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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-03657-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
19 de julio de 2021
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-03657-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por los señores Alvis Eduardo Cíniva Moreno y María Floralba Aguirre (en nombre propio y en representación de su menor hijo Edwar Yesid Cíniva Aguirre), por las razones expuestas en las consideraciones. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-03657-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

19 de julio de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / DESPLAZAMIENTO FORZADO / FALLA DEL SERVICIO – No acreditada

[C]ontrario a lo afirmado en este trámite constitucional, los señores magistrados de la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí valoraron en su integridad el testimonio de la señora [M.F.A.], distinto es que de su análisis hayan concluido que no acreditaba la responsabilidad del Estado, en la medida en que no daba cuenta, por sí solo, de la configuración de la falla del servicio que originó los perjuicios que se les causó con el desplazamiento forzado del que fueron objeto el 6 de enero de 2006 en Tame. (…) si bien es cierto que al trámite contencioso-administrativo se allegó el oficio (…) en el que el señor director de operaciones de la décima octava brigada del Ejército Nacional indicó que en Tame históricamente han operado diferentes unidades de ese organismo, con la finalidad de controlar el orden público, también lo es que ello no demuestra la afectación directa de los actores por parte de autoridades estatales, situación por la que tampoco era dable imputarle al Estado el hecho dañoso de su desplazamiento con base en ese elemento de convicción.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / DESPLAZAMIENTO FORZADO / FALLA DEL SERVICIO – No acreditada

En ese orden de ideas, en el sub lite no se configura el desconocimiento del precedente invocado, puesto que las autoridades accionadas aplicaron las consideraciones planteadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-254 de 2013 (pronunciamiento en el que se fijaron lineamientos relacionados con la indemnización administrativa y las medidas de reparación integral para las personas en situación de desplazamiento forzado), toda vez que allí no se determinó una presunción de responsabilidad del Estado por falla en el servicio, sino que se indicó que ello se debía dilucidar por el funcionario judicial de acuerdo con las condiciones particulares del caso sometido a su consideración, lo que, en efecto, se realizó, diferente es que con base en ellas se haya concluido que no había lugar a acceder a las pretensiones formuladas. Adicionalmente, resulta oportuno advertir que la sentencia cuestionada atiende la postura fijada por el Consejo de Estado acerca de la responsabilidad extracontractual por desplazamiento forzado, según la cual solo se debe declarar cuando se demuestre una falla del servicio, presupuesto que no se satisfizo en el medio de control de reparación directa (…), porque si bien es cierto que las pruebas acreditaban que los demandantes dejaron el municipio de Tame, también lo es que no brindan certeza de que ello aconteció por una acción u omisión de la Administración.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / CONSTITUCION POLÍTICA - ARTÍCULO 93 / DECRETO 2591 DE 1991

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03657-00(AC)

Actor: ALVIS EDUARDO CÍNIVA MORENO Y MARÍA FLORALBA AGUIRRE (EN NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO EDWAR YESID CÍNIVA AGUIRRE)

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del trámite relacionado con la acción de tutela incoada por los señores Alvis Eduardo Cíniva Moreno y María Floralba Aguirre (en nombre propio y en representación de su menor hijo Edwar Yesid Cíniva Aguirre) contra los señores magistrados de la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

ANTECEDENTES

La solicitud de amparo. Los señores Alvis Eduardo Cíniva Moreno y María Floralba Aguirre (en nombre propio y en representación de su menor hijo Edwar Yesid Cíniva Aguirre), quienes actúan a través de apoderada, presentan acción de tutela con el fin de que se les protejan las garantías superiores a las que se hizo referencia, presuntamente quebrantadas por los señores magistrados de la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Como consecuencia de lo anterior, piden se deje sin efectos el fallo de 3 de diciembre de 2020, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección tercera) modificó el de 23 de noviembre de 2018, con el que el Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo de Bogotá (i) declaró probadas las excepciones de falta de legitimación por pasiva opuesta por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y «[…] Relatividad de la falla del servicio respecto de las obligaciones del Estado frente a las personas residentes en Colombia»; y (ii) negó las pretensiones incoadas dentro del medio de control de reparación directa promovido contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, el DPS y la aludida Unidad Administrativa Especial (expediente 11001-33-34-062-2016-00391-02); en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas dictar una nueva providencia, en la que se concedan las súplicas formuladas en ese trámite contencioso-administrativo.

1.2 Hechos. Relatan los actores que «[…] residían […] en el municipio de Tame, Arauca», donde él «[…] se dedicaba a la actividad económica de compra y venta de semovientes para el sacrificio y venta de carne, [por lo que] recibía ingresos promedios mensuales de $1’500.000», y ella derivaba sus entradas económicas de «[…] la costura, corte y confección de ropa con máquinas de coser que tenía su residencia, percibiendo unos ingresos promedios mensuales de $1’200.000».

Que a pesar de que en dicho ente territorial «[…] el Ejército NACIONAL tiene ubicado al Batallón de Ingenieros N° 18 Gr. Rafael Navas Pardo, cuya misión consiste en desarrollar [operaciones] tácticas de acción ofensiva y de control territorial […] [y] garantizar el libre ejercicio de los derechos constitucionales, la protección de la población civil, los recursos energéticos y naturales de la jurisdicción asignada», se toleró el accionar de grupos armados al margen de la ley, que hostigaron a los habitantes aproximadamente desde el año 2003.

Dicen que por la mencionada situación de orden público, «[…] en reiteradas ocasiones, recibieron amenazas y seguimientos, en diversos espacios y horarios, unos más evidentes y provocadores, los cuales eran realizados por algunos integrantes de los grupos armados […]» que operaban en la zona, por lo que el 6 de enero de 2006 «[…] fueron víctimas del drama humanitario del desplazamiento forzado […] debiendo dejar abandonado[s] todos sus negocios, bienes y actividades a las que se dedicaban en […]» ese municipio, y «[…] establecerse en el barrio Camilo Torres, de Paz de Ariporo, Casanare, empezando de ceros una vida sin rumbo y con las esperanzas perdidas», razón por la cual «[…] fueron reconocidos e incluidos en el Registro Único de Víctimas “RUV”, […] con el N° 268529 de 2006 […]», con lo que se demuestra el daño antijurídico que les fue ocasionado por el Estado.

Que incoaron medio de control de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, el DPS y la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (expediente 11001-33-34-062-2016-00391-02), con el propósito de que se les declarara responsables de los detrimentos causados por el desplazamiento forzado del que fueron objeto y se ordenara la respectiva compensación monetaria.

Sostienen que del precitado trámite ordinario conoció el Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo de Bogotá que, con sentencia de 23 de noviembre de 2018, (i) declaró la falta de legitimación por pasiva del DPS y de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas; (ii) negó las súplicas incoadas, al considerar que de los elementos de convicción obrantes en el expediente «[...] no se puede inferir que en el desplazamiento forzado al que se vieron sometidos […] hayan incidido las Fuerzas Militares que integran el Ministerio demandado, al omitir sus deberes constitucionales»; y (iii) los condenó en costas.

Que interpusieron recurso de apelación contra la citada decisión judicial, desatado el 3 de diciembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección tercera), en el sentido de modificarla para revocar la condena en costas y la declaración de falta de legitimación en la causa por pasiva de los organismos citados en párrafo precedente, y mantener la determinación de despachar de manera desfavorable las pretensiones, con fundamento en que «[…] de las pruebas aportadas no se desprende la falla en el servicio que se […]» endilga a las entidades demandadas.
Aducen que la providencia reprochada adolece de defecto fáctico, habida cuenta de que los magistrados accionados valoraron de manera errada «[…] la declaración de María Floralba Aguirre, [puesto que de aquella coligieron] que el desplazamiento se dio por miedo infundado en rumores de amigos y no en amenazas directas […]», cuando dicho elemento de convicción lo que acreditaba era que ante la situación de inseguridad que por esa época afectaba el municipio de Tame era más que razonable «[…] tomar medidas de seguridad, siendo la primera y más sencilla la de dejar la región, tal como lo han hecho miles de compatriotas».

Que también incurre en (i) defecto sustantivo, por cuanto no analizó «[…] que […] la jurisprudencia constitucional ha reconocido el drama humanitario que causa el desplazamiento forzado como un hecho notorio, así como la dimensión desproporcionada del daño antijurídico que causa este grave delito […]», por ende, se debía acceder a las pretensiones de la demanda ordinaria; y (ii) desconocimiento del precedente, dado que las autoridades accionadas realizaron «[…] una interpretación que contrarió los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y la línea jurisprudencial brotada de la sentencia […] SU 254 de 2013, al considerar sin ninguna consciencia social, respeto por el precedente, deber de administrar justicia material, sin congruencia y con un total desprecio por la tutela judicial efectiva […], que no había lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas, porque en su concepto, si bien se acreditó el daño [aquel] no fue antijurídico».

II. TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través de auto de 18 de junio de 2021, admitió la presente acción, ordenó notificar a los señores magistrados de la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y dispuso vincular a los señores Ministro de Defensa Nacional y directores generales del DPS y de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Los señores magistrados de la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por intermedio de la ponente de la decisión reprochada, piden se declare improcedente la tutela de la referencia, habida cuenta de que dicha «[…] sentencia […] fue notificada […] el 7 de diciembre de 2020 y la solicitud de tutela fue presentada el 11 de junio de 2021, es decir que no se hizo dentro de los 6 meses que justifiquen el principio de inmediatez».

En todo caso, señalan que en el asunto sub judice no se configuran los defectos alegados, puesto que lo que pretenden los actores es revivir un debate ya concluido por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, con el argumento de que la providencia cuestionada «[…] no aplicó […] la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional», pese a que las reglas jurisprudenciales contenidas en la mencionada decisión en momento alguno establecen «[…] presunción de daño antijurídico en casos de desplazamiento forzado», sino que únicamente fijan medidas de reparación integral para las personas que se encuentren en la aludida situación.

2.1.2 El señor director general de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a través del jefe de la oficina asesora jurídica de ese organismo, solicita su desvinculación de este trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las pretensiones de los tutelantes no tienen relación con las funciones legales a cargo de la entidad, las cuales están contempladas en la Ley 1448 y los Decretos 4800 y 4802 de 2011, y, en esa medida, no está llamado a acudir a estas diligencias.

2.1.3 El señor director general del DPS, por conducto de la coordinadora del grupo interno de trabajo de acciones constitucionales y procedimientos administrativos de esa entidad, pide negar el amparo deprecado, por cuanto la providencia objeto de censura «[…] se encuentra amplia y razonablemente motivada y [contiene] un buen análisis fáctico».

Asimismo, arguye que las autoridades accionadas «[…] no ha[n] contrariado […] los precedentes jurisprudenciales alegados, pues la Sentencia SU 254 DE 2013 debe ser entendida en todo el contexto, que buscaba equilibrar el fenómeno de las indemnizaciones en abstracto que se presentaban por vía de acciones de tutela, a la luz de las indemnizaciones administrativas […]», y no de la manera como lo pretenden los tutelantes, con el propósito de obtener una decisión favorable.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983 de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por los accionantes, quienes aducen quebranto de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 3 de diciembre de 2020, por cuyo conducto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección tercera) modificó la de 23 de noviembre de 2018, con la que el Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo de Bogotá declaró probadas las excepciones opuestas y negó las pretensiones del medio de control de reparación directa promovido por los tutelantes contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, el DPS y la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (expediente 11001-33-34-062-2016-00391-02); y en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.

Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.

En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó:

[…] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […].

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Esta Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación:

La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos.

En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional si bien la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.

En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 2012, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos.

Por último, en el fallo de 5 de agosto de 2014, proferido por la sala plena de lo contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio de que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron el de inmediatez y subsidiariedad.

3.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de los actores; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, en atención a que fue emitida en segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la determinación judicial atacada quedó ejecutoriada el 11 de diciembre de 2020 y la solicitud de amparo se instauró el 11 de junio de 2021, es decir, dentro de un término prudencial; y (v) la providencia acusada no desató una acción de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico y desconocimiento del precedente, pues pese a que el actor alegó también defecto sustantivo, sus argumentos se contraen a cuestionar la falta de aplicación por parte de los magistrados accionados de los lineamientos contenidos en la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional, por lo que resulta procedente analizar este reproche a partir de la última de las causales de procedibilidad, en virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la obligación de interpretar de manera extensiva el escrito inicial.

3.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, se destaca:

a) El 6 de enero de 2006 los tutelantes se vieron obligados a abandonar el municipio de Tame, en razón a las acciones subversivas que por esa época adelantaban los grupos al margen de la ley, razón por la cual fueron incluidos en el Registro Único de Víctimas de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas a partir del 30 siguiente.

b) Medio de control de reparación directa incoado por los tutelantes contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, el DPS y la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (expediente 11001-33-34-062-2016-00391-02), encaminada a que se les declarara administrativamente responsables por los perjuicios de orden material y moral que se les causó con ocasión del desplazamiento forzado del que fueron objeto el 6 de enero de 2006 en Tame.

c) El Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo de Bogotá el 31 de octubre de 2016 admitió el referido asunto contencioso-administrativo y los días 10 de octubre de 2017 y 17 de abril de 2018 celebró la audiencia inicial, de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), dentro de la cual se decretaron elementos de convicción y se tuvieron como pruebas las allegadas por las partes intervinientes.

d) Dentro de la documentación adosada al proceso ordinario se encuentra la declaración rendida el 23 de enero de 2006 por la señora María Floralba Aguirre ante la personería de Paz de Ariporo, en la que sostuvo:
EL PROBLEMA VIENE DE HACE UN TIEMPO CUANDO ENTRARON LOS PARAMILITARES, […] Ml ESPOSO TRABAJABA DE COMPRAR Y VENDER GANADO A OTRAS PERSONAS, ES DECIR, A [É]L LE DABAN LA PLATA Y [É]L IBA Y COMPRABA Y AYUDABA A VENDER Y POR ESO LE PAGABAN COMI[S]IÓN. ÉL NORMALMENTE TRABAJABA DE TAME, RONDÓN Y CRAVO NORTE, ENTONCES YA DESPU[É]S ENTRE LOS AMIGOS LE EMPEZARON A DECIR QUE IBA A TENER PROBLEMAS CON ALGUNO DE LOS GRUPOS POR QUE YO ME LA PASABA PARA ARRIBA Y PARA ABAJO, YA DESPUÉS LOS PARAMILITARES SIEMPRE ESTABAN POR AHÍ, PERO DESPUÉS LOS PROBLEMAS ERAN CON LA GUERRILLA QUE PORQUE Ml ESPOSO SE LA PASABA PARA ARRIBA Y PARA ABAJO PORQUE ESE ERA SU TRABAJO. AHORA […] EN LA [Ú]LTIMA SEMANA DE DICIEMBRE [É]L DICE QUE UN SEÑOR LE DIJO QUE [É]L HAB[Í]A ESCUCHADO COMENTARIOS DE LA GUERRILLA Y QUE [É]L CRE[Í]A QUE ERA UN HOMBRE TRABAJADOR, Y QUE LA GUERRILLA CRE[Í]A QUE ERA PARACO O ALIADO DE ELLOS PORQUE COMO NUNCA LE PON[Í]AN PROBLEMAS CUANDO EL BAJABA POR ALL[Á], LA VERDAD CON LOS PARAMILITARES NUNCA TU[V]IMOS PROBLEMAS PERO ENTONCES YA [Ú]LTIMO A NOSOTROS NOS D[IO] MIEDO Y PORQUE ESO HAN SIDO MUCHOS LOS CASOS Y HAN MATADO A MUCHOS […] Y POR ESO DECIDIMOS VENIRNOS A AVENTURARNOS POR AQU[Í] [...]».

e) Sentencia de 23 de noviembre de 2018, por cuyo conducto el despacho de conocimiento (i) declaró probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y relatividad de la falla del servicio respecto de las obligaciones del Estado frente a las personas residentes en Colombia, opuestas por el DPS y la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas; y (ii) negó las súplicas deprecadas, con fundamento en que los demandantes no acreditaron en el expediente que el desplazamiento forzado del que fueron objeto en el año 2006, haya sido imputable a las entidades demandadas.

f) Recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la aludida decisión judicial, al considerar que se desconoció que «[…] toda persona por el solo hecho de ser víctima de un desplazamiento forzado, reconocido por el Estado, tiene derecho a la reparación, violando con ello el precedente [contenido en la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional], además de admitirse la responsabilidad patrimonial del Estado, así el causante del daño fuese un tercero como los grupos paramilitares o guerrilleros, dijo que el Ministerio de Defensa, la UARIV y el Departamento Administrativo de la Prosperidad, son los llamados a indemnizar».

g) Fallo de 3 de diciembre de 2020, con el que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección tercera) modificó la decisión adoptada en primera instancia, en el sentido de revocar la condena en costas, la falta de legitimación en la causa por pasiva del DPS y la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas; y mantener la decisión de negar las pretensiones, comoquiera que «[…] de las pruebas aportadas no se desprende la falla en el servicio que se les endilga».

3.5.2 Defecto fáctico. Una providencia judicial se encuentra viciada por defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra. Al respecto, el alto tribunal constitucional indicó:

[…] el defecto fáctico positivo, procede de una inadecuada valoración del acervo probatorio o cuando se funda una decisión en una prueba no apta para ello. Por su parte el defecto negativo, alude a aquella omisión en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. En esta situación se incurre cuando se produce la negación de una prueba o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.

Se advierte que si bien el juez goza de un amplio margen de autonomía al momento de valorar las pruebas, ello no comprende ejercer dicha prerrogativa de manera arbitraria, puesto que debe observar criterios objetivos que garanticen la razonabilidad de las deducciones de cada medio probatorio, lo que se logra en atención a las reglas de la sana crítica, conforme lo prevé el artículo 176 del Código General del Proceso (CGP), norma aplicable en la jurisdicción contencioso-administrativa a partir del 1º de enero de 2014, como lo explicó la sala plena de esta Corporación. El tenor de esa norma es el siguiente:

Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.

El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

Asimismo, las aludidas reglas de la sana crítica hacen referencia a parámetros impuestos por la lógica, la ciencia y la experiencia.

3.5.3 Desconocimiento del precedente. Al respecto, se precisa que el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe.

La misma jurisprudencia constitucional ha precisado que el precedente no solo es orientador sino obligatorio, porque (i) si bien es cierto que los jueces únicamente están sometidos al imperio de la ley, también lo es que esta en su sentido amplio comprende todas las fuentes de derecho, incluidas las sentencias, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre en cada jurisdicción; (ii) su fuerza vinculante se funda en la aplicación de los principios de igualdad, debido proceso y buena fe, pues se debe garantizar la certidumbre en las decisiones de los jueces a la luz de la seguridad jurídica y la confianza legítima frente al ordenamiento jurídico; y (iii) es la solución más adecuada al problema jurídico que se plantea, salvo que en atención a su autonomía e independencia, se aparte por considerar que tiene mejores razones o justificaciones para decidirlo y las sustente de manera expresa, amplia y suficiente.

Se entiende por precedente judicial, como interpretación consolidada de la ley, el conjunto de razones reiteradas, amplias y consolidadas por el juez para dirimir los conflictos que conoce, que deben ser tenidas en cuenta al resolver controversias posteriores siempre que entre el asunto ya decidido y el que está por resolverse medie una correspondencia entre las situaciones fácticas y jurídicas. En otras palabras, la administración de justicia debe solucionar los litigios a su cargo en atención a la línea jurisprudencial vertical u horizontal, ya que constituye una pauta para la solución de casos idénticos que garantiza los principios de seguridad jurídica e igualdad, entre otros.

Por lo anterior, el precedente es el elemento esencial para verificar si con una decisión judicial se han vulnerado o no los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y debido proceso, toda vez que los jueces deben acoger, en procesos con similares fundamentos fácticos, las directrices impartidas por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones o apartarse razonadamente de ellas.

En lo atañedero a la posibilidad de apartarse del precedente, la Corte Constitucional ha precisado que es dable siempre que se empleen argumentos jurídicamente razonables y suficientes que protejan en mayor medida el ordenamiento jurídico, en especial las normas constitucionales. Al respecto, dicha Corporación sostuvo:

32. No obstante lo anterior, el deber de aplicación del precedente no es absoluto, por lo que el funcionario judicial puede apartarse válidamente de él, bajo las garantías que le otorgan los principios de independencia y autonomía judicial. Para hacerlo, el juzgador debe (i) hacer referencia al precedente que va a dejar de aplicar y (ii) ofrecer una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, que haga manifiestas las razones por las que se aparta de la regla jurisprudencial previa.

3.5.4 Solución al caso concreto. Con el propósito de dilucidar este asunto, cabe anotar que el artículo 90 de la Constitución Política se constituye en la fuente de la responsabilidad extracontractual del Estado, pues es su «cláusula general», por cuanto prevé los elementos que deben concurrir para que se configure, los cuales son: (i) un daño antijurídico, esto es, un perjuicio que la persona no está en la obligación de soportar; (ii) una acción u omisión de los servidores públicos concernientes al cumplimiento de sus funciones; y (iii) una relación causal entre el hecho dañoso y la actuación o negligencia de aquellos.

En virtud de dichos presupuestos, resulta acertado afirmar que hay lugar a declarar la responsabilidad extracontractual del Estado cuando sus agentes, en acatamiento de sus funciones, por acción u omisión, causan menoscabo a una persona que no debe resistirlo.

Así las cosas, el nexo causal hace referencia a la relación necesaria que debe mediar entre el hecho generador del detrimento y el resultado, es decir, para que se comprometa patrimonialmente a la Administración, es indispensable que esta haya causado el perjuicio.

Ahora bien, cuando los perjuicios son provocados por terceros y no directamente por la Administración, a esta le asiste la obligación de resarcirlos siempre que se evidencie que la omisión en el cumplimiento de sus labores tuvo incidencia en el hecho dañoso, toda vez que aunque en esa situación no se configura un nexo de causalidad, se configura uno de imputación, pues esa inactividad administrativa comporta una falla del servicio. Sobre el particular, el Consejo de Estado precisó:

En casos de responsabilidad extracontractual por omisión estatal, dicho juicio se fundamenta en el presupuesto de la imputación, consistente en la comprobación de un deber jurídico a cargo de la entidad demandada que tiene la competencia de evitar el resultado lesivo y, pese a ello, se abstiene voluntariamente de ejercer oportuna y eficientemente un estándar funcional de diligencia debida, lo que incide directamente en la producción del daño antijurídico.

En los asuntos en los que se debate la responsabilidad extracontractual del Estado por desplazamiento forzado, esta Corporación ha indicado que su «[…] estudio […] debe hacerse bajo la óptica de la falla del servicio, bien sea por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de las obligaciones constitucionales y legales […]». Postura reiterada en los siguientes términos:

Al respecto recuerda la Sala que, en casos como el formulado [desplazamiento forzado], la jurisprudencia de esta Sección ha sido reiterada hasta la actualidad, siendo una postura consolidada aquella según la cual la Administración responderá patrimonialmente, a título de falla en el servicio[,] por omisión en el cumplimiento del deber de brindar seguridad y protección a las personas […].

De acuerdo con la citada jurisprudencia, se colige que el criterio vigente del Consejo de Estado, consiste en que hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración por desplazamiento forzado, cuando se acredita que fue causado por una falla del servicio, esto es, por una trasgresión, por acción u omisión, de los mandatos que imponen a los organismos estatales brindar seguridad y protección a las personas.

En el caso sub examine los demandantes aducen que la providencia acusada incurre en (i) defecto fáctico, habida cuenta de que se valoró de manera errada el testimonio de la señora María Floralba Aguirre, al considerar que su desplazamiento no se dio por amenazas directas de grupos subversivos, sino por rumores de amigos, cuando de su dicho se podía colegir que el daño se produjo por la situación de inseguridad que por esa época afectaba el municipio de Tame, en esa medida, era necesario «[…] dejar la región, tal como lo han hecho miles de compatriotas»; y (ii) desconocimiento del precedente, porque se realizó una interpretación que no acoge la postura jurisprudencial contenida en la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional, al estimar que no había lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, con fundamento en que «[…] si bien se acreditó el daño [aquel] no fue antijurídico».

En lo atañedero al defecto fáctico invocado, se observa que, en relación con el testimonio de la señora Aguirre, en la providencia censurada se sostuvo:

40. En ese orden de ideas, si bien es cierto se acreditó que “históricamente” hizo presencia el Ejército Nacional en esa jurisdicción y en la declaración rendida por la señora María Floralba Aguirre se hizo referencia a la presencia de grupos al margen de la ley, esas circunstancias por sí solas no demuestran la responsabilidad que se le endilga a las demandadas, pues no dan cuenta de los pormenores en que se dio el desplazamiento forzado que se predica como causado por la omisión que habría permitido su accionar.

41. En otros términos, a pesar de las referencias de la parte demandante a la situación de orden público en la zona, la sala advierte que no existen elementos que brinde[n] certeza de las condiciones que se señalaron como vividas por el grupo familiar demandante en enero de 2006, así como el consecuente desplazamiento.

42. La sala destaca que, si bien se hizo énfasis en la demanda y el recurso de apelación que los hechos se dieron en el marco una grave afectación del orden público por la presencia de grupos armados al margen de la ley que habría sido “tolerada” por las fuerzas militares, dicha afirmación carece de sustento probatorio.

43. Por lo tanto, si bien consta la condición de víctima de desplazamiento forzado de los demandantes, no se predica lo mismo de la forma en que sucedieron los hechos, cuya consecuencia es la imposibilidad de imputar la responsabilidad endilgada a las demandadas.

De lo expuesto se colige que, contrario a lo afirmado en este trámite constitucional, los señores magistrados de la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí valoraron en su integridad el testimonio de la señora María Floralba Aguirre, distinto es que de su análisis hayan concluido que no acreditaba la responsabilidad del Estado, en la medida en que no daba cuenta, por sí solo, de la configuración de la falla del servicio que originó los perjuicios que se les causó con el desplazamiento forzado del que fueron objeto el 6 de enero de 2006 en Tame.

En ese orden de ideas, para la Sala la aseveración de las autoridades accionadas, consistente en que no había lugar a acceder a las súplicas formuladas en el aludido proceso ordinario, porque no se probó que organismos del Estado hayan provocado el desplazamiento, es racional, por cuanto de las pruebas arrimadas a esas diligencias no era dable inferir que los tutelantes dejaron el mencionado municipio por causa directa de una acción u omisión de la Administración, situación que impedía responsabilizarla de ese acontecimiento.

Resulta oportuno aclarar que si bien es cierto que al trámite contencioso-administrativo se allegó el oficio MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPO-DIV008-BR-18-B11-1-9 de 18 de mayo de 2018, en el que el señor director de operaciones de la décima octava brigada del Ejército Nacional indicó que en Tame históricamente han operado diferentes unidades de ese organismo, con la finalidad de controlar el orden público, también lo es que ello no demuestra la afectación directa de los actores por parte de autoridades estatales, situación por la que tampoco era dable imputarle al Estado el hecho dañoso de su desplazamiento con base en ese elemento de convicción.

En un asunto similar al debatido en el proceso de reparación directa 11001-33-34-062-2016-00391-00, esta Corporación dijo:
Sobre este punto, se debe destacar que dicha imputación sólo se hace viable cuando la obligación que incumple la entidad respectiva con su omisión, genera desde la perspectiva de la causalidad adecuada, el surgimiento de la afectación cuya reparación se solicita -comoquiera que de lo contrario se estaría frente a un despliegue deficiente de la actividad estatal que no habría tenido incidencia alguna en el desenlace del daño y por lo tanto, no sería factible atribuirle el mismo-.

Cabe precisar que el hecho de que los señores magistrados demandados no hayan valorado las pruebas en el sentido que pretendían los tutelantes, no involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, porque en acatamiento de sus competencias jurisdiccionales tienen la potestad de examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de esos medios de convicción, así como la de otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo hagan de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció en el asunto materia de controversia.

Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) acerca de la responsabilidad extracontractual del Estado en casos de desplazamiento forzado, están precedidas de una valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, por lo que no resultan contrarias a las garantías superiores invocadas por los accionantes. En lo que atañe a este aspecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.

El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.

Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto” […].

Así las cosas, de las pruebas arrimadas al proceso de reparación directa no era dable deducir que el desplazamiento que sufrieron los tutelantes se produjo por una falla del servicio, necesaria para que se comprometa la responsabilidad extracontractual del Estado en estos casos, y en ese sentido, al negar las pretensiones ordinarias, la providencia acusada no incurre en defecto fáctico.

Por otro lado, los tutelantes arguyen que el fallo acusado adolece de desconocimiento del precedente, por cuanto se inobservó el criterio planteado en la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional, al estimar que no había lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, porque el daño que les fue causado no tenía la calidad de antijurídico, cuando dicho pronunciamiento establece que el Estado debe responder por el hecho del desplazamiento forzado en atención a que aquel se da por el incumplimiento de sus obligaciones de protección a la población.

Para desatar este reproche se advierte que la mencionada providencia de unificación procuró garantizar los derechos fundamentales de las personas en condición de desplazamiento forzado, por ende, determinó, entre otros aspectos, (i) los lineamientos atañederos a la indemnización administrativa que les debe ser otorgada, (ii) que las medidas de reparación integral que se estipulen para la aludida población no deben ser solo de carácter económico, sino también de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, entre otras; y (iii) la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para obtener el pago de los perjuicios que les fueron causados con dicha situación.

Con base en lo anterior, en ese fallo se precisó, en lo atinente a la responsabilidad del Estado por acción u omisión ante hechos de desplazamiento forzado, que «[…] si bien es cierto que la jurisprudencia del Consejo ha establecido la relatividad de las obligaciones del Estado, reconociendo las limitaciones de sus obligaciones cuando se encuentra imposibilitado para evitar el daño a la vida y bienes de los ciudadanos, con fundamento en el principio según el cual “nadie está obligado a lo imposible”, también lo es, que esa misma Corporación ha establecido que este principio no excusa el incumplimiento de las obligaciones propias del Estado, y no es óbice para la responsabilidad estatal, la cual debe establecerse en cada caso».

Asimismo, se estimó que «[…] el Consejo de Estado ha diferenciado claramente entre la responsabilidad civil y administrativa que le corresponde al Estado por falla en el servicio, y la responsabilidad penal que le corresponde individualmente a un funcionario oficial como autor de un hecho criminal. Acerca de este tema, ha encontrado que la responsabilidad del Estado por falla en el servicio se configura de forma independiente y autónoma al hecho de que pueda existir responsabilidad penal de algún funcionario oficial en la participación efectiva en actos de violencia o en la inactividad intencional para permitir que los delincuentes cometan actos de violencia. En punto a este tema ha sostenido que “una es la responsabilidad que le puede tocar al funcionario oficial, como infractor de una norma penal y otra muy diferente la responsabilidad estatal que se puede inferir de esta conducta, cuando ella pueda así mismo configurar una falla del servicio. Son dos conductas subsumidas en normas diferentes, hasta el punto que puede darse la responsabilidad administrativa sin que el funcionario sea condenado penalmente. Basta recordar que una es la culpa penal y otra la civil o administrativa” (destaca la Sala).

De acuerdo con lo citado en precedencia, se evidencia que en la mencionada decisión se acoge el criterio de la sección tercera del Consejo de Estado, consistente en que, en materia de responsabilidad administrativa por falla en el servicio ocasionada por el hecho victimizante del desplazamiento forzado, debe determinarse en cada caso el supuesto incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado que hayan contribuido a la causación del daño antijurídico y la procedencia del restablecimiento de perjuicios alegada.

En ese orden de ideas, en el sub lite no se configura el desconocimiento del precedente invocado, puesto que las autoridades accionadas aplicaron las consideraciones planteadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-254 de 2013 (pronunciamiento en el que se fijaron lineamientos relacionados con la indemnización administrativa y las medidas de reparación integral para las personas en situación de desplazamiento forzado), toda vez que allí no se determinó una presunción de responsabilidad del Estado por falla en el servicio, sino que se indicó que ello se debía dilucidar por el funcionario judicial de acuerdo con las condiciones particulares del caso sometido a su consideración, lo que, en efecto, se realizó, diferente es que con base en ellas se haya concluido que no había lugar a acceder a las pretensiones formuladas.

Adicionalmente, resulta oportuno advertir que la sentencia cuestionada atiende la postura fijada por el Consejo de Estado acerca de la responsabilidad extracontractual por desplazamiento forzado, según la cual solo se debe declarar cuando se demuestre una falla del servicio, presupuesto que no se satisfizo en el medio de control de reparación directa 11001-33-34-062-2016-00391-02, porque si bien es cierto que las pruebas acreditaban que los demandantes dejaron el municipio de Tame, también lo es que no brindan certeza de que ello aconteció por una acción u omisión de la Administración.

Por último, se destaca que el solo hecho de demostrar un daño antijurídico, en controversias como la expuesto en el referido trámite contencioso-administrativo, no involucra la obligación del Estado de resarcirlo, pues para tal efecto resulta indispensable, se reitera, probar una conducta omisiva o activa de organismos públicos determinante en el hecho dañoso, exigencia que por no colmarse en el precitado expediente impedía acceder a las súplicas allí formuladas.

A partir de los anteriores prolegómenos, comoquiera que el fallo objeto de reproche no adolece de defecto fáctico ni desconocimiento del precedente, se impone negar el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por los señores Alvis Eduardo Cíniva Moreno y María Floralba Aguirre (en nombre propio y en representación de su menor hijo Edwar Yesid Cíniva Aguirre), por las razones expuestas en las consideraciones.

2º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

En el sentido de revocar la condena en costas impuesta en primera instancia y la declaración de falta de legitimación por pasiva del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Cabe precisar que a pesar de que en la solicitud de amparo se indicaron los fundamentos fácticos que presuntamente dan lugar a la presente acción, la Sala advierte que se omiten datos necesarios para contextualizar el asunto sub examine. Sin embargo, con el propósito de garantizar los principios de informalidad, prevalencia del derecho sustancial y eficacia, se extractarán y organizarán los hechos expuestos tanto en la petición de tutela, como en los documentos allegados al expediente.
«[…] pues debe tenerse en cuenta su condición especial de víctima[s] del desplazamiento forzado, [lo] que implica un trato diferenciado». Al estimar que «[…] la legitimación de hecho se configura con la afirmación fáctica que se haga en la demanda, sumado a que la parte demandante se debe considerar damnificada por la situación que se discute con el litigio, sin embargo, de no demostrarse o de no resultar cierta esa afirmación se entiende que no está legitimada materialmente en la causa, por lo cual se deberán negar sus pretensiones». En el sentido de revocar la condena en costas y la declaración de falta de legitimación en la causa por pasiva del DPS y de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Notificada por correo electrónico el 7 de diciembre de 2020. Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela, esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos.

En esta medida es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la salvaguarda de los mismos [...]. 15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda». Entre otros, requerir informe de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas sobre si los demandantes «[…] se encuentran incluidos y reconocidos como víctimas del conflicto armado interno colombiano y si ostentan la calidad de desplazados forzados», y del Ejército Nacional, para que indicara las «[…] operaciones y acciones militares [que] se adelantaron en los años 2004 a 2006 y 2009 a 2010 en contra de los grupos armados al margen de la ley en el municipio de Tame – Arauca». Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño. Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez. Sentencia T-474 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández. Auto de 25 de junio de 2014, C. P. Enrique Gil Botero, expediente: 25000-23-36-000-2012-00395-01. Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela». Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo. Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. En palabras de la Corte Constitucional: «La misma Corte Suprema de Justicia también ha señalado que la adopción de la Constitución de 1991 produjo un cambio en la percepción del derecho y particularmente del sentido de la expresión “ley”, pues la Constitución se convierte en una verdadera norma jurídica que debe servir como parámetro de control de validez de las decisiones judiciales y como guía de interpretación de las normas de inferior jerarquía». Cfr. Sentencia C-372 de 2011. Cfr. sentencia T-794 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio: «[…] el juez (singular o colegiado) sólo puede apartarse de la regla de decisión contenida en un caso anterior cuando demuestre y cumpla los siguientes requisitos:
(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia).
(ii) En segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente) […]». Consejo de Estado, sección primera, sentencia de 7 de marzo de 2013, M. P. María Claudia Rojas Lasso, expediente: 11001-03-15-000-2013-00131-00 (AC).

Sentencia T-737 de 2015, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste». Corte Constitucional, sentencia C-38 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de abril de 2018, C. P. María Adriana Marín, expediente 25000-23-26-000-2004-02010-01. Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 7 de marzo de 2012, C. P. Hernán Andrade Rincón, expediente 25000-23-26-000-1996-03282-01: «[…] la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo». Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2014, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente 18001-23-31-000-2000-00074-01. Sección tercera, subsección C, sentencia de 7 de septiembre de 2015, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 54001-23-31-000-2001-01167-01. Consejo de Estado, subsección A, sentencia de 4 de diciembre de 2020, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 20001-23-39-001-2015-00375-01. Sección tercera, subsección B, sentencia de 20 de marzo de 2018, C. P. Danilo Restrepo Betancourth, expediente 05001-23-31-000-2006-03260-01. Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia SI 00004-01 de 2007 S3.
«Posteriormente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-254 del 24 de abril de 2013, fij[ó] unos lineamientos respecto del derecho a la indemnización administrativa y a la reparación integral de la población en condición de desplazamiento, entre otras cosas. En este contexto, la sala precisa que contrario a la señalado por [los] demandante[s], el referido pronunciamiento no determina una regla de responsabilidad objetiva en materia de desplazamiento y, por el contrario, hizo referencia a los criterios decantados por la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado para el efecto».

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