital, Folio 513 dentro del proceso de controversias contractuales con radicado No. 05001-23-31-000-2007-00593-01. Expediente digital, Folio 514 dentro del proceso de controversias contractuales con radicado No. 05001-23-31-000-2007-00593-01. Expediente digital, Folio 515 dentro del proceso de controversias contractuales con radicado No. 05001-23-31-000-2007-00593-01. Expediente digital, Folio 516 dentro del proceso de controversias contractuales con radicado No. 05001-23-31-000-2007-00593-01. Expediente digital, Folio 653 dentro del proceso de controversias contractuales con radicado No. 05001-23-31-000-2007-00593-01. Expediente digital, Folio 655 a 657 dentro del proceso de controversias contractuales con radicado No. 05001-23-31-000-2007-00593-01. Expediente digital, Folio 4 del escrito de demanda.
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \h http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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