Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-03419-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-03419-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-03419-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
31 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-03419-01
Accionante: FIDIAS EUGENIO LEÓN SARMIENTO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela contra providencia judicial / Derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y acceso
a la administración de justicia / Medio de control de
reparación directa y nulidad y restablecimiento del
derecho / Defecto procedimental, fáctico y
sustantivo / Notificación de destitución, inhabilidad y
exclusión del escalafón profesional docente /
Caducidad del medio de control / Principio de
congruencia / Incumplimiento del requisito de
subsidiariedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por el señor
Fidias Eugenio León Sarmiento en contra de la sentencia de 10 de
febrero de 2022, proferida por el Consejo de Estado – Sección
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ACCIÓN DE TUTELA
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Primera, que resolvió la acción de tutela presentada por la parte
accionante en contra del Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A, por la presunta vulneración de derechos fundamentales
ocurrida con ocasión de la expedición de la sentencia de 27 de agosto
de 2020, proferida dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 25000-23-36-000-
2014-00367-01.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, defensa y acceso a la administración de justicia se
fundamenta en los siguientes:
1. HECHOS
La parte accionante en el escrito contentivo de la acción de tutela
indicó que:
1.1. Estando vinculado a la Universidad de Pamplona, en calidad de
profesor de tiempo completo, la Oficina de Control Interno
Disciplinario de esa institución inició proceso disciplinario en su
contra, por supuestamente, ausentarse del cargo sin justificación
alguna los días 23 a 28 y 30 y 31 de enero de 2006.
1.2. A través de Resolución núm. 371 de 24 de febrero de 2006, la
Universidad de Pamplona declaró la vacancia de su cargo por
abandono y el 6 de junio de 2006 lo declaró responsable,
sancionándolo con destitución e inhabilidad por el término de 10 años,
así como la exclusión del escalafón profesional docente.
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1.3. Sólo hasta el 15 de noviembre de 2010, tuvo conocimiento de la
sanción impuesta en su contra, por una publicación que efectuó el
diario El Tiempo, por lo que solicitó ante la Procuraduría General de la
Nación la revocatoria de la misma.
1.4. Mediante decisión de 31 de octubre de 2011, la Procuraduría
General de la Nación revocó la sanción y ordenó su rehabilitación al
escalafón profesional docente, razón por la que el 7 de noviembre de
2012 solicitó ante la Universidad de Pamplona el cumplimiento de lo
anterior, petición reiterada el 13 de enero de 2013.
1.5. La anterior petición fue denegada por la Universidad de
Pamplona el 22 de febrero de 2013, por estimar que el supuesto
hecho de abandono del cargo persistía, decisión que fue reiterada el
17 de octubre siguiente.
1.6. Como consecuencia de lo anterior, promovió demanda dentro del
medio de control de reparación directa contra la Universidad de
Pamplona, el municipio de Pamplona, el departamento de Norte de
Santander y la Nación – Ministerio de Educación Nacional, con el fin
de que se les declarara administrativa y patrimonialmente
responsables por los perjuicios causados con la sanción de
destitución, inhabilidad y exclusión del escalafón profesional docente,
así como por la omisión de reintegrarlo al cargo, con el pago de los
salarios, primas y emolumentos dejados de devengar.
1.7. El proceso correspondió a la Sección Tercera – Subsección A del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, mediante sentencia de
9 de julio de 2015, declaró patrimonialmente responsable a la
Universidad de Pamplona, por lo que la condenó al pago de cincuenta
(50) SMLMV, por concepto de daño moral y a cinco millones de pesos
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($5.000.000), por agencias en derecho, y denegó las demás
pretensiones de la demanda.
1.8. El fallo precitado fue apelado por ambas partes, recurso que fue
resuelto por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
que, por medio de providencia de 27 de agosto de 2020, revocó la
decisión del a quo y, en su lugar, declaró probada de oficio la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, mecanismo de defensa idóneo para cuestionar las
actuaciones de las demandadas.
2. PRETENSIONES
Solicita la parte accionante lo siguiente:
«5.1 Que se revoque en su totalidad el fallo proferido por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, por la Magistrada Ponente MARTHA NUBIA
VELASQUEZ RICO el día 27 de agosto de 2020 y del cual fui notificado
por correo electrónico el 18 de febrero de 2021.
5.2 En aras de no hacer más gravosa mi situación, solicito se dicte
sentencia por parte de la Sala de Tutela y que se me conceda el
amparo.
5.3 En subsidio de la anterior pretensión ordene a la sala de la
accionada que dentro del término de 48 horas proceda a dictar
sentencia conforme a lo pedido por las partes». (sic en toda la cita)
3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante considera que el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección A, con la expedición de la sentencia de 27 de
agosto de 2020, incurrió en:
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Defecto procedimental: al pronunciarse en la segunda
instancia del proceso ordinario sobre el medio de control
procedente y su caducidad, sin que tal aspecto hubiese sido
objeto de discusión por alguna de las partes en el recurso de
apelación, desconociendo de esta forma el principio de
congruencia.
Defecto fáctico: toda vez que la Sección Tercera sostuvo que
el suscrito fue notificado en debida forma de la sanción, sin
contar con ningún apoyo probatorio que demuestre que la
entidad comunicó su decisión, pasando por alto que nunca fue
notificado de manera legal por la Universidad de Pamplona.
Defecto sustantivo: al aplicar parcialmente el artículo 44 del
Decreto 01 de 1984 y, luego de ello, considerar que la
notificación de la resolución que impuso la sanción se entendió
surtida con la inscripción en el Sistema de Información de
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad de la
Procuraduría General de la Nación.
4. TRÁMITE PROCESAL
4.1. Mediante auto de 10 de junio de 2021, el Consejo de Estado –
Sección Primera admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó:
«[…]
Segundo: Notificar por el medio más expedito y eficaz a los
Magistrados que integran la Sala de la Sección Tercera – Subsección A
del Consejo de Estado, quienes podrán contestar la presente tutela y
allegar los documentos que pretendan hacer valer como pruebas,
dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del respectivo oficio.
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Tercero: Comunicar por el medio más expedito y eficaz la iniciación
del presente trámite a la Universidad de Pamplona, la Nación –
Ministerio de Educación Nacional, al departamento de Norte de
Santander y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con
el fin de que dentro del término de tres (3) días, contados a partir de
la fecha de recibo de la correspondiente comunicación, manifiesten lo
que consideren pertinente. Lo anterior, en atención al interés que les
asiste a los primeros en las resultas de este proceso, por cuanto
pueden verse afectados con la decisión definitiva que en él se adopte,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 612 del Código
General del Proceso
[…]».
4.2. A través de sentencia de 20 de agosto de 2021, el a quo dictó
providencia de primera instancia y resolvió:
«[…]
PRIMERO: DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud de amparo frente
al defecto procedimental por falta de congruencia alegado por el
actor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
[…]».
4.3. Contra dicha decisión, la parte accionante presentó impugnación,
recurso que fue concedido por medio de auto de 9 de septiembre de
2021, remitiéndose el expediente al Consejo de Estado para lo de su
cargo.
4.4. El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A,
mediante Sala Unitaria, profirió el auto de 11 de noviembre de 2021,
mediante el cual declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso
por la no vinculación del municipio de Pamplona, que era un sujeto
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que tenía interés directo en la decisión que se adoptara, y que por
tanto, debía ser escuchado a fin de garantizar su derecho al debido
proceso.
4.5. En cumplimiento de lo ordenado en el auto precitado, el Consejo
de Estado – Sección Primera, por medio de auto de 26 de enero de
2022, dispuso:
«[…]
a): Notifíquese a los magistrados de la Sección Tercera -Subsección
“A”- del Consejo de Estado. Remítaseles copia de la solicitud de
tutela, para que si a bien lo tienen rindan informes sobre el particular,
contando para ello con un término de dos (2) días a partir de la
notificación de esta providencia, los cuales podrán ser enviados a la
dirección electrónica secgeneral@consejodeestado.gov.co.
b): Por tener interés directo en las resultas del proceso, vincúlense y
notifíquese a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, el DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, el
MUNICIPIO DE PAMPLONA3 y la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA,
parte demandada dentro del proceso que dio origen a la presente
acción. Asimismo, a la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, que conoció
en primera instancia del proceso en mención. Remítaseles copia de la
solicitud de tutela a la señora Ministra de Educación Nacional, al
Gobernador del Departamento de Norte de Santander, al Alcalde del
Municipio de Pamplona, al Rector de la Universidad de Pamplona y a
los magistrados de la Sección Tercera -Subsección “A”- del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, para que si a bien lo tienen rindan
informes sobre el particular, contando para ello con un término de dos
(2) días a partir de la notificación de esta providencia, los cuales
podrán ser enviados a la dirección electrónica
secgeneral@consejodeestado.gov.co».
5. INTERVENCIONES
5.1. El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A,
rindió informe e indicó que la providencia acusada contiene un análisis
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serio de la situación fáctica, jurídica y probatoria que dio lugar a
denegar las pretensiones, circunstancia que en manera alguna puede
entenderse como la transgresión a los derechos fundamentales
invocados.
Refirió que, de acuerdo con la postura reiterada y mayoritaria de la
jurisprudencia de la Sección Tercera, el medio de control de
reparación directa resulta procedente siempre que la revocatoria
ocurriera dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la
decisión disciplinaria que puso fin a la actuación y, como en el caso
concreto ello no ocurrió, el medio de control procedente era el de
nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la que el término
que tenía el actor para cuestionar el acto administrativo finalizó el 7
de octubre de 2006, mientras que el medio de control se promovió el
30 de enero de 2014, esto es, fuera del término establecido.
Respecto de la figura de la caducidad, indicó que la misma no admite
suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación
extrajudicial, por lo que tampoco admite renuncia y, de encontrarse
probada, debe ser declarada, incluso de oficio por el juez, por ser un
presupuesto necesario para poder decidir de fondo la controversia, de
tal forma que se encuentra descartado el supuesto defecto
procedimental, comoquiera que el demandante dejó vencer el plazo
para demandar, asistiéndole el deber a la Sala de declarar
oficiosamente la caducidad, presupuesto que debe ser revisado por la
autoridad judicial, al margen de que existan o no alegaciones de las
partes sobre el particular.
En ese orden de ideas, sostuvo que la providencia acusada se fundó
en las pruebas allegadas al proceso, las cuales permitieron concluir
que el medio de control procedente era el de nulidad y
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restablecimiento del derecho y que la demanda se había presentado
por fuera de la oportunidad legal, por lo que lo pretendido por el actor
es crear una tercera instancia, para que por vía del presente
mecanismo de amparo constitucional, se revivan etapas procesales
debidamente clausuradas y, a su vez, se analicen nuevamente sus
argumentos.
5.2. La Gobernación de Santander solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva.
5.3. Las demás partes guardaron silencio.
6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
El Consejo de Estado – Sección Primera, mediante sentencia de 10 de
febrero de 2022, resolvió la acción de tutela presentada por el señor
Fidias Eugenio León Sarmiento en contra del Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección A en los siguientes términos:
«[…]
SEGUNDO: DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud de amparo frente
al defecto procedimental por falta de congruencia alegado por el
actor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: DENEGAR el amparo solicitado respecto de los defectos
fáctico y sustantivo invocados, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia».
En primer lugar, frente a la inconformidad referente a que la
autoridad judicial incurrió en defecto procedimental al pronunciarse en
segunda instancia sobre aspectos que no fueron objeto de discusión
por las partes, esto es, el medio de control procedente y su
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caducidad, desconociendo de esta forma el principio de congruencia,
el a quo encontró que para discutir dicho planteamiento, el actor tiene
a su disposición el recurso extraordinario de revisión de conformidad
con la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley
1437 de 18 de enero de 20116, esto es, por presuntamente existir
una nulidad en la sentencia acusada.
En segundo lugar, en cuanto al defecto sustantivo, en el fallo de
primera instancia se señaló que tal inconformidad no tiene vocación
de prosperidad, en la medida que la autoridad judicial accionada
fundamentó su decisión en las probanzas del proceso, entre otras, en
la Resolución de 6 de junio de 2006, por medio de la cual se sancionó
al accionante, decisión que fue proferida y notificada en la audiencia
de esa misma fecha y en la cual se encontraba la defensora de oficio
del disciplinado, dado que, a pesar de haber sido emplazado en varias
oportunidades por la Universidad de Pamplona, no acudió al proceso,
sin que se haya demostrado irregularidad alguna al respecto.
Finalmente, en tercer lugar, sobre el defecto sustantivo la Sección
Primera sostuvo que la autoridad judicial accionada no incurrió en los
yerros endilgados, por lo que el hecho de que el actor no comparta la
tesis allí dispuesta, no significa que la decisión sea arbitraria, sino
que, de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez
de conocimiento, declaró oficiosamente la caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, resolución a la cual
llegó al analizar las pruebas y la normativa dispuesta para el asunto.
7. IMPUGNACIÓN
El señor Fidias Eugenio León Sarmiento, a nombre propio, presentó
impugnación en contra de la sentencia de primera instancia, en la cual
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reiteró los argumentos expuestos en el escrito contentivo de la
demanda.
Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la
presente controversia.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 2019 en
cuanto señala que «las tutelas que sean de competencia del Consejo
de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto»1.
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:
¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos fijados
en la jurisprudencia para su procedibilidad contra providencias
judiciales?
1
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
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De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:
¿El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, con la
expedición de la sentencia de 5 de agosto de 2021, que resolvió
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado número 25000-23-24-000-2010-00521-01, incurrió en
un defecto sustantivo y fáctico y, por consiguiente, en la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia e igualdad, así como de
los principios constitucionales a la seguridad jurídica y
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal de la parte
accionante?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los
requisitos de procedibilidad, iii) el defecto procedimental, (iv) el
principio de subsidiariedad, v) el defecto sustantivo, vi) el defecto
fáctico y vii) el caso concreto.
3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.
Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso.
De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el
principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los
jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia
efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:
i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
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cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.
ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.
iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en
que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de
presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de
velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora.
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.
v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos: que quien acciona identifique de
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manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.
vi. Que no se trate sentencias de tutela.
3.2. DEFECTO PROCEDIMENTAL
En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el
juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúan
completamente al margen del procedimiento judicial establecido3. La
jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto puede
configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental
absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto 4.
En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los
administrador(es) de justicia:
«[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento establecido
legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i)
se ciñe[n] a un trámite completamente ajeno al pertinente –desvía[n]
el cauce del asunto-, o ii) omite[n] etapas sustanciales del
procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de
defensa y contradicción de una de las partes del proceso” 5 o porque
iii) “pasa[n] por alto realizar el debate probatorio, natural en todo
proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los
sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos
de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus
3
Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
4
Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
5
Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
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pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos
fundamentales”6 […]».
En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este
ocurre cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos
como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal
manera que sus actuaciones generan una denegación de la justicia 7.
Este defecto procedimental puede llegar afectar la prevalencia del
derecho sustancial y el derecho a acceder a la administración de
justicia cuando: i) se inaplican normas procesales que se oponen a la
vigencia de derechos constitucionales de cada caso en concreto, ii) se
exige cumplir requisitos formales de manera irracional, a pesar de que
pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando
dicha circunstancia sea comprobada, iii) se incurre en un exceso de
severidad procedimental en la apreciación de las pruebas, iv) o se
omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar8.
Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el
defecto procedimental absoluto como el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también
requiere: i) que trate de un error procedimental grave y trascendente
que influya de manera cierta y directa con el fondo de la decisión; ii)
que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni indirectamente a
la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no se
pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya
alegado la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere
sido imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a
6
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
7
Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.
8
Corte Constitucional, Sentencias T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-
289 de 2005 y T-053 de 2012.
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consecuencia de todo lo anterior se vulneren derechos
fundamentales9.
3.3. DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de
tutela es un mecanismo subsidiario de protección de los derechos
fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de una entidad pública de cualquier índole o de los
particulares, cuya conducta represente una afectación grave a
derechos fundamentales.
Al respecto, el artículo 6°, numeral 1° del Decreto 2591 de 1991
señala dentro de las causales de improcedencia de la tutela, «cuando
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante», en aras de respetar la división de
competencias delineada por la carta y el principio de especialidad de
la jurisdicción.
Por lo tanto, el principio de subsidiariedad constituye un requisito
fundamental para la procedibilidad de la acción de tutela, frente a eso
la Corte Constitucional señaló que para que la tutela proceda se debe
cumplir con las exigencias de que el actor: (i) no disponga de otro
medio de defensa judicial para proteger de manera inmediata sus
derechos fundamentales vulnerados; o (ii) que existiendo otro medio
de defensa judicial, se presenten dos eventos: (a) que el mecanismo
9
Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de
2014.
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no sea idóneo para el amparo de los derechos afectados, de manera
que la tutela los proteja de forma directa; o (b) que la tutela sea un
mecanismo transitorio para que se evite un perjuicio irremediable.10
El Consejo de Estado estableció que la acción de tutela es de
naturaleza residual y subsidiaria, por lo cual para debatir asuntos
propios de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es
improcedente, porque su objeto se encuentra definido de forma plena
en el artículo 104 del C.P.A.C.A., que le otorga «además de lo
dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las
controversias y litigios originado en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los
que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa».11
3.4. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO
De conformidad con la jurisprudencia constitucional12, el defecto
material o sustantivo se origina en primer término, cuando la
autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o
inconstitucionales13, es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, «(i) una norma no aplicable al caso, ya sea,
porque la norma, (a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó
cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es
inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está
vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a
10
Consultar Sentencias C-1225 de 2004, SU–544 de 2001, SU-1070 de 2003, T-225 de 1993, T–1670
de 2000, T-827 de 2003, T-698 de 2004 de la Corte Constitucional, entre otras.
11
Consejo de Estado. Sentencia del 5 de mayo de 2014. Radicación No: 19001-23-33-000-2014-00061-
01. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
12
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de
2015, entre otras.
13
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
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la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del
margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da
aplicación a las sentencias con efecto erga omnes, que son aquellas
de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y
finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el
ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la
disposición»14.
En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando
en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción
evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la
explican.
En este orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda
en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión
del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
concreto, (viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende
afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de
argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el
juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una
manifiesta violación de la Constitución»15.
Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que
se debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable,
desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la
acción de tutela resultaría improcedente16.
14
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
15
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
16
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
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3.5. DEL DEFECTO FÁCTICO
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
Sobre el particular la Corte Constitucional17 ha identificado dos
dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa18, que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva19, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.
Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la
intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el
juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido,
toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
17
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998,
T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
18
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
19
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis
individual y conjunto de los elementos probatorios».20
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
4. CASO CONCRETO
En el presente asunto, se resuelve la impugnación presentada por el
señor Fidias Eugenio León Sarmiento en contra de la sentencia de 10
de febrero de 2022, proferida por el Consejo de Estado – Sección
Primera, que resolvió la acción de tutela presentada por la parte
accionante en contra del Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A, por la presunta vulneración de sus derechos al debido
proceso, defensa y acceso a la administración de justicia
fundamentales ocurrida con ocasión de la expedición de la sentencia
de 27 de agosto de 2020, proferida dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
25000-23-36-000-2014-00367-01.
De conformidad con los antecedentes descritos, esta Sala de
Subsección considera:
4.1. En primer lugar, frente a los requisitos generales de
procedibilidad, se advierte que la pretensión de amparo constitucional
es de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se
contrae a establecer de manera central si la parte accionada incurrió
en la violación de los derechos fundamentales ya señalados.
20
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
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Así mismo, se tiene, igualmente, que la interposición del mecanismo
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por cuanto la
providencia cuestionada se notificó el 18 de febrero de 2021 y la
acción de tutela se presentó el 4 de junio de 2021. No se trata de
irregularidades procesales ni de una tutela contra tutela.
No obstante, en cuanto a la existencia de otros medios de defensa, se
encuentra que la parte accionante alega la configuración de un
defecto procedimental, toda vez que el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección A se pronunció en segunda instancia sobre el
medio de control procedente para el caso y su caducidad, sin que tal
aspecto hubiese sido objeto de discusión por alguna de las partes,
desconociendo de esta forma el principio de congruencia.
Sin embargo, la controversia aquí planteada encaja dentro de los
supuestos que el CPACA consagra para la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, pues en la misma es posible alegar la
transgresión del principio de congruencia, que es precisamente el
argumento que fundamenta este cargo, basado en la causal de
nulidad contenida en el ordinal 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011, a saber:
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación».
Sobre este punto, si bien no en todos los casos en los cuales el
análisis recaiga sobre la congruencia del fallo es improcedente la
acción de tutela, en el presente asunto no se acredita la amenaza
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inminente de los derechos fundamentales de los cuales se pide su
protección, ni tampoco se encuentra que el amparo deba concederse
en este momento procesal al ser un asunto que data de 2014 y no
existe como tal una urgencia que amerite un pronunciamiento de
fondo del juez constitucional.
Así las cosas, dado que la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario que permite reconocer la validez y viabilidad de los medios
y recursos ordinarios de protección judicial como dispositivos
legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos, ese
reconocimiento obliga a los asociados a incoar los recursos
jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que
estimen lesiva de sus derechos.
En ese sentido, es necesario reiterar que la jurisprudencia
constitucional21 ha sido clara en precisar que las personas deben
hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el
sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza
o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido
de la acción de tutela como vía preferente o instancia judicial
adicional de protección.
Frente a esto, si bien la Corte Constitucional22 ha señalado que, aun
cuando existe otro medio de defensa, la acción de tutela puede
proceder de forma excepcional si se acredita un perjuicio
irremediable, también ha dispuesto que este debe cumplir los
siguientes supuestos:
21
Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.
22
Sentencia T-828 de 2014. Corte Constitucional.
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i. Ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que
está por suceder prontamente.
ii. Ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o
moral en el haber jurídico de la persona sea de gran
intensidad.
iii. Porque las medidas que se requieren para conjurar el
perjuicio irremediable sean urgentes.
iv. Porque la acción de tutela sea impostergable a fin de
garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social
justo en toda su integridad.
De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un
perjuicio irremediable, no resulta procedente un estudio de fondo
cuando la parte accionante no hizo uso de los medios de defensa
judicial que son idóneos y efectivos para obtener el amparo de las
pretensiones aquí planteadas, por lo que se confirmará el numeral
segundo de la sentencia de 10 de febrero de 2020, mediante el cual el
Consejo de Estado – Sección Primera rechazó por improcedente la
solicitud de amparo frente al defecto procedimental por falta de
congruencia alegado por el actor.
4.2. En segundo lugar, la parte accionante alega la ocurrencia de un
defecto fáctico, toda vez que la Sección Tercera – Subsección A
sostuvo que el suscrito fue notificado en debida forma de la sanción,
sin contar con ningún apoyo probatorio que demuestre que la entidad
comunicó su decisión, pasando por alto que nunca fue notificado de
manera legal por la Universidad de Pamplona.
No obstante, de conformidad con las pruebas que obran en el
expediente se encontró que la sanción impuesta contra el accionante
fue inscrita en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y
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Causas de Inhabilidad de la Procuraduría General de la Nación desde
el 6 de junio de 2006, por lo que la notificación del acto
administrativo se entendió surtida ese mismo día, al ser una
inscripción en un registro público de la resolución dictada en una
actuación en la que estuvo debidamente vinculado el actor.
Al respecto, el a quo, al realizar el estudio de primera instancia,
sostuvo lo siguiente:
«Así las cosas, teniendo en cuenta que sólo hasta el 12 de enero de
2011, el actor acudió ante la Procuraduría General de la Nación, para
la Sección Tercera era claro que la revocatoria directa no se produjo
dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la decisión
disciplinaria que puso fin a la actuación, razón por la que el medio de
control idóneo para el asunto era el de nulidad y restablecimiento del
derecho, el cual, por demás, no se presentó oportunamente.
Lo anterior, al considerar la autoridad judicial que el término para
promover la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho corrió
desde el 7 de junio de 2006 al 7 de octubre de esa misma anualidad,
mientras que la demanda se radicó hasta el 30 de enero de 2014, por
lo que declaró de oficio la caducidad del medio de control».
De este modo, no se advierte que se haya incurrido en un defecto
fáctico con la sentencia de 27 de agosto de 2020, sino que lo
pretendido por la parte accionante es reabrir un debate probatorio
sobre la interpretación realizada por el juez de lo contencioso
administrativo, lo cual desvirtúa la finalidad de la acción
constitucional.
4.3. Finalmente, en tercer lugar, el señor León Sarmiento manifiesta
que se configura un defecto sustantivo al aplicar parcialmente el
artículo 44 del Decreto 01 de 1984 y, luego de ello, considerar que la
notificación de la resolución que impuso la sanción se entendió surtida
con la inscripción en el Sistema de Información de Registro de
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Sanciones y Causas de Inhabilidad de la Procuraduría General de la
Nación.
No obstante, se tiene que el artículo 44 del Decreto 01 de 1984
precisa lo siguiente:
«ARTÍCULO 44. Las demás decisiones que pongan término a una
actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, o
a su representante o apoderado.
Si la actuación se inició por petición verbal, la notificación personal
podrá hacerse de la misma manera.
Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer
la notificación personal se le enviará por correo certificado una
citación a la dirección que aquél haya anotado al intervenir por
primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en comunicación
hecha especialmente para tal propósito. La constancia del envío se
anexará al expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días
siguientes a la expedición del acto.
No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción
realizados por las entidades encargadas de llevar los registros
públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la
correspondiente anotación.
Al hacer la notificación personal se entregará al notificado, copia
íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita. En la
misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la parte
primera de este código […]».
En ese sentido, es clara la ley en señalar que las decisiones que
pongan fin a una actuación administrativa se notificarán
personalmente al interesado o su apoderado; además, los actos de
inscripción en los registros públicos se entenderán notificados el día
en que se realice la respectiva anotación, por lo que la notificación se
surtió en el momento de la inscripción de la sanción.
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Así las cosas, se advierte que las conclusiones a las que llegó la parte
accionada para resolver el caso no obedecieron a un capricho o
arbitrariedad, sino que se basaron en las normas jurídicas aplicables
al asunto y a lo que la jurisprudencia ha señalado para el caso
concreto, por lo que no se encuentra que se haya incurrido en
ninguna de las causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, ni en vulneración alguna de los
derechos fundamentales de la parte accionante.
En este orden de ideas, al no encontrar que las consideraciones a las
cuales arribó el juez ordinario quebranten los derechos fundamentales
de la parte accionante, esta Sala de Subsección confirmará el numeral
tercero de la sentencia de 10 de febrero de 2022, mediante la cual el
Consejo de Estado – Sección Primera negó el amparo solicitado
respecto de los defectos fáctico y sustantivo invocados por el señor
Fidias Eugenio León Sarmiento en contra del Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección A.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
IV. FALLA
PRIMERO.- CONFÍRMASE la sentencia de 10 de febrero de 2022,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera, que (i) rechazó
por improcedente la solicitud de amparo frente al defecto
procedimental por falta de congruencia; y (ii) negó el amparo
pretendido respecto de los defectos fáctico y sustantivo invocados por
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el señor Fidias Eugenio León Sarmiento en contra del Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección A, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
TERCERO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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