Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-03549-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-03549-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2021-03549-00
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
1 de julio de 2021
ACCIÓN DE TUTELA / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – Por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia / CONFIGURACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – No le asiste interés en la decisión de tutela
La Sala advierte que el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia solicitó su desvinculación de la acción de tutela, toda vez que, a su juicio, “[…] es claro que la documentación con la cual el [actor] ha solicitado se expida su tarjeta profesional de abogado, no fue radicada ante este Consejo Seccional de la Judicatura Antioquia, por no ser nuestra Corporación la competente para pronunciarse, en tanto que: La expedición de la tarjeta profesional de abogado corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, conforme lo dispuesto en el art. 85 numeral 20 de la Ley 270 de 1996. […]”. Al respecto, es preciso indicar que el actor interpuso la solicitud de tutela de la referencia contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, y en ese sentido fue vinculado como parte demandada por el Despacho sustanciador. Ahora bien, se evidencia, dentro del acervo probatorio obrante en el expediente, que el accionante radicó la petición del 25 de marzo de 2021, ante el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en la dirección de correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co. En ese sentido, está probado que la solicitud elevada por el actor no se dirigió al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia. Asimismo, en su informe, el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, aportó como anexo la certificación núm. CSJANTCER21-32 expedida por la Secretaria de dicha entidad en la que consta que “[…] Revisado el Sistema de Gestión de Correspondencia manejado por los Consejos Seccionales, no se encontró registro de que el [actor] (sic) identificado con cédula de ciudadanía, directamente o por interpuesta persona haya presentado petición a esta Corporación que esté pendiente de ser atendida. […]”. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, al no haberse elevado petición alguna por parte del accionante, ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, y comoquiera que esta no es la entidad competente para realizar la inscripción del accionante en el registro de abogados y de expedir su tarjeta profesional, no le asiste interés en la decisión de tutela que se profiera. En tal virtud, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA / UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA / CONFIGURACIÓN DE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR HECHO SUPERADO / SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS / INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS / EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL DEL ABOGADO – Durante el trámite de la acción de tutela
[L]a Sala, al revisar el acervo probatorio obrante en el expediente, considera que en el presente caso se presentó el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, durante el trámite de la presente acción de tutela, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia le asignó al actor la Tarjeta Profesional de Abogado. (…) En ese orden de ideas, para la Sala se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que entre el momento de la presentación de la presente acción de tutela y el momento en que se dictara la respectiva sentencia, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia le asignó al actor la Tarjeta Profesional de Abogado, y en ese orden de ideas, se garantizó por completo lo pretendido en el escrito del amparo. Ahora bien, la Sala debe precisar que el actor manifestó en su escrito de tutela que “[…] solicito también de forma respetuosa que no se tenga como hecho superado por el solo protocolo de asignar un número de tarjeta profesional, sino hasta tanto sea entregado el plástico que me certifica. Porque el hecho de tener asignado el número de tarjeta profesional, no significa que tenga el documento en físico como tal […]”. Al respecto la Sala precisa que, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, no se ha entregado el plástico de la tarjeta profesional de abogado asignada al actor. Lo anterior se corrobora en la medida en que, de acuerdo con los anexos allegados junto con el informe Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, éste señaló que “[…] se remitirá a través del servicio de correo certificado de 472, al domicilio registrado por usted. […]”. No obstante, lo cierto es que no se advierte una vulneración a los derechos fundamentales del actor, toda vez que ya cuenta con un número de tarjeta profesional vigente, el cual consta mediante el acta de 18 de junio de 2021 y, en consecuencia, ya cuenta con la inscripción de su tarjeta profesional.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., primero (1) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03549-00(AC)
Actor: CRISTIAN FERNEY LÓPEZ CASTRILLÓN
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA Y OTRO
Referencia: Acción de tutela
Temas: Derecho fundamental de petición/alcance
Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de tutela
Derecho Fundamental Invocado: i) Petición
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Cristian Ferney López Castrillón contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, porque, a su juicio, al no resolver la solicitud de 25 de marzo de 2021, por medio de la cual solicitó la expedición de la tarjeta profesional de abogado, vulneraron su derecho fundamental invocado supra.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
El actor, quien actúa en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, porque, a su juicio, al no resolver la solicitud de 25 de marzo de 2021, por medio de la cual solicitó la expedición de la tarjeta profesional de abogado, vulneraron su derecho fundamental invocado supra.
Presupuestos fácticos
Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela, en síntesis, son los siguientes:
Manifestó que, mediante mensaje de datos de 25 de marzo de 2021, radicó solicitud ante el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, para la expedición de su tarjeta profesional de abogado. Precisó que:
“[…] dicha solicitud la realice (sic) siguiendo todos los instructivos establecidos en la página del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en primer lugar realicé la preinscripción en la página web SIRNA, posteriormente a las 3.30 pm envié correo electrónico con la misma solicitud ante al correo regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, anexando todos los requisitos Solicitados para dicho trámite (Formulario de preinscripción SIRNA, Fotocopia legible por ambas caras de la cédula de ciudadanía, fotografías Recientes digitales, fondo azul, tamaño 3X4, escáner digital formato pdf de acta de grado), acto seguido a las 3:45 pm, envié un correo aclarando el error por no haber enviado el escáner digital formato pdf de recibo de consignación por valor de $ 50.000 y anexando el mismo, cumpliendo así con la totalidad de los requisitos. […]”.
Indicó que, el 26 de abril de 2021 a las 12:37 p.m., recibió un e-mail por medio del cual el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, a través de la dirección electrónica HYPERLINK "mailto:regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co" regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, acusó recibo de la solicitud y le informó que la misma “[…] fue transferida al personal encargado para su correspondiente trámite. El mismo día sobre las 22:09 p.m. recibo contestación de parte del mismo correo, recibiendo el mismo mensaje pero en respuesta al correo aclaratorio relacionado en el hecho anterior. […]”.
Señaló que, desde el 26 de abril de 2021, “[…] he revisado de manera constante el estado de la solicitud en el aplicativo SIRNA, sin percibir al momento ningún cambio, aún se encuentra como estado de trámite “Preinscripción” y no se ha establecido una fecha de recibido. […]”.
Adujo que, a la fecha de radicación de la presente acción de tutela, 8 de junio de 2021, “[…] no se ha obtenido respuesta a la petición formulada ante El Consejo Seccional De La Judicatura De Antioquia, la Sala Administrativa – el Consejo Superior De La Judicatura y la Unidad De Registro Nacional De Abogados – Consejo Superior De La Judicatura. Han pasado 49 DÍAS HÁBILES en espera de mi tarjeta profesional de abogado, con lo cual me veo gravemente lesionado y afectado en mis derechos a la petición respetuosa y a trabajar ejerciendo mi profesión. […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] por medio del presente escrito formulo acción de tutela contra CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA, SALA ADMINISTRATIVA, a fin de que se le ordene dentro de un plazo prudencial perentorio, en amparo de mi derecho fundamental de petición, sea resuelta la solicitud formulada a dichas entidades, por medio de los escritos de fecha 25 de marzo de 2021.
Solicito también de forma respetuosa que no se tenga como hecho superado por el solo protocolo de asignar un número de tarjeta profesional, sino hasta tanto sea entregado el plástico que me certifica como abogado. Porque el hecho de tener asignado el número de tarjeta profesional, no significa que tenga el documento en físico como tal. […]”. (Resaltado del texto original).
Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó que “[…] la no respuesta oportuna por parte de CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA, SALA ADMINISTRATIVA, a mi solicitud escrita de fecha de 25 de marzo de 2021 constituye omisión violatoria de mi derecho fundamental de petición […]”. (Resaltado del texto original).
Actuación
El Despacho sustanciador, mediante auto de 16 de junio de 2021; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, al Director de la Unidad Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y a la Presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia; y iii) vinculó a la Universidad de Medellín, a quienes concedió el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la parte demandada y el tercero con interés legítimo
La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó negar el amparo solicitado en la acción de tutela, toda vez que, a su juicio, la solicitud del accionante ya fue resuelta, por lo tanto, se trata de un hecho superado en el que no existió vulneración alguna a derechos fundamentales.
Indicó que:
“[…] 4.- Debido al aumento desmesurado de solicitudes de reconocimiento de prácticas jurídicas, expedición de tarjetas profesionales de abogados y licencias temporales, que sobrepasan en gran medida la capacidad operativa de la Unidad con los recursos disponibles hasta el momento, así como en razón de las medidas administrativas adoptadas para mitigar los efectos nocivos de la pandemia por el COVID-19, esta Unidad gestiona el trámite de las solicitudes en orden de llegada al correo institucional designado para el efecto y en el caso de las tarjetas profesionales de abogado y licencias temporales, las mismas son enviadas al domicilio registrado por el solicitante y las prácticas jurídicas notificadas al correo registrado por el usuario. En lo que va corrido del año ha tramitado 3.131 solicitudes de reconocimiento de práctica jurídica, se han expedido 6.932 tarjetas profesionales de abogado, así como la expedición de 1.086 licencias temporales de abogado, pese a que se han recibido 69.709 solicitudes de toda índole, al correo institucional de la Unidad. […]”
[…]
“[…] 6.-Para el caso en estudio, el Dr. CRISTIAN FERNEY LÓPEZ CASTRILLÓN, identificado con la C.C. No. 1152466081, solicitó a través del correo electrónico
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co su inscripción como Abogada y la expedición de la Tarjeta Profesional, como titulado por la Universidad de Medellín.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Unidad con todos los documentos aportados, inscribe en el registro de abogados al Dr. CRISTIAN FERNEY LÓPEZ CASTRILLÓN, identificado con la C.C. No. 1152466081, asignándole la Tarjeta Profesional de Abogado No 360.545 mediante el Acta No. 8706 de 2021, cuya copia anexo.
Los respectivos documentos fueron enviados al contratista para la elaboración del plástico de la Tarjeta Profesional de Abogado y, una vez sea entregada a esta Unidad, se remitirá a través del servicio de correo certificado de 472, al domicilio (residencia) registrado por el accionante
De igual manera, el accionante podrá acceder a la certificación de vigencia de la tarjeta profesional de abogado, que puede ser descargada o consultada por la internet, a través del servicio de “Certificado de Vigencia”, al que podrá acceder cualquier ciudadano o funcionario, desde la página web de la Rama Judicial o en el link https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx, escogiendo la calidad de “Abogado” y verificar así la titularidad y vigencia del documento. Así mismo, anexo copia del oficio enviado al Dr. CRISTIAN FERNEY LÓPEZ CASTRILLÓN, mediante el cual se le informa sobre el trámite y expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado, cuya copia adjunto. […]”.
El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia Superior de la Judicatura de Antioquia solicitó su desvinculación puesto que, a su juicio:
“[…] este Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia no ha vulnerado ningún derecho fundamental del accionante, ya que ante esta Corporación no ha elevado petición alguna […]”.
Explicó que:
“[…] El accionante manifiesta que la preinscripción para la expedición de su tarjeta profesional de abogado, fue realizada “en la página web SIRNA”, y que posteriormente, remitió la documentación requerida para el efecto a través del correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, advirtiéndose que dichos correos no corresponden a correos electrónicos habilitados para este Consejo Seccional, menos aún como correos oficiales para la recepción de la documentación allegada diariamente a esta Corporación, siendo esta una de las razones por las cuales se desconoce la situación acaecida con el Señor Cristian Ferney López Castrillón y la cual ha motivado la acción de tutela que nos ocupa. […]”.
Agregó que:
“[…] no obstante no pertenecer dichos correos electrónicos a la Corporación, se procedió a revisar por el sistema interno de gestión de correspondencia –SIGOBIUS-, si el hoy accionante radicó ante este Consejo Seccional petición alguna, revisión después de la cual expide la Secretaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, la certificación CSJANTCER21-32 del 22 de junio de 2021, mediante la cual hace constar que de acuerdo a la información que reposa en la base de datos del Sistema de Registro de Correspondencia que maneja este Consejo Seccional, el señor Cristian Ferney López Castrillón, identificado con la C.C. 1.152.466.081, no ha presentado en forma directa o por interpuesta persona, petición que esté pendiente por resolver. […]”.
Sostuvo que:
“[…] Es importante anotar que en atención a la situación de Pandemia por motivo del COVID-19, la Doctora Martha Esperanza Cuevas Meléndez, Directora de la Unidad Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, mediante oficio del 17 de junio de 2020 informó a esta Corporación que dentro del marco fijado por el Consejo Superior de la Judicatura con Acuerdo PCSJA20- 11567 del 5 de junio de 2020, los servidores de esa Unidad continuarán a partir del 1 de julio de 2020, trabajando de manera preferente desde su casa mediante el uso de medios técnicos y/o electrónicos, así como la atención telefónica; por lo que desde este Consejo Seccional se emitió la Circular CSJANTC20-30 del 19 de junio de 2020, dirigida a la COMUNIDAD GENERAL, cuyo asunto es “TRÁMITES ANTE LA UNIDAD REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA - URNA” en la que se le informa a toda la comunidad que se ha establecido un procedimiento preferente para solicitar la expedición de documentos ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia a través de la página de la Rama Judicial, para el cual deberán ingresar a la página web de la www.ramajudicial.gov.co/ sección abogados o a través del enlace HYPERLINK "https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Tramites.aspx" https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Tramites.aspx. […]”
Teniendo en cuenta lo anterior, concluyó que:
“[…] es claro que la documentación con la cual el señor Cristian Ferney López Castrillón ha solicitado se expida su tarjeta profesional de abogado, no fue radicada ante este Consejo Seccional de la Judicatura Antioquia, por no ser nuestra Corporación la competente para pronunciarse, en tanto que:
La expedición de la tarjeta profesional de abogado corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, conforme lo dispuesto en el art. 85 numeral 20 de la Ley 270 de 1996.
Nuestras funciones están descritas en la citada norma, en el artículo 101, las cuales están debidamente delimitadas respecto a lo que refiere el tutelante, en consecuencia, carece nuestra Corporación de las facultades para pronunciarse al respecto.
Finalmente es preciso aclarar entonces que, pese a que el tutelante se refirió al “CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA, SALA ADMINISTRATIVA”, es claro que el Consejo Superior de la Judicatura es el competente para atender la petición a que alude el accionante. […]”.
La Universidad de Medellín solicitó que se le desvinculara de la presente acción de tutela comoquiera que, a su juicio, se encuentra probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
Indicó que:
“[…] Si bien, la Universidad de Medellín, fue la Institución de Educación Superior que otorgó el título profesional de abogado al accionante, debe aclararse que la Universidad no tiene incidencia con el objeto del presente trámite, pues se evidencia que el mismo hace referencia a acciones que deben ser desplegadas estrictamente por un tercero ajeno a la Universidad, en el caso en concreto el Consejo Superior de la Judicatura, siendo esta la única entidad facultada legalmente para la realización del trámite que solicita el accionante, por lo que la Universidad se encuentra excluida al no tener incidencias en el procedimiento. […]”.
Manifestó que no vulneró los derechos fundamentales del accionante comoquiera que, a su juicio, “[…] la institución no tiene competencia, control, o conocimiento sobre los hechos y situaciones que el accionante presenta como presuntamente vulneradores de sus derechos conforme a lo anteriormente planteado. […]”.
Señaló que la presente acción de tutela resulta improcedente comoquiera que, a su juicio, “[…] todo lo que a ella concierne es de exclusiva de terceros y entidades ajenas a la misma, no existiendo por parte de nuestra institución vulneración alguna de los derechos del accionante dentro del asunto, puesto que no ha tenido ningún tipo de participación en el objeto de la presente acción, más aún cuando con relación a la obligación que correspondía a la Universidad se dio cumplimiento y por lo mismo resulta viable la desvinculación del proceso. […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 y con el artículo 13 Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.
Visto el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.
De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.
La Sala advierte que el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia solicitó su desvinculación de la acción de tutela, toda vez que, a su juicio, “[…] es claro que la documentación con la cual el señor Cristian Ferney López Castrillón ha solicitado se expida su tarjeta profesional de abogado, no fue radicada ante este Consejo Seccional de la Judicatura Antioquia, por no ser nuestra Corporación la competente para pronunciarse, en tanto que: La expedición de la tarjeta profesional de abogado corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, conforme lo dispuesto en el art. 85 numeral 20 de la Ley 270 de 1996. […]”.
Al respecto, es preciso indicar que el actor interpuso la solicitud de tutela de la referencia contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, y en ese sentido fue vinculado como parte demandada por el Despacho sustanciador.
Ahora bien, se evidencia, dentro del acervo probatorio obrante en el expediente, que el accionante radicó la petición del 25 de marzo de 2021, ante el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en la dirección de correo electrónico HYPERLINK "mailto:regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co" regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co. En ese sentido, está probado que la solicitud elevada por el actor no se dirigió al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.
Asimismo, en su informe, el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, aportó como anexo la certificación núm. CSJANTCER21-32 expedida por la Secretaria de dicha entidad en la que consta que “[…] Revisado el Sistema de Gestión de Correspondencia manejado por los Consejos Seccionales, no se encontró registro de que el señor Cristian Ferney Lopez Castrillon (sic) identificado con cédula de ciudadanía 1.152.466.081, directamente o por interpuesta persona haya presentado petición a esta Corporación que esté pendiente de ser atendida. […]”.
En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, al no haberse elevado petición alguna por parte del accionante, ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, y comoquiera que esta no es la entidad competente para realizar la inscripción del accionante en el registro de abogados y de expedir su tarjeta profesional, no le asiste interés en la decisión de tutela que se profiera.
En tal virtud, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia
Ahora bien, la Sala advierte que la Universidad de Medellín solicitó su desvinculación de la acción de tutela toda vez que, a su juicio, no es la entidad competente para tramitar la Tarjeta Profesional de Abogado que reclama el actor.
Al respecto, es preciso indicar que el Despacho sustanciador mediante auto de 16 de junio de 2021, vinculó a la Universidad de Medellín en calidad de tercero con interés legítimo en el resultado del proceso comoquiera que, es la institución educativa de la cual el actor allegó la respectiva acta de grado.
En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, para que se expida la tarjeta profesional del actor, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, debe verificar con el ente universitario el cumplimiento de los requisitos y la veracidad de los documentos allegados por el peticionario. De allí que, al estar la Universidad de Medellín inmersa en el trámite de expedición de la tarjeta profesional del actor, se concluye que le asiste interés en el caso sub examine.
En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, a la Universidad de Medellín le asiste interés en la decisión de tutela que se profiera.
En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Universidad de Medellín.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema Jurídico
En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto: i) es procedente o no declarar la carencia actual de objeto por hecho superado; si la respuesta al anterior interrogante es negativa, ii) corresponde establecer si la acción de tutela es procedente para proteger el derecho fundamental de petición invocado por el actor, el cual considera vulnerado por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia al no haberle expedido la respectiva tarjeta profesional de abogado.
Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas: i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de tutela; ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición; iii) análisis del caso concreto y finalmente las iv) conclusiones de la Sala.
Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de tutela
La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se encuentra establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:
“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes […]”.
Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de objeto por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 2005, se pronunció en el siguiente sentido:
"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando hechos sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de manera significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el reclamo constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae la necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se resalta).
Sobre el mismo punto, esta Sección, ha señalado:
[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de tutela pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se advierte que la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido saneada. Dicha situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda posibilidad de amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.
Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran que la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.
Así las cosas, la Sala resalta que la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los cuales, durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se produce la satisfacción de lo perseguido a través de la misma, haciéndola ineficaz al restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de protección.
En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada, o el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de la acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al haberse superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo constitucional.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política establece el derecho fundamental de petición en los siguientes términos:
“[…] Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]”.
El derecho de petición fue reglamentado, en un principio, en el Decreto 01 de 2 de enero de 1984, el cual fue derogado y regulado nuevamente en los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 1.º de noviembre de 2011, declaró inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 y señaló que los efectos de la declaración de inexequibilidad quedarían diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso de la República expidiera la ley estatutaria correspondiente.
En razón a lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un Título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, norma que establece los términos y procedimientos para resolver las distintas modalidades de peticiones.
Dicha ley entró a regir a partir de la fecha de su promulgación, esto es, el 30 de junio de 2015.
Con miras a examinar el caso sub examine, en primer orden, la Sala realizará una breve síntesis de la Ley 1755 de 30 de junio de 2015 y, en segundo orden, se enunciarán las reglas jurisprudenciales del derecho de petición.
Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
A través de la Ley Estatutaria 1755 se regula el derecho de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Esta norma reguló los siguientes aspectos del derecho de petición: i) Derecho de petición ante las autoridades-Reglas Generales, ii) Derecho de petición ante autoridades - Reglas especiales y, iii) Derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas.
El artículo 13 de la Ley 1755 establece que el objeto de esta ley es regular el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
Respecto a los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones, el artículo 14 de dicha norma, hace énfasis en que toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. El numeral 1.º dispone que las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. El numeral 2.º del artículo 14 ibidem establece que las peticiones mediante las cuales se presenta una consulta a las autoridades deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
Ahora bien, el artículo 15 ibidem prevé que las peticiones podrán presentarse verbalmente o por escrito a través de cualquier medio idóneo, donde la petición contenga al menos: i) la designación de la autoridad a la que se dirige, ii) los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá la correspondencia, iii) el objeto de la petición, iv) las razones en las que fundamenta su petición, v) la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite y vi) la firma del peticionario cuando fuere el caso. Asimismo, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones.
A su turno, el artículo 24 de la Ley 1755 dispone que solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley.
Los artículos 32 y 33 ibidem establecen que toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, salvo norma legal especial. Las peticiones ante empresas o personas que administren archivos y bases de datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria del Hábeas Data.
Por último, es importante resaltar que conforme con los artículos 14 y 21 de la norma ejusdem, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos señalados, la autoridad tiene el deber de informar esa circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
Asimismo, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, esta deberá informar al interesado dentro de los cinco días siguientes al de la recepción de la solicitud, si obró por escrito y, dentro del término señalado, remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.
Reglas jurisprudenciales del derecho de petición
La Corte Constitucional en desarrollo del artículo 23 de la Constitución Política ha precisado que la satisfacción del derecho de petición implica una respuesta de fondo a la solicitud que resuelva sobre lo planteado. En sentencia T-146 de 2012, se consignaron las reglas que ha reiterado la Corte Constitucional respecto del derecho de petición:
“[…] a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.
g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994 […]”.
De estas reglas se desprende que toda respuesta a un derecho de petición se convierte en un instrumento idóneo para garantizar otros derechos y libertades.
Así lo consideró esta Corporación en sentencia de 24 de mayo de 2012, Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, al señalar que, por un lado, el derecho fundamental de petición busca garantizar el acceso de las personas a las instancias del Estado; y, por otro, que el ciudadano obtenga respuesta de fondo, de manera clara, precisa, congruente con lo solicitado y que sea puesta en conocimiento del peticionario en un plazo oportuno.
Finalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia previamente citada, consideró que el estudio del derecho de petición puede realizarse desde dos perspectivas, a saber: “[…] En una parte inicial, el derecho de petición busca garantizar el acceso a las instancias del Estado, lo que de forma indirecta será la posibilidad democrática de participar en la gestión de la autoridad, donde el ciudadano conserva la soberanía y titularidad de los derechos, que se complementa mediante el correcto y eficiente desarrollo de la función pública que debe atender los fines constitucionales hacia los cuales se dirige el Estado. En la otra parte, que es complementaria a la primera, el ciudadano espera obtener una respuesta por parte del peticionado, sea este de naturaleza particular o pública, en donde se dé solución a su interrogante de forma concreta y definitiva, para así, garantizar la finalidad y efectividad inmediata del derecho de petición, ante quien posee una información que debe y puede ser suministrada a quienes estén interesados […]”.
Por último, dentro del marco del derecho fundamental de petición, la Corte Constitucional ha establecido que se vulnera en aquellos eventos en que el peticionario no es debidamente notificado de la respectiva respuesta a su solicitud de petición.
Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:
“[…] las autoridades tienen el deber de poner en conocimiento del peticionario la respuesta que emitan acerca de una solicitud o sea, notificar la respuesta al interesado.
Esta obligación genera para la administración la responsabilidad de actuar con diligencia en aras de que su respuesta sea conocida. De esta manera fue reconocido en la sentencia T-372 de 1995 y reiterado por la sentencia T-477 de 2002, en donde se determinó que el derecho de petición se concreta en dos momentos sucesivos, ambos dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la solicitud: “(i) el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso de la persona a la administración para que esta considere el asunto que se le plantea, y (ii) el de la respuesta, cuyo ámbito trasciende el campo de la simple adopción de decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante […]”.
Análisis del caso concreto
Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentran los siguientes documentos:
59.1. Copia del documento de fecha 18 de junio de 2021, donde consta lo siguiente:
“[…] ACTA DE REGISTRO DE TARJETA PROFESIONAL No.8706
Verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se procede a efectuar la inscripción como abogado (a) en la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, a nombre de:
CRISTIAN FERNEY LOPEZ CASTRILLON
Identificado (a) con la cédula No. 1152466081
Titulo obtenido por la Universidad DE MEDELLIN
Según acta de grado de fecha 19 de marzo del 2021
Como consecuencia de lo anterior, se le asigna la Tarjeta Profesional No.360545, con fecha de expedición el 18 de junio del 2021 […]”. (Resaltado por la Sala).
59.2. Copia del oficio de 18 de junio de 2021, expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, donde se le informa al actor lo siguiente:
“[…] Doctor
CRISTIAN FERNEY LÓPEZ CASTRILLON
Email: cristianlopez.clc7@gmail.com
Ciudad
Doctor Cristian Ferney:
En atención a su correo electrónico, en el cual solicita información sobre el trámite de su tarjeta profesional de abogado, de manera atenta me permito informarle que esta Unidad le asignó la Tarjeta Profesional de Abogado No. 360.545, la cual será enviada al contratista Identificación Plástica S.A.S, para la elaboración del plástico y una vez sea entregada a esta Unidad, se remitirá a través del servicio de correo certificado de 472, al domicilio registrado por usted.
De igual manera, podrá acceder a la certificación de vigencia de la tarjeta profesional de abogado, que puede ser descargada o consultada por la internet, a través del servicio de “Certificado de Vigencia”, al que podrá acceder cualquier ciudadano o funcionario, desde la página web de la Rama Judicial o en el link https://sirna.ramajudicial.gov.co y verificar así la titularidad y vigencia del documento.
No obstante, lo anterior, si usted cambio de residencia deberá ingresar su usuario y
contraseña, a través del link https://sirna.ramajudicial.gov.co en la opción “actualizar
domicilio profesional” y modificar o actualizar los datos que considere necesarios en caso de presentar alguna inconsistencia. […]”. (Resaltado por la Sala).
Solución del caso concreto
Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico, corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la solicitud presentada por el actor ha sido tramitada.
En efecto, el actor pretende que mediante el ejercicio de la acción de tutela se le proteja su derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, al no haberle expedido la respectiva tarjeta profesional de abogado.
Ahora bien, la Sala evidencia que obra copia del documento de fecha 18 de junio de 2021, donde consta lo siguiente:
“[…] ACTA DE REGISTRO DE TARJETA PROFESIONAL No.8706
Verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se procede a efectuar la inscripción como abogado (a) en la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, a nombre de:
CRISTIAN FERNEY LOPEZ CASTRILLON
Identificado (a) con la cédula No. 1152466081
Titulo obtenido por la Universidad DE MEDELLIN
Según acta de grado de fecha 19 de marzo del 2021
Como consecuencia de lo anterior, se le asigna la Tarjeta Profesional No.360545, con fecha de expedición el 18 de junio del 2021 […]”. (Resaltado por la Sala).
De igual manera, obra copia del oficio de 18 de junio de 2021, expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, donde se le informa al actor lo siguiente:
“[…] Doctor
CRISTIAN FERNEY LÓPEZ CASTRILLON
Email: cristianlopez.clc7@gmail.com
Ciudad
Doctor Cristian Ferney:
En atención a su correo electrónico, en el cual solicita información sobre el trámite de su tarjeta profesional de abogado, de manera atenta me permito informarle que esta Unidad le asignó la Tarjeta Profesional de Abogado No. 360.545, la cual será enviada al contratista Identificación Plástica S.A.S, para la elaboración del plástico y una vez sea entregada a esta Unidad, se remitirá a través del servicio de correo certificado de 472, al domicilio registrado por usted.
De igual manera, podrá acceder a la certificación de vigencia de la tarjeta profesional de abogado, que puede ser descargada o consultada por la internet, a través del servicio de “Certificado de Vigencia”, al que podrá acceder cualquier ciudadano o funcionario, desde la página web de la Rama Judicial o en el link https://sirna.ramajudicial.gov.co y verificar así la titularidad y vigencia del documento.
No obstante, lo anterior, si usted cambio de residencia deberá ingresar su usuario y
contraseña, a través del link https://sirna.ramajudicial.gov.co en la opción “actualizar
domicilio profesional” y modificar o actualizar los datos que considere necesarios en caso de presentar alguna inconsistencia. […]”. (Resaltado por la Sala).
De la lectura del escrito de tutela, se advierte que su pretensión se dirigía a lograr que la autoridad demandada le expidiera la tarjeta profesional de abogado.
En ese orden de ideas, la Sala, al revisar el acervo probatorio obrante en el expediente, considera que en el presente caso se presentó el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, durante el trámite de la presente acción de tutela, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia le asignó al actor la Tarjeta Profesional de Abogado núm. 360.545.
Ahora bien, la Corte Constitucional respecto a la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado, ha señalado lo siguiente:
“[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado […]”. (Resaltado por la Sala).
En ese orden de ideas, para la Sala se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que entre el momento de la presentación de la presente acción de tutela y el momento en que se dictara la respectiva sentencia, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia le asignó al actor la Tarjeta Profesional de Abogado núm. 360.545, y en ese orden de ideas, se garantizó por completo lo pretendido en el escrito del amparo.
Ahora bien, la Sala debe precisar que el actor manifestó en su escrito de tutela que “[…] solicito también de forma respetuosa que no se tenga como hecho superado por el solo protocolo de asignar un número de tarjeta profesional, sino hasta tanto sea entregado el plástico que me certifica. Porque el hecho de tener asignado el número de tarjeta profesional, no significa que tenga el documento en físico como tal […]”.
Al respecto la Sala precisa que, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, no se ha entregado el plástico de la tarjeta profesional de abogado asignada al actor. Lo anterior se corrobora en la medida en que, de acuerdo con los anexos allegados junto con el informe Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, éste señaló que “[…] se remitirá a través del servicio de correo certificado de 472, al domicilio registrado por usted. […]”. No obstante, lo cierto es que no se advierte una vulneración a los derechos fundamentales del actor, toda vez que ya cuenta con un número de tarjeta profesional vigente, el cual consta mediante el acta de 18 de junio de 2021 y, en consecuencia, ya cuenta con la inscripción de su tarjeta profesional.
En ese sentido, esta Corporación mediante sentencia de 25 de febrero de 2021, adujo que:
“[…] 3.4. De acuerdo con lo anterior, estima la Sala que aunque la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura aún no ha entregado al demandante el plástico de la tarjeta profesional de abogado, lo cierto es que no se advierte la vulneración ostensible de los derechos fundamentales invocados, pues materialmente el actor ya cuenta con número de tarjeta profesional vigente y puede descargar un certificado que así lo demuestra.
3.5. Ahora, el actor alega que la falta de entrega de la tarjeta profesional vulnera los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y la vida, porque no puede acceder a un cargo, su situación económica es precaria y no ha podido pagar las matrículas escolares de sus hijos. Sin embargo, el demandante no aportó prueba ni siquiera sumaria que acredite tales circunstancias. Veamos.
3.6. Respecto al argumento de la violación al derecho al trabajo, que, según el actor, se configura porque, al no contar con la tarjeta profesional, no ha podido acceder a un cargo al que se encuentra postulado, de la revisión del expediente la Sala no encuentra ninguna prueba que demuestre que el actor esté participando en un proceso de selección. De modo que tampoco se cuenta con la información necesaria para determinar si resulta válido o no el certificado de vigencia de la tarjeta profesional expedido por la entidad demandada, para acreditar los requisitos exigidos para el empleo al que presuntamente se postuló.
3.6.1. Con todo y, a manera de ejemplo, conviene señalar que el Departamento Administrativo de la Función Pública, por concepto 746 de 2019 rendido frente a la consulta relativa a que si se podía aspirar a un cargo profesional con el certificado de que la tarjeta profesional está en trámite, señaló que, de conformidad con la sentencia C-377 de 1994, “para determinar si es exigible la tarjeta profesional se requiere revisar las leyes que las regulan cada profesión, con el objeto de determinar los requisitos establecidos para su ejercicio” y que, para aquellas profesiones que la ley determina el requisito de la tarjeta profesional, el momento de la acreditación, esta puede sustituirse con la certificación expedida por los organismos competentes para otorgarla, en la que conste que se encuentre en trámite.
3.6.2. Por lo tanto, la Sala considera que bien podría el actor aportar como acreditación de su profesión de abogado, el certificado de vigencia de la tarjeta profesional, en el proceso de selección en el que aduce encontrarse. Siendo así, la Sala no advierte que se vulnere el derecho fundamental al trabajo del actor. […]”. (Resaltado y subrayado por la Sala).
Conclusiones de la Sala
Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la solicitud de amparo presentada por Cristian Ferney López Castrillón contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Universidad de Medellín, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la solicitud de amparo presentada por Cristian Ferney López Castrillón contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1,2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela"
“por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
“Esta posición, fue reiterada, entre otras, por las sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
Corte Constitucional, Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00
Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.
Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 1° de noviembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
“Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”.
Corte Constitucional. Sentencia de 2 de marzo de 2012. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El extracto citado fue extraído de la sentencia T- 377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ambas sentencias atienden el problema jurídico del alcance y condiciones en que se debe dar respuesta al derecho de petición, lo que resulta aplicable al presente caso que conoce la Sala. Se considera pertinente hacer mención a esta línea jurisprudencial por cuanto se señalan las principales características constitucionales sobre el derecho de petición, sin perjuicio de otras subreglas que pueden encontrarse en los siguientes fallos: T-578 de 1992, T-572 de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999, T-415 de 1999, T-306 de 20003, T-1889 de 2001, T-1160 A de 2001, C-818 de 2011, T-490 de 2005, T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006, T-108 de 2006, T- 147 de 2006, T-567 de 1992, T-1100 de 2004, T-137 de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006 y T-431 de 2007.
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2012. C.P: María Claudia Rojas Lasso, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-00017-01.
Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005. MP. Jaime Araújo Rentería.
Corte Constitucional, sentencia T-038 de 1 de febrero de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
Decreto 2591 de 1991, artículo 26: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta; sentencia de 25 de febrero de 2021; M.P: Julio Roberto Piza Rodríguez; número único de radicación: 110010315000202100288-00.
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