RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-03419-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-03419-00

Fecha
10 de febrero de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-03419-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el Departamento de Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud de amparo frente al defecto procedimental por falta de congruencia alegado por el actor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DENEGAR el amparo solicitado respecto de los defectos fáctico y sustantivo invocados, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 38 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00 Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-03419-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

10 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD RELACIONADA
CON EL DEFECTO PROCEDIMENTAL Y LA FALTA DE CONGRUENCIA
DE LA PROVIDENCIA CUESTIONADA, POR NO CUMPLIR CON EL
REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. ASIMISMO, SE DENIEGA EL
AMPARO DEPRECADO RESPECTO DE LOS DEFECTOS SUSTANTIVO
Y FÁCTICO. NO SE INCURRIÓ EN EL DEFECTO FÁCTICO
ENDILGADO, COMOQUIERA QUE LA DECISIÓN SE FUNDAMENTÓ
EN LAS PRUEBAS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE Y, ADEMÁS,
TAMPOCO SE INCURRIÓ EN DEFECTO SUSTANTIVO POR
APLICACIÓN PARCIAL DEL ARTÍCULO 44 DEL DECRETO 01 DE
1984.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
DEFENSA Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo

presentado por el Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, esta

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la Sección Tercera -Subsección “A”- del Consejo de Estado1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El ciudadano FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO, actuando en

nombre propio y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicita la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso

a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por la Sección Tercera, al proferir la providencia de 27

de agosto de 2020, dentro del medio de control de reparación

directa identificado con el número único de radicación 25000-23-

36-000-2014-00367-01.

I.2. Hechos

Indicó que estando vinculado a la Universidad de Pamplona, en

calidad de profesor de tiempo completo, la Oficina de Control

Interno Disciplinario de esa institución inició proceso disciplinario en

su contra, por supuestamente, ausentarse del cargo sin justificación

1 En adelante la Sección Tercera.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

alguna los días 23 a 28 y 30 y 31 de enero de 2006.

Refirió que mediante Resolución núm. 371 de 24 de febrero de

2006, la Universidad de Pamplona declaró la vacancia de su cargo,

por abandono y el 6 de junio de 2006, lo declaró responsable, por

lo que lo sancionó con destitución e inhabilidad por el término de 10

años, así como la exclusión del escalafón profesional docente.

Relató que sólo hasta el 15 de noviembre de 2010, tuvo

conocimiento de la sanción impuesta en su contra, por una

publicación que efectuó el diario El Tiempo, por lo que solicitó ante

la Procuraduría General de la Nación la revocatoria de la misma.

Sostuvo que mediante decisión de 31 de octubre de 2011, la

Procuraduría General de la Nación revocó la sanción y ordenó su

rehabilitación al escalafón profesional docente, razón por la que el 7

de noviembre de 2012, solicitó ante la Universidad de Pamplona el

cumplimiento de lo anterior, petición reiterada el 13 de enero de

2013.

Señaló que la anterior petición fue denegada por la Universidad de

Pamplona el 22 de febrero de 2013, por estimar que el supuesto

hecho de abandono del cargo persistía, decisión que fue reiterada el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

17 de octubre siguiente.

Adujo que por lo anterior, promovió demanda dentro del medio de

control de reparación directa contra la Universidad de Pamplona, el

Municipio de Pamplona, el Departamento de Norte de Santander y

la Nación – Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que se

les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por

los perjuicios causados con la sanción de destitución, inhabilidad y

exclusión del escalafón profesional docente, así como por la omisión

de reintegrarlo al cargo, con el pago de los salarios, primas y

emolumentos dejados de devengar.

Resaltó que la demanda correspondió a la Sección Tercera -

Subsección “A”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca2 que,

mediante sentencia de 9 de julio de 2015, declaró

patrimonialmente responsable a la Universidad de Pamplona, por lo

que la condenó al pago de cincuenta (50) SMLMV, por concepto de

daño moral y a cinco millones de pesos ($5.000.000), por agencias

en derecho, por lo que denegó las demás pretensiones de la

demanda.

Informó que tanto la parte demandante como la demandada,

2 En adelante el Tribunal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión, los

cuales fueron resueltos por la Sección Tercera que, mediante

providencia de 27 de agosto de 2020, revocó la decisión del a quo

y, en su lugar, declaró probada de oficio la caducidad del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo de

defensa idóneo para cuestionar las actuaciones de las demandadas.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto

procedimental absoluto al pronunciarse en segunda instancia sobre

el medio de control procedente y su caducidad, sin que tal aspecto

hubiese sido objeto de discusión por alguna de las partes,

desconociendo de esta forma el principio de congruencia.

Añadió que también incurrió en un defecto fáctico, toda vez que la

Sección Tercera sostuvo que el suscrito fue notificado en debida

forma de la sanción, sin contar con ningún apoyo probatorio que

demuestre que la entidad comunicó su decisión, pasando por alto

que nunca fue notificado de manera legal por la Universidad de

Pamplona.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

Finalmente, sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en

defecto sustantivo al aplicar parcialmente el artículo 44 del Decreto

01 de 1984 y, luego de ello, considerar que la notificación de la

resolución que impuso la sanción se entendió surtida con la

inscripción en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y

Causas de Inhabilidad de la Procuraduría General de la Nación.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados y, en consecuencia:

“[…] 5.1. Que se revoque en su totalidad el fallo proferido por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, por la Magistrada Ponente
MARTHA NUBIA VELASQUEZ RICO el día 27 de agosto de 2020 y
del cual fue notificado por correo electrónico el 18 de febrero de
2021.

5.2. En aras de no hacer más gravosa mi situación, solicito se
dicte sentencia por parte de la Sala de tutela y que se me
conceda el amparo.

5.3. En subsidio de la anterior pretensión ordene a la sala de la
accionada que dentro del término de 48 horas proceda a dictar
sentencia conforme a lo pedido por las partes […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La Sección Tercera señaló que la providencia acusada

contiene un análisis serio de la situación fáctica, jurídica y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

probatoria que dio lugar a denegar las pretensiones, circunstancia

que en manera alguna puede entenderse como la transgresión a los

derechos fundamentales invocados.

Refirió que, de acuerdo con la postura reiterada y mayoritaria de la

jurisprudencia de la Sección Tercera, el medio de control de

reparación directa resulta procedente, siempre que la revocatoria

ocurriera dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la

decisión disciplinaria que puso fin a la actuación y, como en el caso

concreto ello no ocurrió, el medio de control procedente era el de

nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la que el término

que tenía el actor para cuestionar el acto administrativo finalizó el 7

de octubre de 2006, mientras que el medio de control se promovió

el 30 de enero de 2014, esto es, fuera del término establecido.

Respecto de la figura de la caducidad, indicó que la misma no

admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de

conciliación extrajudicial, por lo que tampoco admite renuncia y, de

encontrarse probada, debe ser declarada, incluso de oficio3 por el

juez, por ser un presupuesto necesario para poder decidir de fondo

la controversia, de tal forma que se encuentra descartado el

supuesto defecto procedimental, comoquiera que el demandante

3Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 6 de abril de 2018, expediente
número 46.005. M.P. Danilo Rojas Betancourth.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

dejó vencer el plazo para demandar, asistiéndole el deber a la Sala

de declarar oficiosamente la caducidad, presupuesto que debe ser

revisado por la autoridad judicial, al margen de que existan o no

alegaciones de las partes sobre el particular.

En ese mismo sentido, sostuvo que tampoco se configuró el defecto

fáctico endilgado, toda vez que de las pruebas recaudadas en el

proceso, se logró determinar que el acto administrativo por medio

del cual se sancionó al actor con destitución e inhabilidad por 10

años fue proferido en audiencia de 6 de junio de 2006 y notificado

en la misma diligencia a la defensora de oficio del disciplinado, sin

que se acreditaran irregularidades en esa actuación.

Sumado a ello, resaltó que las sanciones impuestas por la

Universidad de Pamplona fueron inscritas el 6 de junio de 2006 en

el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de

Inhabilidad de la Procuraduría General de la Nación, de manera

que, por tratarse de la inscripción en un registro público del acto

administrativo proferido de una actuación en la que estuvo

vinculado el afectado, la notificación del acto de inscripción se

entendió surtida ese mismo día, máxime cuando la autoridad

encargada de efectuar el registro de la sanción no se encontraba

obligada a citar al ahora demandante para efectuar la inscripción,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

dado que la sanción se impuso en una actuación en la que estuvo

vinculado el mismo.

En ese orden de ideas, refirió que la providencia acusada se fundó

en las pruebas allegadas al proceso, las cuales permitieron concluir

que el medio de control procedente era el de nulidad y

restablecimiento del derecho y que la demanda se había presentado

por fuera de la oportunidad legal, por lo que lo pretendido por el

actor es crear una tercera instancia, para que por vía del presente

mecanismo de amparo constitucional, se revivan etapas procesales

debidamente clausuradas y, a su vez, se analicen nuevamente sus

argumentos.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La Gobernación de Norte de Santander solicitó que se le

desvincule de la presente acción de tutela, comoquiera que carece

de legitimación en la causa por pasiva en el asunto, dado que no es

la entidad encargada de atender los temas relacionados con la

Universidad de Pamplona – Oficina de Control Interno Disciplinario,

quedando por fuera del ámbito de protección que busca el amparo

constitucional.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

I.6.2.- La Nación – Ministerio de Educación Nacional, la

Universidad de Pamplona y el Municipio de Pamplona, pese a

ser notificados en debida forma del presente trámite constitucional,

guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de

30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo

número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del

Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de

tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12

de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el

conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestiones previas

IV.1. Actuaciones surtidas en el trámite de la presente

acción de tutela

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

Mediante sentencia de 20 de agosto de 2021, la Sección Primera

del Consejo de Estado conoció de la presente acción de tutela y, de

una parte, declaró improcedente la solicitud de amparo en cuanto al

defecto procedimental y la falta de congruencia alegados, toda vez

que frente a los mismos no se cumplió con el requisito de la

subsidiariedad y, de otra, denegó el amparo deprecado respecto de

los defectos sustantivo y fácticos esgrimidos, por no encontrarse

configurados.

Posteriormente, a través de proveído de 11 de noviembre de 2021,

la Sección Segunda de esta Corporación, Consejero ponente Gabriel

Valbuena Hernández, declaró la nulidad de todas las actuaciones

surtidas, inclusive a partir del auto admisorio de la demanda, por

cuanto consideró que el Municipio de Pamplona debía ser llamado a

integrar el contradictorio, por lo que ordenó nuevamente admitir la

acción de tutela y, vincular al mencionado ente territorial como

tercero con interés en las resultas del proceso, a fin de que el

mismo se pronunciara respecto de los hechos y las circunstancias

manifestadas por la parte actora4.

Dando cumplimiento a lo anteriormente ordenado y, a pesar de que

en auto de 11 de agosto de 2014 el Tribunal admitió la demanda de

4
El expediente pasó al Despacho el 19 de enero de 2022, según informe secretarial visible a índice 38
del expediente digital.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

reparación directa objeto de controversia solamente respecto de la

Nación – Ministerio de Educación Nacional, el Departamento de

Norte de Santander y la Universidad de Pamplona, teniendo en

cuenta que el actor previamente desistió de las pretensiones

incoadas frente al referido ente municipal, mediante proveído de 26

de enero de 2022, el Despacho sustanciador admitió la acción de

tutela de la referencia, vinculando tanto a las entidades

demandadas dentro del proceso ordinario, así como al Municipio de

Pamplona.

IV.2. Solicitud de desvinculación

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que el Departamento de Norte de Santander

solicitó su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta

de legitimación en la causa por pasiva.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-

1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de

legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el
juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y
las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas, y
lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de
texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta
cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la
que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que el Departamento de Norte de Santander fue

parte demandada dentro del medio de control de reparación directa

identificado con el número único de radicación 25000-23-36-000-

2014-00367-01, que aquí se discute, le asiste interés como tercero

interesado en las resultas de la acción de tutela de la referencia,

razón por la que la Sala denegará su solicitud de desvinculación por

falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto lo

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez

Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),

en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras

a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción

de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia

de la violación de derechos constitucionales fundamentales,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el

momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya
que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos
que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando
el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 27 de agosto de 2020,

proferida por la Sección Tercera, por medio de la cual revocó la

decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la

demanda dentro del medio de control de reparación directa

identificado con el número único de radicación 25000-23-36-000-

2014-00367-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la

administración de justicia, habida cuenta que, a juicio del actor, la

Sección Tercera incurrió en defecto procedimental absoluto al

pronunciarse en segunda instancia sobre aspectos que no fueron

objeto de discusión por las partes, esto es, el medio de control

procedente y su caducidad, desconociendo de esta forma el

principio de congruencia; además, que incurrió en defecto fáctico,

toda vez que fundamentó su decisión sin contar con un apoyo

probatorio que demostrara que la Universidad de Pamplona le

notificó la sanción.

Finalmente, sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en

defecto sustantivo al aplicar parcialmente el artículo 44 del Decreto

01 de 1984.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si la Sección

Tercera vulneró los derechos fundamentales del accionante, al

proferir la sentencia de 27 de agosto de 2020, dentro del medio de

control de reparación directa identificado con el número único de

radicación 2014-00367-01.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la

Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala advierte que frente a los alegados defectos sustantivo y

fáctico se cumple con el requisito de la relevancia constitucional,

por cuanto el actor plantea, con suficiente carga argumentativa las

razones por las cuales, en su criterio, la autoridad judicial accionada

vulneró sus derechos fundamentales; contra la decisión cuestionada

no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los

recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y

unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

tutela se interpuso en un plazo razonable5 y, por último, la solicitud

identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.

En lo que respecta a la subsidiariedad, se advierte que frente a la

inconformidad referente a que la autoridad judicial incurrió en

defecto procedimental al pronunciarse en segunda instancia sobre

aspectos que no fueron objeto de discusión por las partes, esto es,

el medio de control procedente y su caducidad, desconociendo de

esta forma el principio de congruencia, la Sala encuentra que para

discutir dicho planteamiento, el actor tiene a su disposición el

recurso extraordinario de revisión de conformidad con la causal

establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 18

de enero de 20116, esto es, por presuntamente existir una nulidad

en la sentencia acusada.

Lo anterior, porque dicho argumento está encaminado a demostrar

una falta de congruencia en la providencia cuestionada, relativa a

una falta de consonancia entre los argumentos expuestos al interior

del proceso, en el recurso de alzada y lo resuelto en la sentencia

controvertida, situación que debe ser discutida mediante el ejercicio

5 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201,
Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
6
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

del recurso extraordinario de revisión aludido por la causal en

mención.

Respecto al recurso extraordinario de revisión y, particularmente,

frente a la causal establecida en la causal 5 de la aludida norma, la

Sala Plena de lo Contencioso administrativo de esta Corporación7 ha

señalado diferentes circunstancias que pueden conllevar la

configuración de una nulidad en la sentencia que pone fin a un

proceso ordinario, seguido ante esta jurisdicción, en los siguientes

términos:

“[…] Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

Para que se configure esta causal resulta necesario que el vicio se
genere en el preciso momento en que se dicta la sentencia objeto
de censura contra la cual no procede el recurso de apelación,
pues si se trata de un reclamo acaecido en una etapa previa a
ésta, no tendrá cabida el recurso extraordinario de revisión,
salvo, que se trate de circunstancias que aunque ocurrieron con
anterioridad a esta etapa procesal no pudieron ser advertidas por
el recurrente que solo las conoció con la sentencia. Lo contrario,
equivaldría a permitir que el mencionado recurso se convierta en
una oportunidad para subsanar la incuria o desidia en que las
partes incurrieron en el trámite del proceso ordinario al no
proponer las nulidades del caso de acuerdo con las reglas de
oportunidad previstas en el artículo 142 del C.P.C, o para
proponer nulidades que quedaron saneadas en los términos del
artículo 144 ib.

Ahora bien, sobre los supuestos que dan origen a esta causal, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha señalado los
siguientes:

7
Consejo de Estado, Sala Plena de los Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de noviembre de
2016, C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 11001031500020120023000.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

a. Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso
por desistimiento, transacción o perención, porque con esto se
revive un proceso legalmente concluido.

b. Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.

c. Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión,
por la firma de más, o menos jueces de los requeridos
legalmente.

d. Pretermitir la instancia, por ejemplo: i) al proferir una
sentencia sin motivación o ii) violar el principio de la non
reformatio in pejus [como cuando se condena al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto al
pretendido en la demanda o por causa distinta a la
invocada].

e. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción
o competencia del juez.

En resumen, puede decirse que las causales de nulidad de las
sentencias están enmarcadas en dos grupos a saber, el
compuesto por las irregularidades originadas en vicios que
constituyen causal de nulidad del proceso y solo pudieron ser
advertidos en la sentencia y, las relativas a los vicios que
contiene la sentencia.

Finalmente debe recordarse que la carga probatoria del recurso
frente a la causal corresponde de manera íntegra al recurrente
[…]” (Resaltado fuera del texto).

Conforme con la jurisprudencia en cita, es dable concluir que la

incongruencia de una sentencia, por no guardar consonancia con

los hechos expuestos en su recurso de alzada ni en el debate

sometido a consideración de la Sección Tercera, conllevaría que tal

situación sea sujeta a control judicial mediante el ejercicio del

recurso extraordinario de revisión, en los términos aludidos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

En el caso bajo estudio, el accionante no ha agotado el recurso

extraordinario de revisión, siendo este el mecanismo idóneo para

que sea discutida la presunta falta de congruencia que predica

frente a la providencia de 27 de agosto de 2020.

En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente

asunto no se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio

irremediable, que permita de manera excepcional proceder al

análisis de la acción constitucional, la Sala concluye que tal

inconformidad carece del requisito general de subsidiaridad, razón

por la que se declarará su improcedencia, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Verificado lo anterior y superado el análisis de procedibilidad frente

a los defectos sustantivo y fáctico, corresponde determinar si la

autoridad judicial accionada incurrió en los yerros endilgados al

proferir la sentencia de 27 de agosto de 2020, dentro del medio de

control de reparación directa identificado con el número único de

radicación 2014-00367-01.

Del defecto sustantivo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

La Corte Constitucional8 ha precisado que el defecto sustantivo se

presenta cuando “[…] la autoridad judicial aplica una norma claramente

inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta

por una interpretación que contraría los postulados mínimos de la

razonabilidad jurídica […]”.

En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a

conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten

vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia

T-949 de 20099, la Corte Constitucional señaló los siguientes:

“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es
inexistente d) ha sido declarada contraria a la Constitución, e)
a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, “no se adecúa a la situación fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por
el legislador”.

(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se
encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación
razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes” o cuando en una decisión
judicial “se aplica una norma jurídica de manera
manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y
de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial […]”

8 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
9 M.P Mauricio González Cuervo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

De igual forma, la Corte Constitucional10 ha dicho que al examinar

estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa

ruptura con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión

“[…]no puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del

grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados por el

Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la incompatibilidad entre

estos y las normas jurídicas que regulan la materia debatida en sede

jurisdiccional […]”.

Del defecto fáctico

En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en

sentencia T-362 de 201311, explicó lo siguiente:

“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.

Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en
que el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la
autonomía e independencia judicial, pues se basa en la
aplicación de las reglas de la lógica y la sana crítica. De
hecho, esta Corporación ha identificado que “el yerro en la
apreciación del material probatorio constitutivo del defecto
fáctico debe ser flagrante, protuberante y manifiesto, a tal

10 Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
11 M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

punto que en razón de él se desconozca “la realidad probatoria
del proceso […]”.

En esa medida, a juicio de la referida Corte:

“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia, porque ello sería contrario al principio de que la
tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de
que se invadiría la órbita de la competencia y la
autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones
[…]”. (Negrillas del original).

De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto

fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en

el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además

con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de

tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la

actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente

conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia.

En el caso concreto se advierte que la inconformidad planteada

por el actor radica en que, a su juicio, la autoridad judicial

accionada incurrió en, i) defecto fáctico, toda vez que fundamentó

su decisión sin contar con un apoyo probatorio que demostrara que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

la Universidad de Pamplona le notificó la sanción y, ii) defecto

sustantivo al aplicar parcialmente el artículo 44 del Decreto 01 de

1984.

Revisado el expediente, se evidencia que el actor promovió

demanda de reparación directa contra la Universidad de Pamplona,

el Departamento de Norte de Santander y la Nación – Ministerio de

Educación Nacional, con el fin de que se les declarara

administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios

causados con la sanción de destitución, inhabilidad y exclusión del

escalafón profesional docente, impuesta mediante la Resolución de

6 de junio de 2006, así como por la omisión en reintegrarlo al cargo

con el pago de los salarios y emolumentos dejados de percibir,

luego de que el acto administrativo fuera revocado directamente

por la Procuraduría General de la Nación.

La demanda correspondió al Tribunal que, mediante sentencia de 9

de julio de 2015, accedió parcialmente a las pretensiones de la

demanda al considerar que se probó una falla en el servicio

imputable a la Universidad de Pamplona, toda vez que se le vulneró

el derecho al debido proceso del investigado, por lo que condenó a

la demandada al pago de cincuenta (50) SMLMV por concepto de

daño moral y cinco millones de pesos ($5.000.000), por concepto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

de agencias en derecho y denegó las demás pretensiones de la

demanda, esto es, lo pretendido por daño emergente, lucro cesante

y daño a la vida de relación.

Inconformes con lo anterior, tanto el actor como la Universidad de

Pamplona, interpusieron recurso de apelación, que fue resuelto por

la Sección Tercera que, mediante sentencia de 27 de agosto de

2020, revocó la decisión del a quo y declaró probada de oficio la

caducidad del medio de control.

Se transcriben apartes de la providencia cuestionada:

“[…] En ese orden de ideas, de acuerdo con las razones de
apelación de las partes, la Sala resolverá sobre la imputación
relacionada con la responsabilidad patrimonial de la Universidad
de Pamplona por los perjuicios causados por un acto
administrativo sancionatorio que posteriormente fue revocado.

Para lo anterior, en tanto la fuente del daño corresponde a un
acto administrativo, la Sala determinará, en primer lugar, cuál es
la acción procedente en este asunto, para, luego, verificar cuál
era el término con el que contaba la parte actora para acudir ante
esta jurisdicción.

[…]

De acuerdo con los señalado en el acápite anterior, la
jurisprudencia de esta Sección ha establecido que frente a la
revocatoria de actos administrativos particulares el medio de
control de reparación directa resulta procedente siempre que la
revocatoria se dé dentro de los 4 meses siguientes a la
notificación de la decisión disciplinaria que puso fin a la actuación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

En esas condiciones, resulta necesario establecer si en el presente
asunto la revocatoria del acto sancionatorio se dio dentro de los 4
meses siguientes a su notificación.

Una vez revisado el expediente la Sala encuentra que el acto
administrativo por medio del cual se sancionó al ahora
demandante con destitución e inhabilidad por 10 años fue
proferido en audiencia del 6 de junio de 2006 y notificado
en la misma diligencia a la defensora de oficio del
disciplinado.

A juicio del actor, la anterior decisión no se le notificó y tan sólo
se enteró de su existencia en septiembre de 2010, por una nota
periodística y por lo informado por la Universidad Nacional de
Colombia en otro proceso disciplinario que cursaba para ese
momento.

Sin embargo, en el presente asunto no se probó que la
notificación en estrados que se surtió el 6 de junio de 2006 a la
defensora de oficio del disciplinado resultara irregular.

Asimismo, se encuentra que, en todo caso, las sanciones
impuestas por la Universidad de Pamplona fueron inscritas el 6 de
junio de 2006 en el Sistema de Información de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad de la Procuraduría General de
la Nación, de manera que, por tratarse de la inscripción en un
registro público del acto administrativo proferido en una actuación
en la que estuvo vinculado el afectado, la notificación del acto de
inscripción se entendió surtida ese mismo día.

Así las cosas, la Subsección advierte que el acto
administrativo proferido el 6 de junio de 2006 fue
notificado en la misma fecha en la que se profirió y que el
señor León Sarmiento no interpuso los recursos en sede
administrativa, ni -de acuerdo con las pruebas obrantes en
este expediente- solicitó la nulidad por vía judicial de ese
acto administrativo; por el contrario, se encuentra que, el
12 de enero de 2011 solicitó ante la Procuraduría General
de la Nación la revocatoria directa del referido acto
administrativo sancionatorio, petición a la que se accedió
el 31 octubre siguiente.

En las condiciones analizadas, de conformidad con la
jurisprudencia de la Sección Tercera, como la revocatoria
directa no se produjo dentro de los 4 meses siguientes a la
notificación de la decisión disciplinaria que puso fin a la
actuación, lo que le correspondía a la parte actora era
cuestionarla a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

En ese orden de ideas, la Sala verificará si la demanda se
presentó dentro de la oportunidad prevista para el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

[…]

De este modo, el régimen procesal aplicable a las demandas
presentadas ante esta jurisdicción con posterioridad al 2 de julio
de 2012 es el contenido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, salvo en lo
relacionado con el conteo del término para demandar, pues este
se rige por las normas vigentes al momento en que empezó a
correr, que para este caso es el ordinal 2º del artículo 136 del
C.C.A., según el cual el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho caducaba al cabo de 4 meses
contados desde el día siguiente a la publicación, notificación,
comunicación o ejecución del acto, según corresponda.

En este orden de ideas, el término que tenía la parte actora
para cuestionar el acto administrativo del 6 de junio de
2006, por medio del cual se le sancionó con destitución e
inhabilidad por 10 años para el ejercicio de funciones
públicas corrió entre el 7 de junio de 2006, día siguiente a
la notificación de la decisión, y el 7 de octubre de 2006, por
lo que fuerza concluir que la demanda radicada el 30 de
enero de 2014 no se presentó oportunamente.

Con todo, la conclusión a la que arriba la Sala no se altera por la
circunstancia de que el 31 de octubre de 2013, la parte actora
hubiera presentado solicitud de conciliación extrajudicial ante la
Procuraduría 132 Judicial II para Asuntos Administrativos, toda
vez que para ese momento ya había operado la caducidad […]”
(Destacado fuera de texto).

De lo anterior se desprende que la Sección Tercera, antes de entrar

a resolver los planteamientos de los escritos de apelación, analizó el

medio de control procedente y, consecuentemente, el término con

el que contaba el actor para acudir a la jurisdicción, para lo cual

sostuvo que el medio de control de reparación directa resulta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

procedente siempre que la revocatoria del acto se de dentro de los

cuatro meses siguientes a la notificación de la decisión disciplinaria.

Ahora, al verificar las pruebas obrantes en el expediente encontró

que la resolución por medio de la cual la Universidad de Pamplona

sancionó al actor, fue proferida en audiencia de 6 de junio de 2006

y notificada en esa misma fecha a la defensora de oficio, por lo que,

aún cuando el actor alegó que dicho acto administrativo no le fue

notificado y que sólo tuvo conocimiento de la sanción hasta

septiembre de 2010, no se logró probar que la notificación en

estrados del 6 de junio de 2006, fuera irregular.

Sumado a lo anterior, la autoridad judicial accionada sostuvo que,

en todo caso, la sanción impuesta fue inscrita el 6 de junio de 2006

en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de

inhabilidad de la Procuraduría General de la Nación, razón por la

que, al tratarse de la inscripción en un registro público del acto

administrativo proferido dentro de una actuación en la que estuvo

debidamente vinculado el actor, la notificación de la resolución se

entendió surtida ese mismo día, de tal forma que al no haber

interpuesto los recursos en sede administrativa, la decisión quedó

en firme en esa fecha.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

32

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

Así las cosas, teniendo en cuenta que sólo hasta el 12 de enero de

2011, el actor acudió ante la Procuraduría General de la Nación,

para la Sección Tercera era claro que la revocatoria directa no se

produjo dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la

decisión disciplinaria que puso fin a la actuación, razón por la que el

medio de control idóneo para el asunto era el de nulidad y

restablecimiento del derecho, el cual, por demás, no se presentó

oportunamente.

Lo anterior, al considerar la autoridad judicial que el término para

promover la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

corrió desde el 7 de junio de 2006 al 7 de octubre de esa misma

anualidad, mientras que la demanda se radicó hasta el 30 de enero

de 2014, por lo que declaró de oficio la caducidad del medio de

control.

Frente a las anteriores consideraciones, el actor alegó que se

incurrió en un defecto fáctico, toda vez que la Sección Tercera

sostuvo que el suscrito fue notificado en debida forma de la

sanción, sin contar con ningún apoyo probatorio que demostrara

que la entidad comunicó su decisión, pasando por alto las

probanzas recaudadas por la Procuraduría General de la Nación que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

33

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

demuestran que nunca fue notificado de manera legal por la

Universidad de Pamplona.

Con todo, la Sala destaca que tal inconformidad no tiene vocación

de prosperidad, en la medida que la autoridad judicial accionada

fundamentó su decisión en las probanzas del proceso, entre otras,

en la Resolución de 6 de junio de 2006, por medio de la cual se

sancionó al actor, decisión que fue proferida y notificada en la

audiencia de esa misma fecha y en la cual se encontraba la

defensora de oficio del disciplinado, dado que, a pesar de haber

sido emplazado en varias oportunidades por la Universidad de

Pamplona, no acudió al proceso, sin que se haya demostrado

irregularidad alguna al respecto.

Sumado a lo anterior, la Sección Tercera al encontrar que la

sanción fue inscrita en el Sistema de Información de Registro de

Sanciones y Causas de Inhabilidad de la Procuraduría General de la

Nación desde el 6 de junio de 2006, consideró que la notificación

del acto administrativo se entendió surtida ese mismo día, al ser

una inscripción en un registro público de la resolución dictada en

una actuación en la que estuvo debidamente vinculado el actor.

De tal forma que la autoridad judicial accionada al conocer y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

34

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

analizar las pruebas obrantes en el expediente, logró concluir que el

actor fue notificado de la sanción desde el 6 de junio de 2006,

decisión contra la cual no interpuso recurso alguno, quedando en

firme en dicho momento, por lo que no se advierte la ocurrencia del

defecto fáctico endilgado.

Finalmente, el actor reparó que la Sección Tercera incurrió en

defecto sustantivo al aplicar parcialmente el artículo 44 del Decreto

01 de 1984 y, luego de ello, considerar que la notificación de la

resolución que impuso la sanción se entendió surtida con la

inscripción en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y

Causas de Inhabilidad de la Procuraduría General de la Nación.

Con el fin de resolver tal inconformidad, es del caso traer a colación

la normativa que, a juicio del actor, se aplicó parcialmente.

El artículo 44 del Decreto 01 de 1984 precisa lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 44. Las demás decisiones que pongan término a
una actuación administrativa se notificarán personalmente al
interesado, o a su representante o apoderado.

Si la actuación se inició por petición verbal, la notificación
personal podrá hacerse de la misma manera.

Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para
hacer la notificación personal se le enviará por correo certificado
una citación a la dirección que aquél haya anotado al intervenir

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

35

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en
comunicación hecha especialmente para tal propósito. La
constancia del envío se anexará al expediente. El envío se hará
dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto.

No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción
realizados por las entidades encargadas de llevar los registros
públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la
correspondiente anotación.

Al hacer la notificación personal se entregará al notificado, copia
íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita. En
la misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la
parte primera de este código […]”.

De la normativa expuesta en precedencia es dable inferir que las

decisiones que pongan fin a una actuación administrativa, se

notificarán personalmente al interesado o su apoderado; además,

los actos de inscripción en los registros públicos se entenderán

notificados el día en que se realice la respectiva anotación.

Es así como la Sección Tercera al encontrar probado en el proceso

que el actor fue vinculado a la actuación disciplinaria y, además,

tomando en consideración lo dispuesto por la Corte Constitucional

en la sentencia C-640 de 2002, por medio de la cual se estudió la

constitucionalidad de la mencionada norma, consideró que la

notificación se surtió en el momento de la inscripción de la sanción.

En ese orden de ideas, para la Sala tales afirmaciones no resultan

caprichosas ni irracionales, sino que, por el contrario, se encuentran

ajustadas a la normativa dispuesta para el asunto, por lo que no se

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

36

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

advierte que el artículo 44 del Decreto 01 de 1984 haya sido

aplicado parcialmente, de tal forma que no es posible endilgársele a

la providencia acusada la ocurrencia de un defecto sustantivo.

En esa medida, para la Sala la autoridad judicial accionada no

incurrió en los yerros endilgados, por lo que el hecho de que el

actor no comparta la tesis allí dispuesta, no significa que la decisión

sea arbitraria, sino que, de conformidad con la autonomía judicial

de la que goza el juez de conocimiento, declaró oficiosamente la

caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho, resolución a la cual llegó al analizar las pruebas y la

normativa dispuesta para el asunto.

De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad del

accionante con las razones de la providencia judicial acusada, no

así la vulneración de los derechos fundamentales invocados, motivo

por el cual, al no haberse acreditado los defectos endilgados, la

Sala denegará el amparo solicitado, como en efecto lo dispondrá en

la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

37

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por el

Departamento de Norte de Santander, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

frente al defecto procedimental por falta de congruencia alegado

por el actor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de

esta providencia.

TERCERO: DENEGAR el amparo solicitado respecto de los defectos

fáctico y sustantivo invocados, de conformidad con las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

38

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de febrero

de 2022.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.