Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-03419-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-03419-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-03419-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-03419-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD RELACIONADA
CON EL DEFECTO PROCEDIMENTAL Y LA FALTA DE CONGRUENCIA
DE LA PROVIDENCIA CUESTIONADA, POR NO CUMPLIR CON EL
REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. ASIMISMO, SE DENIEGA EL
AMPARO DEPRECADO RESPECTO DE LOS DEFECTOS SUSTANTIVO
Y FÁCTICO. NO SE INCURRIÓ EN EL DEFECTO FÁCTICO
ENDILGADO, COMOQUIERA QUE LA DECISIÓN SE FUNDAMENTÓ
EN LAS PRUEBAS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE Y, ADEMÁS,
TAMPOCO SE INCURRIÓ EN DEFECTO SUSTANTIVO POR
APLICACIÓN PARCIAL DEL ARTÍCULO 44 DEL DECRETO 01 DE
1984.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
DEFENSA Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo
presentado por el Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, esta
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la Sección Tercera -Subsección “A”- del Consejo de Estado1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El ciudadano FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO, actuando en
nombre propio y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicita la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso
a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por la Sección Tercera, al proferir la providencia de 27
de agosto de 2020, dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 25000-23-
36-000-2014-00367-01.
I.2. Hechos
Indicó que estando vinculado a la Universidad de Pamplona, en
calidad de profesor de tiempo completo, la Oficina de Control
Interno Disciplinario de esa institución inició proceso disciplinario en
su contra, por supuestamente, ausentarse del cargo sin justificación
1 En adelante la Sección Tercera.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
alguna los días 23 a 28 y 30 y 31 de enero de 2006.
Refirió que mediante Resolución núm. 371 de 24 de febrero de
2006, la Universidad de Pamplona declaró la vacancia de su cargo,
por abandono y el 6 de junio de 2006, lo declaró responsable, por
lo que lo sancionó con destitución e inhabilidad por el término de 10
años, así como la exclusión del escalafón profesional docente.
Relató que sólo hasta el 15 de noviembre de 2010, tuvo
conocimiento de la sanción impuesta en su contra, por una
publicación que efectuó el diario El Tiempo, por lo que solicitó ante
la Procuraduría General de la Nación la revocatoria de la misma.
Sostuvo que mediante decisión de 31 de octubre de 2011, la
Procuraduría General de la Nación revocó la sanción y ordenó su
rehabilitación al escalafón profesional docente, razón por la que el 7
de noviembre de 2012, solicitó ante la Universidad de Pamplona el
cumplimiento de lo anterior, petición reiterada el 13 de enero de
2013.
Señaló que la anterior petición fue denegada por la Universidad de
Pamplona el 22 de febrero de 2013, por estimar que el supuesto
hecho de abandono del cargo persistía, decisión que fue reiterada el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
17 de octubre siguiente.
Adujo que por lo anterior, promovió demanda dentro del medio de
control de reparación directa contra la Universidad de Pamplona, el
Municipio de Pamplona, el Departamento de Norte de Santander y
la Nación – Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que se
les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por
los perjuicios causados con la sanción de destitución, inhabilidad y
exclusión del escalafón profesional docente, así como por la omisión
de reintegrarlo al cargo, con el pago de los salarios, primas y
emolumentos dejados de devengar.
Resaltó que la demanda correspondió a la Sección Tercera -
Subsección “A”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca2 que,
mediante sentencia de 9 de julio de 2015, declaró
patrimonialmente responsable a la Universidad de Pamplona, por lo
que la condenó al pago de cincuenta (50) SMLMV, por concepto de
daño moral y a cinco millones de pesos ($5.000.000), por agencias
en derecho, por lo que denegó las demás pretensiones de la
demanda.
Informó que tanto la parte demandante como la demandada,
2 En adelante el Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión, los
cuales fueron resueltos por la Sección Tercera que, mediante
providencia de 27 de agosto de 2020, revocó la decisión del a quo
y, en su lugar, declaró probada de oficio la caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo de
defensa idóneo para cuestionar las actuaciones de las demandadas.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
procedimental absoluto al pronunciarse en segunda instancia sobre
el medio de control procedente y su caducidad, sin que tal aspecto
hubiese sido objeto de discusión por alguna de las partes,
desconociendo de esta forma el principio de congruencia.
Añadió que también incurrió en un defecto fáctico, toda vez que la
Sección Tercera sostuvo que el suscrito fue notificado en debida
forma de la sanción, sin contar con ningún apoyo probatorio que
demuestre que la entidad comunicó su decisión, pasando por alto
que nunca fue notificado de manera legal por la Universidad de
Pamplona.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
Finalmente, sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto sustantivo al aplicar parcialmente el artículo 44 del Decreto
01 de 1984 y, luego de ello, considerar que la notificación de la
resolución que impuso la sanción se entendió surtida con la
inscripción en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y
Causas de Inhabilidad de la Procuraduría General de la Nación.
I.4. Pretensiones
El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
“[…] 5.1. Que se revoque en su totalidad el fallo proferido por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, por la Magistrada Ponente
MARTHA NUBIA VELASQUEZ RICO el día 27 de agosto de 2020 y
del cual fue notificado por correo electrónico el 18 de febrero de
2021.
5.2. En aras de no hacer más gravosa mi situación, solicito se
dicte sentencia por parte de la Sala de tutela y que se me
conceda el amparo.
5.3. En subsidio de la anterior pretensión ordene a la sala de la
accionada que dentro del término de 48 horas proceda a dictar
sentencia conforme a lo pedido por las partes […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La Sección Tercera señaló que la providencia acusada
contiene un análisis serio de la situación fáctica, jurídica y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
probatoria que dio lugar a denegar las pretensiones, circunstancia
que en manera alguna puede entenderse como la transgresión a los
derechos fundamentales invocados.
Refirió que, de acuerdo con la postura reiterada y mayoritaria de la
jurisprudencia de la Sección Tercera, el medio de control de
reparación directa resulta procedente, siempre que la revocatoria
ocurriera dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la
decisión disciplinaria que puso fin a la actuación y, como en el caso
concreto ello no ocurrió, el medio de control procedente era el de
nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la que el término
que tenía el actor para cuestionar el acto administrativo finalizó el 7
de octubre de 2006, mientras que el medio de control se promovió
el 30 de enero de 2014, esto es, fuera del término establecido.
Respecto de la figura de la caducidad, indicó que la misma no
admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de
conciliación extrajudicial, por lo que tampoco admite renuncia y, de
encontrarse probada, debe ser declarada, incluso de oficio3 por el
juez, por ser un presupuesto necesario para poder decidir de fondo
la controversia, de tal forma que se encuentra descartado el
supuesto defecto procedimental, comoquiera que el demandante
3Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 6 de abril de 2018, expediente
número 46.005. M.P. Danilo Rojas Betancourth.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
dejó vencer el plazo para demandar, asistiéndole el deber a la Sala
de declarar oficiosamente la caducidad, presupuesto que debe ser
revisado por la autoridad judicial, al margen de que existan o no
alegaciones de las partes sobre el particular.
En ese mismo sentido, sostuvo que tampoco se configuró el defecto
fáctico endilgado, toda vez que de las pruebas recaudadas en el
proceso, se logró determinar que el acto administrativo por medio
del cual se sancionó al actor con destitución e inhabilidad por 10
años fue proferido en audiencia de 6 de junio de 2006 y notificado
en la misma diligencia a la defensora de oficio del disciplinado, sin
que se acreditaran irregularidades en esa actuación.
Sumado a ello, resaltó que las sanciones impuestas por la
Universidad de Pamplona fueron inscritas el 6 de junio de 2006 en
el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de
Inhabilidad de la Procuraduría General de la Nación, de manera
que, por tratarse de la inscripción en un registro público del acto
administrativo proferido de una actuación en la que estuvo
vinculado el afectado, la notificación del acto de inscripción se
entendió surtida ese mismo día, máxime cuando la autoridad
encargada de efectuar el registro de la sanción no se encontraba
obligada a citar al ahora demandante para efectuar la inscripción,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
dado que la sanción se impuso en una actuación en la que estuvo
vinculado el mismo.
En ese orden de ideas, refirió que la providencia acusada se fundó
en las pruebas allegadas al proceso, las cuales permitieron concluir
que el medio de control procedente era el de nulidad y
restablecimiento del derecho y que la demanda se había presentado
por fuera de la oportunidad legal, por lo que lo pretendido por el
actor es crear una tercera instancia, para que por vía del presente
mecanismo de amparo constitucional, se revivan etapas procesales
debidamente clausuradas y, a su vez, se analicen nuevamente sus
argumentos.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- La Gobernación de Norte de Santander solicitó que se le
desvincule de la presente acción de tutela, comoquiera que carece
de legitimación en la causa por pasiva en el asunto, dado que no es
la entidad encargada de atender los temas relacionados con la
Universidad de Pamplona – Oficina de Control Interno Disciplinario,
quedando por fuera del ámbito de protección que busca el amparo
constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
I.6.2.- La Nación – Ministerio de Educación Nacional, la
Universidad de Pamplona y el Municipio de Pamplona, pese a
ser notificados en debida forma del presente trámite constitucional,
guardaron silencio.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de
30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo
número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de
tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestiones previas
IV.1. Actuaciones surtidas en el trámite de la presente
acción de tutela
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
Mediante sentencia de 20 de agosto de 2021, la Sección Primera
del Consejo de Estado conoció de la presente acción de tutela y, de
una parte, declaró improcedente la solicitud de amparo en cuanto al
defecto procedimental y la falta de congruencia alegados, toda vez
que frente a los mismos no se cumplió con el requisito de la
subsidiariedad y, de otra, denegó el amparo deprecado respecto de
los defectos sustantivo y fácticos esgrimidos, por no encontrarse
configurados.
Posteriormente, a través de proveído de 11 de noviembre de 2021,
la Sección Segunda de esta Corporación, Consejero ponente Gabriel
Valbuena Hernández, declaró la nulidad de todas las actuaciones
surtidas, inclusive a partir del auto admisorio de la demanda, por
cuanto consideró que el Municipio de Pamplona debía ser llamado a
integrar el contradictorio, por lo que ordenó nuevamente admitir la
acción de tutela y, vincular al mencionado ente territorial como
tercero con interés en las resultas del proceso, a fin de que el
mismo se pronunciara respecto de los hechos y las circunstancias
manifestadas por la parte actora4.
Dando cumplimiento a lo anteriormente ordenado y, a pesar de que
en auto de 11 de agosto de 2014 el Tribunal admitió la demanda de
4
El expediente pasó al Despacho el 19 de enero de 2022, según informe secretarial visible a índice 38
del expediente digital.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
reparación directa objeto de controversia solamente respecto de la
Nación – Ministerio de Educación Nacional, el Departamento de
Norte de Santander y la Universidad de Pamplona, teniendo en
cuenta que el actor previamente desistió de las pretensiones
incoadas frente al referido ente municipal, mediante proveído de 26
de enero de 2022, el Despacho sustanciador admitió la acción de
tutela de la referencia, vinculando tanto a las entidades
demandadas dentro del proceso ordinario, así como al Municipio de
Pamplona.
IV.2. Solicitud de desvinculación
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que el Departamento de Norte de Santander
solicitó su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta
de legitimación en la causa por pasiva.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-
1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de
legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el
juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y
las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas, y
lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de
texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta
cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la
que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que el Departamento de Norte de Santander fue
parte demandada dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 25000-23-36-000-
2014-00367-01, que aquí se discute, le asiste interés como tercero
interesado en las resultas de la acción de tutela de la referencia,
razón por la que la Sala denegará su solicitud de desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto lo
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez
Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),
en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras
a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción
de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia
de la violación de derechos constitucionales fundamentales,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el
momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya
que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos
que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando
el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 27 de agosto de 2020,
proferida por la Sección Tercera, por medio de la cual revocó la
decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la
demanda dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 25000-23-36-000-
2014-00367-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia, habida cuenta que, a juicio del actor, la
Sección Tercera incurrió en defecto procedimental absoluto al
pronunciarse en segunda instancia sobre aspectos que no fueron
objeto de discusión por las partes, esto es, el medio de control
procedente y su caducidad, desconociendo de esta forma el
principio de congruencia; además, que incurrió en defecto fáctico,
toda vez que fundamentó su decisión sin contar con un apoyo
probatorio que demostrara que la Universidad de Pamplona le
notificó la sanción.
Finalmente, sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto sustantivo al aplicar parcialmente el artículo 44 del Decreto
01 de 1984.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si la Sección
Tercera vulneró los derechos fundamentales del accionante, al
proferir la sentencia de 27 de agosto de 2020, dentro del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 2014-00367-01.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación.
La Sala advierte que frente a los alegados defectos sustantivo y
fáctico se cumple con el requisito de la relevancia constitucional,
por cuanto el actor plantea, con suficiente carga argumentativa las
razones por las cuales, en su criterio, la autoridad judicial accionada
vulneró sus derechos fundamentales; contra la decisión cuestionada
no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los
recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y
unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
tutela se interpuso en un plazo razonable5 y, por último, la solicitud
identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.
En lo que respecta a la subsidiariedad, se advierte que frente a la
inconformidad referente a que la autoridad judicial incurrió en
defecto procedimental al pronunciarse en segunda instancia sobre
aspectos que no fueron objeto de discusión por las partes, esto es,
el medio de control procedente y su caducidad, desconociendo de
esta forma el principio de congruencia, la Sala encuentra que para
discutir dicho planteamiento, el actor tiene a su disposición el
recurso extraordinario de revisión de conformidad con la causal
establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 18
de enero de 20116, esto es, por presuntamente existir una nulidad
en la sentencia acusada.
Lo anterior, porque dicho argumento está encaminado a demostrar
una falta de congruencia en la providencia cuestionada, relativa a
una falta de consonancia entre los argumentos expuestos al interior
del proceso, en el recurso de alzada y lo resuelto en la sentencia
controvertida, situación que debe ser discutida mediante el ejercicio
5 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201,
Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
6
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
del recurso extraordinario de revisión aludido por la causal en
mención.
Respecto al recurso extraordinario de revisión y, particularmente,
frente a la causal establecida en la causal 5 de la aludida norma, la
Sala Plena de lo Contencioso administrativo de esta Corporación7 ha
señalado diferentes circunstancias que pueden conllevar la
configuración de una nulidad en la sentencia que pone fin a un
proceso ordinario, seguido ante esta jurisdicción, en los siguientes
términos:
“[…] Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
Para que se configure esta causal resulta necesario que el vicio se
genere en el preciso momento en que se dicta la sentencia objeto
de censura contra la cual no procede el recurso de apelación,
pues si se trata de un reclamo acaecido en una etapa previa a
ésta, no tendrá cabida el recurso extraordinario de revisión,
salvo, que se trate de circunstancias que aunque ocurrieron con
anterioridad a esta etapa procesal no pudieron ser advertidas por
el recurrente que solo las conoció con la sentencia. Lo contrario,
equivaldría a permitir que el mencionado recurso se convierta en
una oportunidad para subsanar la incuria o desidia en que las
partes incurrieron en el trámite del proceso ordinario al no
proponer las nulidades del caso de acuerdo con las reglas de
oportunidad previstas en el artículo 142 del C.P.C, o para
proponer nulidades que quedaron saneadas en los términos del
artículo 144 ib.
Ahora bien, sobre los supuestos que dan origen a esta causal, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha señalado los
siguientes:
7
Consejo de Estado, Sala Plena de los Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de noviembre de
2016, C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 11001031500020120023000.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
a. Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso
por desistimiento, transacción o perención, porque con esto se
revive un proceso legalmente concluido.
b. Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.
c. Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión,
por la firma de más, o menos jueces de los requeridos
legalmente.
d. Pretermitir la instancia, por ejemplo: i) al proferir una
sentencia sin motivación o ii) violar el principio de la non
reformatio in pejus [como cuando se condena al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto al
pretendido en la demanda o por causa distinta a la
invocada].
e. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción
o competencia del juez.
En resumen, puede decirse que las causales de nulidad de las
sentencias están enmarcadas en dos grupos a saber, el
compuesto por las irregularidades originadas en vicios que
constituyen causal de nulidad del proceso y solo pudieron ser
advertidos en la sentencia y, las relativas a los vicios que
contiene la sentencia.
Finalmente debe recordarse que la carga probatoria del recurso
frente a la causal corresponde de manera íntegra al recurrente
[…]” (Resaltado fuera del texto).
Conforme con la jurisprudencia en cita, es dable concluir que la
incongruencia de una sentencia, por no guardar consonancia con
los hechos expuestos en su recurso de alzada ni en el debate
sometido a consideración de la Sección Tercera, conllevaría que tal
situación sea sujeta a control judicial mediante el ejercicio del
recurso extraordinario de revisión, en los términos aludidos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
En el caso bajo estudio, el accionante no ha agotado el recurso
extraordinario de revisión, siendo este el mecanismo idóneo para
que sea discutida la presunta falta de congruencia que predica
frente a la providencia de 27 de agosto de 2020.
En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente
asunto no se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable, que permita de manera excepcional proceder al
análisis de la acción constitucional, la Sala concluye que tal
inconformidad carece del requisito general de subsidiaridad, razón
por la que se declarará su improcedencia, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Verificado lo anterior y superado el análisis de procedibilidad frente
a los defectos sustantivo y fáctico, corresponde determinar si la
autoridad judicial accionada incurrió en los yerros endilgados al
proferir la sentencia de 27 de agosto de 2020, dentro del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 2014-00367-01.
Del defecto sustantivo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
La Corte Constitucional8 ha precisado que el defecto sustantivo se
presenta cuando “[…] la autoridad judicial aplica una norma claramente
inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta
por una interpretación que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica […]”.
En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a
conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten
vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia
T-949 de 20099, la Corte Constitucional señaló los siguientes:
“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es
inexistente d) ha sido declarada contraria a la Constitución, e)
a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, “no se adecúa a la situación fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por
el legislador”.
(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se
encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación
razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes” o cuando en una decisión
judicial “se aplica una norma jurídica de manera
manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y
de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial […]”
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
9 M.P Mauricio González Cuervo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
De igual forma, la Corte Constitucional10 ha dicho que al examinar
estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa
ruptura con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión
“[…]no puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del
grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados por el
Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la incompatibilidad entre
estos y las normas jurídicas que regulan la materia debatida en sede
jurisdiccional […]”.
Del defecto fáctico
En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en
sentencia T-362 de 201311, explicó lo siguiente:
“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.
Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en
que el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la
autonomía e independencia judicial, pues se basa en la
aplicación de las reglas de la lógica y la sana crítica. De
hecho, esta Corporación ha identificado que “el yerro en la
apreciación del material probatorio constitutivo del defecto
fáctico debe ser flagrante, protuberante y manifiesto, a tal
10 Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
11 M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
punto que en razón de él se desconozca “la realidad probatoria
del proceso […]”.
En esa medida, a juicio de la referida Corte:
“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia, porque ello sería contrario al principio de que la
tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de
que se invadiría la órbita de la competencia y la
autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones
[…]”. (Negrillas del original).
De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto
fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en
el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además
con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la
actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia.
En el caso concreto se advierte que la inconformidad planteada
por el actor radica en que, a su juicio, la autoridad judicial
accionada incurrió en, i) defecto fáctico, toda vez que fundamentó
su decisión sin contar con un apoyo probatorio que demostrara que
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
la Universidad de Pamplona le notificó la sanción y, ii) defecto
sustantivo al aplicar parcialmente el artículo 44 del Decreto 01 de
1984.
Revisado el expediente, se evidencia que el actor promovió
demanda de reparación directa contra la Universidad de Pamplona,
el Departamento de Norte de Santander y la Nación – Ministerio de
Educación Nacional, con el fin de que se les declarara
administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios
causados con la sanción de destitución, inhabilidad y exclusión del
escalafón profesional docente, impuesta mediante la Resolución de
6 de junio de 2006, así como por la omisión en reintegrarlo al cargo
con el pago de los salarios y emolumentos dejados de percibir,
luego de que el acto administrativo fuera revocado directamente
por la Procuraduría General de la Nación.
La demanda correspondió al Tribunal que, mediante sentencia de 9
de julio de 2015, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda al considerar que se probó una falla en el servicio
imputable a la Universidad de Pamplona, toda vez que se le vulneró
el derecho al debido proceso del investigado, por lo que condenó a
la demandada al pago de cincuenta (50) SMLMV por concepto de
daño moral y cinco millones de pesos ($5.000.000), por concepto
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
de agencias en derecho y denegó las demás pretensiones de la
demanda, esto es, lo pretendido por daño emergente, lucro cesante
y daño a la vida de relación.
Inconformes con lo anterior, tanto el actor como la Universidad de
Pamplona, interpusieron recurso de apelación, que fue resuelto por
la Sección Tercera que, mediante sentencia de 27 de agosto de
2020, revocó la decisión del a quo y declaró probada de oficio la
caducidad del medio de control.
Se transcriben apartes de la providencia cuestionada:
“[…] En ese orden de ideas, de acuerdo con las razones de
apelación de las partes, la Sala resolverá sobre la imputación
relacionada con la responsabilidad patrimonial de la Universidad
de Pamplona por los perjuicios causados por un acto
administrativo sancionatorio que posteriormente fue revocado.
Para lo anterior, en tanto la fuente del daño corresponde a un
acto administrativo, la Sala determinará, en primer lugar, cuál es
la acción procedente en este asunto, para, luego, verificar cuál
era el término con el que contaba la parte actora para acudir ante
esta jurisdicción.
[…]
De acuerdo con los señalado en el acápite anterior, la
jurisprudencia de esta Sección ha establecido que frente a la
revocatoria de actos administrativos particulares el medio de
control de reparación directa resulta procedente siempre que la
revocatoria se dé dentro de los 4 meses siguientes a la
notificación de la decisión disciplinaria que puso fin a la actuación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
En esas condiciones, resulta necesario establecer si en el presente
asunto la revocatoria del acto sancionatorio se dio dentro de los 4
meses siguientes a su notificación.
Una vez revisado el expediente la Sala encuentra que el acto
administrativo por medio del cual se sancionó al ahora
demandante con destitución e inhabilidad por 10 años fue
proferido en audiencia del 6 de junio de 2006 y notificado
en la misma diligencia a la defensora de oficio del
disciplinado.
A juicio del actor, la anterior decisión no se le notificó y tan sólo
se enteró de su existencia en septiembre de 2010, por una nota
periodística y por lo informado por la Universidad Nacional de
Colombia en otro proceso disciplinario que cursaba para ese
momento.
Sin embargo, en el presente asunto no se probó que la
notificación en estrados que se surtió el 6 de junio de 2006 a la
defensora de oficio del disciplinado resultara irregular.
Asimismo, se encuentra que, en todo caso, las sanciones
impuestas por la Universidad de Pamplona fueron inscritas el 6 de
junio de 2006 en el Sistema de Información de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad de la Procuraduría General de
la Nación, de manera que, por tratarse de la inscripción en un
registro público del acto administrativo proferido en una actuación
en la que estuvo vinculado el afectado, la notificación del acto de
inscripción se entendió surtida ese mismo día.
Así las cosas, la Subsección advierte que el acto
administrativo proferido el 6 de junio de 2006 fue
notificado en la misma fecha en la que se profirió y que el
señor León Sarmiento no interpuso los recursos en sede
administrativa, ni -de acuerdo con las pruebas obrantes en
este expediente- solicitó la nulidad por vía judicial de ese
acto administrativo; por el contrario, se encuentra que, el
12 de enero de 2011 solicitó ante la Procuraduría General
de la Nación la revocatoria directa del referido acto
administrativo sancionatorio, petición a la que se accedió
el 31 octubre siguiente.
En las condiciones analizadas, de conformidad con la
jurisprudencia de la Sección Tercera, como la revocatoria
directa no se produjo dentro de los 4 meses siguientes a la
notificación de la decisión disciplinaria que puso fin a la
actuación, lo que le correspondía a la parte actora era
cuestionarla a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
En ese orden de ideas, la Sala verificará si la demanda se
presentó dentro de la oportunidad prevista para el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
[…]
De este modo, el régimen procesal aplicable a las demandas
presentadas ante esta jurisdicción con posterioridad al 2 de julio
de 2012 es el contenido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, salvo en lo
relacionado con el conteo del término para demandar, pues este
se rige por las normas vigentes al momento en que empezó a
correr, que para este caso es el ordinal 2º del artículo 136 del
C.C.A., según el cual el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho caducaba al cabo de 4 meses
contados desde el día siguiente a la publicación, notificación,
comunicación o ejecución del acto, según corresponda.
En este orden de ideas, el término que tenía la parte actora
para cuestionar el acto administrativo del 6 de junio de
2006, por medio del cual se le sancionó con destitución e
inhabilidad por 10 años para el ejercicio de funciones
públicas corrió entre el 7 de junio de 2006, día siguiente a
la notificación de la decisión, y el 7 de octubre de 2006, por
lo que fuerza concluir que la demanda radicada el 30 de
enero de 2014 no se presentó oportunamente.
Con todo, la conclusión a la que arriba la Sala no se altera por la
circunstancia de que el 31 de octubre de 2013, la parte actora
hubiera presentado solicitud de conciliación extrajudicial ante la
Procuraduría 132 Judicial II para Asuntos Administrativos, toda
vez que para ese momento ya había operado la caducidad […]”
(Destacado fuera de texto).
De lo anterior se desprende que la Sección Tercera, antes de entrar
a resolver los planteamientos de los escritos de apelación, analizó el
medio de control procedente y, consecuentemente, el término con
el que contaba el actor para acudir a la jurisdicción, para lo cual
sostuvo que el medio de control de reparación directa resulta
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
procedente siempre que la revocatoria del acto se de dentro de los
cuatro meses siguientes a la notificación de la decisión disciplinaria.
Ahora, al verificar las pruebas obrantes en el expediente encontró
que la resolución por medio de la cual la Universidad de Pamplona
sancionó al actor, fue proferida en audiencia de 6 de junio de 2006
y notificada en esa misma fecha a la defensora de oficio, por lo que,
aún cuando el actor alegó que dicho acto administrativo no le fue
notificado y que sólo tuvo conocimiento de la sanción hasta
septiembre de 2010, no se logró probar que la notificación en
estrados del 6 de junio de 2006, fuera irregular.
Sumado a lo anterior, la autoridad judicial accionada sostuvo que,
en todo caso, la sanción impuesta fue inscrita el 6 de junio de 2006
en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de
inhabilidad de la Procuraduría General de la Nación, razón por la
que, al tratarse de la inscripción en un registro público del acto
administrativo proferido dentro de una actuación en la que estuvo
debidamente vinculado el actor, la notificación de la resolución se
entendió surtida ese mismo día, de tal forma que al no haber
interpuesto los recursos en sede administrativa, la decisión quedó
en firme en esa fecha.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
Así las cosas, teniendo en cuenta que sólo hasta el 12 de enero de
2011, el actor acudió ante la Procuraduría General de la Nación,
para la Sección Tercera era claro que la revocatoria directa no se
produjo dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la
decisión disciplinaria que puso fin a la actuación, razón por la que el
medio de control idóneo para el asunto era el de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual, por demás, no se presentó
oportunamente.
Lo anterior, al considerar la autoridad judicial que el término para
promover la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
corrió desde el 7 de junio de 2006 al 7 de octubre de esa misma
anualidad, mientras que la demanda se radicó hasta el 30 de enero
de 2014, por lo que declaró de oficio la caducidad del medio de
control.
Frente a las anteriores consideraciones, el actor alegó que se
incurrió en un defecto fáctico, toda vez que la Sección Tercera
sostuvo que el suscrito fue notificado en debida forma de la
sanción, sin contar con ningún apoyo probatorio que demostrara
que la entidad comunicó su decisión, pasando por alto las
probanzas recaudadas por la Procuraduría General de la Nación que
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
demuestran que nunca fue notificado de manera legal por la
Universidad de Pamplona.
Con todo, la Sala destaca que tal inconformidad no tiene vocación
de prosperidad, en la medida que la autoridad judicial accionada
fundamentó su decisión en las probanzas del proceso, entre otras,
en la Resolución de 6 de junio de 2006, por medio de la cual se
sancionó al actor, decisión que fue proferida y notificada en la
audiencia de esa misma fecha y en la cual se encontraba la
defensora de oficio del disciplinado, dado que, a pesar de haber
sido emplazado en varias oportunidades por la Universidad de
Pamplona, no acudió al proceso, sin que se haya demostrado
irregularidad alguna al respecto.
Sumado a lo anterior, la Sección Tercera al encontrar que la
sanción fue inscrita en el Sistema de Información de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad de la Procuraduría General de la
Nación desde el 6 de junio de 2006, consideró que la notificación
del acto administrativo se entendió surtida ese mismo día, al ser
una inscripción en un registro público de la resolución dictada en
una actuación en la que estuvo debidamente vinculado el actor.
De tal forma que la autoridad judicial accionada al conocer y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
analizar las pruebas obrantes en el expediente, logró concluir que el
actor fue notificado de la sanción desde el 6 de junio de 2006,
decisión contra la cual no interpuso recurso alguno, quedando en
firme en dicho momento, por lo que no se advierte la ocurrencia del
defecto fáctico endilgado.
Finalmente, el actor reparó que la Sección Tercera incurrió en
defecto sustantivo al aplicar parcialmente el artículo 44 del Decreto
01 de 1984 y, luego de ello, considerar que la notificación de la
resolución que impuso la sanción se entendió surtida con la
inscripción en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y
Causas de Inhabilidad de la Procuraduría General de la Nación.
Con el fin de resolver tal inconformidad, es del caso traer a colación
la normativa que, a juicio del actor, se aplicó parcialmente.
El artículo 44 del Decreto 01 de 1984 precisa lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 44. Las demás decisiones que pongan término a
una actuación administrativa se notificarán personalmente al
interesado, o a su representante o apoderado.
Si la actuación se inició por petición verbal, la notificación
personal podrá hacerse de la misma manera.
Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para
hacer la notificación personal se le enviará por correo certificado
una citación a la dirección que aquél haya anotado al intervenir
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en
comunicación hecha especialmente para tal propósito. La
constancia del envío se anexará al expediente. El envío se hará
dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto.
No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción
realizados por las entidades encargadas de llevar los registros
públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la
correspondiente anotación.
Al hacer la notificación personal se entregará al notificado, copia
íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita. En
la misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la
parte primera de este código […]”.
De la normativa expuesta en precedencia es dable inferir que las
decisiones que pongan fin a una actuación administrativa, se
notificarán personalmente al interesado o su apoderado; además,
los actos de inscripción en los registros públicos se entenderán
notificados el día en que se realice la respectiva anotación.
Es así como la Sección Tercera al encontrar probado en el proceso
que el actor fue vinculado a la actuación disciplinaria y, además,
tomando en consideración lo dispuesto por la Corte Constitucional
en la sentencia C-640 de 2002, por medio de la cual se estudió la
constitucionalidad de la mencionada norma, consideró que la
notificación se surtió en el momento de la inscripción de la sanción.
En ese orden de ideas, para la Sala tales afirmaciones no resultan
caprichosas ni irracionales, sino que, por el contrario, se encuentran
ajustadas a la normativa dispuesta para el asunto, por lo que no se
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
advierte que el artículo 44 del Decreto 01 de 1984 haya sido
aplicado parcialmente, de tal forma que no es posible endilgársele a
la providencia acusada la ocurrencia de un defecto sustantivo.
En esa medida, para la Sala la autoridad judicial accionada no
incurrió en los yerros endilgados, por lo que el hecho de que el
actor no comparta la tesis allí dispuesta, no significa que la decisión
sea arbitraria, sino que, de conformidad con la autonomía judicial
de la que goza el juez de conocimiento, declaró oficiosamente la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, resolución a la cual llegó al analizar las pruebas y la
normativa dispuesta para el asunto.
De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad del
accionante con las razones de la providencia judicial acusada, no
así la vulneración de los derechos fundamentales invocados, motivo
por el cual, al no haberse acreditado los defectos endilgados, la
Sala denegará el amparo solicitado, como en efecto lo dispondrá en
la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el
Departamento de Norte de Santander, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
frente al defecto procedimental por falta de congruencia alegado
por el actor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO: DENEGAR el amparo solicitado respecto de los defectos
fáctico y sustantivo invocados, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03419-00
Actor: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de febrero
de 2022.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.