Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-03412-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-03412-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-03412-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-03412-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
5 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / LEGITIMACIÓN POR PASIVA EN LA ACCIÓN DE TUTELA / MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL / DESVINCULACIÓN DEL PROCESO – Petición negada / TERCERO CON INTERÉS LEGÍTIMO
El Ministerio de Educación Nacional en su intervención solicitó la desvinculación del asunto de la referencia por carecer de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que los reparos están dirigidos contra las providencias proferidas por las autoridades que negaron librar mandamiento de pago. Al respecto, la Sala manifiesta que negará la referida petición, habida cuenta que la entidad territorial fue vinculada a esta acción constitucional como tercero con interés en las resultas del proceso, y no en calidad de demandada.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL – La providencia indicada difiere del objeto de estudio del caso bajo examen / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN NORMATIVA / PROCESO EJECUTIVO DERIVADO DE SENTENCIA JUDICIAL - Independiente del proceso principal / AUTO QUE NIEGA MANDAMIENTO EJECUTIVO - Por no acreditar la exigibilidad de la obligación / TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO / COMPETENCIA DEL PROCESO EJECUTIVO – El juez del medio de control ordinario / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
De conformidad con lo expuesto por el Tribunal Administrativo del Tolima en la providencia censurada de 22 de abril de 2021, esta Colegiatura manifiesta que negará la solicitud de amparo al considerar que la referida judicatura no incurrió en el defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente por indebida interpretación de la norma aplicable al asunto objeto de debate. Lo anterior, habida cuenta que el ordenamiento jurídico establecido para efectos de regular el procedimiento del proceso ejecutivo, si bien establece dos supuestos fácticos a partir de los cuales el interesado puede solicitar al juez que se libre mandamiento de pago, lo cierto es que, en cada situación, existen pautas concretas que deben ser observadas por el demandante por cuanto la norma es de naturaleza imperativa. En el sub lite, la norma invocada por la autoridad cuestionada es el referido artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. (…) En ese orden, teniendo en consideración que la sentencia que puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue expedida con fecha de 24 de abril de 2017, y que el señor [O.R.M] presentó la demanda solo hasta el 10 de septiembre de 2020, es decir, fuera del plazo de los 10 meses de que trata el inciso segundo de la norma ibídem, de plano deja en evidencia que este primer supuesto normativo no le era aplicable al accionante para que se librara orden de pago. Es por ello que la solicitud radicada ante el juzgado se encuadraba en el segundo supuesto, esto es, al de una demanda ejecutiva independiente del proceso principal, caso en el cual, lo que procedía se circunscribía a verificar si se cumplían los requisitos formales y sustanciales de una demanda ejecutiva con la cual se debe aportar el título base de ejecución complejo, ya que al estar contenida en una sentencia judicial la obligación, debe acompañarse por las constancias de ejecutoria de las providencias sobre las que se pretende su cumplimiento. Así, el Juzgado 4º Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué determinó que de los documentos allegados con la demanda ejecutiva no se aportó el título judicial complejo, en atención a que el señor [O.R.M.] únicamente anexó la copia de la sentencia de primer grado de la causa contenciosa, por lo que al faltar la decisión que zanjó la segunda instancia y las constancias de ejecutoria de cada una como lo manda el numeral 2º del artículo 114 del CGP, lo que correspondía resolver no era algo distinto a denegar el mandamiento de pago por no acreditar la exigibilidad de la obligación. Ahora, la interpretación normativa realizada por la Colegiatura censurada no contraviene lo precisado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la providencia de 25 de julio de 2017 dictada dentro del expediente No.
11001-03-25-000-2014-01534-00 (4935-14), habida cuenta que en ella se diferenciaron los dos eventos fácticos en los que el interesado puede solicitar el inicio del proceso ejecutivo. (…) En consonancia con lo expuesto, esta Sala de Decisión no advierte que el ejercicio hermenéutico con fundamento en el cual el Tribunal Administrativo del Tolima avaló la decisión adoptada por el Juzgado 4º Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, correspondiente a confirmar la negativa de librar la orden de ejecución contra la entidad condenada, desconociera el sentido y finalidad con la cual fue expedida la norma aplicable al caso concreto, sino que, se advirtió un incumplimiento de los requisitos con los cuales debe presentarse una demanda ejecutiva para que se adelante un trámite independiente al que dio origen a la obligación. (…) Así las cosas, esta Sección no advierte omitido el análisis de los artículos señalados, habida cuenta que la providencia que citó como presuntamente desconocida, precisó que en el supuesto del artículo 298 del CPACA, la solicitud de pago inmediato luego de transcurrido un año desde la ejecutoria de la sentencia ordinaria, no implica que se adelante un proceso ejecutivo, sino que se trata de un requerimiento de carácter judicial por parte de la judicatura respectiva con la indicación de las posibles consecuencias penales y disciplinarias a las cuales habría lugar por el incumplimiento de la orden. Es por ello que, esta situación fáctica prevista en el artículo ibídem no establece que, a través del simple requerimiento para el pago, luego del transcurso de un año desde la fecha en que quedó en firme la decisión judicial, se libre mandamiento de pago, pues esta orden de ejecución solo puede ocurrir mediando una demanda ejecutiva, la cual debe ser interpuesta con el cumplimiento de los requisitos señalados en el marco jurídico ya analizado, con sujeción al análisis e interpretación realizados en el auto de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 25 de julio de 2017, sea que se trate de un proceso seguido a continuación del medio de control ordinario, o de forma independiente. Por último, esta Colegiatura encuentra necesario precisar que, si bien existen al menos dos antecedentes fallados por esta Sala relacionados con el tema sub lite, lo cierto es que el asunto objeto de estudio difiere de ellos. (…) Gracias a este análisis, puede la Sala puntualizar que, una vez esclarecido el asunto de la competencia para tramitar la causa ejecutiva en el sentido de determinar que está asignada al juez del medio de control ordinario, no habría lugar, a partir de allí, para insistir en que solo se entiende como un proceso de ejecución independiente del principal si es conocido por una judicatura distinta a la señalada, pues de conformidad con la norma especial y el pronunciamiento unificatorio, es claro que siempre lo debe asumir el funcionario que dictó la sentencia. En esa vía, es imperioso traer a colación que, teniendo como premisa que es un solo juez el que debe abordar el asunto de ejecución, aún subsisten las dos situaciones fácticas relacionadas con las formas de adelantar el referido proceso; ya sea, a continuación, o de manera autónoma, razón por la cual, se itera, en la primera modalidad no es necesario aportar el título, y la demanda debe presentarse dentro del término del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 tal como lo interpretó la Sección Segunda del Consejo de Estado al unificar la materia y, de otro lado, luego de dicho lapso, ante el mismo funcionario judicial, se debe presentar la demanda con todas las exigencias formales y sustanciales. Por estos motivos, es que no es posible aplicar a la solicitud de amparo de la referencia el ejercicio hermenéutico usado en la anterior providencia.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192 - ARTÍCULO 298 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 114
NOTA DE RELATORIA: Con salvamento de voto de la consejera Rocío Araújo Oñate sin medio magnético a la fecha 27 de agosto de 2021.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03412-00(AC)
Actor: OLIVERIO ROJAS MÉNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra providencia judicial – defectos sustantivo y desconocimiento del precedente – niega amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Oliverio Rojas Méndez contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado 4º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1.1. Solicitud
Con escrito presentado a través de mensaje de datos remitido al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 3 de junio de 2021, el señor Oliverio Rojas Méndez, a través de apoderada, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado 4º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Las mencionadas garantías las estimó vulneradas por dichas autoridades judiciales que, con autos de 11 de noviembre de 2020 y 22 de abril de 2021, negaron la solicitud de librar mandamiento de pago respecto de la sentencia condenatoria proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Oliverio Rojas Méndez contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
1.2. Hechos
La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
El señor Oliverio Rojas Méndez, por conducto de apoderada judicial, instauró el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que se identificó con el radicado 73001-33-33-004-2014-00027-01.
Con sentencia de 7 de diciembre de 2015 dictada por el Juzgado 4º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante providencia de 24 de abril de 2017, se ordenó a la parte demandada indexar la primera mesada a partir del 6 de enero de 1997.
El 20 de agosto de 2020, solicitó al Juzgado 4º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué que se tramitara el proceso ejecutivo a continuación del proceso contencioso, con fundamento en que le correspondía a dicha autoridad actuar de conformidad con lo establecido en el artículo 298 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto establece que “En los casos a que se refiere el numeral 1 del artículo anterior, si transcurrido un (1) año desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria o de la fecha que ella señala esta no se ha pagado, sin excepción alguna el juez que la profirió ordenará su cumplimiento inmediato.”
El Juzgado 4º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué negó librar el mandamiento de pago a través de auto de 11 de noviembre de 2020 al considerar que la demanda no cumplió con los requisitos previstos en la norma aplicable. Para tal efecto citó el auto de unificación de 25 de julio de 2017 de la Sección Segunda del Consejo de Estado con ponencia del magistrado William Hernández Gómez, en el cual se señaló:
“(…) para ello y en el caso de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, quien obtenga una sentencia de condena a su favor puede optar por:
1. Iniciar el proceso ejecutivo a continuación del ordinario, para lo cual debe:
Formular demanda para que se profiera el mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo expuesto en la parte resolutiva de aquella y en la cual se incluyen los requerimientos mínimos indicados en el aparte 3.2.4. de esta providencia.
Es decir, el hecho de que se inicie el proceso ejecutivo a continuación del proceso ordinario no quiere significar que se pueda presentar sin ninguna formalidad y el ejecutante está en la obligación de informar si ha recibido pagos parciales y su monto.
En este caso no será necesario aportar el título ejecutivo, pues este ya obra en el proceso ordinario.
El proceso ejecutivo se debe iniciar dentro del plazo señalado en los artículos 192 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los artículos 306 y 307 del Código General del Proceso.
2. Si lo prefiere el demandante, puede formular demanda ejecutiva con todos los requisitos previstos en el artículo 162 del CPACA, a la cual se debe anexar el respectivo título ejecutivo base de recaudo, es decir, la sentencia que presta mérito ejecutivo con todos los requisitos de forma y de fondo exigidos por la ley.”
En ese orden, adujo que en atención a los artículos señalados, para que se inicie el proceso de ejecución a continuación del ordinario, el interesado cuenta con 10 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia; pero, en el evento en que se formule fuera de dicho plazo, debe presentar demanda ejecutiva que reúna todas las formalidades consagradas en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, con la inclusión del respectivo título base de recaudo, con los requisitos de forma y fondo exigidos por el ordenamiento jurídico.
Señaló que, en el sub examine la providencia judicial es de 24 de abril de 2017 y que la demanda fue radicada el 10 de septiembre de 2020, es decir, pasados los 10 meses mencionados, por tanto, advirtió:
“(…) la parte ejecutante debía formular demanda ejecutiva con todos los requisitos previstos en el artículo 162 del CPACA, anexando a la misma el respectivo título ejecutivo base de recaudo, es decir, la sentencia que prestó mérito ejecutivo con todos los requisitos de forma y de fondo exigidos por la ley.
Una vez revisado el acervo probatorio allegado al plenario advierte el Despacho, que como título ejecutivo base de recaudo se allegó únicamente copia de la sentencia de primera instancia proferida por éste Despacho (sic) el día 07 de diciembre de 2015, sin constancia de ser copia auténtica y sin constancias de notificación y ejecutoria, echándose de menos a su vez la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el día 24 de abril de 2017”.
El recurso de apelación presentado por el tutelante fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante providencia de 22 de abril de 2021, en el sentido de confirmar lo dispuesto por el a quo.
1.3. Fundamentos de la solicitud
Si bien la parte actora no los denominó, de los argumentos de la tutela la Sala infiere que, a su juicio, las autoridades judiciales censuradas incurrieron en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, por indebida interpretación de las normas que regulan el trámite del proceso ejecutivo en el marco del cumplimiento de sentencias judiciales, por cuanto, en su criterio, el demandante tiene la posibilidad de escoger uno de los dos procedimientos; aquel relativo a solicitar el cumplimiento de la obligación a continuación del proceso ordinario, o presentar demanda de ejecución con el cumplimiento de todas las formalidades y requisitos legales.
Para sustentar su afirmación, citó la providencia de 25 de julio de 2017 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente No. 11001-03-25-000-2014-01534-00 (4935-14), en la cual se realizaron las siguientes precisiones respecto del marco normativo:
“En relación con la ejecución de las sentencias de condena a entidades públicas, se concluye lo siguiente:
Las sentencias judiciales tienen un procedimiento especial de ejecución que se sigue a continuación del proceso en el cual se origina el título, cuya regulación parte de los artículos 306 y 307 del CPG, y se complementa con las reglas propias del proceso ejecutivo previsto en el artículo 422 y siguientes del mismo estatuto.
Para ello y en caso de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, quien obtenga sentencia de condena a su favor puede optar por:
Iniciar el proceso ejecutivo a continuación del ordinario, para lo cual debe: -Formular demanda para que se profiera el mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo expuesto en la parte resolutiva de aquella… En este caso no será necesario aportar el titulo (sic) ejecutivo, pues este ya obra en el proceso ordinario. El proceso ejecutivo se debe iniciar dentro del plazo señalado en los artículos 192 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los artículos 306 y 307 del Código General del proceso.
Si lo prefiere el demandante, puede formular demanda ejecutiva con todos los requisitos previstos en el artículo 162 del CPACA, a la cual se debe anexar el respectivo título ejecutivo base de recaudo, es decir, la sentencia que presta mérito ejecutivo con todos los requisitos de forma y de fondo exigidos por la ley”.
Finalmente, en relación con la anterior sentencia, agregó que en ella se expuso que: (i) el artículo 298 establece que si luego de transcurrido 1 año desde la ejecutoria de la providencia, la obligación no se ha pagado, el juez ordenará su cumplimiento inmediato sin excepción alguna; y (ii) el artículo 299 de la Ley 1437 de 2011 dispone que las condenas impuestas a las entidades del orden público serán ejecutadas ante la misma jurisdicción, según las reglas de competencia, si dentro de los 10 meses siguientes a la fecha en que quede en firme la providencia, no se ha satisfecho la orden judicial.
1.4. Trámite de la acción
Con auto de 8 de Junio de 2021, el despacho ponente admitió la acción de tutela y ordenó su notificación al Tribunal Administrativo del Tolima, así como del Juzgado 4º Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué; vinculó en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio; reconoció personería jurídica a la abogada Dora Nidia Cabezas Cruz para actuar en representación del accionante; y finalmente requirió a la oficina de sistemas de la Corporación, para que realizara la publicación de la información relativa al proceso de la referencia en la página web del Consejo de Estado.
Intervenciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes, fueron allegadas las siguientes intervenciones:
1.5.1. El Ministerio de Educación, con memorial radicado el 17 de junio de 2021, indicó que la acción de tutela no es procedente por cuanto no existe una vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la decisión censurada y, tampoco se advierte la configuración de un perjuicio irremediable.
Advirtió que la cartera carece de legitimación en la causa por pasiva, puesto que no es responsable de la conducta cuya omisión genera la vulneración alegada; en consecuencia, no tiene competencia para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la solicitud de amparo, habida cuenta que el reparo alegado se circunscribe a las actuaciones desplegadas por las judicaturas cuestionadas.
1.5.2. El Tribunal Administrativo del Tolima, en respuesta recibida el 22 de junio de 2021, solicitó que se declare la improcedencia de la acción, con fundamento en que los argumentos expuestos por el tutelante no tienen la virtualidad de controvertir el auto de 22 de abril de 2021.
Adicionalmente, precisó:
“(…) contrario a lo indicado por el A Quo, conforme al numeral 2º del artículo 114 del CGP, no se requiere exigir a la parte ejecutante que aporte copia auténtica de los documentos que integran el título ejecutivo, derivado de una sentencia judicial.
(…)
Al respecto, resulta necesario precisar que, la ejecución de sentencias que condenan a entidades públicas tiene un procedimiento especial, a saber:
En primer lugar, cuando la ejecución se sigue a continuación del proceso en el cual se origina el título base de recaudo, el ejecutante debe formular la respectiva demanda solicitando se libre el respectivo mandamiento de pago, incluyendo los requerimientos previstos en el artículo 192 del CPACA, es decir, haber efectuado la solicitud de pago ante la entidad obligada, dentro de los tres (03) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia e igualmente, señalar si se han realizado pagos parciales.
En este caso, no es necesario aportar el título que se pretende ejecutar, dado que este ya reposa en el proceso ordinario; no obstante, la demanda ejecutiva debe presentarse dentro del término de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia, como lo establece el inciso 2º del artículo 192 de la ley 1437 de 2011, en concordancia con los artículos 306 y 307 del CGP.
En segundo lugar, cuando la ejecución se hace independiente al proceso ordinario, se debe presentar la demanda ejecutiva, con el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 162 del CPACA, y debe adjuntar las copias de las sentencias junto con las constancias de ejecutoria y demás requisitos de fondo y forma que acrediten la existencia de una obligación clara expresa y exigible, como se indicó en apartados anteriores.
Atendiendo lo anterior, si bien la parte actora manifiesta que el proceso ejecutivo se adelanta a continuación del proceso contencioso, lo cierto es que, no se advierte que en efecto ello sea así, en razón a que la demanda ejecutiva fue presentada ante el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué el 10 de septiembre de 2020, es decir, por fuera del término de los 10 meses que establece el artículo 192 del CPACA; circunstancia que permite establecer que estamos en presencia de un proceso autónomo y por tal razón, es necesario que la parte ejecutante cumpla con los requisitos propios de este trámite e integre el título ejecutivo con los documentos que acrediten la exigibilidad de la obligación que pretende ejecutar (…)”
Sorteo de conjueces
Comoquiera que en la Sala de 8 de julio de 2021 no se logró la mayoría necesaria para que el proyecto de fallo fuera aprobado, en atención a que la composición actual de esta Colegiatura es de 3 magistrados y, la magistrada Rocío Araújo Oñate no apoyó la postura del ponente, con auto de 12 de julio se ordenó el sorteo de un conjuez principal y uno suplente.
Una vez registrado el proyecto de la referencia para la Sala de 29 de julio, el conjuez principal (Álvaro Andrés Motta Navas) manifestó estar impedido para conocer del asunto, lo cual le fue aceptado al encontrarse acreditada la causal 1ª del artículo 56 de la Ley 906 de 2004.
Finalmente, para el 5 de abril de 2021, el Conjuez Pedro Luis Blanco Jiménez integró la Sala de decisión en la que se decidió el asunto de la referencia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela presentada por el señor Oliverio Rojas Méndez contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado 4º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
El Ministerio de Educación Nacional en su intervención solicitó la desvinculación del asunto de la referencia por carecer de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que los reparos están dirigidos contra las providencias proferidas por las autoridades que negaron librar mandamiento de pago.
Al respecto, la Sala manifiesta que negará la referida petición, habida cuenta que la entidad territorial fue vinculada a esta acción constitucional como tercero con interés en las resultas del proceso, y no en calidad de demandada.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si conforme a los argumentos expuestos en el escrito de tutela, procede la protección de los derechos fundamentales invocados por la parte actora respecto de lo decidido en el auto de 22 de abril de 2021 proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, comoquiera que constituye la decisión que puso fin a la solicitud de cumplimiento de la orden judicial que el tutelante pretendía ejecutar.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la referencia y de encontrarse superados; (iii) las generalidades del defecto sustantivo y del desconocimiento del precedente; y (iv) el análisis del caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto se evidencia una tensión o contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los derechos fundamentales alegados por la parte actora, en tanto a su juicio, la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, por lo que se evidencia que trasciende un estudio de lo meramente legal.
2.5.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura la parte accionante fue proferida en el marco del proceso de ejecutivo identificado con el radicado 73001-33-33-004-2020-00129-01, promovido por la parte actora contra la contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la providencia censurada fue proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 22 de abril de 2021, mientras que la acción de tutela se interpuso el 3 de junio de 2021, de manera que, sin que sea necesario determinar la fecha en que cobró fuerza ejecutoria, resulta ser un término que a juicio de la Sala es razonable por cuanto el mecanismo constitucional fue interpuesto antes de transcurridos 6 meses.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.5.4. Respecto a la subsidiariedad, en el caso concreto, la providencia que se cuestiona es la del 22 de abril de 2021, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 11 de noviembre de 2020 que negó librar mandamiento ejecutivo respecto de la sentencia de 24 de abril de 2017 proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; razón por la cual contra la decisión controvertida no procede ningún mecanismo ordinario, y los cargos alegados no encuadran en las causales de procedencia de los recursos extraordinarios de revisión ni de unificación de jurisprudencia.
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales.
2.6. Generalidades de los defectos
2.6.1. Defecto sustantivo
La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.
Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:
El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
No se hace una interpretación razonable de la norma.
La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.
La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma .
Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente.
2.6.2. Desconocimiento del precedente
Resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de precedente, el cual se sinteriza en los siguientes términos:
“…es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido…”.
Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos explicó que el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una regla o subregla de derecho.
Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho creadas por las Altas Cortes cuando actúan como órganos de cierre, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como, en la coherencia del ordenamiento jurídico.
2.7. Caso concreto
2.7.1. En la presente solicitud de amparo, la parte accionante alegó que el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente por la interpretación errónea de las normas que regulan el trámite del proceso ejecutivo en el marco del cumplimiento de una orden judicial, por cuanto, en su criterio, el demandante tiene la posibilidad de escoger uno de los dos procedimientos; aquel relativo a solicitar el acatamiento de la obligación a continuación del proceso ordinario, o presentar demanda de ejecución independiente con el cumplimiento de todas las formalidades y requisitos legales, dentro de lo cual es necesario aportar el título base de recaudo con las constancias de ejecutoria de las sentencias.
En síntesis, la inconformidad del actor radica en que, para lograr el cumplimiento de la providencia proferida en el proceso ordinario, podía optar por iniciar el proceso ejecutivo a continuación del contencioso sin necesidad de presentar la demanda con el cumplimiento de las exigencias consagradas en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con lo estipulado en los artículos 306 y 307 del CGP y sin sujeción al plazo previsto en el artículo 192 del CPACA, por cuanto, en todo caso, el numeral 1º del artículo 298 de este estatuto determina que, luego de transcurrido 1 año contado a partir de la ejecutoria del fallo, el juez ordenará darle cumplimiento inmediato sin excepción alguna, razón por la cual la judicatura reprochada debió librar mandamiento de pago; análisis que en su criterio está contenido en la providencia unificatoria de 25 de julio de 2017.
En este punto, la Sala pone de presente que los yerros sustantivo y desconocimiento del precedente serán abordados de manera conjunta por estar íntimamente relacionados.
2.7.2. Al descender al caso sub examine, encuentra la Sala que el Tribunal Administrativo del Tolima en el fallo de 22 de abril de 2021 realizó las siguientes consideraciones:
(i) Circunscribió el problema jurídico a determinar si fue correcta la decisión del a quo en negar el mandamiento de pago por considerar que estaba indebidamente integrado el título ejecutivo o, si por el contrario, debía ser modificada porque al tratarse de un proceso de ejecución instaurado a continuación de un proceso ordinario, no requería la presentación de las copias auténticas de las providencias que pretendía ejecutar y sus constancias de ejecutoria.
(ii) Concretó que las sentencias a ejecutar eran las de 7 de diciembre de 2015 y 24 de abril de 2017 proferidas por el Juzgado 4º Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente, a través de las cuales se ordenó la indexación de la primera mesada pensional del accionante.
(iii) Explicó que el título ejecutivo puede ser singular cuando está contenido en un solo documento y complejo cuando debe integrarse por un conjunto de estos, tal como sucede en el caso concreto, pues el actor debía conformarlo con las sentencias del medio de control ordinario y, contrario a lo señalado por el juez del primer grado, únicamente con las constancias de ejecutoria según lo indica el numeral 1º del artículo 297 del CPACA, puesto que no se requiere exigir copia auténtica dichos documentos derivados de una decisión judicial, de conformidad con el numeral 2º del artículo 114 del CGP.
(iv) Precisó que la ejecución de las sentencias con las que se condena a entidades públicas tiene un procedimiento especial, así: (a) en primer lugar, cuando se sigue a continuación del proceso ordinario, el interesado debe formular la respectiva demanda en la que solicite que se libre el mandamiento de pago con sujeción a los requisitos previstos en el artículo 192 del CPACA, es decir, haber pedido a la parte condenada el pago dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria, y haberla radicado durante el transcurso de 10 meses contados a la fecha en que quedó en firme la decisión; caso en el que no es necesario allegar el título debido a que ya reposa en el expediente contencioso; (b) en segundo lugar, cuando la ejecución se hace de forma independiente al proceso principal, se debe allegar el escrito demandatorio con el cumplimiento de las exigencias del artículo 162 del estatuto ejusdem, con las copias de las sentencias, las constancias de ejecutoria y demás requisitos formales y sustanciales que acrediten la existencia de una obligación clara, expresa y exigible.
(v) Recalcó que, en este caso, no es cierto que el proceso ejecutivo se hubiese instaurado a continuación del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en razón a que la demanda fue interpuesta ante el Juzgado 4º Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué el 10 de septiembre de 2020, esto es, fuera del término de los 10 meses que refiere el artículo 192 del CPACA. En ese orden, adujo que la parte actora promovió un proceso autónomo, lo cual implica que debía satisfacer las exigencias propias de dicho trámite e integrar en debida forma el título base de recaudo con los documentos que acrediten la exigibilidad de la obligación que pretendía ejecutar.
2.7.3. De conformidad con lo expuesto por el Tribunal Administrativo del Tolima en la providencia censurada de 22 de abril de 2021, esta Colegiatura manifiesta que negará la solicitud de amparo al considerar que la referida judicatura no incurrió en el defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente por indebida interpretación de la norma aplicable al asunto objeto de debate.
2.7.3.1. Lo anterior, habida cuenta que el ordenamiento jurídico establecido para efectos de regular el procedimiento del proceso ejecutivo, si bien establece dos supuestos fácticos a partir de los cuales el interesado puede solicitar al juez que se libre mandamiento de pago, lo cierto es que, en cada situación, existen pautas concretas que deben ser observadas por el demandante por cuanto la norma es de naturaleza imperativa.
En el sub lite, la norma invocada por la autoridad cuestionada es el referido artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, a partir del cual se impone:
“ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada (…)”
En ese orden, teniendo en consideración que la sentencia que puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue expedida con fecha de 24 de abril de 2017, y que el señor Oliverio Rojas Méndez presentó la demanda solo hasta el 10 de septiembre de 2020, es decir, fuera del plazo de los 10 meses de que trata el inciso segundo de la norma ibídem, de plano deja en evidencia que este primer supuesto normativo no le era aplicable al accionante para que se librara orden de pago.
Es por ello que la solicitud radicada ante el juzgado se encuadraba en el segundo supuesto, esto es, al de una demanda ejecutiva independiente del proceso principal, caso en el cual, lo que procedía se circunscribía a verificar si se cumplían los requisitos formales y sustanciales de una demanda ejecutiva con la cual se debe aportar el título base de ejecución complejo, ya que al estar contenida en una sentencia judicial la obligación, debe acompañarse por las constancias de ejecutoria de las providencias sobre las que se pretende su cumplimiento.
Así, el Juzgado 4º Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué determinó que de los documentos allegados con la demanda ejecutiva no se aportó el título judicial complejo, en atención a que el señor Rojas Méndez únicamente anexó la copia de la sentencia de primer grado de la causa contenciosa, por lo que al faltar la decisión que zanjó la segunda instancia y las constancias de ejecutoria de cada una como lo manda el numeral 2º del artículo 114 del CGP, lo que correspondía resolver no era algo distinto a denegar el mandamiento de pago por no acreditar la exigibilidad de la obligación.
Ahora, la interpretación normativa realizada por la Colegiatura censurada no contraviene lo precisado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la providencia de 25 de julio de 2017 dictada dentro del expediente No. 11001-03-25-000-2014-01534-00 (4935-14), habida cuenta que en ella se diferenciaron los dos eventos fácticos en los que el interesado puede solicitar el inicio del proceso ejecutivo, al señalar:
“(…) Para ello y en caso de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, quien obtenga sentencia de condena a su favor puede optar por:
Iniciar el proceso ejecutivo a continuación del ordinario, para lo cual debe: -Formular demanda para que se profiera el mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo expuesto en la parte resolutiva de aquella… En este caso no será necesario aportar el título ejecutivo, pues este ya obra en el proceso ordinario. El proceso ejecutivo se debe iniciar dentro del plazo señalado en los artículos 192 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los artículos 306 y 307 del Código General del proceso.
Si lo prefiere el demandante, puede formular demanda ejecutiva con todos los requisitos provistos en el artículo 162 del CPACA, a la cual se debe anexar el respectivo título ejecutivo base de recaudo, es decir, la sentencia que presta mérito ejecutivo con todos los requisitos de forma y de fondo exigidos por la ley.” (Énfasis propio)
En consonancia con lo expuesto, esta Sala de Decisión no advierte que el ejercicio hermenéutico con fundamento en el cual el Tribunal Administrativo del Tolima avaló la decisión adoptada por el Juzgado 4º Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, correspondiente a confirmar la negativa de librar la orden de ejecución contra la entidad condenada, desconociera el sentido y finalidad con la cual fue expedida la norma aplicable al caso concreto, sino que, se advirtió un incumplimiento de los requisitos con los cuales debe presentarse una demanda ejecutiva para que se adelante un trámite independiente al que dio origen a la obligación.
2.7.3.2. Ahora, en cuanto al señalamiento del desconocimiento de la referida providencia de 25 de julio de 2017, en relación con: (i) el artículo 298 de la Ley 1437 de 2011 en donde se establece que si luego de transcurrido 1 año desde la ejecutoria de la sentencia, la obligación no se ha pagado, el juez ordenará su cumplimiento inmediato sin excepción alguna; y (ii) el artículo 299 de la Ley 1437 de 2011 que dispone que las condenas impuestas a las entidades del orden público serán ejecutadas ante la misma jurisdicción, según las reglas de competencia, si dentro de los 10 meses siguientes a la fecha en que quede en firme la providencia, no se ha satisfecho la orden judicial, es preciso realizar las siguientes precisiones:
Como primera medida, es importante resaltar que el actor no desarrolló de manera suficiente las razones de su inconformidad; no obstante, se infiere que la intención del señor Rojas Méndez se circunscribe a plantear que, si el Tribunal Administrativo del Tolima hubiese tenido en cuenta el contenido del artículo 298 ibídem, la decisión habría sido la de librar mandamiento ejecutivo por cuanto allí se indica que el juez ordenará el cumplimiento inmediato si luego de un año computado a parir de la fecha en que quedó en firme la sentencia, no se ha efectuado el pago; máxime, si se observa que en el artículo 299 ídem se otorga un plazo de 10 meses para que la demandada satisfaga lo ordenado.
Puntualizado lo anterior, se tiene que el objeto de debate en el auto de 25 de julio de 2017 giró en torno a la competencia por el factor de conexidad en los procesos ejecutivos seguidos a continuación de un proceso contencioso administrativo; por lo que no estableció directrices distintas a las señaladas en líneas anteriores relativas a al procedimiento que regula la ejecución de las condenas.
En ese sentido, al referirse a los artículos mencionados, expuso lo siguiente:
“(…) En ese orden, frente al título ejecutivo previsto en el ordinal 1.º del artículo 297, esto es, condenas al pago de sumas de dinero a cargo de una entidad pública, impuestas en esta jurisdicción, la norma especial de competencia es la prevista en el ordinal 9.º del artículo 156 de la misma ley, en la medida en que ello es corroborado precisamente por el artículo 298 ib. y por lo tanto, la ejecución de este tipo de títulos se adelanta por el juez que profirió la providencia que se presenta como base de recaudo”.
Con la cita en referencia se demuestra que respecto a este argumento, no se desvirtúa la regla especial relativa a que, quien pretenda ejecutar una decisión judicial en el marco de un proceso ejecutivo independiente del principal debe acatar lo exigido en el artículo 162 del CPACA, es decir, presentar la demanda con observancia de los requisitos sustanciales y formales, tal como lo explicó el tribunal reprochado.
Aunado a lo anterior, en la providencia que se analiza se señaló concretamente que:
“(…) se concluye que en el caso de obligaciones al pago de sumas de dinero contenidas en los títulos ejecutivos previstos en el artículo 297 ordinales 1.º y 2.º del CPACA, el acreedor podrá optar por:
i) Instaurar el proceso ejecutivo a continuación y con base en solicitud debidamente sustentada o mediante escrito de demanda, presentados en los términos previstos en el artículo 192 incisos 1 y 2 y en artículo 299 ib., ante el juez de primera instancia que tramitó el proceso ordinario.
En ambos casos, si se cumplen los requisitos se librará el mandamiento de pago respectivo y se surtirán los trámites propios de un proceso ejecutivo.
ii) Solicitar que se requiera a la autoridad obligada al cumplimiento de estos títulos con obligaciones dinerarias para que proceda a su cumplimiento inmediato si en el término de 1 año o 6 meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la sentencia o a la prevista para su cumplimiento en el mecanismo de solución de conflictos, esta no lo ha realizado, según el caso.
En este evento el mismo juez de conocimiento procederá a librar un requerimiento de carácter judicial en el que indique las consecuencias legales de carácter penal y disciplinario de ese proceder, sin que ello conlleve adelantar un proceso ejecutivo.”
Así las cosas, esta Sección no advierte omitido el análisis de los artículos señalados, habida cuenta que la providencia que citó como presuntamente desconocida, precisó que en el supuesto del artículo 298 del CPACA, la solicitud de pago inmediato luego de transcurrido un año desde la ejecutoria de la sentencia ordinaria, no implica que se adelante un proceso ejecutivo, sino que se trata de un requerimiento de carácter judicial por parte de la judicatura respectiva con la indicación de las posibles consecuencias penales y disciplinarias a las cuales habría lugar por el incumplimiento de la orden.
Es por ello que, esta situación fáctica prevista en el artículo ibídem no establece que, a través del simple requerimiento para el pago, luego del transcurso de un año desde la fecha en que quedó en firme la decisión judicial, se libre mandamiento de pago, pues esta orden de ejecución solo puede ocurrir mediando una demanda ejecutiva, la cual debe ser interpuesta con el cumplimiento de los requisitos señalados en el marco jurídico ya analizado, con sujeción al análisis e interpretación realizados en el auto de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 25 de julio de 2017, sea que se trate de un proceso seguido a continuación del medio de control ordinario, o de forma independiente.
2.7.3.3. Por último, esta Colegiatura encuentra necesario precisar que, si bien existen al menos dos antecedentes fallados por esta Sala relacionados con el tema sub lite, lo cierto es que el asunto objeto de estudio difiere de ellos por lo que se explica a continuación:
(i) Respecto del expediente No. 11001-03-15-000-2018-00537-00; resuelto con fallo de 5 de abril de 2018 con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio, se advierte de entrada que no es un caso de supuestos fácticos similares, habida cuenta que en dicha ocasión se analizó la competencia del juez de la ejecución por el factor conexidad, comoquiera que en la providencia allí cuestionada se negó el mandamiento de pago por cuanto el ejecutante debía presentar una nueva demanda y someterla a reparto.
Ahora, incluso en dicho antecedente, se aclara que si lo pretendido es ejecutar la sentencia, se debe iniciar el proceso ejecutivo dentro del término previsto en el art 192 del CPACA (10 meses), esto es, a continuación del ordinario, caso en el que no se requiere aportar el título, y que si se interpone una demanda ejecutiva independiente, esta sí debe cumplir los requisitos del artículo 162 Ibídem, aportando la o las sentencias con sus constancias de ejecutoria.
(ii) En relación con el expediente No. 11001-03-15-000-2019-03424-00; decidido en sentencia de 28 de agosto de 2019 con ponencia de la Dra. Rocío Araújo Oñate, se indica que en esa oportunidad el debate se centró en señalar que el juez que debe conocer del ejecutivo en vigencia de la Ley 1437 de 2011, es aquel que profirió la providencia que se pretende ejecutar, por tanto, se habría mal interpretado el artículo 114 del CGP, en relación con la calidad de los documentos que constituyen el título ejecutivo, pues en ese momento las autoridades demandadas exigieron la copia auténtica de la sentencia judicial con constancia de ejecutoria, pese a que ya obraba en las diligencias principales.
Frente al punto, es crucial manifestar que, pese a que la discusión en este antecedente se circunscribió al tópico de la competencia por el factor conexidad para adelantar causas de ejecución de sentencias judiciales, alrededor de ello se señaló:
“Esta Sala de Decisión no desconoce el hecho de que resulta ineludible que el juez deba exigir dicho requisito en los eventos en que la autoridad judicial que adelante el ejecutivo sea distinta al de conocimiento, toda vez que para el inicio de dicho proceso es necesario que confluyan los instrumentos que prueben de manera sólida de la existencia, claridad y exigibilidad de la obligación; sin embargo lo anterior no aconteció en el caso concreto, pues se reitera, el proceso ejecutivo se adelantó a continuación del proceso ordinario, y dichas sentencias condenatorias, se entendían anexadas en el proceso, razón por la cual resultaba excesivo solicitar dicho requisito formal”.
Es decir, lo que se consideró en la providencia anterior, consiste en que siempre debe entenderse que se sigue un proceso ejecutivo a continuación del proceso ordinario, cuando lo tramita el juez de conocimiento del medio de control y, por ello, no es correcto exigir que se aporte el título contentivo de la obligación; pero, si lo conoce un juez distinto, debe presentar una demanda con todos los requisitos sustanciales y formales.
Dicha dualidad fáctica también fue zanjada por el auto de 25 de julio de 2017, en el sentido de indicar que la norma especial para fijar la competencia prevalece sobre lo demás; por ello, en cuanto a los asuntos ejecutivos, manifestó que si bien se establecen los factores territorial y cuantía para determinar la mencionada competencia de manera general, en los casos derivados de providencias judiciales, debe observarse que el ordinal 9º del artículo 156 del CPACA, determinó las reglas especiales aplicables para tal efecto. Por ello concluyó:
“En este sentido, no es plausible la interpretación de que el referido ordinal se refiere “[…] al distrito judicial donde se debe interponer la demanda ejecutiva […]”, porque pese a que el artículo se refiera al factor territorial, no se puede tomar ello circunscrito tan ampliamente a todos los jueces del circuito judicial, porque banaliza la regla de competencia que debe ser precisa.
Es necesario resaltar el efecto útil de la norma, que busca radicar la competencia en cabeza del juez que profirió la sentencia, con el fin de garantizar la economía procesal, la continuidad, la unidad interpretativa del título, el menor desgaste técnico y económico de los sujetos procesales, la celeridad en la solución del litigio, así como la realización plena del derecho que se reconoce en la sentencia judicial.2
Gracias a este análisis, puede la Sala puntualizar que, una vez esclarecido el asunto de la competencia para tramitar la causa ejecutiva en el sentido de determinar que está asignada al juez del medio de control ordinario, no habría lugar, a partir de allí, para insistir en que solo se entiende como un proceso de ejecución independiente del principal si es conocido por una judicatura distinta a la señalada, pues de conformidad con la norma especial y el pronunciamiento unificatorio, es claro que siempre lo debe asumir el funcionario que dictó la sentencia.
En esa vía, es imperioso traer a colación que, teniendo como premisa que es un solo juez el que debe abordar el asunto de ejecución, aún subsisten las dos situaciones fácticas relacionadas con las formas de adelantar el referido proceso; ya sea, a continuación, o de manera autónoma, razón por la cual, se itera, en la primera modalidad no es necesario aportar el título, y la demanda debe presentarse dentro del término del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 tal como lo interpretó la Sección Segunda del Consejo de Estado al unificar la materia y, de otro lado, luego de dicho lapso, ante el mismo funcionario judicial, se debe presentar la demanda con todas las exigencias formales y sustanciales.
Por estos motivos, es que no es posible aplicar a la solicitud de amparo de la referencia el ejercicio hermenéutico usado en la anterior providencia.
Así las cosas, por las razones expuestas, se concluye que los descargos planteados por el extremo activo en la solicitud de tutela de la referencia, no tienen vocación de prosperidad.
2.8. Conclusión
En atención a los argumentos expuestos, esta Sala de decisión negará la solicitud de amparo, por cuanto no se logró demostrar la configuración de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente alegados por el señor Oliverio Rojas Méndez.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo argumentos señalados en la parte considerativa.
SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela promovida por el señor Oliverio Rojas Méndez contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado 4º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, por las razones expuestas en este proveído.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
Salva voto
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
PEDRO LUIS BLANCO JIMÉNEZ
Conjuez
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
La solicitud de amparo fue radicada el 3 de junio de 2021 a través del aplicativo apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co; y fue remitida al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado ese mismo día.
El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se identificó con el radicado 73001-33-33-004-2014-00027-01. Por su parte, la demanda ejecutiva corresponde al No. 73001-33-33-004-2020-00129-01.
Por los siguientes conceptos y valores:
“La suma de $ 48.264.650 correspondientes a las diferencias en las mesadas causadas desde el 14 de junio de 2010 hasta el 29 de febrero de 20202.
Por la suma de $ 4.818.127, correspondientes a la indexación sobre la diferencia en las mesadas, desde el 14 de junio de 2010 hasta el 2 de mayo de 2017, fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de segunda instancia.
Por la suma de $10.517.601, correspondientes a los intereses de mora causados sobre las diferencias de las mesadas acumuladas desde el 1º de septiembre de 2018 hasta el 29 de febrero de 2020.
Por las diferencias en las mesadas causadas a partir del 1º de marzo de 2020 y hasta cuando se realice su pago.
Por los intereses moratorios causados sobre las diferencias acumuladas de las mesadas desde el 1º de marzo de 2020 y hasta cuando se realice su pago.
Por la suma de $777.317, correspondiente a las costas y agencias en derecho en el proceso contencioso.”
Legislación antigua: “ARTÍCULO 298. En los casos a que se refiere el numeral 1 del artículo anterior, si transcurrido un (1) año desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria o de la fecha que ella señale, esta no se ha pagado, sin excepción alguna el juez que la profirió ordenará su cumplimiento inmediato.
En los casos a que se refiere el numeral 2 del artículo anterior, la orden de cumplimiento se emitirá transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las sentencias como título ejecutivo. El juez competente en estos eventos se determinará de acuerdo con los factores territoriales y de cuantía establecidos en este Código.”
Legislación actual: ARTÍCULO 298. PROCEDIMIENTO. <Artículo modificado por el artículo 80 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Una vez transcurridos los términos previstos en el artículo 192 de este código, sin que se haya cumplido la condena impuesta por esta jurisdicción, el juez o magistrado competente, según el factor de conexidad, librará mandamiento ejecutivo según las reglas previstas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa solicitud del acreedor. Si el título lo constituye una conciliación aprobada por esta jurisdicción o un laudo arbitral en que hubiere sido parte una entidad pública, el mandamiento ejecutivo se librará, previa solicitud del acreedor, una vez transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las sentencias como título ejecutivo. En este caso, se observarán las reglas establecidas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias judiciales. Si la ejecución se inicia con título derivado de conciliación aprobada por esta jurisdicción, se aplicará el factor de competencia por conexidad. Si la base de ejecución es un laudo arbitral, operarán los criterios de competencia por cuantía y territorial, definidos en este código. PARÁGRAFO. Los defectos formales del título ejecutivo podrán declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.”
11001-03-25-000-2014-01534-00 (4935-14)
“ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento. Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada. (Énfasis propio)
“ARTÍCULO 306. EJECUCIÓN. Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior. Si la solicitud de la ejecución se formula dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o a la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, el mandamiento ejecutivo se notificará por estado. De ser formulada con posterioridad, la notificación del mandamiento ejecutivo al ejecutado deberá realizarse personalmente. Cuando la ley autorice imponer en la sentencia condena en abstracto, una vez ejecutoriada la providencia que la concrete, se aplicarán las reglas de los incisos anteriores. Lo previsto en este artículo se aplicará para obtener, ante el mismo juez de conocimiento, el cumplimiento forzado de las sumas que hayan sido liquidadas en el proceso y las obligaciones reconocidas mediante conciliación o transacción aprobadas en el mismo.
La jurisdicción competente para conocer de la ejecución del laudo arbitral es la misma que conoce del recurso de anulación, de acuerdo con las normas generales de competencia y trámite de cada jurisdicción.”
“ARTÍCULO 307. EJECUCIÓN CONTRA ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO. Cuando la Nación o una entidad territorial sea condenada al pago de una suma de dinero, podrá ser ejecutada pasados diez (10) meses desde la ejecutoria de la respectiva providencia o de la que resuelva sobre su complementación o aclaración.”
De conformidad con el artículo 110 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con el artículo 11 del Acuerdo No. 080 de 12 de marzo de 2019, la Sección Quinta se encuentra conformada por 4 magistrados, así: “La Sala de lo C Contencioso Administrativo se dividirá en cinco (5) secciones, cada una de las cuales ejercerá separadamente las funciones que de conformidad con su especialidad y cantidad de trabajo le asigne la Sala Plena del Consejo de Estado, de acuerdo con la ley y el reglamento interno de la Corporación y estarán integradas de la siguiente manera:
(…)
La Sección Quinta, por cuatro (4) Magistrados.”
Adicionalmente, el artículo 128 de la referida Ley 1437 de 2011, dispone que las decisiones al interior de las Salas que componen el Consejo de Estado exige “…el voto favorable de la mayoría de sus miembros”.
"1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal”. Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras. Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería. Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01. Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.
“ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá: 1. La designación de las partes y de sus representantes. 2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.
Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones. 3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados. 4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación. 5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder. 6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia. 7. <Numeral modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital. 8. <Numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos. En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.”
“ARTÍCULO 306. EJECUCIÓN. Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior (…).”
“ARTÍCULO 307. EJECUCIÓN CONTRA ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO. Cuando la Nación o una entidad territorial sea condenada al pago de una suma de dinero, podrá ser ejecutada pasados diez (10) meses desde la ejecutoria de la respectiva providencia o de la que resuelva sobre su complementación o aclaración.”
“ARTÍCULO 297. TÍTULO EJECUTIVO. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:
1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias (…)”
“ARTÍCULO 114. COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES. Salvo que exista reserva, del expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes: (…)
2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria (…)”
Legislación vigente:
ARTÍCULO 298. PROCEDIMIENTO. <Artículo modificado por el artículo 80 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Una vez transcurridos los términos previstos en el artículo 192 de este código, sin que se haya cumplido la condena impuesta por esta jurisdicción, el juez o magistrado competente, según el factor de conexidad, librará mandamiento ejecutivo según las reglas previstas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa solicitud del acreedor.
Legislación antigua: ARTÍCULO 298. En los casos a que se refiere el numeral 1 del artículo anterior, si transcurrido un (1) año desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria o de la fecha que ella señale, esta no se ha pagado, sin excepción alguna el juez que la profirió ordenará su cumplimiento inmediato.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.