Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-03449-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-03449-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-03449-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-03449-00
Consejero ponente: Alexánder Jojoa Bolaños (e)
19 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL - Sanción / PAGO DE SUBSIDIOS QUE LLEVARON AL DETRIMENTO PATRIMONIAL
La responsabilidad fiscal endilgada al aquí accionante fue a título de culpa grave, por no haber ejercido un control riguroso sobre los soportes que respaldaban las órdenes emitidas por el señor [AQO], en representación del FOREC, lo que conllevó a que se ordenara el desembolso en las tres modalidades. Especialmente, se destaca que la accionada tuvo en cuenta que el actor ordenó el pago de subsidios a apoderados y no a los beneficiarios de los subsidios, situación que no estaba prevista en el contrato, pues este no lo facultaba para ordenar el pago a terceros, de ahí que las partes tenían que atenerse a lo dispuesto en el contrato de fiducia, como bien lo concluyó la Sección Primera.(…) Por consiguiente, si bien en el proceso penal que se adelantó contra del señor [AQO]] no fueron relevantes los funcionarios de la fiduciaria, entre ellos el actor, lo cierto es que ello no obsta para que se investigara su responsabilidad fiscal por no ejercer el control necesario sobre los actos de aquel, pues la responsabilidad penal y disciplinaria persiguen fines distintos. (…) La Sala considera que las pruebas que sí fueron valoradas en el proceso resultaban suficientes para declarar la responsabilidad fiscal del actor. (…) Las omisiones del actor derivadas en el desarrollo de un contrato estatal dieron como consecuencia la afectación al patrimonio público. (…) De conformidad con lo expuesto, los defectos sustantivo y fáctico no tiene vocación de prosperidad en la presente acción.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS (E)
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03449-00(AC)
Actor: JOHN CARLOS PINO FRANCO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
La Sala procede a decidir la acción de tutela presentada por el señor John Carlos Pino Franco contra el Consejo de Estado, Sección Primera.
SÍNTESIS DEL CASO
La accionante consideró que la autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales a la defensa, debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, buena fe, honra, así como los principios a la prevalencia del derecho sustancial, trabajo en condiciones dignas y justas, tutela judicial efectiva y prohibición de trato discriminatorio.
Ello, en consideración a que confirmó la negativa de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho promovidas en contra de la Contraloría General de la Nación encaminadas a obtener la nulidad de los fallos de responsabilidad fiscal que lo declararon fiscalmente responsable y, en consecuencia, lo inhabilitaron por 10 años.
ANTECEDENTES
La solicitud de amparo
Mediante escrito del 4 de junio de 2021, el accionante presentó acción de tutela en contra de las autoridad accionada por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales antes referidos. Al respecto, solicitó:
Solicito al honorable CONSEJO DE ESTADO, se sirva conceder la tutela al accionante JOHN CARLOS PINO FRANCO, a fin de garantizarle sus derechos fundamentales violados, disponiendo la descalificación judicial de la sentencia proferida por la SECCIÓN PRIMERA DEL H. CONSEJO DE ESTADO, notificada por edicto el 16 de diciembre de 2020, en el proceso con la Radicación No.: 25000- 23-24-000-2012-00778-02, que con ponencia del señor magistrado OSWALDO GIRALDO LÓPEZ , el veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020), de forma grosera, injusta, ilegal e inconstitucional, contraria a derecho, violatoria de los principios protectores, y con total desprecio por el derecho, la justicia y el papel del juez en un Estado social de derecho, confirmó la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, negando las pretensiones de la demanda promovida contra la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, fallo constitutivo de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela indicadas por cuanto se negó a concluir que la expedición de los actos demandados quedaron viciados de nulidad.
Los hechos y fundamentos de la vulneración
Los hechos en que se fundamentó la solicitud de amparo se pueden sintetizar así:
Con ocasión del terremoto del eje cafetero ocurrido el 25 de enero de 1999, a través del Decreto Legislativo 197 del 30 de enero de 1999, el Gobierno Nacional creó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del EJE cafetero (FOREC).
El 23 de junio de 1999, el FOREC y la fiduciaria La Previsora SA celebraron el contrato de fiducia mercantil n.º 1426, cuyo objeto era la constitución de un patrimonio autónomo con los recursos que el FOREC le transfiriera a la fiduciaria, con la finalidad de que esta los administrara.
El actor se desempeñó como director de la Oficina de Armenia de la fiduciaria La Fiduprevisora desde el 2 de agosto de 2004 hasta el 7 de junio de 2006 y el señor Armando Escobar Sánchez se desempeñó como subdirector general administrativo y financiero del FOREC.
Este último le delegó al señor Álvaro Andrés Quintero Orrego, quien era contratista del extinto FOREC y posteriormente de Acción Social, la firma de las solicitudes de desembolso de los subsidios. Situación de la que se derivaron irregularidades en el pago de los subsidios que llevaron al detrimento patrimonial.
La Contraloría General de la Nación inició labores de investigación y mediante el fallo con responsabilidad fiscal n.º 000001 de 2011, dentro del proceso n.º 32-01-526, declaró la responsabilidad fiscal del accionante.
El accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para que se declarara la nulidad parcial del fallo de responsabilidad n.º 00001 del 7 de septiembre de 2011.
Asimismo, solicitó la nulidad parcial del Auto n.º 001893 del 18 de noviembre de 2011, proferido por la Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República, que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra el fallo antes referido.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por medio de sentencia del 18 de septiembre de 2014, negó las pretensiones. El actor apeló y el Consejo de Estado, Sección Primera, con sentencia del 29 de octubre de 2020, confirmó la decisión de primera instancia.
El actor tituló de injusta, ilegal e inconstitucional la sentencia del 29 de octubre de 2020. Expuso que se configuró un defecto sustantivo porque la decisión no se adecuó a la situación fáctica de la demanda, lo que a su juicio contrarió los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.
Señaló que la decisión se fundamentó en un fallo de la misma Corporación, en el cual se analizó un caso de responsabilidad fiscal por efectuarse el pago irregular de los predios que se requerían para la construcción de la II etapa de la avenida Belalcázar de la ciudad de Pereira. Asimismo, expuso otros aspectos del fallo citado a efectos de desvirtuar la semejanza con la sentencia reprochada.
De igual manera, alegó un defecto fáctico, dado que la accionada no valoró la totalidad de las pruebas practicadas tanto en el proceso administrativo de responsabilidad fiscal como en el de nulidad y restablecimiento del derecho. Argumentó que solo se le dio valor a la declaración del contratista de Acción Social que hurtó los subsidios y de manera parcial el testimonio del otro contratista.
Trámite procesal
Mediante auto del 10 de junio de 2021, se admitió la acción de tutela y ordenó la notificación, en calidad de demandado, al Consejo de Estado, Sección Primera y se vinculó como tercero con interés a la Contraloría General de la Nación.
Intervenciones
La Contraloría General de la República manifestó que si bien el accionante relacionó la vulneración de sus derechos fundamentales, lo cierto es que no hizo un mayor análisis argumentativo, tan solo expuso situaciones relativas a su desempeño laboral, de ahí que no se configuró un perjuicio irremediable.
Adicionalmente, señaló que le tutela no cumplió con el requisito de inmediatez, en tanto se presentó la tutela por fuera del plazo razonable, esto es, cuatro meses para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Frente al defecto sustantivo puso de presente que no es cierto que la decisión se haya basado en un caso análogo de la misma Corporación. Lo que se evidencia es que se efectuó un análisis sustentado a fin de confirmar o revocar lo determinado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el fallo de primera instancia.
En relación con el defecto fáctico esbozó que el fallo de responsabilidad fiscal estuvo soportado en las pruebas demostrativas del daño y los demás elementos de la responsabilidad fiscal. En cuanto al testimonio que no se surtió en sede administrativa, manifestó que no se practicó porque el investigado no aportó la dirección correcta para la citación, sin que eso anulara lo actuado.
En consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción por carecer de los requisitos de tutela contra providencia judicial.
El Consejo de Estado, Sección Primera puso de presente que, por el hecho de haber citado algunas consideraciones de la providencia del 15 de abril de 2010 en el fallo recurrido, no es posible argumentar un defecto sustantivo. Agregó que dicha providencia se utilizó para exponer de forma general el concepto de la misma Sección sobre la culpa grave en los procesos de responsabilidad fiscal.
Agregó que tampoco es posible hablar de defecto sustantivo cuando se presenten criterios interpretativos distintos sobre un punto de derecho entre una sentencia judicial y un concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Por un lado, porque esa situación no encuadra en la comentada causal específica de procedibilidad de la acción de tutela. Y por otro, porque los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil no resultan vinculantes y mucho menos constituyen precedente judicial que deban acatarse de forma obligatoria, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, sus miembros no cumplen funciones jurisdiccionales.
Igualmente, manifestó que los alegatos del defecto fáctico carecen de fundamento, pues se limitan a la mera enunciación. Adujo que las pruebas del acápite 6.2, denominado hechos probados, fueron valoradas en su conjunto con la totalidad del acervo probatorio, de ahí que se pudo descartar la falsa motivación y desviación de poder.
Anotó que las pruebas a las cuales se refiere el actor en la tutela no formaron parte esencial del problema jurídico propuesto en el recurso de apelación presentado a consideración de la Sección Primera del Consejo de Estado.
CONSIDERACIONES
La competencia
Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, así como lo previsto en el Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
El problema jurídico
De conformidad con los argumentos del escrito de tutela, la Sala deberá determinar si la acción cumple con los requisitos de procedibilidad. Únicamente si se supera dicho estudio habrá lugar a determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo y fáctico invocados por el actor, con la decisión de no declara los fallos con responsabilidad fiscal en su contra.
La procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales
A partir del año 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, se dispuso que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado.
Para ello, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, valga decir: la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se cuestione una sentencia de tutela. Además, debe examinar si la parte actora identificó y sustentó la causal específica de procedibilidad y expuso las razones que sustentan la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
En consecuencia, no resultan suficientes las simples inconformidades frente a las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que el interesado debe demostrar que la providencia cuestionada vulneró o dejó en situación de amenaza derechos fundamentales. Tanto es así que en la sentencia T-398-17 , la Corte Constitucional no solo reiteró la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, sino que fijó dos requisitos adicionales que deben acreditarse en aquellos eventos en los que se ataca una providencia de un órgano de cierre, así: i) que sea evidente el desconocimiento de la Constitución y ii) que sea definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, respecto del alcance de los derechos fundamentales y al ejercer el control abstracto de constitucionalidad.
Siempre que se advierta que la acción de amparo superó el estudio de las causales de procedibilidad, el juez puede conceder la protección, una vez advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución
En esos términos, la acción de la referencia en tanto mecanismo excepcional debe sujetarse al cumplimiento de tales requisitos cuando se propone contra una providencia judicial.
Precisado lo anterior, se tiene que el presente asunto cumple los requisitos genéricos de procedibilidad, por cuanto: (i) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional, en tanto se debe determinar si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales de la parte actora con ocasión de una presunta valoración irracional de las pruebas, discusión que va más allá del debate legal surtido ante el juez de la especialidad; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada, sin que sea procedente algún otro; (iii) se cumplió con el requisito de la inmediatez; (iv) no se atacó una sentencia de tutela y (v) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que estimó transgredidos.
El defecto sustantivo y el caso concreto
La Corte Constitucional, en diferentes pronunciamientos, ha denominado el defecto sustantivo como una condición de procedibilidad de la acción de tutela contra las providencias judiciales. Al respecto, ha señalado que se presenta por las siguientes razones:
(i) Cuando: la decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, bien sea, porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional (ii) la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance, (iii) se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática.
Adicionalmente, cuando: (iv) la norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada, (v) se aplica una norma que a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a ésta, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador, (vi) evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión, e (viii) insuficiencia en la sustentación o argumentación que afecte los derechos fundamentales.
La Sala procederá a analizar, en primera medida, si la Sección Primera de esta Corporación incurrió en defecto sustantivo. Por un lado, porque presuntamente fundamentó su decisión en otra providencia del Consejo de Estado que no se adecuaba a la situación fáctica de la demanda.
Sobre el particular, el actor en la tutela expuso las particularidades de la providencia referida y lo confrontó con la sentencia reprochada, así:
En esta providencia se analiza un caso de responsabilidad fiscal por efectuarse el pago irregular de los predios que se requerían para la construcción de la II Etapa de la Avenida Belalcázar de la ciudad de Pereira.
En dicho asunto litigioso, a la actora, quien en ese entonces desempeñaba el cargo de Tesorera de esa entidad (Área Metropolitana Centro Occidente), se le endilgó haber obrado con negligencia y descuido al girar los cheques respectivos sin hacer la verificación de que sus beneficiarios fuesen las mismas personas que tenían derecho al pago.
El manual de funciones y requisitos del Área Metropolitana Centro Occidente que aplicaba a dicha funcionaria contemplaba: “...efectuar los pagos de acuerdo con los procedimientos legales vigentes, incluyendo la revisión y verificación de los documentos que se acompañan para determinar la persona a quien debía girarse el cheque.” 1
De igual forma, aclaró el fallo que en el proceso penal que se llevó por dicho pago, se evidenció que para perpetrarse el ilícito dicha tesorera pagó sin firma de la Subdirectora y “...sin soportes necesarios ... específicamente los poderes...”
Revisado el precedente judicial citado comparado con la providencia objeto de la presente acción, se observa que NO comporta semejanza con la sentencia objeto de la presente tutela por cuanto en el proceso fiscal adelantado por la contraloría quedó evidenciado:
(i) que los pagos se hicieron siempre siguiendo el MANUAL OPERATIVO y el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, así lo indicaron los testimonios recepcionados y la certificación aportada por la fiduciaria, y no resultó probado que un solo pago que se hubiera hecho sin haber recibido la respectiva orden de pago con la base de datos y el correspondiente archivo de control; y
(ii) que la revisión y custodia de los poderes siempre estuvo en cabeza del Fideicomitente y nunca fueron objeto de revisión por la Fiduciaria, igual que en precedencia, así lo indicaron los testimonios recepcionados y la certificación aportada por la fiduciaria.
Por otro lado, porque se alegó que la decisión cuestionada contraría lo dispuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto 2634 de 2015. A su juicio, resultó suficientemente probado que el actor, cuando fungió como director de la Oficina de Armenia de la Fiduciaria la Previsora S.A., actuó en las mismas condiciones que lo hubiera hecho cualquier otra persona que cumpliera sus funciones. Agregó que así se hacían los pagos de los subsidios antes de su designación como director y así los hizo al asumir dicha función.
Por último, en lo relativo al defecto sustantivo, refirió una providencia de esta Corporación, en la que se dijo que no cualquier equivocación ni cualquier error de juicio determina la responsabilidad del agente, pues resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta, dado que se deben ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos. De lo contrario el ejercicio se volvería temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública.
Pues bien, del argumento relacionado con la sentencia que no guarda relación fáctica se tiene que dicha providencia se utilizó como referente para reiterar el criterio expuesto por la Sección Primera de esta Corporación sobre la culpa grave en los procesos de responsabilidad fiscal.
De ello no se desprende un defecto sustantivo, en tanto la autoridad accionada solo empleó dicha decisión como criterio para exponer la posición vigente sobre culpa grave en casos como el presente y caracterizar la noción y alcance de la culpa grave en los términos del artículo 63 del Código Civil, sin que se observe que en ningún momento dicha decisión haya sido el único sustento o al menos el principal para negar las pretensiones de su demanda, así:
En cuarto lugar, la Sala reiterará el criterio expuesto por la Sección sobre la culpa grave en los procesos de responsabilidad fiscal:
[…] El concepto de gestión fiscal, cuyo contenido va más allá del simple comportamiento fiscal apegado al principio de legalidad, comprende igualmente la verificación de los resultados que se quieren alcanzar con ella. En ese sentido, quienes tengan bajo su responsabilidad el manejo de los recursos presupuestales, están llamados a orientar dicha actividad hacia la consecución efectiva de los fines del Estado, con un apego estricto e incondicional a las normas vigentes, buscando alcanzar de manera exacta y puntual los objetivos a los cuales apunta el manejo de tales recursos. En razón de lo anterior, quien desempeñe un empleo público como el que ostentaba la demandante, no debe limitarse simplemente a verificar si los pagos efectuados para cumplir los compromisos asumidos por la administración cuentan con un respaldo en el presupuesto de la entidad y con una justificación de naturaleza legal o contractual, sino que es preciso entrar a constatar si las personas a las cuales se gira un cheque, son realmente las mismas que tienen el derecho o al menos la autorización para recibirlo.
[…] quien tiene bajo su responsabilidad el giro de un título valor contra una cuenta bancaria de carácter oficial, está obligado a verificar y constatar previamente la identidad del beneficiario del pago, a efectos de corroborar si se trata de la misma persona que tiene derecho a percibirlo.
Ahora bien. Si nos atenemos a la definición de culpa grave o lata que trae el Código Civil en su artículo 63, en donde se define como la negligencia consistente en no manejar los negocios ajenos (en este caso los públicos), con el cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios, ha de concluirse que las omisiones endilgadas en este caso a la Tesorera, encajan perfectamente en dicha definición, pues es claro que al efectuar el pago de una obligación, una persona poco prudente o avisada, cuando menos se cerciora previamente si la persona que va a recibirlo es justamente la titular del respectivo crédito […]. (Negrilla del texto).
En consecuencia, para la Sala resulta claro que la sola invocación de una decisión no constituye un defecto sustantivo, pues se reitera, la alusión a esa decisión se hizo para explicar la figura de la culpa grave de conformidad con la jurisprudencia de esa Sección.
Por otro lado, en lo relacionado al desconocimiento del concepto de la Sala de Consulta y servicio Civil, la Sala advierte que le asiste razón a lo manifestado por la Sección Primera en la contestación de la tutela, en cuanto a que dichos conceptos no son equivalentes a las sentencias judiciales y, por lo tanto, no resultan vinculantes, pues sus miembros no cumplen funciones jurisdiccionales, sino meramente consultivas o asesoras, tal y como lo establece el inciso 2º del artículo 112 del CPACA, de ahí que tampoco se predique la configuración de ningún defecto por esa sola circunstancia.
En lo relativo a la sentencia del 26 de febrero de 2014, MP Santofimio Gamboa, se advierte que la parte accionante solo citó los siguientes apartes:
Es clara entonces, la determinación de una responsabilidad subjetiva, en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta.
Dado lo anterior, no puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional (art. 90) haya establecido expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios, sólo surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual, por otra parte, se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo cual podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública.
No obstante lo anterior, la Sala verificó con la providencia que esas consideraciones se hicieron con ocasión del estudio que hizo esta Corporación de los conceptos de culpa y dolo, al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición, así:
El Consejo de Estado estudió los conceptos de culpa grave y dolo, al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición y la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 77 y 78 del C. C. A.. Así, dijo que, para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos.
Es igualmente necesario, tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política y en la ley.
Frente a lo anterior, la Sala estima que dichos conceptos fueron analizados en virtud de la acción de repetición, esto es, cuando la administración busca obtener el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a un particular en virtud de una condena judicial.
Hipótesis diferente ocurre en el presente caso, pues se deben mirar dichos calificativos a la luz de la responsabilidad fiscal, como en efecto lo analizó la autoridad judicial accionada, a tal punto que como se dijo en acápites anteriores estudió la culpa grave del actor de conformidad con la tesis jurisprudencial de esa Sección y a la luz del artículo 63 del Código Civil, con base en las pruebas aportadas al plenario.
Sin perjuicio de lo expuesto, tampoco se aprecia que la providencia objeto de tutela esté en contravía con lo dicho en la sentencia presuntamente alegada como desconocida, pues lo que se le reprochó en los fallos disciplinario no fue cualquier error de juicio, sino una conducta cometida a título de culpa grave dado el incumplimiento de sus funciones.
Por lo expuesto, no se predica la configuración de un defecto sustantivo.
El defecto fáctico y el caso concreto
El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. La Corte Constitucional reconoce que tiene dos dimensiones: una dimensión negativa y una positiva.
La dimensión negativa se produce por omisiones del juez: (i) ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso, (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.
Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una valoración por completo equivocada, o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello, ya sea: (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia.
Precisado el contorno del defecto alegado, se tiene que en la tutela se desarrollaron varias razones para sostener que la Sección Primera de esta Corporación incurrió en defecto fáctico.
En primer lugar, advirtió que la accionada incurrió en esta causal de procedibilidad, por cuanto no valoró la totalidad de las pruebas practicadas tanto en el proceso de responsabilidad fiscal como en el de nulidad y restablecimiento del derecho. En ese sentido, expuso que solo se le dio valor a las declaraciones del contratista (Álvaro Andrés Quintero Orrego) de Acción Social que se hurtó los subsidios y se le dio valor parcial al testimonio del otro contratista de Acción Social, el señor Carlos Ortega.
Frente a esta inconformidad, se estima necesario aclarar que, si bien la Sección Primera citó la declaración del señor Álvaro Andrés Quintero Orrego, también lo es que citó la declaración de accionante cuando expuso como prueba lo consignado en el fallo de responsabilidad fiscal n.º 00001 de 7 de septiembre de 2011, de la siguiente manera –se transcribe in extenso, a efectos de verificar dicha afirmación–:
En quinto y último lugar, la Sala pone de presente lo consignado en el fallo de responsabilidad fiscal núm. 00001 de 7 de septiembre de 2011, proceso núm. 32-05-526, en donde se analizó el grado de responsabilidad del hoy recurrente, así:
“[…] el Patrimonio Autónomo se conformó a través de la celebración del contrato de Fiducia Mercantil, por lo tanto, los recursos financieros con los cuales se debían cancelar los subsidios entraron al ámbito, dominio y posesión y bajo la custodia de Fiduciaria La Previsora S.A. y el Director de la Oficina de Armenia, que para la época de los hechos era el doctor PINO FRANCO quien tenía la obligación de CONTROLAR Y VERIFICAR LA ELABORACIÓN Y CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES QUE LA OFICINA ADQUIERE EN DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA.
Bajo esta realidad no puede desconocerse que […] no tuvo la diligencia requerida para la administración de los negocios ajenos que aún las personas poco prudentes dan a sus propios negocios, evidenciada esta conducta en el hecho de no observar el debido cumplimiento del Manual de funciones y del Manual Operativo aprobado por el […] FOREC y LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. que se traducía en que “Las órdenes de pago y sus soportes que no cumplan con los requisitos expuestos anteriormente, se devolverán dentro de un plazo máximo de dos (2) días, indicando claramente la causa por la cual no se realiza el pago”, es decir, de tal conducta es predicable una negligencia suma, un abandono total de su manejo que hace que se torne más grave, ya que se trata de la custodia de los recursos públicos encomendados para la administración y cumplimiento del fin para el cual fue creado, en este caso, para el pago de los subsidios debidamente aprobados por el FOREC.
El mismo Director PINO FRANCO sabía de las irregularidades que se estaban presentando con los pagos a través de apoderados, sabía de las devoluciones y desajustes contables en las conciliaciones de las cuentas pagadoras e incluso el posible cobro indebido […] como se desprende de la lectura del Oficio No. 203-01416 de 18 de agosto de 2005 visible a folio 1914 y 1930, firmado por él mismo y enviado a la Dra. LUZ CLEMENCIA MEJÍA MEJÍA, Coordinadora RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL PROYECTO EJE CAFETERO […]
Confederado a lo previo, a folios 1915 a 1918 del expediente, se tiene que el entonces Director […] Dr. PINO FRANCO mediante el oficio No. 203-1225 de 27 de julio de 2005 enviado a la Coordinadora de la Red de Solidaridad Social Proyecto Eje Cafetero, Dra. LUZ CLEMENCIA MEJÍA MEJÍA […]
La versión libre y espontánea recepcionada al señor ÁLVARO ANDRÉS QUINTERO ORREGO, confirma lo aseverado por este despacho […]
“[…] la FIDUCIARIA LA PREVISORA actuaba de buena fe y confiaba en las órdenes que yo emitía sin corroborar que dichos beneficiarios no podían ser cancelados puesto que no habían sido aprobados por las cuantías solicitadas en mis órdenes de desembolso por el extinto FOREC, por lo anterior fue posible realizar dichos desembolsos de manera fraudulenta sin ser descubierto en el momento […] Fiduciaria La Previsora no realizaba ningún tipo de procedimiento para evitar el pago de subsidios indebidos, pues se limitaba a realizar los desembolsos ordenados por mi, previa actualización de la base de datos en la cual se veían incrementadas las cuantías de los beneficiarios o se reportaban nuevos beneficiarios que no habían sido aprobados por el extinto FOREC […]”
En versión libre y espontánea el Dr. Jhon Carlos Pino Franco manifestó:
“[…] PREGUNTA: Por favor indique al despacho cuales fueron las acciones de control, verificación y vigilancia que usted como Director de la FIDUPREVISORA ejecutó para que dicha administración de los recursos se hiciera en forma correcta, transparente y efectiva con el fin de evitar presuntas irregularidades en el pago de subsidios. CONTESTÓ: En primer lugar, aclarar que dicho contrato y su respectivo manual operativo fueron diseñados y ejecutados con mucha anterioridad a mi designación como Director […], manual operativo que se implementó para el desembolso de los subsidios, pero que adicionalmente se iba adaptando con base en las reglamentaciones que expidieran el FOREC. Respecto al manual de funciones el mismo indicaba que debía controlar y verificar la ejecución de las obligaciones de la Fiduciaria en desarrollo de los negocios que administrara, función que se ejecutó durante la permanencia en mi cargo, llevando al caso de los subsidios y del fraude en su desembolso se destaca al despacho que desde la Fiduciaria La Previsora S.A. se atendieron las instrucciones recibidas por ACCIÓN SOCIAL, la persona autorizada por ellos y los desembolsos se realizaron con base en los criterios previamente definidos por el Fideicomitente. La Fiduciaria no actuó de manera distinta a las instrucciones que se le otorgaron válidamente concebidas en el marco del contrato Fiduciario y de las instrucciones sobre su ejecución dadas por ACCIÓN SOCIAL. Dicho de otra manera no hubo un solo subsidio que se girara sin que mediara instrucción y más a aún señalar al despacho que para poder sacar la plata del banco al que giraba la Fiduciaria se necesitaba necesariamente la intervención de las personas que el FOREC autorizó para sacar la plata de las cuentas bancarias. Todas estas funciones fueron radicadas finalmente en cabeza del señor QUINTERO, quien aprovechó la confianza dada para hurtar los subsidios, ya no con el concurso de la Fiduciaria. […] […] PREGUNTA: Por favor indique al despacho si usted dio la orden como Director de la FIDUPREVISORA de negar los desembolsos en los que se presentaron las presuntas irregularidades. CONTESTÓ: No hubo lugar a dar esa contra orden porque de cara al contrato de Fiducia, las órdenes de desembolso cumplían los requisitos establecidos en el contrato […]”
A la luz de todo lo argumentado y especialmente de los apartes de la exposición libre y espontánea del doctor PINO FRANCO y la versión del presunto responsable fiscal QUINTERO ORREGO, se evidencia que el Director de la Oficina de Armenia, hasta el momento procesal desconoce las obligaciones adquiridas mediante la suscripción de un contrato de trabajo como Director Fiduprevisora Armenia e ignoró las obligaciones contraídas en el contrato de Fiducia Mercantil, como bien lo expresó el Código de Comercio en su artículo 1234 […]. (Énfasis de la Sala) (subrayado de la Sala).
En segundo lugar, la parte accionante manifestó que en ninguna de las diligencias penales se involucraron, directa o indirectamente, a los funcionarios de la fiduciaria o cuando menos hubo siquiera una insinuación de que pudieron cometer el ilícito porque no cuidaron los recursos o facilitaron el accionar. Por el contrario, manifestó que esa situación sí fue objeto de análisis en la sentencia citada como precedente.
En este punto vale la pena aclarar que la responsabilidad penal y fiscal son totalmente independientes, una no deriva de la otra. La responsabilidad penal endilgada al señor Álvaro Quintero Orrego fue a título de dolo y por ello, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Judicial de Armenia lo condenó a la pena principal de 40 meses de prisión y multa de $20.890.940, pues lo encontró responsable de la comisión en concurso de las conductas punibles de estafa agravada y falsedad en documento privado por incluir como beneficiarias de los subsidios de vivienda a personas que no cumplían con los requisitos mínimos requeridos. Asimismo, lo encontró responsable fiscalmente, lo cual fue declarado mediante los actos demandados.
En cambio, la responsabilidad fiscal endilgada al aquí accionante fue a título de culpa grave, por no haber ejercido un control riguroso sobre los soportes que respaldaban las órdenes emitidas por el señor Álvaro Quintero Orrego, en representación del FOREC, lo que conllevó a que se ordenara el desembolso en las tres modalidades. Especialmente, se destaca que la accionada tuvo en cuenta que el actor ordenó el pago de subsidios a apoderados y no a los beneficiarios de los subsidios, situación que no estaba prevista en el contrato, pues este no lo facultaba para ordenar el pago a terceros, de ahí que las partes tenían que atenerse a lo dispuesto en el contrato de fiducia, como bien lo concluyó la Sección Primera.
Por consiguiente, si bien en el proceso penal que se adelantó contra el señor Álvaro Quintero Orrego no fueron relevantes los funcionarios de la fiduciaria, entre ellos el actor, lo cierto es que ello no obsta para que se investigara su responsabilidad fiscal por no ejercer el control necesario sobre los actos de aquel, pues la responsabilidad penal y disciplinaria persiguen fines distintos.
Por último, el actor también alegó que se desestimaron las siguientes pruebas, a saber:
3.2.2.1. En el testimonio rendido por el funcionario de ACCIÓN SOCIAL encargado de la administración y custodia de la base de subsidios, técnico CARLOS ORTEGA (CUADERNO 12, Pág. 199), también, a más de lo citado por la Sección Primera, se hizo las siguientes precisiones sobre el proceso de trámite de subsidios, así:
a. Que la Fiduciaria validaba que el beneficiario tuviera la aprobación del subsidio y que la cuantía no sobrepasara el monto, confirmando que las cuentas de subsidios tenían un Interventor,
b. Se indica que para el 2002 ya estaban aprobados los subsidios. Sobre esta afirmación, se destaca que hubo una modificación de las cuantías de los subsidios en cumplimiento de la Sentencia AP-136, proferida por el H. Consejo de Estado. Ver Acta de Entrega de la liquidación del FOREC a la ACCIÓN SOCIAL (CUADERNO 13, Pág.), la certificación de Fiduprevisora S.A. (fl 658 expediente judicial y los testimonios recepcionados a OLGA TORO, ROCÍO LONDOÑO (representante legal de FIDUPREVISORA S.A.). LUISA FERNANDA JARAMILLO (DIRECTORA PEREIRA FIDUPREVISORA S.A.
c. Que para un funcionario normal de otra dependencia, [y más aún de otra entidad como era mi prohijado], era imposible crear subsidios y que él con los controles que puso a la base de datos pudo detectar el fraude. Esta aseveración es bien esclarecedora para entender el complejo trámite de pago de subsidios y lo que tuvo que hacer el contratista de ACCIÓN SOCIAL.
d. Se indica que FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. fue la liquidadora del FOREC. Sobre el particular, es necesario explicar a la honorable corporación que la liquidación la hizo la fiduciaria con un apoderado ajeno a la oficina de Armenia, quien fue el encargado de hacer la entrega de los expedientes de la liquidación a la ACCIÓN SOCIAL y no a la oficina de Armenia (fls 12 y ss. CUADERNO 13).
e. Que, en septiembre de 2005, ÁLVARO QUINTERO le pidió que le enseñara a manejar la base de desembolsos e hizo la primera prueba de alteración a su suegra y la mayoría las hizo en el 2006 en el momento que quedó solo en la dependencia,
f. Finalmente indica que la Fiduciaria debió disparar alarmas a la ACCIÓN SOCIAL. Sobre el particular, es menester indicar que la oficina de Armenia de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., disparó las alarmas con los dos (2) oficios que el Fallo de segunda instancia consideró como evidencia de que mi prohijado conocía el posible fraude, lo cual no es cierto, los oficios referidos los emitió mi prohijado para evitar desajustes contables que se estaban presentado en el patrimonio autónomo, nunca hurtos que hasta esa fecha no se habían presentado.
3.2.2.2. El Acta de Entrega de la liquidación del FOREC a la ACCIÓN SOCIAL (CUADERNO 13, Pág.), en la que se aclara:
Las modificaciones que tuvieron los subsidios por la Sentencia AP-136 por modificaciones que se hicieron en las Base de Datos generados por cambios de cuantía y de actuación (Viñeta 1 pg3,)
Que los archivos [de subsidios] reposan en la Unidad de Ordenamiento Urbano donde funcionaba el FOREC.
3.2.2.3. Las distintas pruebas que denotaron que los poderes nunca reposaron en la fiduciaria porque no estaba dentro de su competencia su valoración y manejo, así:
El oficio 2007 EE14723 del 27 de marzo de 2007 suscrito por la Directora de la Oficina de Pereira de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., que indica que los poderes no reposan en la Fiduciaria “por cuanto no es de su competencia valorar los documentos y el alcance de los mismos, la orden de pago de subsidios detalla los datos del apoderado e instruye para efectuar el desembolso a nombre de estos”
b. Versión Libre dada por la Representante Legal de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. donde ratifica que los poderes están en el FOREC.
c. Testimonios rendidos en el proceso fiscal y en el judicial por la funcionaria de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., señora OLGA TORO, en donde explica cómo se hicieron lo pagos a apoderados.
d. Comunicación del representante legal de FIDUCIARIA LA PREVISORAS.A, señalando respecto del pago a apoderados: “(...) además de lo anterior se verificó que en el informe de cuentas presentadas al fideicomitente el día 30 de septiembre de 2002 y 20 de agosto de 2004, se reporta en un acápite el trámite y solución de inconsistencias donde se informaba los tipos de correcciones que se presentaban frente a las aperturas de las cuentas a nombre de los apoderados de los beneficiarios, documentos que se adjuntan”
3.2.2.4. La indebida valoración que hizo la sección a los oficios remitidos por la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. impartiendo instrucciones, que fueron determinantes para la comisión del ilícito:
El No. 008668 del 13 de abril de 2005, indicando (i) Que las solicitudes de desembolso de los subsidios se delegaban en ÁLVARO ANDRÉS QUINTERO ORREGO3 y (ii) Que los subsidios eran objeto de revisión de acuerdo: -con la Sentencia AP-136 proferida por el Consejo de Estado, y –las diferentes actuaciones: reconstrucción, reubicación y No propietarios – No poseedores que no se encuentran incluidos en la misma; y,
El oficio del 5 de noviembre de 2005, a partir del cual, solo cinco (5) días después empezó su empresa criminal el señor QUINTERO ORREGO, que consolidó el poder de disposición en el señor QUINTERO y a partir del cual 5 días después inició el hurto de los subsidios
3.2.2.5. La misma comunicación de la Fiduciaria citada en precedencia aclaró que la Junta Administradora del Fideicomiso no sesionó, así: “(...) revisado el archivo donde obra los antecedentes del desarrollo del contrato, no se encontró ningún acta por medio de la cual se pueda establecer que la Junta Administradora del Fideicomiso haya realizado sesiones”
3.2.2.6. Declaración de LUISA FERNANDA JARAMILLO en el proceso fiscal (Pág. 39 CARPETA 16 PRF), donde refiere:
(i) Que inició funciones desde el 17 de junio de 2016 fecha en que recibió los negocios de la oficina de Armenia, y
(ii) Que se ciñó al Manual Operativo del contrato de fiducia mercantil.
Frente a las pruebas citadas, la Sala considera que las pruebas que sí fueron valoradas en el proceso resultaban suficientes para declarar la responsabilidad fiscal del actor, por cuanto incumplió: i) el objeto y las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil n.º 1426 de 1999; ii) el procedimiento previsto en el Manual Operativo de dicho contrato para el desembolso de los subsidios, y iii) las funciones de director de Oficina de la fiduciaria La Previsora S.A., en tanto se le imputó el daño en tres de las modalidades.
Además, lo cierto es que el actor no explicó con claridad la incidencia de esas pruebas o si las mismas tenían la entidad suficiente para cambiar el sentido de la decisión, en tanto se reitera lo que se demostró con los medios de convicción aportados es que él incumplió sus funciones, con lo que dio lugar a un detrimento patrimonial que debía ser investigado, como en efecto lo fue.
Si bien pudo se pudo declarar el incumplimiento del contrato, eso no excluye al actor de la responsabilidad fiscal que se le atribuyó, pues el artículo 51 de la Ley 80 de 1993 prevé lo siguiente: “El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley”. Las omisiones del actor derivadas en el desarrollo de un contrato estatal dieron como consecuencia la afectación al patrimonio público.
Aún si se aceptara que el actor actuó de buena fe y que era imposible la detección de los subsidios fraudulentos, lo cierto es que, el contrato no previó la posibilidad del pago de subsidios a apoderados, por tanto el actor, de tener claridad sobre ellos, no hubiera autorizado dichos pagos.
De conformidad con lo expuesto, los defectos sustantivo y fáctico no tiene vocación de prosperidad en la presente acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio que resulte más expedito y eficaz, conforme al artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Por Secretaría, PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CUARTO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente
ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS
Magistrado (E)
Esta providencia es auténtica y fue firmada electrónicamente. Para verificar la autenticidad de su contenido, puede escanear con su celular el código QR que aparece a la derecha o ingresar al siguiente enlace: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080 y digitar el código alfanumérico que aparece en el acto de notificación.
Esta contrató con una cooperativa, la que, a su vez, vinculó al señor Álvaro Andrés Quintero Orrego.
Dicho contrato fue adicionado en cinco oportunidades contractuales.
Quien se desempeñó como coordinador de la Unidad Técnica de Subsidios e Informática.
Como consta según el fallo de primera instancia del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, quien mediante sentencia de 11 de abril de 2008, condenó al señor Álvaro Andrés Quintero Orrego a la pena principal de cuarenta (40) meses de prisión y multa de 20.890940,00. Asimismo, fue declarado responsable fiscalmente, por medio de los actos demandados.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15 de abril de 2010, rad. 66001-23-31-003-2006-00102-01, MP Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
Según dijo, esta situación se puede corroborar en las páginas 30 y 31 del fallo de 29 de octubre de 2020.
páginas 17, 18 y 19 del fallo acusado.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01, CP María Elizabeth García González.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
La providencia atacada se notificó el por edicto desfijado el 16 de diciembre de 2021 y la acción de tutela se promovió el 4 de junio de 2021, esto es, el amparo se presentó dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la sentencia cuestionada.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15 de abril de 2010, rad. 66001-23-31-003-2006-00102-01, MP Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
Al respecto, citó el siguiente aparte: “... el agente estatal tendrá que responder, entre otros casos, cuando (...) por su propia decisión ¿ opta por actuar en forma abiertamente contraria al ordenamiento jurídico, con la intención positiva de inferir daño a la persona o a la propiedad de alguien, o en atropello y desconocimiento deliberado de sus derechos fundamentales, o incurre en un error de conducta en que no habría incurrido otra persona en el ejercicio de ese cargo, resulta evidente que no desempeña sus funciones de conformidad con la Carta, y en cambio, sí lo hace contrariándola, o quebrantando la ley o el reglamento y en todo caso en perjuicio de los intereses de la comunidad o de sus asociados, y no al servicio sino en perjuicio del Estado"; en tal evento, surge para el Estado el derecho-deber de ejercitar la acción de repetición o hacer el llamamiento en garantía (...)”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección, sentencia del 26 de febrero de 2014, rad. 25000-23-26-000- 2011-00478-01(48384), MP Jaime Orlando Santofimio Gambo. Frente a ello, afirmó que en la referida providencia “…se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo cual podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública”.
“ARTICULO 63. <CULPA Y DOLO>. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.
Es decir, estas consideraciones van consignadas antes de la cita que el actor puntualizó.
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-041 del 16 de febrero de 2018, exp. T-6312452, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
Frente a este punto relacionó la prueba trasladada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Armenia, Quindío. Fl. 605 y ss. expediente judicial.
El actor hace referencia a la sentencia referida en la cita n. º4. La Sala se relevará de este estudio, toda vez que ya se refirió sobre este aspecto cuando analizó el defecto sustantivo.
La decisión fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala Penal de Decisión, por medio de sentencia de 30 de mayo de 2008.
“A) Subsidios indebidamente pagados. Se trata de subsidios aprobados por el FOREC en los cuales se emitió orden de pago a nombre de terceros. Se pagaron subsidios a supuestos apoderados de los beneficiarios.
B) Subsidios indebidamente aprobados. Subsidios que no fueron aprobados por el FOREC. En este caso se incluyeron en la base de datos de beneficiarios personas que no habían realizado el trámite correspondiente para la aprobación del subsidio.
C) Subsidios indebidamente pagados sin soporte. Subsidios pagados a personas que nunca fueron incluidas en las bases de datos de beneficiarios”.
“A) Subsidios indebidamente pagados. Se trata de subsidios aprobados por el FOREC en los cuales se emitió orden de pago a nombre de terceros. Se pagaron subsidios a supuestos apoderados de los beneficiarios.
B) Subsidios indebidamente aprobados. Subsidios que no fueron aprobados por el FOREC. En este caso se incluyeron en la base de datos de beneficiarios personas que no habían realizado el trámite correspondiente para la aprobación del subsidio.
C) Subsidios indebidamente pagados sin soporte. Subsidios pagados a personas que nunca fueron incluidas en las bases de datos de beneficiarios”.
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
PAGE
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.